B.IA.LEGAL

SCP 0566/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 8 de abril de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
8 de abril de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
56552-2023-114-AAC
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes denuncian la vulneración de la garantía del debido proceso en sus elementos legalidad, igualdad entre las partes, lealtad procesal, fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba; y, de los principios de favorabilidad, in dubio pro reo y seguridad jurídica, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato; toda vez que, las autoridades demandadas no consideraron que: a) La prueba del Ministerio Público no fue presentada oportunamente y que los testigos consultaron documentos durante su declaración por lo que no es válida su participación; b) No se consideró el Auto Supremo 113/2007 de 31 de enero, el cual determinó que los delitos de estafa y estelionato son excluyentes; y, c) No se consideró que las víctimas conocían que el inmueble dado en anticrético, y luego vendido, tenía gravámenes. Olvis Egüez Oliva, Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, manifiesta que, los accionantes no identifican con precisión el acto lesivo ni los derechos vulnerados, limitándose a cuestionar la valoración probatoria y actuaciones del proceso penal; asimismo, señala que no demuestran una relación concreta entre el Auto Supremo 1133/2022-RA y las supuestas vulneraciones alegadas, y que la acción pretende una nueva valoración de la prueba, pese a que dicho Auto Supremo solo realizó el control de admisibilidad del recurso de casación conforme a la normativa vigente. Eve Carmen Mamani Roldán, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, …

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 90/2023 de 22 de junio, cursante de fs. 232 a 236 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, respecto al cargo b), conforme los fundamentos y razonamientos expuestos en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, disponiendo dejar sin efecto el Auto Supremo 1133/2022-RA de 5 de septiembre, y ordenando de que los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, emitan uno nuevo debidamente fundamentado en el plazo que la ley les otorga; y, 2° DENEGAR en cuanto a los cargos a) y c), de acuerdo a lo expuesto en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la cita de precedente contradictorio dentro del recurso de casación, ante la denuncia de defectos procesales absolutos
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0566/2026-S2 Sucre, 8 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 56552-2023-114-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 90/2023 de 22 de junio, cursante de fs. 232 a 236 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Bertha Canchari Quispe y Javier Troncoso Chambi contra Olvis Egüez Oliva y Edwin Aguayo Arando, Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia; Eve Carmen Mamani Roldán y José Miguel Vásquez Castelo, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, Rosario Inés Rodríguez Sánchez, ex Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 26 de mayo y 2 de junio de 2023, cursante a fs. 1 y 81 a 89; y, 92 a 93, los accionantes manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato, la entonces Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro -hoy codemandada- emitió la providencia de radicatoria de 9 de febrero de 2021, mediante la cual dispuso la notificación al Fiscal de Materia que presentó el Requerimiento Conclusivo de Acusación, otorgándole el plazo de veinticuatro horas para la presentación física de las pruebas de cargo; sin embargo, dicha autoridad presentó las referidas pruebas, fuera del plazo previsto por el art. 340.I del Código de Procedimiento Penal (CPP), concordante con los arts. 130 y 172 del mismo cuerpo normativo, ocasionando una alteración sustancial del procedimiento penal.

Asimismo, en audiencia de juicio oral se permitió a las víctimas consultar documentos mientras prestaban declaración testifical, a efectos de responder las preguntas formuladas, pese a la prohibición contenida en el art. 351 del CPP; no obstante dichas observaciones, la autoridad judicial emitió la Sentencia 033/2021 de 19 de octubre, otorgando validez a las pruebas documentales cuestionadas por su introducción a juicio sin las debidas observaciones del Adjetivo Penal y concluyendo en la credibilidad de la prueba testifical producida. Frente a ello, interpusieron recurso de apelación restringida, denunciando que la referida Sentencia incurrió en los defectos previstos en el art. 370 incs. 1), 4) y 5) del CPP. Posteriormente, los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -hoy codemandados- mediante Auto de Vista 80/2022 de 2 de junio, declaró improcedente el recurso de apelación restringida que interpusieron y confirmó íntegramente la aludida Sentencia. Esta decisión lesionó sus derechos, debido a que no efectuó un análisis minucioso de los agravios expuestos ni consideró el principio de última ratio o la doctrina legal aplicable respecto al carácter excluyente de los delitos de estafa y estelionato. Asimismo, el indicado Auto de Vista incurrió en incongruencia al señalar, antes de la parte dispositiva, la existencia de dos momentos diferenciados del hecho investigado, acusado y sentenciado: por una parte, la disposición patrimonial de las víctimas bajo el compromiso incumplido de entrega de un inmueble en calidad de anticrético; y, por otra, la venta posterior del mismo inmueble bajo la creencia de que este era libre y alodial, pese a soportar diversas obligaciones económicas. Tales afirmaciones contradecían el contenido de la referida Sentencia y evidenciaban falta de fundamentación legal. En mérito a ello, interpusieron recurso de casación, reiterando los fundamentos expuestos en apelación restringida e invocando los precedentes contradictorios previamente citados, bajo el argumento de que el citado Auto de Vista no resolvió los agravios planteados, ampliando además la denuncia a la vulneración del derecho a la “seguridad jurídica”. No obstante, los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandados- mediante Auto Supremo 1133/2022-RA de 5 de septiembre, declararon inadmisible el recurso de casación. Dicha decisión vulneró el debido proceso en sus elementos legalidad, igualdad entre las partes, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba, así como los principios de última ratio del proceso penal, de favorabilidad, in dubio pro reo y seguridad jurídica; toda vez que, sí cumplieron con la carga procesal de invocar precedente contradictorio, citando expresamente el Auto Supremo 113/2007 de 31 de enero, relativo al carácter excluyente entre los delitos de estafa y estelionato; sin embargo, los Magistrados demandados centraron su análisis en los requisitos de flexibilización de admisibilidad del recurso de casación, pese a que -desde la apelación restringida- se expusieron los antecedentes del caso, los derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados, las restricciones sufridas y el resultado dañoso emergente de tales defectos, consistente en la privación de libertad impuesta en su contra; por lo que, cumplieron tanto los requisitos ordinarios de admisibilidad como aquellos desarrollados por la doctrina de flexibilización.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

Denuncianon la lesión de la garantía del debido proceso -invocado también como derecho- en sus elementos legalidad, igualdad entre las partes, lealtad procesal, fundamentación, motivación, congruencia, valoración razonable y objetiva de la prueba, así como los principios de favorabilidad, in dubio pro reo y seguridad jurídica, sin citar norma constitucional alguna al efecto.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia: a) Se declare la ilegalidad de la Sentencia 033/2021 pronunciada por el Juzgado de Sentencia Penal Primero de Oruro, más el Auto de Vista 80/2022 emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento y del Auto Supremo 1133/2022-RA, dictado por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia; b) Se disponga la celebración de un nuevo juicio por otro Juez de Sentencia Penal de la Capital del departamento de Oruro; c) Se disponga la nulidad de la Sentencia 033/2011, el Auto de Vista 80/2022, la Resolución de 13 de marzo, dictada por el Juez Público Mixto, Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social, de Sentencia Penal Segundo del departamento de Oruro, que declaró ejecutoriada la indicada Sentencia; y, por extensión la nulidad el mandamiento de condena emitido en su contra; y, d) Se ordene la libertad de Bertha Canchari Quispe.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 22 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 224 a 231, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Bertha Canchari Quispe, a través de sus abogados, ratificó el contenido de la acción de amparo constitucional y, en audiencia, en ejercicio del derecho a la réplica, manifestó que: 1) Los Magistrados demandados señalaron que en la demanda no se identificaron los actos lesivos ni los derechos restringidos; sin embargo, sí se precisaron tales extremos, denunciándose desde la incorporación de prueba ilegal en juicio hasta la emisión y confirmación de la Sentencia condenatoria por las autoridades de alzada y casación -codemandados-. Asimismo, se invocaron como vulnerados los principios in dubio pro reo, presunción de inocencia y favorabilidad, entre otros; además, en el petitorio se solicitó expresamente la nulidad de todas las resoluciones emitidas dentro del proceso penal y la celebración de un nuevo juicio oral; 2) Si bien las autoridades demandadas señalaron que la justicia constitucional no puede efectuar valoración probatoria, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, permite dicho análisis cuando la prueba hubiera sido incorporada ilegalmente vulnerando derechos y garantías fundamentales. En ese sentido, se agotaron todos los mecanismos intraprocesales, habilitando la intervención de la jurisdicción constitucional. Asimismo, la ex Jueza codemandada emitió una Sentencia ultra petita al concluir la existencia de concurso ideal entre los delitos de estafa y estelionato, imponiendo una pena de cinco años sin que dicha circunstancia hubiese sido acusada por el Ministerio Público ni por las víctimas; y, 3) Si bien las autoridades de alzada afirmaron la existencia de dos momentos diferenciados en la comisión de los delitos, dicha conclusión sería errónea, debido a que no concurrió engaño para configurar el delito de estafa; y que, aun existiendo Sentencia ejecutoriada, la cosa juzgada no puede prevalecer cuando se afecta el contenido esencial de derechos fundamentales, conforme a la jurisprudencia constitucional invocada. Por su parte, Javier Troncoso Chambi no asistió a la audiencia programada, pese a su citación cursante a fs. 95 y 167.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Olvis Egüez Oliva, Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe escrito cursante de fs. 164 a 165, solicitó se deniegue la tutela, señalando que: i) Los accionantes no precisaron adecuadamente el acto lesivo, los derechos presuntamente vulnerados ni la forma de su restitución, pretendiendo que la justicia constitucional realice una nueva valoración probatoria y revise actuaciones propias del juicio oral, aspectos ajenos a las competencias del Tribunal de casación y de esta acción tutelar; ii) La parte accionante atribuyó de manera genérica e indiscriminada la vulneración de derechos, principios y garantías a distintas autoridades y resoluciones emitidas durante el proceso penal, sin establecer de forma clara la relación entre el Auto Supremo 1133/2022-RA y los derechos presuntamente lesionados, limitándose a cuestionar el análisis de admisibilidad efectuado en casación; y, iii) La parte impetrante de tutela pretendió una nueva interpretación de la prueba producida en el proceso penal, pese a que el Auto Supremo cuestionado efectuó el control objetivo de admisibilidad del recurso de casación conforme a los arts. 398 del CPP y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), explicando las razones del incumplimiento de las formas procesales exigidas. Eve Carmen Mamani Roldán, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en audiencia solicitó se deniegue la tutela, argumentando que: a) El recurso de apelación restringida fue defectuosamente planteado, razón por la cual se confirmó la Sentencia de primera instancia, siendo posteriormente declarado inadmisible el recurso de casación, lo que evidenció el incumplimiento de las cargas procesales y la improcedencia de acudir a la acción de amparo constitucional; b) La supuesta incorporación ilegal de prueba debió ser cuestionada oportunamente mediante los mecanismos previstos en el art. 344 del CPP, no correspondiendo a la justicia constitucional revisar cuestiones de legalidad ordinaria ni efectuar valoración probatoria; c) Respecto a la alegada lesión del principio de legalidad y la igualdad entre partes, los accionantes no explicaron de qué manera dichos derechos fueron vulnerados ni su relación con el acto denunciado; y, d) La pretensión de anular todas las resoluciones emitidas y disponer un nuevo juicio oral excede la naturaleza y competencias de la acción de amparo constitucional. José Miguel Vásquez Castelo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; Waldo Cotjiri Ibarra, Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro; Rosario Inés Rodríguez Sánchez, ex Jueza del citado despacho judicial; y, Edwin Aguayo Arando, Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, no presentaron informe escrito alguno, tampoco se hicieron presentes en la audiencia consideración de la acción de amparo constitucional, pese a las citaciones cursantes a fs. 102, 112, 113, 136, respectivamente.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Victoria Fuentes Cruz y Evaristo Cruz Choque, a través de su abogado, solicitaron se deniegue la tutela impetrada, argumentando que: 1) La acción de amparo constitucional incumplió los requisitos de admisibilidad, debido a que los accionantes no identificaron de manera objetiva los derechos presuntamente vulnerados por las autoridades de apelación y casación, limitándose en el fondo a cuestionar la incorporación de prueba que sirvió de base para la Sentencia condenatoria; y, 2) La supuesta incorporación ilegal de prueba debió ser reclamada oportunamente mediante el mecanismo de exclusión probatoria previsto en la etapa de juicio oral, así como a través de los recursos ordinarios correspondientes, omisión que no podía ser subsanada posteriormente mediante esta acción de defensa.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 90/2023 de 22 de junio, cursante de fs. 232 a 236 vta., denegó la tutela solicitada, argumentando que: i) Los accionantes cuestionaron la supuesta incorporación ilegal de prueba durante el juicio oral, aspecto que debió ser reclamado oportunamente ante la autoridad judicial de primera instancia durante el desarrollo del proceso penal de origen, conforme al principio de subsidiariedad previsto en el art. 53.II del Código Procesal Constitucional (CPCo); y, ii) Al no haberse formulado dichos reclamos en la etapa procesal correspondiente ni agotado adecuadamente los mecanismos ordinarios de impugnación, no correspondía exigir que las autoridades de apelación, casación o la propia Sala Constitucional ingresen al análisis de fondo de la problemática planteada. En vía de complementación y enmienda, la parte accionante solicitó pronunciamiento respecto a la denuncia efectuada en audiencia sobre la actuación ultra petita atribuida a la autoridad judicial de primera instancia, por haber impuesto una pena de cinco años de privación de libertad en concurso ideal de los delitos de estafa y estelionato, pese a que tal extremo no habría sido solicitado ni por el Ministerio Público ni por los terceros interesados. Ante ello, la Sala Constitucional señaló, al no constituirse la justicia constitucional en una instancia casacional y al no haberse cumplido el principio de subsidiariedad, no correspondía ingresar al análisis de fondo ni efectuar complementación o enmienda alguna.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 245 a 247); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa la Sentencia 033/2021 de 19 de octubre, dictada por Rosario Inés Rodríguez Sánchez, entonces Jueza de Sentencia Penal Primera del departamento de Oruro -codemandada-, dentro del proceso penal con Código Único de Denuncia (CUD) 401102012000273, seguido por el Ministerio Público a instancia de Victoria Fuentes Cruz y Evaristo Cruz Choque -ahora terceros interesados- contra Bertha Canchari Quispe y Javier Troncoso Chambi -hoy accionantes-, declarándolos autores de la comisión de los delitos de estafa y estelionato, previstos y sancionados por los arts. 335 y 337 del Código Penal (CP), condenándolos a cinco años de privación de libertad y multa de “…cien días (150 días), a razón de Bs. 5.-por día…” (sic [fs. 25 a 31] ). II.2. Consta el Auto de Vista 80/2022 de 2 de junio, dictado por Eve Carmen Mamani Roldán y José Miguel Vásquez Castelo, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora codemandados-, declarando improcedente el recurso de apelación restringida formulada por los accionantes, y confirmando en su integridad la Sentencia 033/2021 (fs. 43 a 48 vta.). II.3. Cursa el Auto Supremo 1133/2022-RA de 5 de septiembre, emitido por Olvis Egüez Oliva y Edwin Aguayo Arando, Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandados-, declarando inadmisible el recurso de casación interpuesto contra el Auto de Vista 80/2022 (fs. 58 a 61).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes denuncian la vulneración de la garantía del debido proceso en sus elementos legalidad, igualdad entre las partes, lealtad procesal, fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba; y, de los principios de favorabilidad, in dubio pro reo y seguridad jurídica, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato; toda vez que, las autoridades demandadas no consideraron que: a) La prueba del Ministerio Público no fue presentada oportunamente y que los testigos consultaron documentos durante su declaración por lo que no es válida su participación; b) No se consideró el Auto Supremo 113/2007 de 31 de enero, el cual determinó que los delitos de estafa y estelionato son excluyentes; y, c) No se consideró que las víctimas conocían que el inmueble dado en anticrético, y luego vendido, tenía gravámenes. Olvis Egüez Oliva, Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, manifiesta que, los accionantes no identifican con precisión el acto lesivo ni los derechos vulnerados, limitándose a cuestionar la valoración probatoria y actuaciones del proceso penal; asimismo, señala que no demuestran una relación concreta entre el Auto Supremo 1133/2022-RA y las supuestas vulneraciones alegadas, y que la acción pretende una nueva valoración de la prueba, pese a que dicho Auto Supremo solo realizó el control de admisibilidad del recurso de casación conforme a la normativa vigente. Eve Carmen Mamani Roldán, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, señala que los accionantes incumplieron las cargas procesales al plantear defectuosamente los recursos de apelación y casación; asimismo, indica que la supuesta incorporación ilegal de prueba debió ser observada oportunamente en la vía ordinaria, sin que corresponda a la justicia constitucional revisar cuestiones de legalidad o valoración probatoria. Finalmente, sostiene que no se explicó de manera concreta la vulneración de los derechos invocados y que la pretensión de anular todas las resoluciones y ordenar un nuevo juicio excede el alcance de la acción de amparo constitucional. Edwin Aguayo Arando, Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia; José Miguel Vásquez Castelo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; Waldo Cotjiri Ibarra, Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Oruro; y, Rosario Inés Rodríguez Sánchez, ex Jueza del citado despacho judicial, no presentaron informe alguno, ni se hicieron presentes en la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la cita de precedente contradictorio dentro del recurso de casación, ante la denuncia de defectos procesales absolutos

Al respecto, la SCP 1088/2016-S2 de 3 de noviembre, señaló lo siguiente: “De lo anterior se concluye que la carga de presentar y argumentar el precedente contradictorio no es exigible cuando se aleguen defectos procesales absolutos referidos a la vulneración de derechos y garantías debiendo el Tribunal Supremo de Justicia en estos casos de oficio identificar y aplicar los precedentes contradictorios lo que implica una modulación a la SCP 0895/2012’.

(…)

Razonamiento que es ratificado y ampliado por la SCP 1092/2014 de 10 de junio que precisó lo siguiente: ‘En el sistema procesal penal imperante, el tribunal de casación se erige en el órgano especializado para efectuar el control de legalidad de los actos producidos en la justicia ordinaria. En ese marco, es importante recalcar que, el reclamo de los defectos absolutos no se restringe a una determinada etapa del proceso penal, pudiendo ser resueltos por la autoridad judicial en cualquier etapa del proceso penal, sea de oficio o a petición de parte; así, mientras un acto procesal conculque derechos fundamentales y garantías constitucionales consagrados en la Constitución Política del Estado y los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, es posible la declaratoria de nulidad del acto, sin necesidad de protesta por parte del afectado. En ese sentido, la previsión legal contenida en el art. 17.III de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), no es aplicable en el régimen de los defectos absolutos normados en el art. 169 del CPP.

El régimen de los defectos absolutos responde al sistema penal garantista, cuya finalidad es sancionar con ineficacia todo acto que implique arbitrariedad y abuso de poder por parte de los órganos del Estado en el ejercicio del poder punitivo; sin embargo, es preciso aclarar que, no todo acto procesal declarado nulo significa necesariamente la nulidad del proceso en su integridad, sino que, el acto declarado nulo por conculcar derechos fundamentales y garantías constitucionales, carece de eficacia jurídica para fundar cualquier decisión judicial; es decir, los jueces y Tribunales están impedidos en fundar sus decisiones en actos jurisdiccionales o investigativos que comprometan derechos fundamentales y garantías constitucionales; por lo tanto, la labor jurisdiccional compele a la autoridad judicial velar por el normal desarrollo del proceso, cuidando la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales’.

De la jurisprudencia glosada; en definitiva se concluye, que ante la denuncia de defectos procesales absolutos, el Tribunal de casación tiene la obligación de analizar y compulsar los antecedentes del proceso y resolver, sin necesidad de exigir la cita o fundamentación” (las negrillas nos corresponden).

De lo expuesto, para la admisibilidad del recurso de casación en materia penal, es menester: i) Cumplir con la invocación del precedente contradictorio en los términos del art. 417 del CPP; es decir: “En el recurso se señalará la contradicción en términos precisos y como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación incidental en el que se invocó el precedente”; y/o, ii) Fundamentar adecuadamente la existencia de un posible defecto procesal absoluto, conforme a lo previsto en el art. 169 de la norma citada.

III.2. Análisis del caso concreto

Los accionantes denunciaron que las autoridades demandadas incurrieron en actos lesivos durante las distintas etapas del proceso penal seguido en su contra. En ese contexto, sostuvieron que la Jueza a quo vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa al admitir y valorar pruebas de cargo presentadas extemporáneamente por el Ministerio Público, fuera del plazo previsto por el art. 340.I del CPP; así como al permitir que las víctimas consulten documentos durante su declaración testifical en juicio oral, pese a la prohibición contenida en el art. 351 del mismo cuerpo normativo, otorgando posteriormente validez y credibilidad a dichas pruebas en la Sentencia 033/2021 de 19 de octubre. Por tales motivos, interpusieron recurso de apelación restringida denunciando los defectos previstos en el art. 370 incs. 1), 4) y 5) del CPP. Posteriormente, el Tribunal de alzada, mediante Auto de Vista 80/2022 de 2 de junio, confirmó íntegramente la referida Sentencia. Según los accionantes, dicha resolución no efectuó un análisis suficiente de los agravios expuestos en apelación restringida, ni consideró el principio de última ratio ni la doctrina legal relativa al carácter excluyente de los delitos de estafa y estelionato. Asimismo, cuestionaron que el Tribunal de alzada hubiese concluido la existencia de dos momentos diferenciados en los hechos atribuidos, razonamiento que -a su criterio- contradice el contenido de la propia Sentencia y vulnera el debido proceso en sus elementos legalidad, igualdad procesal, fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba, así como los principios de favorabilidad, in dubio pro reo y seguridad jurídica; motivo por el cual, interpusieron recurso de casación. A su vez, denunciaron que el Tribunal de casación, mediante Auto Supremo 1133/2022-RA de 5 de septiembre, declaró inadmisible el recurso de casación bajo el argumento de incumplimiento de los presupuestos de flexibilización de los requisitos de admisibilidad, pese a que -según sostienen- desde la apelación restringida ya habían expuesto los antecedentes del caso, los derechos y garantías presuntamente vulnerados, así como el resultado dañoso emergente de las supuestas irregularidades denunciadas. Ahora bien, debe recordarse que la acción de amparo constitucional se rige por el principio de subsidiariedad, en este sentido el art. 129.II de la Constitución Política del Estado establece que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”; por lo que, en atención al principio de subsidiariedad no se analizará la sentencia, ni el Auto de Vista impugnados en la medida en la que las mismas podían ser revisadas a través del recurso de casación, instancias que a efectos de la presente acción constitucional, cuentan con legitimación pasiva. Ahora bien, siendo que los accionantes alegan que los defectos observados no fueron subsanados en recurso de casación, que sin la fundamentación adecuada rechazó sobre los mismos, se tiene que sobre el cargo a), los mismos no fueron invocados en el recurso de casación; por lo que, en atención al principio de subsidiariedad no es posible efectuar pronunciamiento de fondo alguno sobre los mismos. En lo referente al cargo b), relativo a que no se consideró el Auto Supremo 113/2007 de 31 de enero, el cual determinó que los delitos de estafa y estelionato son excluyentes; se tiene que, en recurso de casación se sostiene: “Los delitos de estafa y estelionato son excluyentes entre sí, el juez más allá de buscar a toda costa la punidad y la eficacia jurídica debió compulsar que ambos tipos penales estafa y estelionato son excluyentes entre sí como lo señalan los Autos Supremos Nos. 59 de 27 de enero y 43 de 27 de enero de 2007…” (sic) para luego copiar dicho Auto Supremo el cual se reclama por la parte accionante sea observado mediante la acción de amparo constitucional. Al respecto, el Auto Supremo impugnado alega que el recurso de casación es abstracto, lo hace paradójicamente con afirmaciones que son de igual forma abstractas, es decir: “…el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance, exige a que recurre, no la afirmación que uno u otro Auto Supremo o Auto de Vista fue incumplido o inobservado, sino que explique cuales las razones de similitud entre las dos decisiones, no siendo correcto, como se formuló en el recurso de autos, que la contradicción a fines de casación se abastezca solamente con la nominación de un precedente contradictorio y el señalamiento de que fue contradicho” (sic); es decir, frente al alegato de que los delitos de que estafa y estelionato son incompatibles y la jurisprudencia invocada en el recurso de casación no ofrece una respuesta concreta sobre el motivo por el cual no se cumpliría con la invocación del precedente contradictorio incumpliendo la garantía de la debida fundamentación que hace a la garantía del debido proceso correspondiendo conceder la tutela sobre dicho aspecto. Finalmente, sobre el cargo c), referido a que no se consideró que las víctimas conocían que el inmueble dado en anticrético y luego vendido tenía gravámenes, el recurso de casación se limita a mencionar lo referido sin desarrollar cómo se prueba, debiendo considerarse por las autoridades demandadas dicho aspecto; en este sentido, el Auto Supremo impugnado responde lo siguiente: “…se trata de aspectos que no fueron sostenidos por una labor de mayor prolijidad a la hora de confeccionar el recurso…” (sic). Al respecto, y sobre ese punto, se advierte que el Auto Supremo 1133/2022-RA de 5 de septiembre, expuso las razones jurídicas por las cuales consideró incumplidos tanto los requisitos ordinarios de admisibilidad como los presupuestos de flexibilización, circunscribiendo su análisis al examen formal de admisibilidad de las denuncias planteadas por los recurrentes. En ese entendido, la parte accionante no explicó de qué manera concreta tales fundamentos resultarían arbitrarios, irrazonables o lesivos a sus derechos fundamentales, limitándose únicamente a manifestar su desacuerdo con los criterios jurídicos asumidos por el Tribunal de casación; por lo que, sobre dicho punto corresponde denegar la tutela. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 90/2023 de 22 de junio, cursante de fs. 232 a 236 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, respecto al cargo b), conforme los fundamentos y razonamientos expuestos en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, disponiendo dejar sin efecto el Auto Supremo 1133/2022-RA de 5 de septiembre, y ordenando de que los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, emitan uno nuevo debidamente fundamentado en el plazo que la ley les otorga; y, 2° DENEGAR en cuanto a los cargos a) y c), de acuerdo a lo expuesto en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0566_2026-S2.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 415e9d8c49a5ad302743c23c8da7a72f9f63956936c3a354ba5722f7080b04fd

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