Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 12 de junio de 2025
Concede en parte la tutela
Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación, valoración de la prueba; y, al trabajo, por parte de la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Beni, quien emitió el Auto 01/2023 de 11 de enero, por el cual rechazó in limine la recusación planteada y los sancionó con la multa de dos salarios mínimos nacionales, determinación que en revisión fue confirmada por la Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -demandada-, a través del Auto de Vista 04/2023 de 16 de enero, sin realizar una correcta valoración de las pruebas aportadas que demostraron la concurrencia del art. 316.11 del CPP para recusar a la Jueza a quo, por enemistad manifiesta, ni pronunciarse sobre la multa impuesta a sus personas. En consecuencia, corresponde en revisión y verificar, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR en todo la Resolución 019/2023 de 10 de abril, cursante de fs. 193 a 199 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a la Vocal de la Sala Penal del indicado Tribunal, en los mismos términos de la referida Sala Constitucional; y DENEGAR con referencia la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital, conforme lo expuesto en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0566/2025-S3 Sucre, 12 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 55179-2023-111-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 019/2023 de 10 de abril, cursante de fs. 193 a 199 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Humberto Añez Campos y Keila Roca Campos contra Norka Díaz Morales, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, Claudia Natalia Pinto Gonzáles, Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del mismo departamento.
Por memorial presentado el 4 de abril de 2023, cursante de fs. 110 a 119, los accionantes, expresaron que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Anelethe Ruiz García contra su defendido Juan Carlos Romero Guzmán, por la presunta comisión del delito de acoso sexual que se encuentra con acusación fiscal y preparación para audiencia de juicio oral, proceso radicado en el Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Beni, a cargo de Claudia Natalia Pinto Gonzáles, actualmente con Resolución de recusación en espera de radicatoria en otro Juzgado. Añaden que, una vez radicado el proceso en el Juzgado mencionado y presentadas las pruebas de cargo y descargo para la preparación del juicio oral; el 10 de enero de 2023, presentaron recusación contra la citada Jueza de conformidad con las causales establecidas en el art. 316. 6 y 11 del Código de Procedimiento Penal (CPP), vale decir, por tener procesos pendientes con las partes interesadas y enemistad manifiesta con alguno de los interesados, en este caso con la abogada defensora Keila Roca Campos. Se recusó a la Jueza, ya que realizó cinco denuncias contra la abogada prenombrada quien anteriormente trabajó como Secretaria en el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Beni, que integró la mencionada Jueza, por lo cual tendría procesos disciplinarios iniciados con anterioridad al proceso penal que defiende; lo que configuraría la causal de recusación establecida por el art. 316. 6 del CPP. También, se presentó una carta al Consejo de la Magistratura en la que hizo mención a Keila Roca Campos con resentimiento pidiendo su alejamiento; asimismo, hizo conocer al Tribunal Departamental de Justicia del Beni su rabia y enemistad hacia su persona, evidenciándose la animadversión, desprecio y hasta miedo de la Jueza, acomodando su conducta a lo preceptuado por el numeral 11 del art. 316 del Código Adjetivo Penal. La Jueza Claudia Natalia Pinto Gonzáles -ahora codemandada-, resolvió la recusación planteada por su defendido, dictando el Auto 01/2023 de 11 de enero, de rechazó in limine, indicando que no existe causal sobreviniente y manifiestamente improcedente, disponiendo: “…en aplicación del art. 321 parágrafo V última parte del CPP, NOS IMPONE A LOS ABOGADOS DEFENSORES LA SANCION PECUNIARIA DE DOS SALARIOS MÍNIMOS NACIONALES, con la advertencia a futuro de que, en caso de continuar con la actitud dilatoria, se apartará a la o el abogado de la actuación del presente proceso, designando a un defensor público de oficio…” (sic). Determinación que fue confirmada en todas sus partes mediante el Auto de Vista 04/2023 de 16 de enero, dictado por Norka Díaz Morales, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, quien declaró legal y aceptó el ya descrito rechazó in limine, ordenando que la Jueza codemandada, continúe con la tramitación del proceso penal, sin manifestarse en lo absoluto sobre la sanción pecuniaria impuesta a sus personas como abogados defensores. Las autoridades demandadas no valoraron las pruebas presentadas, respecto a la enemistad manifiesta que existe entre la Jueza, Claudia Natalia Pinto Gonzales y la abogada Keila Roca Campos. El Auto 01/2023, hizo una valoración arbitraria e irrazonable de la prueba aportada, ya que manifestó que todas las denuncias que inició -contra la ahora accionante- fueron presentadas en cumplimiento a su labor de Juez y que no materializan ninguna enemistad, más al contrario demostrarían una finalidad procesal, en cumplimiento de la Ley del Órgano Judicial -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, argumentos con los cuales justificó la negativa a allanarse a la recusación planteada. Con relación al numeral 11 del art. 316 del CPP la Vocal demandada en su labor de revisión del Auto 01/2023, emitida por la Jueza a quo, tampoco se pronunció en absoluto, sobre la prueba aportada concerniente a las denuncias disciplinarias, memoriales de queja y acoso laboral ofrecidas como pruebas, las que -a su criterio- demostraron el odio y enemistad manifiesta que sienten ambas. Simplemente se mencionó en el Auto de Vista 04/2023 que Keila Roca Campos sí tendría enemistad manifiesta contra la Jueza recusada, a raíz de una denuncia penal ya fenecida y de otros actos sucedidos cuando ésta era Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Beni. Mientras que la Jueza recusada señaló no existir para su persona dicha enemistad manifiesta por lo que al ser un sentimiento interno de cada persona, le sería imposible ingresar al ser interno para comprobar dicho extremo; bajo esos argumentos omitió referirse a las pruebas aportadas y la valoración que les dio la Jueza a quo.
Denunciaron la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación, a la valoración de la prueba y al trabajo, citando al efecto los arts. 46, 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y 23.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Solicitaron se conceda la tutela impetrada disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 04/023 de 16 de enero, dictado por la Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, debiendo dictar una nueva resolución en la cual revise la valoración de la prueba que fue omitida de forma incorrecta por la Jueza a quo en el Auto 01/2023.
Celebrada la audiencia pública virtual el 10 de abril de 2023, según consta en acta cursante de fs. 189 a 192 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes ratificaron in extenso el contenido de la demanda tutelar y ampliándola manifestaron que: a) Claudia Natalia Pinto Gonzales, Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento del Beni -ahora codemandada-, no valoró la prueba aportada por la cual demostraron el cumplimiento del art. 316.11 del CPP para ser recusada, por existir enemistad manifiesta; b) Asimismo, la Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento -demandada- no verificó la valoración que realizó la Jueza a quo, al emitir el Auto 01/2023, pese a que la Vocal tenía la obligación ineludible, según la norma, de realizar una valoración y revisión de la resolución dictada por la inferior respecto a la recusación, no se manifestó sobre las pruebas arrimadas al proceso que acreditaron la enemistad que existe entre ambas, lo que, deviene en una omisión valorativa respecto al Auto 01/2023; c) El art. 316.6 del CPP establece que tener procesos pendientes con algunos de los interesados, en este caso, con su persona como abogada defensora, es causal de recusación. Sin embargo, la Jueza a quo, manifestó en el Auto 01/2023, que su autoridad hubiera realizado procesos en su contra simplemente en cumplimiento de su labor de juzgadora, por lo que no tendría ninguna enemistad; d) La SCP 0866/2017-S3 de 4 de septiembre, refirió que debe entenderse que el fin último de la excusa y recusación, es precisamente evitar que una situación sea resuelta por una autoridad de la que existe susceptibilidad de su imparcialidad, que este comprometida a causa de un proceso iniciado -en su caso- en vía administrativa; e) El Auto de Vista 04/2023 dictado por la Vocal demandada, no realizó una revisión exhaustiva de la resolución dictada por la Jueza inferior que debió hacerlo conforme manda el art. 320 del CPP, emitiendo una resolución incongruente que no se refirió a la sanción pecuniaria impuesta a los abogados, forzando a rechazar la recusación in limine, denotándose la falta de fundamentación en la valoración de la prueba aportada; y, f) Los Autos emitidos por las autoridades demandadas, lesionaron su derecho al trabajo, puesto que por la certificación emitida por la Encargada de Plataforma del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, se conoció que fue notificada para que no reciba memoriales de los abogados sancionados, en tanto no paguen el monto impuesto de dos salarios mínimos nacionales, motivo por el cual no pueden presentar demandas nuevas, coartándoles el derecho mencionado, por ello plantearon la presente acción de defensa contra ambas autoridades.
Norka Díaz Morales, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 123. Claudia Natalia Pinto Gonzáles, Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Beni, a través de informe escrito presentado el 10 de abril de 2023, cursante de fs. 173 a 182, solicitó se deniegue la tutela impetrada, en mérito a los siguientes argumentos: 1) La presente acción tutelar incumplió la norma procesal constitucional al no citar a los terceros interesados como ser al representante del Ministerio Público y la víctima; 2) El memorial de los accionantes es confuso, primeramente alegaron supuestos vicios en el Auto 01/2023 de 11 de enero, que resolvió la recusación; pero de manera contradictoria hicieron referencia al Auto de Vista 04/2023 dictado por la Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, pidiendo en definitiva les concedan la tutela dejando sin efecto el último actuado. Por lo tanto, su autoridad no tendría “legitimidad” -siendo lo correcto legitimación- pasiva para ser demandada, ya que el acto que generó lesión a sus derechos no se trata del Auto 01/2023, sino el emitido por la Vocal también demandada; 3) Los accionantes sólo describieron los antecedentes, sin realizar ninguna vinculación al caso concreto ni fundamentar en qué consistieron las supuestas vulneraciones. Limitándose a denunciar una supuesta falta de valoración de las pruebas en un momento del Auto 01/2023 y en otro del Auto de Vista 04/2023; en la acción de amparo constitucional no se trata simplemente de señalar jurisprudencia, sino debe explicarse fundadamente a partir de los antecedentes fácticos de qué manera la autoridad demandada que emitió la última resolución ha viciado de contenido algún derecho o garantía constitucional; 4) La multa impuesta a los ahora accionantes, fue por su temeraria solicitud de recusación y fue taxativamente ordenada con base y respaldo del art. 321.V del CPP norma de orden público. Disposición que fue ratificada por el Auto de Vista 04/2023 que declaró legal el Auto 01/2023 ordenando continuar con el conocimiento del caso, por lo que no existió ningún acto u omisión indebida que pueda ser atribuida a su autoridad; 5) Si consideraban que el Auto de Vista dictado por la Vocal de la Sala Penal del referido Tribunal les generó algún perjuicio sobre los alcances de la multa, era elemental que usen el recurso idóneo para deducir explicación y complementación conforme el art. 125 del CPP; y, 6) En el Auto 01/2023 pronunciado por su autoridad impuso una multa conforme el art. 321.V del CPP, sin ordenar que no se les permita trabajar en otras causas o presentar memoriales en otras demandas, ya que la sanción alcanza a la causa base y no a otras diferentes.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante Resolución 019/2023 de 10 de abril, cursante de fs. 193 a 199 vta., concedió en parte la tutela solicitada, únicamente en cuanto a la Vocal demandada, en relación a la falta de fundamentación y motivación por omisión; y derecho al trabajo, dejando sin efecto el Auto de Vista 04/2023 de 16 de enero, disponiendo que la autoridad dicte uno nuevo y denegó la tutela respecto a la codemandada, por carecer de legitimación pasiva, en base a los siguientes fundamentos: i) El Auto 01/2023 emitido por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Beni -codemandada-, identificó como recusantes a los abogados Keila Roca Campos y Carlos Humberto Añez Campos -ahora accionantes-, quienes si bien alegaron como causales de recusación los numerales 6 y 11 del art. 316 del CPP, en su petitorio solo se limitaron a señalar el art. 316.6 del mismo cuerpo legal, por lo que el análisis de su resolución se limitó a dicha causal, fundamentando que tres documentales adjuntas son propiamente del área administrativa relacionadas al cumplimiento y obligación de todo servidor público de poner en conocimiento sobre la comisión de faltas graves ante la autoridad competente y la cuarta prueba no materializó ningún tipo de enemistad. Al contrario demostró la finalidad procesal del cumplimiento del deber de una autoridad ante la pérdida de un expediente; por ello declaró manifiestamente infundada, temeraria y abiertamente dilatoria la recusación, rechazándola in limine, e imponiendo a los abogados la sanción pecuniaria de dos salarios mínimos nacionales; ii) En revisión la Vocal demandada pronunció el Auto de Vista 04/2023 identificando como recusante al procesado Juan Carlos Romero Guzmán, exponiendo que la abogada Keila Roca Campos, si tendría una enemistad manifiesta contra la Jueza recusada, a raíz de una denuncia penal ya fenecida y otros actos sucedidos cuando era Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital de ese departamento. Pero la Jueza recusada señaló no existir para su persona enemistad manifiesta. Al ser un sentimiento del fuero interno de cada persona, le es imposible ingresar al ser interno para comprobar dicho extremo, mucho más cuando ese motivo ya fue considerado anteriormente por esa misma Sala Penal, no procediendo la casual de recusación establecida en el art. 316.11 de CPP, declarando legal y aceptado el rechazó in limine a la recusación; iii) Corresponde precisar que quien planteó la recusación contra la Jueza codemandada fue Juan Carlos Romero Guzmán y no así los abogados accionantes como erradamente mencionó el Auto 01/2023; consiguientemente, la legitimación activa para impugnar la vía de amparo constitucional, las resoluciones dictadas dentro el trámite incidental de recusación, sería el recusante Juan Carlos Romero Guzmán y no así los abogados; iv) No obstante a ello, se debe tener en cuenta que la normativa procesal penal sancionatoria, en la figura jurídica de la recusación, concretamente el art. 321.III del CPP de manera clara y taxativa determina: “Las excusas rechazadas deberán ser puestas en conocimiento de la autoridad disciplinaria competente; si se rechaza la recusación in limine, se impondrá multa equivalente a tres (3) días de haber de una juez técnico…”; el parágrafo V dispone: “En caso de rechazo de una recusación que hubiera sido declarada manifiestamente infundada, temeraria o abiertamente dilatoria, (…) previa advertencia en uso de su poder coercitivo y moderador, impondrá a la o el abogado una sanción pecuniaria equivalente a dos (2) salarios mínimos nacionales…” (sic); v) Al haber sido presentada la recusación por Juan Carlos Romero Guzmán y declarada manifiestamente infundada, temeraria y abiertamente dilatoria, y al mismo tiempo RECHAZADA in limine por no ser una causal sobreviniente y ser manifiestamente improcedente, dicha determinación resulta ser confusa, contradictoria e incongruente, ya que conforme el art. 321 parágrafos II, III y V del CPP, al ser el recusante el ya citado, la sanción debió aplicarse o recaer contra este y no así sobre los abogados, ya que la sanción pecuniaria de dos salarios mínimos nacionales impuesta procede previa advertencia en uso de su poder coercitivo y moderador por parte del Juez o Tribunal; vi) En el caso presente la confusión emergió cuando la Jueza a quo, al dictar el Auto 01/2023 identificó como recusantes a los abogados Keila Roca Campos y Carlos Humberto Añez Campos; aspecto que no fue advertido por la Vocal ahora demandada a tiempo de conocer en revisión ese Auto. Si bien al emitir el Auto de Vista 04/2023, identificó como recusante a Juan Carlos Romero Guzmán, no es menos cierto que a tiempo de declarar en su parte resolutiva legal y acepta el rechazo in limine a la recusación, dicha autoridad no emitió pronunciamiento alguno en cuanto a la sanción de dos salarios mínimos nacionales impuesta a los abogados del recusante. No advirtió la incongruencia o contradicción al dictarse el Auto 01/2023, lo que correspondía era corregir el error en el que incurrió la Jueza inferior al imponer la sanción, aplicando el procedimiento penal al rechazo in limine. Por lo que al no haber procedido de esa manera, mantuvo la ilegalidad de la sanción impuesta que lesionó el derecho al trabajo de los accionantes; y, vii) Finalmente, si bien los abogados hoy solicitantes de tutela carecerían de legitimación activa para impugnar los fundamentos por los cuales se rechazó in limine la recusación, no es menos cierto que al haber sido sancionados pecuniariamente, con dos salarios mínimos nacionales, su legitimación se activa únicamente para impugnar la parte de la resolución con la que pudieran verse afectados.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de 10 de enero de 2023, presentado por Juan Carlos Romero Guzmán, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en su contra a denuncia de Anelethe Ruiz García, por la presunta comisión del delito de acoso sexual, planteó la recusación contra Claudia Natalia Pinto Gonzáles, Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Beni, por la causal reglada en el art. 316.11 del CPP, por enemistad sobreviniente con su abogada Keila Roca Campos (fs. 6 a 7). II.2. Mediante Auto 01/2023 de 11 de enero, la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento del Beni -codemandada-, declaró: “…Manifiestamente infundada, temeraria y abiertamente dilatoria, RECHAZADA in Limine la solicitud de recusación por ‘Enemistad Sobreviniente’, no siendo causal sobreviniente y manifiestamente improcedente. (…) En aplicación del Art. 321 Párrafo V. última parte del código de procedimiento penal boliviano, se impone a los abogados la sanción pecuniaria de dos salarios mínimos nacionales…” [sic (fs. 8 a 10)]. II.3. A través del Auto de Vista 04/2023 de 16 de enero, Norka Díaz Morales, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, resolvió: “…DECLARA LEGAL Y ACEPTA el RECHAZO IN LIMINE a la recusación realizada por el Sr. Juan Carlos Romero Guzmán, debiendo la Juez de Sentencia contra la violencia hacia la mujer 2do de la Capital. Dra. Claudia Natalia Pinto Gonzales continuar con el conocimiento de la causa, al no haberse evidenciado la procedencia de la causal de recusación contenida en el núm. 11 del art. 316 del código adjetivo penal” [sic (fs. 11 a 12 vta.)]. II.4. Por Orden Judicial de 8 de febrero de 2023, emitida por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento del Beni, dirigida a Mariana Etelvina Aguirre Suárez, Encargada de Plataforma del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, se hizo conocer que mediante Auto 01/2023 se sancionó con multa de dos salarios mínimos a los abogados Keila Roca Campos y Carlos Humberto Añez Campos, por dilación procesal, resolución confirmada mediante Auto de Vista 04/2023, a fines de que tome en cuenta y los abogados cumplan con dicha sanción, antes de realizar la presentación de memoriales a su cargo (fs. 87).
Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación, valoración de la prueba; y, al trabajo, por parte de la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Beni, quien emitió el Auto 01/2023 de 11 de enero, por el cual rechazó in limine la recusación planteada y los sancionó con la multa de dos salarios mínimos nacionales, determinación que en revisión fue confirmada por la Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni -demandada-, a través del Auto de Vista 04/2023 de 16 de enero, sin realizar una correcta valoración de las pruebas aportadas que demostraron la concurrencia del art. 316.11 del CPP para recusar a la Jueza a quo, por enemistad manifiesta, ni pronunciarse sobre la multa impuesta a sus personas. En consecuencia, corresponde en revisión y verificar, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Los hechos mentales, si bien son internos, se manifiestan externamente a través de la conducta y otros datos objetivos. La prueba de estos hechos no se realiza de forma directa, sino a través de la prueba por indicios o prueba indiciaria, donde a partir de un hecho probado (el indicio) se infiere la existencia del hecho que se quiere probar (el estado mental).
El doctrinario Daniel González Lagier, uno de los autores más relevantes en la materia, explica esta dinámica con claridad al sostener que para probar la existencia de un estado mental, debemos basarnos en un conjunto de "hechos externos" que funcionan como su manifestación pues:
“Los estados mentales no son directamente observables, pero sí lo son sus causas y sus efectos. La creencia de un sujeto en algo puede inferirse del hecho de que haya tenido acceso a cierta información (causa de la creencia) y de su conducta externa (efecto de la creencia) [...] La prueba de los estados mentales es, por tanto, una prueba indirecta, que se basa en tres tipos de indicios: (1) indicios que se refieren a las causas que probablemente han originado el estado mental; (2) indicios que se refieren a los efectos o manifestaciones externas del mismo; y (3) indicios que se refieren a la sinceridad del sujeto, cuando éste declara sobre sus propios estados mentales”.
En el mismo sentido, el procesalista italiano Michele Taruffo, argumentó que los hechos psicológicos son cognoscibles racionalmente a través de inferencias basadas en "máximas de experiencia", que son reglas del sentido común sobre cómo se comportan las personas en determinadas situaciones. Taruffo señalaba que:
"La existencia de un hecho psíquico [...] puede ser establecida mediante una inferencia que parte de un hecho externo (generalmente, la conducta del sujeto) y llega, sobre la base de una máxima de experiencia, a una conclusión relativa al hecho interno que se quiere probar".
Si bien la valoración de la prueba es una facultad primordial del juez de primera instancia, ésta no es una actividad arbitraria o puramente subjetiva. Debe estar fundamentada en la racionalidad y la lógica. En tal mérito, los tribunales de alzada tienen la obligación de fiscalizar que dicha valoración cumpla con estándares mínimos de racionalidad, sin que ello signifique una revalorización completa de la prueba.
La SCP 0140/2025-S3 de 28 de marzo, es esclarecedora al sostener que la visión restrictiva que impedía a las instancias de impugnación revisar la cuestión de hecho debe ser superada. En su lugar, el tribunal de apelación está llamado a realizar un control que abarca la cuestión probatoria y de hecho, aunque esta labor no equivalga a una nueva y completa valoración probatoria, ésta tarea de fiscalización implica, como mínimo, dos aspectos fundamentales: “…a) Verificar el cumplimiento del deber de motivación: Es decir, controlar que la sentencia o pronunciamiento de primera instancia no solo declare los hechos probados, sino que también explique y justifique cómo se llegó a esa conclusión; esto a través de la exteriorización de la argumentación probatoria para velar porque ésta sea racional, estructurada y basada en las pruebas aportadas al proceso; b) Control de logicidad: Un tribunal de impugnación puede intervenir si detecta que el juez de primera instancia cometió errores lógicos en sus inferencias probatorias, como lo sería el sacar conclusiones que no derivan de las pruebas presentadas; sino de sesgos o subjetividades. A través de este control se debe garantizar que la valoración de la prueba haya seguido un método racional, basado en la corroboración y refutación de hipótesis a partir de las pruebas con las que se cuenta y las inferencias que realiza el juzgador” (las negrillas corresponden al texto original).
Un entendimiento que fue recogido por la jurisprudencia boliviana en los Autos Supremos 133/2012-RRC y 326/2013-RRC, referidos por el precitado fallo Constitucional han establecido que, si bien la apreciación de las pruebas es en principio intangible, esta se encuentra sujeta al control de logicidad. El tribunal de apelación, por tanto, "…verificará a tiempo de resolver el recurso de apelación restringida, el proceso lógico seguido por el juzgador en su razonamiento a través del examen sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación de la sentencia, cotejando si en su fundamentación se observaron las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia".
El profesor Jordi Ferrer Beltrán complementa esta visión al señalar que la motivación de las decisiones judiciales sobre los hechos debe permitir un control sobre la racionalidad del razonamiento del juez. Pues no basta con que dicha autoridad liste las pruebas; sino que, el juez debe hacer explícito el razonamiento inferencial que le permite pasar de la información aportada por la prueba (el hecho probatorio) a la conclusión sobre el hecho a probar.
Consecuentemente, la idea de que los estados mentales como la enemistad son judicialmente indemostrables por pertenecer al "fuero interno" de una persona es una falacia que debe ser desechada. La doctrina jurídica contemporánea y la teoría de la prueba reconocen plenamente que los hechos psicológicos se acreditan a través de un proceso racional de inferencia, partiendo de hechos externos y observables que fungen como indicios. La labor del juzgador no es la de determinar subjetivamente sin base probatoria (“adivinando”) un sentimiento tal como el odio, la enemistad u otro; sino la de analizar la prueba indiciaria -la conducta objetiva de las partes según los elementos probatorios aportados al proceso- y determinar, con base en la lógica y las máximas de experiencia, cuál es la conclusión más razonable sobre el estado mental en cuestión.
Por consiguiente, si la valoración de dicha prueba es un ejercicio racional, está necesariamente sujeta a un control judicial en instancias superiores. Lejos de estar limitada a una revisión puramente formal, la instancia de apelación tiene el deber ineludible de ejercer un "control de logicidad" sobre las conclusiones fácticas del inferior. Esto implica verificar activamente que el razonamiento del juez no contenga errores lógicos en sus inferencias y que la decisión no solo declare un hecho como probado, sino que explique y justifique de manera coherente cómo se arribó a dicha conclusión a partir de la prueba disponible. Omitir este control bajo el pretexto de la "intangibilidad de los hechos" es renunciar a la función de garantizar la racionalidad de las decisiones judiciales; afectando negativamente al debido proceso, vinculado al derecho de las partes a la valoración de la prueba.
En la presente acción de defensa, los accionantes denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y valoración de la prueba; y, al trabajo, por parte de la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Beni, quien emitió el Auto 01/2023 de 11 de enero, por el cual rechazó in limine la recusación planteada y los sancionó con la multa de dos salarios mínimos nacionales, determinación que en revisión fue confirmada por la Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, a través del Auto de Vista 04/2023 de 16 de enero, sin realizar una correcta valoración de las pruebas aportadas que demostraron la concurrencia del art. 316.11 del CPP para recusar a la Jueza a quo, por enemistad manifiesta, ni se pronunció sobre la multa impuesta a sus personas.
Conforme a los antecedentes del caso se advierte que dentro el proceso penal que sigue el Ministerio Público contra Juan Carlos Romero Guzmán a denuncia de Anelethe Ruiz García, por la presunta comisión del delito de acoso sexual, el 10 de enero de 2023, planteó recusación de Claudia Natalia Pinto Gonzáles, Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Beni, por la causal reglada en el art. 316.11 del CPP, por enemistad sobreviniente con su abogada defensora Keila Roca Campos (Conclusión II.1).
Ante ello, la Jueza recusada, pronunció el Auto 01/2023 de 11 de enero, declarando: “Manifiestamente infundada, temeraria y abiertamente dilatoria, RECHAZADA in Limine la solicitud de recusación por ‘Enemistad Sobreviniente’, no siendo causal sobreviniente y manifiestamente improcedente. (…) En aplicación del Art. 321 Párrafo V. última parte del código de procedimiento penal boliviano, se impone a los abogados la sanción pecuniaria de dos salarios mínimos nacionales…” (Conclusión II.2).
Remitida en revisión la resolución de la Jueza a quo, la Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, dictó el Auto de Vista 04/2023 de 16 de enero, determinando: “DECLARA LEGAL Y ACEPTA el RECHAZO IN LIMINE a la recusación realizada por el Sr. Juan Carlos Romero Guzmán, debiendo la Juez de Sentencia contra la violencia hacia la mujer 2do de la Capital. Dra. Claudia Natalia Pinto Gonzales continuar con el conocimiento de la causa, al no haberse evidenciado la procedencia de la causal de recusación contenida en el núm. 11 del art. 316 del código adjetivo penal” [sic (Conclusión II.3)].
En el caso concreto se evidencia que Juan Carlos Romero Guzmán como demandado en el proceso penal, por memorial de 10 de enero de 2023, planteó la recusación de la Jueza -ahora codemandada- que sigue la causa, bajo el argumento de enemistad sobreviniente con su abogada defensora Keila Roca Campos, es así que de manera incongruente la Jueza recusada emitió el Auto 01/2023, rechazando in limine la recusación (art. 321.III del CPP), pero además, en el auto emitido añade que la recusación es manifiestamente infundada, temeraria y abiertamente dilatoria, como establece el art. 321.V del Código Adjetivo Penal, para posteriormente sancionar con multa de dos salarios mínimos nacionales a los abogados patrocinantes. Como se observa existe una incongruencia en la determinación asumida por la Jueza inferior, puesto que identificó como recusantes a los abogados defensores del demandado para sancionarlos pecuniariamente, sin tomar en cuenta que la multa debió recaer en este último al ser rechazada in limine la recusación.
En ese orden de cosas, se observa que en revisión la Vocal ahora demandada, al pronunciar el Auto de Vista 04/2023, confirmó el rechazo in limine de la recusación interpuesta por Juan Carlos Romero Guzmán, argumentando que la abogada Keila Roca Campos, sí tendría una enemistad manifiesta contra la Jueza recusada, siendo ello a raíz de una denuncia penal ya fenecida, añadiendo que, la Jueza recusada manifestó no existir para su persona dicha enemistad manifiesta; por lo que, al ser este un sentimiento del fuero interno de cada persona, no es posible ingresar a comprobar dicho extremo; de lo descrito se advierte que la Vocal demandada al momento de realizar la revisión de la recusación se avocó a determinar legal y aceptar el rechazo in limine a la recusación realizada por Juan Carlos Romero Guzmán en base a los fundamentos expuestos precedentemente, sin pronunciarse de alguna manera sobre la sanción impuesta a los abogados defensores, existiendo una falta de fundamentación y motivación respecto a la multa impuesta de dos salarios mínimos nacionales que lesiona derechos fundamentales y garantías constitucionales de los accionantes. En el caso de análisis, la Vocal demandada que resolvió en revisión la recusación abdicó de su deber de realizar un control de logicidad. Al afirmar que la enemistad no se puede comprobar por ser un sentimiento del fuero interno, cometió un error fundamental de concepción sobre la prueba de los hechos mentales. Conforme a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la afirmación de la Jueza recusada de que "no tiene enemistad" no es una verdad irrefutable, sino un elemento más a valorar. La prueba no consiste en "ingresar a su fuero interno", sino en analizar los hechos externos objetivos -en este caso, la iniciación de múltiples procesos disciplinarios y penales contra la abogada defensora de una de las partes- y determinar si, de acuerdo a la lógica y las máximas de experiencia, es razonable inferir la existencia de enemistad.
El deber de la Vocal demandada en tal sentido, no era "adivinar" el sentimiento de la Jueza codemandada; sino analizar si la inferencia de "enemistad" a partir de esos hechos empleando las leyes de la lógica; o, verificar si, por el contrario, la justificación de la Jueza (el mero "cumplimiento de un deber") era suficiente para desvirtuar la fuerza de dichos indicios.
Al limitarse a aceptar la afirmación de la Jueza a quo sin someterla a un escrutinio lógico frente a la prueba indiciaria presentada, la Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, incumplió su deber de ejercer el control de logicidad. No verificó si el razonamiento (implícito en la resolución de la Jueza y que ella mismo validó) era lógicamente sostenible. Esta omisión resulta en una falta de motivación y fundamentación, pues se basa en la premisa errónea de la imposibilidad de prueba, eludiendo el análisis racional que le era exigible y tornando su decisión en un acto arbitrario que vulnera el derecho al debido proceso, por lo expuesto, corresponde conceder la tutela impetrada respecto a esta autoridad por ser el último actuado pronunciado que no tiene recurso ulterior para ser impugnado. Otra consideración, si bien los accionantes no fueron los que plantearon la recusación, es evidente que la sanción impuesta por la Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Beni contra sus personas como abogados defensores, les causó lesión a sus derechos invocados, por lo tanto, tendrían legitimación activa para presentar la presente acción de defensa solo en cuanto a lo expuesto en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, como ser la falta de pronunciamiento por parte de la Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, respecto a la multa impuesta de dos salarios mínimos nacionales, ya que como se explicó resulta incongruente rechazar in limine la recusación, sin embargo, la Jueza a quo, aplicó lo preceptuado por el art. 321.V del CPP, para sancionar a los abogados, sin explicar el motivo de su determinación, error que no fue advertido por la Vocal demandada que debió subsanar el yerro en el que incurrió la Jueza inferior. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido en parte la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR en todo la Resolución 019/2023 de 10 de abril, cursante de fs. 193 a 199 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a la Vocal de la Sala Penal del indicado Tribunal, en los mismos términos de la referida Sala Constitucional; y DENEGAR con referencia la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital, conforme lo expuesto en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
1 González Lagier, Daniel. Quaestio facti. Ensayos sobre prueba, causalidad y acción. La referencia alude a las ideas desarrolladas por el autor sobre la prueba indiciaria de los hechos mentales o psicológicos.
2 Taruffo, Michele. La prueba de los hechos. La cita refleja el concepto de "máximas de experiencia" como base para la inferencia probatoria sobre hechos internos, una idea central en la obra del autor.
3 Ferrer Beltrán, Jordi. La valoración racional de la prueba. Se hace alusión a su concepción sobre la motivación fáctica como un instrumento indispensable para el control de la racionalidad del razonamiento probatorio del juez.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0566_2025-S3.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): b5ed0048a41c127f0ffed1550935fc1303fc8eda79c5c1ad755bf43f7d12f20f
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