Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 12 de junio de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia; y, a la educación y permanencia; toda vez que, mediante Resolución de Recurso Jerárquico 290/2022, resolvió confirmar la RA 252/2022 confirmada por la RA 303/2022 de 7 de noviembre; sin la debida fundamentación, motivación y congruencia, ratificando la transgresión de sus derechos. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 075/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 108 a 113 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación a la falta de congruencia denunciada respecto al acápite relativo a la inobservancia del art. 12 del Reglamento Estudiantil de la Universidad Policial “Mcal. Antonio José de Sucre”, manteniendo los alcances establecidos por la referida Sala Constitucional. 2° DENEGAR la tutela impetrada, respecto a los derechos al debido proceso en sus componentes de motivación y fundamentación, a la educación y permanencia, conforme los fundamentos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0565 /2025-S3 Sucre, 12 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencia Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 55139-2023-111-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 075/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 108 a 113 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Guillermo Junior Villazón Chuquimia contra Guillermo Teddy Chacón, Director Nacional de Instrucción y Enseñanza y Rector a.i. de la Universidad Policial (UNIPOL) “Mcal. Antonio José de Sucre”.
Por memoriales presentados el 16 de febrero y 2 de marzo de 2023, cursantes de fs. 66 a 74 y 89 a 93 vta., el accionante refirió que:
El 4 de julio de 2022, se realizó el examen del tercer parcial de la materia de Cálculo I, del primer curso C, donde Franz Pastor Cortes Cruz -docente-, se apartó de la normativa interna que rige en la Academia Nacional de Policías (ANAPOL); pues, realizó preguntas ambiguas y calificó su evaluación de manera subjetiva. Conforme el art. 17 del Reglamento de Evaluaciones de la UNIPOL, el 7 de igual mes y año, solicitó revisión y corrección de calificaciones; empero, fue ratificado por el instructor, con base en el solucionario B de Carol Krisma Mamani Gutiérrez. Como consecuencia de ello, el 13 de julio de 2022, fue notificado con la Resolución Administrativa (RA) 252/2022 de 13 de julio, emitida por el Consejo de la ANAPOL, que dispuso su baja por insuficiencia académica sin derecho a reincorporación, por haber reprobado en dos asignaturas durante el primer semestre de 2022, obteniendo una calificación de 29.50 puntos en la asignatura de cálculo I, menor a 33 que no habilita a segunda instancia. Por lo que, al amparo de los arts. 64 y 65 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-, el 25 de julio del 2022, contra la mencionada determinación, interpuso recurso de revocatoria, reclamando la inobservancia de la normativa interna que regía la ANAPOL, así como la Instructiva SDJE/ANAPOL 005/2022 de 31 de mayo. Emitiéndose la (RA) 303/2022 de 16 de agosto, pronunciada por el Consejo de la ANAPOL, que resolvió confirmar dicho fallo. Finalmente, el 5 de septiembre de 2022, interpuso recurso jerárquico contra la mencionada RA 303/2022; toda vez que, advirtió la vulneración a sus derechos y los efectos que causaron las omisiones en las Resoluciones Administrativas 252/2022 y 303/2022, que no contaban con respuestas fundamentadas, motivadas ni congruentes a los reclamos que realizó sobre la inobservancia a los Reglamentos Estudiantil y de Evaluaciones de la UNIPOL e Instructiva SDJE/ANAPOL 005/2022, que ocasionaron su baja por supuesta insuficiencia académica. El mencionado recurso jerárquico fue resuelto a través de la Resolución de Recurso Jerárquico 290/2022 de 7 de noviembre, que confirmó las referidas resoluciones administrativas, sin resolver sus reclamos y revalidar la transgresión de sus derechos.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia; y, a la educación y permanencia, citando al efecto los arts. 17, 77 I., 82 II. y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo, dejar sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico 290/2022, ordenando a la autoridad demandada emita una nueva, realizando una valoración integral del examen correspondiente al tercer parcial del primer semestre de la materia de Cálculo I de 2022, conforme a todas las observaciones formuladas y, a partir de aquella ponderación sea habilitado para rendir su evaluación de segundo turno en esa materia. Con cuyo resultado de aprobación se disponga su reincorporación a la ANAPOL.
Celebrada la audiencia pública virtual el 19 de abril de 2023, según consta en acta cursante de fs. 103 a 107, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó los argumentos de la acción tutelar y ampliándolos los argumentos de la demanda tutelar, señaló que: a) En el Considerando V numeral 5 -del análisis y fundamentación factico y jurídico al recurso jerárquico-, de la Resolución de Recurso Jerárquico 290/20222, la autoridad demandada respondió que, “…por lo que es menester o [cotejar] el examen final cálculo I del caballero Cadete Villazón Chuquimia Guillermo Junior con el solucionario B por un tercer profesional imparcial en la misma asignatura y especialidad a efectos de garantizar la transparencia y corroborar de los extremos manifestados, de conformidad al art. 17 inc. B) del reglamento de evaluaciones…” (sic). No obstante la respuesta de la autoridad jerárquica -ahora demandada-, confirmó las Resoluciones Administrativas 252/2022 y 303/2022, cuando debió revocar las mismas, disponiendo el cotejo del examen, resultando evidente la contradicción e incoherencia entre la parte considerativa y resolutiva; b) En cuanto a la transgresión del derecho a la educación y permanencia, el demandado, en el segundo punto, realizó una transcripción del art. 17 de la CPE y la SCP 0405/2012 de 20 de junio, y respondió que todas las personas tiene derecho a recibir educación por ser un derecho fundamental; no obstante, sin la debida fundamentación, motivación y congruencia resolvió confirmar las Resoluciones Administrativas impugnadas, transgrediendo los mencionados derechos; c) Sobre la afectación del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación -punto tercero-, en la parte in fine, refirió que cuando una autoridad dicta una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos; sin embargo, la autoridad demandada, confirmó los fallos cuestionados; d) En relación a la motivación y fundamentación de la RA 303/2022 e inobservancia del art. 12 del Reglamento Estudiantil de la UNIPOL, respondió, que revisado el expediente académico, no se evidenció documentos consistentes del docente de la materia Cálculo I para desvirtuar la pretensión formulada; precisamente porque la revisión del su examen fue en base al [solucionario] de otro docente y con diferentes preguntas, de tal forma que se vulneró el art. 20 del Reglamento de Evaluaciones de la UNIPOL y el inc. g) de la Instructiva SDJE/ANAPOL 005/2022; e) Respecto a que en el solucionario B se observa el nombre de Carol Krisma Mamani Gutiérrez; el demandado, dispuso ha lugar a la pretensión demandada; debiendo el Consejo de la ANAPOL motivar y fundamentar respecto a dicha observación; empero, de manera incongruente confirmó las Resoluciones Administrativas 252/2022 y 303/2022; y, f) En cuanto a que la RA 303/2022, sería incongruente entre lo considerado y lo resuelto, alegó que la autoridad competente estaría impelida de contestar y absolver cada una de las alegaciones expuestas; además de ello debe existir una armonía lógica-jurídica entre la fundamentación y valoración efectuada por el Consejo de la ANAPOL; sin embargo, resolvió confirmar las resoluciones administrativas impugnadas. Ante las interrogantes de la Sala Constitucional, en relación a si hubo la revisión de su evaluación por un tercero tal cual dispuso la Resolución Jerárquica 290/2022, señaló que no, es totalmente falso.
Guillermo Teddy Chacón, Director Nacional de Instrucción y Enseñanza y Rector a.i. de la UNIPOL “Mcal. Antonio José de Sucre”, a través de sus representantes en audiencia de garantías, manifestó que: 1) El accionante reprobó en dos materias -teoría de la seguridad con 42.55 puntos y Cálculo I con 29.50-; es decir, que no alcanzó la nota mínima de 33 en la última nombrada, para acudir a una segunda instancia; 2) El art. 11 concordante con el 13 inc. c) del Reglamento de Evaluaciones de UNIPOL, claramente establece que para acceder a una segunda instancia se debe obtener la calificación de 33 puntos; el impetrante de tutela logró el puntaje de 29.50 puntos; empero, no alcanzó a los 33 puntos señalados, motivo por el cual se emitió la resolución de baja por insuficiencia académica del nombrado; y, 3) El solicitante de tutela tuvo la oportunidad de hacer su reclamo en primera y segunda instancia. La realizó únicamente en la última, cuando su nota ya no alcanzaba para acceder al puntaje de 33 puntos, vale decir, dejó precluir su derecho, por cuanto pudo haberlo sentado en el acta de 11 de julio de 2022, en la que suscribió inclusive Franz Pastor Cortez Cruz -docente-, pero no lo hizo, pretendiendo reparar el puntaje a través de este mecanismo de defensa. A la interrogante de la Sala Constitucional, relativo a que si hubo la concurrencia de un tercer profesional para la revisión del examen final del accionante. Donde se encuentra la evaluación que “se supone” debería ser anterior a la Resolución de Recurso Jerárquico 290/2022; a lo cual señaló que, si, efectivamente se ha realizado dicha revisión por Carol Mamani Gutiérrez. “…la misma ha sido adjuntada de la misma parte accionante” (sic).
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 075/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 108 a 113 vta., concedió la tutela impetrada, dejando sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico 290/2022; ordenando la emisión de una nueva resolución sin espera de turno. En tanto ocurra aquello, el accionante debe ser reincorporado a la ANAPOL. Conocida la determinación que corresponda, en su caso ser habilitado a un segundo turno; y, de no corresponder por no haber alcanzado la nota mínima de 33 puntos en la materia de cálculo I, deberá procederse conforme a los Reglamentos Estudiantil y de Evaluación de UNIPOL, acorde a lo desarrollado por la anterior autoridad que emitió la Resolución Jerárquica; todo ello, con base en los siguientes fundamentos: i) La referida Resolución de Recurso Jerárquico 290/2022, en el segundo punto señaló, “’…Por lo que es menester cotejar el examen final-Cálculo 1, del caballero Cadete Villazón Chuquimia Aguilar Junior con el solucionario B, por un tercer profesional imparcial en la misma asignatura o especialidad, a efectos de garantizar la transparencia y corroborar de los extremos manifestados conforme prevé el Art. 17 inciso B del Reglamento de Evaluación…’” (sic), fundamentación y motivación que en el acápite 5.5 creaba cierta duda en la autoridad demandada; empero, podrá advertirse que en la parte resolutiva se resolvió y declaró improbado el recurso jerárquico formulado por el impetrante de tutela y confirmó en todas sus partes la Resolución confutada, situación que devela incertidumbre e incumple el principio de congruencia externa; y, ii) La autoridad demandada logró crear una psiquis que la resolución cuestionada generaba duda, por ello señaló que debe haber un tercero, porque no tenía certeza que el examen final de Cálculo I, así como la evaluación del accionante, no le correspondía al docente revisor del examen, por lo que, obtuvo la calificación de 29.5 puntos, lo que al observar y cotejar los antecedentes, hace que se otorgue la tutela.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante RA 252/2022 de 13 de julio, pronunciada dentro del proceso disciplinario seguido en contra de Guillermo Junior Villazón Chuquimia -impetrante de tutela-, el Consejo de la ANAPOL, dispuso la baja del prenombrado por insuficiencia académica sin derecho a reincorporación del primer curso de formación profesional de la ANAPOL, por haber reprobado en dos asignaturas durante el primer semestre de 2022, obteniendo una calificación de 29.50 en la asignatura de Cálculo I, nota inferior a 33.00, que no lo habilita a segunda instancia (fs. 15 a 16 vta). II.2. Cursa RA 303/2022 de 16 de agosto, a través de la cual el Consejo de la ANAPOL, confirmó en todas sus partes la RA 252/2022 (fs. 34 a 37 vta.). II.3. Por memorial presentado ante el Consejo de la ANAPOL, el 5 de septiembre de 2022, el solicitante de tutela, interpuso recurso jerárquico contra la RA 303/2022, que resolvió confirmar en todas sus partes la RA 252/2022 emitida por la Comisión de Régimen Disciplinario de la citada Academia, solicitando que las referidas resoluciones sean revocadas y en consecuencia se realice una valoración integral del examen correspondiente al tercer parcial del primer semestre de la materia Cálculo I (fs. 39 a 54 vta.). II.4. A través de la Resolución de Recurso Jerárquico 290/2022 de 7 de noviembre, Ricardo Pérez Andrade, entonces Director Nacional de Instrucción y Enseñanza y Rector Universidad policial “Mcal. Antonio José de Sucre”, resolvió declarar improbado el supra citado recurso jerárquico; en consecuencia, confirmó en todas sus partes la “…Resolución Administrativa N° 252/2022 de fecha 13 de julio de 2022, que confirma la Resolución Administrativa N° 303/2022 de 16 de agosto de 2022…” (sic), emitidas por el Consejo de la ANAPOL, mediante las que se dispuso la baja por insuficiencia académica, sin derecho a reincorporación del hoy impetrante de tutela (fs. 55 a 64).
El accionante considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia; y, a la educación y permanencia; toda vez que, mediante Resolución de Recurso Jerárquico 290/2022, resolvió confirmar la RA 252/2022 confirmada por la RA 303/2022 de 7 de noviembre; sin la debida fundamentación, motivación y congruencia, ratificando la transgresión de sus derechos. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La reiterada jurisprudencia constitucional señaló que la fundamentación y motivación que realice una autoridad judicial o administrativa a tiempo de emitir un fallo, debe inexcusablemente exponer con claridad los motivos que sustentaron su decisión, entre otras la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre sostuvo que: “…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimienoto de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.
(…)
Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (las negrillas nos corresponden).
Por su parte, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, respecto a este derecho, precisó que: “…Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados…” (las negrillas son nuestras).
La SC 0486/2010-R de 5 de julio, señaló que el principio de congruencia se configura como: “…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.
(…) El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia” (las negrillas y subrayado nos pertenecen). Entendimiento reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0255/2014 de 12 de febrero y 0704/2014 de 10 de abril. Asimismo, la SCP 1083/2014 de 10 de junio, expresó que: “….desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (las negrillas son nuestras).
Del desarrollo jurisprudencial descrito en el presente caso, y la revisión y cotejo de los antecedentes que cursan en el expediente, se evidencia que, a través de la RA 252/2022 de 13 de julio, pronunciada dentro del proceso disciplinario seguido contra Guillermo Junior Villazón Chuquimia -impetrante de tutela-, el Consejo de la ANAPOL, dispuso la baja del prenombrado, por insuficiencia académica sin derecho a reincorporación del primer curso de formación profesional de la ANAPOL, por haber reprobado en dos asignaturas durante el primer semestre de 2022, obteniendo una calificación de 29.50 en la asignatura de Cálculo I, nota inferior a 33.00, que no lo habilitó a segunda instancia (Conclusión II.1).
Interpuesto el recurso de revocatoria contra el referido fallo, el Consejo de la ANAPOL, mediante RA 303/2022 de 16 de agosto, confirmó en todas sus partes la RA 252/2022 (Conclusión II.2.). En virtud a lo cual, por escrito presentado ante el referido Consejo el 5 de septiembre de 2022, el accionante interpuso recurso jerárquico contra dicha determinación, solicitando que las referidas Resoluciones sean revocadas y en consecuencia se realice una valoración integral del examen correspondiente al tercer parcial del primer semestre de la materia Cálculo I (Conclusión II.3). Pronunciándose en consecuencia, la Resolución de Recurso Jerárquico 290/2022 de 7 de noviembre, a través de la cual, Ricardo Pérez Andrade, entonces Director Nacional de Instrucción y Enseñanza y Rector de la UNIPOL “Mcal. Antonio José de Sucre”, resolvió confirmar en todas sus partes la “…Resolución Administrativa 252/2022 de fecha 13 de julio de 2022, que confirma la Resolución Administrativa N° 303/2022 de 16 de agosto de 2022…” (sic), emitidas por el Consejo de la ANAPOL, mediante las que se dispuso la baja por insuficiencia académica, sin derecho a reincorporación del hoy impetrante de tutela (Conclusión II.4). Así establecidos los antecedentes procesales, se advierte que el accionante cuestionó la Resolución de Recurso Jerárquico 290/2022, denunciando falta de fundamentación, motivación y congruencia en el mismo, entre otros aspectos; en ese marco, corresponde verificar los argumentos expresados en su recurso jerárquico, para así determinar si estos fueron considerados o no por el entonces Director Nacional de Instrucción y Enseñanza y Rector de la UNIPOL “Mcal. Antonio José de Sucre” a tiempo de emitir su decisión:
a) Fundamentos del recurso de revocatoria. Ante la injusta determinación de separarlo de la ANAPOL, reclamó la inobservancia del art. 12 inc. m) del Reglamento Estudiantil de la UNIPOL; habiendo identificado claramente la transgresión del art. 20 del Reglamento de Evaluaciones de dicha unidad académica, que señala, que ningún docente podrá calificar a los estudiantes, basado en un sistema de evaluación que no estuviere contemplado en dicho reglamento;
b) Se vulneró su derecho a la educación y permanencia; toda vez que, la RA 252/2022, carece de motivación y fundamentación a partir de la evaluación subjetiva en el examen correspondiente al tercer parcial del primer semestre, confluyendo en la separación de la unidad académica de pregrado;
c) La RA 252/2022, se limitó a mencionar el informe de la Sub Dirección y Jefatura de estudios que contiene la relación nominal de quienes reprobaron el examen de segundo turno en los distintos cursos y asignaturas, transcribió preceptos normativos sin exponer cual el motivo de su baja de la unidad académica. Peor aún, en la parte resolutiva se expresó taxativamente que su baja se debió a la reprobación de dos asignaturas durante el primer semestre de 2022, lo que es incongruente; puesto que, en la parte final solamente se mencionó a la asignatura de Cálculo I y la nota de 29.50 que es menor a 33.00;
d) Se transgredió el derecho a la petición y a la defensa, por cuanto no obtuvo respuesta oportuna por parte de la Sub Dirección y Jefatura de Estudios -se entiende de ANAPOL-, al memorial por el que se solicitó el acta de revisión de su examen al tercer parcial de la asignatura de Cálculo I; documento necesario para formular su recurso de revocatoria; empero, no obtuvo respuesta objetiva;
e) Se restringió su derecho a la educación y permanencia, al haberle planteado una evaluación subjetiva y haber omitido distintos aspectos en su calificación, lo que conllevó a reprobar la asignatura por la vulneración continúa de su nota a partir de la revisión en plena inobservancia del principio de objetividad, tampoco se cumplió con lo esencial de la evaluación plasmada en la normativa interna de UNIPOL;
f) No se observó el principio pro actione ya que se obró de manera arbitraria al plantear un examen subjetivo, calificar sin considerar el procedimiento realizado por su persona y ratificar la nota que obtuvo, para tomar la decisión de separarlo de la Unidad Académica, por la supuesta reprobación en la materia de Cálculo I.
g) En cuanto a los fundamentos del recurso jerárquico, la RA 303/2022, emitida por el Consejo de la ANAPOL, no cumple con una debida motivación, fundamentación y congruencia, aspecto que recae en la carente objetividad de las respuestas que se brindó a sus agravios expresados de manera concreta y fundada. Pues, el fallo, solo muestra una transcripción de los puntos reclamados en su recurso de revocatoria, sin resolver lo demandado, incumpliendo los requisitos de fondo y forma que debe contener toda resolución. Por cuanto, en su recurso de revocatoria reclamó la inobservancia del art. 12 del Reglamento Estudiantil de la UNIPOL, bajo el argumento que el planteamiento del examen correspondiente al tercer parcial del primer semestre de la materia de Cálculo I, no respondió a los criterios exigidos como normas básicas. Que, el examen no fue simple ni práctico, así como el tiempo para desarrollar la evaluación. Así mismo hizo notar de manera objetiva las omisiones en la calificación del examen, detallando las observaciones a cada pregunta; aspectos que no merecieron pronunciamiento por el Consejo de la ANAPOL.
Al reclamo de falta de motivación y fundamentación de la Resolución que dispuso su retiro de la ANAPOL, bajo el infundado argumento de insuficiencia académica, solo se mencionó el informe de la Sub Dirección y Jefatura de Estudios y ciertos conceptos legales, sin exponer de manera clara el motivo de su baja; además, en la resolución de primera instancia, se expresó que su baja se debe a la reprobación de dos asignaturas, lo cual sería incongruente con la parte resolutiva que refiriere a la materia de Cálculo I, y que la nota 29.50 es menor a 33.00; sin señalar una segunda materia. Reclamo que tampoco consignó una respuesta concreta. En relación a la vulneración de su derecho a la petición, denunció que su solicitud de revisión del examen del tercer parcial de la matera de Cálculo I, no mereció respuesta alguna, aspecto que impidió fundamentar su defensa, situación que no fue considerada mediante la RA 252/2022. En su recurso de revocatoria solicitó tomar en cuenta el principio pro actione, ante la duda razonable que generó la calificación de su examen correspondiente al tercer parcial del primer semestre de la materia de Cálculo I, sin merecer respuesta. Por otro lado, en el marco del control difuso de constitucionalidad, pidió se restituya su derecho académico y se revise el examen de la referida asignatura, para que con su resultado se le habilite a la evaluación de segunda instancia, reclamo que no mereció respuesta; h) La RA 303/2022, carece de congruencia interna y externa; pues, si bien realizó la transcripción de los agravios expuestos en su recurso de revocatoria, el acápite en el que se otorga respuesta, no guarda relación con lo planteado, limitándose a invocar ciertos preceptos normativos para finalmente confirmar la Resolución que dispuso su baja de la ANAPOL; e, i) Las Resoluciones Administrativas 252/2022 y 303/2022 del Consejo de la ANAPOL, transgreden sus derechos a la educación y permanencia siendo carentes de motivación y fundamentación; pues, en ellas no se valoró su desenvolvimiento en el examen inherente al tercer parcial del primer semestre de la materia de Cálculo I, siendo un acto arbitrario que desencadenó en su separación de la unidad académica, decisión que fue confirmada en resolución de revocatoria que no tomó en cuenta dicho reclamo.
De acuerdo al principio de pertinencia, la cuestionada Resolución de Recurso Jerárquico, debe circunscribirse necesariamente a los argumentos que contiene el recurso jerárquico interpuesto por el peticionante de tutela, descrito precedentemente; en ese entendido, a efectos de analizar si el mencionado fallo es congruente y abarca la debida fundamentación y motivación, corresponde conocer los razonamientos esgrimidos que lo sustentan: 1) En cuanto a la inobservancia del art. 12 del Reglamento Estudiantil de la UNIPOL. Revisado el expediente “…cursa, examen SEMESTRE PRIMERO, PARCIAL TERCERO, de fecha 4 de julio de 2022 de `MATERIACALCULO I’ del C.C. VILLAZON CHUQUIMIA GUILLERMO JUNIOR, se puede evidenciar: ‘…en la PRIMERA pregunta, la asignación de 0.5%, sin embargo el impetrante alega que debería asignar 10%; En la SEGUNDA pregunta, manifiesta que no se me considera el procedimiento (…) ni el resultado alcanzado por mi persona, puesto que en comparación con el solucionario, lleg[ó] al MISMO RESULTADO, en este caso por lo menos se me debería asignar un 15%. (…) En la pregunta CUARTA, solamente se me asigna 1%, sin valorar el desarrollo realizado, caso similar de la QUINTA pregunta. Por lo que es menester cotejar el Examen Final – Calculo I, del C.C. VILLAZON CHUQUIMIA GUILLERMO JUNIOR, con el solucionario B, por un tercer profesional imparcial en la misma asignatura y/o especialidad a efectos de garantizar la transparencia y corroborar de los extremos manifestados de conformidad al Art. 17 inc. b) del Reglamento de Evaluación (sic [énfasis añadido]);
2) De acuerdo con el art. 115.II de la CPE, toda resolución administrativa necesariamente debe ser motivada y fundamentada, respetando además el principio de congruencia que se constituye en componente de la garantía del debido proceso y exige plena coherencia y concordancia entre la parte considerativa y la dispositiva de una resolución;
3) En cuanto a la vulneración del derecho a la petición, revisado el expediente, “…la ACTA DE CONCLUSIÓN DE REVISIÓN DE EVALUACIÓN DEL TERCER PARCIAL DE LA MATERIA DE C[Á]LCULO I; que refiere: ‘En cumplimiento a: hoja de tramite No. 2814 en la ciudad de La Paz, en fecha 11 de junio de 2022 años, a hrs. 15:00 a solicitud de C.C. VILLAZON CHUQUIMIA GUILLERMO JUNIOR (…) SE CONCLUY[Ó] CON LA REVISIÓN DE EVALUACIÓN DEL TERCER PARCIAL en la Asignatura de C[Á]LCULO I, revisión realizada por el Docente FRANZ PASTOR CORTEZ CRUZ, el puntaje asignado (9) (…) por lo que se cumplió conforme el Art. 17 inc. b) del Reglamento de Evaluación de la Universidad Policial; Sin embargo con referencia a la RESPUESTA DE LA SUB DIRECCIÓN Y JEFATURA DE ESTUDIOS, se extraña en obrados por lo que HA LUGAR SU PRETENSIÓN PLANTEADA, toda vez que, el derecho a la petición se encuentra reconocido en el art. 24 de la CPE…’”
4) Respecto a la afectación del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, “…AL RESPECTO. - El impetrante se deberá ajustar a la respuesta AL PUNTO PRIMERO, Sin embargo, es menester resaltar el Art. 12° EVALUACIÓN EN EL NIVEL PREGRADO que señala: a) La Escala de valoración es de 1 a 100 puntos ….
5.2. Ahora bien, con referencia (…) el nombre de Ing. Carol Krisma Mamani Gutiérrez, AL RESPECTO.- Revisado el expediente académico (…), SOLUCIONARIO ‘B’, que en su parte inferior derecho registra Ing. Carol Krisma Mamani Gutiérrez, empero revisado la Resolución Administrativa No. 303/2022 de fecha 16 de agosto de 2022; (…) no se evidencia la manifestación por el Consejo Académico, con referencia a la pretensión demandada por el ahora impetrante, HA LUGAR A SU PRETENSIÓN PLANTEADA, por lo que, el Consejo Académico deberá MOTIVAR Y FUNDAMENTAR, con referencia a la observación. 5.3. Ante mi reclamo de la falta de motivación y fundamentación de la resolución administrativa por la que se me retira de la Academia Nacional de policías (…). AL RESPECTO. - Revisado el expediente académico a fs. 12 a 14 de obrados cursa, Informe N° 54/2022 de fecha 12 de julio de 2022 (…) con referencia nómina de Damas y Caballeros Cadetes que no alcanzaron la nota mínima de aprobación, se puede evidenciar en el cuadro (…) demostrativo en No. 3.-VILLAZON CHUQUINMIA GUILLEROM JUNIOR, MATERIA TEORÍA DE LA SEGURIDAD NOTA 4,55, CALCULO I, NOTA, 29,50, CURSO PRIMERO ‘B’. 5.4. Ante mi reclamo relacionado a la vulneración de mi derecho a la petición (…). AL RESPECTO. - El impetrante se deberá ajustar a la respuesta AL PUNTO CUARTO. 5.5. (…) AL RESPECTO. - con referencia al principio pro actione, revisado el expediente (…) cursa, respuesta AL SEXTO PUNTO, dentro de la Resolución Administrativa N° 303/2022, (…) toda vez que ha sido respondido de forma motivada y fundamentando sobre su pretensión planteada por lo que no existe vulneración de derecho” (sic);
5) Respecto a la congruencia la autoridad competente esta impelida de contestar y absolver cada una de las alegaciones, debiendo existir armonía lógica-jurídica entre la fundamentación y valoración efectuadas y el decisum; por lo que, el Consejo de la ANAPOL deberá observar la congruencia, motivación y fundamentación; y,
6) En relación al derecho a la educación y permanencia, el impetrante al momento de ingresar a la ANAPOL, tenía pleno conocimiento de sus normas legales y reglamentos internos vigentes que rigen en una universidad de régimen especial, en ese entendido no puede alegar su desconocimiento con pretexto de vulneración de su derecho a la educación.
Asi establecidos los antecedentes del caso en cuestión, corresponde precisar, que conforme se tiene reflejado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, toda autoridad que pronuncie una resolución, debe imprescindiblemente fundamentar la misma, exponiendo a tal efecto los hechos a través del desarrollo de los antecedentes que dieron lugar al recurso formulado, citando los preceptos legales sustantivos y adjetivos en los que basa la determinación asumida, justificando su decisión judicial; así como la expresión de una serie de razonamientos lógico-jurídicos que la llevaron a concluir que el acto concreto se ajusta a la hipótesis normativa, lo que significa hacer saber al afectado los motivos del procedimiento respectivo; ya que, solo así estará en aptitud de defenderse como estime pertinente. Bajo ese entendimiento jurisprudencial, del contraste de los fundamentos esgrimidos en la Resolución de Recurso Jerárquico 290/2022, si bien establece una estructura de forma absolviendo a los agravios relativos a la transgresión del derecho a la educación y permanencia, la afectación del debido proceso en sus componentes de motivación, fundamentación y congruencia en las Resoluciones Administrativas 252/2022 y 303/2022, así como la transgresión de principio pro actione. Empero, con referencia a la inobservancia del art. 12 del Reglamento Estudiantil de la UNIPOL, sostuvo que: “…es menester cotejar el Examen Final – Calculo I, del C.C. VILLAZON CHUQUIMIA GUILLERMO JUNIOR, con el solucionario B, por un tercer profesional imparcial en la misma asignatura y/o especialidad a efectos de garantizar la transparencia y corroborar de los extremos manifestados de conformidad al Art. 17 inc. b) del Reglamento de Evaluación (sic [énfasis añadido]). Razonamiento que ciertamente no guarda relación con la parte dispositiva del fallo cuestionado; toda vez que, el mismo resuelve: “PRIMERO. - Declarar IMPROBADA EL RECURSO JERÁRQUICO plantead[o] por el C.C VILLAZON CHUQUIMIA GUILLERMO JUNIOR (…) contra las Resoluciones Administrativas N° 303/2022 y 252/2022, por los fundamentos expuestos. SEGUNDO. - CONFIRMAR, en todas sus partes la Resolución Administrativa N° 252/2022 de fecha 13 de julio de 2022, que confirma la Resolución Administrativa N° 303/2022 de 16 de agosto de 2022, ambas emitidas por el consejo de la Academia Nacional de Policías (ANAPOL), venidas en grado de Recuso Jerárquico…(sic).
De manera que, bajo dicha relación, se advierte que la parte considerativa -referencia a la inobservancia del art. 12 del Reglamento Estudiantil de la UNIPOL-, no guarda relación con los efectos de la parte resolutiva o dispositiva de la Resolución de Recurso Jerárquico 290/2022. Por consiguiente, el fallo confutado, no cumplió con los lineamientos establecidos por la jurisprudencia constitucional descrita en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, prescribiendo que la congruencia se concibe como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; es decir, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; por ello, la falta de relación entre lo solicitado y lo dispuesto, contradice dicho principio procesal; en vista de que, toda resolución debe responder a la petición de las partes y la enunciación de agravios denunciados. y en relación a la congruencia interna que, toda resolución es comprendida como una unidad congruente, en la que se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de estos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva, evitando que en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la decisión. En ese marco, es evidente que existió lesión al derecho al debido proceso en su componente de congruencia interna en relación al acápite relativo a la inobservancia del art. 12 del Reglamento Estudiantil de la UNIPOL; constituyéndose por tal motivo, en una resolución arbitraria. Finalmente, el accionante manifiesta que se lesionó los derechos a la educación y permanencia; empero, más allá de ser enunciados, no expresó argumentos claros y precisos para ser considerados por este Tribunal; por lo que, corresponde la denegatoria de tutela sobre los mismos. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 075/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 108 a 113 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación a la falta de congruencia denunciada respecto al acápite relativo a la inobservancia del art. 12 del Reglamento Estudiantil de la Universidad Policial “Mcal. Antonio José de Sucre”, manteniendo los alcances establecidos por la referida Sala Constitucional. 2° DENEGAR la tutela impetrada, respecto a los derechos al debido proceso en sus componentes de motivación y fundamentación, a la educación y permanencia, conforme los fundamentos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0565_2025-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7b6f663592fcac1de779f70c24e155bb2828b9fd03b4e124fac67acc043bf4ea
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