B.IA.LEGAL

SCP 0565/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 18 de septiembre de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
18 de septiembre de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
49576-2022-100-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante considera vulnerados sus “derechos y garantías”, por parte de Edgar Jorge Siles Pabón y Brígida Oriettha Serrudo Cazzia, abogado y psicóloga, ambos del Equipo Interdisciplinario de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Macro Distrito San Antonio del GAM de La Paz, quienes incurrieron en incumplimiento de deberes y de “..Resoluciones emitidas por autoridad jurisdiccional…” (sic), al otorgar la guarda de su hija menor a su padre, desconociendo la Resolución 181/2022 de 4 de mayo, que dispuso la guarda de su hija menor a su favor, por lo que restableciendo las “formalidades legales”, pide se ordene a la DNA, la restitución de la guarda de la menor NN. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada: a) Naturaleza de la acción de libertad; b) De la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El rol de protección de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia; y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud a la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 260/2022 de 6 de agosto, cursante de fs. 27 a 28 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur del departamento de La Paz; y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad
  2. III.2. De la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El rol de protección de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0565/2024-S1 Sucre, 18 de septiembre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 49576-2022-100-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 260/2022 de 6 de agosto, cursante de fs. 27 a 28 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lizeth María Quispe Vera contra Edgar Jorge Siles Pabón y Brígida Oriettha Serrudo Cazzia, abogado y psicóloga, respectivamente, ambos del Equipo Interdisciplinario de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del Macro Distrito San Antonio del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 5 de agosto de 2022, cursante de fs. 5 a 7, la parte accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Como antecedente se tiene que, el 4 de agosto de 2022, se encontraba recogiendo a la menor de edad NN de la Unidad Educativa Naciones Unidas; momento en el cual, la profesora del curso le habría indicado que su hija no completo su tarea, donde de manera sorpresiva apareció el padre de su hija “..el mismo que se desentendió durante más de cinco años, olvidándose que tiene una hija” (sic), pretendiendo acercarse a su hija con la única finalidad de no cumplir con la asistencia familiar impuesta por el Juzgado de Familia Decimo de la Capital del departamento de La Paz, que le habría otorgado la guarda y custodia legal, por Resolución 181/2022 de 4 de mayo, disponiendo que las visitas del padre serían los domingos, a horas 15:00, mediante Escuela de Padres, “…lo cual el progenitor jamás cumplió…” (sic); así también, se solicitó “…garantías unilaterales en favor de la madre por ser agresivo y acosarla por vía teléfono y de forma física, las veces que la encontraba y que por temor jamás denuncio debido a las amenazas vertidas por este.” (sic). Es así que, “sorprende que en fecha 04 de agosto al aparecer en puertas del colegio de manera sorpresiva la madre le comunica el reclamo de la profesora respecto a su rendimiento escolar, a lo cual el señor Luis Achu responde dirigiéndose a la niña textual “Hijita mandales (…) no les hagas caso, si no quieres hacer tarea no lo hagas que te aplacen si quieren, haz lo que quieras” demostrando de esa manera su negligencia con la educación de la menor e instándole a ir en contra de su madre”; así también, se tiene que al promediar las 14:30, fue interceptada por el progenitor y dos policías de la EPI de San Antonio, llevándose a la menor NN, “…momentos más tarde recibe una llamada del personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de San Antonio, donde se apersona para explicar lo sucedió, pero la Lic., Brígida Serrudo no la deja hablar, interpreta a su manera la explicación que la madre vierte al señalar que el padre estaría actuando de esa manera por evitar el pago de una asistencia familiar a lo que responden que eso no les importa, ella explica que el padre jamás ayudo en la manutención de la niña y que ella aun sin tener las condiciones necesarias cumple con su rol de madre, lo cual fue mal interpretado por la Defensoría, señalando que la madre estaría renunciando a su maternidad (…) haciendo caso omiso (…) a la existencia de una SENTENCIA EMITIDA POR AUTORIDAD JURISDICCIONAL, pasando por alto dicha autoridad realizan la entrega de la niña a un padre violento que tiene problemas de ira y tendencias pornográficas, que fue el motivo de la separación…” (sic). Asimismo, señalan en su contra una supuesta violencia física y psicológica sin existir un certificado médico forense. Considera lesionados sus derechos como madre al encontrarse amenazada por el padre de la menor NN y la familia de este, y ante la negligencia de la DNA de San Antonio del departamento de La Paz, por no respetar la Resolución 181/2022, vulnerando de esa forma sus “derechos y garantías constitucionales” (sic).

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La parte impetrante de tutela denunció la lesión de sus “derechos y garantías tanto de la madre como de la menor” (sic), citando al efecto los arts. 22, 58 59, 60, 115, 119.I y 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, y se ordene a los ahora demandados, la restitución de la menor NN, en cumplimiento de la Resolución 181/2022 de 4 de mayo de 2022, emitida por el Juzgado de Familia Decimo de la Capital del departamento de La Paz, que otorga la guarda y custodia legal de la menor en favor de la madre y sea “…a efectos de no incurrir en delito de incumplimiento de deberes e incumplimiento a resoluciones de autoridad jurisdiccional” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 6 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 21 a 26, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante, a través de sus abogados, ratificó íntegramente el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliándolo el mismo manifestó que: a) Lo sucedido en la DNA de San Antonio “…convergen todos estos elementos fácticos desarrollados en una imprecisión de procesamiento contra la madre, la cual derivó en la privación del derecho a la guarda que tiene la mama en cuestión; b) Se vulnero los derechos de la menor de igual manera, no habiendo desarrollado la DNA, “…una valoración integral para determinar la guarda en favor del papá” (sic) y dado que la acción de libertad “es la potestad jurídica de una persona individual que cuide o que va pedir ante su autoridad, reclamamos la tutela de la vida, una persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales” (sic); c) La pretensión, en este caso, “…se resume en que su autoridad conceda esta acción de libertad, ordene la restitución de la menor de iniciales ZAAQ, en cumplimiento de la Sentencia 118/2022 de fecha 4 de mayo, emitido por Juez Público Décimo de Familia” (sic) y ordene al personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Macro Distrito de San Antonio cumplan en el día aquella restitución de la menor mencionada, todo de conformidad a que esta pretensión está establecida en el art. 24 de la CPE” (sic); y, d) Se otorgo la guarda al padre, por parte de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, “por la simple mención de que él no tiene ninguna denuncia” (sic), otorgando la guarda, “sin tener la tuición o autoridad, sobrepasando autoridad jurisdiccional, otorgándole guarda sin siquiera haber hecho -la Defensoría- una visita al domicilio o entorno para saber a qué persona se está entregando a la niña, pues si bien el Equipo Multidisciplinario de Juzgado no le ha entregado la guarda al padre es por esas razones” (sic). Concluyó indicando que por estas consideraciones y acudiendo al principio de celeridad, presentaron la acción de libertad de autos.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Edgar Jorge Siles Pabón y Brígida Oriettha Serrudo Cazzia, abogado y psicóloga, respectivamente ambos del Equipo Interdisciplinario de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Macro Distrito San Antonio del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en audiencia, manifestaron que: 1) La DNA tomó conocimiento del caso, momento en el cual el personal policial vino a la oficina con la menor NN “…con la carita y las fosas nasales llenas de sangre, cabello despeinado y parte de su ropa mojada. En ese momento se tomó contacto con la Lic. Serrudo quien realizó acciones para contener a la menor ya que estaba en un llanto tremendo, quien indicaba posteriormente que es su madre la que le ha golpeado y si bien la Doctora que antecedió, que choco con un objeto, pero no identifica que objeto y que directamente va a las fosas nasales pero estaba despeinada...”

(sic); posteriormente “…después de una hora y media de contención con la niña, se llegó a establecer que fue golpeada por la madre y esta niña repetía, yo no quiero irme a una casa hogar, teniendo miedo de entrar a la Defensoría…” (sic); sin embargo, pese a ello y a las insistentes llamadas a la madre de la menor NN, no se presentó a las instalaciones de la DNA; 2) Aproximadamente a las 16:45 la madre de la menor se presentó junto a su abogada en instalaciones de la DNA, de forma prepotente, indicando que la custodia de la niña le corresponde, por Resolución 181/2022, “…por lo cual hago conocer a su autoridad que la Defensoría no da guarda sino es un acogimiento circunstancial, unas medidas de protección a la menor, si bien los anteriores colegas refieren que se vulneraron los derechos de la niña, yo diría lo contrario, se está protegiendo el derecho de la niña, porque es salvarle de una persona que le estaba agrediendo física y psicológicamente, en la valoración psicológica se va poder evidenciar de esta niña ha sido sujeta a violencia sistemática por la progenitora…” (sic); 3) La DNA, de acuerdo a la norma establecida en el Código Niño, Niña y Adolescente y los convenios internacionales de protección al interés superior de la niña, realizo la denuncia a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) que realizó la verificación; y, 4) La DNA no da guarda sino que da protección y acogida temporal para que la autoridad competente, luego de pruebas y estudios necesarios, defina si se restituye la guarda de los menores a los padres; en el caso, la menor NN se encontraba inestable y de acuerdo a informe psicológico presenta un daño físico y psicológico, concluyendo que la asistencia familiar con el padre, es un problema aparte; por todo lo cual, pidieron denegar la tutela.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 260/2022 de 6 de agosto, cursante de fs. 27 a 28 vta., denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes fundamentos: i) El art. 125 de la CPE establece la posibilidad de presentar la acción de libertad, pudiendo interponer por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier Juez o Tribunal competente en materia penal y solicitar que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad; en tal sentido, la acción de libertad tiene presupuestos en los cuales procede su interposición; en el presente caso, la ahora accionante interpone acción de libertad señalando, en lo principal, que “…se está vulnerando el derecho a tener la guarda del menor, en absoluto se ha hecho referencia, por parte de la accionante, si de por medio está en riesgo la vida del accionante, si esta la accionante indebidamente procesada” (sic); por el contrario, únicamente hace referencia de tener la guarda de la menor, sin hacer alusión inclusive a alguna disposición constitucional que establezca algún derecho a ser reparado por la vía de la acción de libertad; ii) En tal sentido, no se acredito que la vida de la ahora peticionante de tutela esté en peligro, que esté ilegalmente perseguida, que esté indebidamente procesada o que esté privada de su libertad personal; por el contrario, únicamente hizo mención a que la DNA de San Antonio habría realizado actuaciones arbitrarias sin respetar una resolución de guarda de la menor que habría determinado en favor de su persona; y, iii) En tales circunstancias, se ve la imposibilidad de ingresar al análisis de la problemática; la Defensoría dio a conocer la existencia de violencias en contra de la menor NN que ya fue denunciada ante la instancia pertinente; en estos casos, prima el derecho de protección de los menores, pero, no se va a derivar el caso al Ministerio Público al estar ya con un caso aperturado; sin embargo, de lo señalado anteriormente, “la presente acción es plenamente inviable” (sic). Por todo ello, la acción de libertad fue denegada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de antecedentes cursantes en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Resolución 181/2022 de 4 de mayo, dentro proceso de divorcio entre Lizeth María Quispe Vera, -ahora accionante- contra Luis Felipe Achu Ticona, se declaró disuelto el vínculo matrimonial entre ambos; en el cual, habiéndose demostrado que el demandado es socio de una asociación de radiotaxis, se dispone el pago de asistencia familiar en la suma de Bs900.-(novecientos bolivianos) y “…con relación a la guarda y custodia de la menor sea en favor de la madre…” (sic), debiendo el progenitor cubrir el 50% de los gastos extraordinarios que requiera la menor (fs. 3 a 4 vta.). II.2. Cursa Informe Psicológico CITE SMDS/DDM/UDIF-PAIF-D-4/INF PSI 92/2022 de 5 de agosto, en el cual, se establece que la menor de edad NN fue agredida físicamente por parte de su madre; por el cual, refirió textualmente que:

“…me di un golpe en la cara con su mano y me salió sangre de la nariz me ha dicho tanto quieres irte con tu papá es pues ándate y me ha botado de la casa yo estaba afuera no sabía que hacer estaba con sangre y me ido a la tienda de ahí y le dicho al señor que atiende que me lo busque por Facebook a mi papa que se llama Luis h y de ahí atrás apareció mi papá con dos policías ellos me han dado mucho miedo porque mi mama me decía que si me voy con mi papa y el me va dejar con unos policías en un lugar en un albergue y yo no quiero ir ahora yo quiero estar con mi papa por lo quiero mi mama me pega y no quiero estar con ella me da mucho miedo.” (fs. 17 a 19). II.3. Por Formulario Único de Denuncia (FUD) Código 201103052202238 de 5 de agosto de 2022; por el que, se establece la denuncia verbal contra la ahora peticionante de tutela, presentada en la FELCCV por el presunto maltrato y violencia en contra de la menor NN que al mismo tiempo es la denunciante (fs. 20).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante considera vulnerados sus “derechos y garantías”, por parte de Edgar Jorge Siles Pabón y Brígida Oriettha Serrudo Cazzia, abogado y psicóloga, ambos del Equipo Interdisciplinario de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Macro Distrito San Antonio del GAM de La Paz, quienes incurrieron en incumplimiento de deberes y de “..Resoluciones emitidas por autoridad jurisdiccional…” (sic), al otorgar la guarda de su hija menor a su padre, desconociendo la Resolución 181/2022 de 4 de mayo, que dispuso la guarda de su hija menor a su favor, por lo que restableciendo las “formalidades legales”, pide se ordene a la DNA, la restitución de la guarda de la menor NN. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada: a) Naturaleza de la acción de libertad; b) De la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El rol de protección de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad

Los fundamentos jurídicos que siguen, fueron emitidos, inicialmente, en la SCP 598/2022-S1 de 15 de junio, reiterado en forma textual por la SCP 0950/2023-S1 de 24 de agosto y, en sus nueve primeros párrafos, por la SCP 597/2022-S1 de 14 de julio. En relación al presente punto, previo a referirnos a la normativa que rige la acción de libertad, es preciso hacer una reseña de los antecedentes de su origen; en tal sentido, siguiendo lo referido por Ciro Añez Nuñez, Sorayda Santiago Salame y otros en la obra Código Procesal Constitucional de Bolivia. Doctrina, Jurisprudencia Constitucional y Legislación Comparada; se tiene que, el 11 de enero de 1931 a través del referéndum constitucional se propuso incluir en la Constitución -entre otros- un mecanismo de protección de los ciudadanos denominado habeas corpus el cual se accionaba contra los arrestos, detenciones y procedimientos ilegales; posteriormente, con la reforma constitucional de 1938, la incorporación del indicado recurso fue materializado estableciendo expresamente que:

“Artículo 8.- Toda persona que creyere estar indebidamente detenida, procesada o presa, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, con poder notariado o sin él, ante la Corte Superior del Distrito o ante el juez de partido, a elección suya, en demanda de que se guarden las formalidades legales. La autoridad judicial decretará inmediatamente que el individuo sea conducido a su presencia y su decreto será obedecido, sin observación ni excusa, por los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, la autoridad judicial decretará la libertad, hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del juez competente dentro de las veinticuatro horas. La decisión que se pronuncie dará lugar al recurso de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia, recurso que no suspenderá la ejecución del fallo. Los funcionarios públicos o personas particulares que resistan a las decisiones judiciales, en los casos previstos por este Artículo, serán reos de atentado contra las garantías constitucionales, en cualquier tiempo, y no les servirá de excusa el haber cumplido órdenes superiores”.

Posteriormente, con la reforma constitucional de 1967, se estableció la posibilidad de acudir ante un juez instructor, la prohibición de suspensión de la audiencia, la rebeldía del demandado, la revisión de la decisión por la Corte Suprema de Justicia y la sanción de la autoridad que incumpla conforme manda el procedimiento constitucional. Luego, con la reforma constitucional de 1994 con la creación del Tribunal Constitucional se determinó que el mismo se encargaría de la revisión de la sentencia emitida.

El 7 de febrero de 2009 con la puesta en vigencia de la nueva Constitución Política del Estado se estableció varias modificaciones que inclusive incluyó el cambio de denominación, pasando de recurso de hábeas corpus a acción de libertad, además de ampliar su ámbito de protección, estipulando de esta manera:

“Artículo 125. Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad” (las negrillas son nuestras).

Por su parte el Código Procesal Constitucional con referencia a esta acción de defensa estableció:

“Artículo 46.- (Objeto). La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, 1 Constitución Política del Estado 1967 haciendo referencia al recurso de hábeas corpus en su art. 18 determinó: “Toda persona que creyere estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada o presa podrá ocurrir, por sí o por cualquiera a su nombre, con poder notariado o sin él, ante la Corte Superior del Distrito o ante cualquier Juez de Partido a elección suya, en demanda de que se guarden las formalidades legales. En los lugares donde no hubiere Juez de Partido la demanda podrá interponerse ante un Juez Instructor.

La autoridad judicial señalará de inmediato día y hora de audiencia pública, disponiendo que el actor sea conducido a su presencia. Con dicha orden se practicará citación personal o por cédula en la oficina de la autoridad demandada, orden que será obedecida sin observación ni excusa, tanto por aquella cuanto por los encargados de las cárceles o lugares de detención sin que éstos una vez citados, puedan desobedecer arguyendo orden superior.

En ningún caso podrá suspenderse la audiencia. Instruida de los antecedentes, la autoridad judicial dictará sentencia en la misma audiencia ordenando la libertad, haciendo que se reparen los defectos legales o poniendo al demandante a disposición del juez competente. El fallo deberá ejecutarse en el acto. La decisión que se pronuncie se elevara en revisión, de oficio, ante la Corte Suprema de Justicia en el plazo de veinticuatro horas, sin que por ello se suspenda la ejecución del fallo.

Si el demandado después de asistir a la audiencia la abandona antes de escuchar la sentencia, ésta será notificada válidamente en estrados. Si no concurriere, la audiencia llevará a efecto en su rebeldía y, oída la exposición del actor o su representante, se dictará sentencia.

Los funcionarios públicos o personas particulares que resistan las decisiones judiciales, en los casos previstos por este Artículo, serán remitidos, por orden de la autoridad que conoció del “Hábeas corpus”, ante el Juez en lo penal para su juzgamiento como reos de atentado contra las garantías constitucionales.

La autoridad judicial que no procediera conforme a lo dispuesto por este Artículo quedará sujeta a la sanción del Artículo 127, inciso 12, de esta Constitución”.

detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro. Artículo 47.- (Procedencia). La Acción de Libertad procede cuando cualquier persona crea que:

1. Su vida está en peligro;

2. Está ilegalmente perseguida;

3. Está indebidamente procesada;

4. Está indebidamente privada de libertad personal”.

Así, a partir de la referida normativa es que el Tribunal Constitucional Transitorio que estableció a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, que la acción de libertad tiene por objeto proteger los derechos a la integridad física y libertad (personal y de circulación) además, del derecho a la vida; no obstante, respecto a este último se estableció que debía existir una vinculación entre el peligro de afectación del mismo con el derecho a la libertad. Posteriormente, si bien de manera inicial se estableció la protección del derecho a la vida cuando tenga vinculación con el derecho a la libertad, pues de lo contrario debía ser tutelado vía acción de amparo constitucional; no obstante, a través de la SCP 2468/2012 de 22 de noviembre, se moduló dicho entendimiento en un sentido más amplio y progresivo, ello considerando la naturaleza del derecho a la vida, la cual impone la casi eliminación de cualquier tipo de formalismo en su protección, ya que no era posible que sobre la base de formalismo se deniegue la tutela con el argumento procesal de la idoneidad recursiva; por lo que, se determinó que el derecho a la vida podría ser tutela mediante la acción de amparo constitucional o acción de libertad; asimismo, se estableció 2 En su FJ III.5 sostuvo que: “Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: “…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

El criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la protección de los derechos a la vida e integridad física o personal fue reiterado en numerosos fallos. Así, en el caso Castillo Páez, de 3 de noviembre de 1997, la Corte Interamericana sostuvo que: “…El hábeas corpus tiene como finalidad no solamente garantizar la libertad y la integridad personal, sino también prevenir la desaparición o indeterminación del lugar de detención y, en última instancia, asegurar el derecho a la vida”. En el mismo sentido, el caso Neira Alegría, fallo de 19 de julio de 1995.

La protección del derecho a la vida e integridad personal, por otra parte, está también prevista en las legislaciones de otros países, como en Costa Rica donde a través del hábeas corpus se protegen los derechos a la libertad e integridad personal; en el Perú, donde se protege la libertad personal y otros derechos conexos, así como la integridad y la prohibición de desaparición forzada, último supuesto que se vincula con el derecho a la vida. Algo similar sucede en Argentina, donde el hábeas corpus protege la libertad física, el agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención y la desaparición forzada de personas, y en Ecuador, donde se protege el derecho a la libertad, a la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad.

De este breve repaso a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la legislación comparada, se puede observar que la protección al derecho a la vida vía hábeas corpus, en el caso boliviano, acción de libertad, está íntimamente vinculada con el derecho a la libertad personal.

Cabe resaltar que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, protegió el derecho a la vida a través del recurso de hábeas corpus, por conexitud con el derecho a la libertad de locomoción, en las SSCC 470/2004-R, 6512004-R, entre otras”.

que para el resguardo del derecho a la vida no era necesario vinculación con el derecho a la libertad.

Aunado a lo anterior, la SCP 2468/2012 reiterando el entendimiento contenido en la SC 0172/2006-R de 16 de febrero manifestó que el derecho a la vida comprende: 1) El derecho a permanecer con vida, interdicción de muerte arbitraria; 2) El derecho a vivir con dignidad o vivir bien; y, 3) El derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad. Comprendiendo que:

1) “El derecho a permanecer con vida e interdicción de muerte arbitraria.- Esta primera línea conceptual se refiere a dos obligaciones que tiene el Estado en relación al ser humano, las obligaciones positivas que están enmarcadas en minimizar en lo máximo posible los índices de criminalidad en la sociedad, es decir, realizar todos los esfuerzos necesarios para que los particulares o el propio Estado no quiten arbitrariamente la vida de otras personas; en cuanto a las obligaciones negativas, se tiene que el Estado se encuentra absolutamente impedido de realizar acciones estatales que culminen comprometiendo el derecho a la vida por intermedio de sus operativos y sobre la tradicional justificación de “la razón de Estado” (persecuciones desproporcionadas, desapariciones forzadas, etc.).

2) El derecho a vivir bien (que se desprende del principio del suma qamaña), implica la construcción de una sociedad en la que los individuos conviven de buena manera, en términos efectivos una vida digna, colaborativa y armónica entre seres humanos y la naturaleza, la convivencia está dada en el marco de lo mejor posible, para ello el Estado asume la obligación positiva de establecer una serie de políticas públicas progresivas de creación de las mejores condiciones de vida. 3) El derecho asistencial a recibir todo lo indispensablemente necesario para subsistir con dignidad, implica la obligación positiva del Estado de actuar cuando se encuentra comprometida la vida de las personas y se encuentra en sus ámbitos decisionales, asumir posturas concretas sin escatimar recursos para impedir que se afecte el derecho a la vida de las personas”. Ahora bien, mediante la SCP 1977/2013 de 4 de noviembre, se determinó la posibilidad de tutelar derechos conexos que no se encuentren dentro del ámbito de protección de la acción de libertad, ello en virtud a lo establecido en el art. 13.I de la CPE que establece que los derechos son interdependientes, es decir que se encuentran conectados unos con otros, lo que implica que la protección de un derecho y su ejercicio, conlleva a que se tutelen aquellos otros con los cuales se encuentra vinculado; así, de manera textual se manifestó que:

“En mérito a dicha característica, es indudable que el ámbito de protección de las diferentes acciones de defensa y en especial de la acción de libertad, que tiene entre sus características al informalismo, no puede ser impenetrable, pues ello implicaría, por una parte, desconocer el carácter interdependiente de los derechos y, por otra, obligar a que el accionante, frente a la lesión de un derecho que se encuentra dentro del ámbito de una determinada acción de defensa, pero que se vincula con otros derechos, deba plantear diferentes acciones de defensa, lo que de manera evidente atenta contra los principios de la función judicial contenidos en el art. 178 de la CPE, como el de celeridad y respeto a los derechos, y los principios procesales de la justicia constitucional contenidos en el art. 3 del CPCo que, atendiendo a los fines de la justicia constitucional y con la finalidad de garantizar su acceso, así como la tutela inmediata de los derechos fundamentales, prevén el impulso de oficio, por el que las actuaciones procesales deben efectuarse sin necesidad de petición de las partes, la celeridad, que obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tramitación, la concentración, por el que debe reunirse la mayor actividad procesal en el menor número de actos posibles y, fundamentalmente, el no formalismo, de acuerdo al cual sólo deben exigirse las formalidades estrictamente necesarias para la consecución de los fines del proceso.

Entonces, conforme a los principios y valores que sustentan a nuestro Estado y la justicia constitucional, así como al carácter interdependiente de los derechos, el ámbito de protección de la acción de libertad puede verse ampliado en los casos en que los derechos alegados como lesionados se encuentren vinculados con aquellos que están en la esfera de tutela de esta acción de defensa.

Cabe mencionar, por otra parte, que ese entendimiento se encontraba plasmado en el art. 89.I de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), que establecía que “cuando una persona creyere estar arbitraria, indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada o presa, o alegare otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueren conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre con poder notariado o sin él…”; norma que, en consecuencia, permitía analizar violaciones a otros derechos que tuvieran conexión con el derecho a la libertad física o personal.

En ese ámbito, dicha norma permitió la tutela de derechos conexos con el derecho a la libertad; entendimiento que debe ser asumido por este Tribunal, a la luz de las características de los derechos fundamentales que han sido referidas precedentemente y del principio de progresividad -que se desprenden también del art. 13 de la CPE- según el cual no se deben “…desconocer los logros y el desarrollo alcanzado en materia de derechos humanos en cuanto a la ampliación en número, desarrollo de su contenido y el fortalecimiento de los mecanismos jurisdiccionales para su protección, en el afán de buscar el progreso constante del Derecho Internacional de Derechos Humanos que se inserta en nuestro sistema jurídico a través del bloque de constitucionalidad (art. 410.II de la CPE)” (SCP 2491/2012 de 3 de diciembre)”. En esa misma línea progresiva y proteccionista, a través de laSCP 0319/2018-S2 de 9 de julio, se otorgó un alcance amplio e interdependiente al derecho a la vida pues este derecho no solo debía representar una interdicción de la muerte arbitraria sino que implica la creación de condiciones de vida digna lo que involucra a otros derechos conexos e interdependientes que no encuentran dentro del ámbito de protección tales como:

“El derecho a la salud y la integridad personal de los privados de libertad; ii) El derecho a la salud en problemas jurídicos vinculados con el derecho a la libertad de locomoción y arraigos; iii) El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en cualesquiera de sus formas; incluso iv) Cambiando la tradición jurídica civilista de considerar persona solo a las existentes físicamente; es decir, la consideración de sujeto de derecho y derechos a la persona fallecida y a su dignidad, en una visión plural del derecho a la vida digna en contextos de retenciones de cuerpos de pacientes en centros hospitalarios, entre otros supuestos; razón por la cual, el Estado asume un doble rol; primero, garantizar que las personas no sean privadas de ese derecho; y segundo, implementar simultáneamente políticas para garantizar una vida en condiciones acordes a su dignidad; resumiéndose estas obligaciones en dos sentidos; vale decir, su respeto y su protección, respectivamente”. De lo expuesto precedentemente, se concluye que la naturaleza jurídico procesal de la acción de libertad, está concatenada a sus características que lo configuran y lo diferencian de las otras acciones tutelares como la acción de amparo constitucional, protección de privacidad, cumplimiento y popular; características propias inmersos en su característica principal como es el informalismo para su interposición y las demás características como son la sumariedad, inmediatez, informalismo, generalidad e inmediación. Asimismo, cabe resaltar que por mandato constitucional y legal esta acción de defensa se encuentra configurado por los presupuestos de su activación procesal como son: atentados contra el derecho a la vida; afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y acto u omisión que implique persecución indebida.

III.2. De la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El rol de protección de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia

El fundamento jurídico que sigue, fue emitido en la SCP 0047/2021-S1 de 13 de mayo; reiterado por la SCP 0380/2021-S1 de 25 de agosto, la SCP 1302/2022-S1 de 10 de noviembre, la SCP 0014/2023-S1 de 9 de febrero y la SCP 0151/2023-S1 de 29 de marzo.

III.2.1. Marco normativo de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes

La protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes reviste gran importancia por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran; es así que, se generó un régimen jurídico amplio (internacional y nacional) de protección de los derechos de este grupo poblacional.

En tal perspectiva, en esta área la Declaración de los Derechos del Niño instó a los padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a que reconozcan los derechos del niño y luchen por su observancia con medidas legislativas y de otra índole adoptadas progresivamente considerando -entre otros aspectos- que el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad.

Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño establece que todas las medidas concernientes a los niños que sean tomadas por las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, deberán considerar el interés superior del niño (art. 3). Asimismo, en el art. 19.1 se determina que:

“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 24.1 señaló que: “Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado”.

Asimismo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en la parte in fine del art. 7 establece que: “…todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su art. 19 determina que: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.

Sobre el tema, en nuestra legislación también se determinó que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos de los niños y adolescentes; así, la Constitución Política del Estado en su art. 60 consagra que:

“Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”.

Por su parte, el Código Niña, Niño y Adolescente implementa un Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SIPPROINA), que se constituye en el conjunto articulado de instancias y servicios en todos los niveles del Estado (central, departamental y municipal) que desarrolla acciones intersectoriales a nivel público y privado para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, entre los cuales se encuentra el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (ente rector), y las Defensorías de la Niñez y Adolescencia.

III.2.2. Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia y su rol de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia

El marco normativo referido en el acápite precedente, revela la obligación del Estado de proteger y asistir los derechos del niño, niña y adolescente; estableciendo que la administración pública debe adoptar todas las medidas necesarias para dar efectividad a los derechos de este grupo etario.

Ahora bien, para efectivizar el cumplimiento de la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, se tienen instituciones dependientes a nivel central, departamental y municipal, en este último nivel, se encuentran las Defensorías de la Niñez y Adolescencia que presta servicios públicos de defensa psico-socio-jurídica gratuitos, para garantizar a la niña, niño o adolescente la vigencia de sus derechos; institución conformada por equipos interdisciplinarios de abogados, trabajadores sociales, psicólogos y otros profesionales relacionados con la temática; cuyas atribuciones fueron establecidas en el art. 188 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), entre las que se encuentran:

a) “Interponer demandas, solicitudes, denuncias y recursos ante las autoridades competentes por conductas y hechos de violencia, infracciones, o delitos cometidos en contra de la niña, niño o adolescente, para tal efecto no se exigirá mandato expreso; b) Apersonarse de oficio e intervenir en defensa de la niña, niño o adolescente ante las instancias administrativas o judiciales, por cualquier causa o motivo y en cualquier estado de la causa, sin necesidad de mandato expreso. (…) h) Intervenir para que el daño ocasionado a niñas, niños o adolescentes sea reparado; (…)

t) Brindar orientación, apoyo y acompañamiento temporales a la niña, niño o adolescente”.

Ahora bien, para ejercer las indicadas atribuciones en la atención de niñas, niños y adolescentes que hayan sufrido algún tipo de vulneración en su integridad sexual, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia deben considerar algunos criterios de actuación, que fueron determinados en el “Protocolo de Prevención, Atención y Sanción a toda forma de Vulneración a la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes”; tales como:

“En el marco de la prioridad absoluta el equipo interdisciplinario procurará la atención médica, psicológica o psiquiátrica de la niña, niño y adolescente desde el primer momento de conocido el hecho ilícito, en consideración de los antecedentes de cada uno de los casos. Procurará la información y orientación necesaria a la familia de la víctima sobre todas las acciones a ser desarrolladas en las instancias, instituciones y servicios de atención de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes. En todos los casos, el equipo interdisciplinario de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, no negarán la atención de las niñas, niños y adolescentes a quienes se les ha vulnerado su derecho a la integridad sexual. En caso de que los mismos no correspondan a su jurisdicción inmediatamente de conocido los hechos y en consideración a la urgencia de cada uno de los casos, cuidará la integridad de la víctima, interpondrá la denuncia y realizará las acciones necesarias para precautelar todos los indicios para el inicio de las investigaciones. Un miembro del equipo interdisciplinario, especialista en violencia sexual realizará el acompañamiento y apoyo en todos los actos investigativos o judiciales en los que participe la niña, niño y adolescente. Gestionar y coordinar con el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima - SEPDAVI u otra unidad especializada, la atención durante y después del proceso penal para su recuperación psico-afectiva”. Asimismo, el “Protocolo de Prevención, Atención y Sanción a toda forma de Vulneración a la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes” también estableció el procedimiento de protección y atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en el marco de la ruta crítica interinstitucional; procedimiento que para el caso debe centrarse en la protección, seguimiento y acompañamiento brindados por las Defensorías de la Niñez y Adolescencia; en tal sentido, tenemos:

1) PRIMERA FASE - IDENTIFICAR Y PROMOVER LA DENUNCIA

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia como institución receptora y promotora de denuncias relacionadas a hechos de violencia sexual, se encuentra encargada de velar y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes; en tal sentido, garantiza la atención, protección legal, psicológica y social de la víctima. En cuanto a la función de promover la denuncia, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia debe realizar el acompañamiento y seguimiento a la víctima y sus familiares, proporcionándoles en todo momento un trato digno, sensible y respetuoso a sus derechos; en tal sentido:

“El acompañamiento y seguimiento son las acciones de ayuda y apoyo durante todo el proceso que las entidades promotoras de la denuncia, y con carácter obligatorio las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, deben brindar a la víctima y sus familiares, proporcionándoles en todo momento un trato digno, sensible y respetuoso de sus derechos. El acompañamiento que efectúa el equipo multidisciplinario de la DNA consiste en:

1. Brindar contención emocional primaria de la niña, niño o adolescente 2. Realizar la evaluación psicológica de la víctima 3. Efectuar un diagnóstico social 4. Tanto el informe psicológico como social serán derivados al área legal de la DNA 5. Determinar medidas de protección y resguardo de la víctima. De ser necesario, la DNA:

o En articulación con el SEDEGES derivará a la víctima a una Casa de Acogimiento, a un Centro Transitorio de la Alcaldía, o bien a otras instituciones que trabajan el tema. o Coordinará acciones de rescate con la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos (UPAVT) y Policía. 6. Brindar terapias psicológicas a la víctima desde la apertura de la denuncia hasta la finalización del proceso penal. Asimismo, la DNA podrá coordinar con instancias, tanto gubernamentales (SEDEGES, CEPATs) como no gubernamentales especializadas en la atención de violencias, la realización de terapias psicológicas a la víctima para su tratamiento y restitución psico-emocional. 7. Presentar el caso a la fiscalía y hacer seguimiento del proceso penal en los estrados judiciales. 8. Viabilizar el tratamiento médico de la víctima cuando se requiera. 9. Solicitar a la Fiscalía la evaluación médico -forense y valoración psicológica de la víctima en cámara Gesell. 10. Concluir el proceso de restitución psico–emocional o el seguimiento que realizó a la institución pública o privada que atendió el caso, con un informe final en el que se determine que la persona ha concluido la terapia necesaria, y que por tanto se ha realizado su restitución psicoemocional. Las y los funcionarios de la DNA deberán realizar un acompañamiento psico-social legal oportuno, con calidad y calidez durante todas las etapas y momentos que precise, ofreciendo seguridad y confianza desde el inicio del proceso pasando por su conclusión hasta llegar a obtener el resarcimiento integral del daño sufrido por la víctima”. 2) SEGUNDA FASE - ETAPA PRELIMINAR DE LA INVESTIGACIÓN En la presente fase, en caso de que la víctima, no haya sido remitida por una entidad promotora de la denuncia, el o la Fiscal de Materia requerirá la presencia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para que asuma la protección integral de la niña, niño o adolescente en situación de violencia sexual. Además, en caso de que la víctima no cuente con patrocinio legal, el o la Fiscal de Materia requerirá a la entidad promotora de la denuncia proporcione a la víctima el asesoramiento legal correspondiente. 3) TERCERA FASE - ETAPA PREPARATORIA DE LA INVESTIGACIÓN En cuanto al accionar de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia en la presente etapa, debe considerarse:

La articulación de las labores investigativas con las labores de acompañamiento y preparación de la víctima y testigos

Las funciones de contención, preparación, y acompañamiento de la niña, niño o adolescente, deben ser llevadas de forma continua y transversal durante todo el proceso por las Defensorías de la Niñez y Adolescencia y/u otras entidades promotoras de la denuncia; funciones que deben realizarse de forma paralela al accionar del Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) en el desarrollo de las diligencias. El acompañamiento debe realizarse en las inspecciones técnicas oculares, las pericias, el anticipo de prueba, reconocimiento de persona, así como en la audiencia de medidas cautelares, este último actuado en el que la víctima podrá comparecer a través de su representante legal, siendo profesionales de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia u otras instituciones o profesionales particulares que patrocinen a la niña, niño o adolescente.

Seguimiento y asesoramiento de la víctima en la etapa preparatoria

En la etapa preparatoria debe efectuarse el seguimiento y asesoramiento de la víctima, en el área social, psicológica y legal, esta última en la que el asesor legal de la entidad promotora de la denuncia (entre los cuales se encuentra la Defensoría de la Niñez y Adolescencia), debe hacer conocer a la víctima, familiares, tutor o representante de la niña, niño y adolescentes, el curso de las actuaciones, informándoles respecto a las resoluciones procesales y en general, a todo aquello que pueda referirse a la protección de su seguridad e interés. Por otro lado, el abogado cumple las funciones de patrocinador de la víctima, defendiendo los intereses de la misma durante todo el desarrollo del proceso de manera gratuita, (proponiendo diligencias investigativas, impugnando el sobreseimiento en representación de la víctima, participando de las audiencias y otros). 4) CUARTA FASE - JUICIO ORAL

En cuanto al accionar de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia en la presente etapa, debe considerarse:

Acompañamiento y preparación de la víctima y testigos

La niña, niño o adolescente estará representado por sus familiares y/o tutores, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, pero en ningún caso serán obligados a enfrentarse al agresor.

El personal multidisciplinario de la Defensoría deberá evaluar los requerimientos y necesidades especiales de la víctima, para reunir su declaración ante el tribunal de sentencia. Asesoramiento y patrocinio legal de la víctima

En todas las audiencias del juicio oral, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia u otra institución que patrocine a la víctima deberá participar activamente en la audiencia del juicio oral, defendiendo los intereses de la víctima y asegurándose que se respeten sus derechos. 5) QUINTA FASE - REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia patrocinan a la víctima durante la persecución penal, hacen un seguimiento social con las medidas de protección que las autoridades competentes hayan determinado a favor de la misma y guían el proceso psicoterapéutico, asimismo se articulan con otras entidades para garantizar que la víctima desarrolle este proceso en los tiempos previstos. En aplicación del art. 382 del CPP, el Ministerio Público podrá solicitar al juez de sentencia que ordene la reparación del daño o la indemnización correspondiente. En caso de que la víctima no se haya constituido en querellante, esta podrá solicitar la reparación a través del asesoramiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para la niña, niño o adolescente; resarcimiento del daño en el que se debe considerar toda disminución, afectación y menoscabo, a su estado físico, psicológico, material y/o patrimonial como consecuencia de la violencia o del hecho delictivo cometido.

Complementando todo lo anterior, reconociendo que los niños son vulnerables y requieren protección especial apropiada para su edad, nivel de madurez y necesidades individuales especiales, la Organización de Naciones Unidas en 2005 aprobó “Directrices sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a los Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas y Testigos de Delitos” haciendo referencia al derecho a la asistencia eficaz, estableciendo que:

“22. Los niños víctimas y testigos de delitos y, cuando proceda, sus familiares, deberán tener acceso a la asistencia de profesionales a los que se habrá impartido la capacitación, según se indica en los párrafos 40 a 42 infra. Esto podrá incluir servicios de asistencia y apoyo como servicios financieros, jurídicos, de orientación, de salud, sociales y educativos, de recuperación física y psicológica y demás servicios necesarios para la reinserción del niño. Toda asistencia de esta índole deberá atender las necesidades del niño y permitirle participar de manera efectiva en todas las etapas del proceso de justicia. 23. Al prestar asistencia a niños víctimas y testigos de delitos, los profesionales deberán hacer todo lo posible por coordinar los servicios de apoyo a fin de evitar que los niños participen en un número excesivo de intervenciones. 24. Los niños víctimas y testigos de delitos deberán recibir asistencia del personal de apoyo, por ejemplo, especialistas en niños víctimas y testigos de delitos, a partir del informe inicial y de forma ininterrumpida hasta que esos servicios dejen de ser necesarios. 25. Los profesionales deberán adoptar y aplicar medidas para que a los niños les resulte más fácil prestar testimonio o declarar a fin de mejorar la comunicación y comprensión en las etapas previas al juicio y durante éste”. De lo desarrollado precedentemente, se tiene que el tema de la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes innegablemente cobra relevancia ante vulneración de los mismos; es en ese entendido que, son varios los instrumentos internacionales y de la legislación nacional que establecen el deber de protección a ser asumido por toda la administración pública; y, es en dicho marco que las Defensorías de la Niñez y Adolescencia juegan un papel importante en la protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes, especialmente tratándose de procesos penales cuyos hechos investigados se encuentran vinculados a violencia sexual, en cuyos casos, dicha institución debe efectuar el seguimiento, asesoramiento patrocinio legal y acompañar a las víctimas, defendiendo sus intereses y velando por su protección, en todas las etapas del proceso penal (recepción y promoción de la denuncia, etapa preliminar, etapa preparatoria, juicio oral, reparación de daños).

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante considera vulnerados sus “derechos y garantías”, por parte de Edgar Jorge Siles Pabón y Brígida Oriettha Serrudo Cazzia, abogado y psicóloga, ambos del Equipo Interdisciplinario de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Macro Distrito San Antonio del GAM de La Paz, quienes incurrieron en incumplimiento de deberes y de “..Resoluciones emitidas por autoridad jurisdiccional…” (sic), al otorgar la guarda de su hija menor a su padre, desconociendo la Resolución 181/2022 de 4 de mayo, que dispuso la guarda de su hija menor a su favor; por lo que, restableciendo las “formalidades legales”, pide se ordene a la DNA, la restitución de la guarda de la menor NN. De los antecedentes que cursan en el expediente, se tiene que la ahora peticionante de tutela, mediante la Resolución 181/2022, emitido en un proceso de divorcio seguido en contra de Luis Felipe Achú Ticona, obtuvo la disolución del vínculo matrimonial y la guarda y tenencia legal de la hija menor NN, así como el pago de asistencia familiar por parte del padre, debiendo el progenitor cubrir el 50% de los gastos extraordinarios que requiera la menor (Conclusión II.1).

El problema habría surgido en razón a la falta de pago de asistencia familiar, dando origen a presuntos maltratos de parte de la madre hacia la menor (Conclusión II.2). Asimismo, cursa Informe Psicológico CITE SMDS/DDM/UDIF-PAIF-D-4/INF PSI 92/2022 de 5 de agosto, en el cual, se establece que la menor de edad NN fue agredida físicamente por parte de su madre; por el cual, refirió textualmente que:

“…me di un golpe en la cara con su mano y me salió sangre de la nariz me ha dicho tanto quieres irte con tu papá es pues ándate y me ha botado de la casa yo estaba afuera no sabía que hacer estaba con sangre y me ido a la tienda de ahí y le dicho al señor que atiende que me lo busque por Facebook a mi papa que se llama Luis h y de ahí atrás apareció mi papá con dos policías ellos me han dado mucho miedo porque mi mama me decía que si me voy con mi papa y el me va dejar con unos policías en un lugar en un albergue y yo no quiero ir ahora yo quiero estar con mi papa por lo quiero mi mama me pega y no quiero estar con ella me da mucho miedo.” (Conclusión II.2). Es así que, el padre de la menor NN y los dos policías de la EPI San Antonio, se constituyeron en instalaciones de la DNA, donde los ahora demandados, previo estudio del caso, en resguardo de la menor NN y en aplicación del interés superior del niño niña adolescente (Fundamento Jurídico III.2), como del estudio Psicológico referido, decidieron que en resguardo de la seguridad y bienestar de la menor NN se dé la potestad del cuidado al progenitor de la misma. En contra de ese hecho al haber otorgado protección y resguardo a una menor NN en situación de riesgo, es la razón por la que la ahora impetrante de tutela, interpuso la presente acción de libertad en contra de los ahora demandados, a fin de que se “…restablezcan las formalidades legales…” (sic) y se le restituya la guarda y tenencia legal de su hija menor, así como también denuncia que los ahora demandados, incurrieron “…atentar contra la seguridad jurídica” así como de “…violar el derecho y garantías constitucionales incumpliendo lo mandado por autoridad jurisdiccional, privándole la tenencia y guarda de una menor a su madre otorga por Juez competente…” (sic). Identificada la problemática traída en revisión, es preciso traer a colación el entendimiento contenido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, relativo a la naturaleza jurídica de la acción de libertad, en el cual se sostuvo que, esta acción tutelar se constituye en un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos a la libertad personal, a la vida y a la integridad física, cuando cualquier persona crea que su vida esté en peligro, que esta ilegalmente perseguida o indebidamente procesada o privada de su libertad personal. En relación a lo expuesto precedentemente, cabe expresar que ninguna de las presuntas acciones ilegales ejercidas por los ahora demandados, recae en el ámbito de la naturaleza jurídica de la acción de libertad. Los hechos que se denuncian a través de la presente acción de defensa, no recaen en el ámbito de los presupuestos de activación de la acción de libertad y más bien responden al instituto legal de restitución, dispuesto por el art. 42 del Código de las Familias y del Proceso Familia (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, labor en la que coadyuvan las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, entidad que dentro de sus atribuciones tiene asignando la protección provisional a los menores de edad en situación de riesgo, una medida de carácter provisional aplicada en resguardo del interés superior del niño niña adolescente (Fundamentos Jurídicos III.2). De lo precedentemente expuesto, se tiene que la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, innegablemente cobra relevancia ante vulneración de los mismos; en ese entendido, varios instrumentos internacionales y de la legislación nacional establecen el deber de protección a ser asumido por toda la administración pública; y, es en ese marco que las Defensorías de la Niñez y Adolescencia juegan un papel importante en la protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes; especialmente, en los procesos penales que pudieran tener, en cuyos hechos investigados, la Defensoría, debe efectuar el seguimiento, asesoramiento, patrocinio legal y acompañar a las víctimas, defendiendo sus intereses y velando por su protección, en todas las etapas del proceso penal (recepción y promoción de la denuncia, etapa preliminar, etapa preparatoria, juicio oral, reparación de daños). Es así que, en el presente caso, los ahora demandados, señalaron que en cumplimiento de su deber, adoptaron una medida de protección de la menor con la entrega a su padre, pedido, además, por la propia menor y que el caso, ya es de conocimiento de la FELCCV, a denuncia de la misma menor, según el FUD: 201103052202238, de 4 de agosto de 2022, por el que se establece la denuncia verbal en contra de la ahora accionante, por el presunto maltrato y violencia en contra de la menor NN, que al mismo tiempo es la denunciante (Conclusiones II.3). Por todo lo expuesto precedentemente, se establece que en el caso de autos, no se subsume en la naturaleza jurídica de la acción de libertad, puesto que ningún problema denunciado tiene relación alguna con los elementos de procedencia de la acción de libertad, puesto que no está en riesgo la libertad de la ahora peticionante de tutela, ni está inmerso en un proceso ilegal o indebido ni su vida corre riesgo y, todo ello, tampoco concurre en el caso de la menor de edad y, más bien, por los argumentos expuestos, los hechos se encuentran vinculados a la restitución de la guarda del menor que podrá ser interpuesta ante autoridad competente, por la parte impetrante de tutela, si así lo considera necesario. Por todo expuesto, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud a la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 260/2022 de 6 de agosto, cursante de fs. 27 a 28 vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur del departamento de La Paz; y en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

Notas al pie

3 Mediante Resolución Ministerial 72/2017 de 8 de mayo, el ente rector de SIPPROINA aprobó el “Protocolo de Prevención, Atención y Sanción a toda forma de Vulneración a la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes” que establece las acciones y momentos en que deben actuar las instituciones públicas, y como se articulan en el marco de sus competencias, atribuciones y funciones para garantizar a niñas, niños y adolescentes una vida sin vulneración a su integridad sexual, a través de 3 niveles de prevención y un nivel de atención integral.

4 En cuanto a la función receptora con la que cuenta la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, el art. 155 del CNNA establece que: “Todas las personas, sean particulares, servidoras y servidores públicos, que tengan conocimiento de hechos de violencia en contra de niñas, niños o adolescentes, están obligado a denunciarlos, ante las Defensorías de la Niñez y Adolescencia o cualquier otra autoridad competente”

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0565_2024-S1.pdf · páginas 1 a 22.

Huella digital del PDF (SHA-256): d5624c984aeac2a30d64b4febda10bb84388f06a9face3e5982ecb56552194cd

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