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SCP 0564/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de septiembre de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
5 de septiembre de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
49514-2022-100-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso vinculados a la libertad, al acceso a la justicia y a una justicia pronta y sin dilaciones; alegando que, a efectos de recabar elementos indiciarios para pedir la cesación de la detención preventiva, el 18 de julio de 2022, impetró al Fiscal de Materia codemandado, documentación referente a las diligencias investigativas; no obstante, dicha autoridad omitió responder a esa solicitud, pese a que reiteró el 21 del mismo mes y año; además, de haber denunciado dicha irregularidad -25 del citado mes y año- ante la Jueza codemandada, esta contestó de manera negativa y extemporánea a su pedido de control jurisdiccional; y, la Fiscal Departamental demandada tampoco atendió sus quejas respecto a esa omisión. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2022 de 6 de agosto, cursante de fs. 111 a 119, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad y los alcances de protección al procesamiento indebido. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. La acción de libertad en su modalidad de pronto despacho o traslativa. Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0564/2024-S2 Sucre, 5 de septiembre de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 49514-2022-100-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 09/2022 de 6 de agosto, cursante de fs. 111 a 119, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lilian Nogales Rocha en representación sin mandato de Sergio Alejandro Cardozo Aguilar contra Nuria Gisela Gonzales Romero, Fiscal Departamental de Cochabamba; Lithzi Carolina Sahonero Alvarado, Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primera - EPI NORTE de la Capital del citado departamento; y, Edson Orellana Marín, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 5 de agosto de 2022, cursante de fs. 49 a 53 vta., el accionante a través de su representante, refirió que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra y otros, por la presunta comisión del delito de asesinato, mediante Auto Interlocutorio de 7 de julio de 2022, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, al considerar que persistía la concurrencia de los riesgos procesales de obstaculización previsto en el art. 235.2 y 5 del Código de Procedimiento Penal (CPP); en ese sentido, con la finalidad de enervar los mismos, el 18 de ese mes y año, presentó dos memoriales al Fiscal de Materia codemandado, solicitando requerimientos fiscales relacionados a actos investigativos de la indicada causa; sin embargo, hasta la interposición de esta acción de defensa, no obtuvo respuesta alguna, pese a que el 21 del referido mes y año, reiteró dichas peticiones. En esas circunstancias y habiendo la Jueza codemandada, reaperturado el proceso penal contra Luis Eduardo y Luis Víctor Hugo Aguilar Zubieta, el 25 de julio de 2022, denunció ante dicha autoridad judicial control jurisdiccional ante la negligencia del Fiscal de Materia codemandado por no atender sus memoriales; sin embargo, después de una semana de efectuado su reclamo y fuera del plazo previsto en el art. 132 inc. 1) del CPP, mediante decreto de 29 de igual mes y año, fue rechazada la indicada solicitud; a lo que, por escrito presentado el 1 de agosto del referido año, elevó su queja ante la Fiscal Departamental demandada, de quien tampoco obtuvo respuesta, pese a que reiteró su reclamo.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho al debido proceso vinculados a la libertad, al acceso a la justicia y a una justicia pronta y sin dilaciones, sin citar precepto constitucional alguno.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) El Fiscal de Materia codemandado emita requerimientos de los memoriales de 18 y 21 de julio de 2022; b) La Jueza codemandada realice el control jurisdiccional del proceso penal signado con el Código Único de Denuncia (CUD) 301102082000468; y, c) La Fiscal Departamental demandada disponga auditoría al indicado proceso y en caso de evidenciar dilación indebida, ordene acciones en la vía disciplinaria y penal contra los Fiscales de Materia responsables.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 6 de agosto de 2022, según consta en acta cursante de fs. 108 a 110, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su representante, formuló desistimiento en relación al Fiscal de Materia codemandado manifestando que, desconocía que el prenombrado se encontraba designado en comisión y con baja médica por padecer COVID-19; toda vez que, cuando su defensa acudía al Ministerio Público, se entrevistaba únicamente con el Asistente Fiscal respectivo, quien no le proporcionó dicha información; además, la Fiscal de Materia en suplencia legal, respondió a sus escritos presentados -no indicó cuales-.

I.2.2. Informe de los demandados

Nuria Gisela Gonzales Romero, Fiscal Departamental de Cochabamba, mediante informe escrito de 5 de agosto de 2022, cursante de fs. 88 a 90, y en audiencia de garantías a través de su representante, expresó que: 1) El peticionante de tutela denunció la lesión de su derecho al debido proceso vinculado a su libertad, porque presuntamente los memoriales que presentó el 1 y 4 del indicado mes y año, ante su autoridad no fueron atendidos; no obstante, los mismos se contestaron por proveídos “2602/2022” y “2602-10/2022” de 1 y 4 de agosto, respectivamente; y, 2) Según la SCP 0013/2017-S3 de 3 de febrero, para la procedencia de la acción de libertad ante la denuncia de vulneración del indicado derecho, se debe acreditar; i) La causalidad directa o indirecta entre el supuesto acto lesivo y la restricción a la libertad; y, ii) La subsidiariedad excepcional para activar dicho mecanismo o estado de indefensión absoluto; condiciones que en el presente caso no concurrieron; toda vez que, la presunta omisión de contestación a los escritos del impetrante de tutela, no estaban relacionados a su derecho a la libertad; además, estos se resolvieron dentro del plazo legal. Lithzi Carolina Sahonero Alvarado, Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primera - EPI NORTE de la Capital del departamento de Cochabamba, por informe escrito de 5 de agosto de 2022, cursante de fs. 76 a 77, manifestó que: a) En vista que el 16 de marzo de igual año, el Ministerio Público remitió acusación fiscal contra el accionante por la presunta comisión del delito de asesinato, el proceso penal fue remitido al Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del indicado departamento, para la tramitación del juicio oral; en ese sentido, carece de competencia para conocer otras incidencias relacionadas al peticionante de tutela y la señalada causa; extremos que hizo conocer al mencionado mediante decreto de 29 de julio de 2022, a tiempo de responder a su solicitud de control jurisdiccional; determinación que se pronunció dentro del plazo legal; toda vez que, tuvo conocimiento de esa pretensión en la indicada fecha; y, b) Antes de activar esta acción de defensa, debió agotarse los mecanismos intraprocesales a través de los recursos de impugnación previstos en la ley; por lo expuesto, solicitó se deniegue la tutela impetrada. Edson Orellana Marín, Fiscal de Materia, por informe escrito de 6 de agosto de 2022, cursante a fs. 63 y vta., y en audiencia de garantías señaló que, no es evidente la lesión de derechos denunciados por el solicitante de tutela; debido a que, sus solicitudes fueron respondidas por Fiscales de Materia en suplencia legal; pues, su persona entre el 4 al 10 de julio de ese año, se encontraba con baja médica por padecer COVID-19; y, a partir del 18 al 22 del mismo mes y año, estaba declarado en comisión.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 09/2022 de 6 de agosto, cursante a fs. 111 a 119, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: 1) El accionante a través de su representante y por este medio de defensa, denunció como acto lesivo, la omisión de respuesta a los memoriales de 18 y 21 de julio de 2022, mediante los cuales pretendió obtener elementos indiciarios para sustentar una eventual solicitud de cesación de la detención preventiva; no obstante, antes de acudir a esta justicia constitucional, debió efectuar su reclamo ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional del proceso penal instaurado en su contra; responsabilidad que no recayó sobre la Fiscal Departamental demandada; además, dichos escritos fueron atendidos por la Fiscal de Materia en suplencia legal del titular de la investigación; toda vez que, este se encontraba con baja médica y en comisión; y, 2) Debido a que en el caso particular del solicitante de tutela, el proceso penal instaurado en su contra se encuentra con acusación fiscal, el control jurisdiccional de dicha causa, es ejercido por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del referido departamento; en ese sentido, debió acudirse inicialmente ante esa instancia.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 18 de julio de 2022, Sergio Alejandro Cardozo Aguilar -hoy accionante- solicitó a Edson Orellana Marín, Fiscal de Materia -ahora codemandado-, ordene:

“I.- En el plazo de 48 horas el Investigador Asignado al Caso proceda a dar estricto cumplimiento a lo que se fuere ordenado por requerimiento de 05-01-2021. Consecuentemente remita Informe anexando muestrario fotográfico del Patrullaje Cibernético de los perfiles de las personas que se identifican en el referido requerimiento. II.- En el día el Investigador Asignado al caso proceda a notificar a Oficinas del IITCUP CBBA el requerimiento de 13-05-2022, a efectos de que en el plazo de 10 días a partir de su notificación se realice el trabajo técnico ordenado en el referido requerimiento fiscal. III.- En el día el Investigador Asignado al caso proceda a notificar a Oficinas del IDIF CBBA el requerimiento de 06-06-2022, a efectos de que en el plazo de 5 días a partir de su notificación se realice La Pericia De Comparación Genética ordenado en el referido requerimiento fiscal. IV.- Señale día y hora de audiencia para la realización de careo entre (…) Sergio Alejandro Cardozo Aguilar y los co-sindicados Sres. Luis Víctor Hugo Aguilar Zubieta y Luis Eduardo Aguilar Zubieta sobre puntos controvertidos explicitados en nuestras respectivas declaraciones informativas” (sic [fs. 11 a 12 vta.]). II.2. Por escrito presentado el 18 de julio de 2022, el peticionante de tutela solicitó al Fiscal de Materia codemandado, requiera:

“I.- El Sof. Siles eleve ante su Autoridad INFORME ACLARATORIO AL INFORME DE 24-08-2021 poniendo a conocimiento los siguientes extremos: --- Que artículo o disposición legal contenida en la Ley 1970 le faculta a calificar de manera unilateral una determinada conducta como conducta obstaculizadora a tiempo de elevar el Informe de 24-08-2021. --- Si a tiempo de elevar informe de 24-08-2021 tenía conocimiento de la doctrina indicativa contenida en la SC. Nro. 1399/2013 de 16-08-13. --- Si a momento de proceder al secuestro del celular Mar[c]a Samsung modelo A - 20s de mi propiedad a objeto de realizar la extracción de información, mejoramiento y congelamiento de imágenes que genera se eleve el Informe de 24-08-2021 ¿Fue mi persona quien de manera voluntaria procedió a desbloquear el patrón de seguridad de mi celular?

II.- FUNCIONARIO POLICIAL ADSCRITO A LA DIVISIÓN

CORRESPONDIENTE DE LA FELC-C DE LA JURISDICCIÓN DE SACABA se constituya en el día a dependencias del Penal del ABRA donde me encuentro recluido. A efectos de que mi persona proceda a suscribir ACTA DE GARANTÍAS PERSONALES en favor de la Sra. JHANCARLA LIZZETH REJAS JAIME extensible también a todos sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado por afinidad. III.- Por secretar[í]a de su despacho se me extienda fotocopia legalizada del Informe de 24-08-2021 anexo muestrario fotográfico elevado por el Sof. Alberto Siles Vargas. IV.- Por la Sección correspondiente del IITCUP se Informe y/o Certifique si el Sof. Alberto Siles Vargas es perito adscrito a dicha Institución Policial con Título Profesional o Especialidad en Ingeniería Informática, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingenieria en Sistemas Computacionales u otros vinculados. De ser afirmativa la respuesta se certifique si el SOF. ALBERTO SILES VARGAS, desempeñ[ó] funciones como PERITO DEL IITCUP durante las gestiones 2019, 2020, 2021 y 2022” (sic [fs. 13 a 14 vta.]). II.3. A través de memorial presentado el 21 de julio de 2022, el accionante reiteró al mencionado representante fiscal sus solicitudes efectuadas en los escritos de 18 del mismo mes y año, descritos precedentemente (fs. 15 a 17). II.4. Por escrito presentado el 25 de julio de 2022, ante el Juez de Instrucción

Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero - EPI NORTE de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora codemandado-, el accionante denunció la transgresión de derechos y garantías constitucionales, pidiendo control jurisdiccional del proceso penal seguido en su contra, mereciendo por dicha autoridad el decreto de 29 de igual mes y año, rechazando dicha solicitud (fs. 18 a 21). II.5. Mediante memoriales presentados el 1 y 4 de agosto de 2022, ante Nuria Gisela Gonzales Romero, Fiscal Departamental de Cochabamba -demandada-el peticionante de tutela denunció la falta de respuesta a sus memoriales de 18 y 21 de julio del mismo año, solicitando se conmine al Fiscal de Materia codemandado requiera los escritos que presentó por estar vinculados a su derecho a la libertad (fs. 31 a 32 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso vinculados a la libertad, al acceso a la justicia y a una justicia pronta y sin dilaciones; alegando que, a efectos de recabar elementos indiciarios para pedir la cesación de la detención preventiva, el 18 de julio de 2022, impetró al Fiscal de Materia codemandado, documentación referente a las diligencias investigativas; no obstante, dicha autoridad omitió responder a esa solicitud, pese a que reiteró el 21 del mismo mes y año; además, de haber denunciado dicha irregularidad -25 del citado mes y año- ante la Jueza codemandada, esta contestó de manera negativa y extemporánea a su pedido de control jurisdiccional; y, la Fiscal Departamental demandada tampoco atendió sus quejas respecto a esa omisión. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad y los alcances de protección al procesamiento indebido. Jurisprudencia reiterada

Al respecto, la SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, estableció que: “Con relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante. Entendimiento que fue asumido también por las SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras. En esa línea, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, asumiendo los entendimientos contenidos en la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: ‘…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional. (…) …para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad’” (las negrillas son añadidas).

III.2. La acción de libertad en su modalidad de pronto despacho o traslativa. Jurisprudencia reiterada

Sobre el particular, la SCP 0420/2021-S2 de 16 de agosto, estableció que: «La SC 0044/2010-R de 20 de abril, respecto al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, señaló: “…a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R)…”. Bajo esta línea de entendimiento, la misma jurisprudencia constitucional ha recogido el desarrollo doctrinal sobre los tipos de acciones de libertad introduciendo precisamente como un componente de los alcances de la tutela que brinda la misma, en su modalidad traslativa, la cual se encuentra reconocida implícitamente por el art. 125 de la CPE. En el orden señalado, la SCP 0112/2012 de 27 de abril, reiterando la línea jurisprudencial sobre el deber de tramitar todas las cuestiones vinculadas con la libertad personal con la celeridad necesaria recordó que: “La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva”. La SCP 0571/2012 de 20 de julio, refirió: “…el hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: ‘(…) se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’”. Por otra parte, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, de igual manera puntualizó: “...la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”. Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, sostuvo que: “...la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”. (…) De todo lo anteriormente glosado, se puede concluir que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por finalidad acelerar los trámites judiciales o administrativos, cuando existan dilaciones ilegales o indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad» (el resaltado es añadido).

III.3. Análisis del caso concreto

De la documentación aparejada al expediente constitucional se tiene que, la problemática planteada en la presente acción de defensa, surge dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante y otros, por la presunta comisión del delito de asesinato, en el cual, el nombrado se encuentra con acusación fiscal y detenido preventivamente en el Centro Penitenciario El Abra de Cochabamba; en esas circunstancias, el 18 de julio de 2022, presentó memoriales al Fiscal de Materia codemandado, solicitando documentación complementaria a otras actuaciones generadas en la etapa preliminar, la realización de diligencias investigativas y la suscripción de acta de garantías personales; peticiones reiterada el 21 del mismo mes y año (Conclusiones II.1, 2 y 3). También se advierte que, el 25 de julio de 2022, el peticionante de tutela acudió ante la Jueza codemandada solicitando control jurisdiccional; no obstante, esa petición fue rechazada por decreto de 29 de igual mes y año; en razón a que, la causa radica en el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, porque ya se tiene acusación fiscal contra el accionante; asimismo, el 1 de agosto del referido año, este recurrió a la Fiscal Departamental demandada, dando a conocer su queja de esas irregularidades; sin embargo, no obtuvo respuesta alguna, pese a que reiteró la misma el 4 del citado mes y año (Conclusiones II.4 y 5). En ese contexto, es importante hacer notar que, en la presente acción de defensa existen tres demandados sobre hechos aparentemente distintos; empero, de su análisis se advierte que el inicio y lo sustancial de la controversia jurídica, radica en que el Fiscal de Materia codemandado, presuntamente omitió contestar a las solicitudes del accionante efectuadas el 18 de julio de 2022, que posteriormente, en audiencia de garantías se informó que sí fueron atendidas por los Fiscales de Materia en suplencia legal, provocando que el nombrado desista de la acción de libertad en relación a la referida autoridad fiscal titular de la investigación; sin embargo, igualmente se analizará dicho aspecto, conforme establece la SCP 0103/2012 de 23 de abril, que sostuvo: “…la única oportunidad procesal para desistir o retirar la acción de libertad, es hasta antes de señalado el día y hora de la audiencia pública…”. En relación al Fiscal de Materia codemandado, el accionante denuncia que incurrió en dilación indebida por no contestar a sus solicitudes realizadas el 18 de julio de 2022 y reiterada el 21 de igual mes y año; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional se precisó que, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye en el medio de defensa idóneo y efectivo en caso de existir lesión al principio de celeridad en trámites judiciales o administrativos relacionados directamente con el derecho a la libertad, o cuando se tengan retrasos que eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad. Condiciones que en el presente caso no concurren; toda vez que, la omisión denunciada no está directamente relacionada al derecho a la libertad del peticionante de tutela; pues, la libertad irrestricta del prenombrado o la imposición de medidas cautelares personales en su favor, no está condicionada a la sola presentación de la documentación requerida, consistente en requerimientos para actuaciones investigativas y obtención de informes y certificaciones inherentes al proceso penal en cuestión (Conclusiones II.1 y 2); pues aún de otorgarse dicha documental, su sola obtención no incide de forma directa con la libertad del accionante; sino que, previamente esta deberá ser evaluada y contrastada en audiencia de cesación de la detención preventiva; por lo que, no deja de ser una mera pretensión procesal. Además, es importante hacer notar que el Fiscal de Materia codemandado informó que las solicitudes del accionante fueron atendidas por los Fiscales de Material en suplencia legal, debido a que él se encontraba con baja médica y en comisión; extremo que fue corroborado por la defensa del impetrante de tutela en audiencia de garantías, a pesar de que no se haya adjuntado evidencia al expediente constitucional; por lo expuesto, no es posible activar la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. Respecto a la denuncia contra la Jueza y la Fiscal Departamental demandadas, en relación a la vulneración del derecho al debido proceso vinculado a la libertad del accionante, debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció que cuando se denuncie la lesión del indicado derecho a través de la acción de libertad, es necesario que el acto presuntamente lesivo debe estar vinculado con la libertad, por constituirse en la causa directa para su restricción; y, que el peticionante de tutela se encuentre en absoluto estado de indefensión. Dichas exigencias no se advierten en el presente caso; toda vez que, el rechazo de control jurisdiccional por parte de la Jueza codemandada y la presunta omisión de respuesta a los memoriales de 1 y 4 de agosto de 2022, por parte de la Fiscal Departamental demandada, no tienen una vinculación directa con el derecho a la libertad del accionante ni su restricción, sino que se trata de cuestiones netamente procesales inherentes al reclamo por la presunta conducta omisiva del Fiscal de Materia codemandado; además, el solicitante de tutela se encuentra privado de su libertad porque la autoridad judicial dispuso la aplicación de la detención preventiva como emergencia del proceso penal instaurado en su contra; asimismo, tampoco se evidencia un estado de indefensión absoluto; debido a que, el accionante cuenta con defensa técnica y tiene una participación activa en la referida causa, presentando memoriales y requiriendo documentación y diligencias, conforme se tiene de los antecedentes en torno a esta acción de defensa; en ese sentido, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática corresponde denegar la tutela impetrada.

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2022 de 6 de agosto, cursante de fs. 111 a 119, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0564_2024-S2.pdf · páginas 1 a 12.

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