B.IA.LEGAL

SCP 0564/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 14 de junio de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
14 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
46407-2022-93-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y a la defensa; y, del principio de celeridad procesal; toda vez que, el Fiscal de Materia demandado, no dio respuesta al requerimiento fiscal formulado respecto a la obtención de elementos probatorios para su presentación en audiencia de medidas cautelares, ni tuvo acceso al cuaderno de investigación, aspecto que hizo conocer a la Jueza encargada del control jurisdiccional, quien mediante proveído de 22 de febrero de 2022, otorgó a la autoridad demandada el plazo de veinticuatro horas para que informe sobre lo requerido; no obstante, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar el citado Fiscal de Materia no dio respuesta a lo dispuesto por la señalada autoridad judicial, situación que la deja en estado de indefensión, debido a que esa documentación es necesaria para presentarla en audiencia de medidas cautelares programada para el 16 de marzo del referido año. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 048/2022 de 15 de marzo, cursante de fs. 39 a 41, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos alcances dispuestos por el aludido Tribunal de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0564/2023-S2 Sucre, 14 de junio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 46407-2022-93-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 048/2022 de 15 de marzo, cursante de fs. 39 a 41, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ever Toño Zambrana Pérez en representación sin mandato de Giovana Sullcata Tancara contra Freddy Tarqui Mamami, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 14 de marzo de 2022, cursante de fs. 6 a 9, la accionante a través de su representante, señaló que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de asociación delictuosa, falsedad material, uso de instrumento falsificado y estafa, previstos y sancionados en los arts. 132, 198, 203 y 335 del Código Penal (CP); el 15 de febrero de 2022, solicitó ante el Fiscal de Materia -ahora demandado- la obtención de elementos probatorios con el fin de utilizarlos en audiencia de medidas cautelares; empero, desde esa fecha no pudo acceder al cuaderno de investigación, pese a que en reiteradas ocasiones al realizar el seguimiento de dicha causa se apersonó ante dicha autoridad, mereciendo como respuesta que el mismo se encontraba en despacho. Ante esa circunstancia, el 21 de igual mes y año, impetró a la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz, conminar al Fiscal de Materia demandado, emitiéndose la providencia de 22 de idéntico mes y año, estableciendo el plazo de veinticuatro horas para que el prenombrado informe sobre lo requerido, siendo este último notificado con dicho actuado procesal el 9 de marzo de ese año; empero, hasta la fecha de presentación de esta acción de defensa, el mismo no dio respuesta a lo dispuesto por la mencionada Jueza ni puso a conocimiento el referido cuaderno de investigación.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y a la defensa; y, del principio de celeridad procesal, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que el Fiscal de Materia demandado “…ponga a la vista el Cuaderno de Investigaciones y se extienda los requerimientos solicitados en el plazo de 24 horas…” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 15 de marzo de 2022, según consta en acta cursante de fs. 36 a 38, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su representante, ratificó los argumentos contenidos en su demanda tutelar, y ampliándolos manifestó que: a) El Fiscal de Materia demandado actuó con negligencia; toda vez que, no atendió a los requerimientos impetrados de manera oportuna, respecto a la documentación solicitada para la audiencia de medidas cautelares, otorgando aquella recién el 15 de marzo de 2022, habiendo transcurrido al efecto un tiempo aproximado de veinticinco días sin que el prenombrado diera respuesta a la petición formulada; b) Los funcionarios dependientes de ese despacho fiscal no facilitaron el acceso al cuaderno de investigación, incluso negaron extender fotocopias simples, así como, legalizadas, ocasionado de esa manera que no se cuente con la documentación necesaria para poder desvirtuar los riesgos procesales en el referido acto procesal programado; y, c) La autoridad fiscal demandada, hizo caso omiso al proveído dictado por la Jueza encargada del control jurisdiccional, quien conminó a cumplir con lo peticionado en el plazo de veinticuatro horas.

I.2.2. Informe del demandado

Freddy Tarqui Mamami, Fiscal de Materia, a través de informe escrito de 15 de marzo de 2022, cursante a fs. 12 y vta., y en audiencia de garantías señaló que: 1) La impetrante de tutela cuenta con incomparecencia de 21 de enero de igual año, encontrándose pendiente la declaración ampliatoria de la misma por la presunta comisión de los delitos de asociación delictuosa, falsedad material, uso de instrumento falsificado y estafa; hecho que fue puesto a conocimiento de la autoridad jurisdiccional de la causa el 17 de noviembre de 2021; por tal razón, la nombrada no se apersonó de manera constante a las oficinas del Ministerio Público; 2) Debido a la realización de diligencias en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, y a efectos del control de asistencia -todos los lunes- en el marcador biométrico de la Fiscalía Departamental de La Paz, su persona se ausenta del asiento fiscal de la localidad de Caranavi; y, 3) Por razones de distancia y mal tiempo imperante en la carretera Caranavi - La Paz, “…no se pudo remitir en físico el cuaderno de investigaciones del caso 18/2020, sin embargo adjunt[ó] algunos antecedentes del mismo v[í]a digital…” (sic)

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 048/2022 de 15 de marzo, cursante de fs. 39 a 41, concedió la tutela solicitada, disponiendo que, habiendo el Ministerio Público remitido los requerimientos fiscales impetrados el 11 de marzo del citado año, por la accionante; se proceda a la entrega de los mismos a la brevedad posible; con base en los siguientes fundamentos: i) Los requerimientos a los que hizo alusión la impetrante de tutela, fueron solicitados el 15 de febrero de igual año, no por voluntad propia, sino una necesidad de contar con aquellos para la audiencia de medidas cautelares señalada para el 16 de febrero del indicado año a horas 14:00; ii) Si bien el Fiscal de Materia demandado elaboró un informe dirigido a la Jueza encargada del control jurisdiccional, recién lo hizo llegar “…el día de hoy 15 de marzo de 2022 a horas 13:09…” (sic), incluso después de la presentación y admisión de este mecanismo de defensa; por tal aspecto, la prenombrada autoridad fiscal conculcó el principio de celeridad establecido en los arts. 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); iii) Los actuados procesales del Ministerio Público deben ser realizados de forma pronta, oportuna y cumpliendo con los plazos de manera razonable; toda vez que, no resulta coherente que el represente fiscal dé respuesta a una petición con una demora injustificada y después de una solicitud de queja efectuada por el impetrante de tutela al Juzgado de la causa; y, iv) En la presente acción tutelar se concedió la tutela en su modalidad innovativa, la cual debe entenderse como el medio procesal por el que el juez o tribunal de garantías asume un rol de protección de derechos, resultando necesario realizar una declaración sobre la existencia de lesiones sobre aquellos, aunque las mismas hubieran desaparecido, advirtiendo al funcionario o persona particular que su conducta es contraria al orden constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 15 de febrero de 2022, Giovana Sullcata Tancara -peticionante de tutela-, solicitó al Fiscal de Materia -demandado-requerimiento fiscal con el objeto que el encargo del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) de La Paz, franquee el certificado respectivo concerniente a su persona; y, a la Policía Rural y Fronteriza de la localidad de Caranavi, para la realización de verificación domiciliaria, así como, la suscripción del acta de garantías mutuas con los familiares de la denunciante en el proceso penal que se le sigue (fs. 2 y vta.). II.2. A través de escrito presentado el 21 de igual mes y año, ante la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz, la accionante pidió que se conmine al Fiscal de Materia demandado a cumplir con los plazos establecidos a efectos de emitir los requerimientos fiscales solicitados, aspecto que fue atendido por la indicada autoridad judicial mediante proveído de 22 de igual mes y año, quien otorgó al prenombrado el plazo de veinticuatro horas para el cumplimiento de lo señalado (fs. 3 a 4) . II.3. Mediante memorial presentado el 15 de marzo de 2022, el Fiscal de Materia demandado, dando cumplimiento a lo determinado por el proveído referido ut supra, presentó ante la citada Jueza los requerimientos solicitados por la impetrante de tutela, alegando que dicha documentación se encontraba pendiente de recojo (fs. 22 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y a la defensa; y, del principio de celeridad procesal; toda vez que, el Fiscal de Materia demandado, no dio respuesta al requerimiento fiscal formulado respecto a la obtención de elementos probatorios para su presentación en audiencia de medidas cautelares, ni tuvo acceso al cuaderno de investigación, aspecto que hizo conocer a la Jueza encargada del control jurisdiccional, quien mediante proveído de 22 de febrero de 2022, otorgó a la autoridad demandada el plazo de veinticuatro horas para que informe sobre lo requerido; no obstante, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar el citado Fiscal de Materia no dio respuesta a lo dispuesto por la señalada autoridad judicial, situación que la deja en estado de indefensión, debido a que esa documentación es necesaria para presentarla en audiencia de medidas cautelares programada para el 16 de marzo del referido año. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho

La SC 0011/2010-R de 6 de abril, estableció que: “La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida, si es que se halla en peligro a raíz de la supresión o restricción a la libertad personal, sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al Juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE”. Por su parte, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, concluyó que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (énfasis añadido). Asimismo, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, sostuvo que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’.

Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa y al principio de celeridad procesal; toda vez que, el Fiscal de Materia demandado no dio respuesta a su solicitud de expedición de requerimiento fiscal para la obtención de elementos probatorios a fin de su presentación en audiencia de medidas cautelares, tampoco tuvo acceso al cuaderno de investigación, aspecto que hizo conocer a la Jueza de la causa, quien por proveído de 22 de febrero de 2022, otorgó a la señalada autoridad fiscal demandada el plazo de veinticuatro horas para que informe sobre lo peticionado; sin embargo, hasta la fecha de presentación de este mecanismo de defensa, el aludido Fiscal de Materia no dio respuesta a lo dispuesto por la aludida Jueza, aspecto que la deja en estado de indefensión; debido a que, esa documentación pedida resulta ser necesaria para su presentación en audiencia de medidas cautelares programada para el 16 de marzo del mismo año. De la literal cursante en el legajo procesal, se tiene memorial presentado el 15 de febrero de 2022, por la impetrante de tutela, quien solicitó al Fiscal de Materia demandado, requerimiento fiscal a efectos de que el encargado de REJAP La Paz, franquee el certificado correspondiente; y, a la Policía Rural y Fronteriza de la localidad de Caranavi, para la realización de verificación domiciliaria, y la suscripción del acta de garantías mutuas con los familiares de la denunciante en el proceso penal que se le sigue; aquello, a fin de contar con dicha documentación para la audiencia de medidas cautelares fijada para el 16 de febrero del citado año (Conclusión II.1); así como, escrito desplegado el 21 de idéntico mes y año, ante la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del referido departamento, por medio del cual, la peticionante de tutela pidió se conmine a la aludida autoridad fiscal a observar los plazos establecidos en lo concerniente a la emisión de los requerimientos fiscales pedidos, existiendo en respuesta el proveído de 22 de igual mes y año; por el cual, la mencionada Jueza otorgó al prenombrado fiscal el plazo de veinticuatro horas para el cumplimiento de lo impetrado (Conclusión II.2); y finalmente, escrito presentado el 15 de marzo de 2022, a la indicada autoridad judicial por el Fiscal de Materia demandado, dando cumplimiento a lo determinado por el supra citado proveído; alegando que, esa documentación se encuentra pendiente de recojo (Conclusión II.3).

Conforme la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo ante la lesión del principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad, teniendo la autoridad judicial o administrativa en esos casos la obligación enmarcar sus actuaciones en el marco de la debida diligencia. Ahora bien, en el presente caso se observa que la accionante solicitó ante el Fiscal de Materia demandado, requerimiento fiscal a objeto de recabar elementos probatorios para su presentación en audiencia de medidas cautelares; empero, pese a que en reiteradas ocasiones al realizar el seguimiento de la indicada causa penal se apersonó a dependencias del Ministerio Público, no obtuvo respuesta alguna en cuanto a su petición; por tal motivo, ante esa circunstancia, acudió a la Jueza de control jurisdiccional impetrando se conmine a la autoridad fiscal demandada a actuar conforme a procedimiento y cumpliendo los plazos procesales a efectos de emitir los requerimientos impetrados; por lo que, la mencionada Jueza, dictó proveído de 22 del señalado mes y año, conminando al prenombrado Fiscal de Materia a manifestarse sobre lo peticionado en un plazo de veinticuatro horas, siendo notificado el 9 de marzo de igual año, con dicho actuado procesal; no obstante, el Fiscal de Materia demandado, haciendo caso omiso tanto a la solicitud presentada por la impetrante de tutela como a lo determinado por la nombrada Jueza, hasta la fecha de presentación de este mecanismo de defensa, no se manifestó al respecto. De lo anteriormente glosado, y lo acontecido en la audiencia de garantías, impele señalar que, si bien al momento de la celebración de dicho verificativo el Fiscal de Materia demandado presentó memorial a la Jueza de la causa -15 de marzo de 2022-, informando que en el cuaderno de investigación se encontraban los requerimientos solicitados por la impetrante de tutela, los cuales estaban pendientes de recojo por la misma, alegando de esa manera el cumplimiento de lo requerido, resultando necesario tener en cuenta que ese acto lo realizó con posterioridad a la admisión de la presente acción de defensa -14 de igual mes y año-; situación de la que se advierte por parte del representante fiscal dilación indebida; toda vez que, el referido actuado procesal fue expedido después que la peticionante de tutela interpusiera esta acción tutelar, existiendo al efecto lesión al principio de celeridad, y a su vez, transgresión de los derechos a la libertad y a la defensa de la prenombrada, aquello en el entendido que el retraso en el que incurrió la autoridad fiscal demandada con relación a que los requerimientos impetrados, tales como certificaciones del REJAP y de la Policía Rural y Fronteriza de Caranavi, se constituyen en el sustento probatorio a ser presentados dentro de la audiencia de medidas cautelares programada para el 16 de marzo de 2022; por lo que, se advierte que esa situación se encuentra relacionada con el instituto de las medidas cautelares, constatándose de esa manera una vinculación con el derecho a la libertad de la accionante. En ese sentido, se tiene presente que la negativa manifestada por el Fiscal de Materia demandado respecto a la pretensión de la solicitante de tutela, se constituye en un acto dilatorio, mismo que dejó a la prenombrada sin la posibilidad de acceder a los documentos, los cuales por su importancia, se constituyen en necesarios para su defensa en el desarrollo de un verificativo de medidas cautelares programado para el 16 de marzo de 2022; aspecto por el cual, corresponde aplicar al presente caso y en relación a los hechos acontecidos, el entendimiento referido de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, considerada como un medio constitucional idóneo y efectivo, cuando existe vulneración al principio de celeridad en situaciones donde se encuentre de por medio el derecho a la libertad, correspondiendo al efecto conceder la tutela solicitada, en la modalidad indicada anteriormente. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, aunque con otro fundamento, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 048/2022 de 15 de marzo, cursante de fs. 39 a 41, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos alcances dispuestos por el aludido Tribunal de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0564_2023-S2.pdf · páginas 1 a 8.

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