Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 8 de abril de 2026
Deniega la tutela
La accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna; puesto que, siendo víctima dentro del proceso penal signado con CUD 702102272300309, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares por la Jueza hoy accionada el 24 de marzo de 2023, determinándose la detención domiciliaria para el imputado José Alberto Ortiz Tomasi; por ello, mediante su abogado conforme al art. 251 del CPP, interpuso apelación contra la resolución dictada, conforme al art. 251 del CPP; empero, hasta la interposición de la presente acción de defensa el cuaderno procesal no fue remitido al Tribunal de alzada, incumpliéndose el plazo señalado en dicho artículo, lo que vulneró sus derechos. En consecuencia, corresponde determinar, en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se desarrollaran los siguientes temas: a) El recurso de apelación incidental previsto por el art. 251 del CPP Jurisprudencia reiterada; b) Análisis del caso concreto
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2023 de 28 de marzo, cursante de fs. 22 a 25 vta., pronunciada por la Jueza Pública de Familia Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0563/2026-S1 Sucre, 8 de abril de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 55231-2023-111-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 04/2023 de 28 de marzo, cursante de fs. 22 a 25 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rosario Marlene Ortiz Tomasi contra Maribel Jiménez Claure, Jueza de Instrucción Penal Segunda de Montero del departamento de Santa Cruz.
La accionante por memorial presentado el 27 de marzo de 2023, cursante de fs. 1 a 4, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal iniciado por su persona contra José Alberto Ortiz Tomasi por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP); signado con Código Único de Denuncia (CUD) 702102272300309, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares por la Jueza hoy accionada el 24 de marzo de 2023, determinándose detención domiciliaria para el nombrado; por ello, como víctima mediante su abogado interpuso recurso de apelación incidental contra la resolución emitida conforme al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que señaló que "UNA VEZ INTERPUESTO EL RECURSO LAS ACTUACIONES PERTINENTES SERÁN REMITIDAS ANTE EL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA EN EL TERMINO DE (24) VEINTICUATRO HORAS, BAJO RESPONSABILIDAD..." (sic), pero la citada Juez en lugar de remitir al Tribunal de alzada el cuaderno procesal dentro del plazo señalado, envió a su Secretaria para decir que el acta no iba a estar lista sino hasta los siguientes días, en flagrante y premeditada vulneración de los derechos al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna; siendo que, la Jueza hoy accionada conoce perfectamente que su persona como víctima tiene su vida e integridad corporal en riesgo; ya que, conoce que el imputado al momento de cometer los hechos denunciados se encontraba cumpliendo detención domiciliaria por otro caso y vulneró esa disposición; también conoció que, solicitó detención preventiva para el imputado, y por ello se presentó el recurso de apelación incidental conforme al art. 251 del CPP, y que este artículo prevé las veinticuatro horas para remitir el cuaderno procesal con sus antecedentes al Tribunal Departamental de Justicia.
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna; citando al efecto los arts. 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia que la Jueza hoy accionada remita en doce horas el cuaderno procesal signado con CUD 702102272300309 al Tribunal Departamental de Justicia con la finalidad de que se resuelva la apelación presentada conforme al art. 251 del CPP.
Celebrada la audiencia pública el 28 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 19 a 21; se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa no se tiene arrimada el acta en el cuaderno procesal.
Maribel Jiménez Claure, Jueza de Instrucción Penal Segunda de Montero del departamento de Santa Cruz, asi como en audiencia; manifestó que: a) La audiencia de medidas cautelares se instaló a las 11:00 horas, duró cinco horas concluyendo a las 18:30 horas, habilitándose horas extraordinarias; y siendo que, la presente acción de libertad fue presentada el 27 de marzo de 2023, ese día se encontraba en comisión desde las 8:00 horas, de manera presencial en la Escuela de Jueces del Estado y para la presente audiencia fue notificada a las 9:30 horas; por lo que, no pudo realizar el informe correspondiente para la acción de libertad ni pudo remitir el expediente; b) La Secretaria del Juzgado que representa le informó que ninguno de los abogados de las partes se apersonó a su Juzgado para preguntar si ya estuviera el acta; c) Al no cocluirse el plazo de las veinticuatro horas tomando en cuenta que la audiencia fue el 24 de ese mes y año, 25 y 26 de igual mes y año fue sábado y domingo, lunes 27 del mismo mes y año estaba con declaratoria de comisión, y como los Juzgados de instrucción no cuentan con auxiliares, oficiales de diligencias, sólo está su persona y la Secretaria del Juzgado; en ese sentido, no se vulneró ningún derecho fundamental o garantías constitucionales, pues la Secretaria tenía veinticuatro horas para remitir el cuaderno de control jurisdiccional; mismas que, no han transcurrido aún; d) Al denunciado se le otorgó la detención domiciliaria con escolta policial; por lo que, la parte civil el Ministerio Público y el denunciante apelaron la referida resolución; por lo que nego todos los argumentos indicados por el abogado de la accionante, quien además no estuvo presente -en la audiencia de medidas cautelares-; y, e) No se evidencia que la -accionante- se encuentre perseguida, ilegalmente procesada o privada de su libertad. Por lo que, pidió se deniegue la tutela solicitada.
La Jueza Pública de Familia Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, Resolución 04/2023 de 28 de marzo cursante de fs. 22 a 25 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: 1) Se evidencia que existe un proceso. penal instaurado, el cual cuenta con el debido control jurisdiccional ante el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de Montero del departamento de Santa Cruz, el cual, tiene una resolución que se encuentra con recurso de apelación pendiente; 2) La audiencia de medidas cautelares concluyó a las 18:30 horas del día viernes 24 de marzo de 2023, y el recurso de apelación incidental fue planteado en audiencia; por lo que, el término de las veinticuatro horas para la remisión del cuaderno procesal concluye el martes 28 de marzo del citado año a las 18:30 horas, esto en consideración a que los días 25 y 26 de ese mes y año, eran sábado y domingo y no se cuentan al ser días inhábiles, el día lunes 27 del mismo mes y año, la autoridad demandada estaba declarada en comisión; por lo que, el plazo para la remisión de las fotocopias legalizadas pertinentes con el recurso de apelación planteado hasta el momento en el que se interpuso la presente acción de libertad y hasta la fecha en la que la Jueza ahora accionada fue citada, aún no habría concluido, estando vigente hasta las 18:30 horas del 28 de marzo de 2023, estando aún dentro de término señalado por el art. 251 del CPP; 3) Con relación a la legitimación activa, el abogado de la accionante no fundamentó de qué manera o forma su patrocinada estaría en peligro, su vida o integridad física o que estaría ilegalmente perseguida, indebidamente procesada, presa o privada de libertad, en el entendido que la accionante se encuentra gozando de todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, Rosario Marlene Ortiz Tomasi, carece de legitimación activa para interponer la presente de acción de libertad; y, 4) No concurren los elementos o circunstancias establecidas en los arts. 47 y 48 del Código Procesal Constitucional (CPCo), para realizar un análisis de fondo de la situación planteada.
En vía de aclaración complementación y enmienda presentada por el abogado de la accionante, señaló a la Jueza de garantías que: i) Se consideró que el plazo de remisión no estaría vencido; empero, ya pasaron más de cuarenta y ocho horas; por lo que, pidió que se indique en qué artículo del Código de Procedimiento Penal, está fundamentada su resolución; ii) El plazo no rige por la declaración en comisión, pues en ninguna parte de la citada normativa establece que los plazos se suspenden por una declaratoria en comisión de la autoridad, como en el presente caso; y, iii) La vida de la accionante sí estaría en peligro; ya que, esta acción tutelar deviene de un delito de violencia familiar o doméstica, misma que se está denunciando; puesto que, no se está respetando la norma contenida en el art. “253” del CPP. En mérito a lo cual la Jueza de garantías, señaló que el art. 251 del CPP; indica que, las actuaciones pertinentes serán remitidas al Tribunal de alzada en el término de veinticuatro horas; es decir, veinticuatro horas hábiles, y en el hipotético caso de analizar lo referido por el abogado de la accionante, se toma como punto de comienzo del plazo en horas, el recurso fue planteado a las 18:30 horas del 24 de marzo de 2023, se tendría que haber puesto en conocimiento o remitido los actuados procesales hasta el día sábado 25 de igual mes y año, cuando son días inhábiles y que las instituciones como el Tribunal de alzada no atienden, finalmente el abogado no ha fundamentado de qué manera la vida de la accionante estuviera en peligro; por lo que, fue clara en la Resolución 04/2023, fue clara correspondiendo resolver no ha lugar a la complementación y enmienda, por lo que la resolución emitida queda firme.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados los cuales se encontraban pendientes de resolución, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas; por consiguiente, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es dictada dentro del plazo establecido.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa la solicitud de 2 de marzo de 2023, del Director General de la Escuela de Jueces del Estado, ante el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, referente a declaratoria en comisión de docentes y participantes, adjuntándose nómina, en la cual está Maribel Jiménez Claure, Jueza Jueza hoy accionada, para que participe el 27 del indicado mes y año (fs. 16 a 18 vta.).
La accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna; puesto que, siendo víctima dentro del proceso penal signado con CUD 702102272300309, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares por la Jueza hoy accionada el 24 de marzo de 2023, determinándose la detención domiciliaria para el imputado José Alberto Ortiz Tomasi; por ello, mediante su abogado conforme al art. 251 del CPP, interpuso apelación contra la resolución dictada, conforme al art. 251 del CPP; empero, hasta la interposición de la presente acción de defensa el cuaderno procesal no fue remitido al Tribunal de alzada, incumpliéndose el plazo señalado en dicho artículo, lo que vulneró sus derechos. En consecuencia, corresponde determinar, en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se desarrollaran los siguientes temas: a) El recurso de apelación incidental previsto por el art. 251 del CPP Jurisprudencia reiterada; b) Análisis del caso concreto
La SCP 0195/2024-S4 de 4 de junio desarrolló en su Fundamento Jurídico III.2, lo siguiente: “El art. 251 del CPP, modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, con relación a la apelación incidental establece que: 'La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas.
Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior. El mencionado precepto legal determina que una vez interpuesto el recurso de apelación incidental, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, bajo responsabilidad. Asimismo, señala que el Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior. A/ respecto, la SCP 2356/2012 de 22 de noviembre, refiere que: 'La teleología de la apelación incidental diseñada por el legislador contra Resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, es garantizar un procedimiento efectivo, rápido y oportuno para que la situación jurídica del imputado pueda ser revisada y valorada por un Tribunal colegiado de mayor jerarquía. En este sentido, la tramitación prevista por el art. 251 del CPP, (...) se constituye en un procedimiento y tramitación especial que no reúne los mismos parámetros jurídicos o requisitos procedimentales establecidos por los arts. 403, 404 y 405 del CPP, pues dicho recurso se puede interponer inclusive de forma oral al momento de culminar o escuchar el pronunciamiento en audiencia sobre la procedencia o no de la detención preventiva o alguna otra medida sustitutiva, además de que no es necesario que acompañe ninguna otra prueba como así exige el art. 404 del CPP; en todo caso, el juez cautelar tiene el deber de remitir los actuados procesales pertinentes que hacen la apelación dentro de las 24 horas, sin que sea requisito que acompañe nueva prueba para el efecto, y menos aún, se emplace o corra traslado a las otras partes para que contesten dentro de los tres días; aclarando más bien que, el juez no tiene que esperar de ninguna manera que el apelante presente o ratifique su apelación de forma escrita, en todo caso como se dijo, tiene la obligación de imprimir celeridad en sus actos y remitir la documentación ante el Tribunal superior dentro del plazo previsto en el procedimiento especial establecido en el art. 251 del referido cuerpo adjetivo. Consiguientemente, las autoridades que imparten justicia en materia penal, deben considerar que el legislador ha diseñado una apelación incidental especial, distinta a la naturaleza y procedimiento que prevé el art. 403 del CPP, por ello, no deben confundir la aplicación de la norma, procediendo a dilatar indebidamente la tramitación rápida, expedita y eficaz establecida por el art. 251 del citado Código, pues ésta última norma inclusive le otorga la facultad al Tribunal superior de corregir omisiones del Juez cautelar y por ello, de manera fundamentada y motivada, puede aprobar o revocar la decisión inferior restableciendo en su caso y si corresponde, la libertad del imputado o procesado” (las negrillas nos pertenecen).
La accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna; puesto que, siendo víctima dentro del proceso penal signado con CUD 702102272300309, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares por la Jueza hoy accionada el 24 de marzo de 2023, determinándose detención domiciliaria para el imputado José Alberto Ortiz Tomasi; por ello, mediante su abogado conforme al art.251 del CPP, interpuso apelación contra la resolución dictada, conforme al art. 251 del CPP; empero, hasta la interposición de la presente acción de defensa el cuaderno procesal no fue remitido al Tribunal de alzada, incumpliéndose el plazo señalado en dicho artículo, vulnerando sus derechos.
Ahora bien, precisada la problemática de la presente acción tutelar, y lo argumentado por las partes; se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de la accionante, contra José Alberto Ortiz Tomasi, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se llevó a cabo audiencia de medidas cautelares el 24 de marzo de 2023, a cargo de la Jueza hoy accionada dictándose detención domiciliaria para el nombrado; y, a decir de la referida Jueza, conforme al art. 251 del CPP, la parte civil, el Ministerio Público y el denunciado presentaron recurso de apelación incidental en audiencia; misma que, duró desde las 11:00 horas hasta las 18:30 horas del 27 de ese mes y año, y como sábado y domingo no eran días hábiles y el lunes estuvo declarada en comisión para asistir a un evento de la Escuela de Jueces del Estado, es cuando se habría presentado la acción de defensa; y como en su Juzgado solo cuenta con la secretaria, no pudieron realizar la remisión correspondiente hasta la realización de la audiencia de la presente acción de libertad -28 de marzo de 2023-; además, alegó que la accionante no se encuentra perseguida, ilegalmente procesada o privada de su libertad. Asimismo, cursa solicitud de 2 de marzo de 2023, del Director General de la Escuela de Jueces del Estado, ante el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, referente á declaratoria en comisión de docentes y participantes, adjuntándose nómina, en la cual está la Jueza hoy accionada, para que participe el 27 del indicado mes y año (Conclusiones II.1). Ahora bien, de acuerdo a la Jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional establece que el recurso. de apelación incidental está diseñado por el legislador contra Resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, que busca garantizar un procedimiento efectivo, rápido y oportuno para que la situación jurídica del imputado pueda ser revisada y valorada por un Tribunal de alzada; de lo cual se concluye que, la Jueza ahora accionada, al haberse emitido en audiencia de medidas cautelares resolución que dispuso la detención domiciliaria del imputado y al formularse recurso de apelación incidental conforme al art. 251 del CPP por la víctima accionante, el mencionado precepto legal determina que una vez interpuesto el citado recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, bajo responsabilidad; en ese marco tenemos que, en el presente caso, la apelación fue presentada por la accionante en la audiencia de medidas cautelares, el día viernes 24 de marzo de 2023, siendo que el 25 y 26 de ese mes y año fueron sábado y domingo, y el lunes 27 del mismo mes y año, cuando la accionante presentó la acción de defensa, la Jueza ahora accionada estaba en plazo aún para remitir al Tribunal de alzada; evidenciándose que, la nombrada no incurrió en dilación indebida hasta entonces; además; tomando en cuenta que, la accionante, se constituye en víctima dentro del proceso penal al exordio, no se encuentra detenida, perseguida ilegalmente; en cuanto a ello, la jurisprudencia constitucional señala que: "los arts. 125 a 127 de la CPE, consagran a la acción de libertad como una garantía jurisdiccional, que tiene por finalidad, dotar al ser humano de un medio de defensa breve y sumario, con el objeto de: a) Tutelar la vida de una persona; b) Evitar las persecuciones ilegales; c) Remediar los procesos indebidos; y, d) Restablecer la libertad de locomoción de quien la perdió ilegalmente, de forma inmediata y oportuna” (SCP 0074/2020-S4 de 10 de julio); por lo tanto, la acción de libertad es un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de funcionarios públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando ésta se encuentra afectada o amenazada por la restricción o supresión de la libertad; en este caso, la accionante goza de plena libertad, y si bien refiere que su vida se encontraría en riesgo no se cuenta con elemento alguno que corrobore lo manifestado por la accionante lo que imposibilita emitir un criterio al respecto; por lo tanto, corresponde denegar la tutela solicitada. Sin perjuicio de lo resuelto, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional no puede soslayar el hecho de que el proceso penal del cual emerge la presente acción tutelar tiene como antecedente presuntos hechos de violencia contra una mujer; misma que, se constituye en parte de un grupo vulnerable que merece una protección reforzada, lo que representa que se deba exhortar a la Juez ahora accionada, a cumplir su labor con la mayor diligencia en la tramitación de la presente causa lo que permitirá evitar cualquier riesgo en la presunta víctima.
En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2023 de 28 de marzo, cursante de fs. 22 a 25 vta., pronunciada por la Jueza Pública de Familia Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0563_2026-S1.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 78002fd5ae652957e11166a5c00262d2dffc30d832c3629a66990d2c2962af80
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