Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 18 de septiembre de 2024
Concede en parte la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 21/2022 de 3 de agosto, cursante de fs. 42 a 44 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en relación a Liz Roció Avilés Condori y Marco Antonio Vargas Yupanqui, Jueces del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandados-, en base a la primera problemática relacionado a la solicitud de cesación a la detención preventiva presentada por el Luis Alfredo Revollo Tanaka -ahora accionante-disponiendo que atienda dicha solicitud sin esperar turno y dentro de las cuarenta y ocho horas de notificada con esta Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando la situación jurídica no haya sido definida por el transcurso del tiempo y como consecuencia de la decisión asumida por el Tribunal de garantidas; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada en relación a German Ramos Mamani, Juez del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora codemandado- y en cuanto a la segunda problemática relacionada a la falta de acceso a los antecedentes de la causa penal sobre la base de los Fundamentos Jurídicos descritos a lo largo del presente fallo constitucional. 3° Llamar severamente la atención a los Jueces ahora demandados por la negligencia incurrida en la atención y tramitación de la solicitud de cesación a la detención preventiva de 7 de junio de 2022 presentado por el ahora peticionante de tutela, bajo advertencia de que en caso de incurrir se remitirá antecedentes ante el Consejo de la Magistratura para su correspondiente procesamiento.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0563/2024-S1
Sucre, 18 de septiembre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 49559-2022-100-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 21/2022 de 3 de agosto, cursante de fs. 42 a 44 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Alfredo Revollo Tanaka contra Liz Roció Avilés Condori, Marco Antonio Vargas Yupanqui y German Ramos Mamani, Jueces del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1.Contenido de la demanda A través de memorial presentado el 2 de agosto de 2022, cursante de fs. 27 a 31 vta., el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho: I.1.1. Hechos que motivan la acción Dentro el proceso penal, caso signado con el Número de Registro Judicial (NUREJ) 201102012006200 seguido por el Ministerio Público en contra del ahora peticionante de tutela y otros por el delito de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes; por el cual, viene cumpliendo detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por disposición del Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del referido departamento, señala que una vez presentadas la acusación Fiscal y particular, la causa penal radicó ante el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del mismo departamento -ahora demandado-, quien fijo audiencia para la apertura del juicio oral el 25 de mayo de 2022, donde por Resolución 65/2022 declaró fundados los incidentes y excepciones; por lo que, contra dicha decisión los sujetos procesales plantearon recurso de apelación.
Por Oficio CITE 268/2022 de 6 de junio, el Tribunal ahora demandado, remitió los antecedentes al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, en cumplimiento a la Resolución 65/2022 de 25 de mayo, el cual fue recibido el 8 de citado mes y año; sin embargo, por providencia de igual fecha, el referido Juzgado devolvió todos los antecedentes de la causa al haber sido objeto de apelación y ser remitido ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de citado departamento el 7 de referido mes y año; empero, presentó memorial en la misma fecha, ante el Tribunal ahora demandado, recepcionado el 8 de citado de mes y año, solicitando cesación a la detención preventiva; el cual, mereció decreto de 8 de junio de 2022, disponiendo que “…habiéndose remitido antecedentes al Juez 5to de Instrucción Anticorrupción Contra la violencia hacia a la mujer, por Secretaria remítase el presente escrito a efectos de su conocimiento…” (sic) siendo remitido por Oficio CITE 269/2022 de 8 de junio al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, quien devolvió tanto los antecedentes y el memorial mediante Oficio TDJ/JAV5/OFI 411/2022 de 10 de junio al Tribunal ahora demandado, siendo nuevamente recibido el 13 de citado mes y año; en virtud a ello, el referido Tribunal señaló audiencia para la consideración de la solicitud de cesación a la detención preventiva para el 15 de junio de 2022, el cual no se llevó a cabo ya que no se dieron cumplimiento a los actos de comunicación; por lo que, señalo nueva audiencia para el 20 de igual mes y año. El 20 de junio de 2022 tanto los acusadores particulares como el Ministerio Público se opusieron a la prosecución de la audiencia, arguyendo que el Tribunal ahora demandado perdió competencia de la causa a partir de la emisión de la Resolución 65/2022; por lo cual, no pudo conocer la solicitud de cesación a la detención preventiva; sin embargo, la citada resolución al haber sido objeto de apelación todavía no causó estado, encontrándose todavía en conocimiento del Tribunal ahora demandado; empero, dio la razón a lo solicitado por la acusadora particular, determinando que no tiene competencia para tratar la petición del ahora impetrante de tutela, al haber sido asumido mediante una providencia, en la misma audiencia planteó recurso de reposición, que fue rechazado con la disidencia de uno de sus miembros, manteniendo la postura asumida, dejando en suspenso su pedido hasta que se resuelva la apelación contra la Resolución 65/2022 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a quien en la misma fecha por intermedio de Oficio CITE 288/2022 de 20 de junio, solicitó que se le haga conocer el resultado de la impugnación, al estar pendiente la cesación a la detención preventiva, sin que se tenga respuesta hasta la fecha. Asimismo, el acceso a los antecedentes se vio limitado desde el 24 de junio de 2022 ya que los últimos cuerpos fueron remitidos ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz a fines de dar cumplimiento a una resolución dentro de una acción de amparo constitucional; hecho que, fue reclamado ante el Tribunal ahora demandado mediante memorial de 14 de julio de 2022, recibiendo respuesta mediante decreto de 18 de igual mes y año que rectifica las limitaciones existentes para el acceso de los actuados del proceso.
Todos los requisitos de “procedibilidad” de la acción de libertad se encuentran cumplidas, al haber agotado la subsidiaridad y al interponer el recurso de reposición en la audiencia de 20 de junio de 2022 y se encuentra dentro el plazo del principio de inmediatez. Todos los plazos posibles para el tratamiento de la solicitud de cesación a la detención preventiva se encuentran vencidos ya que el Tribunal que tiene bajo su cargo el conocimiento del proceso y los antecedentes del cuaderno está omitiendo de manera ilegal e indebidamente cumplir con su responsabilidad de atender su petición que se encuentra ligado estrechamente al derecho la libertad, si bien se anuló la acusación que dio inicio a la etapa del juicio oral, no es evidente que alcanzó la ejecutoria en los alcances del art. 126 del Código de Procedimiento Penal (CPP); por lo que, la competencia del Tribunal ahora demandado se encuentra aún vigente para conocer las solicitudes dirigidas a definir su situación jurídica relacionado al derecho a la libertad, mismas que deben ser atendidas de forma pronta, oportuna y expedita conforme al entendimiento de la SCP 0817/2017-S2 de 14 de agosto y reconducido por la SCP 0222/2018-S2 de 22 de mayo. I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados El ahora impetrante de tutela denuncio la lesión de su derecho a la libertad, de libre locomoción y del principio de celeridad, sin citar norma constitucional alguna. I.1.3. Petitorio Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga de forma inmediata se señale audiencia pública para la consideración de su solicitud de cesación a la detención preventiva. I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías Celebrada la audiencia pública el 3 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 39 a 41 vta., se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción La parte accionante, a través de su abogado, se ratificó en los términos de su acción de libertad y en audiencia señalo que: a) La Resolución 65/2022 el cual dispuso la nulidad de la acusación, fue objeto de apelación por todos los sujetos procesales, encontrándose radicado ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; por lo que, el objeto de esta acción de defensa no es la resolución de la apelación sino el memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva de 7 de junio de 2022 presentada por el ahora peticionante de tutela; b) Refiere que, desde la presentación de la solicitud de cesación a la detención preventiva, transcurrieron casi dos meses que no se resuelve “hemos tenido un restricción de acceso al cuaderno de juicio de los antecedentes del proceso porque los últimos tres cuerpos habían sido remitidas a otra sala penal a los fines de la resolución de otro recurso de apelación por lo cual recién hemos podido tener acceso a los antecedentes del proceso y en eso vamos ya casi dos meses en los cuales no se ha podido atender la solicitud de Cesación a la Detención Preventiva presentada…” (sic); c) El Tribunal de Sentencia y Anticorrupción Primero de la Capital del mencionado departamento, todavía cuenta con competencia suficiente, ya que no fue confirmado o revocada la Resolución antes referida, entonces tiene la competencia para resolver la solicitud de cesación a la detención preventiva, el art.239 del CPP “modificado por la Ley 1443 de 4 de julio de 2022” (sic) en cualquiera de sus causales establece un plazo máximo de cuarenta y ocho horas para que sea resuelto; empero, en el presente caso transcurrieron casi dos meses en los cuales no se atendió la solicitud; d) “…la Sentencia Constitucional 222/2018-S2 de 22 mayo que básicamente a establecido que es competencia de los jueces y Tribunales de Sentencia el conocer y atender las solicitudes de Cesación desde que el proceso ha sido radicado en estas instancias, que se encargan de la etapa del juicio oral (…) más allá de que el tribunal de juicio hubiese dispuesto anular la acusación fiscal esta decisión no ha sido ratificada hasta el presente y el proceso se encuentra todavía radicado en esa instancia y esa es la razón por el cual la misma mantiene la competencia para atender esta solicitud que es el tema de la cesación a la detención preventiva lastimosamente el Tribunal accionado la autoridad accionado ha actuado con mucha dejadez…” (sic); y, e) Señala la vulneración al derecho a la libertad; por lo que, en la vía de reparación de derechos y garantías constitucionales que fueron vulnerados, solicitó se declare la “procedencia” y se conceda la tutela. I.2.2. Informe de las autoridades demandadas German Ramos Mamani, Juez del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito, presentado el 3 de agosto de 2022, cursante a fs. 38, señaló que: 1) “Acorde al contenido del acta de fecha 20 de junio de 2022, mismo que adjunto al presente informe y sobre el cual el accionante funda su pretensión, lo que el mismo no señala es que el suscrito Juez Técnico era dicidente de la determinación asumida por mayoría respecto a la consideración de la cesación, aspecto que claramente se encuentra evidenciado en el acta ha momento de que la suscrita autoridad se pronunció para resolver el Recurso de Reposición interpuesto por la defensa del ahora accionante en contra de la providencia emitida por providencia, cuyo dicidente cuyos fundamentos que se encuentran insertos en el acta referida y a los cuales me remito en su contenido de forma íntegra, solicitando se de lectura de lo resaltado o en su defecto se considere en su debido momento, que evidencia que mi persona no incurrió en ninguna inobservancia de la norma (sic); y, 2) Su persona como integrante del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del referido departamento, no vulneró norma, ni procedimiento alguno, menos se encuentra legitimado en merito a los antecedentes, por lo que no existe vulneración alguna, por lo cual, solicita se deniegue la tutela impetrada. Liz Roció Avilés Condori y Marco Antonio Vargas Yupanqui, Jueces del Tribunal de Sentencia y Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 3 de agosto de 2022, cursante a fs.35 y vta., manifestaron que: i) “…este Tribunal de forma unánime ha emitido la resolución N°65/2022 de fecha 25 de mayo, por el que declara la nulidad de la acusación fiscal en audiencia de incidentes y excepciones durante la tramitación del juicio oral, en ese entendido ha dispuesto devolver todos los antecedentes ante el Juzgado 5to de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia a la Mujer que conoció la causa y a la fiscalía para su cumplimiento conforme a la fundamentación expresada en la resolución referida” (sic) que a su vez fue apelada por la totalidad de las partes y conforme a procedimiento fue elevado al Tribual de alzada el 7 de junio de 2022; ii) El Juez devolvió el cuaderno en sentido de que no se subsano con relación a la apelación de la Resolución 65/2022 y que no cursa el auto emitido por el Tribunal de alzada; iii) El ahora accionante presentó su memorial de cesación a la detención preventiva el 7 de referido mes y año; empero, no consideró que el cuaderno fue remitido al Juzgado de origen; quien, el 13 de junio de 2022 devolvió conjuntamente el memorial de cesación, señalándose audiencia para el 15 de junio de 2022, actuado que se suspendió por ausencia del Fiscal y del ahora peticionante de tutela y se señaló de oficio para el 20 de igual mes y año; iv) Analizando el cuaderno y existiendo la Resolución 65/2022 que anuló la acusación y suspendió la competencia sobre el proceso mientras se resuelva las apelaciones de las partes, en ese entendido se dispuso dejar sin efecto la providencia de 13 de junio de 2022 (señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva) y conforme al art. 168 del CPP de oficio y por mayoría dispuso dejar sin efecto el citado señalamiento mientras se resuelva la apelación incidental; v) Precautelando el debido proceso y tomando en cuenta que existe una apelación, se remitió oficio el 20 de junio de 2022 a la Sala Penal de Turno mediante CITE 307/2022 y recibido el 29 de igual mes y año haciendo notar que existe una solicitud de cesación a la detención preventiva que hasta la fecha -se entiende 3 de agosto de 2022- no fue devuelto al Tribunal ahora demandado; y, iv) “…se debe considerar que esta acción de libertad no es la vía idónea para poder reclamar a este tribunal que existe una apelación pendiente que debe ser resuelta porque dicha apelación es contra una resolución que anulo la acusación fiscal y por tato, este tribunal perdió competencia para conocer cualquier actuado relacionado al proceso, lo que debió hacer el accionante es reclamar ante Tribunal Superior que resuelva la apelación para restaurar la competencia de este Tribunal, o en su caso confirmar la resolución apelada, hecho que devolvería la competencia al Juez Cautelar a efectos de considerar la cesación a la detención preventiva” (sic) por lo que solicitaron se deniegue la tutela. I.2.3. Resolución La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante la Resolución 21/2022 de 3 de agosto, cursante a fs. 42 a 44 vta., concedió en parte la tutela impetrada, en relación a Liz Roció Avilés Condori y Marco Antonio Vagas Yupanqui -ahora demandados- y denegó en contra de German Ramos Mamani -ahora codemandado-, todos miembros del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del referido departamento, bajo los siguientes argumentos: a) “…se puede establecer que ante la solicitud de Cesación a la detención preventiva en fecha 7 de junio del presente año, se habría señalado audiencia de consideración de Cesación a la Detención Preventiva para fecha 15 de junio del presente año, toda vez que el cuaderno de control jurisdiccional habría sido devuelto ante el Juez cautelar al haberse determinado la nulidad de la acusación, consecuentemente dicha instancia habría devuelto antecedentes al Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y consecuentemente al haber señalado audiencia para fecha 15 de junio se habría suspendido dicho acto procesal y se habría señalado para fecha 20 de junio del presente año, consecuentemente se tiene que ante la efectivización de dicha audiencia de Consideración de Cesación a la Detención Preventiva el Tribunal a quo, bajo la solicitud por el Ministerio Público así como la parte acusadora habría señalado que dicho tribunal habría perdido su competencia, por el cual habrían dejado sin efecto la Providencia de fecha 13 de junio de 2022 en cuanto al señalamiento de audiencia de consideración de Cesación a la Detención Preventiva…” (sic); b) En el presente caso el ahora accionante estaría detenido preventivamente y a criterio de este Tribunal de garantías ante la falta de señalamiento de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva y conforme a los plazos procesales establecidos en la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, señala que, “se debe señalar el plazo de la consideración a la Cesación a la Detención Preventiva en el término de 48 horas…” (sic), aspecto por el cual al haber omitido el control jurisdiccional el Tribunal ahora demandado, vulneró el principio al debido proceso; toda vez que, debió haber señalado dentro de las cuarenta y ocho horas a fin de considerar la petición conforme al art. 130 del CPP el cual establece que los plazos son improrrogables y perentorios salvo disposición contraria, extremo que no fue cumplido; c) Indudablemente se vulneró el derecho a la libertad mediante un procedimiento oportuno; en el presente caso, es necesario tomar en cuenta que, cuando se presenta una acción de libertad y si los actos de la autoridad jurisdiccional conculcan o violan el derecho fundamental de la libertad a efectos de llevar acabo la audiencia de cesación a la detención preventiva, los ahora demandados no obraron de manera diligente y oportuna tomando en cuenta la SC 030/2019-S2 de 5 de marzo; d) Si bien Liz Roció Avilés Condori y Marco Antonio Vargas Yupanqui -ahora demandados- expresan que la Resolución 65/2022 fue objeto de apelación encontrándose en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz a objeto de su consideración; al respecto, es necesario considerar el protocolo de la audiencia de medidas cautelares y consecuentemente los incidentes promovidos por las partes; en el presente caso, tomando en cuenta la resolución apelada no se encuentra inmerso dentro de la solicitud de cesación a la detención preventiva, aspecto por el cual este Tribunal de garantías considera vulnerado el art. 130 del CPP en cuanto se refiere al señalamiento de día y hora de cesación y su correspondiente consideración al art. 239 de la Norma Adjetiva Penal, efectivamente establece la vulneración al principio de legalidad y seguridad jurídica, aspectos por los cuales en el presente caso el Tribunal ahora demandado no adecuó su razonamiento conforme lo prevé la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, donde establece que los Tribunales deben actuar de manera pronta y oportuna sin dilaciones a objeto de evitar la demora injustificada en cuanto al señalamiento para considerar la situación jurídica del imputado; y, e) Se evidencio la vulneración al principio del derecho a la libertad, toda vez que no existe un señalamiento en los plazos que refiere la Norma Adjetiva Penal bajo el incumplimiento del art. 239 del CPP el cual señala el plazo de cuarenta y ocho horas para para considerar la cesación a la detención preventiva.
II. CONCLUSIONES
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa fotocopia simple del Mandamiento de Detención Preventiva de 4 de junio de 2021, emitido por el Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, en cumplimiento a la Resolución 177/2021, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Luis Alfredo Revollo Tanaka -ahora accionante- y otros, por el supuesto delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes e incumplimiento de deberes (fs.3).
Por otra parte, los Jueces del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del referido departamento, emitieron la Resolución 65/2022 de 25 de mayo, dentro el caso signado con el NUREJ 201102012006200, declarando por unanimidad fundados los incidentes.
“En consecuencia dispone anular la resolución de acusación N° 16/2021 de fecha 13 de septiembre de 2021, en ese entendido, por secretaria devuélvase los antecedentes así como las pruebas ofrecidas y presentadas ante el Juzgado 5to de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer, que conoció la causa y la fiscalía para que en el marco de sus funciones y atribuciones cumpla con las fundamentaciones expuestas…” [sic (fs.5 a 9 vta.)]. Asimismo, siendo remitido ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción Contra la Violencia Hacia a la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, por CITE 268/2022 de 6 de junio, bajo el tenor “REMISION DE ANTECEDENTES” recibido el 8 de junio de 2022 a horas 12:00 (fs.10 y vta.); por el cual, el Juez del citado Juzgado mediante providencia de 8 de igual mes y año, señalo que:
“… Asimismo, a hojas 2250 cursa memorial de apelación a la Resolución N°65/2022, planteado por el Ministerio de Gobierno consecuentemente fue remitido en fotocopias legalizadas ante la Sala Penal Segunda en fecha 07 de junio de 2022. En tal sentido el Tribunal 1° se Sentencia Anticorrupción devolvió obrados a este despacho judicial recién el 08 de junio de 2022 sin que el mismo se haya subsanado con relación a la apelación de la Resolución N° 65/2022, toda vez que no cursa el Auto emitido por parte del Tribunal de Alzada a tal efecto POR AUXILIATURA DEVUÉLVASE OBRADOS MAS LOS 5 SOBRES CERRADOS ANTE EL TRIBUNAL 1° DE ANTICORRUPCIÓN, DEBIENDO ADJUNTAR EL AUTO RESPECTIVO DE LA APELACIÓN A LA RESOLUCIÓN N° 65/2022 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022 HECHO CON LO CUAL SEA DEVUELTO A ESTE DESPACHO JUDICIAL, sea con nota de atención y cortesía.” (sic [fs.11]). II.2. Por Memorial de 7 de junio de 2022, presentado por el ahora peticionante de tutela, solicitó la cesación a la detención preventiva al Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, en base al art. 239.2 del CPP, el cual fue recibido el 8 de citado mes y año a horas 12:30; emitiéndose providencia el 8 de igual mes y año; y, disponiendo que a consecuencia de la remisión de antecedentes ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del referido departamento, dispuso remitir el escrito para su conocimiento (fs.12 a 18) materializando el envío mediante CITE 269/2022 de 8 de junio (fs.19);
dando lugar a que, la autoridad judicial del mencionado juzgado, mediante decreto de 8 de referido mes y año, dispusiera “Estese a decreto de fecha 8 de Junio de 2022, por auxiliatura remítase, el presente memorial ante el Tribunal 1° de Sentencia de Anticorrupción” (fs.19 vta.) el cual fue efectivizado por Oficio TDJ/JAV5/OFI 411/2022 de 10 de junio, siendo recibido el 13 de precitado mes y año a horas 16:20 por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del mencionado departamento (fs. 20 y vta.). II.3. Cursa Registro de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva suspendida de 15 de junio de 2022 ante el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora impetrante de tutela, señalándose nueva fecha de audiencia para el 20 de referido mes y año a horas 14:10, por ausencia del representante del Ministerio Público y del ahora accionante (fs.21). II.4. Se tiene Acta de registro de consideración de cesación a la detención preventiva de 20 de junio de 2022, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Mauricio Fernández Méndez y otros por uso indebido de influencias y otros; instalado con intervención del Ministerio Público, Viceministerio de Transparencia, Ministerio de Gobierno y el representante del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) los cuales coincidieron en señalar que: “el tribunal ha perdido competencia a efectos de poder resolver la solicitud de cesación a la detención preventiva y solicitaron que esa solicitud sea resuelta por el Juzgado de Instrucción Anticorrupción Quinto del departamento de La Paz”; hecho por el cual, el ahora peticionante de tutela presentó oposición, argumentado que:
“..la resolución emitida por este Tribunal ha sido apelada y a la fecha esta resolución no ha alcanzado estado de cosa juzgada y no tiene firmeza, por lo que podría ser confirmado o revocada, tomando en cuenta que se trata de una persona privada de libertad solicita se dé continuidad de la presente audiencia”(sic) siendo respondido bajo los siguientes términos “…se debe tomar en cuenta el derecho a la defensa es un componente de la garantía del debido proceso (…) se debe tomar en cuenta que este Tribunal a momento de dictar la resolución 65/2022 de fecha 25 de mayo de 2022 ha dispuesto anular la acusación formal presentada por el Ministerio Público es decir que al ser un acto que declara la nulidad este Tribunal ha perdido la competencia, en ese sentido encontrándose el proceso e etapa preparatoria y que emitir algún acto seria nulo y contradictorio a la resolución que dispone la nulidad de la acusación (…) en ese sentido corrigiendo procedimiento de acuerdo al art. 168 de C.P.P se deja sin efecto la providencia de fecha 13 de junio de 2022 en cuanto al señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva, mientras se resuelva la apelación de la resolución emitida por el presente Tribunal N°65/2022 de fecha 25 de mayo de 2022, con lo que quedan notificadas las partes presente en sala” (sic),
Pese haber planteado recurso de reposición, mediante Voto Disidente de German Ramos Mamani, Juez del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora codemandado- se emitió resolución de la siguiente forma:
“…la presidencia de la causa se va ratificar en la providencia que se ha emitido el día de hoy, así como de los fundamentos expresados por parte del Juez Técnico Dr. Marco Antonio Vargas, teniendo en cuenta que existe un voto disidente del Dr. Ramos Juez Técnico de este Tribunal del cual se consigna y se registra en los términos expuestos en acta de audiencia, sin perjuicio de ello ofíciese en el día al Tribunal de alzada a efectos de tener conocimiento sobre las resultas del recurso de apelación incidental de acuerdo a procedimiento en cuanto a la resolución N°65/2022 remitida mediante oficio N° 264/20222, recepcionado en fecha 07 de junio de 2022 a fin de brindar seguridad jurídica, toda vez que existe una solicitud a la cesación a la detención preventiva, también existe la necesidad de pronunciamiento de este Tribunal de alzada en cuanto a la nulidad de la acusación debiendo cumplir los plazos establecidos...” (sic [fs.22 a 23 vta.])
Efectivizándose mediante Oficio CITE 288/2022 de 20 de junio a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y recibida el 22 de igual mes y año, a horas 11:55 (fs.24 y vta.). II.5. Se tiene Memorial con cargo de recepción de 15 de julio de 2022, por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, emitido por el ahora peticionante de tutela, bajo el tenor “pide se ponga a la vista”, el cual mereció respuesta mediante la providencia de 18 de citado mes y año señalando que; “el proceso de referencia se ha remitido a la Sala Penal Tercera en atención a una apelación remitida anteriormente dentro de la presente causa (…) que se da cumplimiento de su remisión en atención a la providencia de 06 de junio de 2022 emitido por el tribunal de alzada…” (sic [fs.26 y vta.]).
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
El accionante denuncio la lesión del derecho a la libertad, a la libre locomoción y al principio de celeridad; toda vez que, dentro el proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de incumplimiento deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes, ante la petición de cesación a la detención preventiva en base al art. 239.2 del CPP el 7 de junio de 2022 el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero, cometió las siguientes irregularidades: a) En la audiencia reprogramada de 20 de junio de 2022, los ahora demandados, dejaron sin efecto el decreto de señalamiento de audiencia de 13 de junio de 2022, hasta que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no resuelva la apelación formulada contra la Resolución 65/2022 que dejó sin efecto la imputación formal, decisión que fue ratificada pese a la interposición de un recurso de reposición y la disidencia de uno de sus miembros, omitiendo de manera ilegal e indebida en cumplir con su responsabilidad de atender una petición que está íntimamente relacionado al derecho a la libertad; y, b) El acceso a los antecedentes está limitado desde el 24 de junio de 2022, hecho que fue reclamado mediante memorial de 14 de julio de mismo año, siendo ratificado las limitaciones existentes para el acceso al cuaderno por la providencia de 18 de igual mes y año.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Sobre el principio de celeridad en una justicia pronta; la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, la protección de la dignidad en los derechos de los privados de libertad; 2) Competencia para conocer solicitudes en relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal; 3) La solicitud de cesación de la detención preventiva por el supuesto del art. 239.2 del CPP, a partir, de las modificaciones introducidas por la Ley 1173, modificada por la Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019; y, 4) Análisis del caso concreto III.1. Sobre el principio de celeridad en una justicia pronta; la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, la protección de la dignidad en los derechos de los privados de libertad
Para tratar sobre el principio de celeridad en una justicia pronta; así como la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, sobre la protección de la dignidad en los derechos de los privados de libertad, incumbe remitirnos a la SCP 0266/2020-S1 de 5 de agosto, que en sus Fundamentos Jurídicos III.1, III.2 y III.4, efectuó amplias reflexiones constitucionales; así:
III.1.1.En relación al principio de celeridad, la referida SCP 0266/2020-S1 en su Fundamento Jurídico III.1. denominado; “El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución” en esencia señaló que, por mandato constitucional todos los actores del ámbito judicial y administrativo deben regir sus actos conforme a los valores, principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado; y, en ese fin tanto el personal subalterno como los administradores de justicia se encuentran impelidos a orientar sus actos al principio de acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones establecida en los arts. 115.II, 178.I y 180.I de la Norma Fundamental; esto con el objeto primordial de que, todo proceso judicial se desarrolle sin dilaciones, se observen los plazos procesales para cada actuado, para lograr un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo; sin embargo, cuando los funcionarios subalternos y jueces o administradores de justicia incurran en dilaciones e inobservancia de los principios constitucionales señalados anteriormente, y se incurra en dilaciones indebidas y/o mora procesal, la parte perjudicada puede interponer la acción constitucional que corresponda, más aun cuando se trate de asuntos relacionados con personas privadas de libertad .
III.1.2.Por su parte, en cuanto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la misma SCP 0266/2020-S1, en su Fundamento Jurídico III.2., bajo el epígrafe “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho”, precisó entre otros que, la jurisdicción ordinaria se funda en el principio de celeridad previsto en la Norma Suprema, citando además a la SCP 0044/2010-R de 20 de abril, que se manifestó sobre las tipologías de la acción de libertad, siendo estas el preventivo, correctivo, restringido, instructivo y la traslativa o de pronto despacho; identificando a esta última como la modalidad idónea para acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas a efectos de resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.
Una vez precisada la finalidad de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la aludida SCP 0266/2020-S1, en su Fundamento Jurídico III.2.1, epigrafiado como “Supuestos de procedencia dentro el ámbito de protección de la acción libertad traslativa o de pronto despacho”, manifestó que, la jurisprudencia constitucional a través de los años estableció supuestos de procedencia para activar la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, para ello se remitió a la SCP 0112/2012 de 27 de abril, que como emergencia de una sistematización señaló los siguientes supuestos: i) Las peticiones de cesación a la detención debe ser resuelta inmediatamente por estar vinculado el derecho a la libertad; ii) No puede suspenderse la audiencia de cesación a la detención por inconcurrencia del fiscal; iii) No se puede alegar dilación indebida de la autoridad jurisdiccional cuando la demora es atribuible al imputado; iv) La tramitación de la cesación a la detención u otro beneficio, no sólo es exigible al Juez sino a todo funcionario judicial o administrativo; v) La apelación del Ministerio Público, no puede dilatar el señalamiento de audiencia, resolución o efectivización de la medida vinculada a la libertad.
2 En tal sentido, la SCP 0044/2010-R de 20 de abril[6], efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el habeas corpus -ahora acción de libertad-, expuso las tipologías de esta acción, como era el habeas corpus preventivo, correctivo, señalando que la jurisprudencia constitucional agregó el habeas corpus restringido; ampliando a su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y el traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; por lo que básicamente se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de los privados de libertad.
“…en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” 3 a) Toda petición de cesación de la detención preventiva debe ser resuelta de manera inmediata por estar vinculada al derecho fundamental a la libertad personal, caso contrario se incurre en detención y procesamientos indebidos, en vulneración de los arts. 6, 16 y 116-X de la de la Constitución Política del Estado y 8-1 del Pacto de San José de Costa Rica. (Sub regla generada en la SC 1036/2001-R de 21 de septiembre); b) Las peticiones vinculadas a la libertad personal, deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existe, debe ser cumplido estrictamente. En cuyo caso, no puede suspenderse la audiencia de cesación a la detención preventiva por la inconcurrencia del fiscal, al no ser imprescindible su presencia. (Regla generada en la SC 0579/2002-R de 20 de mayo); c) Las solicitudes vinculadas a la Prosiguiendo, la Sentencia Constitucional Plurinacional que es descrita, se remitió a la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, y la SCP 0384/2011-R de 7 de abril, que desarrollaron sobre las solicitudes de cesación prevista en el art. 239 del CPP y la apelación incidental, identificando a los actos dilatorios que merecen su tutela vía acción de libertad traslativa o de pronto despacho. De igual forma, la SCP 0266/2020-S1, para identificar otro supuesto, se refirió a la SCP 0110/2012 de 27 de abril, que moduló el razonamiento de la SC 0078/2010-R, indicando que el plazo para señalar audiencia de cesación a la detención preventiva debe ser dentro las veinticuatro horas, al ser un actuado de mero trámite; empero, como emergencia de las modificaciones a la normativa procesal penal, mediante la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, la indicada SCP 0266/202-S1, refirió:
“Ahora bien, sobre la modulación de la sub regla precedentemente descrita, establecida por la jurisprudencia y que refiere al plazo para el señalamiento de la audiencia para la consideración de las solicitudes de cesación de la detención preventiva, corresponde aclarar que ante la entrada en vigencia de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, Ley 1173, misma que a su vez fue modificada por la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, se introdujo importantes modificaciones a la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, cuyo objeto principal entre otros fue el de libertad personal, deben ser tramitadas y resueltas con la mayor celeridad posible. Empero, no se podrá alegar dilación indebida de la autoridad judicial cuando la demora sea atribuible y provocada a la parte imputada. (Regla generada por la SC 0224/2004-R de 16 de febrero); d) La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva. (Regla generada en la SC 0862/2005-R de 27 de julio); y, e) Eventual apelación de Ministerio público no puede dilatar señalamiento de audiencia, resolución o efectivización de la medida vinculada a la libertad, por cuanto apelación tiene efecto devolutivo o efecto no suspensivo conforme a las SSCC 660/2006-R, 236/2004-R, 1418/2005-R. (Regla generada en la SC 0107/2007-R de 6 de marzo). 4 La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, en la comprensión de lo que implica un acto dilatorio en la consideración de las solicitudes de cesación a la detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, estableció las siguientes reglas: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad. c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad” (las negrillas son agregadas).
Ahora bien, posterior a la SC 0078/2010-R, la 0384/2011-R de 7 de abril, incluyó otro supuesto de procedencia, referida al trámite del recurso de apelación incidental contra el rechazo de las solicitudes de cesación a la detención preventiva señalando que: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”.
garantizar la resolución pronta y oportuna de los conflictos penales, en ese fin, el art 239 del CPP referente al tratamiento de la cesación de la detención preventiva, sufrió una modificación, lo cual implica una variación con esta última sub regla que tomando como base los plazos procesales previstos en el art. 132 del CPP, determinó que el señalamiento de audiencias de cesación a la detención preventiva debe realizarse en el término de 24 horas, luego de su presentación; empero, con la previsión contenida en las referidas leyes que estableció de forma clara las causales por las que se puede invocar el instituto de la cesación, así como su trámite y procedimiento, normando un plazo de 48 horas para que el juez o tribunal señale audiencia para su resolución -en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6-, plazo legal que debe ser observado por las referidas autoridades cuando conozcan de solicitudes de cesación de la detención preventiva” (el resaltado pertenece al texto original). Ahora bien, la Resolución Constitucional que es revisada, focalizó su atención en el trámite de las apelaciones incidentales en aplicación y/o cesación de medidas cautelares, remitiéndose para tal fin a la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, que sistematizó las subreglas advertidas por la jurisprudencia constitucional. Al respecto, incumbe acotar que, conforme las modificaciones introducidas por la Ley , referido a la apelación y su tramitación prevista en el art. 251 del CPP; esta disposición debe ser comprendida de forma conjunta con el art. 404 del CPP, modificado también por la indicada Ley de Abreviación Procesal Penal y de 5 “i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.
ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.
iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.
iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.
v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.
vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte (las negrillas son agregadas)” 6 “Artículo 251. (APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas.
Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad.
El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior” (las negrillas son agregadas).
Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres; en ese orden destacan aspectos importantes: la primera, relacionada a que, la apelación incidental emergente de la resolución que considere la aplicación y/o cesación de la detención preventiva, puede ser apelada en forma oral o dentro las setenta y dos horas sin que exista observación alguna por la autoridad jurisdiccional; la segunda referida a que, interpuesto el recurso de apelación incidental, las actuaciones deben ser remitidas ante el tribunal superior en el término de veinticuatro horas, su incumplimiento conlleva responsabilidad; y, la tercera, remitidos los actuados, el Vocal de turno de la Sala Penal donde se sorteó la causa, debe señalar audiencia y resolver la apelación, en el término de tres días desde la recepción de la causa, su incumplimiento también es objeto de responsabilidad.
Concluyendo la señalada SCP 0266/2020-S1 en que, al tratarse de peticiones y gestiones relacionadas al derecho a la libertad del procesado, las autoridades judiciales y todo funcionario que coadyuva en la administración de justicia, tienen la obligación de tramitarla pronta y oportunamente y con la debida celeridad; toda vez que, su incumplimiento conlleva la concesión de tutela mediante la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. III.1.3.Finalmente, sobre la Protección de la dignidad y los derechos de los privados de libertad, la referida SCP 0266/2020-S1, que es objeto de revisión, en su Fundamento Jurídico III.4., denominado como “ Protección de la dignidad y los derechos de los privados de libertad”, manifestó que conforme a las normas constitucionales y convencionales las personas privadas de libertad, conservan esa condición propia de ser humano, así sea restringido en su libertad de locomoción por una sentencia condenatoria o una resolución de detención preventiva.
En esa medida conforme las normas nacionales e internacionales es incuestionable que, se deben respetar el derecho a la dignidad humana y las garantías constitucionales de los privados de libertad, evitando lo tratos crueles, inhumanos o degradantes en los establecimientos penitenciarios; por cuanto la privación de libertad por causas legales no necesariamente lleva implícita en su naturaleza la supresión de otros derechos fundamentales tales como a la vida, a la salud y otros que establece la Norma Suprema; en ese fin, es el Estado el que debe garantizar el cumplimiento de los principios valores derechos y deberes establecidos en favor de los privados de libertad; esto con el objeto de desplegar acciones inmediatas destinadas a garantizar el ejercicio de pleno los derechos de éste grupo de personas. III.2. Competencia para conocer solicitudes en relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0416/2020-S1 de 31 de agosto; 0441/2020-S1 de 3 de septiembre; 0695/2020-S1; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento: Las medidas cautelares tienen como finalidad garantizar el desarrollo del proceso hasta su conclusión, evitando los distintos peligros procesales que tienden a entorpecer su normal desarrollo; así entre ellas, las medidas cautelares de carácter personal entendidas universalmente como aquellas que restringen y afectan derechos, uno de ellos la libertad, considerado como un bien jurídico mayor del ser humano; por lo tanto, la aplicación, modificación o sustitución de estas medidas cautelares, adquiere mayor relevancia precisamente por las consecuencias que su aplicación implica para el ciudadano en su desigual relación con el Estado, por lo que este, tiene el deber de garantizar que su tratamiento observe el debido proceso y el acceso a una justicia pronta y oportuna, finalidad que parte esencialmente del art. 22 de la CPE que sienta las bases generales del trato que todo ser humano merece dada esa su condición en relación al Estado, cuando señala que: “La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado”.
A partir de allí, y considerando el espíritu de la norma fundamental, el legislador ha previsto en la Ley 1970 el tratamiento del régimen cautelar, norma que fue sufriendo modificaciones precisamente con el fin del resguardo y protección de estos derechos fundamentales consagrados en la Constitución; bajo ese mismo fin su máximo guardián e interprete como es el Tribunal Constitucional, fue velando por la efectivizarían en la práctica, de determinadas garantías y principios constitucionales, generando a través de la jurisprudencia interpretaciones de varias normas del Código de Procedimiento Penal, generando reglas, sub reglas, a efectos de que su aplicación, sobre todo en cuanto al régimen de las medidas cautelares, considerando el bien jurídico que se tiene involucrado, merezca una atención primordial y con la debida celeridad.
En ese fin, este Tribunal cumpliendo dicha labor, en casos en los que se presentó un conflicto de competencias cuando Juez de control jurisdiccional se consideró incompetente para resolver solicitudes de medidas cautelares al haberse presentado la acusación, se ha pronunciado, estableciendo la permisibilidad de que un juez incompetente resuelva las solicitudes de aplicación de la detención preventiva, ello, en consideración a la importancia de la libertad de las personas como un derecho fundamental; así se tiene a la SC 0487/2005-R de 6 de mayo, que resolviendo dicho supuesto señalo:
“Situación agravada con el hecho de que el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteó la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros co imputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de Sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares, (…)”. En esta misma línea la SC 1584/2005- R de 7 de diciembre, siguiendo el entendimiento de la precitada Sentencia Constitucional, al considerar que el derecho a la libertad no solo es un bien primario sino fundamental, complementó esta posibilidad de que el juez de instrucción penal pueda resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva, aunque se hubiera presentado la acusación; siempre y cuando no haya radicado la causa en un determinado tribunal de sentencia penal; señalando al efecto que:
“Considerando la importancia del derecho a la libertad física no sólo primario sino fundamental, es permisible que un juez incompetente resuelva la solicitud de aplicación de la detención preventiva en un primer momento de la investigación, debiendo inmediatamente de realizado dicho acto remitir las actuaciones al asiento judicial donde debe ejercerse el control jurisdiccional.
Ahora bien, cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación, así la SC 487/2005-R, de 6 de mayo que dice: (…)
El entendimiento aludido, no ha sido manifestado en una problemática análoga a la presente; sin embargo, debe rescatarse que la solicitud de cesación no deja de tener la misma naturaleza en todos los procesos, es más dicha solicitud debe recibir el mismo tratamiento que la solicitud de detención preventiva que atiende el Ministerio Público al inicio de la investigación, por lo que en observancia del principio de igualdad procesal, el procesado ante una situación similar debe ser también escuchado en su solicitud de cesación de dicha medida, lo que significa que cuando el imputado presenta una solicitud de cesación ante un juez y éste se considera incompetente para asumir el control jurisdiccional o el conocimiento en el fondo de la causa, deberá primero analizar el caso concreto y resolver la solicitud siempre que ello no importe lesionar los derechos de la parte acusadora o del Ministerio Público; y luego remitir el expediente a quien considere competente, pues razonar de forma contraria importaría someter al recurrente una posible dilación, dado que puede ocurrir que el Juez a quien se considera competente no lo sea o que se excuse de la causa, con lo cual se impediría que la solicitud sea considerada oportunamente y con la celeridad que amerita.” Ahora bien, los citados fallos constitucionales, establecieron que las solicitudes de medidas cautelares podían ser conocidas por el juez de instrucción penal hasta que la causa sea radicada ante el juez o tribunal de sentencia penal; actuado con el cual, recién perdía competencia el primero; generando dicha línea jurisprudencial, constituyéndose dichos fallos como precedentes en vigor, que si bien en algún momento dicho criterio trato de apartarse de dicho razonamiento a; empero el mismo fue reasumido y se mantuvo uniforme en los fallos emitidos; así se tiene la SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, que 9 En su F.J. III.2 afirmo: Ahora bien, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional no es estática, sino dinámica, evolutiva, que va mutando, complementando, modulando, cambiando o reconduciendo la línea, en busca de precautelar el respeto y la vigencia plena de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. En este entendido, habiéndose realizado el examen de la línea jurisprudencial respecto a la competencia de los jueces de instrucción penal, para resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva, cuando se presenta la acusación fiscal; a la luz de la Constitución Política del Estado y de conformidad con los arts. 325 y 344 del CPP, modificados por el art. 8 de la Ley 586, haciendo efectivos los principios de celeridad y seguridad jurídica; y, los derechos a la defensa, al debido proceso y a una justicia efectiva y sin dilaciones; corresponde de manera expresa reconducir la línea establecida por la SC 0487/2005-R a lo señalado en la SC 1584/2005-R, en cuyo Fundamento Jurídico III.4, señala:
…cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación (…).
Precedente del cual se establece que mientras no se radique la causa en el juzgado o tribunal de sentencia penal al que se derivó la misma, el juzgado remitente sigue teniendo competencia para resolver solicitudes de cesación o modificación de medidas cautelares.
Reconducción que se realiza de conformidad con la Norma Suprema y con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que señalan que los privados de libertad, tienen derecho a la defensa, al debido proceso, al acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, entre otros, que le facultan a interponer solicitudes de cesación de la detención preventiva en cualquier momento, hasta antes de ejecutoriada la sentencia; tomando en cuenta que, la imposición de esta medida, no causa estado y puede ser modificada en cualquier tiempo; y toda vez que, el juez de instrucción penal tiene el control jurisdiccional de la causa en la etapa preparatoria, es ésta, la autoridad que debe conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares, pese a la presentación de la acusación fiscal, siendo plenamente competente hasta que la causa sea radicada ante el juzgado o tribunal de sentencia penal, lo contrario, conllevaría dejar al imputado en incertidumbre jurídica. Cabe señalar que esta reconducción ya fue realizada de manera tácita a través de la SCP 0037/2018-S2 de 6 de marzo; sin embargo, es importante hacerlo de manera expresa en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. (…)
efectuando una sistematización de la evolución dinámica de esta línea jurisprudencial, recondujo la línea establecida por la SC 0487/2005 a lo señalado en la SC 1584/2005-R de 7 de diciembre, con el fin de continuar con la efectivización de los principios de celeridad, seguridad jurídica y los derechos a la defensa, al debido proceso y a una justicia efectiva y sin dilaciones; quedando establecido que la competencia del juez de instrucción penal para conocer la cesación de la detención preventiva ante la interposición de una acusación fiscal, es válida, pero siempre y cuando no hubiera radicado la causa en un determinado tribunal; por lo que, para el efecto generó sub reglas para su consideración, siendo estas:
“1) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación.; y, 2) Presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente.” Tomando como base las Sentencias Constitucionales 0487/2005-R y 1584/2005-R, debemos concluir señalado que cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado Tribunal. En esta misma línea, que tienen como base las SSCC 0487/2005-R y 1584/2005-R, fue seguido y asumido en diferentes fallos, respaldando su plena vigencia; sirviendo inclusive de precedente para extender el espíritu de dicho entendimiento respeto de los conflictos de competencias entre jurisdicciones, lo cual implico una modulación expresa del precedente contenido en la SC 1584/2005-R, desarrollada en la SCP 0763/2019-S1 de 26 de agosto, misma que amplió tal entendimiento –como se tiene dicho- en los casos en los que pueda surgir un conflicto de competencias entre distintas jurisdicciones dentro de un proceso penal, así razonando sobre la importancia del tratamiento de las medidas cautelares, sobre todo cuando se trata de resolver la situación jurídica de un privado de libertad señalo:
“El entendimiento descrito precedentemente, a partir de los derechos y garantías constitucionales que resguarda la Constitución Política del Estado, entre ellos el derecho a la libertad y el debido proceso, estableció que en supuestos en los cuales un juez se considere incompetente, es totalmente permisible que pueda conocer y resolver solicitudes referentes a medidas cautelares, en las cuales generalmente se halla involucrado el derecho a la libertad física o de locomoción, derechos fundamentales que tienen carácter inviolable y su atención debe ser primordial y con la debida celeridad. En tal sentido, se debe razonar también, respecto a que si la jurisprudencia concedió esta permisividad de que las solicitudes sobre medidas cautelares, sean resueltas por un juez aunque incompetente (por la razón que sea, materia o territorio), es porque este no deja de tener jurisdicción, estando este elemento fundamental todavía presente; es decir, se trata de una autoridad dotada de potestad jurisdiccional, por lo que, la supuesta incompetencia para conocer el fondo de la causa, no le limita a resolver las pretensiones respecto a la aplicación o modificación de medidas cautelares; esto, en consideración precisamente al resguardo y respeto a los referidos derechos fundamentales, así como a la garantía del debido proceso para el justiciable, que implica además el derecho a contar con un juez natural; sumado a ello, que no puede haber un proceso penal que no cuente con el control jurisdiccional, cuya autoridad encargada es contralora de que no se vulneren tales derechos; en tal sentido, un conflicto de competencias no debe limitar el ejercicio de los derechos relacionados a la libertad; por lo que, considerando que toda solicitud vinculada con el derecho a la libertad, como las solicitudes de aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, deben atenderse en virtud del principio de celeridad procesal, dada su naturaleza intrínseca de provisionalidad, instrumentalidad, temporalidad que caracteriza a las medidas cautelares, ya que su consideración no involucra el tratamiento de fondo de la causa penal…” En ese sentido, en materia penal, la competencia está determinada de acuerdo a la etapa procesal, los Jueces de instrucción Penal son competentes para el control de la investigación conforme a las facultades y deberes previstos por ley, y los tribunales y Juzgados de sentencia para el desarrollo del Juicio oral como tal, sin embargo la Jurisprudencia Constitucional ha precisado que la autoridad competente para sustanciar cualquier solicitud relacionada con las medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es precisamente el juez de instrucción penal, que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación y ésta competencia se mantiene subsistente hasta que la acusación ha sido radicada en el Tribunal de sentencia competente. III.3.La solicitud de cesación de la detención preventiva por el supuesto del art.
239.2 del CPP, a partir, de las modificaciones introducidas por la Ley 1173, modificada por la Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019
El 3 de mayo de 2019 se promulgó la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, Ley N° 1173, la cual incorporó importantes modificaciones al Código de Procedimiento Penal -Ley 1970 de 25 de marzo de 1999- cuyo objeto conforme el art. 1 de dicha Ley, es la pronta y oportuna resolución de los conflictos penales, la adopción de medidas indispensables para profundizar la oralidad y la protección a niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia, evitar el retraso procesal, el abuso de la detención preventiva, y posibilitar la efectiva tutela judicial de las víctimas; en ese fin, y con las modificaciones introducidas a su vez por la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, el art 239 del CPP relativo a la cesación de la detención preventiva, quedo redactado de la siguiente forma:
“Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales:
1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;
2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención;
3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;
4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas.
5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o,
6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas.
Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.
En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las vienticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.
En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código.
La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente.
Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código.” (El resaltado es nuestro).
De esta descripción se tiene que la cesación de la detención preventiva de acuerdo a lo previsto por el art. 239.2 del CPP cesará cuando haya vencido el plazo dispuesto para el cumplimiento de dicha medida extrema, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención preventiva; de lo que se puede entender que tal previsión no establece otro requisito, como la existencia de nuevos elementos, sino solo el cumplimiento del plazo; en tal sentido, su procedimiento y consideración ha sido establecido en la Disposición Transitoria Decimo Segunda de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, que dispuso:
“(…) En caso de solicitarse la continuidad de la detención, deberá establecer el plazo de duración de la misma y los actos investigativos a realizar. El Juez fijará el plazo atendiendo a la razonabilidad y proporcionalidad del planteamiento fiscal, victima, querellante o coadyuvante. En caso de solicitarse la cesación, podrá solicitar la aplicación de otra medida cautelar personal menos grave o formular el requerimiento conclusivo que considere pertinente. Si al vencimiento del plazo el Ministerio Público no se pronuncia, se dispondrá la cesación de la detención preventiva, bajo responsabilidad de la o el fiscal asignado al caso.” Bajo ese marco normativo vigente, el tratamiento de la solicitud de cesación de la detención preventiva por la causal contenida en el art. 239.2 del CPP; es decir, cuando el plazo dispuesto para la detención preventiva se haya cumplido y consecuentemente vencido, y siempre y cuando el fiscal no solicite la ampliación del plazo de la detención; tal como se tiene dicho, el Juez deberá considerar en primera instancia que la procedencia de esta causal, contrariamente a los requisitos establecidos en el numeral 1 del mismo artículo, no tiene como presupuesto la exigencia de nuevos elementos tendientes a desvirtuar los riesgos procesales por los cuales fue impuesta la medida cautelar, sino solo el curso del tiempo que haya dado lugar al cumplimento del plazo fijado, ya que la referida autoridad podrá asegurar dichos riesgos con la imposición de otras medidas menos gravosas, mismas que también puede solicitar la autoridad fiscal en caso de requerir la cesación; sin embargo, cuando el fiscal haya solicitado la continuidad o ampliación de la detención preventiva, nuevamente deberá establecer el plazo de duración de la misma, señalando los actos investigativos que realizará o complementará en ese tiempo, de acuerdo al art. 233.3 del CPP; a tal efecto, una vez vencido el plazo y si el Ministerio Público no emite pronunciamiento alguno, más aún, si fue advertido o conminado dará lugar que el Juez disponga la cesación de la detención preventiva.
Asimismo, cabe también señalar que la solicitud de ampliación de la medida de última ratio efectuada por el fiscal, no es de aplicación directa, pues la misma merecerá un análisis y consideración de parte del Juez de control jurisdiccional para determinar su rechazo o aceptación, labor en la cual deberá tomar en cuenta los principios de razonabilidad y proporcionalidad para fijar el plazo, precautelando no solo los derechos del imputado si no también garantizando la efectiva tutela judicial de las víctimas y demás partes en el proceso; por su parte, la cesación a la detención preventiva, cuando ha fenecido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de dicha medida, y el fiscal no se ha pronunciado solicitando su ampliación, no opera de oficio ni de forma directa a simple solicitud, por el contrario, la norma citada precedentemente dispone que el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su tratamiento y resolución en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas. III.4.Análisis del caso concreto
El accionante denuncio la lesión del derecho a la libertad, a la libre locomoción y al principio de celeridad; toda vez que, dentro el proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de incumplimiento deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes, ante la petición de cesación a la detención preventiva en base al art. 239.2 del CPP el 7 de junio de 2022 el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero, cometió las siguientes irregularidades: a) En la audiencia reprogramada de 20 de junio de 2022, los ahora demandados, dejaron sin efecto el decreto de señalamiento de audiencia de 13 de junio de 2022, hasta que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no resuelva la apelación formulada contra la Resolución 65/2022 que dejó sin efecto la imputación formal, decisión que fue ratificada pese a la interposición de un recurso de reposición y la disidencia de uno de sus miembros, omitiendo de manera ilegal e indebida en cumplir con su responsabilidad de atender una petición que está íntimamente relacionado al derecho a la libertad; y, b) El acceso a los antecedentes está limitado desde el 24 de junio de 2022, hecho que fue reclamado mediante memorial de 14 de julio de mismo año, siendo ratificado las limitaciones existentes para el acceso al cuaderno por la providencia de 18 de igual mes y año.
Con la finalidad de conocer como emerge la problemática traída en grado de revisión y de acuerdo a las Conclusiones establecidas en este fallo constitucional; se advierte que, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora impetrante de tutela y otros por el supuesto delito de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes, el Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, por Resolución 177/2021 dispuso su detención preventiva; y, ante la emisión del pliego acusatorio por parte del Ministerio Público se remitió la causa penal ante el Tribunal ahora demandado, fase procesal en la que se emitió la Resolución 65/2022, disponiendo la nulidad de la acusación 16/2021 de 13 de septiembre y además disponiendo que por Secretaria se devuelva los antecedentes al Juzgado de origen, remisión que se efectivizó por Oficio CITE 268/2022 de 6 de junio, siendo recibido el 8 de igual mes y año a horas 12:00. En ese ínterin, el ahora accionante, el 7 de junio de 2022 presentó memorial solicitando la cesación a la detención preventiva en base al art. 239.2 del CPP, siendo recibido el 8 del citado mes y año a horas 12:30 por el Tribunal ahora demandado, y mediante providencia de igual fecha dispuso la remisión ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del mencionado departamento dándose cumplimiento por Oficio CITE 269/2022. El precitado Juzgado recibió los antecedentes el 8 de junio de 2022 a horas 12:00 y del memorial de cesación a la detención en la misma fecha a horas 13:40, procediendo a devolver tanto los antecedentes y el escrito al Tribunal ahora demandado mediante Oficio TDJ/JAV5/OFI 411/2022, siendo recibido el 13 de junio de 2022 a horas 16:20, y fijando audiencia para el 15 de citado mes y año (Conclusiones II.1 y II.2). Asimismo, se tiene que la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva de 15 de junio de 2022 fue suspendido, por ausencia del representante del Ministerio Público y del ahora peticionante de tutela, señalándose nueva fecha de audiencia para el 20 de igual mes y año; en la fecha citada precedentemente el Ministerio Público, Viceministerio de Transparencia, Ministerio de Gobierno y el representante del SEGIP coincidieron en argumentar que “…el tribunal ha perdido competencia a efectos de poder resolver la solicitud de cesación a la detención preventiva y solicitaron que esa solicitud sea resuelta por el Juzgado de Instrucción Anticorrupción Quinto del departamento de La Paz” (sic), pese a la oposición del ahora impetrante de tutela, los Jueces ahora demandados, resolvieron bajo los siguientes argumentos:
“…en ese sentido corrigiendo procedimiento de acuerdo al art. 168 de C.P.P se deja sin efecto la providencia de fecha 13 de junio de 2022 en cuanto al señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva, mientras se resuelva la apelación de la resolución emitida por el presente Tribunal N°65/2022 de fecha 25 de mayo de 2022…”(sic) Por lo que, contra dicha decisión el ahora accionante planteó recurso de reposición y con el Voto Disidente de German Ramos Mamani -ahora codemandado- se ratificó lo asumido y dispusieron por Oficio CITE 288/2022 de 20 de junio que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, les haga conocer el resultado de la apelación, haciendo notar sobre la existencia de una solicitud de cesación a la detención preventiva, recibida por el Tribunal de apelación el 22 de junio de igual año a horas 11:55 (Conclusiones II.3 y II 4); finalmente, el ahora peticionante de tutela, señala que el acceso a los antecedentes se encuentra limitado razón por la cual presento escrito el 14 de julio de 2022 que mereció la providencia de 18 de igual mes y año ratificando las limitaciones señaladas (Conclusión II.5); por lo que se evidencia la existencia de dos problemáticas corresponde su análisis de manera separada. Sobre la solicitud de cesación a la detención preventiva de 7 de junio de 2022 en base al art. 239.2 del CPP.
En base a esos antecedentes y tomando en cuenta el principio de informalismo que rige en las acciones de libertad, conforme se tiene por mandato constitucional establecido en el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), este Tribunal realizará un análisis integral de todas las actuaciones que desarrollaron los ahora demandados en su condición de Jueces del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; bajo ese contexto, de la Conclusión II.1 de este fallo constitucional, se tiene que el ahora accionante venia cumpliendo detención preventiva en base a la determinación asumida por la Resolución 177/2021, una vez remitida el proceso penal ante el Tribunal ahora demandado, como emergencia de la emisión del pliego acusatorio, dicho Tribunal por unanimidad emitió la Resolución 65/2022, declarando la nulidad del referido pliego acusatorio y dispuso la devolución de los antecedentes ante el Juzgado que ejerció el control, es decir ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia a la Mujer Quinto de la Capital del referido departamento, mediante Oficio CITE 268/2022; sin embargo, la devolución se materializó recién el 8 de citado mes y año a horas 12:00; en base a estos elementos fácticos es perfectamente aplicable la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que en su contenido; precisó que, todos los actores del ámbito judicial y administrativo deben regir sus actos conforme a los valores, principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado; y, en ese fin tanto el personal subalterno como los administradores de justicia se encuentran impelidos a orientar sus actos al principio de acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, entonces se evidencia que desde la emisión de la Resolución 65/2022, hasta que se efectivizado la devolución de antecedentes transcurrieron catorce días calendarios, pese a estar cumpliendo la medida extrema de la detención preventiva, por lo que se vulneró el derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad de una persona privada de libertad, primer elemento que posteriormente servirá para establecer o no la responsabilidad de los ahora demandados. El 7 de junio de 2022 el ahora peticionante de tutela presentó memorial de cesación a la detención preventiva en base al art. 239.2 del CPP, siendo recibido el 8 de igual mes y año por los Jueces ahora demandados a horas 12:30, ante dicha petición, Liz Roció Avilés Condori -ahora demandada-emitió decreto disponiendo que el escrito sea remitido ante el Juzgado de origen, materializándose el mismo mediante Oficio CITE 269/2022 y siendo recepcionado en la fecha citada precedentemente a horas 13:40 (fs.19 vta.); sin embargo, tanto los antecedentes como el memorial fueron devueltos al Tribunal por no encontrarse adjunto al expediente todos los antecedentes de los recursos activados en contra de la Resolución 65/2022, devolución que se efectivizó en base a dos providencias, siendo recibido formalmente el 13 de junio de 2022 a horas 16:20, dando lugar a que se señale recién audiencia para la consideración de la cesación para la detención preventiva para el 15 de igual mes y año a horas 10:00, actuado que se suspendió por falta de notificaciones al representante del Ministerio Público y al ahora accionante, señalándose nueva fecha para el 20 de mismo mes y año a horas 14:30; en base a esos antecedentes, es pertinente hacer referencia a la jurisprudencia contendida en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional referente a la tramitación de cesación a la detención prevenida cuando se solicita en base al art.239.2 del CPP el cual refiere que, el Juez o Tribunal deberá señalar audiencia para su tratamiento y resolución en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas. Bajo esos parámetros se establece que desde la presentación de la solicitud de cesación a la detención preventiva hasta el señalamiento de la audiencia el 13 de junio de 2022, transcurrieron cinco días calendario, cuando la normativa es clara y precisa en señalar que cuando se realizan peticiones de cesación a la detención preventiva por parte de los justiciables en base al art. 239.2 del CPP, estas deben señalarse audiencia y su correspondiente resolución dentro de las cuarenta y ocho horas, por lo que la actuación de los ahora demandados se constituye en un acto dilatorio y vulneratorio a derechos y garantías constitucionales de una persona sobre la que ya pesaba la restricción del derecho a la libertad, segundo elemento que se tomará en cuenta posteriormente.
Ahora bien, en la audiencia de consideración a la cesación a la detención preventiva reprogramada para el 20 de junio de 2022 a horas 14:30, el Tribunal ahora demandado ante los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público, Viceministerio de Transparencia y el Ministerio de Gobierno en sentido de que carece de competencia para atender la solicitud de cesación del ahora accionante; motivo por el que, dejó sin efecto el señalamiento de audiencia de 13 de citado mes y año, hasta que no se resuelva la apelación contra la Resolución 65/2022, decisión mantenida vigente pese a la disidencia de uno sus miembros y a la reposición planteada; bajo esos antecedentes fácticos, corresponde aplicar el entendimiento jurisprudencial contenido en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional relativo a la competencia para conocer la modificación de las medidas cautelares, el cual establece que la, Jurisprudencia Constitucional ha precisado que la autoridad competente para sustanciar cualquier solicitud relacionada con las medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es precisamente el Juez de Instrucción Penal, que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación y ésta competencia se mantiene subsistente hasta que la acusación ha sido radicada en el Tribunal de sentencia competente. Por otra parte, el mismo Fundamento Jurídico estableció que:
“…un conflicto de competencias no debe limitar el ejercicio de los derechos relacionados a la libertad; por lo que, considerando que toda solicitud vinculada con el derecho a la libertad, como las solicitudes de aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, deben atenderse en virtud del principio de celeridad procesal, dada su naturaleza intrínseca de provisionalidad, instrumentalidad, temporalidad que caracteriza a las medidas cautelares, ya que su consideración no involucra el tratamiento de fondo de la causa penal”. En base a esos antecedentes y conforme a la línea jurisprudencial citada precedentemente, se tiene claro que los Juzgados de Instrucción Penal son los competentes para conocer y resolver cualquier solicitud relacionada con las medidas cautelares y sus emergencias en la etapa preparatoria, competencia que se mantiene subsistente hasta que la acusación fiscal sea radicada en el Tribunal de Sentencia competente; en el presente caso, en análisis se tiene que el Tribunal ahora demandado realizó la devolución de los antecedentes y del memorial de cesación a la detención preventiva del ahora peticionante de tutela el 8 de junio de 2022 recibidos ambos a horas 12:00 y 13:40 respectivamente, pero el Juzgado de Instrucción Anticorrupción Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, devolvió en base a dos decretos de igual fecha el 13 de citado mes y año, de estos antecedentes se tiene que el Juzgado a quo no realizó la radicatoria respectiva de la causa penal, ya que este le fue devuelto con defectos; entonces, si aplicamos la jurisprudencia citada y en base a una interpretación de la misma, se entendería que la competencia del Tribunal ahora demandado se perdería una vez que el inferior radique la causa, aspecto que no ocurrió en el presente caso, pues al haber sido devuelto y además que el memorial de cesación a la detención preventiva fue presentado precisamente cuando el Tribunal ahora demandado contaba aun con plena competencia; toda vez que, de la relación de fechas, el memorial fue presentado el 7 de junio de 2022 y recibido el 8 igual mes y año a horas 12:30 y los antecedentes de la causa penal fueron remitidas por Oficio CITE 268/2022 siendo recibido el 8 de junio de 2022 a horas 12:00 es decir solo con diferencia de treinta minutos; lo cual, evidencia que, los ahora demandados trataron de deslindar su responsabilidad al tomar conocimiento del escrito del ahora accionante enviando los antecedentes ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz.
En consecuencia, los ahora demandados en audiencia de 20 de junio de 2022, al haber tomado la decisión de dejar sin efecto el decreto de señalamiento de audiencia de 13 de junio de 2022 hasta que se resuelva la apelación contra la Resolución 65/2022 por el Tribunal Ad quem (Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz), obraron de manera arbitraria, ilegal e indebida, pese que uno de sus miembros estuvo en desacuerdo y al recurso planteado, manteniendo la situación jurídica del ahora peticionante de tutela en total incertidumbre, prolongando de manera injustificada, pese a contar con toda la competencia para conocer y resolver la petición de la cesación a la detención preventiva, puesto que desde la presentación del memorial de 7 de junio de 2022 hasta la presentación de esta acción de defensa, transcurrieron cincuenta y seis días calendario sin ser atendida la cesación impetrada, situación que de ninguna manera puede ser tolerado en un Estado Constitucional de derecho. A modo de conclusión y tomando en cuenta el primer, segundo elemento y lo analizado precedentemente, el ahora impetrante de tutela desde la emisión de la Resolución 65/2022, viene sufriendo una serie de vulneraciones de manera sistemática y continua por parte de los Jueces ahora demandados, quienes inicialmente no actuaron con la debida celeridad al realizar la devolución de antecedentes ante el Juzgado A quo, al no atender la solicitud de cesación a la detención preventiva presentada el 7 de junio de 2022 o por lo menos en tiempo razonable; y, finalmente, el 20 de igual mes y año consumo el más grosero de las vulneraciones al dejar sin efecto el señalamiento de audiencia de 13 de mismo mes y año poniendo en estatúo la situación jurídica, siendo que las medidas cautelares tienen el carácter de provisionalidad, instrumentalidad, temporalidad; por lo que, no ameritaba ninguna necesidad de esperar pronunciamiento alguno por el Tribunal de alzada sobre las apelaciones contra la Resolución 65/2022; por lo cual, corresponde conceder la tutela en relación Liz Roció Avilés Condori y Marco Antonio Vargas Yupanqui -ahora demandados- y no así en contra German Ramos Mamani -ahora codemandado-, todos Jueces del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz quien precisamente no compartió la decisión asumida en la audiencia de 20 de junio de 2022.
En relación a la falta de acceso a los antecedentes de la causa, reclamados mediante memorial de 14 de julio de 2022 Sobre este tópico el ahora accionante denuncia que no pudo tener acceso a los antecedentes de la causa penal, hecho que reclamó mediante el escrito de 14 de julio de 2022 y fue respondido mediante la providencia de 18 de igual mes y año ratificando las limitaciones; al respecto, estando en poder de los antecedentes del proceso penal el Tribunal ahora demandado, no se llega a establecer que lo denunciado sea cierto; puesto que, los expedientes o algunas piezas fueron remitidos ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en cumplimiento a una providencia emitida por el Tribunal superior mediante decreto de 6 de junio de 2022, precisamente para resolver situaciones que se suscitaron en base al derecho a la defensa ejercida por los demás sujetos procesales que intervienen en esta causa penal, más aun cuando no se tiene argumentó solido de cómo se estaría vulnerando los derechos y garantías, por lo que corresponde denegar la tutela solicitada.
En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder en parte la tutela solicitada, actuó de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 21/2022 de 3 de agosto, cursante de fs. 42 a 44 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en relación a Liz Roció Avilés Condori y Marco Antonio Vargas Yupanqui, Jueces del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandados-, en base a la primera problemática relacionado a la solicitud de cesación a la detención preventiva presentada por el Luis Alfredo Revollo Tanaka -ahora accionante-disponiendo que atienda dicha solicitud sin esperar turno y dentro de las cuarenta y ocho horas de notificada con esta Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando la situación jurídica no haya sido definida por el transcurso del tiempo y como consecuencia de la decisión asumida por el Tribunal de garantidas; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada en relación a German Ramos Mamani, Juez del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora codemandado- y en cuanto a la segunda problemática relacionada a la falta de acceso a los antecedentes de la causa penal sobre la base de los Fundamentos Jurídicos descritos a lo largo del presente fallo constitucional. 3° Llamar severamente la atención a los Jueces ahora demandados por la negligencia incurrida en la atención y tramitación de la solicitud de cesación a la detención preventiva de 7 de junio de 2022 presentado por el ahora peticionante de tutela, bajo advertencia de que en caso de incurrir se remitirá antecedentes ante el Consejo de la Magistratura para su correspondiente procesamiento. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA
1 El art. 410.II de la CPE, establece que “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes” (…) …el principio de celeridad tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilataciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los jueces o tribunales agiliten la resolución de los litigios
7 “…se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado…”
8 Hernandez, J. /2006), Programa de Derecho Procesal Penal, Editorial PORRUA, Mexico, Pag. 40 “ La competencia es el límite de la jurisdicción (todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos son competentes para conocer y resolver determinados asuntos), lo cual significa que la facultad del juez de resolver mediante la aplicación de la ley los conflictos sometidos a su conocimiento, está restringida por la competencia. Esta se establece en las siguientes formas: Por el territorio; por la materia; por el grado, por la cuantía, por el turno,…”
En este marco, se debe precisar algunas subreglas para los supuestos en los que presentada la acusación, se formulen solicitudes de cesación de la detención preventiva: a) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación; y, b) Presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente.
10 En su FJ. III. 2 anoto: “De lo anotado, corresponde señalar que si bien la citada SC 1584/2005-R de 7 de diciembre, no hace referencia precisa sobre los supuestos conflictos de competencias entre diferentes jurisdicciones, corresponde aplicar el espíritu de dicho razonamiento y ampliar el mismo, estableciendo que en los casos -como en el presente- que el conflicto de
competencias surgido en un proceso penal sea entre distintas jurisdicciones, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver las solicitudes de aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares, preponderando los derechos y garantías reconocidos por la norma fundamental y la observancia de los principios de seguridad jurídica e igualdad. Lo expuesto, implica una modulación expresa del precedente contenido en la SC 1584/2005-R.”
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0563_2024-S1.pdf · páginas 1 a 29.
Huella digital del PDF (SHA-256): 225e54edb7de22d87c9db018efd450d542b491166a3d1de89dc2df8c5dda8b34
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