Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 14 de junio de 2023
Concede la tutela
El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal instaurado en su contra por la presunta comisión del delito de “conducción peligrosa”, pese a haber dispuesto la autoridad judicial accionada su detención domiciliaria, entre otras medidas de carácter personal, permanece privado de su libertad en celdas judiciales desde el 27 de febrero de 2022, dado que hasta el día de la interposición de la presente acción tutelar -8 de marzo de igual año- no se emitió el correspondiente mandamiento de detención domiciliaria, bajo el argumento de que previamente debía cumplir las medidas impuestas “…de conformidad a los presupuestos establecidos por la S.C.P. 007/2020-s3…” (sic); sin considerar el Juez accionado que, al no existir ninguna orden de detención preventiva anterior, no le era exigible el cumplimiento previo de tales medidas.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2022 de 9 de marzo, cursante de fs. 44 a 46, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, por lesión al debido proceso, disponiendo que el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz -hoy accionado- de forma inmediata proceda a ejecutar el mandamiento de detención domiciliaria del accionante, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional, siempre y cuando ello no hubiese ya ocurrido producto de la concesión dispuesta por la Jueza de garantías, o haber variado su situación jurídica por el carácter modificable de las medidas cautelares. 2º La IMPROCEDENCIA respecto a la ampliación de la acción realizada en audiencia, inherente a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0563/2023-S3 Sucre, 14 de junio de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 46248-2022-93-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 05/2022 de 9 de marzo, cursante de fs. 44 a 46, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Raquel Marca Chura y Ariel Huchani Silvestre en representación sin mandato de Roberto Tambo Flores contra Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 8 de marzo de 2022, cursante de fs. 11 a 13 vta., el accionante a través de sus representantes sin mandato, manifiesta lo siguiente:
El 26 de febrero de 2022, fue aprehendido por funcionarios policiales por la presunta comisión del delito de “conducción peligrosa”, previsto por el art. 210 del Código Penal (CP), señalándose audiencia pública de aplicación de medidas cautelares para el 27 del mismo mes y año, en la que el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz -ahora accionado- mediante Resolución 38/2022 de igual fecha, dispuso en su contra medidas sustitutivas -lo correcto es medidas cautelares personales- previstas por el art. 231 bis. del Código de Procedimiento Penal (CPP), como: detención domiciliaria; la presentación de dos garantes solventes equivalente en la suma de Bs.-5 000.-(cinco mil bolivianos); el arraigo ante la Dirección General de Migración; la presentación ante el Ministerio Público el primer lunes de cada mes en horarios de 8:30 a 16:30; y, la prohibición de consumir bebidas alcohólicas y concurrir a lugares de expendio de bebidas alcohólicas durante la sustanciación del referido proceso.
Señala que la autoridad judicial accionada en la parte final de la Resolución 38/2022 de 27 de febrero, refirió que: ‘“…extiéndase el mandamiento de detención domiciliaria y sea de conformidad a los presupuestos establecidos por la S.C.P. 0007/2020-s3…”’ (sic), argumento por el cual continua privado de su libertad de manera ilegal en celdas judiciales desde el 27 de febrero de 2022 “hasta la fecha” -8 de marzo del mismo año-, cuando el mismo fallo constitucional citado por la autoridad judicial en su parte relevante refiere que la efectivización del mandamiento de libertad, previo cumplimiento de las medidas cautelares personales dispuestas procede luego de haberse concedido la cesación de la detención preventiva; por lo que, dicho entendimiento no es aplicable a su caso, ya que no se determinó su detención preventiva, siendo la línea jurisprudencial correcta para la aplicación del art. 245 del CPP, la SCP 0902/2016-S3 de 25 de agosto, que establece que la privación de la libertad solo puede continuar mientras se cumplan las “medidas sustitutivas” cuando el imputado se encuentre anteriormente bajo detención preventiva y se le conceda la cesación de dicha medida extrema, adecuándose dicha línea totalmente a su caso, pues -se reitera-no fue detenido preventivamente; en consecuencia, la autoridad judicial accionada efectuó una errónea interpretación y aplicación de la ley, vulnerando su derecho a la libertad por su ilegal detención en celdas judiciales.
La parte impetrante de tutela, alega la lesión de su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 22, 23.I, “24” y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia “…SE ME RESTITUYA INMEDIATAMENTE EL DERECHO A GUARDAR DETENCION DOMICILIARIA IMPUESTA EN MEDIDAS CAUTELARES Y NO SEA EN CELDAS JUDICIALES y se me otorgue nuevo plazo para el cumplimiento de las medidas dispuestas en audiencia de medidas cautelares. En definitiva se conceda la tutela de defensa y se ordene la celebración y señalamiento de audiencia dentro de las 24 horas…” (sic).
Celebrada la audiencia pública virtual el 9 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 41 a 43, presente el accionante asistido de su abogada y ausente la autoridad judicial accionada, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogada, ratificó in extenso los argumentos contenidos en su acción tutelar, y ampliando en audiencia señaló que: a) Desde el 27 de febrero -de 2022- hasta “…el día de hoy…” (sic), continúa en celdas judiciales, habiéndose apersonado el “día de ayer” ante el Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, para exigir el mandamiento de detención domiciliara “…y que por secretaria se nos expida el cuaderno de control jurisdiccional…” (sic); empero, los funcionarios de apoyo judicial le indicaron que no fue emitido aún, habiéndose constituido también ante la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, donde tampoco se constató su recepción; por lo que, extraña que el “día de hoy” aparezca el mandamiento con fecha de recepción de “8 de febrero” por la Oficina Gestora de Procesos “Tercera” del referido Tribunal; no obstante, fueron diez días que se encontró injustamente detenido en celdas judiciales; b) En la audiencia llevada a cabo el 27 de febrero -de 2022- el Juez accionado a tiempo de emitir su Resolución -conforme el audio de grabación que acompaña- ordenó se emita el mandamiento de detención domiciliaria una vez que se realice la verificación de su domicilio, la cual fue efectuada por la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; por lo que, se debió emitir dicho mandamiento inmediatamente, y la referida funcionaria efectuar el “…depósito de su persona…” (sic) en su domicilio a efectos de cumplir con su detención domiciliara; c) La autoridad judicial accionada, en la Resolución 38/2022 no fijó el plazo para el cumplimiento de las otras medidas impuestas; sin embargo, el mandamiento de arraigo recién les fue entregado el “día de ayer”; empero, se le exigió la presentación de una fotocopia de su cédula de identidad, la cual se encuentra en el cuaderno jurisdiccional, al cual no tuvieron acceso; y, d) Ante el anuncio de la presentación de esta acción de libertad, recién el personal del mencionado Juzgado cumplió con llevar el mandamiento de detención domiciliaria ante la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, entregándose el mismo en celdas judiciales; sin embargo, “…hasta el día de hoy a horas 14…” (sic) continúa en celdas judiciales sin que la Secretaria cumpla con “depositarlo” en su domicilio y tampoco cuenta con una copia de la Resolución 38/2022 emitido por el Juez accionado, pues no tiene acceso al cuaderno de control jurisdiccional, dado que el personal de apoyo judicial le indica que estaría en transcripción, menos aún conocen si existe el informe de verificación del domicilio; por lo que, también amplían esta acción tutelar contra la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del citado departamento, solicitando que dicha funcionaria de apoyo judicial en el día realice el “depósito” de su persona en su domicilio real y se le conceda un plazo razonable para cumplir con la presentación de los garantes y el mandamiento de arraigo.
Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, por informe escrito cursante de fs. 39 a 40, solicitando se deniegue la tutela impetrada, señaló que: 1) El 27 de febrero de 2022, se llevó a cabo la audiencia de aplicación de medidas cautelares del ahora accionante en la que mediante Resolución 38/2022, se dispuso la detención domiciliaria estricta del imputado -hoy impetrante de tutela-, previa verificación domiciliaria en cumplimiento de las correspondientes formalidades de ley, así como de las medidas previstas por el art. 231 bis. del CPP; 2) Con relación al domicilio, si bien de conformidad a la Resolución 38/2022 se enervó el riesgo procesal establecido por el art. 234.1 del Código del Adjetivo Penal, la parte peticionante de tutela no presentó documentación alguna que respalde la calidad en la que reside en el mismo, tampoco la ubicación exacta para futuras diligencias de notificación que son necesarias dentro del proceso, habiéndosele advertido tanto al imputado como a su abogado que tenían el plazo de tres días para cumplir con las determinaciones impuestas y que ante el incumplimiento pueden ser revocadas de oficio; 3) El 3 de marzo de 2022, uno de sus funcionarios subalternos se presentó ante el imputado -hoy accionante-, para cuestionar al mismo sobre la razón por la cual no se presentó su abogado o algún familiar a efectos de realizar el verificativo de su domicilio, respondiendo el ahora accionante que vivía en una provincia ubicada aproximadamente a dos horas de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, motivo por el cual, no contaría con ningún familiar; no obstante, facilitó el número de celular 61005515 que correspondería a su esposa, a quien el mismo día se le comunicó que debía presentar la documentación del domicilio donde se debía “depositar” al imputado; sin embargo, no obtuvieron respuesta alguna, razón por la que no se pudo realizar el correspondiente “depósito domiciliario”, dada la incertidumbre del mismo; 4) Conforme al aforismo “…NEMO AUDITOR PROPIAM TURPITUDINEM ALLEGANS..” (sic), nadie puede alegar a su favor su propia torpeza o culpa, resaltándose que contra el impetrante de tutela se dispuso la medida de detención domiciliaria estricta, siendo limitado de su libertad conforme a procedimiento, no encontrándose el prenombrado en libertad, sino detenido preventivamente en su domicilio, considerando que las medidas cautelares son instrumentos procesales que se imponen con el objeto de restringir o limitar el ejercicio de los derechos personales o patrimoniales a efectos de evitar los peligros de obstaculización del proceso y asegurar el efectivo cumplimiento de una eventual sentencia condenatoria, en el mismo sentido se establece respecto a la finalidad de la detención preventiva domiciliaria; 5) Resulta entonces necesario la presentación de la documentación idónea para proceder con el “depósito domiciliario” del imputado -hoy peticionante de tutela-, pues de lo contrario, existe una alta probabilidad de riesgo de fuga ante la multiplicidad de víctimas y los daños materiales causados; y, 6) El 7 de marzo de 2022, el abogado del accionante se presentó ante el Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, solicitando de manera verbal la verificación domiciliaria, la cual se realizó de manera inmediata en el domicilio ubicado en la zona Villa Mercedes calle Tupak Katari 1593 de El Alto del citado departamento, causando extrañeza que se encuentre en calidad de “invitado” conforme fue referido por la dueña de la casa; no obstante, velando por los derechos del imputado se emitió el mismo día el mandamiento de detención domiciliaria ante la Oficina Gestora de Procesos “Primero” del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; empero, fue recepcionado al día siguiente en virtud al Instructivo “02/2021 P-TDJLP”, posterior a ello nuevamente se incurrió en negligencia, pues no se apersonó el abogado del imputado -ahora impetrante de tutela- ni ningún familiar para coordinar con la Secretaria el “depósito” correspondiente.
La Jueza Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz, mediante Resolución 05/2022 de 9 de marzo, cursante de fs. 44 a 46, concedió la tutela solicitada, por evidenciar la vulneración del derecho a la libertad del accionante, disponiéndose que la autoridad judicial accionada proceda al diligenciamiento inmediato del mandamiento de detención domiciliaria en su favor, no pudiéndose efectuar ninguna determinación con relación a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; toda vez que, no se cumplieron las notificaciones correspondientes “anteriormente extrañadas”; decisión asumida con base a los siguientes fundamentos: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho posibilita al privado de libertad acceder a la tutela ante la lesión de sus derechos respecto a la falta de celeridad en la realización de los actos procesales sea ante autoridades jurisdiccionales o administrativas; ii) La ampliación de esta acción de defensa se refiere sobre los hechos, pero no con relación a otros sujetos procesales, pues ello implicaría vulnerar el debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa; por lo que, teniendo en cuenta que a la audiencia no fue convocada la mencionada Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero, no existe legitimación pasiva de la misma ni puede ser analizada su conducta mediante la presente acción tutelar, pues de acuerdo al contenido del memorial se efectuó el señalamiento de audiencia correspondiente y la notificación a la autoridad judicial accionada, identificándose como tal al ahora Juez accionado; iii) De acuerdo al informe emitido por la autoridad judicial accionada, quien adjuntó al mismo acta de verificación domiciliaria efectuada por su Secretaria, así como el mandamiento de detención domiciliaria, folio real y un testimonio, se establece que existe una acción penal seguida por el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión del delito de “…Homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito y conducta peligrosa...” (sic); iv) En audiencia de 27 de febrero de 2022, mediante Resolución 38/2022 se dispuso la detención domiciliaria del impetrante de tutela previa verificación domiciliaria, no existiendo ninguna determinación judicial ni legal que disponga que debe mantenerse en celdas judiciales en tanto no se cumplan las medidas dispuestas, pues si bien se hubiera dispuesto el plazo de tres días, lo cual no fue acreditado de forma idónea, el mismo no podría correr mientras el imputado se encuentre privado de libertad, entendimiento asumido por la SCP 0902/2016-S3 , que sobre el cumplimiento de las “medidas sustitutivas” impuestas -lo correcto es medidas cautelares personales- estableció que: ‘“…corresponde a la autoridad judicial ordenar la libertad de quien se encuentra aprehendido y concederle un plazo razonable para que dé cumplimiento a los dispuesto por la autoridad jurisdiccional o en caso de contar con detención domiciliaria como en el presente se ordene la misma y no así mantener la privación de libertad en celdas judiciales pues dicha figura no existe cuando ya se ha dispuesto medidas cautelares a un imputado”’ (sic), lo cual debió ser cumplido, teniendo en cuenta que el art. 245 del CPP es aplicable a los casos en los que el encausado se encuentre privado de libertad por una detención preventiva y se disponga la cesación de la referida medida extrema, situación que no acontece en el presente caso, no siendo lógico que se lo mantenga con privación de libertad y a su vez se le exija el cumplimiento de “medidas sustitutivas”, ya que no cuenta con “disponibilidad física” ni de locomoción para efectuar dichos actuados, resultando arbitrario requerir que exista un familiar o abogado que realice dichas diligencias cuando ello no está previsto por la normativa procedimental, sustantiva ni constitucional; v) La SCP 0007/2020-S3 de 2 de marzo, por la cual el Juez accionado pretende justificar su determinación se aplica en los casos que el privado de libertad se encuentre con detención preventiva, y en el caso particular se dispuso la aplicación de medidas cautelares personales previstas por el art. 231 bis. del Código Adjetivo Penal, no constitutivas de detención preventiva; vi) La autoridad judicial accionada emitió el Mandamiento de Detención Domiciliaria de 7 de marzo de 2022, lo que implica que el accionante estuvo privado de su libertad a partir del 27 de febrero del mismo año, no teniendo certeza de que el mismo se encuentre en libertad; y, vii) No podía exigirse al impetrante de tutela el cumplimiento de las medidas impuestas en tanto se encuentre con privación de libertad, correspondiendo que el Juez accionado emita de forma inmediata el mandamiento de detención domiciliaria, otorgando al mismo el plazo correspondiente para la efectivización de tales medidas, computado el término concedido a partir de que se haya dispuesto su detención domiciliaria y el “depósito” en su domicilio, cesando su privación de libertad en celdas judiciales, lo contrario resulta incongruente a lo dispuesto por la propia autoridad judicial accionada.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Roberto Tambo Flores -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de “conducción peligrosa”, consta Informe de Verificación Domiciliaria de 7 de marzo de 2022, emitido por la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz (fs. 38). II.2. Cursa Mandamiento de Detención Domiciliaria de 7 de marzo de 2022, emitida a favor de Roberto Tambo Flores -hoy accionante-, expedido por Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz -ahora accionado-, en cumplimiento de la Resolución 38/2022 de 27 de febrero, emitida dentro el proceso con CUD 201502022201834 por la presunta comisión del delito de “…HOMICIDIO Y LESIONES GRAVES Y GRAVISIMAS EN ACCIDENTE TRÁNSITO Y CONDUCCION PELIGROSA” (sic), a objeto que el Director o Encargado de celdas de Tránsito de la Policía Boliviana de la ciudad de El Alto del citado departamento, proceda a la entrega del impetrante de tutela a la Secretaria del mencionado Juzgado y la misma realice el “depósito domiciliario” correspondiente, el cual cuenta con cargo de recepción -ilegible- de fecha 8 del señalado mes y año (fs. 18).
El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal instaurado en su contra por la presunta comisión del delito de “conducción peligrosa”, pese a haber dispuesto la autoridad judicial accionada su detención domiciliaria, entre otras medidas de carácter personal, permanece privado de su libertad en celdas judiciales desde el 27 de febrero de 2022, dado que hasta el día de la interposición de la presente acción tutelar -8 de marzo de igual año- no se emitió el correspondiente mandamiento de detención domiciliaria, bajo el argumento de que previamente debía cumplir las medidas impuestas “…de conformidad a los presupuestos establecidos por la S.C.P. 007/2020-s3…” (sic); sin considerar el Juez accionado que, al no existir ninguna orden de detención preventiva anterior, no le era exigible el cumplimiento previo de tales medidas.
En cuanto a este tópico procesal, con connotación en la situación jurídica del procesado en la vía penal, la SCP 0740/2019-S1 de 12 de agosto, citando a la SCP 0242/2012 de 24 de mayo, que realiza una interpretación del alcance del art. 245 del Código Adjetivo Penal y los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional, sostuvo que: “Conforme definió el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia contenida en la SC 0266/2004-R de 26 de febrero -que reitera a otras-: ‘…la norma prevista por el art. 245 -del CPP- es aplicable a los casos en los que el encausado o procesado se encuentre privado de su libertad por una detención preventiva y se disponga la cesación de la medida sustituyéndola por una fianza económica, es en ese caso que la libertad sólo se hará efectiva luego de haberse otorgado la fianza…’. De donde se puede inferir, que la citada norma legal no tiene aplicación a aquellos casos en los cuales los imputados o procesados no han sido detenidos preventivamente, sino que la autoridad judicial dispuso de inicio la aplicación de una medida cautelar no privativa de la libertad, como ser fianza económica, obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad o arraigo. Sobre el mismo tema, la SC 0807/2006-R de 17 de agosto, señaló: ‘…el Juez recurrido (…) dispuso la libertad del imputado que estaba arrestado hasta el momento en que fue puesto a su disposición, bajo las siguientes condiciones: Presentación periódica ante el Fiscal, prohibición de cambiar el domicilio que tiene señalado, prohibición de tomar contacto o relación con la víctima o sus familiares y presentación de dos garantes solventes y solidarios con domicilio conocido, evidenciándose que hasta lograr el cumplimiento de estas medidas, mantuvo privado de su libertad al recurrente como medio de coacción; extremo que es inadmisible pues la privación de libertad sólo puede continuar mientras se cumplan las medidas sustitutivas, específicamente la fianza real, cuando el imputado se encuentre anteriormente bajo detención preventiva y se le concede la cesación de la misma imponiéndole medidas sustitutivas, conforme prevé el art. 245 del CPP, que no es el caso (…). Por consiguiente, el Juez recurrido debió dejar en libertad inmediata al recurrente luego de la audiencia de medidas cautelares y otorgarle un plazo razonable para el cumplimiento de las medidas impuestas y al no haber procedido así, manteniéndolo arbitrariamente privado de su libertad hasta que ofrezca los dos garantes solventes, cometió un acto ilegal que vulnera flagrantemente el derecho a la libertad del recurrente…’” (las negrillas corresponden al texto original).
El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncian la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal instaurado en su contra por la presunta comisión del delito de “conducción peligrosa”, pese a haberse dispuesto por Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz -hoy accionado- su detención domiciliaria, entre otras medidas de carácter personal, permanece privado de su libertad en celdas judiciales desde el 27 de febrero de 2022, dado que hasta el día de la interposición de la presente acción tutelar -8 de marzo de igual año- no se emitió el correspondiente mandamiento de detención domiciliaria, bajo el argumento de que previamente debía cumplir las medidas impuestas “…de conformidad a los presupuestos establecidos por la S.C.P. 007/2020-s3…” (sic); sin considerar el Juez accionado que al no existir ninguna orden de detención preventiva anterior, no le era exigible el cumplimiento previo de tales medidas. Planteada la problemática, cabe señalar que de los antecedentes procesales, así como de lo expuesto por los sujetos procesales, se evidencia que el Ministerio Público sigue un proceso penal contra Roberto Tambo Flores -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de “HOMICIDIO Y LESIONES GRAVES Y GRAVISIMAS EN ACCIDENTE TRANSITO Y CONDUCCION PELIGROSA” (sic), dentro el cual la autoridad judicial accionada emitió la Resolución 38/2022 de 27 de febrero, por la que dispuso en su favor la aplicación de medidas cautelares personales consistentes en: a) Detención domiciliaria; b) La presentación de dos garantes solventes equivalente en la suma de Bs.-5 000.- c) Arraigo ante la Dirección General de Migración; d) La presentación ante el Ministerio Público el primer lunes de cada mes en horarios de 8:30 a 16:30; y, e) La prohibición de consumir bebidas alcohólicas y concurrir a lugares de expendio de bebidas alcohólicas durante la sustanciación del referido proceso; sin embargo, el accionante denuncia encontrarse hasta el día de interposición de la presente acción tutelar, en celdas judiciales debido a que no se habría expedido el correspondiente mandamiento de detención domiciliaria.
Al respecto, la autoridad judicial hoy accionada, mediante informe escrito presentado en audiencia de consideración de esta acción de defensa indicó que mediante Resolución 38/2022 se dispuso la detención domiciliaria estricta del imputado previa verificación domiciliaria en cumplimiento de las correspondientes formalidades de ley, así como de las demás medidas previstas por el art. 231 bis. del CPP, advirtiendo tanto al imputado como a su abogado que tenían el plazo de tres días para cumplir con dichas determinaciones y que ante el incumplimiento de las mismas, estas podían ser revocadas de oficio; sin embargo, ante la falta de apersonamiento del abogado o de algún familiar, el 3 de marzo de 2022, un funcionario subalterno de su despacho se constituyó ante el imputado -ahora accionante-, informando este último que vivía en una provincia ubicada aproximadamente a dos horas de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, motivo por el cual no contaría con ningún familiar; no obstante, facilitó el número de celular de su esposa, a quien el mismo día se le comunicó que debía presentar la documentación del domicilio donde se debía depositar al prenombrado; sin embargo, no obtuvieron respuesta alguna, razón por la que, no se pudo realizar el correspondiente “depósito” domiciliario, dada la incertidumbre del mismo, pues si bien de conformidad a la Resolución 38/2022 se enervó el riesgo procesal establecido por el art. 234.1 del CPP, la parte impetrante de tutela no presentó documentación alguna que respalde la calidad en la que reside en el mismo, tampoco la ubicación exacta para futuras diligencias de notificación siendo necesaria la presentación de la documentación idónea para proceder con el “depósito” domiciliario del imputado -hoy peticionante de tutela-, pues de lo contrario, existiría una alta probabilidad de riesgo de fuga ante la multiplicidad de víctimas y los daños materiales causados. Asimismo, la autoridad judicial accionada refirió que el 7 de marzo de 2022, ante la solicitud verbal de la parte accionante, de la realización de la verificación domiciliaria, esta se efectuó de manera inmediata, emitiéndose en el mismo día el mandamiento de detención domiciliaria ante la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; sin embargo, en virtud al Instructivo “02/2021 P-TDJLP” fue recepcionado al día siguiente y posterior a ello nuevamente se incurrió en negligencia, pues no se apersonó el abogado del imputado -hoy impetrante de tutela- tampoco algún familiar para coordinar con la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del citado departamento el “depósito” domiciliario correspondiente.
A partir de ello, de acuerdo con los supuestos fácticos procesales expuestos por las partes procesales, es menester resaltar que el impetrante de tutela interpuso esta acción de defensa el 8 de marzo de 2022 a horas 11:45 -según carátula del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ)-, manifestando que se encontraría aun privado de su libertad en celdas judiciales, evidenciándose de la documentación que cursa en el expediente constitucional que consta Informe de Verificación Domiciliaria de 7 de marzo de 2022, emitido por la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; asimismo, Mandamiento de Detención Domiciliaria de 7 de marzo de 2022, librado por el Juez accionado, para que el Director o Encargado de celdas de Tránsito de la Policía Boliviana de la ciudad de El Alto del citado departamento, entregue al accionante a la Secretaria del mencionado Juzgado de Instrucción Penal Primero y la misma proceda al depósito domiciliario correspondiente del prenombrado, documento que cuenta con sello de recepción -ilegible- del lugar notándose solo la fecha “08-03-22” y una firma, pero consta a su vez en el mismo documento cargo de recepción realizado a mano que refiere “Recibido fecha 08-03-22 Hrs. 14:08 Sof. 2do. Jorge Mamani Luque Encargado de celda” (Conclusiones II.1 y II.2).
Así, a prima facie podría eventualmente asumirse que en el caso concurriría una posible sustracción del objeto procesal, porque la acción de defensa fue notificada horas después del citado mandamiento de detención domiciliaria; empero ello no es posible, pues el abogado del accionante en audiencia de consideración de la presente acción de libertad -9 marzo de 2022-, manifestó el impetrante de tutela todavía permanecía en dichas celdas judiciales; toda vez que, no se habría cumplido con el “depósito” del mismo en su domicilio por la Secretaria, lo cual fue corroborado por el informe escrito presentado por la autoridad judicial accionada el mismo día de la audiencia de esta acción tutelar, quien señaló que el imputado -hoy impetrante de tutela- continuaba en celdas judiciales por no haberse podido efectivizar el “depósito” en su domicilio, atribuyendo tal omisión a dicha parte procesal, puesto que no se habrían apersonado el indicado profesional ni tampoco algún familiar del sindicado para coordinar dicho acto procesal con la referida funcionaria judicial. A partir de dicho contexto fáctico procesal, se evidencia que la actuación de la autoridad judicial ahora accionada resulta contraria a los entendimientos jurisprudenciales expuestos en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que dejan claramente establecido que el art. 245 del CPP, no tiene aplicación a aquellos casos en los cuales los imputados o procesados no han sido detenidos preventivamente, sino que la autoridad judicial dispuso de inicio la aplicación de una medida cautelar no constitutiva de detención preventiva, en cuyo caso el Juez de Instrucción Penal deberá ordenar el cumplimiento en libertad y en plazo determinado de las medidas impuestas; es decir, que no se puede condicionar la libertad al acatamiento de las mismas, cuando no existió detención preventiva previa, debiendo otorgar un plazo razonable para el cumplimiento de las medidas impuestas, o en caso de contar con detención domiciliaria, como en el presente, ordenar el cumplimiento de la misma, debiendo expedirse de inmediato el correspondiente mandamiento de detención domiciliaria, no pudiendo en ningún caso, mantener la privación de libertad del encausado en celdas judiciales, pues dicha figura no existe cuando se ha dispuesto medidas cautelares personales a un imputado en audiencia de imposición de las mismas. En ese sentido, se evidencia que en el caso concreto la autoridad judicial accionada actuó arbitrariamente, dilatando ilegalmente el beneficio concedido, pues resulta evidente que el accionante en audiencia de aplicación de medidas cautelares de 27 de febrero de 2022, fue beneficiado con la detención domiciliaria; no obstante aquello, concluido dicho acto procesal el impetrante de tutela fue privado de libertad en celdas judiciales, sin que la autoridad jurisdiccional efectivizara el cumplimiento de su resolución mediante la emisión en tiempo oportuno del correspondiente mandamiento de detención domiciliaria, y su consecuente materialización, asumiendo el criterio errado que al haberse dispuesto la detención domiciliaria debía permanecer en celdas judiciales, argumentando que el accionante no habría brindado una dirección exacta de su domicilio ni presentado la documentación correspondiente, para que se ejecute dicha orden, pero sin considerar que dichos aspectos debieron ser corroborados a tiempo de la consideración de su situación jurídica y no a posteriori como pretende, máxime si se toma en cuenta que el impedimento fáctico alegado, no sería evidente, pues el 7 de marzo de 2022 se procedió con la verificación domiciliaria, producto de lo cual el 7 del citado mes y año, se emitió el mandamiento de detención domiciliaria, lo que denota que con anterioridad; es decir de forma inmediata al 27 de febrero del mismo año, en que se impuso las medidas, se pudo de igual forma cumplir con dichas actuaciones procesales, lo que no ocurrió, sin que se advierta que hubiese existido un impedimento que justifique no haberlo hecho oportunamente. A lo referido, se suma una continuación de actuación indebida consentida y validada por la propia autoridad judicial, pues pese a emitir el mandamiento de detención domiciliaria -aun tardíamente- de todas formas no efectuó actuación alguna para que el mismo se ejecute, continuando el procesado -ahora impetrante de tutela- restringido de su libertad en celdas judiciales hasta el momento de celebración de la audiencia de esta acción de defensa; es decir, veinticuatro horas después de haberse emitido el mandamiento, continuando el mismo suspendido en su ejecución, y lesionando el derecho a la libertad del imputado -ahora accionante-, quien debía estar en trámite y/o cumplimiento de sus medidas cautelares personales impuestas, pero no restringido de su libertad en celdas judiciales, sino bajo detención domiciliaria.
En esa misma línea de análisis, tampoco resulta justificable el condicionar la emisión y ejecución del mandamiento de detención domiciliaria al cumplimiento de las otras medidas impuestas y previstas por el art. 231 bis. del CPP “…de conformidad a los presupuestos establecidos por la S.C.P. 007/2020-s3…” (sic), se comprende de la SCP 0007/2020-S3; dado que, dicho fallo constitucional en efecto hace referencia a la efectivización del mandamiento de libertad, cumplidas las medidas cautelares impuestas luego de haberse concedido la cesación de la detención preventiva, situación que como fue establecido no acontece en el presente caso; en ese sentido, los supuestos fácticos que determinan la forma de resolución en dicha Sentencia Constitucional Plurinacional -existencia previa de detención preventiva e imposición de medidas cautelares personales por cese de la detención- son disímiles a la presente acción de defensa, como se tiene ya explicado al resolver el caso concreto. Consecuentemente, y en función a los razonamientos fáctico procesales expuestos, se evidencia la lesión del derecho a la libertad invocado como lesionado por el accionante, correspondiendo conceder la tutela impetrada respecto al Juez accionado. Finalmente, en relación a la ampliación de la acción de libertad contra la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, efectuada en audiencia de consideración de esta acción de defensa (fs. 42), solicitando el accionante que dicha funcionaria de apoyo judicial en el día realice el “depósito” de su persona en su domicilio real, se tiene que conforme fue evidenciado por la Jueza de garantías, dicha funcionaria de apoyo judicial evidentemente no pudo ser notificada con la presente acción tutelar por haberse dirigido la misma inicialmente únicamente contra el Juez accionado, a objeto que pueda asumir defensa; por lo que, no puede generarse indefensión a la misma, cuando no tuvo conocimiento de la acción planteada en su contra, al haberse realizado la ampliación en audiencia, aspecto que impide a este Tribunal ingresar a analizar su conducta respecto al reclamo efectuado por el impetrante de tutela, ni emitir pronunciamiento alguno al respecto, tornándose en improcedente la acción sobre dicha funcionaria judicial. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada en relación al Juez accionado, y “…sin efectuar ninguna determinación…” (sic) en cuanto a la funcionaria judicial cuya legitimación pasiva fue ampliada en audiencia, aunque con terminología inadecuada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2022 de 9 de marzo, cursante de fs. 44 a 46, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, por lesión al debido proceso, disponiendo que el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz -hoy accionado- de forma inmediata proceda a ejecutar el mandamiento de detención domiciliaria del accionante, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional, siempre y cuando ello no hubiese ya ocurrido producto de la concesión dispuesta por la Jueza de garantías, o haber variado su situación jurídica por el carácter modificable de las medidas cautelares. 2º La IMPROCEDENCIA respecto a la ampliación de la acción realizada en audiencia, inherente a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0563_2023-S3.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): bcbdcdb7d8cc6fcd0a52afdbefbcd2e6c48b5ce63bad52c06ac1ab3de63c3fac
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