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SCP 0562/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de julio de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
25 de julio de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
49296-2022-99-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho de “…acceder a una justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones…” (sic) y defensa; debido a que la autoridad accionada, suspendió en tres oportunidades la audiencia para considerar una sanción alternativa, sin tener justificativo legal alguno. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 15/2022 de 22 de julio, cursante de fs. 8 a 9, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo Segundo del departamento de Santa Cruz; constituida en Tribunal de garantías; en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto al derecho a la libertad vinculado al derecho al debido proceso en su vertiente de celeridad; 2° DENEGAR, respecto al derecho a la defensa; 3° Disponer en los mismos términos del Tribunal de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Las sanciones alternativas previstas en la Ley Integral para
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0562/2024-S3 Sucre, 25 de julio de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 49296-2022-99-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 15/2022 de 22 de julio, cursante de fs. 8 a 9, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Claudia Verónica Aguilera Méndez en representación sin mandato de Alejandra Cardón Villanueva contra Yiye David Ríos Sarabia, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES RELEVANTES DEL CASO

I.1. Identificación del problema jurídico planteado

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario “Palmasola” de Santa Cruz. Es así que, se tenía programada audiencia el 15 de julio de 2022, a efectos que se apliquen sanciones alternativas; sin embargo, la audiencia señalada se suspendió injustificadamente para el 22 de igual mes y año a horas 10:30; en esa oportunidad, nuevamente se aplazó, sin darle ningún tipo de razón o explicación; por lo que, a la fecha permanece detenida y sin fecha de audiencia, incurriendo el Juez accionado en una dilación injustificada, lesionando sus derechos de “…acceder a una justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones y defensa…” (sic).

I.2. Resolución del Tribunal de garantías

El Tribunal de Sentencia Penal Décimo Segundo del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 15/2022 de 22 de julio, cursante de fs. 8 a 9, concedió la tutela solicitada y dispuso que de manera inmediata se señale fecha y hora de audiencia, bajo los siguientes fundamentos: a) De la aplicación del principio de presunción de veracidad, se tiene que la impetrante de tutela solicitó audiencia de sanción alternativa, la misma fue programada y suspendida en tres oportunidades la última sin fecha; y, b) Es evidente que la impetrante de tutela hasta el presente se encuentra privado de libertad.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de su derecho de “…acceder a una justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones…” (sic) y defensa; debido a que la autoridad accionada, suspendió en tres oportunidades la audiencia para considerar una sanción alternativa, sin tener justificativo legal alguno. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Las sanciones alternativas previstas en la Ley Integral para

Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, Ley 348 de 9 de marzo de 2013

Sobre el intitulado la SCP 0222/2024-S3 de 24 de mayo señala: “En el marco de los instrumentos internacionales antes anotados, los Estados Partes deben identificar los actos que constituyen violencia y su carácter vulnerador de los derechos humanos, así como las pautas culturales, que con una visión patriarcal, atribuyen diferentes características y roles a mujeres y varones, ubicándolos en una jerarquía distinta, en la que el varón ostenta un lugar superior, mientras se perpetúa la condición inferior que se le atribuye a la mujer en la familia, el trabajo, la comunidad y la sociedad; asimismo, tienen el mandato expreso de sancionar al agresor, y ello, se justifica como una medida tendiente a erradicar la violencia contra las mujeres, garantizando el cumplimiento de una sentencia, después de un proceso penal, en el cual, se expone a la víctima a un potencial escenario de violencia Ahora bien, en el marco de los fundamentos internacionales desarrollados en el punto anterior, el constituyente boliviano incidió en el reconocimiento de derechos, de modo tal que la Constitución Política del Estado, contiene en su catálogo de derechos fundamentales, específicamente en el art. 15, la disposición que señala: I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual (…)

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad; III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…) tanto en el ámbito público como privado. Cabe señalar, que los estándares del Sistema Universal y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con relación a la discriminación y violencia en razón de género, deben ser aplicados por todas las juezas, jueces y tribunales, en el marco de las obligaciones asumidas por el Estado boliviano; es decir, sometiéndose al control de convencionalidad y a las normas contenidas en los arts. 13 y 256 de la CPE. En cuanto a las normas internas de desarrollo, debe recordarse que hasta antes de la promulgación de la Ley 348, el tema de la violencia hacia la mujer, fue abordado desde la perspectiva privada, a partir de la promulgación de la Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica -Ley 1674 de 15 de diciembre de 1995-; posteriormente, la Ley 348, dada la gravedad e intensidad de la violencia contra las mujeres, visibiliza a la mujer como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así, la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad nacional, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, como establece el art. 3.I de la Ley 348, al disponer que: «El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género». La declaratoria de prioridad nacional implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 define como tareas específicas, las de coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres, tanto en el nivel central como con las entidades territoriales autónomas (ETA); rompiendo de esta manera, progresivamente, las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones que revelan sesgos de género, que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad. Así, el art. 1 de la citada Ley 348, establece que la misma:

…se funda en el mandato constitucional y en los Instrumentos, Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Bolivia, que garantizan a todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, sexual y/o psicológica tanto en la familia como en la sociedad. Existiendo, por lo mismo, un mandato imperativo tendiente a la erradicación de la violencia contra las mujeres, estableciendo como obligación subyacente, la de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, en aquellos delitos que contienen hechos de violencia contra las mujeres, que comprometen su vida e integridad sexual, entre los cuales, estarían inmersos los tipos penales de feminicidio, homicidio, suicidio, aborto forzado, lesiones gravísimas, violación, abuso sexual, acoso sexual, actos sexuales abusivos, padecimientos sexuales, incumplimiento de deberes de protección a mujeres en situación de violencia, así como la violencia familiar o doméstica, que se halla contemplada en el art. 272 bis del Código Penal (CP).

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

En relación a la SCP 0537/2024-S3 “…la SCP 0044/2010-R de 20 de abril, efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el habeas corpus -ahora acción de libertad-, expuso las tipologías de esta acción, como era el habeas corpus preventivo, correctivo, señalando que la jurisprudencia constitucional agregó el habeas corpus restringido; ampliando a su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y el traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; por lo que básicamente se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de los privados de libertad”. Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.

III. CASO CONCRETO

La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos “…acceder a una justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones…” (sic) y defensa; puesto que, el Juez ahora accionado suspendió en tres oportunidades la audiencia para la consideración de una sanción alternativa, sin justificativo legal alguno ni establecer fecha para el mencionado acto procesal suspendido. De forma previa debemos establecer que la acción de libertad en su modalidad de instructiva, se activa ante cualquier amenaza que ponga en riesgo el derecho a la vida, para ello, las acciones y omisiones de servidores públicos y personas particulares, que de alguna manera pongan en peligro la eficacia y la integridad de dicho derecho, deben ser analizadas por la justicia constitucional, a través de este mecanismo de defensa, lo contrario implicaría inobservar el mandato constitucional, quebrantándose con ello la Norma Suprema del Estado, en ese mismo sentido, la SC 0320/2010-R de 15 de junio, precisó: “…la naturaleza de aplicación del principio de informalismo en esta acción tutelar, responde a efectivizar la acción de defensa en forma oportuna y eficaz en atención a los derechos fundamentales protegidos, vida y libertad, prescindiendo de formalidades procesales referidas a necesaria presentación escrita, por el agraviado o con mandato expreso, con precisión del derecho conculcado, su relación con los hechos y todos aquellos elementos de derecho que hacen a un medio o recurso de defensa; no obstante ello no implica que puede prescindirse la presentación de prueba mínima que acredite los hechos denunciados, en razón a que al sustanciar y resolver la acción tutelar, la jurisdicción constitucional requiere de certidumbre sobre la vulneración del o los derechos invocados para tutelar y protegerlos, compulsando los hechos denunciados con los elementos probatorios que generen convicción del acto ilegal u omisión indebida, caso contrario se ve impedida de otorgar la tutela solicitada”, en tal sentido esta Sala ingresará al análisis de la presente acción tutelar, ante la evidente vulneración del derecho al debido proceso en su vertiente de celeridad.

Ahora bien, de lo señalado precedentemente, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y tomando en cuenta que la Ley 348, prevé de manera expresa, en el Título V, Capítulo I, las sanciones alternativas a aplicarse en los casos en los que la privación de libertad no sobrepase los tres años, se constituye en una norma especial que debe ser aplicada de manera preferente como dispone el art. 5.III de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, al regular: “No reconoce fuero ni privilegio de ninguna clase, su aplicación es preferente respecto a cualquier otra norma para los delitos establecidos en la presente Ley”; con la aclaración, que ello no significa que en todos los casos se deba disponer la privación de libertad del condenado, sino por el contrario, la aplicación de las sanciones alternativas previstas en la Ley 348, como la multa, detención de fin de semana, trabajo comunitario, entre otras, es preciso aclarar que la legislación especial no contempla un plazo para la resolución de la solicitud para la aplicación de sanciones alternativas debiendo aplicarse lo establecido por el art. 328.II del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, exclusivamente en lo referente a los plazos para la resolución, por ende se infiere que la autoridad accionada, incumplió lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, la jurisprudencia constitucional y el Código de Procedimiento Penal; toda vez que, no se observó el procedimiento establecido en la norma procesal penal, concretamente el señalamiento de audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su planteamiento, al tratarse de un privado de libertad con detención preventiva; ello, respecto a las reiteradas suspensiones en las que ya se había programado audiencia para considerar la sanción alternativa; así mismo, durante el desarrollo de la audiencia de la acción de libertad, se constató que la accionada no emitió informe alguno y no se presentó a la audiencia; por lo tanto, conforme al Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, toda autoridad que conozca de una solicitud relacionada con el derecho a la libertad, debe tramitarla con la mayor celeridad posible, caso contrario, provocaría una restricción indebida del citado derecho y la concesión de tutela de una acción de libertad traslativa o de pronto despacho no implica que se deba resolver de determinada forma, sino que sólo busca acelerar la tramitación y resolución de lo solicitado. En el caso objeto de análisis, la petición efectuada por la ahora accionante está directamente relacionada con el derecho a la libertad, ya que conforme al art. 76 de la Ley 348, en delitos de violencia hacia las mujeres, es posible aplicar sanciones alternativas a la privación de libertad, cuando cumple los requisitos establecidos; en ese contexto, habiéndose suspendido de manera reiterativa en tres oportunidades las audiencias programadas de sanción alternativa, la primera audiencia programada para el 15 de julio de 2022 y sin programar hasta la fecha de la audiencia de acción de libertad, es decir, hasta el 22 de julio de 2022, sin haber resuelto la solicitud de la accionante de sanción alternativa, amparada por la Ley 348, al no proseguir y dilatar innecesariamente su tramitación con suspensiones y falta de programaciones, lesionó el derecho a la libertad de la peticionante de tutela vinculado al debido proceso y principio de celeridad evidenciándose la existencia de dilación indebida por haber transcurrido casi ocho días desde su petición, extremos veraces en concordancia con la amplia jurisprudencia constitucional sentado por el Tribunal como la SCP 0314/2019-S3 de 18 de julio entre otras, que establece la presunción de veracidad en las acciones constitucionales ante la falta de informe por la autoridad accionada cuando es servidor público. Por todo lo expuesto, se concluye que la autoridad jurisdiccional accionada, al no haber programado la audiencia de sanción alternativa, ha soslayado sus funciones y atribuciones, apartándose de la norma procesal penal, que garantiza una justicia pronta y oportuna; evidenciándose, que ha provocado una dilación indebida en la tramitación de la consideración de la referida sanción alternativa, provocando la evidente vulneración de sus derechos a la libertad, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; y, al debido proceso. Respecto al derecho a la defensa reclamada en la presente acción tutelar, el impetrante de tutela no establece de qué manera la omisión demandada lesionaría su derecho a la defensa y si se trata de la defensa material o técnica, tampoco aporto prueba o argumento suficiente para que este Tribunal pueda ingresar al estudio de fondo de dicho reclamo. En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 15/2022 de 22 de julio, cursante de fs. 8 a 9, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo Segundo del departamento de Santa Cruz; constituida en Tribunal de garantías; en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto al derecho a la libertad vinculado al derecho al debido proceso en su vertiente de celeridad; 2° DENEGAR, respecto al derecho a la defensa; 3° Disponer en los mismos términos del Tribunal de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0562_2024-S3.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 02668396ecf35ce627de5127ce58cd84d396c4047ccaf7337b01cfc79e17e911

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