Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 18 de septiembre de 2024
Concede en parte la tutela
El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, la autoridad jurisdiccional accionada: 1) Al presente, no resolvió su situación jurídica; no obstante que cumplió los seis meses de detención preventiva que le impusieron inicialmente, además que su ampliación por dos meses más se basó en motivos irrelevantes como la necesidad de realizar una inspección técnica ocular y la pericia de la víctima cuando las pruebas y declaraciones indican que la prenombrada no recuerda los hechos; y, 2) No se resolvió su incidente de actividad procesal defectuosa que solicitó la nulidad de imputación formal ni su petición de sobreseimiento pese a que las testigos declararon no haber presenciado ningún abuso sexual y que la denuncia estaba motivada por una disputa de terrenos sumado a que el informe psicológico señala que la denunciante no recuerda los hechos y que el examen médico forense no encontró lesiones.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará los siguiente: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; ii) Competencia para conocer solicitudes en relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal; y, iii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución de 08/2022 de 05 de agosto, cursante de fs. 40 a 43, pronunciada por Juez de Sentencia Penal Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada respecto al Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz, sin disponer la libertad del ahora accionante, conforme a lo desarrollado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que el Juez ahora demandado señale audiencia de consideración de la situación jurídica de los accionantes en el plazo de cuarenta y ocho horas de la notificación con la presente resolución; siempre y cuando, con posterioridad, no se hubiera modificado la situación jurídica del mismo; y, 3° DENEGAR respecto a los otros agravios identificados al no haber agotado los mecanismos de defensa legal ante la autoridad jurisdiccional y el Ministerio Público antes de recurrir a la vía constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0562/2024-S1 Sucre, 18 de septiembre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 49581-2022-100-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución de 08/2022 de 05 de agosto, cursante de fs. 40 a 43, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Silverio Mario Apaza Aro contra Guillermo Pongo Pongo, Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 3 de agosto de 2022, cursante de fs. 27 a 29, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, a denuncia de Gloria Condori Apaza, en su contra por la presunta comisión de los delitos de violación agravada y violencia familiar o doméstica, tipificados en los arts. 308; y, 272 bis en relación con el 310 inc. d) del Código Penal (CP), el 12 de enero de 2022, después de prestar declaración, fue aprehendido por el Fiscal de Materia, quien presentó la imputación formal 01/2022 ese mismo día. En la audiencia de medidas cautelares celebrada el 14 de enero de 2022, el Juez -hoy demandado-, dispuso su detención preventiva en el Recinto Penitenciario de San Pedro por un lapso de seis meses, fijando audiencia para la revisión de su situación jurídica el 14 de julio del mismo año, acto procesal que fue suspendido por motivo de que el link correspondiente no fue proporcionado por la Oficina Gestora de procesos fijándose nueva audiencia para el 21 del mismo mes y año, sin que en dicha fecha se haya resuelto su situación jurídica a mérito de la presentación de una acusación formal en su contra que hasta ese momento desconocía, no obstante de haber cumplido los seis meses de privación de libertad. Adicionalmente, no se consideró que las testigos María Reina Apaza Martínez e Hilaria Martínez Quispe manifestaron en sus declaraciones que no presenciaron ningún acto de abuso sexual, señalando que la denuncia estaría motivada por una disputa de terrenos; pese a estas declaraciones, la solicitud de sobreseimiento presentada por su parte no fue atendida por el Ministerio Público. Asimismo, se debe tener presente que planteó incidente de actividad procesal defectuosa, solicitando la nulidad de la imputación formal debido a que la denunciante, según el informe psicológico CITE: SLIM-D5/PS1/177-21 de “19 de julio de 2019”, no recordaba los hechos denunciados, y el examen médico forense, de 14 de julio de 2021, no encontró lesiones, empero dicha petición no fue resuelta. Por otro lado, en la audiencia de careo del 21 de marzo de 2022, las testigos ratificaron no haber presenciado ningún abuso sexual, a pesar de ello, su solicitud de sobreseimiento presentada el 1 de abril de 2022 no fue resuelta extendiéndose su detención preventiva por dos meses más sin una justificación adecuada. Dado que el argumento sobre la necesidad de una inspección técnica ocular y una pericia a la víctima, resultan irrelevantes porque la denunciante no recuerda los hechos, como se ha demostrado en el proceso. Finalmente, al presente su detención es ilegal, ya que, desde el 15 de julio de 2022 hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar, no se ha resuelto su situación jurídica, vulnerándose su derecho fundamental a la libertad.
El accionante alega la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; sin citar norma constitucional alguna que los contenga.
Solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga de manera inmediata que se resuelva su situación jurídica y ordene su libertad; toda vez que cumplió con el plazo de su detención preventiva de conformidad a la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- por el simple vencimiento del plazo.
La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 5 de agosto de 2022, según consta en acta cursante de fs. 37 a 39; produciéndose los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia, señaló que: a) Dentro del proceso penal seguido en su contra, el Juez ahora demandado, ordenó su detención preventiva por seis meses y al cumplirse ese plazo, el 14 de julio de 2022, se suspendió y reprogramó la misma para el 21 de julio 2022; hasta ese momento, el ahora accionante llevaba una semana detenido ilegalmente; sin embargo, una vez celebrada la audiencia, el Juez ahora demandado, suspendió nuevamente la misma, señalando que el Fiscal de Materia de la causa, había presentado una Acusación Fiscal, que el ahora accionante no conocía; y, por tal razón, debía remitirse antecedentes ante el Tribunal de Sentencia correspondiente; por otra parte, el Fiscal de Materia de la causa, solicitó la ampliación de la detención preventiva, pero lo hizo el 15 de julio de 2022, un día después de que venciera el periodo de seis meses, ya que según el art. 239 del Código Penal, la ampliación debió haberse solicitado antes de esa fecha. El Fiscal de Materia de la causa, argumentó la necesidad de la ampliación para realizar una inspección ocular y una pericia psicológica a la víctima, pero las testigos del caso habían dado versiones contradictorias. Además, el informe psicológico de la víctima, de 20 de marzo de 2022, señala que ella estaba dormida durante el supuesto hecho; y, b) El acusado se encuentra detenido ilegalmente desde el 14 de julio de 2022 en el Recinto Penitenciario de San Pedro y el Fiscal de Materia de la causa, no solicitó la ampliación de manera oportuna, por lo que se solicita se defina la situación jurídica del ahora accionante, ya que se encuentra cumpliendo una detención ilegal; asimismo, el caso debe ser remitido a la ciudad de La Paz, para que otro Juez determine la situación jurídica del acusado -ahora peticionante de tutela- conforme a procedimiento.
Guillermo Pongo Pongo, Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz, presente en audiencia, ratificó el contenido de su informe escrito presentado el 5 de agosto de 2022, cursante a fs. 34, en el cual señaló que: 1) Dentro del proceso penal seguido en contra del ahora accionante, por Auto Interlocutorio 02/2022 de 14 de enero, se dispuso su detención preventiva por seis meses, debido a la concurrencia de los riesgos de fuga y obstaculización, previstos por los arts. 233, 234.1, 2 y 7; y, 235.2 del Código Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley 1173, estableciendo la existencia de peligro para la víctima; 2) Durante la etapa preparatoria, el ahora impetrante de tutela solicitó varias veces la cesación de su detención preventiva, pero todas las solicitudes fueron rechazadas por no haber enervado los riesgos procesales contenidos en la resolución primigenia; 3) La audiencia para resolver su situación jurídica, fue fijada para el 14 de julio de 2022, se suspendió por problemas técnicos y fue reprogramada para el 21 de julio de igual año; y, 4) En esa audiencia, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra el ahora peticionante de tutela, y el Juez ahora demandado, remitió el caso al Tribunal de Sentencia competente, perdiendo así jurisdicción sobre el asunto; por lo que, el imputado -ahora accionante- tiene conocimiento de que con la presentación del requerimiento conclusivo de Acusación Fiscal 14/2022, ya no hay investigaciones pendientes; además, no demostró que su vida esté en peligro, que esté ilegalmente perseguida, procesada e indebidamente privado de su libertad, toda vez que el ahora acusado puede acudir ante la autoridad competente y solicitar la tutela correspondiente, ya sea ante el juez de la causa y agotar las vías correspondientes, por lo que solicita se deniegue la tutela impetrada.
El Juez de Sentencia Penal Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante la Resolución de 08/2022 de 05 de agosto de 2022, cursante de fs. 40 a 43, denegó la tutela impetrada, en base a los siguientes fundamentos: i) El ahora accionante señaló que, según la documentación aportada, no existe una resolución expresa sobre su situación jurídica procesal; por lo tanto, el Juez ahora accionado debería emitir una decisión que defina su situación procesal, ya que el Auto Interlocutorio 02/2022 de 14 de enero, no estaría vigente; y, se habrían dictado nuevas medidas o deberían mantenerse las mismas, siempre que exista una resolución fundamentada que las establezca; ii) Dentro del proceso penal seguido contra el ahora accionante, la denunciante, Gloria Condori Apaza, declaró no recordar lo sucedido, implicando a otros familiares que señalaron que el mismo habría violado a su sobrina -víctima-; a pesar de ello, las medidas cautelares impuestas ya se cumplieron el 14 de julio de 2022, por lo que la situación jurídica del ahora impetrante de tutela, debe ser resuelta; ya que, se fijó una audiencia para el 14 de julio de 2022, que fue suspendida por problemas técnicos y pese a la presentación de la acusación formal por parte del Ministerio Público, el Juez ahora demandado, debió haber fijado día y hora para su consideración, inclusive habilitando hora extraordinaria conforme a Ley, reprogramado la audiencia en un plazo de cuarenta y ocho horas, ya que se trata de un caso con detención preventiva; iii) Aunque la detención preventiva del ahora accionante fue ordenada por seis meses, este periodo concluyó, por lo que es necesario definir su modificación o cesación; en ese entendido, la remisión del expediente al Tribunal correspondiente, aún no se ha cumplido, lo que justifica la presente acción tutelar; y, iv) En consecuencia, pese a que el ahora accionante no se encuentra detenido de manera ilegal, su situación jurídica procesal no ha sido definida tras el vencimiento del plazo de seis meses, por lo que corresponde conceder la tutela impetrada, para regularizar este aspecto. En la vía de aclaración, enmienda o complementación, el solicitante de tutela a través de su abogado pidió que a efectos de la reparación del daño emergente, costas y costos de libertad, así también sus honorarios e indicar que las cuarenta y ocho horas seria hasta el día domingo, por lo que solicitó se conmine a la autoridad demandada para que se notifique a las partes con horario extraordinario. Petición que fue atendida y tenida presente por el Juez de garantías, que respecto al señalamiento de la audiencia por tratarse de fin de semana, debe llevarse a cabo tomando en cuenta la distancia y cumpliendo su obligación de llevar la audiencia habilitando día y hora extraordinaria, inclusive tomando en cuenta la distancia de traslado a la sede del despacho judicial de la Autoridad judicial ahora demandada; y, con respecto a la reparación de daño, una vez resuelta por el Tribunal Constitucional Plurinacional en consulta y su revisión, se resuelva como en derecho corresponda por esa misma instancia.
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones: II.1. Consta imputación formal 01/2022 de 12 de enero, presentado por el Fiscal de Materia de la causa, ante el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz -ahora demandado-, por el que se imputa formalmente a Silverio Mario Apaza Aro -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de violación con agravante y violencia familiar o doméstica previstos y sancionados por los arts. 308; y, 272 bis, en relación al 310 inc. d) del CP, y solicita aplicación de la medida cautelar de detención preventiva (fs. 13 a 20). II.2. Por Auto Interlocutorio 02/2022 de 14 de enero, el Juez -ahora demandado-dispuso la detención preventiva de Silverio Mario Apaza Aro -ahora accionante-, por el plazo de seis meses en el Recinto Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz, señalando audiencia de consideración de la situación jurídica del imputado -ahora accionante- para el 14 de julio de 2022. (fs. 6 a 10 vta.). II.3. Cursa Acta de audiencia de 14 de julio de 2022, celebrada ante el Juez -ahora demandado-, donde se verifica que el mismo manifiesta lo siguiente:
“(…) siendo que no se ha podido -facilitar- el link -correspondiente- para la presente audiencia, el cual imposibilita la prosecución de la misma, suspendiéndose dicho acto, y siendo que se trata de un proceso con detenido, se señala nuevo día y hora de audiencia de consideración de situación jurídica para el día jueves 21 de julio de 2022 a horas 11:00 AM (…)” (sic [fs. 2]). II.4. Se tiene memorial de 15 de julio de 2022, presentado por el Fiscal de Materia de la causa, ante el Juez -ahora demandado-, por el que solicita ampliación de detención preventiva por el lapso de dos meses más, en contra del ahora accionante. (fs. 3). II.5. Celebrada la audiencia de 21 de julio de 2022, la autoridad judicial ahora demandada, dispuso que:
“(…) habiéndose -presentado- el requerimiento conclusivo consistente en Acusación Fiscal por parte del señor representante del Ministerio Público en esta audiencia señalada, por lo que se dispone, habiéndose presentado Acusación Fiscal No. 14/2022, conforme el art. 325 del C.P.P., modificado por la Ley 1173, se suspende la presente audiencia sin señalamiento toda vez que el Ministerio Público ha presentado el requerimiento conclusivo, por lo que la suscrita autoridad dispone se remita antecedentes ante el Tribunal Correspondiente (…)” (sic [fs. 35 vta.]). II.6. Por proveído de 21 del mismo mes y año referido, el Juez ahora demandado, dispuso que:
“…conforme el Art. 325-I del Código de Procedimiento Penal modificado por la Ley 1173, remítase ante el Tribunal de Sentencia Penal 1°, (…) de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal 1° de Caranavi del departamental de La Paz” (sic [fs. 36]).
El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, la autoridad jurisdiccional accionada: 1) Al presente, no resolvió su situación jurídica; no obstante que cumplió los seis meses de detención preventiva que le impusieron inicialmente, además que su ampliación por dos meses más se basó en motivos irrelevantes como la necesidad de realizar una inspección técnica ocular y la pericia de la víctima cuando las pruebas y declaraciones indican que la prenombrada no recuerda los hechos; y, 2) No se resolvió su incidente de actividad procesal defectuosa que solicitó la nulidad de imputación formal ni su petición de sobreseimiento pese a que las testigos declararon no haber presenciado ningún abuso sexual y que la denuncia estaba motivada por una disputa de terrenos sumado a que el informe psicológico señala que la denunciante no recuerda los hechos y que el examen médico forense no encontró lesiones.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará los siguiente: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; ii) Competencia para conocer solicitudes en relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal; y, iii) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, asumió el siguiente entendimiento: El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señaló que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último: “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. En ese marco, la SC 0465/2010-R de 5 de julio señala que el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho -ahora acción de libertad-, se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad, cuando esté relacionada con la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de 1El FJ III.4, señala: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrolló en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
2El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:
a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.
b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.
c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal elcaso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificados legalmente y no comparecen a la audiencia; entendimiento complementado con la SC 0384/2011-R de 7 de abril y reiterada por la SCP 0005/2012 de 16 de marzo. Asimismo, la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, en el marco de una interpretación plural, introdujo el principio ético-moral del ama qhilla -no seas flojo- a las construcciones jurisprudenciales referidas a la celeridad procesal, constituyéndose en una Sentencia moduladora, al establecer que las autoridades judiciales, en virtud al citado principio, tienen el deber procesal de dirigir y resolver, sin dilaciones indebidas, las solicitudes de cesación de la detención preventiva sometidas a su conocimiento.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0222/2018-S2 de 22 de mayo, asumió el siguiente razonamiento: La SC 0143/2003-R de 2 de febrero de 2004 precisó que la autoridad competente para sustanciar cualquier solicitud relacionada con las medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.
3El FJ III.2.1, indica: “De acuerdo al nuevo orden constitucional, el art. 8.I de la CPE, dentro de los principios y valores del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, asume y promueve como de carácter ético-morales de la sociedad plural, el `ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón)´; máximas milenarias que fueron constitucionalizadas y resumen de manera extraordinaria la moral que toda persona, natural o jurídica debe practicar en todas sus actividades. En ese sentido, se hace énfasis en el principio del ama qhilla , que establece una conducta de vida diligente que debe observar todo individuo, con mayor razón un servidor público como es el juez, del cual debe exigirse una actitud acuciosa en la administración de justicia, sobre todo cuando afecta a un vivir bien, así como a una vida armoniosa.
Los principios ético morales constitucionalizados: `am a qhilla, ama llulla y ama suwa´, vinculados entre sí, constituyen directrices de obligada observancia por los servidores de justicia cuando resuelvan derechos y garantías constitucionales, están en el deber imperativo de impulsar, ser director y promotor del proceso, velando su desarrollo, siendo responsables de cualquier demora por su inactividad, impulsando la nueva justicia en el nuevo Estado Plurinacional”.
4El FJ III.2, señala: “…de conformidad al art. 54.I CPP, en relación a los arts. 302 y 223 CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares”.
juez de instrucción penal, que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Más tarde la SC 0487/2005-R de 6 de mayo estableció que al margen que la causa se haya sorteado ante el tribunal de sentencia penal; el juez de instrucción penal debe proceder a su consideración conforme a derecho, ya que la misma todavía no radicó en el citado tribunal; entendimiento ratificado por la SC 0745/2007-R de 24 de septiembre y la SCP 2053/2012 de 15 de octubre, entre otras. Complementando a esta línea jurisprudencial, la SC 1584/2005-R de 7 de diciembre señaló que siendo el derecho a la libertad de importancia no solo primaria sino fundamental, es posible que el juez de instrucción penal pueda resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva, aunque se hubiera presentado la acusación; siempre y cuando no haya radicado la causa en un determinado tribunal de sentencia penal; entendimiento, reiterado por la SCP 0971/2016-S3 de 16 de septiembre, entre otras. Conforme a dicha línea jurisprudencial, las solicitudes de medidas cautelares podían ser conocidas por el juez de instrucción penal hasta que la causa sea radicada ante el juez o tribunal de sentencia penal; actuado con el cual, recién perdía competencia el primero.
5El FJ III.2, refiere: “Situación agravada con el hecho de que el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteó la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros co imputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación (…)”.
6El FJ III.2, determina: “…conforme razonó este Tribunal en la SC 0487/2005-R de 6 de mayo: ʽ…el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteó la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros co imputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de Sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares…´”.
7El FJ III.4, refiere que: “Considerando la importancia del derecho a la libertad física no sólo primario sino fundamental, es permisible que un juez incompetente resuelva la solicitud de aplicación de la detención preventiva en un primer momento de la investigación, debiendo inmediatamente de realizado dicho acto remitir las actuaciones al asiento judicial donde debe ejercerse el control jurisdiccional. (…)
….cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación (…)”.
Sin embargo, dicha línea jurisprudencial fue cambiada por el entendimiento asumido en la SCP 0367/2017-S1 de 25 de abril; la cual señaló que con la remisión de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal, se marca el inicio de la etapa de juicio oral del proceso penal; momento a partir del cual, adquieren competencia para conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares. En el mismo sentido, la SCP 0817/2017-S2 de 14 de agosto entiende que la remisión del expediente ante el tribunal de sentencia penal, por la interposición de la acusación fiscal, tiene como consecuencia que el 8El FJ III.2, rige: “Es menester recalcar que se considera que todas las solicitudes relacionadas a medidas cautelares, se encuentran íntimamente ligadas al derecho a la libertad; por lo que, en virtud al carácter fundamental y primordial de ese derecho, deben ser resueltas con celeridad. Este razonamiento, como se tiene dicho se ha empleado como base para establecer una salvedad en la vía jurisprudencial, en la medida que se otorga al juez de instrucción penal la atribución de conocer y resolver una solicitud de aplicación o modificación de medidas cautelares, presentada ante dicha instancia, aún cuando en la causa ya hubiere sido presentada la acusación, la competencia en el proceso subsiste hasta la remisión de obrados, dentro de las veinticuatro horas posteriores a la presentación de la acusación, caso en el que mantendrá su potestad para resolver la solicitud de aplicación o modificación de medidas cautelares, únicamente cuando: ·Con carácter previo y dentro de las veinticuatro horas referidas en el art. 325 del CPP, haya fijado audiencia para la consideración de esas medidas, de modo que la audiencia y el plazo de remisión sean plenamente compatibles.
Toda vez que, una vez remitida la causa en el juez o tribunal de sentencia, se marca el inicio de la etapa de juicio oral del proceso penal, momento a partir del cual los jueces técnicos, adquieren competencia plena para conocer y resolver lo que en adelante corresponda, incluyendo naturalmente las solicitudes de las partes que versen sobre las medidas cautelares, sin que `el saneamiento procesal´ perteneciente a una norma abrogada, pueda constituirse en un óbice a tal efecto. Sin embargo, aún bajo éstos nuevos parámetros resulta fundamental señalar que, no obstante a que el espíritu de la norma penal adjetiva, al disponer una remisión de obrados con celeridad -dentro de las veinticuatro horas-, obliga al juez de instrucción penal a remitir los actuados ante el tribunal o juezç de sentencia, causando la pérdida de competencia, como se tiene dicho, por la importancia que reviste el derecho a la libertad, la persona procesada penalmente no puede quedar en incertidumbre respecto a una solicitud que verse sobre ese su derecho; y, respondiendo a tal finalidad, es que corresponde reafirmar la posición previamente asumida por la jurisprudencia constitucional, permitiendo aplicar la subregla precedente a aplicarse para armonizar el mandato legal particular del art. 325 del CPP, con el plexo de derechos, principios y valores constitucionales relacionados con el caso, de forma que el derecho a la libertad de los procesados se encuentre debidamente garantizado, sea por el juez de instrucción penal o por el tribunal o juez de sentencia, en los distintos momentos procesales según lo desarrollado, materializando de esta forma la vigencia de derechos, garantías y principios nodales para nuestro Estado Constitucional, como lo es el derecho a la libertad, a través de la aplicación de la ley misma a partir de los valores, principios, objetivos y derechos consagrados en la Constitución Política del Estado para el caso en concreto”.
9El FJ III.3, refiere: “En el presente caso, se tiene que el accionante debió acudir ante el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primero del departamento de La Paz, ante el cual fue remitido los antecedentes procesales de la causa, conforme manifestó uno de los jueces del Tribunal que se declaró incompetente (Conclusión II.5); a efectos de que conozcan y se pronuncien sobre su solicitud de cesación a la detención preventiva, si bien, conforme se advierte de la (Conclusión II.4); el accionante solicitó mediante memorial de 23 de junio de 2017, cesación a la detención preventiva, empero, día anterior a la presentación del precitado memorial se emitió la Auto Interlocutorio 122/2017, en la que el Tribunal de Sentencia Cuarto de El Alto, declaró fundado la excepción de incompetencia planteada por el Ministerio Público, anulando obrados hasta el acta de sorteo de 2 de junio de 2017, disponiendo la remisión de antecedentes a un tribunal de turno de sentencia anticorrupción y contra la violencia hacia la mujer del departamento de La Paz; siendo evidente que la autoridad ahora demanda carecía de competencia para tramitar el incidente: toda vez que la causa inicialmente fue radicada en el mencionado Tribunal, el cual posteriormente dispuso que se remitiera a un Tribunal especializado en materia de anticorrupción según se evidencia el Auto Interlocutorio 122/2017.
De lo manifestado supra, el accionante tendría que realizar su solicitud de cesación a la detención preventiva ante el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, como emergencia de la determinación asumida en la Auto Interlocutorio 122/2017; por lo que la autoridad demandada actuó de acuerdo al art. 325.I del CPP, que prevé: `Presentado el requerimiento conclusivo de acusación, la o el Juez Instructor dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, previo sorteo, remitirá los antecedentes a la o el Juez o Tribunal de Sentencia, bajo responsabilidad´, entendiéndose que al haber efectuado el sorteo aún de manera incorrecta remitiendo los antecedentes ante un Tribunal de Sentencia, habría perdido competencia de manera previa a la presentación del memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva, encontrándose imposibilitado legalmente de pronunciarse sobre la solicitud del accionante, quien al no haber realizado su petitorio de cesación ante el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero, incurrió en inobservancia del principio de subsidiariedad que rige la acción de libertad; en tal sentido cuando se consideran vulnerados o amenazados los derechos a la libertad a la vida a libertad de locomoción por actos u omisiones desplegados, previo a acudir a la jurisdicción constitucional las partes involucradas en un proceso judicial, deben agotar los medios intra procesales previstos por ley a efectos de alcanzar la definición de sus derechos y, en caso de considerarlos lesionados acudir ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional, situación que en el caso de análisis no ha acontecido”.
juez de instrucción penal pierda competencia para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva. Ahora bien, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional no es estática, sino dinámica, evolutiva, que va mutando, complementando, modulando, cambiando o reconduciendo la línea, en busca de precautelar el respeto y la vigencia plena de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. En este entendido, habiéndose realizado el examen de la línea jurisprudencial respecto a la competencia de los jueces de instrucción penal, para resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva, cuando se presenta la acusación fiscal; a la luz de la Constitución Política del Estado y de conformidad con los arts. 325 y 344 del CPP, modificados por el art. 8 de la Ley 586, haciendo efectivos los principios de celeridad y seguridad jurídica; y, los derechos a la defensa, al debido proceso y a una justicia efectiva y sin dilaciones; corresponde de manera expresa reconducir la línea establecida por la SC 0487/2005-R a lo señalado en la SC 1584/2005-R, de 7 de diciembre, que indica:
…cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación (…) [las negrillas y el subrayado son nuestros]. Precedente del cual se establece que mientras no se radique la causa en el juzgado o tribunal de sentencia penal al que se derivó la misma, el juzgado remitente sigue teniendo competencia para resolver solicitudes de cesación o modificación de medidas cautelares. Reconducción que se realiza de conformidad con la Norma Suprema y con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que señalan que los privados de libertad, tienen derecho a la defensa, al 10F.J.III.2. “Situación agravada con el hecho de que el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteo la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros co imputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de Sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares, así la SC 143/2004-R, de 2 de febrero, razón por la cual corresponde otorgar la tutela solicitada únicamente respecto a este punto denunciado; empero, cabe señalar que al estar radicada la causa en el Tribunal de Sentencia, como efectos de la acusación formulada por el Ministerio Público, por razones de economía y celeridad procesal resulta conveniente que la referida solicitud tenga que ser considerada por el Tribunal de Sentencia, conforme ha sido dispuesto por el Juez de hábeas corpus a fin lograr el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia, cual es el objetivo de los referidos principios.”.
debido proceso, al acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, entre otros, que le facultan a interponer solicitudes de cesación de la detención preventiva en cualquier momento, hasta antes de ejecutoriada la sentencia; tomando en cuenta que, la imposición de esta medida, no causa estado y puede ser modificada en cualquier tiempo; y toda vez que, el juez de instrucción penal tiene el control jurisdiccional de la causa en la etapa preparatoria, es ésta, la autoridad que debe conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares, pese a la presentación de la acusación fiscal, siendo plenamente competente hasta que la causa sea radicada ante el juzgado o tribunal de sentencia penal, lo contrario, conllevaría dejar al imputado en incertidumbre jurídica. En este punto, es importante remarcar que toda autoridad que conozca una solicitud efectuada por una persona privada de libertad, debe atenderla con la mayor celeridad posible; es decir, de forma pronta y oportuna, o en su caso, dentro de un plazo razonable, debiendo adoptar las medidas necesarias para resolver con prontitud la situación de los imputados con detención preventiva. Si bien el art. 239 del CPP vigente dispone cuarenta y ocho horas como plazo para celebrar la audiencia de cesación de la detención preventiva, esto no significa que debe esperarse hasta el último momento para llevar adelante la misma, correspondiendo aplicar los valores y principios constitucionales, previstos en el art. 8, complementado por los arts. 115 y 180.I, todos de la CPE, que establecen que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en el principio procesal de celeridad, entre otros; motivo por el cual, los jueces de instrucción penal deben señalar las audiencias con la mayor prontitud posible; y, no deben suspenderlas sin razón justificable, de no ser así, se provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido que repercute o afecta a su libertad, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición; sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente. En este marco, se debe precisar algunas subreglas para los supuestos en los que presentada la acusación, se formulen solicitudes de cesación de la detención preventiva: 1) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación; y, 2) Presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente.
El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, la Autoridad jurisdiccional demandada: 1) Al presente, no se resolvió su situación jurídica, no obstante que cumplió los seis meses de detención preventiva que le impusieron inicialmente, además que su ampliación por dos meses más se basó en motivos irrelevantes como la necesidad de realizar una inspección técnica ocular y la pericia de la víctima cuando las pruebas y declaraciones indican que la prenombrada no recuerda los hechos; y, 2) No se resolvió su incidente de actividad procesal defectuosa que solicitó la nulidad de imputación formal ni su petición de sobreseimiento pese a que las testigos declararon no haber presenciado ningún abuso sexual y que la denuncia estaba motivada por una disputa de terrenos sumado a que el informe psicológico señala que la denunciante no recuerda los hechos y que el examen médico forense no encontró lesiones. De la revisión de los antecedentes y conclusiones del legajo constitucional, se tiene la imputación formal 01/2022 de 12 de enero, a través de la cual, el Fiscal de Materia de la causa, imputó formalmente a Silverio Mario Apaza Aro -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de violación con agravante; y, violencia familiar o doméstica (ConclusiónII.1); misma que fue presentada, ante el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz -ahora demandado-, quien en audiencia de medidas cautelares, por Auto Interlocutorio 02/2022 de 14 de enero, dispuso su detención preventiva por el plazo de seis meses, en el Recinto Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz, señalando audiencia de consideración de su situación jurídica, para el 14 de julio de 2022 (Conclusión II.2). La audiencia programada, se llevó a cabo en la fecha señalada -14 de julio de 2022-; sin embargo, el Juez ahora demandado, dispuso la suspensión debido a que la Oficina Gestora de Procesos, no proporcionó el enlace para la audiencia virtual, fijándose una nueva, para el 21 de julio de 2022 (Conclusión II.3); al día siguiente, el 15 de igual mes y año, el Fiscal de Materia de la causa solicitó la ampliación de la detención preventiva por dos meses más, ya que estaría pendiente la inspección técnica ocular y una pericia a la víctima. Posteriormente, en audiencia de 21 de julio de 2022, el Ministerio Público presentó requerimiento conclusivo de Acusación Fiscal 14/2022, en contra del ahora accionante, solicitando la suspensión de la audiencia por inasistencia del imputado -ahora impetrante de tutela-(Conclusión II.4); por ello, el Juez ahora demandado mediante proveído de la misma fecha, conforme el art. 325 del CPP, dispuso la suspensión de la audiencia y la remisión de antecedentes ante el Tribunal de Sentencia Penal, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamental de La Paz (Conclusión II.5). Precisados los antecedentes, se establece que la problemática central gira en torno a la falta de resolución de la situación jurídica del accionante, quien permaneció en detención preventiva por más de seis meses. En la audiencia del 21 de julio de 2022, el Ministerio Público presentó la Acusación Fiscal 14/2022 en su contra; y, en base a ello, el Juez ahora demandado dispuso, mediante providencia de la misma fecha, la remisión de antecedentes al Tribunal de Sentencia Penal competente, sin resolver la situación jurídica del accionante. Ahora bien, de acuerdo con los antecedentes del proceso ya anotados, el actuar de la autoridad jurisdiccional ahora accionada refleja una dilación indebida, pues tenía la obligación de llevar a cabo la audiencia para considerar la situación jurídica del accionante, tal como lo disponía el Auto Interlocutorio 02/2022 (Conclusión II.2) y el entendimiento jurisprudencial establecido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional que sostiene, cuando se trata de una solicitud de revisión de la situación jurídica de una persona detenida preventivamente, el juez a cargo del control jurisdiccional tiene la facultad de resolver dicha petición incluso después de la presentación de la Acusación Fiscal, siempre y cuando la causa no haya sido radicada en el Tribunal o Juzgado de Sentencia Penal correspondiente. Bajo ese entendido, el juez demandado no consideró que, hasta el 21 de julio de 2022, aún mantenía competencia para conocer y resolver la situación jurídica del accionante, en función de la importancia del derecho fundamental a la libertad física. Al suspender la audiencia sin fijar una nueva fecha debido a la presentación de la Acusación Fiscal, y sin considerar que la causa penal no había sido radicada en el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi, incurrió en una dilación injustificada que afectó los derechos fundamentales invocados en la presente demanda tutelar; en consecuencia, se debe conceder la tutela solicitada, aclarándose que esta concesión se limita a corregir la falta de celeridad en la resolución de su situación jurídica por parte de la autoridad demandada y no se manifiesta de ninguna manera sobre la libertad del hoy impetrante de tutela. Finalmente, sobre el reclamo respecto a la ampliación por dos meses más de la medida de ultima ratio que se basó en motivos irrelevantes como la necesidad de realizar una inspección técnica ocular y la pericia de la víctima cuando las pruebas y declaraciones indican que la prenombrada no recuerda los hechos y la falta de resolución del incidente de actividad procesal defectuosa que solicitó la nulidad de imputación formal y la petición de sobreseimiento pese a que las testigos declararon no haber presenciado ningún abuso sexual y que la denuncia estaba motivada por una disputa de terrenos sumado a que el informe psicológico señala que la denunciante no recuerda los hechos y que el examen médico forense no encontró lesiones. Al respecto, correspondía que el hoy impetrante de tutela, antes de acudir a la jurisdicción constitucional, previamente reclamen la supuesta vulneración de sus derechos a través de los mecanismos de defensa previstos legalmente ante la autoridad jurisdiccional y el representante del Ministerio Público correspondiente, para luego recién, en caso de no obtener la reparación de sus derechos, acudir a la vía constitucional, razón por la cual sobre este punto corresponde denegar la tutela interpuesta contra la autoridad judicial demandada, por incumplimiento a la subsidiariedad excepcional. En consecuencia, el Jueza garantías al conceder la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución de 08/2022 de 05 de agosto, cursante de fs. 40 a 43, pronunciada por Juez de Sentencia Penal Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada respecto al Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz, sin disponer la libertad del ahora accionante, conforme a lo desarrollado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que el Juez ahora demandado señale audiencia de consideración de la situación jurídica de los accionantes en el plazo de cuarenta y ocho horas de la notificación con la presente resolución; siempre y cuando, con posterioridad, no se hubiera modificado la situación jurídica del mismo; y, 3° DENEGAR respecto a los otros agravios identificados al no haber agotado los mecanismos de defensa legal ante la autoridad jurisdiccional y el Ministerio Público antes de recurrir a la vía constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth CornejoGallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0562_2024-S1.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5fdecfc4706d85116d5d64a4648ec5478aa53dadcdd62ee87d41cdde9d2b5210
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