Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 10 de julio de 2023
Deniega la tutela
La accionante de tutela denunció la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso, a la “seguridad jurídica” y a los principios de verdad material y congruencia, en virtud a que el Juez demandado por Auto de 5 de enero de 2022, aprobó la liquidación de asistencia familiar de 4 de noviembre de 2021, omitiendo considerar la prueba acompañada por su persona, al momento de la observación de aquella liquidación, quedando de esa manera en un estado de indefensión, que decantó en la emisión del mandamiento de apremio que pone en riesgo su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2022 de 5 de abril, cursante de fs. 63 a 66, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática venida en revisión.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0562/2023-S4 Sucre, 10 de julio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 46982-2022-94-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 07/2022 de 5 de abril, cursante de fs. 63 a 66, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lorena Valdez Calicho contra Rubén Soliz Flores, Juez Público Mixto de Familia y de la Niñez y Adolescencia Primero de Villa Tunari del departamento de Cochabamba.
Mediante memorial presentado el 4 de abril de 2022, cursante de fs. 1; y, 32 a 34, la accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Dentro del proceso de divorcio instaurado por Rolando Acapa Colque, el 17 de junio de 2019, el Juez Público Mixto de Familia y de la Niñez y Adolescencia Primero de Villa Tunari del departamento de Cochabamba –hoy demandado–, mediante Auto de 19 de junio de 2019, manifestó haber verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos por el art. 259 inc. b) del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) –Ley 603 de 19 de noviembre de 2014–, acreditándose la legitimación activa del demandante Rolando Acapa Colque; sin embargo, éste no señaló su domicilio real, sino su domicilio laboral, pese a que ambas partes son oriundos de Quillacollo, en tal circunstancia debió declinarse competencia por razón de territorio ante un Juzgado Público de Familia de la provincia de Quillacollo del departamento de Cochabamba; no obstante esos defectos procesales irregulares, la autoridad judicial demandada corrió traslado a su persona, para cuyo efecto ordenó se expida comisión instruida para Quillacollo; por lo que, ejecutada que fue la comisión instruida por cédula, su hermana Karen Valdez Calicho, retiró dicha citación de la puerta, para posteriormente quemarla, siendo esa la razón por la que no contestó la demanda de divorcio. De manera posterior, su hermana Karen Valdez Calicho, le hizo conocer que existía una notificación de liquidación de asistencia familiar en Villa Tunari, lo que motivó su apersonamiento a efectos de asumir defensa, presentando el memorial de 21 de septiembre de 2021, solicitando declinatoria en razón de territorio, porque las partes tienen constituidos sus domicilios reales en Quillacollo; por lo que, una vez concedida la declinatoria, solicitaría la guarda de su hijo NN. En la misma fecha, presentó otro escrito observando la liquidación, haciendo conocer que no adeudaba asistencia familiar; toda vez que, por memorial de 10 de junio de 2021 presentado por Rolando Acapa Colque ante el Ministerio Público, se hizo conocer el abandono del domicilio conyugal, en cumplimiento de las medidas de protección de violencia familiar o doméstica ordenado por el Ministerio Público, siendo ese día en el que se llevó a su hijo NN; motivo por el que, no adeuda asistencia familiar. El Juez demandado en el Auto de 5 de enero de 2022, aprobó la liquidación de 4 de noviembre de 2021, omitiendo la valoración de la prueba acompañada por su persona, al momento de la observación de liquidación de asistencia familiar de 23 de noviembre de 2021, de esa manera se le dejó en un estado de indefensión; practicándose aquella liquidación basándose en la Sentencia, que dispuso la asistencia familiar en Bs430.- (cuatrocientos treinta bolivianos), en favor de su hijo NN, monto que correría a partir de la citación de 19 de julio de 2019, al 19 de agosto de 2021, transcurriendo veinticinco meses; sin embargo, en la liquidación de 4 de noviembre de 2021, el demandante realizó la liquidación de asistencia familiar por veintisiete meses, del 19 de julio de 2019 al 19 de octubre de 2021, con lo que existe incongruencia entre lo solicitado y lo resuelto. Su persona se encuentra perseguida, al punto de perder su libertad de locomoción, estando indebidamente procesada por Rubén Soliz Flores, Juez Público Mixto de Familia y de la Niñez y Adolescencia Primero de Villa Tunari del departamento de Cochabamba; quien emitió el Auto de 5 de enero de 2022 de aprobación de liquidación y el Auto de 20 de igual mes y año, ordenando por Secretaria se extienda comisión instruida y mandamiento de apremio en su contra, mismo que fue extendido el 15 de marzo de 2022; que si bien dicho actuado aún no se encuentra ejecutado; sin embargo, se encuentra en un estado latente de persecución ilegal y peligro de perder su libertad de locomoción.
La impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso, a la “seguridad jurídica” y a los principios de verdad material y congruencia, citando al efecto los arts. 115 y 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada y se disponga el cese de la persecución ilegal en su contra; así como, se deje sin efecto los Autos de 5 y 20 de enero de 2022, de orden de comisión instruida y mandamiento de apremio de 15 de marzo de 2022, librando en su contra y ordenando al Juez demandado dictar nueva resolución sobre la observación de liquidación de asistencia familiar efectuada por su persona, aplicando los lineamientos procesales del debido proceso, seguridad jurídica, principio de verdad material y principio de congruencia, valorando toda la prueba por ella aportada.
Celebrada la audiencia virtual el 5 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 61 a 62, presente la parte solicitante de tutela y ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:
La solicitante de tutela ratificó in extenso su demanda de acción de libertad.
Rubén Soliz Flores, Juez Público Mixto de Familia y de la Niñez y Adolescencia Primero de Villa Tunari del departamento de Cochabamba, mediante informe de 5 de abril de 2022, cursante de fs. 39 a 41, manifestó lo siguiente: a) Dentro del proceso de divorcio seguido por Rolando Acapa Colque contra Lorena Valdez Calicho, se homologó y validó el acuerdo suscrito mediante documento privado de guarda de menor de 20 de marzo de 2017, por el que se concede la guarda del niño NN en favor del padre, fijándose asistencia familiar para el menor en Bs430.-, a ser cumplidos por Lorena Valdez Calicho; b) La hoy accionante solicitó declinatoria de competencia por razón de territorio, mediante memorial de 21 de septiembre de 2021, señalando como domicilio procesal un número de WhatsApp, solicitud que fue observada, subsanada, admitida y resuelta por Auto de 7 de febrero de 2022; por el que, se rechazó dicha pretensión; decisión que fue recurrida en apelación, concediéndose la misma en el efecto devolutivo, sin que hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar la recurrente hubiera provisto las fotocopias solicitadas a pesar de la conminatoria efectuada con base al art. 388.III del CFPF; c) Mediante memorial de 3 de noviembre de 2021, se solicitó aprobar la liquidación de asistencia familiar, aprobándose la misma por Auto de 5 de enero de 2022, en el que se estableció un total adeudado de Bs9 694.- (nueve mil seiscientos noventa y cuatro bolivianos); Resolución que no fue objeto de impugnación por ninguna de las partes; por lo que, de manera posterior, por Auto de 20 de enero de 2022, se expidió mandamiento de apremio en contra de la hoy impetrante de tutela; d) Lorena Valdez Calicho, a través del escrito de 28 del indicado mes y año, realizó una oferta de pago, comprometiéndose a cancelar tal monto devengado en doce cuotas; la que fue puesta en conocimiento de la parte actora, procediéndose de manera ulterior a librarse dicho mandamiento; y, e) Todas las actuaciones fueron puestas en conocimiento de las partes, a quienes no se les habría causado ninguna indefensión, teniendo la facultad de poder recurrir las resoluciones que podrían causar algún agravio.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 07/2022 de 5 de abril, cursante de fs. 63 a 66, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes argumentos: 1) Por Auto de 20 de enero de 2022, se dispuso se libre mandamiento de apremio en contra de Lorena Valdez Calicho, comisionando su ejecución a cualquier funcionario policial, hábil no impedido de todo el departamento de Cochabamba, a objeto de que sea conducida al Centro Penitenciario de San Pedro de la localidad de Sacaba del departamento de Cochabamba, mientras cancele la suma de Bs9 694.-, por concepto de asistencia familiar devengada, de cuyo efecto, el 15 de marzo de 2022, se expidió comisión instruida con mandamiento de apremio; 2) Ante ello, la jurisdicción constitucional se ve imposibilitada de pronunciarse sobre la problemática planteada a través de esta acción de defensa, debido a que dentro la jurisdicción ordinaria se encuentra un recurso pendiente que no fue activado por la ahora accionante, así se tiene que el art. 368 del CFPF, reconoce la reposición con alternativa de apelación; es decir que, aún se encuentra pendiente un recurso dentro el procedimiento para hacer prevalecer su derecho; pues actuar de manera contraria puede crear una disfunción procesal ante posibles pronunciamientos contradictorios de diferentes jurisdicciones sobre un mismo objeto procesal, uno en la vía ordinaria y otro en la jurisdicción constitucional; 3) Los actos denunciados por la impetrante de tutela no se encuentran vinculados directamente con la libertad; así como, tampoco se pudo demostrar su estado de indefensión absoluta, ya que puede activar su derecho a impugnar; 4) En ese sentido, la peticionaria de tutela, debió acudir ante el Juez ahora demandado a través de los medios o mecanismos procesales establecidos en la normativa procesal familiar, ya que es la autoridad judicial a quien le corresponde conocer y resolver la denuncia de errores o ilegalidades procedimentales argumentadas en todo el trámite de liquidación de asistencia familiar, teniendo la posibilidad de interponer reposición con alternativa de apelación, constituyéndose el medio idóneo para el restablecimiento de los derechos de la solicitante de tutela; 5) De igual forma, contra el Auto de 5 de enero de 2022 de aprobación de planilla de liquidación, la hoy accionante, al considerar que el mismo no era reflejo de los argumentos expuesto por esa parte, así como no hubiese sido considerada y valorada la prueba por el Juez hoy demandado, pudo interponer el recurso de reposición bajo alternativa de apelación, para que el superior en grado, revise la determinación asumida por el inferior; sin embargo, de toda la documentación acompañada, así, como lo expuesto en audiencia virtual, se tiene que contra esa determinación, no se activó recurso alguno; por lo que, en el caso en particular, concurre la excepcionalidad de la subsidiariedad en acciones de libertad, tal como se ha señalado en el fundamento jurídico de la presente resolución; 6) En cuanto a la solicitud efectuada por la impetrante de tutela, en su demanda de acción de libertad, pretendiendo lograr que se deje sin efecto el Auto de 20 de enero 2022, que ordena que por Secretaría se extienda comisión instruida y mandamiento de apremio en su contra, actuación por la que considera estar perseguida ilegalmente; se tiene que, a la solicitante de tutela no le correspondía acudir de forma directa ante la jurisdicción constitucional en procura del restablecimiento de sus derechos; ya que, debió activar en la jurisdicción ordinaria los medios o mecanismos intraprocesales establecidos por ley; y, 7) La peticionaria de tutela no se encuentra indebidamente perseguida, sino a mérito de una resolución emitida por una autoridad jurisdiccional, que ordena el pago de una asistencia familiar devengada, resultado de una liquidación aprobada por Auto de 5 de enero de 2022 y un Auto que ordena la extensión del mandamiento de apremio; es decir que, los actos emergieron de un proceso que ha sido de su conocimiento, en el que no se establece que se le hubiera dejado en estado de indefensión, para acudir directamente a la vía constitucional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentando el 4 de noviembre de 2021, Rolando Acapa Colque, dentro de la demanda de divorcio seguido en contra de la hoy accionante, presentó ante el Juez Público Mixto de Familia y de la Niñez y Adolescencia Primero de Villa Tunari del departamento de Cochabamba, presenta una nueva planilla de liquidación de asistencia familiar; la misma que fue corrida en traslado a la obligada mediante decreto de 5 de igual mes y año (fs. 20 a 22). II.2. A través del escrito de 23 de noviembre de 2021, Lorena Valdez Calicho, observó la liquidación presentada por el actor, reiterando declinatoria de competencia en razón de territorio, mereciendo el proveído de 25 del indicado mes y año, por el que se corrió en traslado a Rolando Acapa Colque; quien luego de cumplir con lo observado, mediante memorial de 3 de enero de 2022, solicitó la aprobación de la planilla de liquidación de asistencia familiar y rechazo de la declinatoria de competencia; de cuyo efecto, se emitió el Auto de 5 de enero de 2022, que aprobó la planilla de asistencia familiar que arroja Bs9 694.-, suma que debe ser cancelada por la obligada Lorena Valdez Calicho (fs. 25 a 29 vta.). II.3. Ante el incumplimiento de pago de asistencia familiar por parte de la ahora impetrante de tutela, mediante memorial de 19 de enero de 2022, Rolando Acapa Colque, impetró al Juez Público Mixto de Familia y Niñez, Adolescencia Primero de Villa Tunari del departamento de Cochabamba, librar mandamiento de apremio en contra de la demandada; solicitando la extensión de la correspondiente comisión instruida. Solicitud que fue atendida por Auto de 20 del año y mes señalados, a través del cual, la autoridad judicial ordenó se libre mandamiento de apremio contra Lorena Valdez Calicho, comisionando su ejecución a cualquier funcionario policial, debiendo ser conducida al Centro Penitenciario de San Pedro de la localidad de Sacaba del departamento de Cochabamba (fs. 30 y vta.). Expidiéndose la correspondiente Comisión instruida y librado el 15 de marzo de 2022, contra la peticionaria de tutela (fs. 31 y vta.).
La accionante de tutela denunció la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso, a la “seguridad jurídica” y a los principios de verdad material y congruencia, en virtud a que el Juez demandado por Auto de 5 de enero de 2022, aprobó la liquidación de asistencia familiar de 4 de noviembre de 2021, omitiendo considerar la prueba acompañada por su persona, al momento de la observación de aquella liquidación, quedando de esa manera en un estado de indefensión, que decantó en la emisión del mandamiento de apremio que pone en riesgo su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
El art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE) contempla que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”. La SCP 1888/2013 de 29 de octubre, efectuando una integración jurisprudencial sobre la aplicación del principio de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, estableció lo siguiente: “… la acción de libertad (…) se constituye en una garantía eficaz para la tutela inmediata de los derechos que se encuentran dentro de su ámbito de protección; sin embargo, es también evidente que, cuando en la vía ordinaria existen medios o mecanismos de impugnación que de manera inmediata y eficaz puedan restituir el derecho a la libertad física o personal o el derecho a la libertad de locomoción, los mismos deben ser utilizados previamente antes de acudir a la vía constitucional a través de la acción de libertad. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional, desde la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, entendió que el antes recurso de hábeas corpus -hoy acción de libertad- no implicaba que todas las lesiones al derecho a libertad tuvieran que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus y, en ese sentido, concluyó que ‘…en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria’” (las negrillas son nuestras). Sobre el particular, el extinto Tribunal Constitucional a través de la SC 0008/2010-R de 6 de abril, hace mención a que: “El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas” (las negrillas nos corresponden). Entendimiento éste que debe ser asumido en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio que vulnera el derecho a la libertad como resultado de una supuesta ilegal persecución, indebido procesamiento o privación de libertad, debiendo agotarse los mecanismos idóneos, eficaces y oportunos al alcance, a efectos de buscar la restitución del derecho lesionado, no siendo pertinente activar de manera directa la justicia constitucional.
La impetrante de tutela denunció la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso, a la “seguridad jurídica” y a los principios de verdad material y congruencia, en virtud a que el Juez demandado por Auto de 5 de enero de 2022, aprobó la liquidación de asistencia familiar de 4 de noviembre de 2021, omitiendo considerar la prueba acompañada por su persona, al momento de la observación de aquella liquidación, quedando de esa manera en un estado de indefensión, que decantó en la emisión del mandamiento de apremio que pone en riesgo su libertad. Identificada como fue la problemática traída a colación, y de los antecedentes que acompañan la presente acción de defensa se tiene que, mediante memorial presentando el 4 de noviembre de 2021, Rolando Acapa Colque, dentro de la demanda de divorcio seguido en contra de la hoy accionante, presentó ante el Juez Público Mixto de Familia y de la Niñez y Adolescencia Primero de Villa Tunari del departamento de Cochabamba, una nueva planilla de liquidación de asistencia familiar; la misma que fue corrida en traslado a la obligada mediante decreto de 5 de igual mes y año. A través del escrito de 23 de noviembre de 2021, Lorena Valdez Calicho, observó la liquidación presentada por el actor, reiterando declinatoria de competencia en razón de territorio, mereciendo el proveído de 25 del indicado mes y año; por el que, se corrió en traslado a Rolando Acapa Colque; quien luego de cumplir con lo observado, por memorial de 3 de enero de 2022, solicitó la aprobación de la planilla de liquidación de asistencia familiar y rechazo de la declinatoria de competencia; de cuyo efecto, se emitió el Auto de 5 de enero de 2022, que aprobó la planilla de asistencia familiar que arroja Bs9 694.-, suma que debe ser cancelada por la obligada Lorena Valdez Calicho, a tercero día de su notificación bajo alternativa de emitirse el correspondiente mandamiento de apremio. Ante el incumplimiento en el pago de la asistencia familiar por parte de la ahora accionante, mediante memorial de 19 de enero de 2022, Rolando Acapa Colque, impetró al Juez Público Mixto de Familia y de la Niñez y Adolescencia Primero de Villa Tunari del departamento de Cochabamba, librar mandamiento de apremio en contra de la demandada; solicitando la extensión de la correspondiente comisión instruida. Petición que fue atendida por Auto de 20 del año y mes señalados, a través del cual, la autoridad judicial ordenó se libre mandamiento de apremio contra Lorena Valdez Calicho, comisionando su ejecución a cualquier funcionario policial, debiendo ser conducida al Centro Penitenciario de San Pedro de la localidad de Sacaba del departamento de Cochabamba; expidiéndose la correspondiente Comisión instruida y librado el referido mandamiento el 15 de marzo de 2022, contra la peticionaria de tutela. De lo desarrollado precedentemente, se advierte que el planteamiento central de esta acción de defensa, es el supuesto e inminente estado de indefensión en el que se encuentra la impetrante de tutela, al haberse emitido un mandamiento de apremio en su contra que pone en riesgo su libertad, alegando que ese hecho fue a causa de la no consideración de la prueba por ella presentada a tiempo de observar la planilla de liquidación de asistencia familiar. Bajo ese contexto, es necesario precisar que el art. 368 del CFPF, establece que: “El recurso de reposición procede contra los decretos o autos interlocutorios, para que la autoridad judicial que los haya dictado, advertida de su error, pueda modificarlos o dejarlos sin efecto. Procede la reposición con alternativa de apelación únicamente contra los autos interlocutorios”; en ese marco, se advierte que el recurso de reposición con alternativa de apelación se constituye en el medio idóneo e inmediato para impugnar el supuesto acto o resolución ilegal invocado por la parte accionante, a fin de que a través de esa vía sea posible la reparación de los supuestos derechos vulnerados y en caso de persistir el acto lesivo denunciado, recién acudir a la jurisdicción constitucional; en ese entendido, la impetrante de tutela tenía la vía expedita para formular recurso de reposición con alternativa de apelación contra la última resolución que aprobó la liquidación y conminó su pago dentro del tercer día a partir de su legal notificación, bajo apercibimiento de emitirse el correspondiente mandamiento de apremio, actuación que considera ilegal para efectuar el pago de asistencia familiar. Por lo expuesto, se advierte que el Auto de 5 de enero de 2022, emitido por el Juez ahora demandado, y el Auto de 22 de igual mes y año, que motivaron la presente acción de defensa, no fueron impugnados, cada uno a su turno por la peticionaria de tutela, quien demostrando una actitud pasiva, solo planteó de forma directa la presente acción de libertad y no agotó todas las vías recursivas subsidiarias para restituir sus derechos supuestamente vulnerados, como es en el caso concreto, el recurso de reposición con alternativa de apelación previsto en la citada norma, evidenciándose de ello, que no actuó observando la jurisprudencia expuesta en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, respecto de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; no siendo posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada por la solicitante de tutela, al no agotar con carácter previo los mecanismos intraprocesales existentes en la vía ordinaria, correspondiendo por ello, denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2022 de 5 de abril, cursante de fs. 63 a 66, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática venida en revisión. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0562_2023-S4.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): eeba0f087079f1df6659394bd5965060011b86a1d2f398ef3c014263ffe0a3db
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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