B.IA.LEGAL

SCP 0562/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 13 de junio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
13 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
46141-2022-93-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de su derecho a la libertad y al debido proceso en su elemento de defensa; en razón a que: i) El Fiscal de Materia coaccionado en audiencia de aplicación de medidas cautelares "dejó de lado" la imputación formal que presentó y la modificó por el pedido de aplicación de procedimiento abreviado; y, ii) El Juez accionado señaló audiencia de medidas cautelares para el 15 de febrero de 2022; sin embargo, ingresando a la tramitación de la salida alternativa de procedimiento abreviado pronunció la Sentencia 22/2022 de 15 de febrero, condenándolos a tres años de privación de libertad, sin dar curso a su solicitud de suspensión condicional de la pena, al anunciar la Empresa Minera de Colquiri la interposición del recurso de apelación, así como por no contar con certificaciones de REJAP; no obstante, pese a no haberse ejecutoriado la citada Sentencia, el "17" de ese mes y año, fueron remitidos al Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, sin conocer su situación jurídica. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si los hechos denunciados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 010/2022 de 18 de febrero, cursante de fs. 31 a 34 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de las problemáticas planteadas.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Presupuestos concurrentes de activación de la acción de libertad ante procesamiento ilegal o indebido
  2. III.2. De la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad
  3. III.3. Incidente de actividad procesal defectuosa medio idóneo intra proceso penal, para impugnar omisiones de procedimiento que causan agravio a las partes procesales
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0562/2023-S3 Sucre, 13 de junio de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 46141-2022-93-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 010/2022 de 18 de febrero, cursante de fs. 31 a 34 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Víctor Franz Flores Lero en representación sin mandato de Oscar Luis Caspa, Efraín Mamani Gómez, Edwin Gonzalo Tito Mamani, Edwin Manuel Colque, Juan Ignacio Manuel Colque, Lucio Calle Pérez, Armin Elias Alanoca Ochoa y Reynaldo Morales Quispe contra Gery Velásquez Rojas, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Colquiri del departamento de La Paz; y, Freddy Grover Torrez Aguilar, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Los accionantes a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 17 de febrero de 2022, cursante de fs. 15 a 16 vta., manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra sus personas, por la presunta comisión de los delitos de destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional; y hurto de minerales, previstos y sancionados por los arts. 223 y 326 bis del Código Penal (CP), Freddy Grover Torrez Aguilar, Fiscal de Materia -ahora coaccionado- ordenó su aprehensión al ser sorprendidos en supuesta flagrancia; asimismo, los imputó formalmente y solicitó su detención preventiva; por lo que, Gery Velásquez Rojas, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Colquiri del departamento de La Paz, -hoy accionado- a través del Auto de 15 de febrero de 2022, señaló audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares para dicha fecha. Durante la celebración de la citada audiencia el Fiscal de Materia coaccionado "dejó de lado" la imputación formal y la modificó por un supuesto pedido de aplicación de procedimiento abreviado que fue formulado de manera oral en audiencia, siendo sentenciados por el Juez accionado, a través de la Sentencia 22/2022 de 15 de febrero, a tres años de reclusión a cumplirse en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, determinación con la que el abogado de la Empresa Minera Colquiri señaló no estar de acuerdo y que no renunciaría a recurrir en apelación, motivo por el cual dicha Sentencia no se ejecutorió; empero, el "17" de febrero de 2022, fueron remitidos al referido Centro Penitenciario, sin conocer su situación jurídica.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Los accionantes a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de su derecho a la libertad y al debido proceso en su elemento de defensa, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia, se disponga que se deje sin efecto la Sentencia 22/2022 de 15 de febrero, emitida por el Juez accionado. En audiencia solicitó se señale audiencia de aplicación de medidas cautelares, “…dejando sin efecto todo lo obrado posterior al señalamiento de audiencia de medidas cautelares” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 18 de febrero 2022, según consta en el acta cursante de fs. 27 a 30, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de su abogado, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliando manifestaron que: a) No se les aplicó ninguna medida cautelar, en virtud a que el Fiscal de Materia coaccionado "deja el lado" la consideración de la imputación formal; asimismo, no se ejecutorió la Sentencia 22/2022, "...en calidad de qué nos encontramos privados de libertad...” (sic), "No somos detenidos preventivos, ni mucho menos podemos ser condenados..." (sic), la SCP "591/2016-S1" dispone que no se puede ejecutar ningún mandamiento de condena sin que la sentencia este ejecutoriada; sin embargo, el 15 de febrero de 2022, fueron remitidos al Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz donde se encuentran actualmente; es decir, que se vulneró su derecho a la libertad previsto por el art. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE); b) La Sentencia 22/2022 señala que se celebró una audiencia de aplicación de medidas cautelares; por otro lado, se debe establecer que una imputación formal no puede ser modificada si no es por medio de un incidente de nulidad; por lo tanto, una autoridad no puede modificar una resolución que ya emitió; es así que, no tienen certeza “qué paso” con la imputación formal, si se dejó sin efecto o se anuló, concluyéndose que, por la mala aplicación del procedimiento no se resolvió su situación jurídica; c) El art. 226 del Código de Procedimiento Penal (CPP) en concordancia con el art. 23 de la CPE establece el plazo en el que el juez debe resolver la situación jurídica de los aprehendidos, la mencionada Sentencia claramente determinó que debían ser privados de libertad en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, tomando en cuenta que "hasta la fecha” se encontraban en calidad de aprehendidos; empero, la referida Sentencia establece que fueron aprehendidos el 13 de febrero de 2022, a las 22:00 horas y la audiencia de aplicación de medidas cautelares fue programada para el 15 de ese mes y año a las 15:30 horas, y al 18 de igual mes y año transcurrieron cinco días desde su aprehensión, y no se resolvió su situación jurídica; d) Se suscitaron un sinfín de agravios que vulneraron su derecho a la libertad y al debido proceso en su elemento a la defensa, en razón a que no se instaló la audiencia de consideración de medidas cautelares, por lo cual no pudieron refutar los argumentos del Ministerio Público, desconociendo en qué calidad se encuentran privados de libertad; e) "No hay (...) subsidiariedad aplicable para este caso..." (sic); y, f) Solicitan se deje sin efecto la Sentencia 22/2022 disponiendo su inmediata libertad y que el Juez accionado señale a la brevedad posible una audiencia de medidas cautelares y deje sin efecto todo lo obrado posteriormente al señalamiento de audiencia. Ante la consulta del Juez de garantías, con relación a que desde cuando se encontraban en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, respondieron que desde el 16 de febrero de 2022.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Gery Velásquez Rojas, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Colquiri del departamento de La Paz, mediante informe escrito cursante de fs. 23 vta. a 24, manifestó que: 1) Conforme al Auto de 15 de febrero de 2022, señaló audiencia de medidas cautelares para ese mismo día a las 15:30 horas; 2) En audiencia el Fiscal de Materia coaccionado en uso de sus atribuciones modificó la Resolución conclusiva de imputación formal, por la solicitud de procedimiento abreviado, el cual contaba con el consentimiento voluntario de los accionantes; por lo que, por el principio de inmediatez y favorabilidad dio curso a su pedido, en virtud a que no existía impedimento; 3) En audiencia, la defensa de los accionantes solicitó la aplicación de procedimiento abreviado, y cuando se les consultó a los nombrados, si renunciaban al juicio oral público y contradictorio, manifestaron su voluntad de someterse al procedimiento abreviado; 4) Se dictó la Sentencia 22/2022, condenando a los accionantes a una pena privativa de libertad de tres años a ser cumplida en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, conforme a lo requerido por el Fiscal de Materia coaccionado y acorde a lo previsto por el art. 374 del CPP; 5) Dictada la referida Sentencia los accionantes solicitaron la suspensión condicional de la pena indicando que presentarían posteriormente los certificados de antecedentes penales, corrido en traslado el Ministerio Público señaló que no haría uso de ningún recurso; empero, la víctima constituida por la Empresa Minera Colquiri señaló que no estaba de acuerdo con la citada Sentencia y anunció la presentación de su recurso de apelación contra la misma y alegó además que no se debía dar curso a la solicitud de suspensión condicional de la pena al no cursar los certificados de Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP); 6) La acción de libertad interpuesta por los accionantes no guarda relación entre los actos jurisdiccionales y los fundamentos de su petición, no señala cuál es el agravio ocasionado por su persona en su condición de Juez; y, 7) No se justificaron los presupuestos por los que es viable la acción tutelar; por lo que, debe denegarse la tutela solicitada. Ante las preguntas efectuadas por el Juez de garantías manifestó que: i) Se dictó sentencia condenatoria y se dispuso librar mandamiento de condena; ii) La Empresa Minera Colquiri anunció recurso de apelación contra la Sentencia 22/2022, que a la fecha no presentó de manera escrita; sin embargo, se encuentra dentro del plazo previsto por ley; iii) Le extraña que los accionantes refieran que debe anularse la citada Sentencia, más aun cuando contaron con un abogado que los asistió; iv) Los accionantes no presentaron los correspondientes certificados de REJAP; por lo que, tampoco correspondía disponer con relación a la suspensión condicional de la pena; v) A raíz del libramiento de los mandamientos de condena los accionantes fueron conducidos al Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz; y, vi) La Sentencia 22/2022 no se encuentra ejecutoriada. Freddy Grover Torrez Aguilar, Fiscal de Materia, en audiencia señaló que: a) Los accionantes fueron encontrados al interior de la mina, nivel 365 con herramientas de trabajo y con mineral que pertenece a la Empresa Minera Colquiri, siendo aprehendidos por el batallón de seguridad que resguarda la mina; es decir, que en ningún momento su autoridad hizo uso del art. 226 del CPP, situación acreditada por el informe de 13 de febrero de 2022, del investigador asignado al caso; b) Las medidas alternativas están prescritas como una obligación imperativa del Ministerio Público conforme a lo dispuesto por el art. 5.2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, que refiere que debe velar por la inmediata solución de conflictos a través de las salidas alternativas, el cual se encuentra en concordancia con lo dispuesto por el art. 62 de referida normativa, que prescribe que las salidas alternativas deben ser aplicadas sin demora y bajo responsabilidad; c) La salida alternativa de procedimiento abreviado no fue una decisión unilateral o direccionada por su persona, sino que se solicitó en audiencia, en razón a que se cumplió a cabalidad cada uno de los requisitos establecidos por el art. 373 y 374 del CPP, corriéndose en traslado; asimismo, se contaba con un memorial presentado por los accionantes, quienes reconocieron su responsabilidad en el hecho y pidieron la aplicación de la pena privativa de libertad de tres años, lo que se constituye en una manifestación licita de voluntad libre; d) Reformuló la imputación formal, por la salida alternativa de procedimiento abreviado; e) El art. "26 parágrafo 4" señala que deben atenderse prioritariamente las salidas alternativas tanto para el Juez como para el Ministerio Público; f) En el acta de audiencia de 15 de febrero de 2022, consta que se consultó a los accionantes si reconocían su responsabilidad, si renunciaban al juicio oral, público y contradictorio y si estaban de acuerdo con la pena que solicitaron, quienes manifestaron que sí; por lo que, su autoridad no vulneró el derecho alegado por los nombrados; y, g) Los accionantes señalaron que no les era posible interponer ningún recurso; sin embargo, renunciaron al juicio oral, público y contradictorio y a los recursos que les franquea la ley; "...y no se ha modificado su situación jurídica, ahora son condenados, precisamente Y eso (...) es una facultad o atribución que no corresponde al ministerio público..." (sic).

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 010/2022 de 18 de febrero, cursante de fs. 31 a 34 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que el Juez accionado “en el día” resuelva la situación jurídica de los accionantes; asimismo, se dispuso que se deje sin efecto los mandamientos de condena de los nombrados; y, denegó la tutela con relación al Fiscal de Materia coaccionado; bajo los siguientes fundamentos: 1) Se tiene que por Sentencia 22/2022, se declaró procedente el requerimiento conclusivo de procedimiento abreviado solicitado por el Ministerio Público, condenando a los accionantes a la pena privativa de libertad de tres años; por lo que, los nombrados solicitaron se disponga la suspensión condicional de la pena, renunciando a la interposición del recurso de apelación, así también el Fiscal de Materia coaccionado señaló que no interpondría ningún recurso; empero, la Empresa Minera Colquiri anunció la interposición de su recurso de apelación; además alegó que, en razón a que los accionantes no presentaron los certificados de REJAP no correspondía considerar lo solicitado por los nombrados; 2) El Fiscal de Materia coaccionado remitió el memorial de solicitud de salida alternativa y aplicación de procedimiento abreviado con las firmas de los accionantes de 14 de febrero de 2022; 3) Se tiene el informe de 13 de igual mes y año, de acción directa, acta de objetos secuestrados, denuncia formal y acta de registro del lugar del hecho; 4) Se adjunta el acta de audiencia de procedimiento abreviado de 15 de ese mes y año; y, 5) El Juez accionado en audiencia afirmó que libró los mandamientos de condena contra los accionantes y que la Sentencia 22/2022 no estaba ejecutoriada.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

No habiendo encontrado consenso en la Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 14 de febrero de 2022, ante Freddy Grover Torrez Aguilar, Fiscal de Materia -ahora coaccionado-; Oscar Luis Caspa, Efraín Mamani Gómez, Edwin Gonzalo Tito Mamani, Edwin Manuel Colque, Juan Ignacio Manuel Colque, Lucio Calle Pérez, Armin Elias Alanoca Ochoa y Reynaldo Morales Quispe -ahora accionantes- solicitaron salida alternativa de aplicación de procedimiento abreviado, el cual mereció el decreto de igual fecha, emitido por el Fiscal de Materia, quien señaló "Téngase presente y considérese en audiencia" (sic [fs. 26 vta.]). II.2. Cursa memorial de 14 de febrero de 2022, dirigido a Gery Velásquez Rojas, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Colquiri del departamento de La Paz -ahora accionado-, mediante el cual el Fiscal de Materia coaccionado, informó el inicio de investigaciones, remisión de aprehendidos y presentó Resolución de imputación formal contra los accionantes (fs. 10 a 13); por lo que, el citado Juez pronunció el Auto de 15 de ese mes año, señalando audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares para dicha fecha, dejando constancia que el señalamiento de audiencia se debía a que los accionantes se encontraban aprehendidos (fs. 14). II.3. Consta Acta de audiencia virtual de procedimiento abreviado celebrada el 15 de febrero de 2022 (fs. 19 a 23). II.4. Mediante Sentencia 22/2022 de 15 de febrero, se declaró procedente el requerimiento conclusivo de procedimiento abreviado, condenando a los accionantes a la pena privativa de libertad de tres años a ser cumplida en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, por los delitos de destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional; y, hurto de minerales, previstos y sancionados por los arts. 223 y 326 bis del CP (fs. 3 a 9).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de su derecho a la libertad y al debido proceso en su elemento de defensa; en razón a que: i) El Fiscal de Materia coaccionado en audiencia de aplicación de medidas cautelares "dejó de lado" la imputación formal que presentó y la modificó por el pedido de aplicación de procedimiento abreviado; y, ii) El Juez accionado señaló audiencia de medidas cautelares para el 15 de febrero de 2022; sin embargo, ingresando a la tramitación de la salida alternativa de procedimiento abreviado pronunció la Sentencia 22/2022 de 15 de febrero, condenándolos a tres años de privación de libertad, sin dar curso a su solicitud de suspensión condicional de la pena, al anunciar la Empresa Minera de Colquiri la interposición del recurso de apelación, así como por no contar con certificaciones de REJAP; no obstante, pese a no haberse ejecutoriado la citada Sentencia, el "17" de ese mes y año, fueron remitidos al Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, sin conocer su situación jurídica. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si los hechos denunciados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Presupuestos concurrentes de activación de la acción de libertad ante procesamiento ilegal o indebido

Al respecto, la SCP 0817/2018-S1 de 5 de diciembre, entre otras, ratificando los entendimientos jurisprudenciales asumidos por la SC 0619/2005-R de 7 de junio, precisó que: “‘…a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad’”.

III.2. De la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad

En cuanto al alcance del principio de subsidiariedad excepcional en acciones de libertad, la SCP 0584/2018-S1 de 1 de octubre, sistematizando el desarrollo de entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional al respecto, sostuvo que: «Se tiene establecido que las lesiones a la libertad física o de locomoción generadas dentro de procesos judiciales, están llamadas a ser restauradas por la misma jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, a través de los medios y recursos idóneos, oportunos y eficaces previstos en el ordenamiento jurídico para la restitución de derechos; y, solo en caso de ser agotados sin que se produzca el restablecimiento solicitado, es posible acudir a la justicia constitucional, ello en observancia al principio de subsidiariedad que establece que no debe existir otro medio procesal idóneo, efectivo y oportuno previo a la interposición de esta acción de defensa. En ese sentido se ha pronunciado, entre otras, la SCP 1424/2016-S3 de 6 de diciembre, asumiendo los entendimientos sentados por el anterior Tribunal Constitucional, sosteniendo que: “…la SC 0008/2010-R de 6 de abril, estableció que: ‘I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas’”».

III.3. Incidente de actividad procesal defectuosa medio idóneo intra proceso penal, para impugnar omisiones de procedimiento que causan agravio a las partes procesales

Sobre el particular, la SCP 0618/2021-S3 de 6 de septiembre, recogiendo la línea jurisprudencial desarrollada sobre este medio y su alcance como medio idóneo y eficaz intra proceso penal precisó que: «La SCP 0817/2018-S1 de 5 de diciembre, citando la SCP 1046/2017-S2 de 25 de septiembre, entre otras, refirió que: “Respecto de la actividad procesal defectuosa, que fuere invocada a través del incidente de nulidad por defectos absolutos, el art. 169 del CPP, señala: ‘No serán susceptibles de convalidación los defectos concernientes a: 1) La intervención del juez y del fiscal en el procedimiento y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria; 2) La intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que este Código establece. 3) Los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código; y, 4) Los que estén expresamente sancionados con nulidad', en consecuencia, las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento con inobservancia de la Constitución Política del Estado y del Código de Procedimiento Penal, que causaren agravio a las partes procesales podrán ser impugnadas ante la autoridad judicial con el debido fundamento. Lo que implica que cuando el agraviado alegue nulidad por defectos absolutos, necesariamente deberán ser planteados ante la autoridad jurisdiccional como contralor de garantías y que el procedimiento se desarrolle sin vicios de nulidad”.

Según la línea jurisprudencial citada precedentemente, el incidente de actividad procesal defectuosa prevista en el art. 169 del CPP, es el medio idóneo para impugnar ante el Juez Contralor de Garantías Constitucionales, aquellas omisiones de procedimiento en que se hubiera incurrido en la tramitación del proceso y que causen agravio a las partes procesales» (las negrillas son nuestras).

III.4. Análisis del caso concreto

Los accionantes a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de su derecho a la libertad y al debido proceso en su elemento de defensa; puesto que: a) El Fiscal de Materia coaccionado en audiencia de aplicación de medidas cautelares "dejó de lado" la imputación formal que presentó y la modificó por el pedido de aplicación de procedimiento abreviado; y, b) El Juez accionado señaló audiencia de medidas cautelares para el 15 de febrero de 2022; sin embargo, ingresando a la tramitación de la salida alternativa de procedimiento abreviado pronunció la Sentencia 22/2022 de la misma fecha, condenándolos a tres años de privación de libertad, sin dar curso a su solicitud de suspensión condicional de la pena, al anunciar la Empresa Minera de Colquiri la interposición del recurso de apelación, así como por no contar con certificaciones de REJAP; no obstante, pese a no haberse ejecutoriado la citada Sentencia, el "17" de ese mes y año, fueron remitidos al Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, sin conocer su situación jurídica.

De la revisión de antecedentes, se tiene que por memorial presentado el 14 de febrero de 2022, ante el Fiscal de Materia coaccionado; los accionantes solicitaron salida alternativa de aplicación de procedimiento abreviado, la cual mereció el decreto de igual fecha, emitido por el mencionado Fiscal de Materia quien señaló "Téngase presente y considérese en audiencia" (sic [Conclusión II.1]); en la misma fecha, mediante memorial dirigido al Juez accionado, el Fiscal de Materia coaccionado informó el inicio de investigaciones, remisión de aprehendidos y presentó la resolución de imputación formal contra los accionantes; por lo que, mediante Auto de 15 de febrero de 2022, señaló audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares para dicha fecha, dejando constancia que el señalamiento de audiencia se debía a que los accionantes se encontraban aprehendidos (Conclusión II.2).

Así también, se tiene el Acta de audiencia virtual de procedimiento abreviado de 15 de febrero de 2022 (Conclusión II.3), en la que el Juez accionado emitió la Sentencia 22/2022 declarando procedente el requerimiento conclusivo de procedimiento abreviado, condenó a los impetrantes de tutela a la pena privativa de libertad de tres años a ser cumplida en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, por los delitos de destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional; y, hurto de minerales previstos y sancionados por los arts. 223 y 326 bis del CP (Conclusión II.4).

Ahora bien, bajo ese contexto fáctico procesal se establece que el objeto procesal de la acción de defensa, converge en dos puntos medulares referidos a las actuaciones del Fiscal de Materia y por otro lado del Juez contralor de las investigaciones -ahora accionados-, lo que deviene en que se debe efectuar un análisis individualizado, para determinar si corresponde conceder o denegar la tutela solicitada. Respecto al Fiscal de Materia coaccionado Conforme se tiene precisado precedentemente, los peticionantes de tutela reclaman que el Fiscal de Materia coaccionado en audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares "dejó de lado" la imputación formal que presentó y la modificó por el pedido de aplicación de procedimiento abreviado. Al respecto, corresponde señalar que las denuncias sobre vulneraciones contra el derecho al debido proceso vía acción de libertad, únicamente proceden cuando concurren los presupuestos citados en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; es decir, cuando: 1) El acto vulneratorio, entendido como actos ilegales, omisiones indebidas o amenazas denunciadas, se encuentren vinculadas con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, 2) Exista absoluto estado de indefensión.

En ese sentido, con relación al primer presupuesto, los impetrantes de tutela pretenden que mediante la acción de defensa se resuelva lo relacionado al hecho -presuntamente lesivo- consistente en que, el Fiscal de Materia coaccionado en audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares modificó la imputación formal por una resolución de aplicación de procedimiento abreviado, cuando dicha determinación no puede ser modificada una vez emitida; extremo que no se encuentra directamente vinculado con el derecho a la libertad, siendo que dicha circunstancia de connotación procesal per se no se constituye en una directa amenaza para el ejercicio de dicho derecho o una posible causa para su restricción; por lo que, este presupuesto no concurre.

Con referencia al segundo presupuesto, se tiene que los accionantes conocen plenamente el proceso penal seguido contra sus personas, extremo que se evidencia, en virtud a que solicitaron salida alternativa de aplicación de procedimiento abreviado mediante memorial de 14 de febrero de 2022, y en audiencia renunciaron voluntariamente al juicio oral, público y contradictorio y aceptaron someterse a la salida alternativa de procedimiento abreviado, pudiendo por ello ejercer su derecho a la defensa de manera irrestricta; por lo que, tampoco es posible constatar que estuviesen afrontando la causa penal -de la cual deviene esta acción de defensa-, en absoluto estado de indefensión. En ese sentido, los peticionantes de tutela pueden activar los medios y recursos previstos en la normativa procesal penal en la vía ordinaria a fin de reclamar posibles afectaciones al debido proceso, y una vez agotados éstos, si consideran que las vulneraciones persisten, acudir ante la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional, que es la vía idónea para denunciar lesiones al debido procesamiento que no se encuentren vinculadas directamente con la libertad ni exista absoluto estado de indefensión.

Por lo que, sobre este punto de reclamación corresponde denegar la tutela solicitada. Con relación al Juez accionado En cuanto a la autoridad judicial accionada, los accionantes reclaman que habiendo señalado audiencia de medidas cautelares para el 15 de febrero de 2022; sin embargo, ingresando a la tramitación de la salida alternativa de procedimiento abreviado pronunció la Sentencia 22/2022, condenándolos a tres años de privación de libertad, sin dar curso a su solicitud de suspensión condicional de la pena, al anunciar la Empresa Minera de Colquiri la interposición del recurso de apelación, así como por no contar con certificaciones de REJAP; no obstante, pese a no haberse ejecutoriado la citada Sentencia, el "17" de ese mes y año, fueron remitidos al Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, sin conocer su situación jurídica.

A objeto de resolver la reclamación realizada, corresponde precisar que del contexto argumentativo explanado por los impetrantes de tutela en su memorial de acción de libertad se establece que en lo central observa una sucesión de actuaciones consideradas por el mismo como irregularidades que le causan agravio, en las que presuntamente habría incurrido la referida autoridad desde el momento en el que se instaló la audiencia de medidas cautelares; toda vez que, en principio estaba prevista para la consideración de su situación jurídica y que concluyó con su condena, señalando además que dentro de la tramitación de la salida alternativa inherente al procedimiento abreviado, solicitaron la aplicación del beneficio de suspensión condicional de la pena; sin embargo, no se habría dado curso a dicha solicitud, dado que la parte víctima manifestó su desacuerdo anunciando la interposición del recurso de apelación, refiriendo por otro lado que no se habría cumplido con la presentación de certificado de REJAP; deviniendo todo ello en la emisión y ejecución de la Sentencia 22/2022, sin que estuviese ejecutoriada, solicitando expresamente que se deje sin efecto todo lo obrado posteriormente al señalamiento de audiencia.

En ese marco fáctico y procesal, dentro de una concepción y consideración integral del encadenamiento de actos procesales cuestionados, se puede advertir que, el acto lesivo identificado tiene estricta vinculación con una posible actividad procesal defectuosa en la que hubiese incidido el Juez accionado, desde la puesta a su disposición de los imputados -ahora impetrantes de tutela-, las determinaciones procesales y jurisdiccionales asumidas en audiencia, así como los entendidos presuntos efectos de incertidumbre de la condición jurídica de los nombrados; aspectos que, en apego a la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, requieren con carácter previo de un despliegue propio de la jurisdicción ordinaria penal, tal como es el incidente de actividad procesal defectuosa dentro de los alcances normativos previstos en el art. 169 del CPP como el medio idóneo y eficaz para impugnar aquellas omisiones de procedimiento en que se hubiera incurrido en la tramitación del proceso penal y que causen agravio a las partes procesales, que incluso, de verificarse la existencia de actividad procesal defectuosa, podrían conllevar la nulidad de actuaciones procesales o se deje sin efecto las mismas, por lo que se constituye en un medio efectivo y oportuno para su -eventual- reparación o restablecimiento. En tal sentido, conforme al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad estos deben ser utilizados previamente por el o los afectados, subsecuentemente esta acción tutelar opera únicamente en caso de no restituirse los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas; sin embargo, esta necesaria condición de dinámica procesal definida como es el instituto procesal del incidente de actividad procesal defectuosa, que -se reitera- tiene como utilidad y finalidad procesal -de ser procedente en el fondo-, la reparación o corrección de errores o defectos que eventualmente pudiesen estar viciando las actuaciones tanto procesales como jurisdiccionales, así como la verificación de omisiones que deriven en una irregular tramitación, no fue agotada previamente por los peticionantes de tutela, lo que impide que esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional pueda examinar el fondo de la denuncia planteada, debiéndose denegar la tutela solicitada respecto a este punto de reclamo constitucional. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 010/2022 de 18 de febrero, cursante de fs. 31 a 34 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de las problemáticas planteadas. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Al no existir consenso en Sala dentro del presente caso, dirime el Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora, Presidente; siendo de Voto Disidente el Magistrado, Dr. Petronilo Flores Condori.

Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora

PRESIDENTE

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0562_2023-S3.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 2a5c883b9e9c14c3210327dce5ee0bc677f153d3842eca1f17be0619b2694478

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