B.IA.LEGAL

SCP 0562/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 14 de junio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
14 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
46637-2022-94-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, a la defensa y al acceso a la justicia; alegando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Melvi Toledo Silva, por la presunta comisión del delito de extorsión, el 16 de marzo de 2022, tras prestar su declaración informativa en calidad de testigo, la Fiscal de Materia demandada dispuso su aprehensión, sin que existan los presupuestos para su privación de libertad, ni haber participado en el hecho investigado, remitiéndolo posteriormente ante el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, sin que “hasta la fecha” -18 de igual mes y año-, exista ampliación de la investigación en su contra, poniéndolo bajo el control jurisdiccional de dicha autoridad, quien al no contar con competencia legal para atender los hechos denunciados en razón de materia, por estar vinculados a delitos de corrupción; interpuso la presente acción tutelar sin agotar la subsidiariedad excepcional. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2022 de 17 de marzo, cursante de fs. 37 a 38 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0562/2023-S2 Sucre, 14 de junio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 46637-2022-94-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 03/2022 de 17 de marzo, cursante de fs. 37 a 38 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jhasmani Edwing Mita Larrea contra Jenny Zulema Benitez Gonzales, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 17 de marzo de 2022, cursante a fs. 1 y 3 a 5, el accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 15 de marzo de 2022, fue convocado a prestar declaración informativa en calidad de testigo dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Melvi Toledo Silva por la presunta comisión del delito de extorsión, signado con el Código Único de Denuncia (CUD) 201102011201710, bajo el control jurisdiccional del Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz; sin embargo, finalizado el referido acto procesal, la Fiscal de Materia demandada, emitió mandamiento de aprehensión en su contra, en sujeción a lo establecido en el art. 226 del Código de Procedimiento Penal (CPP), pese a que su persona cumplía con el arraigo natural e imposibilidad de fuga, u obstruir la investigación; ya que, se apersonó de forma voluntaria ante dicha autoridad en la primera citación realizada; puesto que, no tuvo ninguna participación en el hecho investigado ni aquella imputada en su declaración informativa hizo alusión a su participación; empero, pese a ello la representante fiscal procedió con su privación de libertad. Durante su declaración, se amplió la investigación a otras personas; empero, recién el “día de hoy” el Juez de la causa emitió la correspondiente providencia, existiendo un lapso de tiempo en el que estuvo ilegalmente aprehendido y sin que se hubiera autorizado dicho requerimiento; no obstante de aquello, la representante fiscal demandada remitió su orden de aprehensión ante la nombrada autoridad jurisdiccional, quien carece de competencia en razón de la materia, al estar los hechos denunciados vinculados a delitos de corrupción; razón por la cual, al no contar una autoridad competente a quien recurrir, interpuso la presente acción de defensa de manera directa.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, a la defensa y al acceso a la justicia, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Se deje sin efecto la orden de aprehensión expedida en su contra, emitiéndose a su favor mandamiento de libertad; b) Que el caso en cuestión sea remitido ante el juez competente; y, c) Sea citado de acuerdo a lo previsto en el art. 224 del CPP.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 17 de marzo de 2022, conforme consta en acta cursante a fs. 33 y 36, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido del memorial de este mecanismo de defensa, y ampliándolo manifestó que: 1) La Fiscal de Materia demandada emitió mandamiento de aprehensión en su contra dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a Melvi Toledo Silva, por la presunta comisión del delito de extorsión, radicado ante el Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz; posteriormente, advertida de su error, emitió imputación formal en el CUD 201102012201710, sustanciado en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la citada Capital y departamento, denotando dicha situación la configuración de los presupuestos establecidos en el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE); 2) Fue aprehendido sin que hubiese un juez contralor de garantías constitucionales, quien pueda hacer prevaler sus derechos; y, 3) Se indicó que existía una relación estrecha con la imputada; empero, negó esa afirmación; por cuanto, el 15 de febrero de 2022, fue designado en suplencia legal de Helen Quiroga Barriga, Fiscal de Materia, llegando la nombrada a ser su asistente; por ello, mal podía establecerse que hubo confianza para que ella asevere que actuó bajo sus órdenes, investigándose a aquella por la supuesta comisión del delito de extorsión, y en el segundo proceso, por el ilícito de cohecho.

I.2.2. Informe de la demandada

Jhenny Zulema Benitez Gonzales, Fiscal de Materia, a través de informe escrito presentando el 17 de marzo de 2022, cursante a fs. 28 y vta., manifestó que: i) No contaba con legitimación activa para ser demandada en este proceso constitucional; por cuanto, la causa penal en cuestión asignada a Elba Geovana Sanjinez Bernal, Fiscal de Materia, hecho que era de conocimiento del accionante, contando con imputación formal emitida por dicha autoridad; ii) La acción tutelar presentada no cumplió con el principio de subsidiariedad; puesto que, antes de proceder a la aprehensión del peticionante de tutela se puso en conocimiento del Juez de control jurisdiccional; por ello, debió acudir previamente al mismo; iii) En relación al cuestionamiento de la competencia del juez, ese aspecto deberá ser dilucidado en audiencia de medidas cautelares ante la autoridad que inicialmente conoció la causa penal, no pudiendo la vía constitucional resolver aquella situación, al existir medios de defensa previstos en el Código de Procedimiento Penal, conforme lo establecido en la SCP 0095/2015-S2 de 12 de febrero; iv) La acción de libertad interpuesta no contaba con legitimación pasiva, ni agotó el principio de subsidiariedad, tampoco identificó los derechos y garantías supuestamente vulnerados; de igual manera, presentó contradicciones en sus fundamentos; por lo que, solicitó se deniegue la tutela; v) No existen dos procesos penales a raíz de los hechos suscitados el 10 de marzo de 2022, solo la causa aperturada con CUD 201102011201710, bajo el control jurisdiccional del Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento La Paz, misma que es de conocimiento del accionante; y, vi) El prenombrado cuestionó que su aprehensión no hubiese sido notificada; empero, a la prueba adjunta a este mecanismo de defensa no aparejó la “…Resolución fundamentada de aprehensión…” (sic) emitida de conformidad a lo establecido en el art. 226 del CPP, tampoco que no hubiese puesto los hechos alegados a conocimiento de la prenombrada autoridad judicial a objeto de que tenga certeza de los hechos, pretendiendo que se dilucide los mismos vía acción de libertad, cuando existían otros mecanismos idóneos de defensa a los cuales recurrir previamente como el incidente de actividad procesal defectuosa o cualquier otra observación previstos por la jurisdicción ordinaria; empero, no lo hizo; pidiendo se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Intervención de Ministerio Público

El representante del Ministerio Público, no asistió a la audiencia de garantías ni presentó escrito alguno pese a su notificación cursante a fs. 29.

I.2.4. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 03/2022 de 17 de marzo, cursante de fs. 37 a 38 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: a) En relación a la competencia denunciada, considerando que las solicitudes de detención preventiva deben tener un trámite acelerado y oportuno cuando la causa sea radicada ante un juez o tribunal; el Juez de Instrucción Penal Quinto de la citada Capital y departamento, actúo en apego a la norma establecida, y habiéndose informado que “a la fecha” aquel declinó competencia ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la misma Capital y departamento; en ese entendido, conforme a lo previsto por el Código de Procedimiento Penal y la Ley del Órgano Judicial, el impetrante de tutela tenía las facultades bajo el principio de subsidiariedad excepcional establecido en la SC 0108/2000-R de 3 de marzo, de acudir ante el juez de instrucción en lo penal, en denuncia de la lesión de su derecho a la libertad; por cuanto, dicha autoridad tiene a su cargo la investigación desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria; entendimiento concordante con lo precisado en la SC 0080/2010-R de 10 de mayo; por ende, bajo esas premisas este mecanismo constitucional no puede ser desnaturalizado en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo que provoque confrontación con la jurisdicción ordinaria; en el caso presente, no se dio aplicación al mencionado principio constitucional; por lo que, respecto al primer punto denunciado denegó la tutela impetrada; y, b) En relación al art. 226 del CPP, reclamado por el peticionante de tutela, la SCP 1550/2013 de 13 de septiembre, respecto al tema refirió que, la aprehensión o arresto es una medida cautelar de carácter personal que puede ser dispuesta por la autoridad fiscal o policial e inclusive particulares, en el marco de lo estatuido por los arts. 226, 227 y 229 del citado Código, debiendo tener un cierto grado de certeza y seguridad de la participación del encausado en el hecho investigado, cuya finalidad es asegurar su presencia mientras dure la investigación; sin embargo, el accionante no demostró con prueba fehaciente la conculcación de esa medida en su contra; siendo que, la carga de la prueba le correspondía a este, quien no se hizo presente ni fundamentó los reclamos de la transgresión de sus derechos constitucionales; por lo que, dicha petición no era viable.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: III.1. Cursa imputación formal de 16 de marzo de 2022 -con aprehendido-, emitida por Elba Geovana Sanjinez Bernal, Fiscal de Materia, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Melvi Toledo “Sirpa” -siendo lo correcto Silva- y Jhasmani Edwing Mita Larrea -hoy accionante-, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo de la jueza, juez o fiscal, incurso en el art. 173 bis del Código Penal (CP), solicitando al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, la detención preventiva del nombrado (fs. 7 a 18). III.2. Mediante informe de 17 de marzo de 2022, Wilson Chambi Yujra, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la citada Capital y departamento, dio a conocer al Tribunal de garantías que el proceso penal de referencia fue sorteado y remitido por declinatoria en razón de materia mediante Auto Interlocutorio 84/2022 de la misma fecha, ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la referida Capital y departamento, adjuntando el correspondiente oficio de envío de dicho actuado procesal (fs. 20 y 22).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, a la defensa y al acceso a la justicia; alegando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Melvi Toledo Silva, por la presunta comisión del delito de extorsión, el 16 de marzo de 2022, tras prestar su declaración informativa en calidad de testigo, la Fiscal de Materia demandada dispuso su aprehensión, sin que existan los presupuestos para su privación de libertad, ni haber participado en el hecho investigado, remitiéndolo posteriormente ante el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, sin que “hasta la fecha” -18 de igual mes y año-, exista ampliación de la investigación en su contra, poniéndolo bajo el control jurisdiccional de dicha autoridad, quien al no contar con competencia legal para atender los hechos denunciados en razón de materia, por estar vinculados a delitos de corrupción; interpuso la presente acción tutelar sin agotar la subsidiariedad excepcional. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad

Sobre el tema, la SCP 0775/2012 de 13 de agosto, precisó que: “Respecto a las aprehensiones supuestamente ilegales, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, estableció que: ‘…todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iníciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de la jurisdicción ordinaria aludidos’. (…) …las aprehensiones policiales o fiscales deben ser denunciadas ante el juez cautelar, y sólo cuando la lesión al derecho a la libertad no hubiera sido reparada por dicha autoridad, recién es posible acudir a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad. En ese sentido, complementando los criterios jurisprudenciales glosados, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, se refirió a las situaciones excepcionales en las que a través de la acción de libertad, no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática denunciada, estableciendo tres supuestos de improcedencia: ‘Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación. Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física”’ (las negrillas y subrayado son nuestros). Por otra parte, corresponde expresar que la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, moduló el primer supuesto de la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señalando que: “En este orden, en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad” (énfasis añadido).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, a la defensa y al acceso a la justicia; alegando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Melvi Toledo Silva, por la presunta comisión del delito de extorsión, el 16 de marzo de 2022, tras prestar su declaración informativa en calidad de testigo, la Fiscal de Materia demandada dispuso su aprehensión, sin que existan los presupuestos para su privación de libertad, ni haber participado en el hecho investigado, remitiéndolo posteriormente ante el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, sin que “hasta la fecha” -18 de igual mes y año-, exista ampliación de la investigación en su contra, poniéndolo bajo el control jurisdiccional de dicha autoridad, quien al no contar con competencia legal para atender los hechos denunciados en razón de materia, por estar vinculados a delitos de corrupción; interpuso la presente acción tutelar sin agotar la subsidiariedad excepcional.

De la revisión de antecedentes adjuntos, cursa imputación formal de 16 de marzo de 2022, emitida por Elba Geovana Sanjinez Bernal, Fiscal de Materia, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante y otra, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo de la jueza, juez o fiscal; por la cual, remitió al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la señalada Capital y departamento, al prenombrado en calidad de aprehendido, solicitando la aplicación de la detención preventiva de conformidad a lo previsto por los arts. 73 y 302 del CPP (Conclusión II.1); asimismo, se tiene que del informe desplegado el 17 del indicado mes y año, por Wilson Chambi Yujra, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, por el cual informó al Tribunal de garantías de esta acción tutelar que, dentro del proceso penal seguido contra el aludido con Número de Registro Judicial (NUREJ) 20292497, de la revisión del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), este indicaba que fue sorteado al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la señalada Capital y departamento; remitido mediante Auto Interlocutorio 84/2022 de igual fecha, por declinatoria de competencia en razón de materia, adjuntando el correspondiente oficio (sic [Conclusión II.2]).

En ese contexto, descritos los antecedentes del proceso penal de referencia y precisado el objeto procesal de la presente acción de defensa, el cual converge en la aprehensión ilegal del impetrante de tutela por parte de la Fiscal de Materia demandada y la falta de competencia del Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz; resulta aplicable al mismo, el principio de subsidiariedad excepcional glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; la cual, establece que todo acto considerado ilegal en el que hubieren incurrido tanto la Policía Boliviana como el Ministerio Público, y ya existiera aviso de inicio de investigación e imputación formal ante el juez que ejerce el control jurisdiccional del proceso; las presuntas actuaciones indebidas que fueren la causa directa que afecta el derecho a la libertad física, deben ser previamente denunciadas ante dicha autoridad, por no ser un medio alternativo de reparación de derechos determinando a su vez la imposibilidad de ingresar al fondo de la problemática planteada. En ese orden, de lo relacionado precedentemente, se evidencia que el impetrante de tutela se encuentra privado de libertad a emergencia de un mandamiento de aprehensión ordenado por la autoridad fiscal a consecuencia de una denuncia interpuesta en su contra por la presunta comisión de delito de cohecho pasivo de la jueza, juez o fiscal; el cual, fue puesto a conocimiento del Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, ante quien de igual manera se remitió la correspondiente imputación formal y se requirió la aplicación de la detención preventiva; consiguientemente, al encontrarse el proceso investigativo de referencia bajo el control jurisdiccional de la nombrada autoridad, correspondía que el peticionante de tutela acuda ante la misma previo a interponer este mecanismo de defensa, a efecto de hacerle conocer la aprehensión ilegal y la falta de competencia; toda vez que, en el marco de sus atribuciones previstas por el art. 54.1 del CPP, en la etapa preparatoria del proceso penal es la instancia jurisdiccional competente para conocer las supuestas arbitrariedades que pudiesen cometer el Ministerio Público o la Policía Boliviana, y determinar si el hecho denunciado fue ilegal o no; sin embargo, en caso de persistir la transgresión denunciada -vinculada al derecho a la libertad física o de locomoción-, una vez agotados los medios intraprocesales establecidos por ley, recién activar esta jurisdicción; empero, conforme actuados procesales y lo precisado por el accionante en su memorial de acción tutelar, formuló directamente la acción de libertad inobservando el principio de subsidiariedad excepcional establecido por la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; correspondiendo en tal sentido, denegar la tutela requerida, sin ingresar al análisis de fondo del asunto. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2022 de 17 de marzo, cursante de fs. 37 a 38 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0562_2023-S2.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): 5aa299acb25f7b867dd0f8643f4b030ce11eadfad6fd3d17c2fad3346e0407ce

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →