Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 5 de junio de 2023
Deniega la tutela
La accionante por medio de su representante sin mandato, denuncia que se vulneró su derecho al debido proceso, a la libertad de locomoción en relación con el principio procesal de celeridad. Por una parte, señala que los Jueces Técnicos demandados, no se pronunciaron oportunamente sobre su solicitud de modificación de medidas cautelares, por el contrario suspendieron indebidamente las audiencias de 18, 19 y 21 de enero de 2022, lo cual contradice el principio de celeridad, por lo que pide que en la audiencia de 25 de enero de 2022 se pronuncien sobre su solicitud y se efectivice el mandamiento de detención domiciliaria, y se manifiesten sobre el control jurisdiccional pedido el 20 de enero de 2022. Por otra parte, la accionante denuncia que: el 21 de diciembre de 2021 el Director de la Carceleta Pública presentó ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Riberalta una solicitud para valoración psicológica y social de la acusada hoy accionante, para poder demostrar que es madre de una menor de meses y que está bajo su cuidado, que la Defensoría hasta la fecha no realizó el informe social para defender los derechos de la menor. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: i) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, ii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 031/2022 de 23 de enero, cursante de fs., 33 a 35, pronunciada por el Juez Séptimo de Instrucción Penal de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia; DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0562/2023-S1 Sucre, 5 de junio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 45488-2022-91-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 031/2022 de 23 de enero, cursante de fs. 33 a 35, pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por Rommer Antonio Rodríguez Gonzales en representación sin mandato de Silvia Justiniano Huary contra Mauricio Antezana Lora y José Freddy Fujimoto Límpias Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal de Riberalta departamento del Beni; y, Dafne Sánchez Quevedo y Bertha Castedo Hinojosa ex y actual Directora de Asuntos de Género y Generacionales del Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta respectivamente.
Por memorial presentado el 23 de enero de 2022, cursante de fs. 8 a 11, la accionante por intermedio de su representante sin mandato, manifestó:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previamente la accionante aclaró: -que la presente acción de libertad no se está activando dos veces, y menos con el mismo petitorio, no existe similitud de objeto y postulación con la ya resuelta el 11 de enero de 2021 por el Juez de Sentencia de Riberalta-. Por una parte, señala que, al encontrarse con detención preventiva en el Centro Penitenciario de Riberalta, solicitó a las autoridades jurisdiccionales demandadas que conocen la causa 802102022100552, modificación de la medida cautelar, estando ya beneficiada con una detención domiciliaria; sin embargo, hasta la fecha no se instaló la audiencia para resolver la situación de los garantes, por motivos atribuibles al Órgano de Control Jurisdiccional demandado. El 3 de diciembre de 2021, la audiencia fue suspendida sin que conste en el expediente el acta de suspensión, el 18 de enero de 2022 instalada la audiencia fue suspendida debido a que el Juez Guillermo Centellas Navia anunció excusa; el 19 de enero de 2022 instalada la audiencia virtual fue suspendida por no haberse convocado al Juez Jimmy Abdón Calle a Objeto de conformar quorum; y, finalmente el 20 de enero de 2022, se le hizo conocer al Presidente y miembros del Tribunal que ese modo de actuar va contra el principio de celeridad, al convocar al Juez de Sentencia Jimmy Abdón Calle, quien como Juez de garantías conoció la acción de control tutelar llevada a cabo el 11 de enero de 2022, afectando el principio de imparcialidad contenido en el art. 120 de la Constitución Política del Estado (CPE), por lo cual el 19 de enero de 2022 advirtió que el único fin de suspender nuevamente la audiencia es causarle daño, sufrimiento a su persona menoscabando la integridad de su hija menor de un año a su cargo que tiene varias patologías y precisa de atención médica, por lo que requiere que se defina su situación jurídica; sin embargo, no fue atendida su solicitud afectando su derecho a la libertad de locomoción. Por otra parte, señala que el 21 de diciembre de 2021 presentó a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Riberalta por intermedio del Director del Recinto Penitenciario, una solicitud para valoración psicológica y social para poder demostrar que es madre de una menor de meses y que está bajo su cuidado; empero, hasta el día de hoy la Defensoría no realizó el informe social para defender los derechos de la menor, sin que la ex Directora y la actual se hubieran pronunciado al respecto.
Alega como vulnerados su derecho al debido proceso, a la libertad de locomoción en relación con el principio procesal de celeridad, citando al efecto, los arts. 13. I, 23.I, 115.II, 178, 180 de la CPE; 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.
Solicita se conceda la tutela impetrada y se disponga: a) En cuanto al Tribunal demandado, resuelva con sus dos jueces técnicos componentes, la situación jurídica de modificación de medidas cautelares y se efectivice el mandamiento de detención domiciliaria, evitando la suspensión de audiencia señalada para el 25 de enero 2021 -lo correcto es 2022- y pronunciarse sobre el control jurisdiccional pedido el 20 de enero de 2022; b) Que la Directora de Género y Asuntos Generacionales del Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta disponga de inmediato se efectivice la valoración social y psicológica impetrada el 21 de enero de 2021; y, se ordene contra la ex Directora demandada el inicio de proceso disciplinario administrativo al que hubiera lugar.
Celebrada la audiencia pública de acción de libertad, el 23 de enero de 2022, conforme consta en el Acta de audiencia cursante de fs. 27 a 32 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, por intermedio de su representante sin mandato ratificó el memorial de acción de libertad y refirió que: 1) La parte demandada trata de confundir a la autoridad, indicando que estaría en curso otra acción de libertad, si se observa la misma es seguida por otra persona denominada Luz Clarita Canamari; y de ninguna manera por Silvia Justiniano Huary, su autoridad podrá advertir que este trámite está bajo el control tutelar del Juez de garantías de El Alto, no así de Guayaramerin; 2) El 20 de enero de 2022 le hicieron saber al Tribunal de Sentencia Penal de Riberalta que existe vulneración al debido proceso para que se lleve a cabo la audiencia de modificación de medidas cautelares que debería estar resuelta; sin embargo, la audiencia fue suspendida el 21 de enero del referido año, aduciendo que uno de los jueces técnicos habría formulado excusa, lo cual es cierto pero ello no impedía que el Tribunal conformado por dos Jueces pueda continuar con la audiencia; 3) Los demandados debieron remitir el acta de las audiencias de 19 y 21 del presente mes, para que su autoridad pueda corroborar que lo referido es cierto, que se ha hecho el recurso de reposición y solicitó se lleve adelante la audiencia con dos Jueces y el Tribunal razonó que es un Tribunal colegiado compuesto por tres autoridades y que deben estar completos y se debe convocar al siguiente en grado según la Ley del Órgano Judicial, lo cual desde el 3 de diciembre viene vulnerando sus derechos y garantías constitucionales, con el único fin de suspender la audiencia que está prevista para el 25 de enero de 2022, una vez producida la excusa del Juez Centellas fue notificado con un Auto firmado por sus dos miembros, por lo tanto el Tribunal de Sentencia Penal de Riberalta tiene competencia para conocer la situación jurídica; 4) Su persona está gozando de una detención domiciliaria y el único fin para reinstalar la audiencia de modificación de medidas cautelares es que la fianza personal sea modificada por la fianza juratoria; y, 5) El objeto es que el Tribunal de Sentencia de Riberalta ejerza el correcto control jurisdiccional de la causa y resuelva con dos jueces técnicos su situación jurídica y efectivice el mandamiento de detención domiciliaria, sin suspender la audiencia que se tiene señalada para el 25 de enero de 2022, así como pronunciarse al otrosí 1 del memorial de 20 de enero del mismo año, como control jurisdiccional sobre la Defensoría de la Niñez y Adolescencia a quien el Director de la Carceleta Pública de Riberalta el 21 de diciembre de 2021 solicitó valoración psicológica para que demuestre que tiene una hija menor de 1 año; y, sea valorada por el control jurisdiccional; sin embargo, pese a los reclamos no se efectivizó dicha valoración a los fines de precautelar los derechos de la niñez y adolescencia.
Mauricio Antezana Lora y José Freddy Fujimoto Limpias, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia de Riberalta, presentes en audiencia, remitieron el informe escrito que cursa de fs. 25 a 26 vta., en el cual refieren que: i) La accionante presentó dos acciones simultáneas sobre lo mismo, una en la ciudad de Guayaramerin y otra con vuestra autoridad, solicitando se lleve adelante su audiencia de modificación de medidas cautelares con dos jueces técnicos del Tribunal de Sentencia; ii) Se evidencia que la accionante no agotó los recursos que la ley le otorga, no se evidencia vulneración a sus derechos constitucionales, luego de agotar estas vías ordinarias recién podrá acudir a la vía extraordinaria constitucional, si no está de acuerdo con el decreto de 15 de julio de 2021 tiene el recurso de reposición que le faculta el Código de Procedimiento Penal, la accionante no debió acudir a la vía constitucional antes de agotar los recursos que la misma ley franquea máxime si no existe peligro inminente a la vida o indefensión absoluta; y, iii) Invocó la SCP 0619/2005-R de 5 de junio y señaló que las omisiones indebidas deben estar vinculadas con la libertad por operar como causa directa; para su restricción o supresión. Posteriormente, el Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal de Riberalta Mauricio Antezana Lora, en audiencia complementó que: a) El abogado de la accionante Noel Vaca López, pretende que se resuelva el caso con dos Jueces Técnicos, la Ley 586 fue creada para la conformación del Tribunal con tres Jueces, los cuales deberán conocer los incidentes emergentes como el juicio oral, el Tribunal de Sentencia es la máxima autoridad para conocer los juicios orales, a falta de un Juez se puede convocar un tercero en el caso no se pudo conformar el Tribunal, situación que sale de las manos para realizar las audiencias, la falta de conformación del Tribunal ha hecho inviable llevar a cabo la audiencia; b) El Juez Milton Centella se excusó por enemistad con el causídico de la accionante, por un proceso de estafa que tendría el padre del Juez con el abogado de la acusada, el Tribunal ha resuelto la excusa y dado lugar a la misma, el otro Juez se encontraba con baja médica; c) Las actas no fueron arrimadas al expediente en razón de la pandemia fueron actas virtuales que aún no han sido elaboradas al encontrarse con una Secretaria en suplencia legal, ya que el Tribunal hace seis meses no cuenta con Secretario; y, d) Ésta acción fue presentada en el Alto de La Paz y en Guayaramerin, registradas en el SIREJ con la misma accionante, contra los mismos demandados, desconoce dicha situación, en ese sentido se tiene un uso extremo, abusivo de las acciones de libertad que desnaturaliza su esencia. A la consulta del Juez de garantías si la accionante se encuentra con detención domiciliaria, el Juez Antezana refirió que la accionante se encuentra con detención preventiva, en la cárcel pública de Riberalta, emergente de una detención preventiva ordenada por el Juez Cautelar, la accionante presentó una solicitud de modificación de medidas cautelares, que el Tribunal todavía no ha podido considerar por la falta de conformación del Tribunal.
Respondiendo a la misma pregunta el abogado Noel Vaca refiere que pasó en ese momento a la auxiliatura documentos que demuestran que el 28 de junio de 2021 hace más de medio año, la accionante fue beneficiada con la detención domiciliaria; y que estaba solicitando la modificación en cuanto a los dos garantes, y que, desde el 3 de diciembre del año pasado, el Tribunal de Sentencia no instaló la audiencia para la modificación de la medida cautelar. Presente en audiencia la codemandada Dafne Sánchez Quevedo, ex Directora de Asuntos de Género y Generacionales del Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta, no hizo uso de la palabra y ausente la Abogada Bertha Castedo Hinojosa Actual Directora.
El Juez Séptimo de Instrucción en lo Penal de El Alto del departamento de La Paz, en turno semanal constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 031/2022 de 23 de enero, cursante de fs. 33 a 35, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: 1) La audiencia de modificación de medidas cautelares solicitada por la parte accionante fue señalada para el día 25 de enero de 2022 a horas 15:00 p.m., según acta del 21 de enero de 2022 con la cual habría sido notificada la accionante y su abogado, no se advierte que la accionante hubiera interpuesto algún recurso en la vía ordinaria penal y, en consecuencia al no haberse interpuesto el recurso de reposición a la decisión emitida por las autoridades demandadas, no puede ingresar al fondo de la problemática que se plantea por la acción de libertad; 2) Se tiene que las audiencias de modificación de medidas cautelares solicitadas por la parte accionante fueron señaladas para los días 18, 19 y 21 de enero de 2022, “la primera no se habría suspendido por la excusa que hubiera realizado por el Juez Milton Centellas” (sic), quien integraría el Tribunal Colegiado y la segunda y tercera audiencia debido a que no se habría constituido el mencionado Juez convocado para integrar el Tribunal de Sentencia de la localidad de Riberalta, en ese entendido considera que existen causales que justificaban la suspensión de las audiencias, ya que tal como establece la Sentencia Constitucional 1832/2011 de 7 de noviembre, las audiencias no pueden suspenderse por motivos no justificados, o por motivos que no sean causal de nulidad; 3) En este caso la falta de un Juez Técnico que integre el Tribunal de Sentencia de Riberalta justifica la suspensión de las audiencias de 18, 19 y 21 de enero de 2022, en ese entendido considera que no se puede otorgar la tutela solicitada por la accionante, más aún cuando ya se tiene señalada audiencia de modificación de medidas cautelares para el 25 de enero del citado año a horas 15:00 p.m.; 4) En cuanto a que se hubiera planteado ante la Dirección de Género y Asuntos Generacionales del Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta que se realice una valoración psicosocial, en la hija menor de la parte accionante, se tiene que ese aspecto, no tiene relación con las vertientes de acción de libertad que protege el derecho a la libertad, así como también el derecho a la vida, que protege este mecanismo de defensa constitucional; en ese entendido es inviable la acción de libertad; y, 5) Si bien los demandados señalaron en audiencia que se hubiera interpuesto una primera acción de libertad, el abogado de la accionante manifestó que sería por otra ciudadana, Luz Clarita Canamari, a la fecha no se tiene conocimiento que la acción se hubiera resuelto o que se trataría de los mismos hechos, en ese entendido no analizó en el fondo este asunto.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Por Oficio de 21 de diciembre de 2021, el Director de la Carceleta de Riberalta- Beni, solicitó a Dasneth Sánchez Quevedo, Directora de Género y Asuntos Generacionales del Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta, valoración psicológica de la privada de libertad Silvia Justiniano Huary, para que realice una evaluación psicológica y social para demostrar que es madre de una menor de meses que está bajo su cuidado (fs. 2). II.2. Por memorial de 20 de enero de 2022, presentado por Silvia Justiniano Huary ante el Presidente del Tribunal de Sentencia Penal de Riberalta, en el que pide: se lleve a cabo la audiencia de modificación a medidas cautelares y observó la suspensión de las audiencias del 3 de diciembre de 2021 de la cual no cursan las actas; las de 18, 19 y 21 de enero de 2022 instaladas y suspendidas debido a que el Juez Guillermo Centellas Navia anunció excusa y por no haberse convocado al Juez Jimmy Abdón Calle a objeto de conformar Quorum, alegó que ese modo de actuar va contra el principio de celeridad. En mérito a dicho principio, solicitó pronunciamiento con los dos Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia. En el Otrosí 1 pidió orden de salida médica para hacer atender a su hija menor de 10 meses y refirió en el Otrosí 2 que, no obstante, a que la Dirección del Régimen Penitenciario solicitó atención del Servicio Social Psicológico de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Riberalta, la misma no fue atendida por dicha Entidad por lo que pide control jurisdiccional (fs. 22 a 23 vta.). II.3. Cursa Acta de Suspensión de Audiencia de 21 de enero de 2022 en la que consta que por providencia de la fecha la referida audiencia fue suspendida por incomparecencia de Jimmy Calle Mamani, Juez de Sentencia Penal, llamado a conformar el Tribunal de Sentencia Penal de Riberalta, motivo por el que las Autoridades demandadas señalaron nueva audiencia para el 25 de enero de 2022 a horas 15:00 p.m., quedando notificadas las partes (fs. 24). II.4. Memorial de acción de libertad presentado por Luz Clarita Canamari Chamby en la causa 802102022100219 contra Mauricio Antezana Lora Presidente del Tribunal de Sentencia Penal de Riberalta (fs. 17 a 21).
La accionante por medio de su representante sin mandato, denuncia que se vulneró su derecho al debido proceso, a la libertad de locomoción en relación con el principio procesal de celeridad. Por una parte, señala que los Jueces Técnicos demandados, no se pronunciaron oportunamente sobre su solicitud de modificación de medidas cautelares, por el contrario suspendieron indebidamente las audiencias de 18, 19 y 21 de enero de 2022, lo cual contradice el principio de celeridad, por lo que pide que en la audiencia de 25 de enero de 2022 se pronuncien sobre su solicitud y se efectivice el mandamiento de detención domiciliaria, y se manifiesten sobre el control jurisdiccional pedido el 20 de enero de 2022. Por otra parte, la accionante denuncia que: el 21 de diciembre de 2021 el Director de la Carceleta Pública presentó ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Riberalta una solicitud para valoración psicológica y social de la acusada hoy accionante, para poder demostrar que es madre de una menor de meses y que está bajo su cuidado, que la Defensoría hasta la fecha no realizó el informe social para defender los derechos de la menor. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: i) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, ii) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente entendimiento:
La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.
Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.
Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.
En el caso en análisis, la accionante por intermedio de su representante sin mandato, denuncia demora al llevarse a cabo la audiencia de sustitución de las medidas cautelares, al haber las autoridades demandadas suspendido las audiencias de 18, 19 y 21 de enero de 2022. Y que las codemandadas de la Dirección de Género y Asuntos Generacionales del Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta no se pronunciaron sobre la solicitud de evaluación psicológica para demostrar que tiene a su cargo una hija menor. Previamente, es necesario analizar si es correcto lo concerniente a que se hubiera presentado dos acciones de libertad con identidad de sujeto objeto y causa, lo que no está permitido, pues demostraría un uso excesivo de una acción extraordinaria; así, en la prueba documental aparejada a la presente acción se tiene fotocopia de un memorial de acción de libertad interpuesto por Luz Clarita Canamary Chamby contra Mauricio Antezana Lora, Presidente el Tribunal de Sentencia de Riberalta, con Número de causa 802102022100219 diferente al que nos ocupa en la presente acción tutelar, que corresponde al número CUD 802102022100552. Por lo que corresponde ingresar al fondo de la problemática planteada. En tal sentido, de la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Silvia Justiniano Huary por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, el Director de la Carceleta de Riberalta, solicitó el 21 de diciembre de 2021, a Dasneth Sánchez Quevedo, Directora de Género y Asuntos Generacionales del Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta, valoración psicológica de la privada de libertad Silvia Justiniano Huary, para que realice una evaluación psicológica y social para demostrar que es madre y que tiene bajo su cuidado una hija menor de meses (Conclusión II.1). Posteriormente, por memorial de 20 de enero de 2022, Silvia Justiniano Huary -ahora accionante-, solicitó al Tribunal de Sentencia Penal de Riberalta lleve a cabo la audiencia de modificación de medidas cautelares, con la finalidad de beneficiarse con la detención domiciliaria y se resuelva con la participación de los dos Jueces Técnicos del referido Tribunal; asimismo, señala que las audiencias de 3 de diciembre de 2021, de 18, 19 y 21 de enero de 2022 fueron suspendidas y que no cuentan con actas. Pide en los otrosíes orden de Salida Médica y traslado al Hospital Materno Infantil, para la atención de la menor de 10 meses, solicitó control jurisdiccional respecto a la falta de pronunciamiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Riberalta sobre el servicio social de psicología (Conclusión II.2). En el acta de suspensión de audiencia de 21 de enero de 2022, consta que el Tribunal de Sentencia de Riberalta señaló audiencia para el 25 de enero de 2022 (Conclusión II.3). De los antecedentes descritos y lo informado por las partes en audiencia, se tiene que la accionante busca que el Tribunal de Sentencia Penal de Riberalta, resuelva con dos jueces técnicos su situación jurídica y efectivice el mandamiento de detención domiciliaria y que la audiencia de 25 de enero de 2022, no sea suspendida y que se pronuncie sobre el Otrosí 1 del memorial de 20 de enero del mismo año, sobre el control jurisdiccional. Sobre el particular, teniendo en cuenta que el proceso que se sigue contra la accionante, se encuentra radicado en el Tribunal de Sentencia Penal de Riberalta, éste se constituye en el Tribunal que debe resolver las contingencias presentadas por las partes; por lo que, la solicitud de modificación de la medida cautelar presentada por la accionante, debe ser resuelta por ese Tribunal, mismo que está conformado por tres jueces técnicos, conforme establece el art. 52 del Código de Procedimiento Penal (CPP); consecuentemente, ante la ausencia de uno de sus miembros, por alguna causa, corresponderá a la autoridad que permanece, prever y agotar los mecanismos necesarios para actuar como Tribunal colegiado, a efectos de que se subsane cualquier situación para que el Tribunal de Sentencia Penal cuente con la totalidad de los miembros que debe componer de acuerdo a la normativa3; en tal sentido, en el presente caso es necesario se conforme el Tribunal de Sentencia Penal de Riberalta, a efectos de resolver lo planteado por la accionante; y, como se dijo precedentemente es deber de los jueces técnicos ahondar esfuerzos para que se conforme el Tribunal de Sentencia, velando por el cumplimiento del principio de celeridad. Desde esa óptica, los jueces demandados no incurrieron en demora indebida, porque se adecuaron al procedimiento previsto para tratar las excusas e impedimentos previstos en la norma; es decir, se adecuaron a los entendimientos de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho citada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Por lo referido, se tiene que no es evidente que se hubiera vulnerado el debido proceso, el derecho a la libertad en relación con el principio de celeridad. Por otro lado, es necesario tomar en cuenta que los Jueces demandados señalaron día y hora de audiencia para el 25 de enero de 2022, en la cual debían considerar y resolver todas las solicitudes de la accionante, así como lo relativo al control jurisdiccional alegado, respecto a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Riberalta, planteado en los otrosíes del memorial de 20 de enero de 2022, que no fueron considerados debido a la suspensión de audiencia; es decir, que el hecho que las codemandadas Dafne Sánchez Quevedo, ex Directora de Género y Asuntos Generacionales del Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta y Bertha Castedo Hinojosa actual Directora, no se hubieran pronunciado sobre la solicitud del Director de la Carceleta de Riberalta, sobre la valoración psicológica de la privada de libertad Silvia Justiniano Huary, para que se realice una evaluación psicológica y social para demostrar que es madre y que tiene bajo su cuidado una hija menor de meses; fue sometida a control jurisdiccional del Tribunal de Sentencia Penal de Riberalta, siendo por ende, ese Tribunal, el que debía determinar lo que corresponda; por lo que, no es posible pronunciamiento alguno al respecto, con la finalidad de no generar disfunciones procesales. A tal efecto, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 031/2022 de 23 de enero, cursante de fs., 33 a 35, pronunciada por el Juez Séptimo de Instrucción Penal de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia; DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”.
2 El FJ. III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
3 FJ. III.3 SCP 0715/2021-S1 de 11 de noviembre, señala que: “…en caso de acefalía u otro motivo, corresponderá a la autoridad que permanece, prevea y agote los mecanismos necesarios para actuar como Tribunal colegiado o representar ante el Consejo de la Magistratura a efectos de que se subsane cualquier situación para que los Tribunales de Sentencia Penal cuente con la totalidad de los miembros que debe componer de acuerdo a la normativa”
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0562_2023-S1.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 37a84642d92ce70b33a69c2c6805f9264945cd2fbce2bee2d652b034e9e1c64c
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