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SCP 0561/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 8 de abril de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
8 de abril de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
56159-2023-113-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus componentes motivación y congruencia; toda vez que, mediante Auto Interlocutorio 062/2023 de 30 de enero, el Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz -demandado, rechazó in limine la excepción de extinción de la acción penal en la etapa preparatoria, incurriendo en una “…MALA VALORACIÓN JURIDICO…” (sic) del art. 134 del CPP, que obliga al juez a declarar extinguida la acción penal cuando el Fiscal de Materia incumple presentar resolución conclusiva dentro del plazo establecido para la duración de la etapa preparatoria. Ante ello, el demandado refiere que: i) El 30 de enero de 2023, la impetrante de tutela planteó una acción de libertad, siendo su denegatoria la razón para formular la acción de amparo constitucional; y, ii) Conforme al art. 168 del CPP, complementado por el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 87/2023 de 15 de mayo, cursante de fs. 117 a 120 pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática expuesta.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad en la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0561/2026-S2 Sucre, 8 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 56159-2023-113-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 87/2023 de 15 de mayo, cursante de fs. 117 a 120, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Gregoria Vargas de Cuima contra Héctor Quilla Vargas, Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 10 y 28 de febrero de 2023, cursantes de fs. 11 a 21; y, 24 a 28 vta., la accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, y otros, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, por Auto Interlocutorio de 13 de enero de 2023, Héctor Quilla Vargas, Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, dispuso tener por no presentada la acusación formal del Ministerio Público por la presunta comisión del delito de uso de instrumento falsificado. Asimismo, dejó sin efecto el Auto Interlocutorio de 3 del citado mes y año de control jurisdiccional y su notificación el 6 del mismo mes y año. Adicionalmente, amplió la investigación por sesenta días más y conminó al Fiscal de Materia asignado al caso para que en el plazo de cinco días hábiles posteriores a su notificación legal emita requerimiento conclusivo respecto a los procesados por el tipo penal de falsedad ideológica -entre ellas su persona-; al efecto aludió que existen múltiples imputados y delitos sobre los cuales el Ministerio Público omitió pronunciarse en su oportunidad y que corresponde corregir el procedimiento para que el proceso se lleve sin vicios de nulidad; toda vez que, por un mismo hecho no se puede seguir diferentes causas. El Auto Interlocutorio de 13 de enero de 2023, fue notificado al Fiscal de Materia asignado al caso y al Fiscal Departamental -se entiende de La Paz-, el 18 de ese mes y año; no obstante, pese a que el Ministerio Público emitió el requerimiento conclusivo e incluso amplió la imputación formal en su contra, se excedió del plazo de seis meses establecido para la etapa preparatoria, pues “hasta la fecha” continúa realizando actos investigativos, sin que el juez demandado dicte auto de conminatoria para la presentación de dicha resolución conclusiva. En dicho contexto fáctico, el 30 de enero de 2023, en el marco de lo establecido por el art. 134 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y lo señalado en la SCP 0403/2021-S4 de 18 de noviembre, interpuso excepción de extinción de la acción penal en la etapa preparatoria -ya que dicha fase debía concluir en el plazo de seis meses de iniciado el proceso-; en consecuencia, por Auto Interlocutorio 062/2023 de 30 de enero, el Juez demandado rechazó in limine la misma, vulnerando su derecho al debido proceso, al no emitir una resolución de extinción de la acción penal por vencimiento de la etapa preparatoria, así como en su vertiente de resolución congruente y motivada, pues omitió fundamentos esenciales del proceso penal e incurrió en una “…MALA VALORACIÓN JURIDICO…” (sic) del citado artículo, que prevé que vencido el plazo de la etapa preparatoria si el Fiscal de Materia no acusa ni presenta otra resolución conclusiva, el Juez conminará al Fiscal de “Distrito” -ahora Departamental- para que lo haga en el plazo de cinco días, transcurrido dicho plazo sin que se presente solicitud por parte de la Fiscalía, el Juez declarará extinguida la acción penal; empero, no solo ignoró la excepción sino que la rechazó in limine impidiéndole interponer algún recurso. Asimismo, el demandado vulneró el debido proceso al realizar una valoración probatoria arbitraria, alejada de los marcos de razonabilidad y equidad e ignorar la prevalencia de la verdad material, al no compulsar adecuadamente la documentación que presentó para demostrar la procedencia de su solicitud.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos del debido proceso en sus componentes de motivación y congruencia, citando al efecto los arts. 21.7, 22, 23.I y III, 115.I, 116 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 11.1 y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia: a) Se ordene dejar sin efecto legal “La ilegales Resoluciones RESOLUCION Nº 062/2023, AUTO MOTIVADO DE RECHAZO IN LIMINE A INCIDENTE y/o EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE ACCIÓN PENAL EN ETAPA PREPARATORIA de fecha 30 de enero de 2023. respectivamente…” (sic); para que el demandado emita una nueva resolución, disponiendo la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo de la etapa preparatoria; y, b) Se condene al demandado al pago de costas, daños y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 15 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 112 a 116 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante, a través de su abogada, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional; asimismo, ante la consulta de la Sala Constitucional sobre la procedencia del análisis de fondo considerando la firmeza del Auto Interlocutorio de 13 de enero de 2023 -que dejó sin efecto la conminatoria para presentar el requerimiento conclusivo de la etapa preparatoria-, señaló que el Auto Interlocutorio 062/2023 carece de motivación suficiente y vulnera el debido proceso, ya que en su segundo considerando acápite “3.-” asume erróneamente que el Ministerio Público cumplió con el citado Auto Interlocutorio al presentar la Resolución 05/2023 de Ampliación de Imputación Formal de 26 de enero; y que el plazo de la etapa preparatoria no habría transcurrido; empero, el mismo se agotó, pues la ampliación de dicha etapa solo procede en casos de delitos vinculados a organizaciones criminales; ante el requerimiento de la Sala Constitucional para precisar su pretensión, manifestó que solicita la anulación del Auto Interlocutorio 062/2023; la emisión de nueva resolución, ya sea en audiencia o mediante decisión directa, ajustada a los datos procesales y procedimiento; así como el establecimiento de responsabilidad funcional del demandado.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Héctor Quilla Vargas, Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito, cursante de fs. 90 a 95, pidió se declare la improcedencia o deniegue la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) El 30 de enero de 2023, la impetrante de tutela presentó una acción de libertad ante el Juzgado de Sentencia Penal Noveno de El Alto del citado departamento, con hechos y argumentos similares a los expuestos en la presente acción de amparo constitucional, siendo su denegatoria la razón del planteamiento; 2) La nombrada no identificó con precisión los derechos vulnerados o amenazados, ni explicó su relevancia constitucional; aunque alegó vicios procesales, no delimitó su pretensión ni su adecuación al marco constitucional y los datos del proceso, ya que por una parte planteó una excepción de extinción de acción penal en etapa preparatoria rechazada in limine y solicitó su anulación, pero omitió cuestionar el Auto Interlocutorio de Corrección de Procedimiento de 13 del mencionado mes y año, pese a haber sido notificada el 18 de igual mes y año; 3) Formula una petición contradictoria al sugerir que la acusación formal del 13 del referido mes y año, debía remitirse a un juzgado de sentencia penal, cuando tal acusación fue declarada no presentada, precisamente mediante Auto Interlocutorio de esa fecha; 4) El inicio de investigación por falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado de 28 de septiembre de 2021, derivó en una imputación formal solo por el delito de uso de instrumento falsificado -21 de marzo de 2022-, sin pronunciamiento sobre el ilícito de falsedad ideológica. Posteriormente, la ampliación investigativa de 4 de enero de 2023 incluyó a Adelio Esquivel Huanca y Germán Antonio Cuima Vargas por la presunta comisión de los ilícitos de uso de instrumento falsificado y asociación delictuosa, dicha multiplicidad de imputados y delitos, motivó la corrección procedimental en el marco del art. 168 del CPP, complementado por el art. 45 del mismo Código, que prohíbe procesos múltiples por un mismo hecho. Así, se declaró no presentada la acusación formal y nulo el Auto Interlocutorio de 3 de enero de ese año de control jurisdiccional, conminando al Ministerio Público a emitir requerimiento conclusivo por el delito de falsedad ideológica. De lo contrario, el proceso se dividiría irregularmente, investigando falsedad ideológica en etapa preliminar y procesando el uso de instrumento falsificado en juicio oral, pese a derivar de un mismo hecho. Cabe señalar que la dirección funcional de la investigación corresponde al Fiscal de Materia, no al juez -art. 279 CPP-; 5) Contra el Auto Interlocutorio de 13 de enero de 2023, que corrigió procedimiento la accionante no interpuso recursos ordinarios previstos en los arts. 403 y 404 del CPP, ni incidentes; 6) Como consecuencia del Auto Interlocutorio de 13 de igual mes y año, el Ministerio Público emitió la Resolución 05/2023 de Ampliación de Imputación Formal contra la accionante y otros, por el delito de falsedad ideológica, la cual fue notificada a la nombrada el 7 de febrero de igual año; y el 23 del mismo mes y año, presentó incidente de nulidad de la ampliación de la imputación formal, el cual fue resuelto mediante Auto Interlocutorio 107/2023 de 2 de marzo que fue objeto de recurso de apelación incidental, convalidando así el Auto Interlocutorio 062/2023 y Auto Interlocutorio de 13 de enero de 2023, concluyéndose que no se agotaron los recursos ordinarios intra procesales lo que, demuestra inobservancia del principio de subsidiariedad; 7) La extinción de la acción penal en etapa preparatoria, se encuentra regulada por el art. 134 del CPP y la SCP 1281/2013 de 2 de agosto; es decir, que no opera de pleno derecho, sino que exige agotar un procedimiento que incluye notificar a la víctima para que manifieste su voluntad de continuar el proceso mediante acusación particular; y, 8) Habiéndose corregido procedimiento mediante Auto Interlocutorio de 13 de enero de 2023, que declaró por no presentada la acusación formal y emitida la Resolución 05/2023 de Ampliación de Imputación Formal por el delito de falsedad ideológica, sumado a la omisión del trámite previsto en el art. 134 del citado Código, la extinción de la acción penal resultaba total y manifiestamente improcedente. Por ello, se rechazó in limine tal pretensión, decisión que le fue notificada el 2 de febrero de ese año.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Virginia Valdez de Flores, por intermedio de su abogado, solicitó en audiencia la denegatoria de la tutela impetrada, al efecto señaló que: i) La accionante omitió acreditar la trascendencia constitucional de la presunta vulneración, requisito esencial para demostrar un estado de indefensión, pues si bien identificó el Auto Interlocutorio 062/2023 como acto lesivo, el conceder la tutela para revisarlo resultaría improcedente, debido a que el Auto Interlocutorio -se entiende de 3 de enero de 2023- de conminatoria a la presentación de requerimiento conclusivo de dicha etapa- fue anulado mediante Auto Interlocutorio de 13 del mismo mes y año, y no es posible dejar sin efecto este último por no haber sido objeto de la acción de amparo constitucional y su impugnación ordinaria está precluida por el plazo; asimismo, la nombrada en el marco del art. 169 inc. 3) del CPP, pudo interponer incidente de actividad procesal defectuosa por vulneración de derechos; ii) La pretensión de extinción de la acción penal vía constitucional omite pasos procedimentales, ya que, el Auto Interlocutorio 062/2023 que rechazó in limine la excepción planteada tiene un elemento sustancial que fundamenta su improcedencia, conforme el art. 315.IV -se entiende del CPP-, pues exige como condición sine qua non un auto de conminatoria que fue dejado sin efecto por Auto Interlocutorio de 13 de enero de 2023. De manera que, si existe una supuesta vulneración de derechos, no es por la Resolución que rechazó la excepción de extinción de la acción penal; y, iii) Se evidencia irregularidad procesal porque la hermana de la incidentista -ahora accionante- que también se encuentra investigada, planteó apelación y un incidente; así como Germán Carlos Condori Calle, coimputado quien interpuso un recurso de apelación incidental, ambos contra el Auto Interlocutorio de 13 del citado mes y año; empero, fueron rechazados al haber sido interpuestos fuera de plazo; ello, sumado al informe del Juez demandado demostró que la presunta vulneración deriva de la inactividad procesal de la impetrante de tutela, no de un defecto jurisdiccional.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 87/2023 de 15 de mayo, cursante de fs. 117 a 120, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) El art. 315 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, faculta a la autoridad jurisdiccional para resolver excepciones e incidentes mediante rechazo in limine cuando los advierta improcedentes, inclusive sin audiencia o trámite adicional, ello sin recurso ulterior. Adicionalmente, los arts. 168 y 115.II del referido Código, le otorgan competencia para adoptar medidas procesales correctivas; b) El Auto Interlocutorio 062/2023 se fundamenta en el Auto Interlocutorio de 13 de enero de 2023, el cual no fue cuestionado ni recurrido en el proceso penal, adquiriendo firmeza en sede ordinaria; cuando la accionante planteó el incidente de extinción de la acción penal, no especificó el delito referido. No obstante, en relación con los delitos en conjunto, como consecuencia del Auto Interlocutorio de 13 del mencionado mes y año, el Ministerio Público el 26 del citado mes y año presentó la Resolución 05/2023 de Ampliación de Imputación Formal por el delito de falsedad ideológica contra la impetrante de tutela; y, al haberse anulado el Auto Interlocutorio de conminatoria luego de la presentación de un inicial requerimiento conclusivo de la etapa preparatoria, esta jurisdicción entiende que el cuestionado Auto Interlocutorio 062/2023 es congruente con los antecedentes; c) Cuando la peticionante de tutela alega que la resolución del incidente mediante Auto Interlocutorio 062/2023 genera consecuencias procesales adversas, la justicia constitucional no halla relevancia para analizar una eventual tutela, por dos razones; primero, porque el Auto Interlocutorio de 13 de enero de 2023, fue consentido por los sujetos procesales; y segundo porque conforme a la relación cronológica de antecedentes la solicitud de extinción de la acción penal en etapa preparatoria se basó en la inexistencia de conminatoria fiscal para emitir requerimiento conclusivo, pero también fue interpuesta después de la Resolución 05/2023 de Ampliación de Imputación Formal. Así, al incumplirse el presupuesto procesal que viabilizaba dicha extinción, la autoridad jurisdiccional carecía de fundamento para adoptar un trámite distinto al ya realizado; y, d) El Auto Interlocutorio 062/2023 no resulta indebido ni ilegal, pues la autoridad jurisdiccional ejerció la facultad conferida por el art. 315.II CPP al compulsar los antecedentes relativos al planteamiento formulado el 30 de enero de 2023, cuyos presupuestos de viabilidad no se encontraban cumplidos, de manera que, el rechazo in limine resulta pertinente, para evitar un despliegue innecesario de la jurisdicción penal ordinaria.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 125 a 129); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 21 de marzo de 2022, el Fiscal de Materia asignado al caso presentó Resolución de Imputación Formal R.N.P.V. 05/2022 ante Héctor Quilla Vargas, Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-contra Gregoria Vargas de Cuima -hoy accionante- y otros por la presunta comisión del delito de uso de instrumento falsificado; asimismo, consta Resolución de Acusación R.N.P.V. 02/2023 de 13 de enero, por la presunta comisión de los delitos de uso de instrumento falsificado y falsedad ideológica en grado de autoría (fs. 35 a 46 vta.; y, 51 a 63). II.2. Por Auto Interlocutorio de 13 de enero de 2023, el Juez demandado dispuso: 1) Tener por no presentada la Resolución de Acusación R.N.P.V. 02/2023; 2) Declarar nulo y sin efecto el Auto Interlocutorio de control jurisdiccional de 3 del referido mes y año; y, su notificación de 6 del citado mes y año; y, 3) Conforme al estado de la causa y las solicitudes de control jurisdiccional de 25 de noviembre de 2022 y 3 de enero de 2023, conminó al Fiscal de Materia asignado al caso, a emitir dentro del plazo de cinco días de su legal notificación, requerimiento conclusivo en etapa preliminar con relación a la peticionante de tutela y otros, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica (fs. 64). II.3. A través del memorial presentado el 30 de enero de 2023, la impetrante de tutela interpuso excepción de extinción de la acción penal en la etapa preparatoria ante el demandado, solicitando su admisión y el archivo de obrados; quien por Auto Interlocutorio 062/2023 de igual fecha, lo rechazó in limine y sin recurso ulterior (fs. 3 a 6; y, 8 a 10). II.4. De la revisión del Sistema de Gestión Procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional, se advierte que el 26 de abril de 2023, ingresó para revisión la acción de libertad interpuesta por la peticionante de tutela contra el demandado, signada con el número de expediente 54764-2023-110-AL, que mereció la SCP 1015/2025-S2 de 9 de septiembre.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus componentes motivación y congruencia; toda vez que, mediante Auto Interlocutorio 062/2023 de 30 de enero, el Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz -demandado, rechazó in limine la excepción de extinción de la acción penal en la etapa preparatoria, incurriendo en una “…MALA VALORACIÓN JURIDICO…” (sic) del art. 134 del CPP, que obliga al juez a declarar extinguida la acción penal cuando el Fiscal de Materia incumple presentar resolución conclusiva dentro del plazo establecido para la duración de la etapa preparatoria. Ante ello, el demandado refiere que: i) El 30 de enero de 2023, la impetrante de tutela planteó una acción de libertad, siendo su denegatoria la razón para formular la acción de amparo constitucional; y, ii) Conforme al art. 168 del CPP, complementado por el art. 45 del mismo Código, por Auto Interlocutorio de 13 del señalado mes y año se declaró por no presentada la acusación formal por el delito de uso de instrumento falsificado y nulo el Auto Interlocutorio de 3 de enero de 2023 de control jurisdiccional, fue conminado a emitir requerimiento conclusivo de la etapa preparatoria sobre el delito de falsedad ideológica; en consecuencia, presentó, la Resolución 05/2023 de Ampliación de Imputación Formal contra la accionante y otros, por el delito de falsedad ideológica, que fue notificada a la nombrada el 7 de febrero de igual año; y, el 23 de ese mes y año, presentó incidente de nulidad de la ampliación de la imputación formal, siendo resuelto mediante Auto Interlocutorio 107/2023 de 2 de marzo, ante ello, planteó recurso de apelación incidental, convalidando así los Autos Interlocutorios de 13 de enero de 2023 y 062/2023. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La subsidiariedad en la acción de amparo constitucional

El art. 129.I de la CPE establece que: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (las negrillas nos corresponden); por su parte, el art. 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo) determina que: “…no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados a serlo” (las negrillas fueron agregadas).

En esa misma línea, la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, desarrolló subreglas para determinar la improcedencia de la acción de amparo constitucional por subsidiariedad en caso que: “…1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución” (las negrillas fueron añadidas).

III.2. Análisis del caso concreto

Previamente al análisis de fondo se tiene que en el Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal consta la interposición de una acción de libertad planteada el 27 de enero de 2023 y resuelta mediante Resolución 11/2023 de 30 de enero, a través de la cual, el Juez de Sentencia Penal Noveno de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, denegó la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo del acto lesivo denunciado, por incumplirse los presupuestos exigidos para tutelar el debido proceso vía acción de libertad; asimismo, al ingreso de dicha causa, este Tribunal le asignó el número de Expediente 54764-2023-110-AL; y, posteriormente confirmó dicha determinación a través de la SCP 1015/2025-S2 de 9 de septiembre (Conclusión II.4). La presente acción de amparo constitucional -Expediente 56159-2023-113-AAC- fue interpuesta el 10 de febrero de 2023, y una vez resuelta por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ingresó a este Tribunal el 4 de julio del mencionado año, como segunda acción tutelar por la temporalidad de su planteamiento. Ahora bien, del contraste y análisis de los datos de los referidos expedientes, es posible establecer que, si bien existe identidad de sujetos y parcial coincidencia fáctica respecto al Auto Interlocutorio de 13 de enero de 2023, no concurre identidad de objeto, pues en la presente acción tutelar se cuestiona específicamente el Auto Interlocutorio 062/2023 de 30 del referido mes, que no fue sometido previamente a control constitucional, por lo que corresponde descartar la causal de improcedencia invocada.

Bajo ese contexto, de antecedentes se advierte que, mediante memorial presentado el 21 de marzo de 2022, el Fiscal de Materia asignado al caso presentó Resolución de Imputación Formal R.N.P.V. 05/2022 ante el Juez demandado contra Gregoria Vargas de Cuima -accionante- y otros, por la presunta comisión del delito de uso de instrumento falsificado; asimismo, consta Resolución de Acusación R.N.P.V. 02/2023 de 13 de enero, por la supuesta comisión de los delitos de uso de instrumento falsificado y falsedad ideológica en grado de autoría (Conclusión II.1).

Ante ello, mediante Auto Interlocutorio de 13 de enero de 2023, el Juez demandado dispuso: a) Tener por no presentada la Resolución de Acusación R.N.P.V. 02/2023; b) Dejar sin efecto el Auto de control jurisdiccional de 3 de enero de 2023 y su notificación de 6 del mismo mes y año; y, c) Conminar al Fiscal de Materia a emitir requerimiento conclusivo respecto al delito de falsedad ideológica (Conclusión II.2) entendiendo que al tener relación ambos delitos debía definirse su situación de manera conjunta. Posteriormente, el 30 de enero de 2023, la impetrante de tutela interpuso excepción de extinción de la acción penal en etapa preparatoria, alegando que el Ministerio Público incumplió el plazo previsto por el art. 134 del CPP; empero, dicha solicitud fue formulada cuando el Auto Interlocutorio del 13 del señalado mes y año, ya había dejado sin efecto el control jurisdiccional previo y reconfigurado el trámite procesal sin que el mismo hubiese sido impugnado en su oportunidad. En efecto, de los antecedentes descritos se advierte que la presunta lesión denunciada no proviene de manera aislada del Auto Interlocutorio 062/2023 de 30 de enero, sino de los efectos jurídicos previamente definidos mediante Auto Interlocutorio de 13 del citado mes y año, a través del cual la autoridad jurisdiccional demandada dejó sin efecto el Auto de control jurisdiccional de 3 de igual mes y año; y dispuso la prosecución del trámite investigativo respecto al delito de falsedad ideológica. En ese contexto, si la accionante consideraba que dicha determinación resultaba lesiva a sus derechos fundamentales o contraria al régimen previsto por el art. 134 del CPP, correspondía activar oportunamente los mecanismos ordinarios de impugnación previstos por los arts. 403 y 404 del citado Código; sin embargo, omitió cuestionar dicha Resolución dentro del proceso penal, permitiendo que la misma adquiera firmeza. Pese a ello, posteriormente formuló excepción de extinción de la acción penal en etapa preparatoria sustentando su pretensión precisamente en presupuestos procesales que habían sido modificados por el Auto Interlocutorio de 13 de enero de 2023; y, ante el rechazo in limine dispuesto mediante Auto Interlocutorio 062/2023, acudió revertir los efectos de una Resolución previamente consentida. En consecuencia, se evidencia que la accionante no agotó en su oportunidad los mecanismos ordinarios idóneos y oportunos para cuestionar el acto procesal que originó la situación jurídica ahora reclamada, incumpliendo el principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional; razón por la cual, este Tribunal se encuentra impedido de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, aunque en parte con otros fundamentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 87/2023 de 15 de mayo, cursante de fs. 117 a 120 pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática expuesta. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0561_2026-S2.pdf · páginas 1 a 11.

Huella digital del PDF (SHA-256): 22bdd180a50824959eba33906a7c56d1454f1c34e32423bc78c9f04092a219c6

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