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SCP 0561/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 8 de abril de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
8 de abril de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
55211-2023-111-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, denuncia vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, habiendo solicitado cesación de su detención preventiva el 8 de marzo de 2023, el Juez ahora accionado, hasta la interposición de la presente acción de defensa, no señaló fecha y hora de dicho actuado procesal; lo cual, provocó que se mantenga privado de su libertad sin que se defina su situación jurídica. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad de pronto despacho; b) Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las leyes 1173 y 1226; y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 19/2023 de 14 de marzo, cursante a fs. 18 y vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo del departamento de La Paz, señale audiencia dentro de las veinticuatro horas a partir de la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; siempre y cuando la misma no se hubiese realizado; conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2º Exhortar a Andrés Franz Zabaleta Callizaya, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, no volver a incurrir en dilaciones en el futuro, a tiempo de conocer y resolver solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad de las partes.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad de pronto despacho
  2. III.2. Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las leyes 1173 y 1226
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0561/2026-S1 Sucre, 8 de abril de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 55211-2023-111-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 19/2023 de 14 de marzo, cursante a fs. 18 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jeyson Hernán Martínez Medina contra Andrés Franz Zabaleta Callizaya, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del Departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante, por memorial presentado el 13 de marzo de 2023, cursante de fs. 8 a 11, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, previsto y sancionado por el art. 185 bis del Código Penal (CP); el 1 de marzo de 2023, el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, emitió un “Auto” en el que estableció que correspondía al Juez hoy accionado, resolver la cesación de la detención preventiva, solicitada en calidad de imputado; así como, los incidentes y excepciones pendientes en el expediente; por lo que, el 2 de igual mes y año, el referido Tribunal de Sentencia, remitió el expediente original ante el Juez ahora accionado, con las observaciones mencionadas.

El 3 de marzo de 2003, el Juez hoy accionado, emitió un decreto mediante el cual solicito a su Secretario realice un informe sobre los actuados que cursaban en el expediente; además, de oficiar al Fiscal Departamental de La Paz.

El 8 de marzo de 2023, presentó un memorial solicitando audiencia de cesación de la detención preventiva por vencimiento de plazo y nuevos elementos; sin embargo, desde esa fecha el Juez ahora accionado, no revolvió la solicitud ni señaló la citada audiencia, lo cual hace que se mantenga detenido preventivamente sin que se defina su situación jurídica; toda vez, que la causa aún no fue radicada en un Tribunal de Sentencia Penal, por lo que era atribución del Juez hoy accionado conocer y resolver la cesación de la detención preventiva.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, citando al efecto el art. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se ordene al Juez hoy accionado dé celeridad al señalamiento de la audiencia de cesación de la detención preventiva y sea con responsabilidad.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 14 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 17 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliando manifestó que: a) El 1 de marzo de 2023, el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de la Paz -sin definir aún la competencia de dicho Tribunal, por contar el proceso con acusación formal- devolvió la causa al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz -a cargo del Juez ahora accionado-, señalando que existía una solicitud de cesación de la detención preventiva e incidentes pendientes que debían ser resueltos por el referido Juez; sin embargo, desde el 2 de febrero de igual año, no resolvió aún la radicatoria ni las tres solicitudes de cesación de la detención preventiva que presentó; b) El 3 de marzo del citado año, el Juez ahora accionado, emitió el decreto de mero trámite, ordenando al Secretario del citado Juzgado de Instrucción, elaborar un informe; posteriormente, el 8 del referido mes y año, presentó la tercera solicitud de audiencia de cesación de la detención preventiva; la cual, tampoco fue resuelta ni se fijó fecha y hora de audiencia; c) Conforme a la "Sentencia Constitucional 1/2019-S1" señala que mientras la causa no radique ante un Tribunal de Sentencia, aunque el proceso cuente con acusación formal, corresponde al juez de instrucción conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva, no obstante el Juez hoy accionante se limitó a remitir y devolver el expediente sin resolver el fondo; y, d) Al no fijar la referida audiencia hace que el accionante lleve más de un año en detención preventiva, vulnerándose sus derechos a la libertad, a una justicia pronta y sin dilaciones; por ello, pidió se conceda la tutela solicitada, ordenando al Juez hoy accionado resolver el memorial de 8 de marzo de 2023, o en su defecto programar y celebrar la audiencia de cesación de la detención preventiva.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Andrés Franz Zabaleta Callisaya, Juez de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe de 14 de marzo de 2023, cursante a fs. 15 y vta., manifestó que: 1) El 29 de noviembre de 2022, se presentó acusación formal contra el accionante, remitiéndose el cuaderno de control jurisdiccional ante el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del referido departamento, y éste devolvió el proceso mediante “auto interlocutorio”, con observaciones que fueron cumplidas en su totalidad; 2) El referido Tribunal señaló que no se ofició a la Fiscalía Departamental de La Paz, respecto a la notificación del “rechazo”; sin embargo, se demostró que cursaba el referido oficio el cual, hasta la fecha no fue respondido; 3) Durante las remisiones del proceso entre el citado Tribunal de Sentencia y el indicado Juzgado de Instrucción, el accionante presentó memorial el 8 de marzo de 2023, pidiendo la cesación de su detención preventiva; razón por la cual, se fijó audiencia de cesación de la detención preventiva; y, 4) Finalmente al no haberse acreditado vulneración del derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, solicitó se deniegue la tutela por subsidiariedad.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 19/2023 de 14 de marzo, cursante a fs. 18 y vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) Del informe del Juez hoy accionado, respecto al memorial de 8 de marzo de 2023, se acreditó la existencia de un decreto de 9 de ese mismo mes y año; a través del cual, se señaló audiencia para el 15 del referido mes y año, decreto firmado por Edwin Quispe Nina, Secretario del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, conforme a las atribuciones conferidas por Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 8 de mayo de 2019-; y, ii) En la audiencia de consideración de la acción de libertad, el accionante no demostró de manera objetiva que el Juez ahora accionado hubiese limitado o restringido su derecho a la libertad, más aún cuando ya existía señalamiento de audiencia y que las funciones del Secretario del citado juzgado estaban respaldadas por ley.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución, de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados los cuales se encontraban pendientes de resolución, a Comisión de Admisión a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 3 de marzo de 2023, ante Andrés Franz Zabaleta Callizaya, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz -ahora accionado-Jeyson Hernán Martínez Medina -ahora accionante-, solicitó señale fecha y hora de audiencia de cesación de su detención preventiva (fs. 7). II.2. Mediante decreto de 9 de marzo de 2023, se señaló audiencia virtual de cesación de la detención preventiva del accionante para el 15 de igual mes y año a las 14:45 horas (fs. 16).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denuncia vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, habiendo solicitado cesación de su detención preventiva el 8 de marzo de 2023, el Juez ahora accionado, hasta la interposición de la presente acción de defensa, no señaló fecha y hora de dicho actuado procesal; lo cual, provocó que se mantenga privado de su libertad sin que se defina su situación jurídica. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad de pronto despacho; b) Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las leyes 1173 y 1226; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad de pronto despacho

La SCP 0698/2025-S1 de 24 de junio, señaló que: “La SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, establece que:“La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituida como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad goce físico de protección especial, cuando se pretende lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada, si procura impedir una vulneración a producirse; se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas , para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física , tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso ; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilatación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad” (las negrillas son nuestras).

III.2. Sobre la solicitud de cesación de la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por las leyes 1173 y 1226

La SCP 0507/2025-S1 de 20 de mayo, establece que: “La SCP 0787/2022-S1 de 12 de agosto, expresa que: “La Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, implementó procedimientos para agilizar la tramitación de las causas penales, descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia; en su Capítulo III, específicamente el art. Código de Procedimiento Penal, entre las que se encuentran el art 239, que en lo relativo al pedido de cesación de la detención preventiva por las causales que se hallaban previstas en los números 1 y 4 de dicha norma, establecía que se debía señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco días. Si bien hasta antes de la promulgación de la Ley 586, este Tribunal dejó adelantados que para la procedencia de la protección que brinda la acción de libertad, ante la falta de pronunciamiento oportuno dentro de una solicitud de medidas cautelares que afecta el derecho a la libertad física del imputado, dicha petición debía ser atendida dentro del plazo razonable de tres días, en el que debía fijarse día y hora de realización de la audiencia correspondiente y procederse con las notificaciones respectivas -SCP 0110/2012 de 27 de abril-; con la modificación efectuada al art. 239 del CPP por la referida Ley, dicho plazo fue regulado a cinco días. Sin embargo, el plazo en el que debe llevarse a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva, así como el trámite que debe imprimirse a dicho pedido de acuerdo a la casual invocada, ha sido modificado mediante la Ley 1173., que entró en vigencia el 4 de noviembre de igual año, e introdujo las modificaciones al art. 239 del CPP; empero, dicha Ley a su vez fue modificada por la Ley de Modificación a la Ley 1173 -Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019-, y esta a su vez fue modificada por la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño y Adolescente, de manera tal que texto vigente del art. 239 del Código citado, es el siguiente: Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; No será aplicable el presente numeral en los delitos de feminicidio, infanticidio y/o violación de infante, niña, niño o adolescente;

3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecido para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas; 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; oh,… 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas. Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código. La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente. Cuando la cesación sea resultado en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 del presente Código (…).

Por lo tanto, el precepto vigente del art. 239 del CPP, establece que ante la petición de cesación de las medidas cautelares personales basada en la existencia de nuevos elementos que evidencian que no concurren los motivos que la fundaron o se torne conveniente que sea sustituida por otra medida; así como cuando se funda en las causales previstas en los numerales 2, 5 y 6 de dicha norma, el juez o tribunal que conozca de tal solicitud deberá señalar audiencia para la resolución de la solicitud de cesación de la detención preventiva dentro de las cuarenta y ocho horas, debiendo tramitarla con la mayor celeridad posible en el nuevo plazo estipulado. Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, debe tramitarla con celeridad y dentro del plazo establecido por el art. 239 del CPP, puesto que el incumplimiento de esta obligación impuesta por dicha norma, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilatación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud. Respecto del plazo en el cual deben ser providenciadas las peticiones efectuadas mediante los memoriales presentados, de conformidad con el art. 132.1 del CPP, salvo disposición contraria de dicho Código, el juez o tribunal, deberá dictarlas cuando se traten de mero trámite dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme lo entendió la SCP 0110/2012, ya que en el caso de retrasar o aplazar su emisión, no solo se lesiona el derecho a la libertad del impetrante de tutela, sino que el juez incurrirá en una falta grave, debido a la demora culpable en la que incurrir; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán providenciar los escritos que presenten los imputados dentro del plazo de veinticuatro horas y señalar las audiencias respectivas dentro del término establecido, a efecto de no lesionar el derecho a la libertad de los detenidos preventivamente, sin que sea una excusa para el incumplimiento de esta obligación la carga procesal excesiva, pues su inobservancia, atenta el derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad”.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante, denuncia vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, habiendo solicitado cesación a su detención preventiva el 8 de marzo de 2023, el Juez ahora accionado, hasta la interposición de la presente acción de defensa, no señalo fecha ni hora de dicho actuado procesal; lo cual, provoca que se mantenga privado de su libertad sin que se defina su situación jurídica.

Identificado el acto lesivo, cabe referirse a los antecedentes procesales, de donde se tiene que el accionante, por memorial de 8 de marzo de 2023, solicitó al Juez-ahora accionado-, señale fecha y hora de audiencia de cesación de su detención preventiva (Conclusión II.1.). Ahora bien, de lo manifestado por el citado Juez y la documental presentada por éste, se tiene que dicho memorial mereció el decreto de 9 de marzo de 2023; a través del cual, el referido Juez señaló audiencia para el 15 del citado mes y año, a las 14:45 horas (Conclusión II.2.). En ese contexto, conforme a los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. del presente fallo constitucional; se establece que, la autoridad jurisdiccional que conozca de una solicitud de consideración de cesación de la detención preventiva, deberá tramitarla con la mayor celeridad posible, evitando incurrir en dilaciones indebidas que repercutan negativamente en el derecho a la libertad del solicitante, en consecuencia, la tramitación de las causas debe realizarse con la mayor rapidez posible, dentro de los plazos legalmente establecidos; más aún, cuando se encuentra en juego un derecho fundamental como es la libertad física, teniendo cuarenta y ocho horas para el señalamiento de audiencia. Bajo ese entendimiento, conforme la problemática traída a colación del análisis efectuado a la documental aparejada a esta acción de libertad y lo manifestado por el accionante; se tiene que evidentemente, presentó solicitud de cesación de la detención preventiva el 8 de marzo de 2023; y, que esta mereció el decreto de 9 de igual mes y año; a través del cual, el Juez ahora accionado señaló audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, para el 15 de igual mes y año; en consecuencia, tomando en cuenta lo previsto por el art. 239 del CPP modificado por la Ley 586 de 30 de octubre de 2014 -Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal-, la audiencia de cesación de la detención preventiva incoada por el accionante debió desarrollarse en el plazo de cuarenta y ocho horas; sin embargo, se hace evidente que si bien se señaló la citada audiencia, la misma fue fijada fuera del término previsto por ley; es decir, fuera de las cuarenta y ocho horas establecidas para el efecto, advirtiéndose dilación; puesto que, no basta con decretar la solicitud del verificativo oral dentro del plazo establecido, sino que dicho actuado procesal, además, debe ser desarrollado dentro de los plazos establecidos por Ley, lo que en el caso de autos no aconteció; lo que hace evidente, el incumplimiento del plazo previsto en la norma antes citada; así como, al entendimiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional; en ese marco, corresponde conforme a lo referido conceder la tutela solicitada en la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 19/2023 de 14 de marzo, cursante a fs. 18 y vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo del departamento de La Paz, señale audiencia dentro de las veinticuatro horas a partir de la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; siempre y cuando la misma no se hubiese realizado; conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2º Exhortar a Andrés Franz Zabaleta Callizaya, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, no volver a incurrir en dilaciones en el futuro, a tiempo de conocer y resolver solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad de las partes. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0561_2026-S1.pdf · páginas 1 a 10.

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