B.IA.LEGAL

SCP 0561/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 12 de junio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
12 de junio de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
55042-2023-111-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos a la defensa, al juez natural en sus componentes de independencia e imparcialidad, y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, y los principios de legalidad y seguridad jurídica; alegando que, dentro del proceso ordinario civil sobre nulidad, fraude procesal y resarcimiento de daños, los Vocales demandados mediante Auto Recusatorio 3/2022 de 21 de septiembre, rechazaron el incidente de recusación que plantearon contra el Juez codemandado, argumentando que fue presentado fuera del plazo de los tres días de tenerse conocimiento de su existencia, según lo previsto en el art. 351.II del CPC; sin embargo, no resolvieron el incidente previo análisis de los procesos a los cuales se refiere el mismo, sino de forma superficial, evitando ingresar al análisis de fondo de la cuestión sometida a su conocimiento, a través de una fundamentación incompleta y errada, habiendo interpretado erróneamente la causal de recusación.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 54/2023 de 10 de abril, cursante de fs. 232 a 234, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a lo expresado por la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Legitimación pasiva en caso de sucesión o cambio de autoridades
  2. III.2. La fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales o administrativas como componentes del debido proceso
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0561/2025-S3 Sucre, 12 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 55042-2023-111-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 54/2023 de 10 de abril, cursante de fs. 232 a 234, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Norman Rodolfo Beltrán Suxo, en representación legal de la Empresa Constructora y Consultora “BUILDERS ONLINE” Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) contra Remberto Elías López Llanos, Vocal de la Sala Civil y Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia Primera; y, María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera, ambos en suplencia legal de la Sala Civil y Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia Segunda todos del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y, Víctor Carlos Toro Montoya, Juez Público Civil y Comercial Quinto de la Capital del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 7 y 21 de marzo de 2023, cursantes de fs. 169 a 177; y, 186 a 188 vta., la parte accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso ordinario civil sobre nulidad, fraude procesal y resarcimiento de daños que inició en representación legal de la empresa Constructora y Consultora BUILDERS ONLINE S.R.L. contra René Gerardo Cruz Arce y Víctor Damián Fuertes Taboada -para la revisión de lo dispuesto en un proceso ejecutivo tramitado anteriormente-, el 31 de agosto de 2022, formularon recusación incidental del Juez Público Civil y Comercial Quinto de la Capital del departamento de Potosí, quien sustanció el referido proceso ejecutivo -ahora codemandado-, al amparo del art. 347.8 del Código Procesal Civil (CPC), quien por Auto de 5 de septiembre del citado año, no se allanó a la recusación, argumentando que: en ningún momento expresó abierta y puntualmente su opinión sobre la justicia o injusticia del fondo del litigio que se quería sustanciar; y, que la causa fue presentada el 8 de abril del referido año, subsanada el 19, 21 y 27 del señalado mes y año, presentando el incidente de recusación el 31 de agosto de 2022, cuando debería hacerlo el 14 de abril de igual año, conforme dispone el art. 351.II del indicado Código, y al no haberlo hecho tácitamente aceptó la competencia del juzgador. Elevada la recusación, los Vocales -en suplencia legal- de la Sala Civil y Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -hoy demandados-, mediante Auto de 21 de septiembre de 2022 rechazaron la misma, con el fundamento principal de que el recusante conocía de la causal de recusación el 18 de abril del mencionado año, y que al ser notificados el 14 de similar mes y año, recién formularon el incidente el 31 de agosto de 2022, entendiéndose que fue presentado fuera del plazo de los tres días de tener conocimiento de su existencia, establecido en el art. 351.II del CPC; aspecto que hacía inviable la consideración de la recusación contra el Juez de la causa, afectando con ello sus derechos y garantías constitucionales, por cuanto no resolvieron el incidente previo análisis de los procesos a los cuales se refiere el motivo de la recusación, referido a las irregularidades procesales cometidas en los juicios instaurados, sino de forma superficial, dando visto bueno a las ilegalidades del Juez a quo, evitando ingresar al análisis de fondo de la cuestión sometida a su conocimiento, a través de una fundamentación incompleta y errada, habiendo interpretado erróneamente la referida causal.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la defensa, al juez natural en sus componentes de independencia e imparcialidad, y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, y los principios de legalidad y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115.II, 117, 119.II, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Se deje sin efecto el Auto de 21 de septiembre de 2022, emitido por los Vocales demandados, conminando a que emitan un nuevo fallo que resuelva la recusación, tomando en cuenta los extremos planteados en la recusación y los principios y valores que señala la Constitución Política del Estado; y, b) De acuerdo al art. 113 de la Norma Suprema, se les conceda como víctimas múltiples, el derecho a la reparación y resarcimiento de los daños y perjuicios que les están causando.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 10 de abril de 2023, según consta en acta cursante de fs. 228 a 231 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante a través de su abogado, reiteró los términos de su acción tutelar.

I.2.2. Informe de los demandados

María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera, en suplencia legal de la Sala Civil y Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante informe de 31 de marzo de 2023, cursante de fs. 204 a 205 vta., manifestó que: 1) Ante las acefalías existentes en la Sala Civil y Comercial Familiar, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, Remberto López Llanos, Vocal de su similar Primera, le convocó para que conozca el presente trámite; siendo que a la fecha el prenombrado ya no cumple el cargo de Vocal al haber cesado sus funciones; 2) En esta acción de defensa, de forma incongruente se le tiene como sujeto activo, cuando no perteneció a la indicada Sala Civil, sino actuó en suplencia legal, considerando que en la actualidad la misma ya cuenta con dos Vocales titulares; empero, extrañamente no se les notificó; 3) Por ello, la legitimación pasiva no se encuentra debidamente identificada, tomando en cuenta que esta debe establecerse por quien funge el cargo que ostentaba en ese momento, pero también quien actualmente cumple esa función, a efectos de que sea separado el mismo, de encontrarse vulneración; 4) No tiene competencia para ingresar a resolver el proceso civil; puesto que, -como ya se dijo-, la referida Sala Civil ya cuenta con sus dos Vocales titulares, no se puede aplicar una suplencia u otra figura jurídica, lo cual no deja de lado cualquier responsabilidad, conforme a la línea jurisprudencial citada; 5) Aclaró que, el Auto cuestionado fue rechazado por haberse presentado fuera del plazo establecido en la norma civil que es clara y concreta, al establecer los plazos, concordante con el art. 180.I de la CPE, que estipula los principios de legalidad y verdad material, a fin de determinar si el Tribunal de alzada hubiera lesionado algún derecho; y, 6) Ninguno de los derechos invocados en la acción tutelar se sustenta en el plazo establecido en la norma y que fue el fundamento del fallo objetado, no siendo evidente todo lo expresado por la parte accionante, debiendo a tal efecto, aplicar la SCP 0678/2021-S3 de 23 de septiembre, así como la SCP 0743/2020-S4 de 12 de noviembre; por lo cual, solicitó se deniegue la tutela impetrada, por no existir transgresión a derechos y garantías constitucionales. Víctor Carlos Toro Montoya, Juez Público Civil y Comercial Quinto de la Capital del departamento de Potosí, a través del informe escrito presentado el 6 de abril de 2022, cursante a fs. 221, señaló que: i) El proceso ordinario de nulidad de dos letras de cambio, fraude procesal y resarcimiento de daños y perjuicios, interpuesta por la Empresa Constructora y Consultora BUILDERS ON LINE S.R.L. -ahora accionante-, contra Rebeca Victoria Velásquez Torrico y otros, no se encuentra en el despacho del cual es titular; y, ii) En cumplimiento del Auto 37/2023 de 12 de enero, se concedió el recurso de apelación en efecto suspensivo, remitiéndose originales ante la Sala Civil para su tramitación.

Remberto Elías López Llanos, Vocal de la Sala Civil y Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia Primera, en suplencia legal de su similar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, no presentó informe escrito alguno, tampoco asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 211.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

René Armando Cruz Velásquez, a través de su abogado en audiencia de garantías, ante la interrogante efectuada por el Vocal de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, afirmó ser evidente que la Sala Civil y Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí estaba conformada por Ronald Martin Baldivieso Flores y Germán Quecaña Lima. Víctor Damián Fuertes Taboada, no presentó escrito alguno, tampoco asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 193.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 54/2023 de 10 de abril, cursante de fs. 232 a 234, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) La pretensión postulada por la parte accionante, no observó de manera correcta y completa el presupuesto de la legitimación pasiva; puesto que, el presunto acto lesivo no puede ser conocido por María Luz Flores Mollinedo y Remberto López Llanos, Vocales demandados; la primera porque no es Vocal titular de la Sala Civil y Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, y el segundo porque ya no cumple funciones en el citado cargo; b) Si bien estuviese identificada la responsabilidad personal, en cuanto a las autoridades que en su momento emitieron el Auto de 21 de septiembre de 2022; empero, la responsabilidad institucional respecto de quienes actualmente conforman la indicada Sala Civil, no está completa; ya que, la misma se halla a cargo de otros titulares, quienes no fueron convocados ni demandados; c) Esta situación impide efectuar un mayor análisis y razonamiento sobre la pretensión constitucional de fondo postulada por la parte peticionante de tutela, asumiendo que en la presente causa, no corresponde acoger la tutela, por inobservancia del presupuesto de la legitimación pasiva; y, d) La conclusión que antecede, no es atribuible a esta Sala Constitucional; toda vez que, “a la fecha”, el hecho de haberse generando un cambio de autoridades jurisdiccionales en la mencionada Sala Civil, era de su absoluto desconocimiento, y con más razón si la misma parte impetrante de tutela tampoco conocía de esa situación, “…aspecto que ha de consignarse en la presente resolución con negrillas para su revisión por la instancia correspondiente” (sic).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso ordinario civil sobre nulidad, fraude procesal y resarcimiento de daños interpuesto contra René Gerardo Cruz Arce y Víctor Damián Fuertes Taboada -terceros interesados-, mediante memorial presentado el 31 de agosto de 2022, la empresa Constructora y Consultora “BUILDERS ONLINE” S.R.L. -ahora accionante- a través de su representante, planteó recusación contra Víctor Carlos Toro Montoya, Juez Público Civil y Comercial Quinto de la Capital del departamento de Potosí -hoy codemandado-, por la causal contenida en el art. 347.8 del CPC (fs. 55 a 56). II.2. A través del Auto de 5 de septiembre de 2022, el Juez demandado no se allanó a la recusación planteada; a tal efecto, dispuso la remisión de antecedentes por ante la Sala Civil y Comercial de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en cumplimiento a lo previsto en el art. 353.III del CPC (fs. 57 a 59 vta.). II.3. En audiencia de consideración y resolución del incidente de recusación interpuesto, Remberto López Llanos, Vocal de la Sala Civil y Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia Primera, y María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera, ambos en suplencia legal de la Sala Civil y Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -hoy demandados-, mediante Auto Recusatorio 3/2022 de 21 de septiembre, RECHAZARON el incidente de recusación planteado, al no cumplir con los requisitos formales previstos en el art. 353.IV del CPC, debiendo la autoridad jurisdiccional continuar con el conocimiento y la tramitación del proceso, hasta su conclusión; Resolución que fue notificada a la parte peticionante de tutela, el 27 de septiembre de igual año (fs. 161 a 165 y 167).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos a la defensa, al juez natural en sus componentes de independencia e imparcialidad, y al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, y los principios de legalidad y seguridad jurídica; alegando que, dentro del proceso ordinario civil sobre nulidad, fraude procesal y resarcimiento de daños, los Vocales demandados mediante Auto Recusatorio 3/2022 de 21 de septiembre, rechazaron el incidente de recusación que plantearon contra el Juez codemandado, argumentando que fue presentado fuera del plazo de los tres días de tenerse conocimiento de su existencia, según lo previsto en el art. 351.II del CPC; sin embargo, no resolvieron el incidente previo análisis de los procesos a los cuales se refiere el mismo, sino de forma superficial, evitando ingresar al análisis de fondo de la cuestión sometida a su conocimiento, a través de una fundamentación incompleta y errada, habiendo interpretado erróneamente la causal de recusación.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Legitimación pasiva en caso de sucesión o cambio de autoridades

Sobre este tema, la SCP 0402/2012 de 22 de junio, expresó que: “En lo referente a la legitimación pasiva de personas o servidores públicos que ocupan un cargo en instituciones públicas o privadas, desde el cual se denuncia se habría vulnerado o amenazado vulnerar un derecho y los cambios sucesivos que en el mismo podrían provocarse, es posible admitir la legitimación pasiva de la anterior persona o autoridad responsable del acto, que cuenta con responsabilidad personal y a la vez de la nueva persona o autoridad que cuenta con responsabilidad institucional o simplemente de esta última (SC 0264/2004-R de 27 de febrero), criterio ampliado mediante la SCP 0134/2012 de 4 de mayo, que estableció que: ‘A momento de considerar la legitimación pasiva de autoridades públicas en razón a cambios continuos de la administración pública es posible demandar contra el cargo o la función pública en cuyo ejercicio pudieron cometerse los actos violatorios denunciados, al no ser atinente a la voluntad del accionante el cambio de servidores públicos, por ello tampoco sus derechos pueden quedar en suspenso por el cambio de autoridades y servidores públicos’

Dichos entendimientos en virtud al principio pro actione no son excluyentes sino alternativos, es decir en este tipo de casos no puede denegarse una demanda de acción de amparo constitucional por no haberse demandado a la persona física responsable del supuesto acto o la amenaza al derecho o garantía, pues ello imposibilita se le determine responsabilidad, pero no impide, si existe prueba suficiente, el análisis de su conducta reiterándose que ello se debe a la finalidad de la acción de amparo constitucional y la noble finalidad específica con la que cuenta, es decir la tutela de derechos y garantías” (el resaltado es propio). Asimismo, la SCP 0431/2018-S2 de 27 de agosto, efectuando una contextualización de la línea jurisprudencial al respecto, expresó lo siguiente: “La SC 0264/2004-R de 27 de febrero demostró que la demanda debe estar dirigida contra la autoridad que ostente el cargo, desde el cual se realizó el acto ilegal o se incurrió en la omisión indebida; lo que sin embargo no implicaba que asuma las responsabilidades personalísimas que pudieran determinarse. Dicho entendimiento, fue modulado por la SCP 0134/2012 de 4 de mayo, la cual indicó que la demanda podrá ser presentada contra la autoridad que cometió el acto ilegal, aun ya no ostente el cargo o la función en la que se encontró; y que en general, es posible exigir contra el cargo o la función pública, en cuyo ejercicio se cometió el supuesto acto ilegal.

Por su parte, la SCP 0142/2012 de 14 de mayo señaló que tanto para la fase de la admisibilidad como para la deliberativa y de decisión, donde se analiza la legitimación pasiva, es suficiente identificar el cargo o la función pública, en cuyo ejercicio se cometieron los supuestos actos ilegales, en los casos de cesantía de servidores públicos; posteriormente, la SCP 0402/2012 de 22 de junio, realizando otra modulación establecida que la acción de amparo constitucional puede ser presentada, de manera alternativa, contra la exautoridad que cometió el acto ilegal, la nueva autoridad o contra el cargo o la función pública, en cuyo ejercicio se cometieron los actos supuestamente ilegales. En síntesis, en los casos de sucesión de autoridades, la acción de amparo constitucional puede ser presentada, alternativamente contra la exautoridad que cometió el acto, la que se encuentra en funciones o contra el cargo o la función pública” (el resaltado es propio). Entendimiento reiterado por la SCP 0235/2022-S1 de 12 de mayo.

III.2. La fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales o administrativas como componentes del debido proceso

En cuanto al tema, la SCP 0655/2020-S2 de 12 de noviembre, sostuvo que: “Al respecto, la jurisprudencia constitucional refirió que la fundamentación y motivación que realice un servidor público a tiempo de emitir una determinación, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron su decisión, entre otras la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre sostuvo que ‘…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.

(…)

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’. Por su parte, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, remarcó: ‘La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados…’” (las negrillas corresponden al texto original).

III.3. Análisis del caso concreto

Revisados los antecedentes que cursan en el expediente, se llega a evidenciar que, dentro de proceso ordinario civil sobre nulidad, fraude procesal y resarcimiento de daños interpuesto contra René Gerardo Cruz Arce y Víctor Damián Fuertes Taboada -terceros interesados-, la empresa Constructora y Consultora “BUILDERS ONLINE” S.R.L. -ahora accionante- a través de su representante, el 31 de agosto de 2022, planteó recusación contra Víctor Carlos Toro Montoya, Juez Público Civil y Comercial Quinto de la Capital del departamento de Potosí -hoy codemandado-, por la causal contenida en el art. 347.8 del CPC. A tal efecto, la citada autoridad judicial, mediante Auto de 5 de septiembre de igual año, no se allanó a la recusación, disponiendo la remisión de antecedentes ante la Sala Civil y Comercial de turno del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento, en cumplimiento a lo previsto en el art. 353.III del citado Código. En mérito a ello, Remberto López Llanos, Vocal de la Sala Civil y Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia Primera, y María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera, ambos en suplencia legal de la Sala Civil y Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -ahora demandados-, en audiencia de consideración y resolución del incidente de recusación formulado, mediante Auto Recusatorio 3/2022 de 21 de septiembre, rechazaron el incidente, al no cumplir con los requisitos formales previstos en el art. 353.IV del CPC, disponiendo que la autoridad jurisdiccional continúe con el conocimiento y la tramitación del proceso, hasta su conclusión. Previamente, es necesario aclarar que conforme se tiene establecido en la línea jurisprudencial glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los casos de sucesión o cambio de autoridades, la acción de amparo constitucional puede ser presentada de manera alternativa contra la exautoridad que cometió el acto lesivo, la que se encuentra en funciones o contra el cargo o la función pública. En el caso que se analiza, la parte peticionante de tutela demandó a los Vocales que emitieron el Auto impugnado y no así a quienes en la actualidad forman parte de la referida Sala Civil; por consiguiente, se advierte que concurre la legitimación pasiva en esta acción de defensa, correspondiendo en consecuencia ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En cuanto concierne al Juez codemandado en la presente causa, tomando en cuenta que la justicia constitucional a través de esta acción de defensa, revisa la resolución emitida en última instancia por el Tribunal de cierre en sede ordinaria; en tal sentido, corresponde denegar la tutela impetrada con relación a la citada autoridad judicial. Ahora bien, la parte impetrante de tutela en su acción tutelar denuncia la vulneración, entre otros, del derecho al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación en el aludido Auto Recusatorio 3/2022, pronunciado por los Vocales demandados, alegando que el mismo no habría resuelto el incidente previo análisis de los procesos a los cuales se refiere, evitando ingresar al análisis de fondo de la cuestión, a través de una fundamentación incompleta y errada e interpretando erróneamente la causal de recusación. En ese marco, a efectos de analizar si el citado fallo contiene los elementos del debido proceso señalados, corresponde conocer los argumentos esgrimidos que sustentan su decisión: a) El recusante -ahora parte accionante- ampara la recusación en el art. 347.8 del CPC; lo que implica que, el Juez necesaria y obligatoriamente debería haber opinado sobre la justicia o injusticia de la nulidad de las letras de cambio y que además estas al tratarse de una causal sobrevenida, deberían ser interpuestas a tercero día de conocida la causal de recusación; b) El memorial del incidente de recusación conforme al cargo de recepción, data del 31 de agosto de 2022, el recusante conocía de la causal de recusación el 18 de abril del mismo año, al ser notificado con la providencia de 14 de igual mes y año que observaba su demanda, y recién presentó el incidente en la indicada fecha; “…entendiéndose que la recusación apoyada en el Art. 351 – II de la Ley 439, fue presentada fuera del plazo de los tres días de tenerse conocimiento de su existencia, aspecto que hace inviable la consideración de la recusación en contra del Juez Civil Comercial Quinto de la Capital” (sic); y, c) Si se considera la supuesta emisión de opinión por parte del Juez que conoció el proceso ejecutivo, la Sala advirtió que ni las pruebas ni en la presente audiencia, pudieron evidenciar que el Juez demandado haya emitido un criterio justo o injusto sobre la nulidad de las letras de cambio; en el presente caso, la parte recusante simplemente se refirió a algunos defectos e irregularidades procesales que existiesen en el proceso ejecutivo y en el ordinario, lo que no se adecúa al referido art. 347.8 del CPC; consiguientemente, la Sala considera que corresponde aplicar lo establecido en el art. 353.IV del CPC, que dispone: “…Si en la recusación se presenta fuera de la oportunidad preceptuada en el art. 351 - II, del presente Código, la demanda será rechazada sin más trámite por el tribunal competente” (sic).

De acuerdo al desarrollo jurisprudencial descrito en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, toda autoridad que pronuncie una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, así como fundamentar y motivar a través de la manifestación de las razones que le llevaron a tomar determinada decisión, expuestas de forma clara y concisa; citando a su vez, las disposiciones legales que sustentan la misma, no siendo exigible una exposición amplia de consideraciones, tampoco una mera relación de los documentos o mención de los requerimientos de las partes, sino una estructura de forma y fondo que permita la comprensión del recurrente o afectado.

Bajo el entendimiento jurisprudencial anotado supra, y del examen de los fundamentos esgrimidos en el fallo cuestionado, se advierte en primera instancia que los Vocales demandados expusieron con precisión los antecedentes procesales relativos al proceso ejecutivo incoado, las razones particulares del mismo, así como los argumentos expresados por el Juez codemandado en su Auto que resolvió el incidente de recusación planteado; asimismo, desarrollaron la normativa legal pertinente que sustenta las argumentaciones expresadas, así como la determinación asumida; en ese contexto, contiene una debida y adecuada fundamentación enmarcada en los preceptos legales aplicables al caso concreto. Asimismo, en cuanto concierne al componente motivación, expresaron razonamientos que explicaron de manera clara los motivos que dieron lugar a la determinación de rechazar el referido incidente de recusación, al no cumplir con los requisitos formales previstos en el art. 353.IV del CPC; máxime, si no advirtieron además que el Juez demandado haya emitido una opinión justa o injusta sobre la nulidad de las letras de cambio, lo que no se adecuaría al art. 347.8 del citado Código; justificando con dichas afirmaciones, su decisión de disponer que la autoridad judicial continúe con el conocimiento y tramitación del proceso hasta su conclusión; en tal sentido, no se observa en el fallo objetado, ausencia de motivación como componente del debido proceso. En tal virtud, los argumentos esgrimidos no resultan arbitrarios, conteniendo una clara exposición de las razones y motivos específicos que sustentan lo resuelto, siendo necesario aclarar que la sola discrepancia con la medida tomada, no constituye suficiente cargo para concluir la lesión de derechos; considerando que, la motivación de los fallos no necesariamente implica una labor de despliegue o exposición exagerada y ampulosa de hechos, consideraciones, citas legales ni argumentos reiterativos, sino que la resolución sea concisa y clara de manera que consten las razones determinativas que respaldan la resolución asumida; extremos que, efectivamente acontecen en la Resolución ahora cuestionada. Por todo lo anteriormente señalado, no se evidenció la vulneración del derecho al debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación alegados por la parte peticionante de tutela, al emitirse el Auto Recusatorio 3/2022, correspondiendo en tal mérito denegar la tutela solicitada. En lo concerniente a la transgresión de los derechos a la defensa, y al juez natural en sus componentes de independencia e imparcialidad, este Tribunal no estableció su lesión por falta de carga argumentativa, a efectos de su consideración y tutela. Finalmente, con relación a la vulneración de los principios de legalidad y seguridad jurídica, cabe recordar que la jurisprudencia constitucional determinó de forma uniforme que este Tribunal no tutela principios de manera directa, sino a través de derechos y garantías constitucionales, cuya vinculación no se advierte en el presente caso; por lo que, no corresponde realizar análisis alguno al respecto. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 54/2023 de 10 de abril, cursante de fs. 232 a 234, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a lo expresado por la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0561_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 892e54c79de1a3cf57e7eeb97a7ff72c607867d9ef289be2f767f1a7a87003ad

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