B.IA.LEGAL

SCP 0561/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 17 de septiembre de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
17 de septiembre de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
48097-2022-97-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El peticionante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, al trabajo, al debido proceso y a la defensa; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Rosa Mamani Miranda en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, la Vocal ahora demandada, mediante Auto de Vista 378/2022 de 30 de mayo, revocó en parte el Auto Interlocutorio 244/2022 de 25 de mayo, que disponía su detención preventiva; y, manteniendo subsistente el riesgo procesal previsto por el art. 235.2 del CPP, dispuso su detención domiciliaria sin salidas laborales; no obstante, concluida la compulsa correspondiente, conforme el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/2022 de 1 de junio, cursante de fs. 64 a 65 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada por el accionante, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Anular el Auto de Vista 378/2022 de 30 de mayo, pronunciado por la Vocal ahora demandada, dentro del proceso penal seguido contra el impetrante de tutela, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; y, 3° Disponer que la Vocal ahora demandada, pronuncie una nueva resolución en el marco de los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia
  2. III.2. Los requisitos para la aplicación de la detención preventiva desde una perspectiva de género en delitos de violencia en razón de género
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0561/2024-S1 Sucre, 17 de septiembre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 48097-2022-97-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 16/2022 de 1 de junio, cursante de fs. 64 a 65 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Harold Baptista Calla contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 31 de mayo de 2022, cursante de fs. 31 a 32 vta., el solicitante de tutela manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Rosa Mamani Miranda en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, mediante la imputación formal de 25 de mayo de 2022 se solicitó la imposición de la medida cautelar de detención preventiva, en atención a los riesgos procesales previstos en los arts. 234.1, 2 y 7; y, 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); desvirtuándose en audiencia los riesgos procesales insertos en el art. 234. 1 y 2 del Código adjetivo antes mencionado; en consecuencia, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, dispuso la detención preventiva por el término de tres meses. Interpuesto el recurso de apelación incidental contra la referida resolución, la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resolvió tener por desvirtuado el riesgo del art. 234.7 del CPP, quedando latente el riesgo del art. 235.2 de la misma norma adjetiva; consecuentemente, modificó la situación jurídica del ahora impetrante de tutela y dispuso su detención domiciliaria sin salida laboral, debiendo presentar dos garantes económicamente solventes, marcado biométrico cada lunes por la mañana y arraigo conforme al art. 231 del CPP; por lo que se encuentra impedido de poder trabajar y brindar asistencia familiar a la víctima.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El demandante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, al trabajo, al debido proceso y a la defensa; citando al efecto el art. 23 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y en consecuencia se permita la salida laboral, se modifique las medidas cautelares personales y que quede desvirtuado el riesgo del art. 235.2 del CPP.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 1 de junio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 24 a 25 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela, a través de su abogado, en audiencia ratificó los argumentos expuestos en su demanda tutelar y ampliándolos señaló que: a) La Resolución 244/2022 de 25 de mayo, fue apelada ante la autoridad superior jerárquica, quien modificó la resolución del Juez a quo y dispuso la detención domiciliaria, sin salida laboral; asimismo, se desvirtuó el riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP, que hace referencia al peligro efectivo para la víctima, quedando latente sólo el riesgo procesal previsto por el art. 235.2 del mismo Código; b) Concluida la audiencia de apelación incidental, el impetrante de tutela solicitó la complementación y enmienda, en razón a que la Vocal pudo conceder la salida laboral, ya que se demostró que cuenta con una actividad lícita para poder cumplir la asistencia familiar a favor de la víctima; si bien la medida cautelar de detención preventiva fue modificada por una detención domiciliaria sin salida laboral, la misma vulnera su derecho a la libertad de locomoción, al trabajo, el interés superior del menor y el deber de atender en igualdad de condiciones y bajo el esfuerzo común el mantenimiento y responsabilidad del hogar; y, c) El art. 231 del CPP modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres - Ley 1173 de 8 de mayo de 2019-, establece que si bien se puede aplicar la detención domiciliaria en su propio domicilio o en el de otra persona sin vigilancia o por la que determine el Juez; y establece que si el imputado no puede proveer a sus necesidades económicas o a las de su familia, el Juez o Tribunal podrá autorizar que se ausente durante la jornada laboral, lo que solicitó al momento de plantear la apelación; en ese entendido, los riesgos previstos del art. 234. 1, 2 y 7 del CPP, quedaron totalmente desvirtuados, quedando únicamente latente el art. 235.2 del mismo Código, y el art. 222 del señalado Código, establece que las medidas cautelares de carácter personal se aplican con criterio restrictivo, y se ejecutan de modo que perjudique lo menos posible a la persona y la reputación de los afectados; asimismo, a la fecha el ahora accionante no pudo conseguir dos garantes solventes y sigue privado de su libertad, por lo que solicita se conceda la tutela impetrada.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado el 1 de junio de 2022, cursante a fs. 46 a 47, señaló que: 1) El Tribunal de alzada se rige por el principio de limitación por competencia previsto en el art. 398 del CPP; es decir, los agravios expuestos por la parte apelante y su respuesta aperturan la competencia sobre lo que se debe emitir en la fundamentación, ello con relación al principio de imparcialidad previsto por el art. 178.I de la CPE; asimismo, se basa en el legajo de apelación y los elementos de prueba presentados por la parte apelante; a cuyo efecto se emitió el Auto de Vista 378/2022 de 30 de mayo, debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con el debido proceso sin vulnerarse ningún derecho o garantía; 2) El ahora accionante no identificó de que forma la resolución accionada le causo agravio, solo señaló que se le habría limitado sus derechos, sin tomar en cuenta que se modificó la situación jurídica del imputado conforme el art. 231 bis del CPP, manteniendo vigente el riesgo procesal del art. 235.2 del referido Código, debido a que la defensa no fundamentó ese agravio, ya que únicamente invocó los arts. 60 y 64 de la CPE, lo cual imposibilitó al Tribunal de alzada contrariar los fundamentos emitidos por el Juez a quo, manteniendo latente ese riesgo procesal; 3) En cuanto a la solicitud de salida laboral, el Tribunal de alzada determinó la detención domiciliaria aplicando el principio de proporcionalidad efectuando la ponderación de derechos y tomando en cuenta que el presente ilícito fue cometido en contra de una menor de edad, siendo deber del Estado proteger a la víctima, tomando en cuenta que existen riesgos procesales que aún quedaron latentes y la parte procesada tiene la obligación de desvirtuarlos; 4) Se debe considerar que el Tribunal de garantías, no es un Tribunal ordinario o de otra instancia, para revisar las decisiones de la justicia ordinaria; es decir, la revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucran el análisis de motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos, valoración de la prueba e interpretación de las normas; para que el Tribunal de garantías realice dicha labor, el solicitante de tutela, debió hacer una precisa relación de la vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa, argumentativa; requisito ausente en la presente acción de defensa, ya que el memorial de acción de libertad, no establece de manera cierta y concreta como se habría vulnerado sus derechos y garantías; y, 5) Una de las características de la medida cautelar es la temporalidad y variabilidad, de tal forma que las resoluciones dictadas tanto por el Juez a quo y los Tribunales de alzada, no causan estado y pueden variar conforme a las circunstancias, por lo que solicita se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, a través de la Resolución 16/2022 de 1 de junio, cursante de fs. 64 a 65 vta., denegó la tutela solicitada; en base a los siguientes fundamentos: i) La jurisdicción constitucional, está prohibida de valorar o revalorizar los elementos que fueron considerados por la jurisdicción ordinaria; en ese entendido, el solicitante de tutela reclama que el Auto de Vista 378/2022 de 30 de mayo, no consideró que tiene una fuente laboral y no le otorgó el permiso de salida laboral; por lo que solicita a este Tribunal de garantías que conceda la salida laboral, modifique las medidas cautelares y desvirtúe un riesgo procesal; aspecto que a todas luces queda fuera de lo que la jurisdicción constitucional puede revisar; al margen de ello, también debe tenerse presente que conforme a la jurisprudencia constitucional establecida en la SC 1737/2014 de 5 de septiembre, es deber de la parte accionante establecer no solamente los derechos vulnerados, sino también las reglas de razonamiento, establecer si el Auto de Vista es incongruente en su vertiente externa o interna, sin motivación suficiente, indicando de qué forma se vulneraron sus derechos; ii) Las medidas cautelares no causan estado, las mismas pueden ser modificadas en el tiempo, y si el impetrante de tutela necesita permiso laboral puede acudir al Juez cautelar para que este considere su solicitud, en aplicación del principio de revisabilidad; iii) La medidas cautelares deben ser impuestas, siempre que cumplan ciertas finalidades; en el caso concreto, de acuerdo al informe de la Vocal, se tendría como víctima a una menor de edad, por lo que es evidente que la medida cautelar de detención domiciliaria dispuesta en contra del ahora accionante, de alguna forma es proporcional al hecho que se investiga; en consecuencia, de ninguna manera puede modificarse las medidas cautelares impuestas por el Auto de Vista 378/2022, de 30 de mayo, no se puede desvirtuar los riesgos procesales mencionados y menos conceder la salida laboral, ya que ello implica una nueva valoración de la legalidad ordinaria; razón por la cual, corresponde denegar la tutela al ahora accionante.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 27 de mayo de 2024 (fs. 55), a solicitud de la Magistrada Relatora se dispuso la suspensión del plazo a objeto de solicitar documentación complementaria para resolver la causa; habiéndose remitido la misma, se reanudó el plazo a partir del día siguiente hábil de la notificación con el Decreto Constitucional (fs.72) notificado a las partes el 11 de septiembre de 2024, de acuerdo a antecedentes; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro de plazo legal.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones: II.1. Por Imputación Formal de 25 de mayo de 2022 se procesa formalmente al ahora demandante de tutela por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; ante la existencia de suficientes elementos de convicción y la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 del CPP, en cuanto al peligro de fuga previsto por el art. 234.1, 2 y 7; y, peligro de obstaculización dispuesto por el art. 235.2 del mismo Código, solicitó que:

“…bajo el principio de objetividad DISPONGA LA DETENCIÓN DOMICILIARIA DEL IMPUTADO HAROLD BAPTISTA CALLA, y conforme el Art. 233 Num. 3 del C.P.P., sea por el plazo de 4 meses, dicha medida es proporcional al peligro existente a efectos de garantizar la presencia del imputado durante el proceso para establecer la verdad histórica de los hechos.” (fs. 1 a 12). II.2. Cursa Auto Interlocutorio 244/2022, de 25 de mayo; a través del cual, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, resolvió lo siguiente:

“…dispone LA APLICACIÓN DEL EXTREMA MEDIDA DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA DEL AHORA IMPUTADO HAROLD BAPTISTA CALLA Y SEA EN EL RECINTO PENITENCIARIO DE SAN PEDRO DE LA PAZ POR EL PLAZO DE 3 MESES, en los cuales el Ministerio Público debe concluir tanto con la pericia psicológica forense, así como la ITO, además de las referidas tanto por la DNA, así como la parte denunciante, a cuyo efecto se va a señalar día y hora para la Consideración de la situación jurídica procesal del ahora imputado para el DÍA JUEVES 25 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A HORAS 14:00 P.M. conforme a lo solicitado por el Ministerio Público se dispone además la homologación de las medidas de protección emitidas por el Ministerio Publico a favor de la menor víctima advirtiendo al ahora imputado que las mismas son de cumplimiento obligatorio bajo sanción de ley.” [(sic) fs. 13 a 16]. II.3. Por Auto de Vista 378/2022, de 30 de mayo, la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandada-, determina:

“…la ADMISIBILIDAD del recurso de apelación, PROCEDENTE en parte las cuestiones planteadas, en el fondo REVOCA la resolución N° 244/2022 emitido por el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la violencia Hacia La Mujer Primero de la ciudad de El Alto, por el cual dispone las medidas cautelares de carácter personal conforme el art. 231 Bis en su numeral 2 de la Ley 1173 consistentes en:

1. La detención domiciliaria del procesado, el mismo que habría sido demostrado en audiencia de consideración de medidas cautelares, sin salidas laborales misma que debe ser verificado por un funcionario jurisdiccional de esta Sala. 2. La prohibición de concurrir a determinados lugares, en el presente caso inmediaciones de la parte víctima. 3. Así mismo se debe emitir el correspondiente Arraigo a los fines de oficiarse al Ministerio de Migración 4. La obligación de presentar 2 garantes solventes quienes se comprometan a hacerle presente a cualquier acto jurisdiccional ante el Ministerio Publico o ante la autoridad jurisdiccional. 5. Así mismo se determina el registro biométrico ante el Ministerio público una vez por semana exclusivamente los días lunes en el transcurso de la mañana.” [(sic) fs. 40 a 47].

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El peticionante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, al trabajo, al debido proceso y a la defensa; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Rosa Mamani Miranda en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, la Vocal ahora demandada, mediante Auto de Vista 378/2022 de 30 de mayo, revocó en parte el Auto Interlocutorio 244/2022 de 25 de mayo, que disponía su detención preventiva; y, manteniendo subsistente el riesgo procesal previsto por el art. 235.2 del CPP, dispuso su detención domiciliaria sin salidas laborales; no obstante, concluida la compulsa correspondiente, conforme el art. 125 del mismo Código, solicitó explicación, complementación y enmienda en atención a que cuenta con una fuente laboral y debe pagar asistencia familiar a favor de la víctima; solicitud que fue negada, quedando impedido de trabajar y de cumplir con sus obligaciones. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará lo siguiente: a) La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico: a.1) El equilibrio entre los derechos de la víctima y del imputado en el Estado Constitucional y su análisis en las acciones de defensa; a.2) El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género; a.3) Las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género; y, a.4) El enfoque integral del problema jurídico en casos de violencia en razón de género en las acciones de defensa; b) Los requisitos para la aplicación de la detención preventiva desde una perspectiva de género en delitos de violencia en razón de género: b.1) Sobre el riesgo procesal de fuga, como peligro efectivo para la víctima o el denunciante en delitos relacionados a violencia contra la mujer -art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal-; c) Análisis del caso concreto.

III.1. La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia

en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, asumió el siguiente razonamiento: La comisión de un hecho delictivo y su correspondiente denuncia o descubrimiento, constituye el germen del proceso penal, y la víctima es la persona a quien el Estado debió proteger, para impedir que en su contra se consumara el atentado al bien jurídico tutelado; de ahí, que si bien la protección de los derechos del acusado es fundamental dentro del proceso penal; empero, también es necesario precautelar los derechos de la víctima; por ello, no puede dejar de abordarse el problema jurídico material que dio inicio al proceso penal, equilibrando los derechos del imputado y de la víctima, en particular, en delitos de violencia contra la mujer; en los cuales, el Estado, a través de las instancias de investigación, de acusación y de juzgamiento, tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, en el marco de las normas constitucionales y los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos. En ese marco, es importante desarrollar los derechos de las víctimas en un Estado Constitucional, y de manera concreta, el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y el consiguiente deber del Estado y la sociedad, de eliminar toda forma de violencia en razón de género.

III.1.1. El equilibrio entre los derechos de la víctima y del imputado en el Estado Constitucional y su análisis en las acciones de defensa

Con referencia a los derechos de las víctimas de un delito, la SC 0815/2010-R de 2 de agosto, señala que la Constitución Política 1 El FJ III.5, señala: “La Constitución Política del Estado vigente, asume una nueva visión del principio de eficacia y la protección a la víctima -arts. 180.I y 113.I CPE-, a partir de estos postulados fundamentales deben desarrollarse la normatividad, la doctrina y la jurisprudencia, orientando el sistema constitucional hacia un Estado más garantista y respetuoso de los Derechos Humanos. Desde esta nueva perspectiva garantista aplicada al caso concreto; en la ponderación de bienes superiores, nítidamente se contraponen dos criterios de protección: 1. Los derechos de la víctima, al acceso efectivo a la justicia y la reparación del daño; y, 2. El derecho del procesado a ser juzgado dentro de un plazo razonable. (…) En este esquema, si bien es el Estado el que asume el ius puniendi, actualmente cobran importancia trascendental los derechos de la víctima, que antes pasaron a un segundo plano, en la medida en que los mismos fueron “confiscados” por el Estado como único titular de la facultad sancionadora. (…) Al respecto, la Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó en la Asamblea General de 29 de noviembre de 1985, en la Resolución 40/34, la primera declaración sobre la protección a la víctima: `Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder´, estableciendo los siguientes derechos de las víctimas: 1.Acceso a la justicia y trato justo: Las víctimas deben ser tratadas con compasión y respeto a su dignidad, superando los paradigmas del proceso penal para facilitar el acceso y permitir el pago por los daños y perjuicios ocasionados por la existencia de un hecho delictivo, para ello, los procesos judiciales y administrativos deberán adecuarse a las necesidades de la víctima, lo que comprende: (…)

del Estado vigente, asume una nueva visión de protección a las mismas; pues, si bien el Estado asume el ius puniendi -poder punitivo-, cobran importancia trascendental los derechos de la víctima; pues, conforme al art. 121 de la CPE, tiene derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. Asimismo, la indica SC 0815/2010-R, hizo referencia a la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia Para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985. Dicha Declaración, establece los derechos de las víctimas, entre ellos, el acceso a la justicia y trato justo; según el cual:

Acceso a la justicia y trato justo 4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional. En el marco de dicho derecho, la referida Declaración señala también que:

6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas:

a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información; b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente; c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial; d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia; e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas.

d) Proteger su dignidad, minimizar molestias, garantizar su seguridad, el de la familia y testigos a su favor contra intimidaciones y represalias; (…) `Dentro de la concepción de Estado Social de Derecho, que reconoce como principios esenciales la búsqueda de la justicia y el acceso a la misma, el derecho procesal penal no sólo debe operar como manifestación del poder sancionador del Estado, a favor del incriminado, sino que debe procurar también por los derechos de la víctima. Debe entonces -el proceso penal- hacer compatibles los intereses de ambos sujetos procesales, pues, el perjudicado con el delito no puede convertirse en una pieza suelta e ignorada por la política criminal del Estado ya que, como se ha explicado, los derechos de los sujetos procesales constituyen valores y principios reconocidos por la Constitución Política…´” (el resaltado es nuestro).

(…) [las negrillas son agregadas]. A partir de dichas normas, la SC 0815/2010-R antes citada, concluyó que el derecho procesal penal, no solo debe operar como manifestación del poder sancionador del Estado, a favor del incriminado, sino, que debe procurar también por los derechos de la víctima, haciendo: “…compatibles los intereses de ambos sujetos procesales, pues, el perjudicado con el delito no puede convertirse en una pieza suelta e ignorada por la política criminal del Estado ya que, como se ha explicado, los derechos de los sujetos procesales constituyen valores y principios reconocidos por la Constitución Política…”. En la misma línea, la SC 1388/2011-R de 30 de septiembre, señala que todo hecho punible, genera una colisión entre las garantías fundamentales de la víctima, del imputado, y en último término, de la sociedad; por ello:

…se requiere lograr un justo equilibrio entre los derechos constitucionales de la víctima y las garantías procesales del imputado, que naturalmente nadie niega y todos deben respetar; así encontramos entre los valores en el que se sustenta el Estado Plurinacional, el ‘equilibrio’ y ‘el bienestar común’ reconocidos por el art. 8.II de la CPE; valores éstos que forman parte del concepto ‘buen vivir’ y del modelo Boliviano de ‘Estado de Derecho del vivir bien’, asumiendo el Estado una responsabilidad En el marco de la jurisprudencia anotada precedentemente, es evidente que en las diferentes acciones de defensa, que llegan a conocimiento de la jurisdicción constitucional, emergentes de procesos penales, no se debe pasar por alto el equilibrio que se busca entre los derechos del imputado y de la víctima; especialmente, cuando éstos se encuentran en conflicto. En ese sentido, ya sea que la acción de defensa sea presentada por la víctima o por el imputado, este Tribunal debe considerar los derechos de la otra parte dentro del proceso penal; y por ende, sus resoluciones no pueden limitarse a analizar el problema jurídico planteado en la acción de defensa de manera unilateral, sino también, examinando el contexto y los derechos en conflicto, cuando corresponda; más aún, tratándose de los casos de violencia hacia las mujeres, en los cuales, se deben aplicar los estándares internacionales e internos para la tutela de sus derechos, conforme se analizará en el siguiente fundamento.

III.1.2. El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género

La magnitud de la violencia contra las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a la víctima, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural, resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal; es decir, la posición subordinada de la mujer respecto del varón, se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica; ya que en el caso de la mujer, no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia; puesto que, su situación no es asimilable a otros sectores poblaciones, que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad. Ahora bien, la violencia de género, se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad, basada en la distribución de roles sociales que fueron transcendiendo históricamente; lo cual, engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho de violencia, comprende aquella que la mujer sufre en el ámbito doméstico o familiar. Ello, nos demuestra que la violencia hacia las mujeres, y en particular, la violencia en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que adquirió, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades, y que el Estado no puede desatender. Estos aspectos fueron visibilizados en la comunidad internacional; así, la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, establece: “…la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos…”. Asimismo, señala que esta clase de violencia:

…constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto de hombre. Esta Declaración, entiende por violencia contra la mujer, a todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Así los Estados Partes; por una lado, deben identificar los actos que constituyen violencia y su carácter vulnerador de los derechos humanos; y por otro, su procedencia específica de las pautas culturales, en concreto, de la visión patriarcal, que atribuye diferentes características y roles a mujeres y varones, ubicándolos en una jerarquía distinta, en la que el varón ostenta un lugar superior, mientras se perpetúa la condición inferior que se le atribuye a la mujer en la familia, el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad. Estos elementos fueron evidentes para el constituyente boliviano, incidiendo en el reconocimiento de derechos; de modo tal, que la Constitución Política del Estado, contienen en su catálogo de derechos fundamentales, específicamente en el art. 15, la disposición que señala:

El reconocimiento de los derechos a la integridad física, psicológica y sexual; y, a una vida digna, no podría adquirir efectividad en un escenario de violencia; razón por la que, se requiere del Estado, acciones positivas -medidas legislativas, administrativas, entre otras-, que atenúen esta situación, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de los mismos.

Ahora bien, una de las pautas que guían a la justicia constitucional, es el principio de interpretación conforme a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos; por el cual, las normas internas deben ser interpretadas sobre la base no solo del texto constitucional, sino también, de las disposiciones normativas consignadas en los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, a partir de lo dispuesto en los arts. 13 y 256 de la CPE y a la aplicación preferente de los Tratados Internacionales en Derechos Humanos, siempre que el reconocimiento o interpretación que derive de éstos, contenga un estándar de protección más favorable al derecho en cuestión. En ese marco, a continuación se anotarán algunos de los estándares más importantes, aplicables al caso, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y las obligaciones que genera para el Estado: i) Debida diligencia: El Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), supervisa el cumplimiento de las normas contenidas en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la cual, se constituye en el instrumento jurídico internacional del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, que significó un importante avance en el reconocimiento de la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres. El CEDAW, emitió la Recomendación General 19 de 29 de enero de 1992 -sobre La Violencia Contra la Mujer-; la cual, afirma que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación, que impide gravemente que ésta, goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre; y que dicha violencia, conlleva responsabilidad estatal, no solamente por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres, y cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas.

El mismo CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el Acceso de las Mujeres a la Justicia, encomendó a los Estados a ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar.

Por su parte, en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), en su art. 7, establece, entre otras, las obligaciones de los Estados de:

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (…) [las negrillas son añadidas].

Asimismo, el Estado boliviano al ratificar la Convención de Belém do Pará, mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994; por ende, asume la norma de la debida diligencia; en ese sentido, la violencia hacia la mujer es un asunto que compromete y responsabiliza al mismo, que está obligado a realizar acciones -legislativas, administrativas y judiciales-para prevenir, intervenir, erradicar y sancionar los diferentes tipos de violencia ejercidos contra la mujer, entre ellos, la violencia en la familia. Para ello y como punto de partida, se dejó atrás aquella postura pasiva, en la cual, se sostenía que por principio, todas las cuestiones relativas a la familia formaban parte de la esfera privada de sus integrantes, y por lo tanto, estaban exentas de toda intromisión estatal. En Bolivia, esta problemática inicialmente fue abordada desde la perspectiva privada, a partir de la promulgación de la Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica -Ley 1674 de 15 de diciembre de 1995-. Posteriormente, a través de la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, dada la gravedad e intensidad de la violencia contra la mujer, se visibiliza a la misma como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, en el marco de lo dispuesto en su art. 3.I, que tiene el siguiente texto: “El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género”.

La declaratoria de prioridad nacional, implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones internacionales, define como tareas específicas coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres, tanto en el nivel central como con las entidades territoriales autónomas (ETA). Rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones, que revelan sesgos de género, que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad. ii) Protección a las víctimas: El CEDAW, en la referida Recomendación General 19, señala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de agresión contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos, para que apliquen la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.

Por otra parte, la Convención de Belém do Pará, en el art. 7.d. y f. establece que los Estados tienen el deber de:

medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; (…) [las negrillas son nuestras]. iii) Sensibilidad de la justicia por temas de género -perspectiva de género-: El mencionado CEDAW, en la citada Recomendación General 33, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; asimismo, hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia; y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso.

En el mismo sentido, la Convención de Belém do Pará, en su art. 8, establece que los Estados Partes deben adoptar, entre otras, medidas específicas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, para contrarrestar prejuicios, costumbres y todo tipo de prácticas, que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer, que legitimizan o exacerban la violencia contra la misma; así, como para fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal, a cuyo cargo esté la concreción de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer. En el marco de lo anotado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Gonzáles y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, en la Sentencia de 16 de noviembre de 2009, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, estableció que debían removerse todos los obstáculos de jure o de facto -de derecho y hecho-que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales; además, que debía incluirse una perspectiva de género en la investigación. Por ende, en los procesos penales, la perspectiva de género debe ser adoptada desde el inicio de la etapa preparatoria, tanto en el control jurisdiccional como en la fase de la investigación. iv) Reparación integral a la víctima: El CEDAW, también recomienda a los Estados Partes, establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos; atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos, que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-.

Por su parte, la Convención de Belém do Pará, señala en su art. 7.g, la obligación para los Estados de establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia, tenga acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. Por tanto, la protección que otorgan los Estados, a través de este instrumento internacional, se extiende a los distintos momentos en los que se identifiquen indicios de violencia que afecta el ejercicio de los derechos de las mujeres, pero va más allá, ya que la simple sanción al agresor no resulta suficiente; pues lo que se busca, es la reparación y compensación justa del daño causado, superando la naturaleza sancionadora del hecho de violencia, encaminándose hacia un enfoque integral para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. Todo lo cual, representa la obligación de los Estados de adecuar sus estructuras orgánicas, procesos y procedimientos; y, de armonizarlos con la Convención de Belém do Pará; lo cual, aconteció con la Ley 348 en el caso boliviano, conforme se analizará en el punto siguiente.

III.1.3. Las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género

Los estándares anotados en el anterior Fundamento Jurídico, deben guiar la actuación de las y los servidores públicos de las diferentes instituciones y órganos del Estado, siendo necesario resaltar al estándar de la debida diligencia; pues, se generaron normas de desarrollo internas, contenidas en la Ley 348, que deben ser aplicadas de manera exclusiva en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género. Así, la Ley 348, en el Título IV sobre Persecución y Sanción Penal, en el Capítulo I, hace referencia a la denuncia, estableciendo específicamente en su art. 45, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellas:

ARTÍCULO 45. (GARANTÍAS). Para asegurar el ejercicio de todos sus derechos y su efectiva protección, el Estado garantizará a toda mujer en situación de violencia: (…) 3. El acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de las autoridades ordinarias o indígena originario campesinas y afrobolivianas. (...) 7. La protección de su dignidad e integridad, evitando la revictimización y maltrato que pudiera recibir de cualquier persona responsable de su atención, tratamiento o de la investigación del hecho. 8. La averiguación de la verdad, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia. (…) [las negrillas son añadidas].

La misma Ley 348, en el Capítulo II sobre las Investigaciones -del mismo Título I-, en su art. 59, dispone que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante; norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razón género dentro del ámbito público y no privado; por ello, aun la víctima desista o abandone la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) o del Ministerio Público; pues, dichas afirmaciones vulneran no solo la norma expresa contenida en el citado art. 59 de la Ley 348, sino también, el principio de la debida diligencia; la obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres; y, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. De igual modo, en el Capítulo III sobre Persecución Penal -del referido Título I-, específicamente en el art. 61 de la Ley 348, se determina que además de las atribuciones comunes establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones, entre otras, las siguientes medidas:

1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito. 2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad. 3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. En caso de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios del Sistema de Atención Integral de su jurisdicción (el resaltado es agregado). Por otra parte, en el Título V sobre Legislación Penal, en el Capítulo III, específicamente en el art. 86 de la Ley 348, se establecen los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que:

ARTÍCULO 86. (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales: 1. Gratuidad. Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortes, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas. 2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento. 3. Oralidad. Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres deberán ser orales. 4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad. 5. Publicidad. Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres serán de conocimiento público, resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima. 6. Inmediatez y continuidad. Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si no es posible, continuará durante el menor número de días consecutivos. 7. Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia. 8. Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial y no solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimización. 9. Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables. 10. Excusa. Podrá solicitarse la excusa del juez, vocal o magistrado que tenga antecedentes de violencia, debiendo remitirse el caso inmediatamente al juzgado o tribunal competente. 11. Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. 12. Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público. 13. Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas. 14. Confidencialidad. Los órganos receptores de la denuncia, los funcionarios de las unidades de atención y tratamiento, los tribunales competentes y otros deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideración, salvo que la propia mujer solicite la total o parcial publicidad. Deberá informarse previa y oportunamente a la mujer sobre la posibilidad de hacer uso de este derecho. 15. Reparación. Es la indemnización por el daño material e inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que haya sufrido violencia (el resaltado es nuestro). En el mismo Capítulo III -del referido Título V-, respecto a las directrices de procedimiento, en el art. 87.4 de la referida Ley 348, se dispone que en todos los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos (IOC), se aplicarán, entre otras, la siguiente directriz: “Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres” (el resaltado es nuestro). Esta obligación se complementa con lo previsto en el art. 90 de la Ley 348, que determina que todos los delitos contemplados en el referido cuerpo normativo, son de acción pública; de ahí, el deber no solo de perseguir de oficio, sino también, de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de los hechos de violencia hacia las mujeres; obligación, que se refuerza con lo previsto por el art. 94 de dicha Ley 348, que con el nombre de Responsabilidad del Ministerio Público, señala que:

Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios gratuitos de los Servicios Integrales de Atención. La o el Fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer por su situación de riesgo (las negrillas son añadidas). De lo anotado, se concluye que en el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la misma, la prohibición de revictimización y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima. Además, cabe señalar, que en la adopción de medidas cautelares, se debe privilegiar la protección y seguridad de la mujer durante la investigación; entendimiento que ya fue plasmado en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, que al momento de establecer los criterios de peligro para la víctima, contenidos en el art. 234.10 del CPP, señaló en su Fundamento Jurídico III.2, que:

a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante;

III.1.4. El enfoque integral del problema jurídico en casos de violencia en razón de género en las acciones de defensa

Los principios y garantías procesales a favor de las víctimas mujeres de violencia, que fueron descritos en el anterior Fundamento Jurídico, no solo se aplican a los procesos penales, sino, como manda la misma Ley 348, a todas las causas por hechos de violencia contra las mujeres, en todas las materias; consiguientemente, también en la justicia constitucional; pues, en el marco de lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, es obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; pues en éstos asuntos, aun el peticionante de tutela sea el imputado, corresponderá analizar el contexto del proceso penal, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres; de lo contrario, se cohonestaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano. Entendimiento, que es coherente con el principio de verdad material contemplado en el art. 180.I de la CPE, a partir del cual, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la o el juzgador debe buscar la paz social, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos, encontrando la verdad de los hechos, por encima de mecanismos formales o procesales; con la finalidad que las partes, accedan a una justicia material, eficaz y eficiente. Así, la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, entendió en el Fundamento Jurídico III.3, que el contenido del principio de verdad material:

…implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja, parcialice o distorsione la percepción de los hechos a la persona encarga de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta e irrazonable que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos de aplicar, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal (el resaltado es ilustrativo). El principio de verdad material no solo es predicable respecto a las o los jueces, sino, que como todo principio, se irradia hacia la actividad de las y los diferentes operadores jurídicos, cuyas actuaciones se enmarcan en la debida diligencia, en el marco de los estándares de la Corte IDH y lo previsto expresamente por el art. 86.11 de la Ley 348; según el cual, las decisiones administrativas o judiciales, que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, deben considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. En mérito a lo anotado, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, considera que en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia.

III.2. Los requisitos para la aplicación de la detención preventiva desde una perspectiva de género en delitos de violencia en razón de género

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, reiterada y ampliada por la SCP 0006/2020-S1 de 6 de marzo, asumió el siguiente razonamiento: La detención preventiva es una medida restrictiva de la libertad personal, dispuesta de manera excepcional y provisional por autoridad jurisdiccional competente, mediante resolución fundamentada, sustentada en la necesidad de evitar la fuga del imputado, asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y el cumplimiento de la ley, donde se garantiza la presunción de inocencia. La finalidad de la detención preventiva es netamente instrumental o procesal, para: 1) Asegurar la averiguación de la verdad -arts. 23.I de la CPE; y, 221 y 235 del CPP-; 2) Asegurar el desarrollo del proceso -arts. 23.I de la CPE; y, 221 y 235 del CPP-; 3) Asegurar la aplicación de la ley -art. 221 de CPP-; y, 4) Asegurar la presencia del imputado -art. 234 del CPP-. Ahora bien, para la aplicación de la restricción excepcional del derecho a la libertad personal del imputado, en calidad de detenido preventivo, en nuestro ordenamiento jurídico, se establece que deben concurrir de manera simultánea los dos requisitos previstos en los numerales 1 y 2 del art. 233 del CPP, referidos a la probabilidad de la participación del imputado y los peligros de fuga u obstaculización. El segundo requisito, referido al peligro de fuga y obstaculización, se encuentra contemplado en el numeral 2 del art. 233 del CPP, que refiere: “La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad”, previstos en los art. 234 y 235 del referido Código, que serán analizados a continuación:

III.2.1. Sobre el riesgo procesal de fuga, como peligro efectivo para la víctima o el denunciante en delitos relacionados a violencia contra la mujer -art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal-

Sobre el peligro de fuga, el art. 234 del CPP, dispone que: “Por peligro de fuga se entiende a toda circunstancia que permita sostener fundadamente que el imputado no se someterá al proceso buscando evadir la acción de la justicia”; el mismo artículo, establece que para decidir acerca de la concurrencia de estas circunstancias, debe efectuarse una evaluación integral sobre ellas, entre las que se encuentra, el contenido del numeral 7 -antes 10-, respecto al peligro efectivo para la víctima o el denunciante. Sobre esta circunstancia, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0056/2014 de 3 de enero -que declaró la constitucionalidad del art. 234.10 del CPP-, señaló en el Fundamento Jurídico III.5.3, que:

En definitiva, el peligro relevante en materia penal al que hace referencia la norma demandada, es la posibilidad de que la persona imputada cometa delitos, pero no el riesgo infinitesimal al que se refiere Raña y descrito en el Fundamentos Jurídicos III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sino el riesgo emergente de los antecedentes personales del imputado por haberse probado con anterioridad que cometió un delito, lo que genera una probabilidad adicional de delinquir; más, esa situación es similar a la establecida en el art. 234.8 del CPP, referido a: “La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior”; empero, aunque parecida no es similar, encontrando diferencia puesto que la norma demandada adicionalmente precisa que la situación de peligrosidad sea efectiva, mientras que la del art. 234.8 del CPP, precisa antecedentes criminales reiterados; en ese orden, es también necesario comprender la efectividad de la peligrosidad exigida por la norma demandada. El concepto “efectivo” que se debe adicionar a la peligrosidad para que opere como fundamento de la detención preventiva por peligro de fuga, hace alusión, según el diccionario jurídico que utiliza este Tribunal, a un apeligro existente, real o verdadero, como contraposición a lo pretendido, dudoso, incierto o nominal; es decir a un peligro materialmente verificable, más allá del criterio subjetivo del juez, que puede ser arbitrario, por ello supone la asistencia de elementos materiales comprobables en la situación particular concreta desde la perspectiva de las personas y los hechos, por ello se debe aplicar bajo el principio de la razonabilidad y la proporcionalidad, no encontrando en ello ninguna inconstitucionalidad por afectación del debido proceso o de la presunción de inocencia consagrados constitucionalmente. En consecuencia, el peligro efectivo, encuentra justificación en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubieran sido encontradas culpables de un delito anteriormente, pero no le sindica como culpable del ilícito concreto que se juzga, ni provoca que en la tramitación del proceso sea culpable del presunto delito cometido. Conforme a dicho entendimiento, el peligro efectivo para la víctima o el denunciante debe ser un peligro materialmente verificable, lo que supone la existencia de elementos comprobables respecto a la situación concreta de las víctimas. Así, en el marco de los criterios desarrollados, que consideró la normativa internacional e interna, que hacen hincapié en los casos de violencia sexual, las autoridades judiciales deben tener en cuenta el interés superior de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual; por ello, dentro de un proceso penal, existe un deber ético de quienes integran el sistema de justicia de impedir que la víctima enfrente un proceso judicial que implique una revictimización, pues, ésta ya sufre las afectaciones generadas por el hecho, por ello, en todo proceso penal desde la etapa investigativa, juzgamiento y sanción de esas conductas deben observarse reglas especiales que eviten atentar contra la intimidad o generen circunstancias revictimizantes. Por lo mismo, los administradores de justicia están obligados a resolver los casos con base en criterios diferenciadores de género, con el propósito de prevenir y erradicar toda forma de violencia contra la mujer adolescente, pues, de lo contrario se produciría una revictimización; toda vez que, la respuesta que espera de las autoridades no es satisfactoria y además, llegan a confirmar patrones de desigualdad, discriminación y violencia en contra de esta población. Conforme a lo anotado, en el marco de las normas internacionales e internas glosadas en el Fundamento Jurídico III.2, y desde una perspectiva de género, en los casos de violencia contra niñas o adolescentes mujeres, corresponderá que la autoridad fiscal y judicial, al analizar la aplicación de las medidas cautelares, considere la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentra la víctima respecto al imputado, teniendo en cuenta las características del delito cuya autoría se atribuye al imputado y la conducta exteriorizada por éste, en contra de las o los mismos, antes y con posterioridad a la comisión al delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración los derechos tanto de la víctima como del denunciante. Entonces, tratándose de delitos de abuso sexual a niñas, niños y adolescentes, deberá considerarse la especial vulnerabilidad de esas víctimas; pues, esas circunstancias exigen medidas de protección inmediata y preferenciales para la atención integral a las víctimas que exigen medidas específicas en el proceso penal, orientadas a generar una respuesta institucional especializada para evitar la revictimización de la niña o adolescente. En ese sentido, las autoridades judiciales, al considerar la aplicación de medidas cautelares o su modificación, deben tomar en cuenta los derechos de la víctima, evitando probables hostigamiento, amenazas o atentados en su contra o de su familia; así, la medida que se le imponga o modifique otra, respecto al imputado a quien se le atribuye una agresión sexual contra niñas o adolescentes, debe velar por la protección de esa víctima, de tal modo que, la medida a imponerse no se oponga o desnaturalice la protección que el Estado debe brindar a las mujeres víctimas de violencia. La SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, precisó que considerando las normas internacionales e internas, en especial sobre las medidas de protección a la mujer víctima de violencia, a las que está obligado el Estado boliviano; y, las autoridades fiscales y judiciales deben considerar que:

a) En los casos de violencia contra niñas o adolescentes y mujeres en general, corresponde que la autoridad fiscal o judicial, al analizar la aplicación de medidas cautelares, considere la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así, como las características del delito cuya autoría se le atribuye y la conducta exteriorizada por éste en contra de las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta ha puesto y pone en evidente riesgo de vulneración los derechos tanto de la víctima como del denunciante; y, b) En casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.10 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ésta -y no el imputado- la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos. Asimismo, conforme lo dispone el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, -Ley 1173 de 8 de mayo de 2019-, se modificó únicamente el numeral 10 por el numeral 7 del art. 234 del CPP, empero no, su contenido, cuya redacción fue declarada constitucional por la SCP 0056/2014.

III.3. Análisis del caso concreto

El solicitante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, al trabajo, al debido proceso y a la defensa; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Rosa Mamani Miranda en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, la Vocal ahora demandada, mediante Auto de Vista 378/2022 de 30 de mayo, revocó en parte el Auto Interlocutorio 244/2022 de 25 de mayo, que dispuso su detención preventiva; y, manteniendo subsistente el riesgo procesal previsto por el art. 235.2 del CPP, dispuso su detención domiciliaria sin salidas laborales; no obstante, concluida la compulsa correspondiente, conforme el art. 125 del mismo Código, solicitó explicación, complementación y enmienda en atención a que cuenta con una fuente laboral y debe pasar asistencia familiar a favor de la víctima; solicitud que fue negada, encontrándose impedido de trabajar y de cumplir con sus obligaciones.

De la revisión de los antecedentes que cursan en el legajo constitucional, se verifica que el Ministerio Público imputó formalmente al impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; ante la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 del CPP y en relación a los riesgos procesales previstos por los arts. 234.1, 2 y 7; y, 235.2 del CPP, la referida autoridad Fiscal, en atención al principio de proporcionalidad, solicitó se disponga la detención domiciliaria del demandante de tutela por el plazo de cuatro meses (Conclusión II.1).

En audiencia de consideración de medidas cautelares, a través del citado Auto Interlocutorio 244/2022, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, dispuso la aplicación de la detención preventiva en contra del peticionante de tutela, por el plazo de tres meses, ante la concurrencia de la probabilidad de autoría y de los riesgos procesales de fuga y obstaculización insertos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP (Conclusión II.2).

Posteriormente, en mérito a lo dispuesto por el Juez a quo, se interpuso recurso de apelación incidental que fue resuelto por la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, autoridad ahora demandada; quien emitió el Auto de Vista 378/2022 de 30 de mayo, que consideró enervado el peligro de fuga previsto por el art. 234.7 del CPP y subsistente el riesgo de obstaculización inserto en el art. 235.2 del mismo Código; declarando procedente en parte las cuestiones planteadas y en el fondo, revocó el referido Auto Interlocutorio 244/2022; disponiendo revocar la detención preventiva, imponiendo la detención domiciliaria sin salidas laborales; en vía de explicación, complementación y enmienda, el solicitante de tutela señala que en atención a que cuenta con una fuente laboral y debe pagar asistencia familiar a favor de la víctima, se considere lo dispuesto en relación a las salidas laborales; solicitud que fue negada (Conclusión II.3). No obstante, previo a realizar el análisis del supuesto acto lesivo identificado, la jurisdicción constitucional, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos III.1.1 y III.1.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en aplicación del enfoque integral del problema jurídico, debe analizar el origen de la petición del accionante, vinculado al Auto de Vista 378/2022, y, no solo el trámite de la explicación, complementación y enmienda como solicita el ahora accionante; ya que el presente caso, trata sobre hechos de violencia en razón de género, cuya víctima fue una niña menor de edad, que sufrió violencia psicológica y física, conforme el Certificado Médico Forense de 29 de diciembre de 2020 -elemento de prueba considerado en la imputación formal de 25 de mayo de 2022- (fs. 3 a 4); Auto de Vista que, si bien no fue impugnado en su totalidad, debe ser analizado, para determinar si en el proceso penal seguido contra el solicitante de tutela, se respetaron las normas internacionales e internas que protegen a las mujeres víctimas de violencia en razón de género, que fueron resumidas en los Fundamentos Jurídicos III.1.2 y III.1.3 de este fallo constitucional, ya que, si las mismas fueron observadas, se podrá abordar el acto denunciado por el demandante de tutela. Con dicha aclaración y efectuadas las precisiones precedentes, se tiene que el Auto de Vista 378/2022, de 30 de mayo, dispuso -entre otras- la medida cautelar de detención domiciliaria sin salidas laborales; en atención a que, consideró enervado el peligro de fuga previsto por el art. 234.7 del CPP y en el marco del principio de legalidad tomó en cuenta la aplicación de la medida menos gravosa solicitada por el Ministerio Público, conforme a los siguientes fundamentos:

“Que, al respecto se debe tomar en cuenta que para evaluar el peligro para la víctima conforme el Art. 234.7 deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o desventaja en la que se encuentra la víctima frente al imputado, las características del ilícito así como la conducta exteriorizada por el procesado en contra de la víctima antes y con posterioridad a la comisión del delito para determinar si dicho conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración los derechos de la parte víctima En el presente caso si bien la autoridad jurisdiccional invoca las sentencias constitucionales N° 394/2001 asimismo Art. 32 de la ley N° 348, sin embargo, la misma no acredita de manera objetiva respecto a la situación de vulnerabilidad o desventaja en la que se encuentra la víctima frente al imputado características para establecer el peligro en contra de la víctima fundamentos que no tienen la suficiente logicidad jurídica conforme el artículo 124 y 173 de la norma adjetiva penal. Por lo que este tribunal de alzada considera que dicho riesgo procesal se encuentra desvirtuado” (sic). De lo expuesto, se advierte que en el mencionado Auto de Vista 378/2022, la Vocal ahora demandada, estableció que el Juez a quo, si bien consideró la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, las Leyes 348 y 548, así como el bloque de constitucionalidad, el mismo no estableció de manera objetiva la situación de vulnerabilidad o desventaja en la que se encuentra la víctima con relación al imputado -ahora accionante-. Sin embargo, de la revisión del citado Auto Interlocutorio 244/2022 ahora impugnado, se evidencia que el Juez a quo consideró no sólo la jurisprudencia constitucional y las Leyes especiales referidas, sino que la misma señaló que el Ministerio Público ofreció como elementos de convicción, “lo referido por la menor víctima en la entrevista psicológica, (…) y el certificado médico forense, además la Sentencia Constitucional 394/2018-s2, las leyes 348, 548, el Bloque De Constitucional, la fundamentación de la misma conforme ya sé tiene realizado…” (sic), haciendo referencia al Certificado Médico Forense de 29 de diciembre de 2020 y al Informe de Entrevista Psicológica en Cámara Gesell de 12 de agosto de 2021 -elementos de prueba que respaldan la imputación formal de 25 de mayo de 2022 y que fueron considerados en el mismo Auto Interlocutorio 244/2022- (fs. 3 a 4), los cuales en su tenor e integridad demuestran materialmente el riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP, en cuanto al peligro efectivo para la víctima, ya que esta es una niña de nueve (9) años de edad, que sufrió violencia psicológica y física, con diez (10) días de incapacidad médico legal; situación que pone de manifiesto que, el fundamento vertido y la decisión tomada por el Juez a quo, se enmarcó en el principio de verdad material previsto por el art. 180.I de la CPE y en los lineamientos establecidos en los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.2.1 del presente fallo constitucional, los cuales establecen que el peligro efectivo para la víctima en los casos de violencia contra niñas o adolescentes mujeres, debe considerar la situación de vulnerabilidad o desventaja en que se encuentra la victima respecto al imputado, así como las características del delito y la conducta exteriorizada por el imputado -ahora accionante- antes y después de la comisión del hecho delictivo, para determinar si su conducta puso y pone en riesgo de vulneración los derechos de la víctima, con la finalidad de evitar probables amenazas o atentados en su contra o de su familia. Al respecto, es preciso señalar que el principio de verdad material que irradia al sistema de administración de justicia, debe ser considerado por los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus actuaciones, aplicando la debida diligencia y los criterios diferenciadores de género, en los casos de violencia contra niñas o adolescentes mujeres, en el marco de los estándares de la Corte IDH y lo previsto expresamente por el art. 86.11 de la Ley 348; según el cual, las decisiones administrativas o judiciales, que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, deben considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. Por lo expuesto, en el marco del análisis efectuado, se advierte que el Auto de Vista 378/2022, de 30 de mayo -ahora impugnado-, en el análisis de la apelación incidental en contra del Auto Interlocutorio 244/2022, de 25 de mayo, sobre el riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP, no consideró los elementos de pruebas aportados por el Ministerio Público en cuanto a la situación de vulnerabilidad o desventaja en la que se encuentra la víctima frente al imputado, las características del delito y la conducta exteriorizada por éste, antes y después de la comisión del delito; es decir, no consideró el Certificado Médico Forense de 29 de diciembre de 2020, que dispone una incapacidad de diez días, ni el Informe de Entrevista Psicológica en Cámara Gesell de 12 de agosto de 2021, que demuestran que la víctima es una niña de nueve años de edad, que sufrió violencia psicológica y física por parte de su agresor en su condición de progenitor; en ese entendido, la Vocal ahora demandada, actuando en el marco de sus atribuciones y los estándares internacionales e internos de protección a las niñas o adolescentes mujeres víctimas de violencia, debió resolver el caso aplicando la perspectiva de género y el enfoque integral del problema jurídico, en la consideración de la apelación incidental planteada por el peticionante de tutela; más aún si la debida diligencia como obligación internacional de nuestro Estado para procesar y sancionar los hechos de violencia contra la mujer, obliga a los Jueces y Tribunales, a mejorar la sensibilidad del sistema de justicia en las cuestiones de género, con el propósito de lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y de hecho-, lo cual es posible aplicando la perspectiva de género en todos los procesos sobre violencia en razón de género, con la finalidad de garantizar a las mujeres, niñas y adolescentes una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para vivir bien; dado que de lo contrario se podría producir su revictimización. Por ello, al haberse verificado que el referido Auto de Vista 378/2022, incumple la debida diligencia como obligación internacional de nuestro Estado para procesar y sancionar los hechos de violencia contra la mujer y vulnera de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia; el mismo debe ser anulado, a efecto que se pronuncie una nueva resolución en el marco de los estándares internacionales e internos desarrollados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional; en ese entendido, no es posible emitir criterio alguno sobre el acto lesivo denunciado por el ahora accionante, respecto al trámite de explicación, complementación y enmienda, ya que dicha supuesta vulneración, está condicionada al referido Auto de Vista que infringe la debida diligencia; por lo que, se debe denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/2022 de 1 de junio, cursante de fs. 64 a 65 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada por el accionante, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Anular el Auto de Vista 378/2022 de 30 de mayo, pronunciado por la Vocal ahora demandada, dentro del proceso penal seguido contra el impetrante de tutela, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; y, 3° Disponer que la Vocal ahora demandada, pronuncie una nueva resolución en el marco de los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

fundamental (las negrillas son incorporadas).

2 Entendimiento asumido de la Sentencia C-277/98, emitida por la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia.

3 Preámbulo de la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas <https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas>, a través de la Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993. Disponible en: <https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx>

I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual (…) II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad; III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…) tanto en el ámbito público como privado (…) [el resaltado es adicionado].

4 Ibídem.

5 Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su Resolución 34/180 de 18 de diciembre de 1979.

d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; (…) f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros,

6 El principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al formal, se vincula con el principio de verdad material, conforme lo entendió la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, al sostener en el FJ III.3, que: “…el principio de verdad material consagrado por la propia Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado por el art. 1 de la CPE, por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez”.

7 QUISPE PUMA, Roberto, Detención Preventiva. Sucre-Bolivia, pág. 29.

8 Ibídem, pág. 89

9 Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0561_2024-S1.pdf · páginas 1 a 31.

Huella digital del PDF (SHA-256): a8c0bd5c73788ee0edef7c7b867c14c29ab45652119ec6e24fee3fbeec890af6

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