Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 28 de mayo de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba y a la defensa; a los principios de prevalencia del derecho sustancial sobre lo formal y la verdad material; puesto que, los Vocales ahora accionados emitieron el Auto de Vista SCCI 35/2023 de 3 de febrero, confirmando el Auto 346/2022 de 17 de noviembre, incurriendo en los siguientes actos arbitrarios: i) No tomaron en cuenta que cuando se emiten decisiones judiciales con vulneración de derechos fundamentales no existe cosa juzgada, ni pueden causar estado; ii) No consideraron las pruebas documentales que adjuntó al incidente de nulidad de obrados así como los que cursan en el expediente, acreditando su derecho propietario y la posesión efectiva que tiene sobre el bien inmueble objeto de la litis; iii) No realizaron una suficiente y debida fundamentación y motivación conforme la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad sobre la citación con las demandas civiles vinculadas a la prevalencia del derecho sustancial sobre lo formal y la verdad material; ya que, el acto arbitrario estaría en el numeral 3 del Considerando IV del Auto de Vista SCCI 35/2023, en la que sin compulsar las pruebas que acreditan su derecho propietario sobre el terreno registrado en la Oficina de DD.RR. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:
REVOCAR en parte la Resolución 059/2023-SCII de 22 de mayo, cursante de fs. 234 a 236 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -con la intervención de la Vocal de su similar Primera-; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada en cuanto al derecho al debido proceso en sus elementos de motivación vinculada a la prevalencia del derecho substancial y la verdad material y congruencia en su dimensión externa, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista SCCI 35/2023 de 3 de febrero, debiendo los Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca emitir un nuevo auto de vista debidamente motivado y con la congruencia debida, y en función de ello, determinar si corresponde la nulidad de obrados, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada en relación con el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, congruencia en su dimensión interna, valoración de la prueba y a la defensa, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0560/2025-S1 Sucre, 28 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 55207-2023-111-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 059/2023-SCII de 22 de mayo, cursante de fs. 234 a 236 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Rafael Tarqui Reynaga contra Roberto Iborg Valdiviezo Salazar y Julio Cesar Sandi Ustarez, Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.
El accionante por memorial presentado el 13 de abril de 2023, cursante de fs. 167 a 181, manifestó lo siguiente:
En el proceso ordinario de reivindicación iniciado por Iván Ramiro Camacho Bustillo y Pedro Luis Vargas Bustillo -ahora terceros interesados- contra personas desconocidas en el Juzgado Público Civil y Comercial Décimo de la Capital del departamento de Chuquisaca, el 11 de “mayo” de 2022, presentaron incidente de nulidad de obrados por la indebida citación con la demanda. Acreditando su derecho propietario e interés legítimo mediante el Testimonio de Propiedad 340/2018 de 20 de agosto, registrado en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.) bajo la matrícula computarizada “10.11.99.0082003” de un bien inmueble de 407 m ubicado en la urbanización Tucsupaya “La Baja” de la ciudad de Sucre, estando en posesión del predio desde hace varios años atrás; además de identificar una serie de irregularidades en la tramitación del proceso ordinario, observando los siguientes aspectos: a) Los demandantes -hoy terceros interesados- invocando tener derecho de propiedad sobre el bien inmueble que posee plantearon la referida demanda dirigiendo desatinadamente contra personas desconocidas, si bien la Jueza de la causa mediante decreto de 20 de octubre de 2021, solicitó se aclare la legitimación pasiva, otorgando un plazo para que subsane; los demandantes -ahora terceros interesados-, por memorial de 25 de dicho mes y año, expresamente solicitaron: “…que la citación con la demanda que nos ocupa se realice en el inmueble lote de terreno de propiedad de mis poderconferentes, sito en barrio LOS TARCOS, zona TUCSUPAYA BAJ, entre las calles PARAISO esquina los LAPACHOS sin número” (sic), que es el lugar donde se encuentra en posesión a título de propietario, protestando incluso trasladar al Oficial de Diligencias; en ese orden, la Jueza de primera instancia emitió el Auto de 3 de noviembre de 2021, admitiendo la demanda -ordinaria de reivindicación- contra personas desconocidas, ordenando la citación mediante edictos; b) Con esas irregularidades, se tramitó el proceso ordinario dictándose la Sentencia 120/2022 de “16” de agosto, con infracciones procesales de orden público que afectó sus derechos fundamentales; ya que, no tuvo conocimiento de la indicada demanda, de la cual recién se anotició cuando pegaron en la puerta del bien inmueble una cédula judicial con el Auto de 16 de septiembre de 2022, señalando: “…a personas desconocidas que pudieran estar ocupando el inmueble objeto del proceso, para que desocupen dentro de los diez días a su legal notificación, bajo advertencia de librarse mandamiento de desapoderamiento” (sic), de manera que no se le permitió defenderse adecuadamente, incumpliendo la juzgadora el art. 25.3 del Código Procesal Civil (CPC), no siendo citados los demandados en la forma solicitada por los actores, si bien la Jueza de la causa designó al abogado José Luis Barra como Defensor de Oficio a cargo quien tampoco asumió una verdadera defensa, no asistió a las audiencias, menos hizo seguimiento de la causa hasta su conclusión, conculcándose así su derecho al debido proceso y a la defensa; y, c) Al haberse dispuesto indebidamente la citación mediante edictos pese a la petición expresa de los demandantes -ahora terceros interesados- de que se cite por cédula en el bien inmueble de la litis, que se encuentra en posesión como propietario. La Sentencia -120/2022- emitida en esas condiciones no podía adquirir la calidad de cosa juzgada por vulnerar derechos fundamentales conforme la jurisprudencia constitucional y ordinaria como el Auto Supremo 726 de 26 de noviembre de 2004; por lo que, denunció la infracción de normas procesales de orden público; empero, también la grosera vulneración de derechos fundamentales como el debido proceso y la defensa garantizados por los arts. 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE), solicitando se anule hasta fojas 34 de obrados para que se ordene la citación en el bien inmueble objeto de la litis que posee a título propietario en la forma pedida por la parte actora, asumiendo su defensa en forma adecuada. En ese orden, la Juez de primera instancia emitió el Auto 346/2022 de 17 de noviembre, con criterios formalistas y restrictivos a sus derechos indicando que no se le provocó indefensión por el simple hecho de haberse nombrado defensor de oficio, declarando improbado el incidente de nulidad de obrados. Contra esa determinación el 24 de igual mes de 2022, planteó recurso de reposición con alternativa de apelación, que fue resuelta por los Vocales ahora accionados mediante el Auto de Vista SCCI 35/2023 de 3 de febrero, confirmando el Auto 346/2022, incurriendo en los siguientes actos arbitrarios: 1) No tomaron en cuenta que cuando se emiten decisiones judiciales con vulneración de derechos fundamentales no existe cosa juzgada, ni pueden causar estado; 2) No consideraron las pruebas documentales que adjuntó al incidente -se entiende de nulidad de obrados- así como los que cursan en el expediente, acreditando su derecho propietario y la posesión efectiva que tiene sobre el bien inmueble objeto de la litis; 3) No realizaron una suficiente y debida fundamentación y motivación conforme la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad sobre la citación con las demandas civiles vinculadas a la prevalencia del derecho sustancial sobre lo formal y la verdad material; ya que, el acto arbitrario estaría en el numeral 3 del Considerando IV del Auto de Vista SCCI 35/2023, en la que sin compulsar las pruebas que acreditan su derecho propietario así como lo reconoció el propio demandante se encuentra en posesión del terreno, los Vocales hoy accionados con criterios formalistas y restrictivos concluyeron que ese bien inmueble no constituye el domicilio real de los demandados, razón por la cual no podía practicarse la citación por cédula; además de que no existe certificación domiciliaria, siendo correcta la apreciación de la Jueza de primera instancia al disponer la citación por edictos a personas desconocidas, cuando no se podría ejecutar la Sentencia 120/2022, emitida sin haber sido oído y escuchado con las garantías mínimas del derecho al debido proceso, en ese sentido existe falta de fundamentación y motivación, vale decir la argumentación que permite conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad judicial para tomar su decisión; 4) Incurrieron en incongruencia entre la premisa fáctica planteada con la premisa normativa aplicada; existiendo incoherencia interna; puesto que, los Vocales ahora accionados sin mayor motivación y valoración de las pruebas que adjuntó al incidente de nulidad de obrados establecieron que: “…si bien la parte actora solicita que se cite a los demandados personas desconocidas en el inmueble que solicita la reivindicación; sin embargo, dicho bien no se constituye en el domicilio real de los demandados al no haberse acreditado ese extremo…” (sic), concluyendo que resulta correcta la apreciación hecha por la Jueza de primera instancia al haber dispuesto la citación mediante edictos al tratarse hasta entonces de personas desconocidas, respecto a quienes los edictos cumplieron su finalidad, con la publicación de la demanda en un medio de circulación nacional; por lo que, la citación cedularia era la única forma de conocer el proceso; por lo que, de haberse procedido conforme lo pedido por los demandantes -hoy terceros interesados, pudo haber tomado conocimiento y defenderse en el proceso. También denunció que en el Auto de Vista SCCI 35/2023, incurrieron en incongruencia externa; ya que, en el incidente de nulidad de obrados reclamó que bajo los principios de dirección e igualdad en el proceso, la citación debió practicarse conforme lo pedido por los demandantes -hoy terceros interesados-mediante cédula, a efectos de tener conocimiento efectivo de la tramitación del proceso civil; por ello, solicitó al Tribunal de apelación, remediar las infracciones cometidas en observancia del art. 17 de la Ley del Órgano judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-; empero, los Vocales ahora accionados salieron con criterios formalistas al indicar que el bien inmueble no es el domicilio real de los demandados quienes tampoco acreditaron ese extremo, menos se adjuntó certificación domiciliaria que informe acerca de las personas que residen en dicho bien, siendo correcta la apreciación de la Jueza de la causa al disponer la citación por edictos; en ese sentido, los Vocales hoy accionados omitieron pronunciarse sobre dos aspectos: no existe explicación ni justificación alguna sea positivo o negativo sobre el reclamo de la citación por cédula conforme al art. 75 del CPC, tampoco se pronunciaron sobre las graves irregularidades y vulneraciones a los derechos al debido proceso y a la defensa conforme lo dispuesto por el art. 17 de la LOJ; 5) Omitieron realizar el control de oficio a los actos del inferior, conforme la SCP 0745/2016-S3 de 29 de junio y el art. 17.I de la LOJ; 6) Omitieron realizar el control de convencionalidad que requiere el caso con la finalidad de garantizar los derechos de manera efectiva; 7) Incumplieron los parámetros exigidos por la SCP 0100/2013 -sin fecha- y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el deber de la debida motivación; y, 8) Omitieron resolver el caso concreto a la luz de los principios de constitucionalidad, verdad material, y prevalencia del derecho sustancial sobre lo formal.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba y a la defensa; a los principios de prevalencia del derecho sustancial sobre lo formal y la verdad material; citando al efecto los arts. 8.II, 13.I, 115.II, 119.II y 180.I de la CPE; y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia se deje sin efecto el Auto de Vista SCCI 35/2023 de 3 de febrero, ordenando a los Vocales ahora accionados emitir un nuevo auto de vista debidamente motivado y fundamentado en sujeción a la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad, cumpliendo con la labor fiscalizadora de revisión de oficio ante la vulneración de derechos fundamentales, determinando la nulidad de obrados que corresponda.
Celebrada la audiencia virtual el 22 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 224 a 233, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.
Roberto Iborg Valdiviezo Salazar y Julio Cesar Sandi Ustarez, Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, no asistieron a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, ni remitieron informe alguno pese a sus citaciones cursantes a fs. 190.
Iván Ramiro Camacho Bustillo y Pedro Luis Vargas Bustillo, por memorial presentado el 4 de mayo de 2023, cursante de fs. 216 a 219 vta., manifestaron que: i) El Auto de Vista SCCI 35/2023, fue emitido por los Vocales ahora accionados, en virtud al recurso de reposición bajo alternativa de apelación presentado por el accionante contra el Auto Interlocutorio 346/2022, emitido por la Jueza Pública Civil y Comercial Décima de la Capital del departamento de Chuquisaca, declarando improbado el incidente de nulidad de obrados por la indebida citación con la demanda, mismo que fue confirmado con el criterio de que la Jueza de primera instancia aplicó de manera correcta lo previsto por el art. 78.II del CPC; puesto que, no podía citarse a los demandados desconocidos en el bien inmueble que pretendía reivindicarse; ya que, la misma no constituye domicilio real de los demandados; puesto que, con el informe pericial, se demostró que en ese lote de terreno no existe una vivienda sino solamente la construcción de un muro perimetral y un ambiente de media agua que no cuenta con las condiciones de habitabilidad al no tener ni puerta; ii) El incidente de nulidad de obrados se sustenta en el hecho de que el accionante no fue citado de manera legal para asumir defensa en el proceso; por lo que, debió ser citado mediante cédula en el bien inmueble que posee y no a través de publicación de edictos, lo que hubiese generado la vulneración de sus derechos a la defensa y al debido proceso; iii) Serian los únicos y legítimos propietarios del bien inmueble objeto del litigio, presentando como base de la demanda de reivindicación documentos de propiedad como el Testimonio de compraventa, el folio real, el formulario de línea y nivel, el pago de impuestos anuales a la propiedad, recibos emitidos por la Junta de Vecinos y otros documentos que demuestran que poseen el predio desde el 9 de marzo de 1992, conforme al Testimonio 295/92 de 18 de marzo de 1992; iv) El 2004 construyeron cimientos perimetrales; ya que, concurrían de forma permanente al lote de terreno; empero, el 2020 y 2021, pudieron advertir la existencia de un sobrecimiento, luego la ejecución de un muro perimetral; por lo que, tuvieron que averiguar quién sería el autor de esas construcciones, encontrando en una ocasión a un albañil en el lote, quien se negó a dar información sobre quienes hubiesen ordenado esa construcción de muro y la colocación de la puerta de un garaje, razón por la que interpusieron la demanda de reivindicación contra personas desconocidas; v) Al no tener la identidad de las personas que hubiesen irrumpido en su propiedad, solicitaron que la citación se realice por edictos conforme lo previsto por el art. 78.II del CPC, plasmado en el Otrosí 2 del memorial de demanda; por lo que, la afirmación de que hubiesen solicitado que dicho acto procesal se cumpla mediante cédula no resulta evidente; por cuanto, una persona desconocida o indeterminada como sujeto pasivo de una demanda, no puede ser citado a través de una cédula judicial de acuerdo al art. 75.II del citado Código; puesto que, dicha comunicación procesal solamente puede ser practicada cuando se sabe con precisión la identidad de la parte que debe ser citada y que no pudo ser encontrado de manera personal, lo cual no se presenta en el caso concreto, en ese sentido la Jueza de la causa dando cumplimiento a lo dispuesto por el art. 78.II del CPC, señala que: “…cuando se trata de persona desconocidas o indeterminadas o cuyo domicilio no pudiera establecerse…” (sic), de modo que cumplió con la formalidad exigida por el citado precepto legal, publicándose los edictos de prensa; vi) Es así que cumplidas con las dos publicaciones mediante Correo del Sur -medio de presa escrita-, la Jueza de primera instancia emitió el Auto de 27 de enero de 2022, dando por cumplida las formalidades y designó al Defensor de Oficio -José Luis Barra- para que asuma defensa y represente a los demandados desconocidos, quien contestó la demanda y participó en todos los actos procesales; y, vii) El incidente de nulidad de obrados que formuló el accionante no cumple con los principios que rigen las nulidades procesales como el principio de especificidad o legalidad; puesto que, no existe norma legal alguna que señale que las personas desconocidas o indeterminadas o cuyo domicilio no puede ser establecido, deban ser citadas a través de cédula judicial bajo pena de nulidad; ya que, en estos casos más bien se debe cumplir con el art. 78.II del CPC; por lo que, ningún acto puede ser declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley. De igual forma no se cumple con el principio de trascendencia; por cuanto, no existió ninguna vulneración del derecho a la defensa; puesto que, fue citado a través de edictos en su condición de persona desconocida o indeterminada y fue defendido en el proceso judicial por el defensor de oficio designado.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -con la intervención de la Vocal de su similar Primera-, mediante Resolución 059/2023-SCII de 22 de mayo, cursante de fs. 234 a 236 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) El accionante denunció que el Auto de Vista SCCI 35/2023, incurre en incongruencia externa por dos razones: 1) No se resolvió de manera fundada el por qué no se realizó la citación mediante cédula conforme lo dispuesto por los arts. 75 y ss. del CPC, siendo el medio más eficaz y adecuado para tomar conocimiento de la demanda y asumir defensa, más aun cuando los demandantes -ahora terceros interesados- solicitaron que se proceda con la notificación cedularía en el bien inmueble objeto de la litis; y, 2) No se procedió con la revisión de oficio que manda el art. 17 de la LOJ para fiscalizar las labores del inferior y de ese modo evidenciar las irregularidades denunciadas; b) Respecto a primer cuestionamiento, se advierte que el citado Auto de Vista contiene un análisis y explicación en razón de que las personas demandadas eran desconocidas; por ello, no resultaba viable realizar la citación mediante cédula; ya que, se necesitaba tener conocimiento del domicilio y la identificación de las personas a quienes se iba a citar mediante cédula, concluyendo que lo dispuesto por la Jueza de primera instancia era razonable al determinar que la citación sea por edictos y no por cédula como solicitaron los demandantes -hoy terceros interesados-; además, el incidentista -accionante- no acreditó que se encontraba habitando el predio objeto de la litis; c) Con relación al segundo cuestionamiento, referido a la omisión de realizar la labor de fiscalización y el control de todos los actuados del inferior, sabiendo que el Tribunal de alzada se encontraba facultado para revisar lo obrado por la Jueza de la causa, en este caso lo realizado en la tramitación del incidente de nulidad de obrados, la labor de fiscalización de oficio no sería una facultad ilimitada sino que solamente permite analizar los errores de procedimiento; empero, el accionante no identificó cuales fueron las irregularidades cometidas en la tramitación del incidente de nulidad de obrados y su relevancia constitucional para que puedan ser considerados; d) En cuanto a la incongruencia interna se alegó que el Tribunal de alzada aplicó lo dispuesto por el art. 78.II del CPC, lo cual no tendría coherencia con los hechos de la premisa fáctica planteado en el incidente de nulidad de obrados; ya que, la citación por cédula le hubiese permitido conocer el proceso y asumir defensa; no obstante, se pudo advertir que la invocación del citado artículo, fue para explicar las razones por las que no resultaba viable la citación mediante cédula; debido a que, tiene presupuestos establecidos en los arts. 75 y 76 del CPC que señala que se debe establecer el nombre y apellido de las personas que serán citadas, bajo pena de nulidad; e) Corresponde analizar la relevancia constitucional de los temas denunciados; ya que, de los antecedentes se advierte que no se conocía la identidad de las personas demandadas; es más, en el marco de lealtad procesal el propio accionante admitió que no vivía en el lugar; empero, que realizaba sembradíos en el predio; no obstante, ninguno de los aspectos mencionados en audiencia -inspección judicial e informe pericial- se evidenció lo expresado acerca de la existencia de sembradíos; por lo que, la presunta incongruencia interna no tiene relevancia constitucional, ni se evidenció la lesión del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; puesto que, no se acreditó la arbitrariedad al resolver esos temas; y, f) Si bien resulta evidente que en el indicado Auto de Vista cuestionado no se alude a la revisión de todo lo obrado por el inferior conforme lo previsto por el art. 17 de la LOJ para constatar las posibles irregularidades que pidieran provocar la indefensión en el trámite del incidente de nulidad de obrados, el accionante no realizó ninguna precisión sobre el tema, solamente reclamó una defectuosa citación con la demanda principal de reivindicación; por lo que, tampoco existe relevancia constitucional con relación a la supuesta omisión en que hubiese incurrido el Tribunal de apelación.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa demanda ordinaria de reivindicación presentada el 13 de octubre de 2021, ante la Jueza Pública Civil y Comercial Décima de la Capital del departamento de Chuquisaca, formulada por Roberto Jorge Berdecio Laguna en representación legal de Iván Ramiro Camacho Bustillo y Pedro Luis Vargas Bustillo -ahora terceros interesados- contra personas desconocidas respecto a un bien inmueble signado como Lote 9, ubicado en la zona de Tucsupaya Baja, Manzano I, con una superficie de 407 m registrado en la Oficina de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 1.01.1.99.0088416, solicitando en el “Otrosí 2”, lo siguiente: “…desconozco cuáles son las generales de ley y el domicilio real que tiene el tercero o los terceros que ocupan el bien inmueble-lote de terreno, es por ello que solicito a Ud. se proceda a la citación de éstos, conforme a lo previsto en el Art. 78, par. II) del Código Procesal Civil” (sic [fs. 25 a 28 vta.]). Mediante Auto de 3 de noviembre de dicho año, la citada Jueza admitió la demanda ordinaria de reivindicación, disponiendo en el “Otrosí 2": “Cítese, con la demanda, su admisión y demás actuados procesales, a personas desconocidas, para que en el plazo de ley asuman defensa en la presente causa, y sea mediante publicación de edictos, previo juramento de desconocimiento, todo de conformidad con lo previsto por el art. 78.II del Código Procesal Civil, debiendo publicarse el edicto por dos veces…” (sic [fs. 33]); además, a través del decreto de 27 de enero de 2022, la citada Jueza, designó al Abogado José Luis Barra como Defensor de Oficio, para que asuma defensa y represente a los demandados desconocidos citados mediante edictos (fs. 48 vta.). Por memorial de 22 de abril de igual año el nombrado abogado, como Defensor de Oficio contestó a la demanda ordinaria de reivindicación (fs. 51 y vta.). II.2. Cursa Acta de audiencia preliminar del proceso ordinario de 24 de mayo de 2022, celebrada en el Juzgado Público Civil y Comercial Décimo de la Capital del departamento de Chuquisaca (fs. 60 a 62); asimismo, consta Acta de audiencia complementaria del proceso ordinario de 14 de junio de igual año llevada a cabo en dicho Juzgado (fs. 68 vta.). Se adjunta Acta de audiencia complementaria del proceso ordinario de 17 de agosto del indicado año, por la que la Jueza de la causa emitió la Sentencia 120/2022 de dicha fecha, declarando probada la demanda ordinaria, dando lugar a la reivindicación solicitada respecto al bien inmueble situado en el Barrio Los Tarcos, zona Tucsupaya Baja, entre las calles Paraíso esquina los Lapachos, Lote 9, Manzano I, con una superficie de 407 m de la ciudad de Sucre registrado en la Oficina de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 1.01.1.99.0088416 (fs. 91 a 95). Mediante Auto de 5 de septiembre de 2022, la Jueza de primera instancia dio por ejecutoriada la citada Sentencia, disponiendo se proceda a la notificación mediante cédula judicial a pegarse en el mismo bien inmueble objeto de la litis, a personas desconocidas que pudiesen estar ocupando el referido bien inmueble, para que desocupen dentro de dos días de notificada con la señalada Sentencia, bajo advertencia de librarse mandamiento de desapoderamiento (fs. 98). II.3. A través de Auto de 31 de octubre de 2022, emitido por la Jueza Pública Civil y Comercial Décima de la Capital del departamento de Chuquisaca, ordenó se libre mandamiento de desapoderamiento en contra de las personas desconocidas ocupantes, detentadores o moradores del bien inmueble sito en el Barrio Los Tarcos, zona Tucsupaya Baja, entre calles Paraíso esquina los Lapachos, Lote 9, Manzano I, con una superficie de 407 m de la ciudad de Sucre, con facultades expresas de allanamiento, ruptura de candados y seguros, debiendo respetarse en su ejecución las garantías constitucionales de los desapoderados (fs. 113 vta.). II.4. Por memorial presentado el 11 de octubre de 2022, ante la Jueza Pública Civil y Comercial Décima de la Capital del departamento de Chuquisaca, Carlos Rafael Tarqui Reynaga -hoy accionante-, se apersonó al proceso ordinario de reivindicación y planteó incidente de nulidad de obrados por indebida citación con la demanda; puesto que, no se hubiese dado la interpretación y aplicación estricta de las normas pertinentes; por lo que, solicitó se anule la causa hasta el vicio más antiguo, debiendo practicarse la diligencia de citación mediante cédula judicial en el bien inmueble objeto de la litis (fs. 123 a 126). A través de memorial presentado el 10 de noviembre de de dicho año, ante la Jueza de la causa, Roberto Jorge Berdecio Laguna en representación legal de Iván Ramiro Camacho Bustillo y Pedro Luis Vargas Bustillo, ahora terceros interesados, demandantes del proceso ordinario contestaron en forma negativa al referido incidente planteado (fs. 129 a 132 vta.). II.5. Cursa Auto 346/2022 de 17 de noviembre, emitido por la Jueza Pública Civil y Comercial Décima de la Capital del departamento de Chuquisaca, declarando improbado el incidente de nulidad de obrados por indebida citación con la demanda (fs. 133 a 135 vta.). Por memorial de 24 de igual mes de 2022, presentado ante la Jueza de la causa, el accionante formuló el recurso de reposición con alternativa de apelación contra el citado Auto que rechazó el incidente de nulidad de obrados (fs. 138 a 140). Mediante Auto de 6 de enero de 2023, la Jueza de primera instancia, resolvió el señalado recurso de reposición manteniendo el Auto 346/2022 y concedió el recurso de apelación alternativa en efecto devolutivo (fs. 146 a 147); asimismo, cursa Auto de Vista SCCI 35/2023 de 3 de febrero, emitido por Roberto Iborg Valdiviezo Salazar y Julio Cesar Sandi Ustarez, Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de dicho departamento -ahora accionados-, confirmando el Auto 346/2022 (fs. 156 a 157 vta.); así también, consta la diligencia de notificación efectuada al accionante de 6 de febrero de 2023 con el citado Auto de Vista (fs. 159).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba y a la defensa; a los principios de prevalencia del derecho sustancial sobre lo formal y la verdad material; puesto que, los Vocales ahora accionados emitieron el Auto de Vista SCCI 35/2023 de 3 de febrero, confirmando el Auto 346/2022 de 17 de noviembre, incurriendo en los siguientes actos arbitrarios: i) No tomaron en cuenta que cuando se emiten decisiones judiciales con vulneración de derechos fundamentales no existe cosa juzgada, ni pueden causar estado; ii) No consideraron las pruebas documentales que adjuntó al incidente de nulidad de obrados así como los que cursan en el expediente, acreditando su derecho propietario y la posesión efectiva que tiene sobre el bien inmueble objeto de la litis; iii) No realizaron una suficiente y debida fundamentación y motivación conforme la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad sobre la citación con las demandas civiles vinculadas a la prevalencia del derecho sustancial sobre lo formal y la verdad material; ya que, el acto arbitrario estaría en el numeral 3 del Considerando IV del Auto de Vista SCCI 35/2023, en la que sin compulsar las pruebas que acreditan su derecho propietario sobre el terreno registrado en la Oficina de DD.RR. y como lo reconoció el propio demandante se encuentra en posesión del terreno; empero, los Vocales hoy accionados con criterios formalistas y restrictivos concluyeron que ese bien inmueble no se constituye en domicilio real de los demandados, ni existe certificación domiciliaria; por lo que, no podría ejecutarse la Sentencia 120/2022 de 17 de agosto sin ser oída en base a las garantías mínimas del derecho al debido proceso, existiendo falta de fundamentación y motivación; iv) Incurrieron en incongruencia entre la premisa fáctica planteada con la premisa normativa aplicada; existiendo incoherencia interna; puesto que, los accionados sin mayor motivación y valoración de las pruebas que adjuntó al incidente de nulidad de obrados establecieron que “…si bien la parte actora solicita que se cite a los demandados personas desconocidas en el inmueble que solicita la reivindicación; sin embargo, dicho bien no se constituye en el domicilio real de los demandados al no haberse acreditado ese extremo…” (sic); ya que, la citación cedularía era la única forma de conocer el proceso, estando en posesión del bien inmueble. También denunció que en el citado Auto de Vista, incurrieron en incongruencia externa; puesto que, bajo los principios de dirección e igualdad, la citación debió practicarse conforme lo pedido por los demandantes mediante cédula, a efectos de tener conocimiento efectivo de la tramitación del proceso; además, el Tribunal de apelación, debió remediar las infracciones cometidas en observancia del art. 17 de la LOJ; empero, salieron con criterios formalistas al indicar que el bien inmueble no es el domicilio real de los demandados quienes tampoco acreditaron ese extremo, tampoco se adjuntó certificación domiciliaria que informe acerca de las personas que residen en dicho bien, siendo correcta la apreciación de la Jueza de primera instancia al haber dispuesto la citación por edictos; en ese sentido, omitieron pronunciarse sobre dos aspectos: no existe explicación ni justificación alguna sea positivo o negativo sobre el reclamo de la citación por cédula conforme el art. 75 del CPC, tampoco se pronunciaron sobre las graves irregularidades y violaciones del derecho al debido proceso y a la defensa y sobre la aplicación del art. 17 de la Ley 025; v) Omitieron realizar el control de oficio a los actos del inferior, conforme la SCP 0745/2016-S3 de 29 de junio y el art. 17.I de la LOJ; vi) Omitieron realizar el control de convencionalidad que requiere el caso con la finalidad de garantizar los derechos de manera efectiva; vii) Incumplieron los parámetros exigidos por la SCP 0100/2013 -sin fecha- y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el deber de la debida motivación; y, viii) Omitieron resolver el caso concreto a la luz de los principios constitucionales de verdad material, y prevalencia del derecho sustancial sobre lo formal. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se desarrollarán los siguientes temas: a) La fundamentación y motivación de las resoluciones: Distinción en la construcción de la premisa normativa y premisa fáctica; y, su exigencia para justificar toda decisión; b) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; y, c) Análisis del caso concreto.
La SCP 0337/2020-S1 de 17 de agosto, sistematizando la jurisprudencia constitucional distinguió entre fundamentación y motivación -SC 1291/2011-R de 26 de septiembre-. Así, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, establece el siguiente razonamiento: “…todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la obligación de la autoridad que lo emite para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué considera que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa. Esta distinción jurisprudencial entre fundamentación y motivación desde la protección del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada -Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 de 8 de noviembre y 0100/2013 de 17 de enero- no sólo visibiliza un uso diferenciado de términos, sino una distinción conceptual que incide en la exigencia de justificación de toda decisión; toda vez que: a) La fundamentación se refiere a la obligación de las autoridades, en especial de las jurisdiccionales, de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en los que se apoye su determinación, así como de justificar la utilización de dichas disposiciones normativas o de interpretarlas de una determinada manera; es decir, consiste en la justificación normativa de la decisión que da por resultado la construcción de la premisa normativa; en cambio; y, b) La motivación hace referencia a la serie de razonamientos lógico-jurídicos que permiten entender, por qué un determinado caso se ajusta a la hipótesis normativa planteada en el mismo, significa que la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión que el acto concreto que se trate, se encuentra por una parte, probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las que considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra, explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal, elementos con los cuales se realiza la justificación fáctica de la decisión y se construye la premisa fáctica” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0769/2024-S1 de 27 de diciembre, con relación a los citados componentes del debido proceso, señala que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho.
Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.
Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que: Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional”.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba y a la defensa; a los principios de prevalencia del derecho sustancial sobre lo formal y la verdad material; puesto que, los Vocales ahora accionados emitieron el Auto de Vista SCCI 35/2023 de 3 de febrero, confirmando el Auto 346/2022 de 17 de noviembre, incurriendo en los siguientes actos arbitrarios: 1) No tomaron en cuenta que cuando se emiten decisiones judiciales con vulneración de derechos fundamentales no existe cosa juzgada, ni pueden causar estado; 2) No consideraron las pruebas documentales que adjuntó al incidente de nulidad de obrados así como los que cursan en el expediente, acreditando su derecho propietario y la posesión efectiva que tiene sobre el bien inmueble objeto de la litis; 3) No realizaron una suficiente y debida fundamentación y motivación conforme la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad sobre la citación con las demandas civiles vinculadas a la prevalencia del derecho sustancial sobre lo formal y la verdad material; ya que, el acto arbitrario estaría en el numeral 3 del Considerando IV del Auto de Vista SCCI 35/2023, en la que sin compulsar las pruebas que acreditan su derecho propietario sobre el terreno registrado en la Oficina de DD.RR. y como lo reconoció el propio demandante se encuentra en posesión del terreno; empero, los Vocales hoy accionados con criterios formalistas y restrictivos concluyeron que ese bien inmueble no se constituye en domicilio real de los demandados, ni existe certificación domiciliaria; por lo que, no podría ejecutarse la Sentencia 120/2022 de 17 de agosto sin ser oída en base a las garantías mínimas del derecho al debido proceso, existiendo falta de fundamentación y motivación; 4) Incurrieron en incongruencia entre la premisa fáctica planteada con la premisa normativa aplicada; existiendo incoherencia interna; puesto que, los accionados sin mayor motivación y valoración de las pruebas que adjuntó al incidente de nulidad de obrados establecieron que “…si bien la parte actora solicita que se cite a los demandados personas desconocidas en el inmueble que solicita la reivindicación; sin embargo, dicho bien no se constituye en el domicilio real de los demandados al no haberse acreditado ese extremo…” (sic); ya que, la citación cedularía era la única forma de conocer el proceso, estando en posesión del bien inmueble. También denunció que en el citado Auto de Vista, incurrieron en incongruencia externa; puesto que, bajo los principios de dirección e igualdad, la citación debió practicarse conforme lo pedido por los demandantes mediante cédula, a efectos de tener conocimiento efectivo de la tramitación del proceso; además, el Tribunal de apelación, debió remediar las infracciones cometidas en observancia del art. 17 de la LOJ; empero, salieron con criterios formalistas al indicar que el bien inmueble no es el domicilio real de los demandados quienes tampoco acreditaron ese extremo, tampoco se adjuntó certificación domiciliaria que informe acerca de las personas que residen en dicho bien, siendo correcta la apreciación de la Jueza de primera instancia al haber dispuesto la citación por edictos; en ese sentido, omitieron pronunciarse sobre dos aspectos: no existe explicación ni justificación alguna sea positivo o negativo sobre el reclamo de la citación por cédula conforme el art. 75 del CPC, tampoco se pronunciaron sobre las graves irregularidades y violaciones del derecho al debido proceso y a la defensa y sobre la aplicación del art. 17 de la Ley 025; 5) Omitieron realizar el control de oficio a los actos del inferior, conforme la SCP 0745/2016-S3 de 29 de junio y el art. 17.I de la LOJ; 6) Omitieron realizar el control de convencionalidad que requiere el caso con la finalidad de garantizar los derechos de manera efectiva; 7) Incumplieron los parámetros exigidos por la SCP 0100/2013 -sin fecha- y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el deber de la debida motivación; y, 8) Omitieron resolver el caso concreto a la luz de los principios constitucionales de verdad material, y prevalencia del derecho sustancial sobre lo formal. Ahora bien, de los antecedentes procesales se tiene demanda ordinaria de reivindicación presentada el 13 de octubre de 2021, ante la Jueza de la causa, formulada por Roberto Jorge Berdecio Laguna en representación legal de Iván Ramiro Camacho Bustillo y Pedro Luis Vargas Bustillo, ahora terceros interesados, contra personas desconocidas respecto a un bien inmueble signado como Lote 9, ubicado en la zona de Tucsupaya Baja, Manzano I, con una superficie de 407 m registrado en la Oficina de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 1.01.1.99.0088416, solicitando en el “Otrosí 2”, lo siguiente: “…desconozco cuáles son las generales de ley y el domicilio real que tiene el tercero o los terceros que ocupan el bien inmueble-lote de terreno, es por ello que solicito a Ud. se proceda a la citación de éstos, conforme a lo previsto en el Art. 78, par. II) del Código Procesal Civil” (sic). Mediante Auto de 3 de noviembre de dicho año, la citada Jueza admitió la demanda ordinaria de reivindicación, disponiendo en el “Otrosí 2”: “Cítese con la demanda, su admisión y demás actuados procesales, a personas desconocidas, para que en el plazo de ley asuman defensa en la presente causa, y sea mediante publicación de edictos, previo juramento de desconocimiento, todo de conformidad con lo previsto por el art. 78.II del Código Procesal Civil, debiendo publicarse el edicto por dos veces…” (sic); además, a través del decreto de 27 de enero de 2022, la citada Jueza designó al Abogado José Luis Barra como Defensor de Oficio, para que asuma defensa y represente a los demandados; quien el 22 de abril de 2022, contestó a la demanda (Conclusión II.1.). En ese contexto, se desarrolló el proceso emitiéndose la Sentencia 120/2022, declarando probada la demanda ordinaria, dando lugar a la reivindicación solicitada respecto al bien inmueble situado en el Barrio Los Tarcos, zona Tucsupaya Baja, entre las calles Paraíso esquina los Lapachos, Lote 9, Manzano I, con una superficie de 407 m de la ciudad de Sucre registrado en la Oficina de DD.RR. bajo la matrícula computarizada 1.01.1.99.0088416; misma que fue ejecutoriada mediante Auto de 5 de septiembre de 2022, disponiendo que se proceda a la notificación mediante cédula judicial a pegarse en el mismo bien inmueble objeto de la litis, a personas desconocidas que pudiesen estar ocupando el referido bien inmueble, para que desocupen dentro de dos días de notificada con la señalada Sentencia, bajo advertencia de librarse mandamiento de desapoderamiento (Conclusión II.2.); Asimismo, mediante Auto de 31 de octubre de dicho año, la Jueza de primera instancia, ordenó se libre mandamiento de desapoderamiento en contra de las personas desconocidas ocupantes, detentadores o moradores del bien inmueble, con facultades expresas de allanamiento, ruptura de candados y seguros, debiendo respetarse en su ejecución las garantías constitucionales de los desapoderados (Conclusión II.3.). En ese estado del proceso ordinario, por memorial de 11 de octubre de 2022, ante la Jueza de la causa, el accionante, se apersonó al proceso ordinario de reivindicación planteando incidente de nulidad de obrados por indebida citación con la demanda; puesto que, no se hubiese dado la interpretación y aplicación estricta de las normas pertinentes; por lo que, solicitó se anule la causa hasta el vicio más antiguo, debiendo practicarse la diligencia de citación mediante cédula judicial en el bien inmueble objeto de la litis, la cual fue contestada por los demandantes, hoy terceros interesados (Conclusión II.4.); asimismo, cursa Auto de 17 de noviembre de dicho año, emitido por la Jueza de primera instancia, declarando improbado el incidente de nulidad de obrados por indebida citación con la demanda; motivando que el accionante formule el recurso de reposición con alternativa de apelación, en virtud del cual la Jueza de primera instancia, emitió el Auto de 6 de enero de 2023, manteniendo el Auto 346/2022 y concedió el recurso de apelación alternativa en efecto devolutivo, misma que fue resuelta mediante el Auto de Vista SCCI 35/2023, emitido por los Vocales ahora accionados, confirmando el Auto 346/2022, siendo notificado el accionante con dicho Auto de Vista el 6 de febrero de 2023 (Conclusión II.5.). De la recapitulación de los antecedentes procesales, así como de lo revisado en el contenido de la demanda de acción de amparo constitucional, se advierte que el accionante identificó como el acto vulneratorio a sus derechos fundamentales y principios constitucionales invocados al Auto de Vista SCCI 35/2023, emitido por los Vocales hoy accionados considerando que con criterios formalistas y restrictivos a sus derechos fundamentales confirmaron el Auto 346/2022, que rechazó el incidente de nulidad de obrados que planteó por indebida citación con la demanda; pretendiendo que a través de esta acción de defensa se deje sin efecto el citado Auto de Vista, ordenando a los Vocales ahora accionados emitir un nuevo auto de vista debidamente motivado y fundamentado en sujeción a la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad, cumpliendo con la labor fiscalizadora de revisión de oficio ante la vulneración de derechos fundamentales y determinando la nulidad de obrados que corresponda. En ese orden corresponde determinar si efectivamente serian ciertas los agravios denunciados mediante esta acción de defensa y en función de ello conceder o denegar la tutela solicitada. i) Con relación a la presunta vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba, defensa, y principios de prevalencia del derecho substancial sobre lo formal y verdad material
Con la finalidad de resolver de manera adecuada la problemática planteada, en primer lugar se analizará los agravios contenidos en los incs. 3), 6) y 7) considerando que en ellas existe un común denominador que es la denuncia de falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista SCCI 35/2023, sobre la citación con las demandas civiles vinculadas a la prevalencia del derecho sustancial sobre lo formal y la verdad material; ya que, el acto arbitrario estaría en el numeral 3 del Considerando IV del citado Auto de Vista, en la que sin compulsar las pruebas que acreditan su derecho propietario sobre el terreno registrado en la Oficina de DD.RR. y como lo reconoció el propio demandante se encuentra en posesión del terreno; empero, los Vocales ahora accionados con criterios formalistas y restrictivos concluyeron que ese bien no se constituye en domicilio real de los demandados, ni existe certificación domiciliaria; por lo que, no podría ejecutarse la Sentencia 120/2022 sin que haya sido oído y escuchado en base a las garantías mínimas del debido proceso; es más, omitieron realizar el control de convencionalidad que requería el caso con la finalidad de garantizar los derechos de manera efectiva; además, de incumplir los parámetros exigidos por la SCP 100/2013 y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el deber de la debida motivación.
Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, señaló que debe entenderse por fundamentación la obligación de la autoridad que lo emite para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por motivación, se exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué considera que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa; asimismo, establece una distinción conceptual entre la fundamentación referido a la obligación de las autoridades jurisdiccionales, de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en los que se apoye su determinación, así como de justificar la utilización de dichas disposiciones normativas o de interpretarlas de una determinada manera; es decir, consiste en la justificación normativa de la decisión que da por resultado la construcción de la premisa normativa; en cambio, la motivación hace referencia a la serie de razonamientos lógico-jurídicos que permiten entender, por qué un determinado caso se ajusta a la hipótesis normativa planteada en el mismo, significa que la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión que el acto concreto que se trate, se encuentra por una parte, probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las que considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra, explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal, elementos con los cuales se realiza la justificación fáctica de la decisión y se construye la premisa fáctica.
De igual forma el derecho a una resolución fundamentada, tiene como una de sus finalidades implícitas, lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; por cuanto, la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: a) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; b) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; c) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, d) Por la falta de coherencia del fallo, se da: 1) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, 2) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes, es decir, la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la decisión debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.
En efecto, los Vocales hoy accionados en el Auto de Vista SCCI 35/2023, asumieron la determinación de confirmar el Auto 346/2022, que rechazó el incidente de nulidad de obrados por indebida citación con la demanda, planteado por el accionante en ejecución de sentencia, reclamando que la citación con la demanda debió practicarse mediante cédula en el domicilio real de los demandados conforme lo solicitado por los demandantes -ahora terceros interesados- y no por edictos, lo cual le hubiese permitido asumir defensa en el proceso; por lo que, debe anularse obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta fs. 34. Al respecto, los Vocales hoy accionados citaron el art. 78.II del CPC, que señala: “Tratándose de personas desconocidas o indeterminadas o cuyo domicilio no pudiera establecerse, la parte solicitará la citación mediante edictos, previo juramento de desconocimiento. Deferida la solicitud, el edicto se publicará por dos veces con intervalo no menor a cinco días, en un periódico de circulación nacional, o a falta de éste, se difundirá en una radiodifusora o medio televisivo, nacional o local, en la misma forma y plazo previstos”, en función del cual interpretaron que la citación por edictos corresponde a personas inciertas o cuyo domicilio se ignora o desconoce; ya que, la norma citada establece dos supuestos: que el demandante ignore la identidad del demandado o que conociendo ignore su domicilio real; en esa medida los demandantes -ahora terceros interesados-, en su memorial de subsanación, refirieron que: “…Señora Jueza, solicito que la citación con la demanda que nos ocupa se realice en el inmueble-lote de terreno de propiedad de mis poderconfrentes, sito en el barrio Los Tarcos, zona Tucsupaya Baja, entre las calles Paraíso esquina Los Lapachos sin número; protestando de mi parte, conducir al Oficial de Diligencias de su Despacho para cumplir con dicha diligencia” (sic); haciendo alusión a que se cite a los demandados en el bien inmueble que pretende revindicar; empero, dicho bien no se constituye en el domicilio real de los demandados al no haberse acreditado ese extremo; ya que, de obrados se tiene que no existe vivienda, sino solamente la construcción de un muro; si bien por informe pericial se reportó la existencia de un ambiente; empero, se observó que no reúne las condiciones de habitabilidad al no tener puertas, aparte de que no se acreditó ese extremo, razón por la cual no correspondía practicarse la citación por cédula en ese lugar, aparte de que no reúne los requisitos para proceder a la notificación por cédula conforme al art. 76 del CPC; además, de que no se adjuntó certificación domiciliaria de predio que dé cuenta sobre las personas que residen en el predio, no siendo conducente ni razonable que por el solo hecho de que exista el muro perimetral implique que se encuentra ocupado por los demandados, siendo correcta en ese sentido la apreciación de la Jueza de primera instancia; por lo que, corresponde fallar de acuerdo a lo previsto por el art. 218.II.2 del CPC.
De lo examinado, se advierte que los Vocales ahora accionados apoyaron su determinación de confirmar el Auto 346/2022, en el art. 78.II del CPC, considerando que la demanda fue planteada contra personas desconocidas, además de explicar que no era aplicable el art. 75 de dicho código referido a la citación mediante cédula, como pretendía el accionante, explicando que no se reúne los requisitos contenidos en el art. 76.I del citado Código, para proceder a la citación mediante cédula, si bien no los citaron expresamente el texto legal; empero, en ella se indica: “1. Nombre y domicilio de la persona que será citada…”. En ese sentido, al no tener a los demandados con nombres identificados, aparte de que no se conocía sus domicilios, descartaron su aplicación. En definitiva, los Vocales hoy accionados apoyaron su decisión de confirmar el citado Auto en una disposición legal; además de explicar del por qué no correspondía la aplicación de la norma reclamada por el accionante, cumpliéndose de esa manera con el deber de fundamentación en el Auto de Vista SCCI 35/2023.
Con relación a la motivación del Auto de Vista SCCI 35/2023, los Vocales hoy accionados manifestaron los razonamientos jurídicos y fácticos que les llevaron a la conclusión de que en el caso concreto no correspondía procederse a la citación con la demanda mediante cédula, explicando que los demandados eran personas desconocidas o indeterminadas al momento de plantearse la demanda; además, para que se proceda a la citación por cédula se requería la identificación de los demandados con nombres y apellidos y que se conozca sus domicilios; los cuales no fueron acreditados al momento de la admisión de la demanda, si bien en el memorial de subsanación de 25 de octubre de 2021, los demandantes -ahora terceros interesados-, solicitaron se cite a los demandados en el bien inmueble objeto de la litis; empero, ese lugar no fue acreditado como el domicilio real de los demandados; si bien por informe pericial se reportó la existencia de un ambiente en el predio; empero, se observó que no reunía las condiciones de habitabilidad al no tener puertas, aparte de que no se adjuntó ninguna certificación domiciliara que dé cuenta de las personas que residían en ella, no pudiendo entenderse que por el solo hecho de que exista el muro perimetral, se asuma la idea de que estaba ocupado por los demandados; en ese sentido concluyeron y subsumieron el caso concreto a la premisa normativa del art. 78.II del CPC; por consiguiente, consideraron correcta la apreciación de la Jueza de primera instancia, al disponer la citación mediante edictos de prensa a los demandados tratándose de personas desconocidas, cumpliendo dicha citación su finalidad, al publicarse la demanda en un periódico de circulación nacional, cumpliendo de ese modo con el deber de motivación.
No obstante de lo anterior, el accionante denunció que no realizaron una suficiente y debida motivación conforme la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad sobre la citación con las demandas civiles vinculadas a la prevalencia del derecho sustancial sobre lo formal y la verdad material; ya que, el acto arbitrario estaría en el numeral 3 del Considerando IV del Auto de Vista SCCI 35/2023, en la que no compulsaron las pruebas que acreditan su derecho propietario sobre el terreno registrado en la Oficina de DD.RR.; además de que reconoció el propio demandante de que se encuentra en posesión del terreno. Al respecto, si bien el accionante refirió que adjuntó una certificación emitida por el Presidente del barrio que demostraría que se encuentra en posesión del lote de terreno; empero, no cursa en el expediente; en cambio identificó las pruebas que demostrarían su derecho propietario sobre el predio que se pretende reivindicar como el Testimonio 340/2018 de 20 de agosto (fs. 117 a 120 vta.), el folio real que bajo la matrícula computarizada 1.01.1.99.0082003, se encuentra registrado el lote de terreno ubicado en la urbanización Tucsupaya Baja, Lote 9, Manzano “I” con una superficie de 407.00 m, consignando como titular en el Asiento Número 1 a Carlos Rafael Tarqui Reynaga -accionante-, por compra venta (fs. 121) y el certificado de tradición del citado bien inmueble (fs. 122); las mismas que evidentemente no fueron consideradas ni valorados por los Vocales ahora accionados en el Auto de Vista SCCI 35/2023, tampoco explicaron las razones de omisión de pronunciarse sobre los referidos elementos probatorios, vinculados a los principios de prevalencia del derecho substancial sobre lo formal y la verdad material, existiendo en consecuencia una motivación deficiente en el Auto de Vista impugnado.
Con relación a la problemática contenida en el inc. 4), referido a que los Vocales hoy accionados incurrieron en incoherencia interna; puesto que, sin mayor motivación y valoración de las pruebas que adjuntó al incidente de nulidad de obrados establecieron que: “…si bien la parte actora solicita que se cite a los demandados personas desconocidas en el inmueble que solicita la reivindicación…” (sic); sin embargo, también, la parte accionante denunció que los Vocales ahora accionados incurrieron en incongruencia en su dimensión interna; puesto que, los citados Vocales sin mayor motivación y valoración de las pruebas que adjuntó al incidente de nulidad de obrados así como los existentes en el expediente establecieron que: “…si bien la parte actora solicita que se cite a los demandados personas desconocidas en el inmueble que solicita la reivindicación; sin embargo, dicho bien no se constituye en el domicilio real de los demandados al no haberse acreditado ese extremo…” (sic); ya que, la citación cedularía era la única forma de conocer el proceso, estando en posesión del bien inmueble. También denunció que en el Auto de Vista SCCI 35/2023, incurrieron en incongruencia externa; puesto que, omitieron pronunciarse sobre dos aspectos: no explicaron ni justificaron en forma positiva o negativa sobre el reclamo de la citación por cédula conforme al art. 75 del CPC, tampoco se pronunciaron sobre las graves irregularidades y vulneraciones al derecho al debido proceso y a la defensa, en aplicación del art. 17 de la LOJ;
Para determinar si existe incongruencia en su dimensión interna y externa, es necesario previamente identificar los agravios expuestos por el accionante en el recurso de reposición con alternativa de apelación, en la que se observa que expresó los siguientes agravios: i) En el Auto 346/2022 se sustentó que: “…la comunicación procesal por muy defectuosa que sea en su forma, la misma no puede ser atacada de nulidad si esta cumplió su finalidad, cual es hacer conocer a su destinatario de la existencia de una pretensión en su contra…” (sic), lo cual sería incongruente y sesgado con sus antecedentes; ya que, la Jueza de la causa de forma oficiosa, sin reconocer la posibilidad que otorga el art. 115.I del CPC, hizo una modificación en la forma de comunicación procesal pedido por la parte demandante de que se cite en el bien inmueble objeto de la litis, desconociendo el principio de igualdad procesal conforme al art. 1 inc.13 del citado Código, lo cual le colocó en un estado de indefensión, siendo insustancial la posición de la juzgadora de que el: “…el incidentista no adjuntó a su pretensión prueba idónea, el lugar exacta de su domicilio real donde debió habérsele practicado la citación con la demanda mediante cedula judicial…” (sic); puesto que, conforme mencionó el abogado apoderado que “...en los años 2020 y 2021 (…), podrá verificar la existencia de un muro perimetral que ha sido construido por una o algunas personas desconocidas…” (sic), dejando entrever que dicho predio estaba ocupado por personas aunque no sea de forma permanente; por lo que, debió practicarse la citación conforme lo solicitado por los demandantes -ahora terceros interesados-, de ese modo hubiese tenido conocimiento efectivo del proceso y no limitarse a señalar que con el cumplimiento formal de la publicación de edictos ya estaba a derecho; ii) Mas allá de darse preminencia al principio de legalidad, lo cierto y evidente es que con el Auto 346/2022, se dejó de lado el sentido preciso y exacto de una comunicación procesal, establecido en la SC 0757/2003-R de 4 de junio; que señala: “…pues la notificación no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario”; iii) Era correcto dar lugar al pedido de los demandantes -hoy terceros interesados-, aun existiendo indeterminación del sujeto pasivo, bajo los principios de dirección e igualdad procesal, la citación debió practicarse conforme lo pedido por los nombrados; ya que, en defecto de la citación personal se tiene la citación por cédula, de acuerdo al art. 75 del CPC, que era la más eficaz y adecuado a efectos de tener conocimiento efectivo de la tramitación del proceso; y, iv) En ese sentido, existe vulneración del derecho al debido proceso previsto por el art. 115.II de la CPE, menos se tomó en cuenta el precedente constitucional contenido en la SC 1138/2004-R de 21 de julio, que señala: “...el ciudadano tiene derecho a una justicia material, en la cuál se le asegure que la actividad judicial procurará, en todo caso y por encima de toda consideración, garantizar la efectiva protección de sus derechos constitucionales y legales accediendo a una justicia material o verdaderamente eficaz, no a una aplicación formal y mecánica de la Ley” (sic); por lo que, corresponde reponer la resolución confutada o que el tribunal de alzada pueda remediar las infracciones cometidas en observancia del art. 17 de la LOJ.
Al respecto, los Vocales hoy accionados en el Auto de Vista SCCI 35/2023, respondieron: a) El agravio reclamado está centrado en el hecho de que se hubiese practicado una citación por edictos y no mediante cédula en el bien inmueble que se pretende reivindicar conforme lo solicitado por los demandantes -ahora terceros interesados- en su memorial de subsanación; y, b) Al respecto citaron el art. 78.II del CPC, que señala: “Tratándose de personas desconocidas o indeterminadas o cuyo domicilio no pudiera establecerse, la parte solicitará la citación mediante edictos, previo juramento de desconocimiento. Deferida la solicitud, el edicto se publicará por dos veces con intervalo no menor a cinco días, en un periódico de circulación nacional, o a falta de éste, se difundirá en una radiodifusora o medio televisivo, nacional o local, en la misma forma y plazo previstos”, en función del cual interpretaron que la citación por edictos corresponde a personas inciertas o cuyo domicilio se ignora o desconoce; ya que, la norma citada establece dos supuestos: que el demandante ignore la identidad de su demandado o que conociéndola ignore su domicilio real; en esa medida, si bien los demandantes -hoy terceros interesados- en su memorial de subsanación, refirieron que: “…Señora Jueza, solicito que la citación con la demanda que nos ocupa se realice en el inmueble-lote de terreno de propiedad de mis poderconferentes, sito en el Barrio Los Tarcos, zona Tucsupaya Baja, entre las calles Paraíso esquina Los Lapachos sin número; protestando de mi parte, conducir al Oficial de Diligencias de su Despacho para cumplir con dicha diligencia” (sic); haciendo alusión a que se cite a los demandados en el bien inmueble que pretende revindicar; empero, dicho bien no se constituye en el domicilio real de los demandados al no haberse acreditado ese extremo; ya que, de obrados se tiene que no existe vivienda, sino solamente la construcción de un muro; si bien por informe pericial se reportó la existencia de un ambiente; empero, se observó que no reúne las condiciones de habitabilidad al no tener puertas, concluyendo que no es el domicilio real de los demandados quienes menos acreditaron ese extremo, razón por la cual no correspondía practicarse la citación por cédula; además de no reunir los requisitos para la citación por cédula conforme el art. 76 del CPC; tampoco se adjuntó certificación domiciliaria del predio que dé cuenta de las personas que residen en ella, no siendo conducente ni razonable que por el solo hecho de que exista el muro perimetral denote que está ocupado por personas, es decir por los demandados, siendo correcta en ese sentido la apreciación de la Jueza de primera instancia, al haber dispuesto la citación mediante edictos a los demandados al tratarse hasta entonces de personas desconocidas, respecto a quienes los edictos cumplieron su finalidad al garantizar la publicación de los datos necesarios en un medio de circulación nacional que permite el conocimiento oportuno del proceso; por lo que, no correspondía la citación en un lugar que no acreditaron que sea su domicilio real.
Ahora bien, contrastando los agravios expresados en el recurso de reposición con alternativa de apelación, lo resuelto por los Vocales ahora accionados en el Auto de Vista SCCI 35/2023, y los reclamos expresados en la acción de amparo constitucional que nos ocupa, con relación a que los Vocales hoy accionados hubiesen incurrido en incongruencia en su dimensión interna, dicho reclamo no fue expuesto en el recurso de reposición con alternativa de apelación; ya que, en ninguno de sus agravios de apelación se refirió a la presunta vulneración del citado elemento del debido proceso, lo cual evidencia que dicho cuestionamiento fue directamente planteado a través de esta acción de defensa en sede constitucional sin que previamente se hubiese reclamado en la jurisdicción ordinaria, dando la posibilidad de pronunciarse a los Vocales ahora accionados en el citado Auto de Vista cuestionado; por lo que, existiendo incumplimiento del principio de subsidiariedad no es posible compulsar la misma.
En lo que corresponde a la incoherencia externa, reclamó dos aspectos: no explicaron ni justificaron en forma positiva o negativa sobre la citación por cédula conforme el art. 75 del CPC, tampoco se pronunciaron sobre las graves irregularidades y vulneraciones del derecho al debido proceso y a la defensa, en aplicación del art. 17 de la LOJ. Respecto al primer punto, los Vocales hoy accionados respondieron que el bien inmueble que se pretende reivindicar no se constituye en el domicilio real de los demandados; ya que, de obrados se tiene que no existe vivienda en el predio sino solamente la construcción de un muro; si bien por informe pericial se hubiese reportado de la existencia de un ambiente; empero, se observó que no reúne las condiciones de habitabilidad al no tener puertas, concluyendo que no es el domicilio real de los demandados quienes no acreditaron ese extremo, razón por la cual no correspondía practicarse la citación por cédula, además de no reunir los requisitos para que se proceda a la citación por cédula conforme el art. 76 del CPC; es más, no se adjuntó certificación domiciliaria de predio que dé cuenta de las personas que residen, no siendo conducente ni razonable que por el solo hecho de que exista el muro perimetral implique que estaba ocupado por personas, concluyendo que fue correcta la apreciación de la Jueza de primera instancia, al haber dispuesto la citación mediante edictos a los demandados al tratarse hasta entonces de personas desconocidas, respeto de quienes los edictos cumplieron su finalidad al garantizar la publicación de los datos necesarios en un medio de circulación nacional. En ese sentido, explicaron y justificaron del por qué no correspondía proceder a la citación mediante cédula previsto por el art. 75 del CPC, no siendo evidente lo reclamado por el accionante.
No obstante de lo anterior, efectivamente los Vocales ahora accionados no desarrollaron ninguna respuesta respecto al segundo punto del agravio referido a que no se pronunciaron sobre las graves irregularidades y vulneraciones de los derechos al debido proceso y a la defensa, en aplicación del art. 17 de la LOJ, existiendo en ese sentido en el Auto de Vista SCCI 35/2023, incoherencia externa; por cuanto, no respondieron a este cuestionamiento en el recurso de reposición con alternativa de apelación formulado por el accionante.
Con respecto al agravio contenido en el inc. 2) de la problemática planteada, referido a que no consideraron las pruebas documentales que adjuntó al incidente de nulidad de obrados acreditando su derecho propietario y la posesión efectiva que tiene sobre el bien inmueble objeto de la litis, así como los que cursan en el expediente; dicho agravio ya fue analizado como parte del agravio del inc. 3) de la problemática planteada, llegando a la conclusión de que existió una motivación deficiente con respecto a las pruebas omitidas; por lo que, no corresponde emitir otro pronunciamiento.
En cuanto al agravio contenido en el inc. 5) de la problemática planteada, referido a que los Vocales hoy accionados omitieron realizar el control de oficio a los actos del inferior, conforme la SCP 0745/2016-S3 de 29 de junio y el art. 17.I de la LOJ; dicho agravio también fue analizado con motivo de la problemática contenida en el inc. 4, sobre la incoherencia externa del Auto de Vista SCCI 35/2023, en la que se pudo evidenciar la misma; por lo que, ya no es posible emitir otro pronunciamiento.
De igual forma, respecto al agravio contenido en el inc. 8) de la problemática planteada, referido a que los Vocales ahora accionados omitieron resolver el caso concreto a la luz de los principios constitucionales de verdad material, y prevalencia del derecho sustancial sobre lo formal; dicho agravio ya fue analizado desde la perspectiva de la motivación insuficiente del Auto de Vista SCCI 35/2023, en la que encontrando cierta el citado agravio, no es posible emitir otro pronunciamiento al respecto. Finalmente, en cuanto a la presunta vulneración del derecho a la defensa, de los antecedentes, se advierte que se apersonó al proceso de reivindicación en la fase de ejecución de sentencia ejecutoriada del proceso principal, planteando el incidente de nulidad de obrados por citación indebida con la demanda, la cual admitida fue tramitada por la Jueza de la causa, emitiéndose el Auto 346/2022, que rechazó el incidente de nulidad de obrados, siendo notificado el accionante interpuso recurso de reposición con alternativa de apelación, que fue resuelto por los Vocales ahora accionados mediante el Auto de Vista SCCI 35/2023. En dicho trámite no se advierte que se haya vulnerado el derecho a la defensa; ya que, utilizó los medios de defensa que le permitía la ley.
ii) Con respecto a la pretensión de que se determine la nulidad de obrados que corresponda
El accionante no solamente solicitó se deje sin efecto el Auto de Vista SCCI 35/2023, sino que cumpliendo con la labor fiscalizadora de revisión de oficio ante la vulneración de derechos fundamentales, se determine la nulidad de obrados que corresponda, la cual se encuentra vinculada con el agravio contenido en el inc. 1) de la problemática planteada, referido a que no tomaron en cuenta que cuando se emiten decisiones judiciales con vulneración de derechos fundamentales no existe cosa juzgada, ni pueden causar estado, aludiendo a la Sentencia 120/2022, la cual se hubiese ejecutoriado con graves irregularidades procesales; respecto a los cuales los accionados omitieron realizar el control de oficio a los actos del inferior, conforme la SCP 0745/2016-S3 de 29 de junio y el art. 17.I de la LOJ.
Considerando que se evidenció una motivación deficiente respecto a las pruebas documentales que fueron adjuntadas al incidente de nulidad de obrados vinculado a la prevalencia del derecho substancial sobre lo formal y la verdad material, además de advertirse incongruencia en su dimensión externa del Auto de Vista SCCI 35/2023, con relación a que los Vocales hoy accionados omitieron realizar el control de oficio de los actos del inferior de acuerdo al art. 17.I de la LOJ y la SCP 0745/2016-S3 de 29 de junio; serán los Vocales ahora accionados quienes en el nuevo de auto de vista que emitan consideren si procede o no la referida pretensión de nulidad de obrados. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:
REVOCAR en parte la Resolución 059/2023-SCII de 22 de mayo, cursante de fs. 234 a 236 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -con la intervención de la Vocal de su similar Primera-; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada en cuanto al derecho al debido proceso en sus elementos de motivación vinculada a la prevalencia del derecho substancial y la verdad material y congruencia en su dimensión externa, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista SCCI 35/2023 de 3 de febrero, debiendo los Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca emitir un nuevo auto de vista debidamente motivado y con la congruencia debida, y en función de ello, determinar si corresponde la nulidad de obrados, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada en relación con el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, congruencia en su dimensión interna, valoración de la prueba y a la defensa, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0560_2025-S1.pdf · páginas 1 a 29.
Huella digital del PDF (SHA-256): 0b21756039c842119c4a041cc55a97db10598a5635556fa8a2944431445404d0
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