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SCP 0560/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 17 de septiembre de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
17 de septiembre de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
49540-2022-100-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso; toda vez que, la Vocal -ahora demandada- declaró inadmisible la apelación incidental formulada contra el Auto Interlocutorio 225/2022-P de 14 de abril, que ordena su detención preventiva de forma arbitraria por supuestamente no haber expresado agravios en la audiencia de fundamentación, cuando dicho aspecto no responde a la realidad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: a) Del recurso de apelación incidental contra resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares y su trámite en el tribunal de apelación; b) El derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva; y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 36/2022 de 5 de agosto, cursante de fs. 35 a 37, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, bajo los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y en los mismos términos dispuestos por el referido Tribunal de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Del recurso de apelación incidental contra resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares y su trámite en el tribunal de apelación
  2. III.2. El derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0560/2024-S1 Sucre, 17 de septiembre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 49540-2022-100-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 36/2022 de 5 de agosto, cursante de fs. 35 a 37, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Pedro Pablo García Rojas en representación sin mandato de Esther Juana Mamani Mayta contra Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 5 de agosto de 2022, cursante de fs. 19 a 21, la accionante a través de su representante sin mandato, expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público a instancia de Juan Flores Nina, en su contra y otra por la presunta comisión del delito de homicidio se ordenó su detención preventiva mediante Auto Interlocutorio 225/2022-P de 14 de abril. Contra esta determinación, se formuló recurso de apelación incidental conforme al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), remitiéndose los antecedentes de la impugnación ante la Vocal -ahora demandada-, miembro de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. El 3 de agosto de 2022, se llevó a cabo la audiencia de apelación incidental, donde su defensa expuso los agravios producidos por el referido Auto Interlocutorio 225/2022-P apelado; sin embargo, tras un cuarto intermedio, la indicada audiencia se reanudó el 4 de agosto de igual año, pronunciándose el Auto de Vista 532/2022, que declaró inadmisible el recurso de apelación incidental por no haber expresado agravios en la audiencia de medidas cautelares.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

La impetrante de tutela identificó como lesionado su derecho al debido proceso, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se revoque el Auto de Vista 532/2022 de 4 de agosto y se ordene se emita nuevo fallo, el cual analice los agravios expuestos en audiencia.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, el 5 de agosto de 2022, según consta en acta cursante de fs. 32 a 34 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La demandante de tutela, mediante su defensa técnica ratificó de manera íntegra el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliando la misma indicó lo siguiente: a) El 4 de agosto de 2022, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del Auto de Vista 532/2022, dictado por la Vocal Claudia Marcela Castro Dorado, resolvió el recurso de apelación incidental; empero, declaró inadmisible dicho recurso, argumentando que no se cumplieron las formalidades necesarias, además que supuestamente no se invocó correctamente el art. 251 del CPP, sino el art. 250 del referido Código, y que tampoco se hubieran fundamentado adecuadamente los agravios; y, b) Considera que la decisión asumida por la Vocal demandada, vulneró sus derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales debido a una incorrecta apreciación de la norma procesal penal. Además, se invocó el art. 125 de la CPE, que establece que cualquier persona que considere estar ilegalmente procesada o privada de su libertad puede interponer una “acción de amparo” (sic), para solicitar protección de sus derechos.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Claudia Marcela Castro Dorado, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito que fue leído en audiencia, señaló: 1) El Auto de Vista 532/2022, fue dictado dentro de los plazos establecidos por la normativa y en conformidad con los arts. 396 y 398 del CPP. De esta forma, no puede presumirse lesión de derechos o garantías constitucionales, respetando el principio del debido proceso; 2) Se tomó en cuenta la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a niñas, niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1178 de 8 de mayo de 2019 y el Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias en Audiencias Penales; en ese marco legal, la parte accionante no fundamentó agravios ante el Tribunal de primera instancia ni invocó la normativa procesal adecuada, incumpliendo lo estipulado en el art. 33 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencias en Materia Penal antes mencionado, el cual establece que la apelación de medidas cautelares debe ser realizada en el acto; 3) Se invocó el principio "Nemo auditur propriam turpitudinem allegans", que establece que nadie puede alegar su propia negligencia; en ese entendido, la parte impetrante de tutela no podría alegar vulneración de derechos constitucionales en base a una omisión de su propia defensa; y, 4) Se destacó que la SCP 0039/2012 de 26 de marzo, establece que la jurisdicción constitucional no puede revisar o sustituir la interpretación de la legalidad ordinaria realizada por jueces competentes, salvo en casos de evidente lesión de derechos por interpretación arbitraria o falta de fundamentación. Por lo tanto, no corresponde que la jurisdicción constitucional intervenga en la revisión legal que intenta la parte accionante.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 36/2022 de 5 de agosto, cursante de fs. 35 a 37, concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 532/2022 de 4 de agosto, y ordenando que en el plazo de cuarenta y ocho horas se convoque a una nueva audiencia y resuelva el fondo del recurso de apelación incidental, ello bajo los siguientes fundamentos: i) De antecedentes se tendría que la Vocal -ahora demandada-, en la audiencia de 3 de agosto de 2022, escuchó los agravios planteados por la defensa de Esther Juana Mamani Mayta, pero se decretó un cuarto intermedio. El 4 de igual mes y año, se reanudó la audiencia y la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, mediante Resolución 532/2022, declaró inadmisible el recurso de apelación incidental por falta de una adecuada invocación de la normativa pertinente (Ley 1173 y art. 251 del CPP) y ausencia de fundamentos de agravio, confirmando de este modo el Auto Interlocutorio 225/2022-P; ii) Se citó la SCP 0037/2021-S3 -no indicó la fecha-, que establece que los requisitos formales no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla su finalidad de examinar una posible vulneración del debido proceso, por lo que las formalidades para admitir el recurso de apelación incidental deben ser mínimas; iii) El art. 251 del CPP, conforme la normativa adjetiva penal y los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional, dicho recurso impugnaticio, tiene un trámite expedito, rápido, informal y diferente al previsto en el art. 403 y siguientes del indicado Código, precisamente por los derechos que protege, vinculadas con la libertad personal; iv) No es necesario que acompañen ninguna otra prueba cómo lo exige el art. 404 del CPP, lo que corresponde es que independientemente se interponga la apelación de manera oral o escrita el apelante debe expresar de manera oral ante el tribunal de alzada, los agravios que le causa la resolución impugnada y correspondiendo a esa instancia ver en audiencia de conformidad al art. 396 de señalado Código; y, v) En ese entendido, el fundamento de la mencionada Sala Penal Cuarta sobre que no se expresó agravios en audiencia de medidas cautelares, no es aplicable conforme la jurisprudencia constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Auto Interlocutorio 225/2022-P de 14 de abril, pronunciado por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Esther Juana Mamani Mayta y Génesis Jerusalén Alarcón Mamani, por la presunta comisión del delito de homicidio, disponiéndose la detención preventiva de Esther Juana Mamani Mayta y Génesis Jerusalén Alarcón Mamani en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes del citado departamento (fs. 8 a 16). II.2. Mediante Auto de Vista 532/2022 de 4 de agosto, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, atendiendo el recurso de apelación incidental presentado contra el Auto Interlocutorio 225/2022-P de 14 de abril, determinó por declarar la inadmisibilidad de dicho recurso de impugnación (fs. 22 a 23 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso; toda vez que, la Vocal -ahora demandada- declaró inadmisible la apelación incidental formulada contra el Auto Interlocutorio 225/2022-P de 14 de abril, que ordena su detención preventiva de forma arbitraria por supuestamente no haber expresado agravios en la audiencia de fundamentación, cuando dicho aspecto no responde a la realidad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: a) Del recurso de apelación incidental contra resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares y su trámite en el tribunal de apelación; b) El derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. Del recurso de apelación incidental contra resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares y su trámite en el tribunal de apelación

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1060/2019-S2 de 3 de diciembre, emitió el siguiente criterio: La Constitución Política del Estado reconoce en su art. 180.II el principio de impugnación en los procesos judiciales; sin embargo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, se refiere de manera recurrente al derecho a recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior (art. 7.6, 8.2.h y 25.1), enfatizando el carácter sencillo y rápido del mismo a fin de que el tribunal de apelación revise la legalidad del arresto o detención de la persona privado de libertad y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En esa comprensión, el Código de Procedimiento Penal establece el régimen general de las impugnaciones, propiamente del recurso de apelación incidental: Los casos de procedencia, forma y término de interposición, trámite y resolución (arts. 403, 404, 405 y 406 del CPP); sin embargo, la normativa respecto al recurso de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, merece un régimen especial, determinando su procedencia, el efecto de la apelación, su remisión al tribunal de apelación, el plazo fijado para el efecto, la forma y término de resolución. Al respecto el art. 251 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- establece: Artículo 251. (APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas.

Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad.

El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior (las negrillas son nuestras). Como podrá advertirse, el desarrollo legislativo respecto al procedimiento de la apelación incidental contra las resoluciones que decidan sobre medidas cautelares, está marcada por un trámite expreso, sencillo y rápido para su resolución; el mismo que no tuvo substanciales modificaciones introducidas por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres. En ese contexto, cabe hacer referencia al art. 239 de CPP modificado también por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y 4El art. 239 del CPP, actualmente modificado por la Ley 1226, dispone los siguiente:

“Artículo 239.(CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales:

1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;

2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención;

3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;

4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas.

5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o,

6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas.

Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.

En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.

En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código. La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente.

Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código” (las negrillas nos corresponden).

Mujeres; y posteriormente por la Ley de Modificación a la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019-, que si bien marca una diferencia en el trámite en primera instancia de la solicitud de cesación de la detención preventiva de acuerdo a la causal invocada, proveyendo un trámite sin audiencia en los casos previstos en los numerales 3 y 4 de la norma en examen; no ocurre lo mismo respecto de la segunda instancia; puesto que, el trámite de apelación de las resoluciones relativas a las medidas cautelares es el mismo, ya sea referente a su aplicación, modificación o rechazo, y cualquiera sea la causal de la cesación que se haya invocado; ya que en todos los casos, el tribunal de apelación debe resolver en audiencia. Este extremo adquiere relevancia; dado que, su incumplimiento afecta el derecho a la defensa, y por consiguiente, al debido proceso; por lo que, eventualmente puede impedir que el apelante formule sus agravios y que el apelado los contradiga.

III.2. El derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0017/2018-S2 de 28 de febrero, acopió la jurisprudencia constitucional relativa al derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y señaló lo siguiente: El derecho a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, conforme lo entendió la SC 1388/2010-R de 21 de septiembre, consiste en la posibilidad de acudir ante un tribunal de justicia y así obtener una sentencia fundamentada que pueda ser impugnada, y en consecuencia, conseguir el cumplimiento efectivo de la misma, garantizando el restablecimiento de su situación jurídica vulnerada en pleno ejercicio de su derecho a la defensa. En ese contexto, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, en el Fundamento Jurídico III.1.1 establece tres elementos constitutivos del derecho al acceso a la justicia:

1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de dicho derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se reestablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho.

A lo señalado, la SCP 1953/2012 de 12 de octubre, ampliando el contenido del derecho de acceso a la justicia, refiere que en el ámbito procesal, debe ser interpretado por las autoridades jurisdiccionales a partir del principio pro actione, el cual deriva del principio pro homine -también pro persona o favorabilidad-, que implica la obligación de aplicar las normas procesales de manera más favorable, que asegure una justicia material por encima de una formal. Finalmente, la SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero, sobre la base de las SSCC 0944/2001-R, 0125/2003, 1206/2010-R, y 1450/2013 de 19 de agosto, entiende que el derecho a la eficacia del cumplimiento o ejecución de las resoluciones constitucionales -como componente del derecho a la tutela judicial efectiva- debe ser en la medida de lo determinado por las autoridades judiciales, pues de lo contrario, se lesiona el derecho al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva.

III.3. Análisis del caso concreto

La impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, sostiene que al interponer un recurso de apelación incidental oral contra el Auto Interlocutorio 225/2022-P de 14 de abril, dicho recurso fue remitido a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que resolvió declararlo inadmisible, vulnerando su derecho al debido proceso. Para contextualizar la situación fáctica, cabe señalar que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la peticionante de tutela, por la presunta comisión del delito de homicidio, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 225/2022-P, ordenó la detención preventiva de Esther Juana Mamani Mayta y Génesis Jerusalén Alarcón Mamani en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes del citado departamento.

Durante la audiencia, los abogados de la defensa anunciaron oralmente su apelación incidental en virtud del art. 251 del CPP, radicando dicha impugnación ante la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy demandada-, que mediante el Auto de Vista 532/2022, resolvió declarar inadmisible el mencionado recurso, por supuesta falta de fundamentación y omisión de normativa procesal. Esta decisión se basó en que las co-recurrentes no especificaron con claridad la normativa aplicable ni fundamentaron suficientemente los agravios, incumpliendo lo exigido por la Ley 1173 y el art. 33 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias, normas que imponen la necesidad de fundamentar el agravio en los recursos de apelación. La Vocal demandada, al resolver la solicitud de complementación y enmienda, manifestó que la recurrente no ofreció el audio de la audiencia como prueba y que los agravios debían argumentarse ante el Juez a quo, enfatizando que se limitaban a cumplir la reglamentación aplicable a las audiencias de apelación incidental de medida cautelar (fs. 23 vta.). Ahora bien, en aplicación de los arts. 251 del CPP y 33 del Reglamento 12/2019 -Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal-, ambos en plena vigencia, se establece que la persona afectada por una resolución de medida cautelar personal puede interponer el recurso de apelación de forma oral en el mismo acto; es decir, inmediatamente después de la emisión de la resolución en audiencia. Así, la autoridad de primera instancia debe remitir el recurso de apelación ante la Sala Penal correspondiente, dentro del plazo establecido por el art. 251 del CPP, modificado por la Ley 1173, donde el apelante fundamentará oralmente sus agravios ante el Tribunal de alzada. Sin embargo, contrariamente a lo señalado precedentemente, la Vocal demandada sostuvo que la normativa invocada no era aplicable y además que el recurso interpuesto no se encontraba fundamentado, lo cual se torna en un razonamiento formalista, que va en contra del razonamiento expresado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2. del presente fallo constitucional, que en lo sustancial determinó que el recurso de apelación incidental contra decisiones que tengan que ver con medidas cautelares deben ser flexibles y estar exentas de rigorismos procesales, dado su carácter instrumental lo cual se halla vinculado con el cumplimiento del derecho de acceso a la justicia y el principio pro actione, que garantiza a toda persona el acceso a los recursos y medios de impugnación legales previstos por el ordenamiento jurídico, apartándose de toda forma de ritualismo o formalidad excesiva, que garantice el ejercicio de los derechos e intereses legítimos de la persona y que no confluyan en la vulneración de derechos y garantías fundamentales. Adicionalmente, se debe mencionar que la autoridad jurisdiccional demandada basó su decisión en el art. 33 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias, que en su contenido sólo menciona de manera general el procedimiento para la impugnación en audiencia de medidas cautelares, sin requerir una fundamentación inmediata en la audiencia inicial. Bajo ese marco, al determinarse la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental interpuesto, la autoridad jurisdiccional demandada, incurrió en la emisión de una decisión arbitraria, que vulneró no sólo los derechos del accionante invocados en la presente demanda tutelar, sino el derecho a recurrir y de acceso a la justicia, vinculado con su libertad personal y los principios de legalidad y pro actione; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 36/2022 de 5 de agosto, cursante de fs. 35 a 37, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, bajo los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y en los mismos términos dispuestos por el referido Tribunal de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

1 Artículos modificados por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019. 2Modificado por la Ley de Modificación a la Ley 1173 -Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019-, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 406.(TRÁMITE). Recibidas las actuaciones, la Sala Penal señalará día y hora de audiencia y notificará a las partes dentro del plazo de vienticuatro (24) horas con el señalamiento de audiencia y, cuando corresponda, el recurso presentado por escrito. La audiencia de apelación se llevará a cabo dentro del plazo de cinco (5) días, y se desarrollará conforme a los principios y reglas previstas en el Artículo 113 del presente Código”. 3Antes de la modificación efectuada por la Ley 1173, el tenor del art. 251 del CPP, era el siguiente: “La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la Corte Superior de Justicia, en el término de veinticuatro horas. El tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior” (las negrillas son nuestras).

5 FJ III.3.4, señala: “La tutela judicial efectiva comprende la posibilidad de activar o iniciar ante los órganos jurisdiccionales un proceso, en el que obtenga una sentencia fundamentada que declare el derecho de cada una de las partes conforme corresponda en justicia, además implica la posibilidad de poder interponer los recursos que la ley establezca y la eventualidad de obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia, con el objeto de garantizar el restablecimiento de una situación jurídica vulnerada, evitando la indefensión, involucrando el acceso a los tribunales; la efectividad de las decisiones judiciales; y el ejercicio del recurso previsto en la ley” .

6 El FJ III.2, refiere que: "En el ámbito procesal, el derecho de acceso a la justicia, debe ser interpretado ampliamente por parte de los administradores de justicia, con la finalidad de subsanar los defectos procesales y evitar de esta manera su rechazo, por lo que se puede señalar que el derecho a la tutela judicial efectiva, se encuentra regida por el principio pro actione; el cual deriva del principio pro homine, que postula una interpretación amplia de los derechos fundamentales, en busca de su máxima efectividad, por lo que se entiende que los jueces y tribunales en el ejercicio de sus funciones, deberán interpretar y aplicar las normas procesales de manera más favorable, buscando en lo posible la procedencia del derecho de acción, de las instancias de impugnación e incidentales, que de igual manera forman parte del derecho a la tutela judicial efectiva. En este sentido, el principio pro actione, como criterio de interpretación de los derechos humanos, postula la interpretación más favorable al ejercicio del derecho a la acción, tratando de asegurar en lo posible, una justicia material por encima de una formal".

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0560_2024-S1.pdf · páginas 1 a 11.

Huella digital del PDF (SHA-256): 361d2944f86047e4a0c25ba56a57cf862a36a8cfe642d2e9dcdf08295cbd2b38

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