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SCP 0558/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 8 de abril de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
8 de abril de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
55083-2023-111-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso, y a los principios de favorabilidad y retroactividad; puesto que, la Jueza hoy accionada, emitió el Auto Interlocutorio 121/2023 de 8 de febrero, rechazando su pedido de libertad condicional, aplicando la Ley 1443; cuando debía considerar que se encuentra recluido aproximadamente catorce años, cumpliendo así dos terceras partes de su condena, correspondiendo la aplicación de la Ley 2298. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Legitimación pasiva en la acción de libertad. Jurisprudencia reiterada; y, 2) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 22/2023 de 14 de abril, cursante de fs. 82 a 84 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Legitimación pasiva en la acción de libertad. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0558/2026-S1 Sucre, 8 de abril de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 55083-2023-111-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 22/2023 de 14 de abril, cursante de fs. 82 a 84 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Teodoro Magnus Mendoza contra Érika Rocío Araoz Rioja, Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante, por memorial presentado el 13 de abril de 2023, cursante de fs. 51 a 54, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la comisión del delito de violación de niña, niño y adolescente y abuso deshonesto, previsto y sancionado por los arts. 308 bis, 310 inc. 2) y 312 del Código Penal (CP). El 13 de diciembre de 2008, el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro, ordenó su detención preventiva en el Centro Penitenciario La Merced de Oruro. Posteriormente, el 4 de diciembre de 2009, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, emitió Sentencia Condenatoria -34/2009- de veinte años de presidio contra su persona; en consecuencia, el 24 de marzo de 2010, interpuso recurso de apelación ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, instancia que confirmó la referida Sentencia; por consiguiente, fue trasladado al Centro Penitenciario La Merced de Oruro, para cumplir su condena.

El 4 de octubre de 2022, solicitó el beneficio penitenciario de libertad condicional; no obstante, la Jueza hoy accionada, emitió el Auto Interlocutorio 452/2022 de 6 de octubre, negándole dicho pedido; motivo por el que, interpuso recurso de apelación; sin embargo, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, a través del Auto de Vista 94/2022 de 27 de octubre, confirmó la “negativa”, manifestando que la Sentencia Condenatoria emitida contra su persona, en su parte dispositiva, refirió que la misma es "sin derecho a indulto". El 18 de noviembre de 2022, planteó nuevamente el beneficio de libertad condicional, "…tomando en cuenta que existe amplia línea jurisprudencial sentada por el Tribunal Constitucional, en la que, determina cuáles son los requisitos a cumplirse para acceder a la libertad condicional y que es aplicable al condenado por cualquier tipo de delito (asesinato, parricidio, homicidio, violación, etc.) toda vez que el artículo 3,7 y 174 de la Ley 2298 y 443 del CPP modificado por la ley 1173, no exige para su procedencia o improcedencia, la identificación del delito cometido, empero, asimismo el término sin derecho a indulto no es óbice para acceder al beneficio ya que el indulto y la libertad condicional son dos instituciones diferentes" (sic); empero, su pedido no fue atendido, limitándose la Jueza ahora accionada a emitir el Auto de 19 de noviembre de 2022, indicándole estese al Auto Interlocutorio 452/2022, confirmado por el Auto de Vista 94/2022. El 29 de noviembre de 2022, planteó recurso de reposición, contra el Auto de 19 de noviembre del mismo año; ya que, se vulneró su derecho a la readaptación y reinserción social y que ya tenía sesenta y cinco años; empero, la Jueza hoy accionada, rechazó el mencionado recurso a través del Auto Interlocutorio 624/2022 de 30 de noviembre. El 17 de enero de 2023, interpuso acción de libertad contra la Jueza ahora accionada, logrando en consecuencia, que se le otorgue la tutela a través de la Resolución 04/2023 de 18 de enero, que ordenó la emisión de una nueva determinación. El 8 de febrero de 2023, la Jueza hoy accionada, emitió el Auto Interlocutorio 121/2023, por el que declaró sin lugar y rechazó la libertad condicional, aplicando la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente; empero, "…NO TOMO EN CUENTA LA RESOLUCIÓN NRO. 94/2022 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2022 DICTADA POR LA SALA PENAL SEGUNDA DONDE REVOCA EL FUNDAMENTO DE LA JUEZ SOBRE LA LEY 1443 Y APLICA EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD ADEMÁS LA LEY MÁS BENIGNA TAMPOCO TOMA EN CUENTA NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO…" (sic). Señaló que, se encuentra recluido aproximadamente catorce años, cumpliendo así dos terceras partes de su condena; por lo que, en razón de su buen comportamiento en su caso, correspondía la aplicación de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión.

I.1.2. Derecho, garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso, y a los principios de favorabilidad y retroactividad; citando al efecto los arts. 13 y 123 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga que en el plazo de cuarenta y ocho horas, la Jueza hoy accionada, emita una nueva resolución y conceda la libertad condicional.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 14 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 79 a 81, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo, manifestó que: La Jueza ahora accionada, no tomó en cuenta lo dispuesto por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, respecto a la aplicación de los principios de favorabilidad y retroactividad, a tiempo de analizar se le otorgue libertad condicional.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Érika Rocío Araoz Rioja, Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro, mediante informe presentado el 14 de abril de 2023, cursante de fs. 66 a 67 vta., manifestó que, resulta incongruente que en el petitorio, el accionante solicitó se tome en cuenta la Resolución de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, "…sin siquiera mencionar que el Auto Interlocutorio que resuelve el incidente de Libertad Condicional fue recurrida y resuelta por la Sala Penal Tercera a través del Auto de Vista N° 18/2023" (sic); de tal manera que, no cuenta con legitimación pasiva; puesto que, deberían ser las autoridades de alzada las accionadas en la presente acción de libertad.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 22/2023 de 14 de abril, cursante de fs. 82 a 84 vta., declaró la "IMPROCEDENCIA" de la acción tutelar interpuesta por el accionante, bajo los siguientes fundamentos: a) La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, a través del Auto de Vista 18/2023 de 1 de marzo, confirma el Auto Interlocutorio 121/2023 de 8 de febrero, ponderando el interés superior del niño, niña y adolescente; y, b) "...en cuanto a la ponderación de la retroactividad de la Ley, la Ley más benigna, también fue considerada por la Sala Tercera, reitero que en un principio, no se tenía de forma clara y precisa, con referencia aquella solicitud, es decir, en cuanto al objeto de la Ley 1443, que de forma precisa, establecía, que en cuanto a la modificación que sufre, el Art. 174 de la Ley 2298, lo que es la modificación dentro el marco protectivo al delito de Feminicidio" (sic).

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas; por consiguiente, el presente fallo constitucional es emitido dentro del plazo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Sentencia 34/2009 de 4 de diciembre, emitido por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público, contra Teodoro Magnus Mendoza -hoy accionante-, declarándolo autor del delito de violación de niña, niño y adolescente y abuso deshonesto contra dos víctimas, condenándolo con la pena privativa de libertad de veinte años de presidio sin derecho a indulto (fs. 2 a 10). II.2. Mediante memorial presentado el 4 de octubre de 2022, ante Érika Rocío Araoz Rioja, Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro -hoy accionada-, el accionante, en la vía incidental planteó beneficio penitenciario de libertad condicional, refiriendo haber cumplido dos terceras partes de su condena (fs. 11 a 14).

II.3. A través de Auto Interlocutorio 452/2022 de 6 de octubre, la Jueza ahora accionada, rechazó el incidente de libertad condicional (fs. 15 a 17 vta.) II.4. Por memorial presentado el 11 de octubre de 2022, ante la Jueza ahora accionada, el accionante, planteó recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 452/2022 (fs. 18 a 23). II.5. Mediante Auto de Vista 94/2022 de 27 de octubre, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaró improcedente el recurso de apelación incidental planteado por el accionante; en consecuencia, confirmo el Auto Interlocutorio 452/2022 (fs. 27 a 28). II.6. A través de memorial presentado el 18 de noviembre de 2022, ante la Jueza hoy accionada, el accionante, en la vía incidental planteó una vez más, beneficio penitenciario de libertad condicional (fs. 29 a 32 vta.); pedido que, fue atendido por Auto de 19 de noviembre de 2022, señalando "...estese a la resolución Auto N° 452/2022 de fecha 06/10/2022, emitida por este despacho judicial y confirmado por Auto de Vista de fecha 27/10/2022 de la Sala Penal Segunda" (sic [fs. 33]). II.7. Por memorial presentado el 29 de noviembre de 2022, ante la Jueza ahora accionada, el accionante planteó recurso de reposición contra el Auto de 19 del mismo mes y año, solicitando se emita resolución atendiendo su pedido de beneficio penitenciario de libertad; no obstante, la nombrada, emitió el Auto Interlocutorio 624/2022 de 30 de noviembre, rechazando la reposición solicitada (fs. 34 a 36 vta.; y, 38 y vta.). II.8. Cursa Resolución 04/2023 de 18 de enero, emitida por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, dentro de la acción de libertad planteada por el accionante contra la Jueza ahora accionada; concediendo la tutela solicitada y ordenando a la nombrada Jueza, emita una nueva resolución en atención al pedido de beneficio penitenciario de libertad (fs. 42 a 45 vta.). II.9. Mediante Auto Interlocutorio 121/2023 de 8 de febrero, la Jueza hoy accionada, declaró sin lugar y rechazó la libertad condicional solicitada por el accionante (fs. 46 a 50 vta.). II.10. A través de Auto de Vista 18/2023 de 1 de marzo, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, declaro la “IMPROCEDENCIA” del recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante; confirmando el Auto Interlocutorio 121/2023 (fs. 73 a 78 vta.).

II.11. Por revisión de la base de datos de Gestión Procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional, se tiene lo siguiente:

-Expediente 51626-2022-104-AL: Teodoro Magnus Mendoza interpuso acción de libertad contra la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que emitió el Auto de Vista 94/2022 (confirmando el Auto Interlocutorio 452/2022; por el que, la Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro, rechazó el incidente de beneficio penitenciario de libertad condicional); no obstante, el Juez de garantías denegó la tutela solicitada, a través de la Resolución 14/2022 de 8 de noviembre; determinación que a la fecha se encuentra en revisión. -Expediente 53231-2023-107-AL: Teodoro Magnus Mendoza planteó acción de libertad contra la Jueza de Ejecución Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro, que emitió el Auto Interlocutorio 624/2022; por el que, resolvió el recurso de reposición planteado en contra del Auto de 19 de noviembre, por el que indicó al mencionado estese a lo dispuesto en el Auto Interlocutorio 452/2022, confirmado por Auto de Vista 94/2022; al respecto, el Juez de garantías concedió la tutela solicitada, a través de la Resolución 04/2023, ordenando la emisión de una nueva determinación; acto que, se encuentra en revisión.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso, y a los principios de favorabilidad y retroactividad; puesto que, la Jueza hoy accionada, emitió el Auto Interlocutorio 121/2023 de 8 de febrero, rechazando su pedido de libertad condicional, aplicando la Ley 1443; cuando debía considerar que se encuentra recluido aproximadamente catorce años, cumpliendo así dos terceras partes de su condena, correspondiendo la aplicación de la Ley 2298. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Legitimación pasiva en la acción de libertad. Jurisprudencia reiterada; y, 2) Análisis del caso concreto.

III.1. Legitimación pasiva en la acción de libertad. Jurisprudencia reiterada

Sobre el tema, la SCP 1617/2025-S1 de 29 de diciembre, citando la SC 1651/2004-R de 11 de octubre, señala que: "'La uniforme jurisprudencia constitucional dictada por este Tribunal ha establecido el principio general según el cual, para la procedencia del hábeas corpus es ineludible que el recurso sea dirigido contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, su inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados, ello debido a la falta de legitimación pasiva, calidad que de acuerdo a lo sostenido por la SC 0691/2001-R, de 9 de julio reiterada en las Sentencias Constitucionales 0817/2001-R de 3 de agosto, 0139/2002-R de 20 de febrero, 1279/2002-R de 22 de octubre y otras, se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción. En ese sentido se tienen, entre otras, las Sentencias Constitucionales 0233/2003-R de 24 de febrero, 0396/2004-R de 23 de marzo y 0807/2004-R de 24 de mayo' (SC 1651/2004-R de 11 de octubre). En la misma línea argumentativa, la SC 0192/2010-R de 24 de mayo, señaló que, 'Para la procedencia del recurso de hábeas corpus, actualmente acción de libertad, se debe observar la legitimación pasiva; es decir, que la acción sea dirigida contra la autoridad, funcionario o persona que cometió el acto ilegal u omisión indebida que atenta contra el derecho a la libertad, o a la vida, ya sea a través de una persecución, procesamiento o detención ilegales o indebidas; vale decir, que se deberá demandar a quien impartió la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, o en su caso, a la que directamente incurrió en los actos u omisiones que derivaron en que la aprehensión o detención sea ilegal o indebida, como por ejemplo pueden darse casos de la ejecución de una orden pero con notoria arbitrariedad al margen de lo encomendado. De lo contrario la acción carecería de falta de legitimación pasiva; es decir, en la no coincidencia o correspondencia entre la persona, autoridad o funcionario contra quien se interpuso la acción de defensa de derechos fundamentales, con quien efectivamente causó la supuesta lesión a derechos que se denuncia y que motiva la interposición de la misma. Situación que neutraliza este mecanismo de defensa de rango constitucional e imposibilita ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, puesto que si bien la acción de libertad está exenta de formalismos en su presentación; sin embargo, ello no libera al accionante de la responsabilidad de señalar o identificar a quién se demanda, que en el caso de funcionarios o autoridades públicas, no siempre es exigible el nombre, pues bastaría la indicación del cargo, lo cual se corrobora con la narración de los hechos que motivan la petición de tutela y la prueba aparejada, como también ante situaciones de notoria arbitrariedad; empero, en los casos en que la acción de libertad es emergente de un proceso judicial ordinario, como sucede en este caso, la exigencia de la legitimación pasiva debe ser necesariamente cumplida por el accionante'” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso, y a los principios de favorabilidad y retroactividad; puesto que, la Jueza hoy accionada, emitió el Auto Interlocutorio 121/2023 de 8 de febrero, rechazando su pedido de libertad condicional, aplicando la Ley 1443; cuando debía considerar que se encuentra recluido aproximadamente catorce años, cumpliendo así dos terceras partes de su condena, correspondiendo la aplicación de la Ley 2298.

Ahora bien, identificada la problemática planteada, de la revisión de los antecedentes insertos en la presente causa; se tiene que, mediante Sentencia 34/2009, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, declaró al hoy accionante, autor del delito de violación de niña, niño y adolescente y abuso deshonesto contra dos víctimas, condenándolo con la pena privativa de libertad de veinte años de presidio sin derecho a indulto. Posteriormente, mediante memorial presentado el 4 de octubre de 2022, ante la Jueza ahora accionada, el accionante, en la vía incidental planteó beneficio penitenciario de libertad condicional, refiriendo haber cumplido dos terceras partes de su condena (Conclusión II.2.); pedido que fue rechazado a través del Auto Interlocutorio 452/2022 (Conclusión II.3.); consecuentemente, por memorial presentado el 11 de octubre de 2022, ante la nombrada Jueza, el accionante, planteó recurso de apelación incidental (Conclusión II.4.); sin embargo, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitió el Auto de Vista 94/2022, declarando improcedente el mismo y confirmo el Auto Interlocutorio 452/2022 (Conclusión II.5.). De acuerdo a la base de datos de Gestión Procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional, el accionante, interpuso acción de libertad contra la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que emitió el Auto de Vista 94/2022; no obstante, el Juez de garantías denegó la tutela solicitada, a través de la Resolución 14/2022 de 8 de noviembre; determinación que a la fecha se encuentra en revisión -Expediente 51626-2022-104-AL- (Conclusión II.11.). Seguidamente, a través de memorial presentado el 18 de noviembre de 2022, ante la Jueza ahora accionada, el accionante, en la vía incidental planteó una vez más, beneficio penitenciario de libertad condicional; pedido que, fue atendido por Auto de 19 de noviembre de 2022, señalando "…estese a la resolución Auto N° 452/2022 de fecha 06/10/2022, emitida por este despacho judicial y confirmado por Auto de Vista de fecha 27/10/2022 de la Sala Penal Segunda" (sic [Conclusión II.6.]). En consecuencia, mediante memorial presentado el 29 de noviembre de 2022, ante la Jueza ahora accionada, el accionante planteó recurso de reposición contra el Auto de 19 del mismo mes y año, solicitando que se emita resolución, atendiendo su pedido de beneficio penitenciario de libertad; no obstante, la nombrada Jueza emitió el Auto Interlocutorio 624/2022, rechazando la reposición solicitada (Conclusión II.7.). Habiendo planteado acción de libertad contra esa determinación, el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, concedió la tutela a través de la Resolución 04/2023 y ordenó a la Jueza ahora accionada, emita una nueva Resolución en atención al pedido de beneficio penitenciario de libertad solicitada por el accionante (Conclusión II.11). Cabe señalar que, de acuerdo a la revisión de la base de datos de Gestión Procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional, se tiene la Resolución 04/2023, que también fue remitida a este Tribunal (expediente 53231-2023-107-AL). Es así que, mediante Auto Interlocutorio 121/2023, la Jueza hoy accionada, declaró sin lugar y rechazó la libertad condicional solicitada por el accionante (Conclusión II.9.); quien interpuso recurso de apelación incidental, que fue rechazado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, a través del Auto de Vista 18/2023 (Conclusión II.10.). En ese marco, se evidencia que el accionante no dirigió la presente acción de libertad contra la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, sino únicamente contra la Jueza ahora accionada, quien no cuenta con competencia para modificar el acto ni para dejarlo sin efecto; pues, su decisión ya fue revisada y confirmada por una instancia jerárquicamente superior. Ahora bien, de acuerdo a lo dispuesto en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, para la procedencia de la acción de libertad debe observarse la legitimación pasiva; es decir, que debe ser dirigida contra la autoridad que incurrió en el acto ilegal u omisión indebida que atenta contra el derecho a la libertad; en el caso concreto, la Jueza ahora accionada, no cuenta con legitimación pasiva para ser demandada; dado que, su decisión fue impugnada por el accionante; recurso que, dio lugar a la emisión del Auto de Vista 18/2023, que ni siquiera fue referido por este en la presente acción tutelar; siendo este el último acto a considerar por la jurisdicción constitucional.

En ese contexto, de lo relacionado precedentemente, se colige que al no existir coincidencia entre la persona que presuntamente cometió la amenaza al derecho a la libertad del accionante y la Jueza hoy accionada, dicha autoridad carece de legitimación pasiva para ser demandada en esta acción de defensa, por cuanto conforme al razonamiento glosado en el Fundamento Jurídico III.1., el accionante tenía la responsabilidad de señalar o identificar a la persona particular o funcionario público a quien se le atribuye los hechos que motivan la petición de tutela; exigencia que en el presente caso no fue cumplida; motivo por el cual, no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, correspondiendo denegar la tutela solicitada. Consideración Final

De la revisión de los antecedentes, se advierte que el accionante promovió sucesivas acciones de libertad con relación a la misma pretensión, esto es, el otorgamiento del beneficio de libertad condicional, sin esperar el pronunciamiento definitivo en las anteriores acciones; en efecto, consta que el accionante ya interpuso una primera acción de libertad contra el rechazo de su solicitud, causa que aún se encuentra en revisión ante este Tribunal; pese a ello, acudió nuevamente ante la Jueza ahora accionada para reiterar su pedido, obteniendo una nueva negativa bajo el argumento de estar ya resuelto su caso; lo cual, motivó promover otra acción de defensa, en la que obtuvo tutela y se ordenó una nueva resolución, que también le fue desfavorable y que fue apelada sin éxito, generando la emisión del Auto de Vista 18/2023, acto que no fue advertido por el accionante en la presente acción tutelar. Tal proceder vulnera los principios de economía y seguridad jurídica, generando disfunción procesal; pues, introduce acciones constitucionales de forma fragmentada y reiterativa, con el riesgo de obtener decisiones contradictorias, sobrecargar innecesariamente a las instancias judiciales, y afectar el correcto funcionamiento del sistema de justicia. En consecuencia, corresponde advertir al accionante que el uso abusivo o reiterado de las acciones de defensa, sin el cumplimiento de los presupuestos legales ni el respeto a las etapas procesales, puede derivar en consecuencias procesales, incluyendo la eventual aplicación de sanciones por temeridad procesal, conforme a lo dispuesto en la doctrina constitucional y la normativa vigente. En consecuencia, el Juez de garantías, al declarar la “IMPROCEDENCIA”, aunque con terminología errónea, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 22/2023 de 14 de abril, cursante de fs. 82 a 84 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0558_2026-S1.pdf · páginas 1 a 11.

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