B.IA.LEGAL

SCP 0558/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 5 de junio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
5 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
45448-2022-91-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia que se vulneró sus derechos al debido proceso, a la libertad de locomoción, a una justicia pronta y oportuna, al principio procesal de celeridad; toda vez que, el Juez demandado, no se pronunció oportunamente sobre la solicitud de cesación a su detención preventiva presentada el 20 de diciembre de 2021 al encontrarse privado de libertad por el lapso de tres años y seis meses, conforme a lo previsto por el art. 239.3, y 4 del CPP, sin que a la fecha de presentación de la presente acción tutelar se hubiera realizado la apertura del juicio oral, sin observar el plazo previsto en el art. 239 del CPP para los numerales 3 y 4 del mismo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: 1) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) Sobre la solicitud de cesación a la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por la Leyes 1173 y 1226; y, 3) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2022 de 07 de enero, cursante de fs., 25 a 27, pronunciada por la Juez Cuarto de Sentencia de la Capital de La Paz; y, en consecuencia; DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Sobre la solicitud de cesación a la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por la Leyes 1173 y 1226
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0558/2023-S1 Sucre, 5 de junio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 45448-2022-91-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 02/2022 de 7 de enero, cursante de fs. 25 a 27, pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por Rodrigo Zambrana Condori en representación sin mandato de Jesús Cesar Apaza Huanca contra Alan Zarate Hinojosa, Juez Décimo de Sentencia Penal de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 6 de enero de 2022, cursante de fs. 9 a 12 vta., el accionante a través de su representante sin mandado, manifestó:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de Violencia Intrafamiliar previsto en el art. 272 bis del Código Penal (CP), mediante Resolución de 30 de mayo de 2018, se dispuso su detención preventiva en el recinto penitenciario de “San Pedro”, encontrándose detenido por tres años y seis meses, con tales argumentos el 20 de diciembre de 2021 solicitó la cesación a su detención preventiva, conforme a lo previsto por el art. 239 Núm.3, y 4 del Código de Procedimiento Penal (CPP), presentando prueba fáctica. El Ministerio Público presentó acusación el 6 de mayo de 2019, sin que se hubiera realizado la apertura del juicio oral. Hasta la fecha de presentación de la presente acción tutelar, se encuentra detenido casi cumpliendo el total de la pena por el supuesto delito atribuido, como una pena anticipada, sin que se hubiera observado el plazo previsto en el art. 239 del CPP que dispone para los numerales 3 y 4, que la oficina Gestora de procesos a través del buzón de notificaciones de la ciudadanía digital dentro de las 24 horas siguientes corra el traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de 48 horas, con contestación o sin ella la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia dentro del plazo máximo de 48 horas siguientes, declarando la procedencia siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin la suspensión de plazos. Sin embargo, hasta la fecha no recibió ningún tipo de respuesta, solamente que está en despacho para resolución, que se está en plazo, y lo último que el cuaderno fue remitido al juzgado de origen.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Alega como vulnerados los derechos al debido proceso, la libertad de locomoción; a una justicia pronta y oportuna y el principio procesal de celeridad, citando al efecto, los arts. 115. II, de la Constitución Política del Estado (CPE), el art. 7.1 y 3 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 9 y 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada y se disponga que la autoridad demandada se pronuncie sobre su solicitud a la cesación de su detención preventiva.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública de acción de libertad, el 7 de enero de 2021, conforme consta en el Acta de audiencia cursante de fs. 22 a 24, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante por intermedio de su representante sin mandato, en audiencia ratificó el memorial de acción de libertad y refirió que: a) El 20 de diciembre de 2021 presentó ante el Juez demandado la cesación a su detención preventiva, por los numerales 3 y 4 del art. 239 del CPP; el numeral 3 refiere: cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga, que para el caso es Violencia Intrafamiliar, el numeral 4) expresa que la detención preventiva cesará cuando la duración de la detención preventiva exceda de 12 meses sin que se haya dictado acusación o en 24 meses sin que se hubiera dictado sentencia; b) Ha pasado más de 24 meses sin que se hubiera dictado sentencia, concretamente 3 años y casi 6 meses de detención preventiva; c) El proceso continúa ante el Juez Instructor Penal de la Asunta y no habría pasado ante el Juez de Sentencia, no obstante a que faltan 6 meses para concluir una pena anticipada; y, d) Que la SC 947/01 de 6 de septiembre de 2001, establece en cuanto a los parágrafos 3 y 4 del art. 239 del CPP, establece que no está supeditado al cumplimiento de ningún otro requisito que no sea en transcurso del tiempo establecido para el delito con el que fue acusado.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Alan Zarate Hinojosa, Juez de Sentencia Penal Décimo del departamento de La Paz, mediante informe cursante a fs. 21 señaló lo siguiente: 1) El accionante sostiene que su persona en condición de Juez de turno vacacional no se hubiera pronunciado a su solicitud de cesación a su detención preventiva; lo cual no es evidente, remitió la Resolución 24/2021 de 28 de diciembre, que rechazó la cesación a la detención preventiva; 2) Si bien el contenido mismo de la Resolución no es objeto de cuestionamiento en esta acción, el accionante fue imputado por el delito de tentativa de feminicidio, tipo delictivo sobre el cual el Ministerio Público no se ha pronunciado con un sobreseimiento, únicamente guardó silencio sospechoso al acusar por el delito de violencia familiar o doméstica; sin embargo, los hechos acusados informan de acción atribuida al accionante en contra de la víctima mujer con arma punzo cortante e incluso refiere agresiones sexuales; 3) De lo informado por la auxiliar del Juzgado a su cargo el 3 de enero de 2023 a horas 15:50 p.m. la causa en cuestión fue devuelta al Juzgado de origen, por lo cual solicitó se requiera al juzgado a cargo de la causa la remisión virtual del expediente para que se pueda corroborar lo informado; de considerarlo necesario; y, 4) El objeto de tutela constitucional radica en que se pronuncie, empero la vacación judicial ya concluyó y su persona pronunció en tiempo hábil y oportuno la resolución respectiva, finalmente, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

La Juez Cuarto de Sentencia en lo Penal de la Capital de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 02/2022 de 7 de enero, cursante de fs. 25 a 27, denegó la tutela solicitada bajo los siguientes fundamentos: i) El accionante interpuso ante el Juez Décimo de Sentencia de Turno de La Paz, en vacación judicial solicitud de cesación a la detención preventiva al amparo del art. 239.3 y 4 del CPP encontrándose acusado por el delito de Violencia Doméstica previsto en el art. 272 bis del CPP que establece una pena de reclusión de dos a cuatro años, adjunta documentación que establece su detención de tres años y seis meses en el centro penitenciario de San Pedro; ii) La autoridad demandada emitió la Resolución 24/2021 de 28 de diciembre, disponiendo el rechazo de la solicitud de cesación a la detención preventiva, impetrada por el accionante, disposición judicial que el abogado del accionante refiere no tener conocimiento al no estar legalmente notificado; iii) Ante la existencia de la resolución que responde a la solicitud de cesación a la detención preventiva Resolución 24/2021, de ocasionar agravios al impetrante por su rechazo, debe interponerse el respectivo recurso de apelación incidental contra dicha resolución, entendiéndose que al presente no habría sido notificado legalmente, se encontraría en tiempo hábil para la interposición de este recurso de apelación a fin que el tribunal de alzada ordinario pueda resolver el mismo, ya sea revocando o confirmando la resolución de la autoridad accionada, previo el trámite adecuado, no correspondiendo acudir ante el Juez de garantías dentro de la jurisdicción constitucional; y, iv) Si bien se denunció dilación indebida en emisión de la referida Resolución 24/2021, en la audiencia no se han presentado mayores datos y elementos que verifique dicha dilación, que el expediente con los antecedentes legales del caso ya fueron remitidos al juzgado de origen Juzgado Mixto de la localidad de Chulumani al concluir la vacación judicial el 31 de diciembre de 2021 por lo cual el juzgado de turno perdió competencia para cualquier pronunciamiento.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. El 6 de mayo de 2019 el Ministerio Público presentó Requerimiento Acusatorio Conclusivo contra Jesús Cesar Apaza Huanca ante el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia Niñez y Adolescencia de Partido del Trabajo y S.S., e Instrucción Penal, por el delito de Violencia Familiar o Doméstica previsto y sancionado en el numeral 1 del art. 272 bis del Código Penal (fs. 2 a 4 vta.). II.2. El 20 de diciembre de 2021 a horas 15:52, Jesús Cesar Apaza Huanca presentó mediante memorial de apersonamiento, solicitud de cesación a la detención preventiva ante el Juez de Turno Décimo de Sentencia Penal de La Paz, invocando el art. 239. 3 y 4 del CPP, arguyendo que el 30 de mayo de 2018 se dispuso su detención preventiva en el recinto penitenciario de San Pedro, y por contar con tres años y seis meses de detención preventiva (fs. 5 a 6 vta.). II.3. Certificado de Permanencia y Conducta de 1 de octubre de 2020, que Certifica que Jesús Cesar Apaza Huanca ingresó al Recinto Penitenciario el 30 de junio de 2018 con Mandamiento de Detención Preventiva expedido por el Juez del Juzgado Público Primero Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de la localidad de la Asunta, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por el delito de Feminicidio con una permanencia de dos años tres meses y un día, no presenta observaciones de conducta ( fs. 7). II.4. Certificado de Antecedentes Penales de 17 de agosto de 2020 que certifica que Jesús Cesar Apaza Huanca no registra antecedente penal referido a sentencia condenatoria ejecutoriada, declaratoria de rebeldía o suspensión condicional del proceso (fs. 8). II.5. Cursa la Resolución 24/2021 de 28 de diciembre, emitido dentro del caso 82/2018 de Cesación a la Detención Preventiva, por el cual el Juez de Sentencia Penal Décimo de La Capital de La Paz, rechazó la cesación a la detención preventiva del ciudadano Jesús Cesar Apaza Huanca, con los siguientes fundamentos: a) El accionante no acreditó el tiempo de permanencia en el recinto penitenciario, presentó como prueba un certificado de permanencia de octubre de 2020, es decir que el mismo no se encuentra actualizado por lo que no genera certeza; b) Asimismo de la revisión del cuaderno procesal se evidencia que existe imputación formal por parte del Ministerio Público contra el accionante, por el delito de tentativa de feminicidio, pero no así un sobreseimiento o acusación fiscal sobre el mismo, presentándose silencio por parte del Ministerio Público; c) En cuanto a determinar la razón por la que hubo demora procesal en la presente causa se tiene la suspensión de plazos por la pandemia provocada por el virus COVID -19 y funcionarios judiciales con bajas médicas por casos positivos de COVID-19, lo anterior informado por el Ministerio Público; y, d) El impetrante de tutela no acreditó que la dilación del proceso no es atribuible a algún acto dilatorio del imputado, siendo la carga de la prueba una solicitud de la cesación de la detención preventiva a la parte impetrante (fs. 19 a 20).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia que se vulneró sus derechos al debido proceso, a la libertad de locomoción, a una justicia pronta y oportuna, al principio procesal de celeridad; toda vez que, el Juez demandado, no se pronunció oportunamente sobre la solicitud de cesación a su detención preventiva presentada el 20 de diciembre de 2021 al encontrarse privado de libertad por el lapso de tres años y seis meses, conforme a lo previsto por el art. 239.3, y 4 del CPP, sin que a la fecha de presentación de la presente acción tutelar se hubiera realizado la apertura del juicio oral, sin observar el plazo previsto en el art. 239 del CPP para los numerales 3 y 4 del mismo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: 1) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 2) Sobre la solicitud de cesación a la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por la Leyes 1173 y 1226; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente razonamiento:

La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.

Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.

Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo 1El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”.

El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.

El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 2El FJ. III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.

Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…)

Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.

III.2. Sobre la solicitud de cesación a la detención preventiva y el señalamiento de audiencia y las modificaciones introducidas por la Leyes 1173 y 1226

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0470/2021-S1 de 21 de septiembre, asumió el siguiente razonamiento:

La Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, implementó procedimientos para agilizar la tramitación de las causas penales, descongestionar el sistema penal y reducir la retardación de justicia; en su Capítulo III, específicamente el art. 8 incluyó modificaciones y sustituciones a las normas del Código de Procedimiento Penal, entre las que se encuentran el art. 239, que en lo relativo al pedido de cesación de la detención preventiva por las causales que se hallaban previstas en los numeras 1 y 4 de dicha norma, establecía que se debía señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco días.

Si bien hasta antes de la promulgación de la Ley 586, este Tribunal dejó estableció que para la procedencia de la protección que brinda la acción de libertad, ante la falta de pronunciamiento oportuno dentro de una solicitud de medidas cautelares que afecta el derecho a la libertad física del imputado, dicha petición debía ser atendida dentro del plazo razonable de tres días, en el que debía fijarse día y hora de realización de la audiencia correspondiente y procederse con las notificaciones respectivas -SCP 0110/2012 de 27 de abril-; con la modificación efectuada al art. 239 del CPP por la referida Ley 586, dicho plazo fue regulado a cinco días.

Sin embargo, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, y posteriormente la Ley de Modificación a dicha Ley, la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, introdujeron las modificaciones al art. 239 referente a la cesación de las medidas cautelares personales, siendo el texto vigente el siguiente:

Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales:

1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;

2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención;

3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;

4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de vienticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas.

5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o,

6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas.

Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.

En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las vienticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.

En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código.

La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente.

Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código. Por lo tanto, el precepto vigente del art. 239 del CPP, establece que ante la petición de cesación de las medidas cautelares personales basada en la existencia de nuevos elementos que evidencien que no concurren los motivos que la fundaron o se torne conveniente que sea sustituida por otra medida, el juez o tribunal que conozca de tal solicitud deberá señalar audiencia para la resolución del incidente dentro de las cuarenta y ocho horas, debiendo tramitarla con la mayor celeridad posible en el nuevo plazo estipulado.

Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud.

Respecto del plazo en el cual deben ser providenciadas las peticiones efectuadas mediante los memoriales presentados, de conformidad con el art. 132.1 del CPP, salvo disposición contraria de dicho Código, el juez o tribunal, deberá dictarlas cuando se traten de mero trámite dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme lo entendió la SCP 0110/2012, ya que en el caso de retrasar o aplazar su emisión, no solo se lesiona el derecho a la libertad del impetrante de tutela, sino que el juzgador incurrirá en una falta grave, debido a la demora culpable en la que incurre; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán providenciar los escritos que presenten los imputados dentro del plazo de veinticuatro horas y señalar las audiencias respectivas dentro del término establecido, a efecto de no lesionar el derecho a la libertad de los detenidos preventivamente, sin que sea una excusa para el incumplimiento de esta obligación la excesiva carga procesal, pues su inobservancia, atenta el derecho a la libertad vinculado con el principio de celeridad.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante por medio de su representante sin mandato, denuncia que el Juez demandado vulneró sus derechos al debido proceso, a la libertad de locomoción, a una justicia pronta y oportuna, así como al principio procesal de celeridad; toda vez que, no se pronunció sobre la cesación de su detención preventiva presentada el 20 de diciembre de 2021 en la que invocó las causales previstas en el art. 239.3 y 4 del CPP; debido a que se encuentra detenido preventivamente por más de tres años y seis meses, cumpliendo una pena anticipada y sobrepasado el mínimo de la pena prevista para el delito acusado, sin que se hubiera dictado sentencia.

Del análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de Violencia Familiar o Doméstica contra Jesús Cesar Apaza hoy accionante, éste presentó memorial de cesación a la detención preventiva el 20 de diciembre de 2021 a horas 15:52, ante Alan Zarate Hinojosa Juez Décimo de Sentencia Penal de la Capital de La Paz, (demandado) al encontrarse de turno durante la vacación judicial, invocando los numerales 3 y 4 del art. 239 del CPP y arguyendo que se encuentra detenido preventivamente por más de la pena mínima del delito que se lo acusa y por estar detenido preventivamente por más de tres años y seis meses sin que se hubiera dictado sentencia (Conclusión II.2). El Juez demandado mediante Resolución 24/2021 de 28 de diciembre, rechazó la cesación a la detención preventiva (Conclusión II.5). Ahora bien, tomando en cuenta que el accionante únicamente cuestionó que el Juez demandado no se pronunció sobre su solicitud de cesación a la detención preventiva, es necesario remitirnos al Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, donde se precisa los plazos para resolver una solicitud de cesación a la detención preventiva; en tal sentido, considerando que el accionante activó su solicitud invocando el art. 239.3 y 4 del CPP, implica que dentro de las veinticuatro horas siguientes se correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho horas, y con contestación o sin ella, la autoridad jurisdiccional dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes. Por lo indicado, se advierte que el Juez demandado al emitir la Resolución 24/2021 de 28 de diciembre, obró dentro del plazo previsto en el art. 239 del CPP para los numerales 3 y 4 del mismo. Desde esa óptica el demandado no incurrió en demora alguna, por el contrario se adecua a los entendimientos señalados en la jurisprudencia constitucional en cuanto a la acción de libertad de pronto despacho, glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que señala: “(…) toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho”. Por consiguiente corresponde denegar la tutela solicitada. Por otro lado, en cuanto al contenido de la referida Resolución, se refirió en audiencia que la notificación a la parte accionante con la misma; se encuentra pendiente, una vez notificado conforme a procedimiento, puede hacer valer sus derechos en el recurso de apelación ante el superior en grado, si la decisión fuera adversa a sus intereses y si considera que afectan sus derechos, conforme a los entendimientos de la subsidiariedad excepcional que caracteriza la acción de libertad. Por lo referido, se tiene que no es evidente que se hubiera vulnerado el debido proceso, el derecho a la libertad y a una justicia pronta y oportuna, y que se hubiera pasado por alto el principio de celeridad que caracteriza a la administración de justicia. A tal efecto, la Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2022 de 07 de enero, cursante de fs., 25 a 27, pronunciada por la Juez Cuarto de Sentencia de la Capital de La Paz; y, en consecuencia; DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MSc. Georgina Amusquivar Moller MAGISTRADA uMAGISTRADA

Notas al pie

3 La detención preventiva cesará: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 3. Cuando su duración exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, asesinato, violación a infante, niña, niño, adolescente, e infanticidio; y, 4. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad terminal. Planteada la solicitud, en el caso de los Numerales 1 y 4, la o el Juez deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco (5) días. En el caso de los Numerales 2 y 3, la o el Juez o Tribunal dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, correrá traslado a las partes quienes deberán responder en el plazo de tres (3) días. Con contestación o sin ella, la o el Juez o Tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro de los cinco (5) días siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los Numerales 2, 3 y 4 del presente Artículo, la o el Juez o Tribunal aplicará las medidas sustitutivas que correspondan, previstas en el Artículo 240 de este Código (las negrillas son añadidas).

4 El FJ III.3, dispone que: “…tratándose de señalamientos de día y hora de audiencia para considerar este beneficio [cesación de la detención preventiva], debe ser conceptuada como un término brevísimo, de tres días hábiles como máximo, pues el imputado se encuentra privado de su libertad. En este entendido, el plazo razonable para la realización de la audiencia de análisis, consideración y resolución del beneficio de la cesación de la detención preventiva, será el término máximo antes señalado, incluidas las notificaciones pertinentes, lo contrario constituye vulneración del derecho a la libertad, en el entendido en que los jueces no pueden obrar contra los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad (art. 73 y ss de la CPE), bajo el argumento de existencia de `sobrecarga procesal´ para justificar una negligencia e incumplimiento de un deber de servicio a la sociedad”.

5 El FJ III.3, expresa: “…ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0558_2023-S1.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 7f0a7f4f42b3fb91a25b6f376e6e957c776809fe0b0dfdd33fab5d98c53ac83d

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