Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 8 de abril de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de circulación y a la dignidad, alegando de manera confusa que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito abuso sexual, en apelación de cesación de la detención preventiva, se dispuso concederle detención domiciliaria; no obstante, en primera instancia, el Juez demandado, en suplencia legal, dispuso la ampliación de su detención preventiva por el plazo de cuarenta días; empero, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, no se llevó su audiencia de consideración de situación jurídica, estando privado de su libertad tres meses más de lo solicitado por el Ministerio Público, lo que implica -a su criterio- una condena anticipada. Ante ello, el Juez demandado señala que, no se entiende qué es lo que pide el impetrante de tutela ni contra quién va dirigida la acción tutelar; además, solo conoció la causa en ejercicio de suplencia legal, pero después desconoce actos posteriores, considerando que el Juez titular de la causa de origen retornó a funciones el 5 de diciembre de 2022. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 8 de marzo, cursante de fs. 24 a 27, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Público de la Niñez y Adolescencia, Juez Técnico Primero de Uncía del departamento de Potosí; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada conforme a lo señalado en el presente fallo constitucional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0557/2026-S2 Sucre, 8 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 54201-2023-109-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 01/2023 de 8 de marzo, cursante de fs. 24 a 27, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marco Antonio Sabaya Aguilar contra José David Niño de Guzmán Molina, Juez Público de Familia e Instrucción Penal Segundo de Uncía del departamento de Potosí.
Por memoriales presentados el 7 de marzo de 2023, cursantes de fs. 1 a 3; y, 8 y vta., el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito abuso sexual, en apelación de cesación de la detención preventiva se dispuso concederle detención domiciliaria; no obstante, en primera instancia, José David Niño de Guzmán Molina, Juez Público de Familia e Instrucción Penal Segundo de Uncía del departamento de Potosí -ahora demandado-, en suplencia legal de su similar Primero, dispuso la ampliación de la indicada medida extrema por el plazo de cuarenta días; empero, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, la audiencia de consideración de situación jurídica no fue celebrada, estando siendo privado de su libertad tres meses más de lo solicitado por el Ministerio Público, considerable -a su criterio- a una condena anticipada.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad de circulación y a la dignidad; citando al efecto los arts. 21.7 y 22 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia se disponga su libertad.
Celebrada la audiencia pública el 8 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 22 a 24, se produjeron los siguientes actuados:
La peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos de su acción de libertad y, ampliando en audiencia, señaló que: “Estoy detenido bastantemente entonces y mi falta económico para mis familias porque bajo económico estoy y mis hijos también sienten económico tanto tiempo ya estoy detención ahí es más una palabra” (sic).
José David Niño de Guzmán Molina, Juez Público de Familia e Instrucción Penal Segundo de Uncía del departamento de Potosí, por informe escrito cursante a fs. 19 y vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, señalando que: a) En realidad no se entendió qué pidió el accionante, ya que la redacción era incongruente e incomprensible; además, no refirió contra quién fue dirigida la causa, ni tampoco identificó los derechos vulnerados; y, b) Ejerciendo suplencia legal, conoció la causa penal de origen a raíz de una declinada de competencia del Juez cautelar de la localidad de Llallagua; empero, después de la concesión de detención domiciliaria, en apelación desconoció actos posteriores, considerando que el Juez titular retornó a funciones el 5 de diciembre de 2022.
Elmer Arista Viscarra, Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Uncía del departamento de Potosí, por escrito cursante a fs. 16 y vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, refiriendo que: 1) El asumió funciones desde el 18 de noviembre de 2022, y el reclamo efectuado por el accionante ser remitía con la audiencia de 19 de octubre de igual año, la cual fue tramitada por el Juez en suplencia legal; 2) En cuanto a la presunta vulneración del derecho a la libertad, “…es totalmente vergonzoso que la parte accionante realice una fundamentación jurídica aberrante sin el respectivo asidero legal, confunda las normativas procesales entrenando en el campo del error en su aplicación y observancia…” (sic); y, 3) La presente acción de defensa no cumplió con los requisitos de procedencia establecidos en el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo). “Carlos Gutiérrez”, Fiscal de Materia, en audiencia de garantía, solicitó se deniegue la tutela impetrada, señalando que, siendo que el impetrante de tutela contaba con detención domiciliaria, pidió la modificación de dicha medida cautelar, la cual fue denegada; empero, no apeló dicha determinación.
El Juez de Sentencia Penal, Público de la Niñez y Adolescencia, Juez Técnico Primero de Uncía del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, por Resolución 01/2023 de 8 de marzo, cursante de fs. 24 a 27, denegó la tutela impetrada; con base en los siguientes fundamentos: i) Los argumentos del accionante y sus abogados fueron confusos; no obstante, se entendió que al haberse dispuesto su detención domiciliaria, el Auto Interlocutorio que dispuso en su momento cuarenta días de ampliación ya no tenía vigencia, porque fue revocado mediante Auto de Vista en apelación; ii) El impetrante de tutela solicitó modificación de su medida cautelar de detención domiciliaria; empero, fue negada por el Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Uncía del referido departamento; determinación que, no mereció recurso de apelación en la vía incidental; y, iii) El peticionante de tutela no identificó contra que autoridad formalizó la presente acción de defensa, puesto que, en un principio, señaló a la autoridad demandada, luego cuestionó a la autoridad que emitió el Auto de Vista que le otorgó la detención domiciliaria, resultando incoherente en su solicitud, pues la misma carecería de legitimación pasiva en la causa.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa (fs. 31 a 33).
No cursa en el expediente antecedentes del caso, por lo que se procederá a resolver con base en lo expuesto por los sujetos procesales y que no fue controvertido.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de circulación y a la dignidad, alegando de manera confusa que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito abuso sexual, en apelación de cesación de la detención preventiva, se dispuso concederle detención domiciliaria; no obstante, en primera instancia, el Juez demandado, en suplencia legal, dispuso la ampliación de su detención preventiva por el plazo de cuarenta días; empero, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, no se llevó su audiencia de consideración de situación jurídica, estando privado de su libertad tres meses más de lo solicitado por el Ministerio Público, lo que implica -a su criterio- una condena anticipada. Ante ello, el Juez demandado señala que, no se entiende qué es lo que pide el impetrante de tutela ni contra quién va dirigida la acción tutelar; además, solo conoció la causa en ejercicio de suplencia legal, pero después desconoce actos posteriores, considerando que el Juez titular de la causa de origen retornó a funciones el 5 de diciembre de 2022. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SC 0008/2010-R de 6 de abril, estableció que: “El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas” (las negrillas nos corresponden).
Del contenido de la acción tutelar, pese a su redacción confusa e imprecisa, se comprende que la problemática se circunscribe a una presunta dilación indebida atribuida al Juez demandado, quien habría dispuesto la ampliación de la detención preventiva del accionante por cuarenta días, sin que hasta la interposición de la presente acción de libertad se hubiera llevado a cabo la audiencia de consideración de su situación jurídica, lo que -a su criterio- “habría” derivado en una prolongación indebida de su privación de libertad. Sin embargo, contextualizados los antecedentes del caso y con base en la intervención de las partes procesales, se extrae que la detención preventiva del accionante -incluida su ampliación-, dispuesta por el Juez demandado fue posteriormente revocada en grado de apelación, disponiéndose en su lugar la detención domiciliaria, entre otras medidas cautelares, extremo que resulta determinante, pues al haber quedado sin efecto la detención preventiva, ya no correspondía la realización de la audiencia de consideración de situación jurídica ni el control de plazos previsto en el art. 233.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP); toda vez que, dichos mecanismos únicamente operan cuando el imputado se encuentra efectivamente bajo detención preventiva vigente, lo que no acontece en el presente caso. En ese contexto, se evidencia que el peticionante de tutela incurre en una confusión respecto a su situación procesal, al no diferenciar entre la detención preventiva y la posterior imposición de la detención domiciliaria, generando imprecisión tanto en la identificación del acto presuntamente lesivo como de la autoridad responsable; empero, dicho aspecto se clarifica con la intervención del Ministerio Público, quien en audiencia de garantías señaló que, encontrándose el accionante bajo detención domiciliaria, este solicitó la modificación de dicha medida cautelar, y que, al haber sido rechazada por la autoridad judicial de la causa, no interpuso el recurso de apelación incidental previsto en el art. 251 del CPP. En tal sentido, se establece que el acto procesal relevante y, por ende, susceptible de control por esta instancia constitucional, responde a la determinación que rechazó la modificación de la medida cautelar del impetrante de tutela; no obstante, para su consideración debe tenerse presente que, si bien no arrima al expediente documentación que acredite la solicitud de modificación de medida cautelar ni la decisión de rechazo emitida por la autoridad jurisdiccional, este extremo se tiene por establecido en mérito a la afirmación realizada por el Ministerio Público en la audiencia de garantías, la cual no fue controvertida, observada ni desvirtuada por el accionante ni su defensa técnica. En consecuencia, al no haberse acreditado que se hubiese efectuado la solicitud de modificación de medidas cautelares y en su caso que se hubiese impugnado mediante el recurso ordinario idóneo; es decir, apelación incidental prevista en el art. 251 del CPP, se extrae que el accionante no agotó la vía ordinaria antes de acudir a la justicia constitucional, configurando la subsidiariedad de la acción de libertad, conforme al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, motivo por el cual, corresponde denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 8 de marzo, cursante de fs. 24 a 27, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Público de la Niñez y Adolescencia, Juez Técnico Primero de Uncía del departamento de Potosí; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada conforme a lo señalado en el presente fallo constitucional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0557_2026-S2.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): 310b36f774e56f68f2bc77f0541ec56c6d2d0f476faf5ba6ff47379329c86c46
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