Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 23 de mayo de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, defensa, “…A una Justicia Transparente, y el Derecho a la Igualdad de Oportunidades…” (sic); toda vez que, el Vocal ahora accionado mediante Auto de Vista 139/2022 de 2 de agosto confirmó el Auto Interlocutorio 266/2022 que validó las diligencias de notificación defectuosas con la Sentencia 010/2021 y su Auto de Ejecutoria, pese a haberse reclamado que fueron practicadas en un domicilio que ya no constituía su domicilio procesal, ni verificar oportunamente su domicilio real a los fines de la debida comunicación procesal solicitada, omitiendo además valorar prueba relevante como la carta de renuncia voluntaria de la parte demandante y los fundamentos presentados en su memorial de contestación dentro el proceso laboral iniciado en su contra. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 41/2023 de 22 de febrero, cursante de fs. 205 a 206 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al fondo de la problemática planteada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la Presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0557/2025-S4 Sucre, 23 de mayo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de amparo constitucional Expediente: 55309-2023-111-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 41/2023 de 22 de febrero, cursante de fs. 205 a 206 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Alfredo Ururi Castro contra Iván Ramiro Campero Villalba y Delfín Esteban Mamani Mamani, ambos Vocales de la Sala Social, Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memoriales presentados el 27 de octubre y 21 de noviembre ambos de 2022, cursantes de fs. 111 a 121 vta. y 125 a 130, el accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro el proceso laboral por pago de beneficios sociales incoado por Ruth Noemi Quisbert Vargas en su contra, contestó la demanda acompañando prueba documental original. En dicho escrito, expuso los fundamentos fácticos y jurídicos en oposición a las pretensiones de la actora, evidenciando, entre otros aspectos, la existencia de una Carta de Renuncia Voluntaria de primero de octubre de 2016 suscrita por la señalada demandante, la cual resulta ser prueba plena sobre la naturaleza voluntaria de la desvinculación laboral. Sin embargo, el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social Octavo del departamento de La Paz –hoy co accionado– emitió la Sentencia 110-A/2019 de 15 de noviembre mediante la cual declara probada la demanda de la actora, decisión sustentada en hechos ficticios y arbitrarios que no se ajustan a la realidad probatoria del proceso. Dicha sentencia omitió flagrantemente considerar las pruebas documentales de descargo, en especial la referida Carta de Renuncia Voluntaria de 1 de octubre de 2016, suscrita por Ruth Noemí Quisbert Vargas, en la que manifiesta literalmente: "El motivo de la presente es para hacerle conocer de manera voluntaria mi RENUNCIA al cargo que desempeño en la empresa, debido a razones particulares y salud. Agradezco a usted por la oportunidad brindada" (sic), documento que constituye prueba determinante y directa sobre la terminación voluntaria del vínculo laboral; empero, dicho elemento no fue ni analizado, ni considerado, ni valorado por la autoridad jurisdiccional hoy demandada, omisión que se repite en relación a los fundamentos contenidos en su memorial de contestación a la demanda y la excepción perentoria de pago formulada afectando gravemente sus derechos al debido proceso, defensa y a la igualdad de oportunidades, conforme lo establecen los arts. 115.II y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE). En consecuencia, presentó recurso de apelación contra dicha sentencia, argumentando jurídicamente las omisiones identificadas precedentemente, así el Tribunal de alzada, mediante Auto de Vista 275/2020 de 30 de septiembre estableció en su único considerando, específicamente en el tercer párrafo, lo siguiente: "Si nos remitimos a la parte resolutiva, se observa que el Juez se ha limitado a pronunciarse sobre la demanda principal declarándola probada en parte, sin referirse de forma alguna sobre la excepción perentoria formulada, viciando de nulidad el fallo pronunciado; motivo por el cual la Sentencia ingresa en una clara incongruencia que infringe lo dispuesto por el Art. 202 del CPT." (sic); por lo que, se dispuso la anulación de obrados hasta fs. 125 vta., inclusive, instruyéndose la emisión de una nueva sentencia por parte del juez de primera instancia, conforme a las observaciones anotadas. En cumplimiento a dicha determinación de alzada, el juez ahora accionado emitió la Sentencia 010/2021 de 27 de enero, en la que nuevamente declara probada en parte la Excepción Perentoria de Pago y probada la demanda de la actora, evidenciándose nuevamente la omisión de considerar las pruebas y fundamentos presentados, en particular la referida Carta de Renuncia Voluntaria que demuestra de forma clara e indiscutible la desvinculación laboral voluntaria de la demandante, y desvirtúa completamente la afirmación de un supuesto despido injustificado, sumado a que tampoco consideró su memorial de contestación a la demanda laboral. Con dicha Sentencia 010/2021 fue notificado el 29 de abril de 2021 mediante cédula, en el domicilio ubicado en la calle Murillo 1028, Edificio Centro Comercial Peatonal, piso 7, oficina 622; posteriormente, también se le notificó con el Auto de Declaratoria de Ejecutoria de 11 de junio de 2021 mediante cédula en el mismo domicilio. Luego, por motivo de la presentación de un memorial de devolución de cédula junto con el indicado Auto de Ejecutoria, se dictó la providencia de 12 de julio del mismo año, en la que el juez ahora accionado ordenó que se le notifique en su domicilio real señalado en obrados. En cumplimiento de ello, se le notificó el 29 del mismo mes y año, con el repetido Auto de Ejecutoria en el domicilio de la calle Murillo 1028, Edificio Centro Comercial Peatonal, piso 7, oficina 613, también mediante cédula. Por otro lado, se encuentra un memorial de devolución de cédula suscrito por la abogada Betty Condori Catacora, quien manifiesta que su estudio jurídico “Leyes” se encuentra ubicado desde hace un año en el piso 7, oficina 613 del mismo edificio y que encontró en su puerta una cédula de notificación correspondiente al proceso laboral que se le sigue del cual no presenta asistencia legal ni conoce a las partes, precisando que anteriormente en ese lugar funcionaba una empresa que quebró, y que desconoce si la oficina en la que actualmente trabaja fue antes usada por alguno de los sujetos procesales. A tal efecto, la autoridad jurisdiccional ahora demandada de tutela dictó la providencia de 4 de agosto de 2021, rechazando la devolución de la cédula bajo el fundamento que la oficina donde fue practicada la notificación es distinta a la señalada en el memorial de devolución, ya que el cedulón fue dejado en la oficina 613 del piso 6, mientras que la abogada refiere tener su oficina en el piso 7 determinando subsistente la notificación practicada al haberse cumplido con los requisitos legales. En tal sentido, dicha determinación judicial vulneró su derecho a la defensa, ya que no dispuso requerimientos al Servicio de Registro Cívico (SERECI) ni al Servicio de Identificación Personal (SEGIP) para verificar la ubicación del domicilio real donde vive, incurriendo en una omisión que afecta también al debido proceso. Luego, mediante un nuevo memorial presentado por la abogada Betty Condori Catacora, la referida profesional reiteró y amplíó la explicación respecto al cedulón dejado en su oficina. Señaló que, el 2 de agosto de 2021, presentó un memorial de devolución de cedulón, ya que dicha notificación fue dejada en su oficina jurídica ubicada en la calle Murillo 1028, Edificio Centro Comercial Peatonal, piso 6, oficina 613, en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, pese a ello, se emitió una providencia rechazando dicha devolución, bajo el argumento de que su persona habría indicado como domicilio la oficina 613 del piso 6, mientras que ella manifestó que su oficina se encuentra en el piso 7, oficina 613, considerando así que se tratarían de dos ubicaciones distintas. Frente a esta confusión, aclaró que el Edificio Centro Comercial Peatonal cuenta con un ascensor que llega hasta el séptimo piso. Precisamente al salir del ascensor en ese nivel, a mano derecha se encuentra su oficina -la 613-, lugar en el que fue dejado el cedulón, mientras que a mano izquierda se encuentran oficinas con numeración hasta la 622, y más al fondo otras con numeraciones 700. Apoya su explicación con lo señalado en el memorial del abogado Marcelo David Andrade Arroyo, que también cursa en obrados, quien precisó que su domicilio procesal era la oficina 622 del piso 7 del mismo edificio, y que, en fecha 8 de julio de 2021, devolvió un cedulón manifestando expresamente que ya no ocupaba la oficina 622 desde hacía un año.
Posteriormente, conforme señala dicho memorial, la abogada Betty Condori Catacora consultó con la administración del edificio, desde donde se le informó que en el piso 7 efectivamente existen oficinas con numeraciones 600 y también 700; y que, por las características del inmueble, cada copropietario, anticresista o inquilino debe señalar con precisión la ubicación de su oficina para ser correctamente ubicado o notificado, reiterando que la oficina 613, donde fue dejado el cedulón, actualmente corresponde a su estudio jurídico denominado “Estudio Jurídico Leyes”, lo que puede verificarse por el sticker visible adherido en la puerta, y que ella misma ya había informado esta situación en su anterior memorial de devolución. Finalmente, solicitó al juez que, para evitar confusiones, nulidades procesales o perjuicios a cualquiera de las partes, se tome en cuenta la presente aclaración. En ese sentido, rectificó y confirmó que el cedulón objeto de devolución fue efectivamente dejado en su oficina jurídica ubicada en el piso 7, oficina 613 del mencionado edificio. No obstante, por proveído de 25 de agosto de 2021, el Juez ahora co demandado rechazó nuevamente la devolución de cédula argumentando que la abogada no es parte del proceso, decisión judicial arbitraria, ya que la información proporcionada por un tercero sobre un domicilio erróneo no requiere que quien la presenta sea parte en el proceso. Asimismo, el juez omite actuar conforme al art. 4 del Código Procesal del Trabajo (CPT), que lo faculta a disponer diligencias de oficio para la correcta conducción del proceso, incluida la verificación del domicilio de las partes. Actuación que muestra una evidente parcialización a favor de la demandante; dado que, a la solicitud de conminatoria de pago, mediante providencia de 1 de septiembre de 2021, el juez ordenó oficiar al SEGIP y al SERECI para que informen sobre su domicilio actual, previo a pronunciarse sobre dicha petición; ya que, tales diligencias debieron realizarse anteladamente para garantizar una notificación válida con la sentencia y el auto de ejecutoria, y no únicamente cuando se trata de una medida de apremio económico. De este modo, recabada la certificación domiciliaria emitida por el SERECI, se establece que su domicilio real se encuentra en la zona Bajo Llojeta, Avenida Los Sargentos, Calle 12, número 1000, lo cual demuestra de forma fehaciente que su residencia habitual no corresponde al domicilio ubicado en la Calle Murillo 1028, Edificio Centro Comercial Peatonal, Piso 7, Oficina 613, lugar en el cual se practicaron indebidamente las notificaciones con la Sentencia 010/2021 y su correspondiente Auto de Ejecutoria, irregularidad que fue advertida incluso por la actual ocupante de la mencionada oficina, Dra. Betty Condori Catadora, quien devolvió el cedulón al Juez, señalando que ya no era su oficina, sino que actualmente funciona como despacho jurídico, extremo que fue corroborado con la fotografía adjunta por la Oficial de Diligencias a fs. 174 de obrados. Asimismo, la certificación de datos emitida por el SEGIP, que señala como domicilio de su persona el ubicado en Calle Ricardo Chana 2795, Urbanización Las Retamas, El Alto, refuerza aún más que el lugar donde fue notificado no es su residencia ni domicilio legal. Ante estas irregularidades, presentó Incidente de Nulidad de Notificaciones, solicitando la nulidad de las diligencias practicadas (notificación con Sentencia 010/2021 y Auto de Ejecutoria de 11 de junio de 2021), con los mismos fundamentos desarrollados precedentemente invocando además el art. 4 del CPT que establece el principio inquisitivo y el rol activo del juez laboral para adoptar diligencias que mejor provean al proceso. Pese a lo anterior, mediante Auto Interlocutorio 266/2022 de 10 de enero, la autoridad jurisdiccional ahora accionada rechazó el incidente bajo el argumento de que “el funcionario judicial y el Órgano Judicial no tienen facultades sobrenaturales para adivinar o establecer cambios y hechos que por ley los abogados deben hacer conocer a la autoridad judicial” (sic), razonamiento que resulta arbitrario, ya que consta memorial presentado por su abogado devolviendo el cedulón, donde expresamente se solicitó la notificación en su domicilio real, no en el laboral. El juez -ahora co demandado- omitió responder dicho actuado, contraviniendo lo dispuesto por el art. 4 del CPT, que le permite actuar de oficio para establecer el domicilio real de las partes con la emisión de oficios a SERECI y SEGIP para dar con su domicilio real y así comunicarle con la sentencia emitida, actuación que realizó pero para notificarle con el Auto Interlocutorio de 23 de septiembre de 2021, que contiene una conminatoria de pago bajo alternativa de mandamiento de apremio, lo cual evidencia un tratamiento parcializado a favor de la parte actora. Asimismo, su persona fundamentó que la diligencia de notificación mediante la cual se pretendió notificar la Sentencia 010/2021, no cumple con las formalidades exigidas por el régimen legal de comunicación procesal. En particular, dicha diligencia vulnera lo establecido en el art. 75.III del Código Procesal Civil (CPC) aplicable por disposición del art. 252 del CPT, que dispone expresamente que la o el oficial de diligencias debe adjuntar a la citación una fotografía del inmueble donde se practicó la diligencia, así como un croquis de ubicación, requisitos esenciales que no se cumplieron en dicha actuación procesal, incumplimiento que se resalta aún más al constatar que sí cursa la fotografía correspondiente a la notificación con el cedulón del Auto de Ejecutoria de sentencia, lo cual demuestra que tales requisitos pueden y deben cumplirse en cada diligencia. Pese a la relevancia de estas omisiones, el juez de la causa no se pronunció sobre estos aspectos en el Auto Interlocutorio objeto de apelación, incurriendo en una omisión que afecta el derecho al debido proceso, al haberse validado una notificación carente de los requisitos legales esenciales para su validez. En presencia de este rechazo, interpuso Recurso de Apelación ante la Sala Social Administrativa Contenciosa Tercera que mediante Auto de Vista 139/2022 de 2 de agosto, confirmó la decisión del Juez a quo, con el fundamento que la notificación se practicó en el último domicilio señalado de su parte, en aplicación del art. 72 del CPC, ignorando los memoriales de devolución de cedulones mediante los cuales se dio a conocer que éste ya no le pertenecía pidiéndose -además- que toda notificación se realice en su domicilio real previa emisión de los oficios pertinentes al SERECI y SEGIP para su debida notificación con la sentencia, que sí lo ordenó con el fin de iniciar la ejecución, evidenciando una actuación parcializada y en detrimento de su derecho a la defensa.
En este sentido, las autoridades jurisdiccionales hoy demandadas no se pronunciaron respecto a los memoriales de devolución de cedulones ya citados mediante los cuales se informó que su domicilio procesal ya no correspondía al consignado anteriormente y que además solicitó expresamente que se le notificara en su domicilio real; a tal fin, el Juez de la causa debió disponer la emisión de oficios al SEGIP y al SERECI garantizando su conocimiento de la Sentencia 010/2021, lo cual no ocurrió. Sin embargo, de manera parcializada y conveniente, sí ordenó dichos oficios únicamente para notificarle en su domicilio real con la advertencia de que, en caso de no cumplir con el pago, se libraría mandamiento de aprehensión en su contra.
El impetrante de tutela, denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, defensa, “…A una Justicia Transparente, y el Derecho a la Igualdad de Oportunidades…” (sic); citando al efecto, los arts. 115.II y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga dejar sin efecto el Auto de Vista 139/2022 de 2 de agosto así como el Auto Interlocutorio 266/2022 de 10 de enero y/o subsidiariamente, en caso de no accederse a lo solicitado en el punto anterior, se anule obrados hasta fs. 162 inclusive de los antecedentes procesales del caso y se ordene nueva notificación con la Sentencia 010/2021 de 27 de enero en su domicilio procesal señalado, ubicado en el Edificio Fabril, Piso 2, Oficina 4B, Plaza San Francisco, ciudad de Nuestra Señora de La Paz.
La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó el 22 de febrero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 201 a 204, produciéndose los siguientes actuados:
El accionante ratificó íntegramente los términos expuestos en su demanda tutelar así como en su memorial de subsanación y en audiencia –a través de su abogado-señaló: a) La vulneración de sus derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad de oportunidades, a raíz de lo resuelto por las autoridades jurisdiccionales ahora accionadas mediante Auto de Vista 139/2022 y Auto Interlocutorio 266/2022 de 10 de enero que desconocieron los antecedentes procesales relacionados con la notificación con la Sentencia 010/2021 así como con la providencia que declara su ejecutoría en su anterior domicilio procesal – ubicado en la calle Murillo 1028, Edificio Centro Comercial Peatonal, piso 7, oficina 622–, pese a haberse informado por la defensa técnica, a través de memorial cursante a fs. 170 y 173 de antecedentes procesales que, debido a la pandemia, se perdió contacto con el ahora accionante, razón por la cual solicitó que se lo notificara en su domicilio real, a fin de no vulnerar su derecho a la defensa; b) A pesar de dicha advertencia y solicitud, la autoridad judicial de primera instancia ordenó una nueva notificación no con la sentencia, sino con el Auto de Ejecutoria, en otro domicilio del mismo edificio (oficina 613), que igualmente no correspondía al accionante, diligencia que fue también devuelta, según consta en los memoriales de fs. 181 y 184, donde se reiteró a la autoridad que dicho domicilio ya no pertenecía al hoy demandante de tutela y que se trataba de una oficina jurídica ocupada por otros profesionales, por lo que se volvió a solicitar que se practique la notificación en su domicilio real; c) No obstante lo anterior, tanto el Juez de primera instancia como la Sala de apelación desestimaron estos antecedentes, el primero, argumentando que el órgano judicial no posee facultades para presumir cambios de domicilio si no se los hace conocer de manera expresa, mientras que la Sala recurrida se limitó a afirmar que no constaba en obrados ningún actuado que comunique el cambio de domicilio procesal, afirmación que contradice los antecedentes referidos; y, d) El Juez de primera instancia no aplicó lo previsto por el art. 4 del CPT, que impone una función activa y un principio de dirección procesal, habilitando al juzgador incluso para requerir oficios al SEGIP o al SERECI con el fin de identificar el domicilio real del demandado y garantizar su derecho de defensa; en contraposición a ello, recién mediante providencia de fs. 186 vta., a solicitud de la parte actora y no en resguardo de sus derechos, se ordenaron los oficios correspondientes, pero con el único propósito de conminar el pago de beneficios sociales, lo que -a su juicio-demostraría una actuación parcializada del juzgador. Posteriormente, el Tribunal de garantías solicitó aclaraciones adicionales respecto a la calidad procesal del hoy accionante, quien fue demandado en el proceso laboral: 1) Se informó al Juez de la causa –hoy codemandado- que ya no se tenía contacto con su defendido; 2) Al ser consultado sobre si en algún momento se puso en conocimiento del proceso un nuevo domicilio, se aclaró que no se indicó un nuevo domicilio específico, pero sí se solicitó expresamente que la notificación se practique en su domicilio real, dada la imposibilidad de ubicarlo en los anteriores domicilios señalados, también se estableció que esta comunicación a la citada autoridad jurisdiccional se realizó con posterioridad a la emisión de la sentencia; es decir, en el momento en que se intentó su notificación; 3) Asimismo, se explicó que al llegar el cedulón al anterior domicilio procesal – específicamente la oficina del abogado, se devolvió dicho actuado procesal al Juez de la causa, haciéndole conocer que Alfredo Ururi Castro –impetrante de tutela– ya no tenía relación laboral con su persona y que no se le había logrado ubicar telefónicamente ni en su oficina; y, 4) Finalmente, se precisó que el accionante tomó conocimiento de la existencia de la sentencia en su contra recién cuando fue notificado en su domicilio real con un Auto Interlocutorio que contenía una conminatoria de pago, momento en el cual tomó conocimiento efectivo del fallo y del proceso en su contra.
Iván Ramiro Campero Villalba y Delfín Esteban Mamani Mamani, Vocales de la Sala Social, Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado el 26 de enero de 2023, cursante de fs. 191 a 192 vta., manifestaron que: i) Del análisis del cuaderno procesal y conforme consta en el expediente principal, se evidencia que la notificación con la sentencia fue diligenciada mediante cédula en el domicilio procesal expresamente señalado por la parte demandada, ubicado en la calle Murillo 1028, Edificio Centro Comercial Peatonal, piso 7, oficina 622, actuación documentada a fs. 71 y 72 vta. y fs. 132 y 134 vta. de obrados; a su vez, la notificación con la ejecutoria fue practicada en el mismo domicilio, conforme a lo previsto por el art. 228 del CPT, que admite tanto la notificación personal como la realizada mediante cédula; ii) En ese marco, la parte accionante cuestiona que estas diligencias no habrían cumplido con los requisitos exigidos por el art. 75 del CPC, alegando la inexistencia de fotografía ni croquis de ubicación, así como el hecho de que el cedulón fue devuelto por la abogada Betty Condori Catacora, quien informó que dicho domicilio ya no pertenecía al accionante, por lo cual -a su entender- debió disponerse su notificación en su domicilio real; sin embargo, de la revisión del expediente de apelación, no se evidencia que la parte demandada –hoy accionante– haya comunicado oportunamente a la autoridad judicial el cambio de domicilio procesal; al contrario, el domicilio en el cual se practicaron las notificaciones coincide con el último señalado en el proceso, por lo que –en aplicación del art. 70 del CPC– el mismo se consideraba vigente y subsistente; y, iii) Cabe señalar que el art. 82 y concordantes del mismo cuerpo normativo establecen el deber de las partes de asistir a estrados judiciales y hacer seguimiento activo a sus causas, bajo ese mismo sentido, la disposición décima primera de la Circular 19/2020-SP-TDJLP de 30 de junio también ratifica que los abogados, procuradores y partes procesales tenían pleno acceso a las instalaciones del Tribunal Departamental para consultar sus expedientes y asumir defensa, la parte accionante; por tanto, tenía la carga procesal de actualizar su domicilio si lo consideraba necesario y realizar el seguimiento correspondiente a su proceso; por lo que, sus autoridades resolvieron el recurso de apelación con base en estos antecedentes y conforme a los principios de eficacia, eficiencia y seguridad jurídica, rechazando el incidente de nulidad con sustento en que no existía constancia del cambio de domicilio ni un perjuicio real e irreparable derivado de la notificación al no haberse acreditado de manera suficiente que la notificación practicada hubiese generado indefensión material, ni que existiese un acto procesal insubsanable que amerite la nulidad pretendida. La decisión de la autoridad jurisdiccional se encuentra debidamente motivada y respaldada por los antecedentes procesales.
Ruth Noemi Quisbert Vargas, no asistió a la audiencia de consideración de esta acción de amparo constitucional, pese a su legal notificación cursante a fs. 198.
La Sala Constitucional Primera Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 41/2023 de 22 de febrero, cursante de fs. 205 a 206 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) En el caso de autos, se advierte que el accionante no ha cumplido adecuadamente con el deber de precisión en la identificación del acto lesivo, ya que en su argumentación alude, de manera ambigua, tanto al Auto Interlocutorio 266/2022 de 10 de enero, como al Auto de Vista 139/2022 de 2 de agosto, ambos dictados dentro de un proceso laboral ordinario y si bien puede entenderse que su pretensión se vincula a la supuesta irregularidad en la notificación con la sentencia, en el marco del incidente de nulidad planteado, lo cierto es que ésta deficiente postulación solo fue admitida en razón a que el caso versa sobre derechos laborales y alegaciones vinculadas al debido proceso; b) Aun así, superado dicho defecto formal, se concluye que la presente acción tutelar carece de fundamento sustancial; toda vez que, los argumentos esgrimidos por el accionante no resultan consistentes ni están debidamente respaldados por los medios de prueba ofrecidos; dado que, el abogado del accionante comunicó al juzgado que no había podido tomar contacto con su cliente, y que, por tanto, ya no ejercía representación, hecho que fue puesto en conocimiento posterior a la emisión de la sentencia, lo que significa que al momento de dictarse la resolución de fondo, la autoridad judicial no tenía constancia alguna de que el domicilio procesal hubiese cambiado, razón por la cual procedió a notificar en el último domicilio señalado en el proceso, conforme a derecho; y, c) El reclamo postulado por el hoy accionante según el cual se habría producido indefensión por no haberse notificado en su domicilio real, carece de verosimilitud; puesto que, no se acreditó la existencia de una contingencia grave, insuperable y debidamente probada que impidiera que el accionante pudiera recibir válidamente las notificaciones procesales o asumir defensa; tampoco se demostró que, el mismo haya formalizado el cambio de domicilio procesal o apersonado un nuevo abogado, hechos indispensables para sustentar una alegación de indefensión material, por lo que al haberse fijado libremente dicho domicilio procesal por el accionante, y mientras no haya sido formalmente modificado, éste vincula tanto a la autoridad jurisdiccional como a la contraparte, en resguardo del principio de seguridad jurídica y del debido proceso, no solo en favor del accionante; sino también, de la parte demandante.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 22 de febrero de 2018 ante Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social Octavo del departamento de La Paz; por el cual, el solicitante de tutela –Alfredo Ururi Castro–, contestó de forma negativa la demanda laboral sobre beneficios sociales incoada por Ruth Noemi Quisbert Vargas señalando como domicilio real “…calle Murillo No. 1028, Edificio Centro Comercial Peatonal, Piso 6, oficina 613 de la ciudad de La Paz…” (sic [fs. 22 a 25]).
II.2. Cursa Sentencia 010/2021 de 27 de enero y Auto Interlocutorio de ejecutoría 138/2021 de 11 de junio emitida por el titular del Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social Octavo del departamento de La Paz notificados en el domicilio procesal señalado del abogado del hoy accionante, en calle Murillo 1028, Centro Comercial Peatonal, Piso 7, oficina 622 (fs. 52 a 55 vta.; 60 y 62). II.3. Mediante memorial presentado el 8 de julio de 2021 ante el citado despacho judicial, el abogado Marcelo David Andrade Arroyo, defensor del entonces demandado Alfredo Ururi Castro –hoy accionante–, devolvió el cedulón de notificación cursado en el proceso laboral, manifestando que su cliente no se apersonó a su oficina desde el 31 de enero de 2020, y que, pese a los intentos realizados para contactarlo, no logró comunicarse con él ni ubicarlo en su anterior lugar de trabajo, donde actualmente funcionaban otras oficinas; señaló además que desconocía si el prenombrado continuaría con sus servicios profesionales o los de otro abogado, razón por la cual devolvía el cedulón, finalmente, informó que desde hacía un año ya no ocupaba el domicilio profesional anteriormente registrado ante el juzgado, solicitando a fin de evitar una situación de indefensión, se disponga la notificación personal del referido demandado Alfredo Ururi Castro –hoy impetrante de tutela– en el domicilio real consignado, con el objetivo de que tome conocimiento formal del contenido del actuado devuelto y ejerza su derecho a la defensa (fs. 64 y vta.).
II.4. Mediante proveído de 12 de julio de 2021, el Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social Octavo del departamento de La Paz, bajo el fundamento de evitar futuras observaciones o nulidades procesales, dispuso que el demandado Alfredo Ururi Castro –ahora accionante– sea notificado con los actuados devueltos por su abogado, a efectos de que pueda asumir defensa conforme al estado de la causa, ya sea apersonándose directamente o contratando los servicios de un nuevo profesional que lo asista en el desarrollo del proceso, para ello, ordenó expresamente que la notificación se practique en el domicilio real señalado en obrados (fs. 65). II.5. Cursa fotografía y diligencia de notificación de 29 de julio de 2021 practicada por la oficial de diligencias de dicho despacho judicial por la cual se notifica con el memorial presentado el 8 de julio de 2021 por el abogado Marcelo David Andrade Arroyo, Auto Interlocutorio de ejecutoría 138/2021 de 11 de junio y proveído de 12 de julio de 2021, entre otros en el domicilio real señalado “…calle Murillo No. 1028, Edificio Centro Comercial Peatonal, Piso 6, oficina 613 de la ciudad de La Paz…” (fs. 66 y 67). II.6. Mediante escrito presentado el 9 de noviembre de 2021, el hoy accionante promovió incidente de nulidad de notificaciones respecto a las comunicaciones procesales de la Sentencia 010/2021 de 27 de enero y el Auto Interlocutorio de Ejecutoria 138/2021 de 11 de junio del mismo año, alegando que no logró mantener contacto con su abogado por motivos de salud y por la imposibilidad de continuar con su empresa unipersonal debido a las restricciones impuestas por la pandemia, aclarando que cerró la oficina ubicada en la calle Murillo 1028, Edificio Centro Comercial Peatonal, Piso 6, Oficina 613, ubicación que corresponde al domicilio real señalado expresamente en su memorial de oposición dentro del proceso laboral por beneficios sociales interpuesto por Ruth Noemi Quisbert Vargas (fs. 85 a 88 vta.).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, defensa, “…A una Justicia Transparente, y el Derecho a la Igualdad de Oportunidades…” (sic); toda vez que, el Vocal ahora accionado mediante Auto de Vista 139/2022 de 2 de agosto confirmó el Auto Interlocutorio 266/2022 que validó las diligencias de notificación defectuosas con la Sentencia 010/2021 y su Auto de Ejecutoria, pese a haberse reclamado que fueron practicadas en un domicilio que ya no constituía su domicilio procesal, ni verificar oportunamente su domicilio real a los fines de la debida comunicación procesal solicitada, omitiendo además valorar prueba relevante como la carta de renuncia voluntaria de la parte demandante y los fundamentos presentados en su memorial de contestación dentro el proceso laboral iniciado en su contra. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SCP 2058/2012 de 8 de noviembre, estableció que: “…la jurisprudencia constitucional ha sido firme al señalar que la acción de amparo constitucional (…), debe plantearse dentro de un plazo oportuno, justo y razonable, debiendo el juez constitucional, valorar los elementos particulares de cada caso; así, mediante la SC 1438/2002-R de 25 de noviembre, se determinó que: ‘…el recurso debe ser presentado dentro del término máximo de seis meses; la no observancia de este requisito, determina la improcedencia del recurso e impide conocer el fondo del asunto, además de implicar el consentimiento tácito de los recurrentes con esa decisión…’, razonamiento al que se arribó ante la inexistencia de norma legal específica y la necesidad de establecer un plazo relativamente prudencial que si bien permita el ejercicio del derecho a la defensa, no atente contra la seguridad jurídica y el principio de celeridad que rige a la administración de justicia... A partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado (…), se estableció en el art. 129.II que: ‘La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial’…
De la interpretación sistemática y teleológica de las normas citadas supra en relación al art. 4.II de la Ley de Necesidad de Transición de los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público, es posible concluir entonces que, la presentación de la acción de amparo constitucional debe efectuarse en el plazo de seis meses después de conocida la lesión o de notificada la última resolución administrativa o judicial que se considere vulneratoria, o de la que, en su caso, emerja de la solicitud de aclaración enmienda y complementación… (…)
…un requisito para la procedibilidad de la acción de amparo constitucional es precisamente la inmediatez (…), siendo que ‘…la jurisdicción constitucional no puede aguardar de manera indefinida a que el titular del derecho solicite su protección, pues en su propio interés debe ser diligente en cuanto al respeto y vigencia de sus derechos que sufren menoscabo, por ello tiene el derecho y el deber de acudir sin ningún tipo de espera o dilación en busca de la protección requerida’ (SC 0128/2010-R de 10 de mayo); de donde se infiere que la presente acción tutelar debe ser intentada dentro de los plazos establecidos por la norma y la jurisprudencia, plazo que es razonable, oportuno y justo y que tiene la finalidad de evitar que este mecanismo de defensa se convierta en una excusa que salve la desidia, negligencia o indiferencia de los actores procesales y que, como lógica consecuencia, genere una suerte de inseguridad jurídica en la sociedad. En este sentido, al ser la inmediatez inherente al núcleo esencial de la protección que brinda la acción de amparo constitucional respecto a los derechos y garantías que la Constitución Política del Estado sustenta, su activación implica la atención de su propia naturaleza que exige en su ejercicio la interposición oportuna de la acción; no puede obviarse que quien ocurre ante la jurisdicción constitucional en busca de la tutela que este mecanismo extraordinario ofrece, a efectos de alcanzar un protección eficaz, debe hacerlo dentro del tiempo prudencial establecido por la Constitución y las leyes, lo contrario involucra inactividad procesal por parte del propio accionante, que conlleva a la inevitable denegatoria de tutela, siendo que la falta de ejercicio, en los plazos legalmente establecidos, de los mecanismos que otorga el ordenamiento jurídico vigente para el reconocimiento y preservación de los derechos individuales, sea en la vía ordinaria o constitucional, no puede argumentarse en beneficio propio, menos aún cuando existen derechos de terceros que pudieran ser afectados con la resolución; en similar sentido ha razonado este Tribunal mediante la SCP 0040/2012 de 26 de marzo, al señalar que: ‘…la interposición de la acción de amparo constitucional fuera del plazo de los seis meses, previsto en el art. 129.II de la CPE, no implica una simple y llana exigencia, sino más bien responde al tiempo prudente de tolerancia o aceptación del acto lesivo que se acusa, de lo contrario da lugar al principio de preclusión del derecho de acudir a esta acción tutelar ante la jurisdicción constitucional; por cuanto el ciudadano o afectado en sus derechos o garantías, por su propio interés debe ser diligente y acudir sin ningún tipo de espera a la protección de los mismos, de no ser así su actitud llega a ser negligente en causa propia llevándolo a una consecuencia jurídica, que es la extemporaneidad de la presentación de la acción; lo que significa que no se puede ingresar al análisis de fondo’” (las negrillas son nuestras).
El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a una justicia transparente y al derecho a la igualdad de oportunidades; toda vez que, el Vocal ahora accionado, mediante Auto de Vista 139/2022 de 2 de agosto, confirmó el Auto Interlocutorio 266/2022, que validó diligencias de notificación defectuosas respecto a la Sentencia 010/2021 y su respectivo Auto de Ejecutoria. Ello, a pesar de que se alegó que dichas notificaciones se practicaron en un domicilio que ya no correspondía a su domicilio procesal, sin que se hubiera verificado oportunamente su domicilio real a efectos de garantizar una adecuada comunicación procesal. Asimismo; se señala que, el Vocal omitió valorar prueba relevante, como la carta de renuncia voluntaria presentada por la parte demandante y los argumentos expuestos en el memorial de contestación dentro del proceso laboral iniciado en su contra. Precisada que fue la problemática venida en revisión, de los antecedentes y conclusiones del presente fallo constitucional; se evidencia que Alfredo Ururi Castro –hoy accionante– fue parte demandada dentro de un proceso laboral seguido en su contra por Ruth Noemí Quisbert Vargas por pago de beneficios sociales. En el marco de dicho proceso, mediante memorial presentado el 22 de febrero de 2018, contestó negativamente la demanda, señalando expresamente como domicilio real el ubicado en la calle Murillo 1028, Edificio Centro Comercial Peatonal, Piso 6, oficina 613, de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz (Conclusiones II.1). Posteriormente, mediante Sentencia 010/2021 de 27 de enero y Auto Interlocutorio de Ejecutoria 138/2021 de 11 de junio, se resolvió el fondo del proceso, siendo notificadas dichas determinaciones en el domicilio procesal del abogado del demandado. El 8 de julio de 2021, el referido abogado devolvió el cedulón de notificación, alegando la pérdida de contacto con su cliente desde enero de 2020, y solicitando expresamente que se disponga la notificación personal en el domicilio real señalado por el propio demandado. En atención a ello, y con la finalidad de asegurar el derecho a la defensa y evitar futuras nulidades, el juez de la causa dispuso mediante proveído de 12 de julio de 2021 que se proceda a la notificación personal en dicho domicilio real señalado y cursante en obrados (Conclusiones II.2. II.3 y II.4).
En cumplimiento de lo ordenado, el 29 de julio de 2021 se practicó la notificación dispuesta, diligencia que incluyó el Auto de Ejecutoria 138/2021, el memorial del abogado defensor y el proveído judicial -entre otros- descritos en las Conclusiones II.5 del presente fallo constitucional. Sin embargo, recién el 9 de noviembre de 2021, es decir, más de tres meses después de dicha notificación, el ahora accionante promovió incidente de nulidad de notificaciones, alegando que no pudo mantener contacto con su abogado debido a motivos de salud y a las restricciones generadas por la pandemia. Señaló también que la oficina en la que fue notificado y donde desarrollaba su negocio fue cerrada, desconociendo de esta manera el domicilio que él mismo declaró como real al inicio del proceso y sin poner en conocimiento de la autoridad jurisdiccional a cargo del proceso (Conclusiones II.6). Ahora bien, de los argumentos vertidos por el impetrante de tutela (Antecedentes I.1.1); así como, de su petitorio (Antecedentes I.1.3); se advierte que, éste pretende que la vía constitucional deje sin efecto el Auto de Vista 139/2022 de 2 de agosto así como el Auto Interlocutorio 266/2022 de 10 de enero y/o subsidiariamente, se anule obrados ordenándose una nueva notificación con la Sentencia 010/2021 de 27 de enero en su nuevo domicilio procesal señalado, ubicado en el Edificio Fabril, Piso 2, Oficina 4B, Plaza San Francisco, ciudad de La Paz; infiriendo a efecto del cómputo del plazo de inmediatez, que al haber interpuesto incidente de nulidad de notificaciones contra la diligencia de comunicación procesal de la Sentencia 010/2021 y el Auto Interlocutorio de Ejecutoria 138/2021 de 11 de junio cuya final respuesta contenida en el Auto de Vista 139/2022 le fue notificada el 8 de septiembre de 2022 (fs. 101), el cómputo de su plazo se inició desde esa fecha.
En ese marco, previo a ingresar al análisis de fondo de la problemática traída en revisión, corresponde remitirnos a la jurisprudencia desglosada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; dado que, resulta imprescindible verificar si la presente acción de amparo constitucional cumple con el principio de inmediatez, requisito indispensable de admisibilidad previsto por la Constitución Política del Estado y desarrollado por la jurisprudencia constitucional.
Al respecto, el art. 129.II de la CPE establece que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”. De manera concordante, el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo) también dispone que la acción de amparo debe ser presentada dentro de dicho plazo, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o desde el conocimiento del acto presuntamente lesivo.
En esta línea, se estableció que el amparo constitucional debe plantearse dentro de un “plazo oportuno, justo y razonable”, y que el incumplimiento de este requisito determina su improcedencia, impidiendo a la jurisdicción constitucional ingresar al análisis de fondo, además de implicar el consentimiento tácito con el acto que se pretende cuestionar, dado que, no se puede esperar indefinidamente la reacción del titular del derecho, quien, en su propio interés, debe actuar con diligencia; puesto que, la acción tutelar no puede convertirse en un instrumento para subsanar negligencias o desidia procesal.
No obstante, si bien el accionante promovió un incidente de nulidad de notificaciones dentro del proceso ordinario, en cumplimiento del principio de subsidiariedad, tal actuación por sí sola no tiene el efecto de suspender o reiniciar automáticamente el cómputo del plazo de inmediatez para la interposición de la acción de defensa. En efecto, corresponde determinar si la resolución que recayó sobre dicho incidente (el Auto de Vista impugnado) constituye un nuevo acto lesivo autónomo o simplemente se limita a confirmar una situación jurídica ya consolidada.
Sobre ese punto, se constata que el Auto de Vista que resolvió el incidente de nulidad de notificaciones no introduce una nueva lesión constitucional, sino que se circunscribe a confirmar la validez de una actuación procesal cuya supuesta irregularidad ya era plenamente conocida por el accionante desde el 29 de julio de 2021. En ese entendido, la citada resolución no puede ser considerada como el hecho generador que marque el inicio del plazo de inmediatez; pues, ello supondría aceptar una interpretación extensiva que permitiría reabrir indefinidamente el acceso a la jurisdicción constitucional, en detrimento de la seguridad jurídica y el carácter excepcional de las acciones de defensa.
En consecuencia, si bien el accionante agotó los mecanismos ordinarios conforme al principio de subsidiariedad, al haber transcurrido un plazo excesivo e injustificado desde el conocimiento del acto que alega como lesivo y hasta la interposición de la presente acción -recién el 27 de octubre de 2022-, se configura una inacción procesal atribuible al propio accionante, omisión que se traduce en una negligencia en causa propia, con la consecuencia jurídica de la preclusión del derecho a accionar en sede constitucional, conforme al principio de inmediatez que rige las acciones de tutela.
En tal virtud, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 41/2023 de 22 de febrero, cursante de fs. 205 a 206 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al fondo de la problemática planteada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la Presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Isidora Jiménez Castro René Yván Espada Navía MAGISTRADA MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0557_2025-S4.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6b64218fb0e0e51392470a264bfd637e3deacacccb964e302b517ff63a53a4b9
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