B.IA.LEGAL

SCP 0557/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 10 de junio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
10 de junio de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
73328-2025-147-AAC
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de los derechos al debido proceso, a la defensa vinculado a la “libertad probatoria” y a la fundamentación de su hijo AA; puesto que, la autoridad demandada negó de forma injustificada permitir la presencia y participación de la perito en psicología forense propuesta por la defensa, durante la reproducción del CD que contiene la declaración de la víctima en Cámara Gesell, así como la prohibición de que dicha perito acceda previamente al contenido del referido material audiovisual, pese a haber sido oportunamente ofrecida junto a su pericia. Ante esa decisión interpuso recurso de apelación, que fue rechazado mediante Auto Interlocutorio de 26 de marzo de 2025, bajo el argumento -insuficientemente razonado- que la presencia de la perito no era necesaria; por lo que, solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga se deje sin efecto el Auto Interlocutorio de 26 de marzo de 2025, emitido por la autoridad demandada, y se disponga se emita nueva Resolución en la que se tome en cuenta las consideraciones de la resolución constitucional a ser emitida por su Sala Constitucional. En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 067/2025 de 23 de abril, cursante de fs. 151 a 165, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los Fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la necesidad de relevancia constitucional para abrir el ámbito de protección de la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Sobre la revocatoria total o parcial de una concesión de tutela
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0557/2025-S3 Sucre, 10 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 73328-2025-147-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución de 067/2025 de 23 de abril, cursante de fs. 151 a 165, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ramiro Edson Lucas Choque en representación sin mandato del adolescente AA contra Carlos Vallejos Flores, Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 1 de abril de 2025, cursante de fs. 2 a 13, el accionante a través de su representante, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión del delito de violación de niña, niño y adolescente, en audiencia de continuación de Juicio Oral, Público y Contradictorio de 26 de marzo de 2025, al momento de producirse la prueba de cargo del Ministerio Público consistente en un Disco Compacto (CD) que contiene la atestación de la víctima adolescente de 14 años, realizada en la Cámara Gesell por la psicóloga forense, la defensa técnica del adolescente AA, solicitó que, para la correcta reproducción del referido CD, se cuente con la presencia de la perito de parte, a efectos de contextualizar la pericia que elaboró, especialmente respecto al denominado lenguaje no verbalizado, de conformidad con lo establecido en la Resolución Constitucional que dio lugar a la sustanciación de este nuevo juicio. Agregó que dicha profesional fue oportunamente ofrecida junto con su pericia dentro de la prueba de descargo; empero, no se le permitió acceder previamente al contenido del CD, argumentándose que, por el principio de reserva, este únicamente podía ser visualizado en el desarrollo del juicio; no obstante, para garantizar un análisis adecuado y contextualizado en el lenguaje no verbalizado, así como para permitir la emisión de criterio técnico respecto de la prueba producida en la Cámara Gesell, resultaba necesaria la reproducción del CD con la participación de su perito forense. Frente a la negativa de la autoridad demandada, interpuso el recurso de reposición, que fue rechazado a través del Auto Interlocutorio de 26 de marzo de 2025, sin considerar que el contenido audiovisual del CD, no fue objeto de examen por parte de la especialista propuesta por la defensa. Esa respuesta implicó una restricción al acceso a conocimientos científicos relevantes para la valoración de la prueba, por ello, en plena audiencia, su defensa manifestó la no reserva del recurso de apelación diferida, acogiéndose a la abstracción del principio de subsidiariedad, dado que el procesado es adolescente y pertenece a un grupo especial de vulnerabilidad, con el objetivo de interponer la presente acción de tutela. De igual forma, existe una ausencia de fundamentación respecto a la ponderación del art. 217.I del Código Niño, Niña y Adolescente (CNNA), referido a la libertad probatoria que involucra el derecho a producir dictámenes y/o informes especializados, al no haberse explicado en ese caso que no es aplicable esa norma especial y siendo que el Protocolo de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes en Procesos Judiciales y de Intervención del Equipo profesional Interdisciplinario, aprobado por Acuerdo de Sala Plena 42/2015 de 6 de mayo del Tribunal Supremo de Justicia, tiene la finalidad de garantizar la intervención de los menores de edad al establecer diferentes lineamientos de actuación con relación a los principios generales de la Norma Fundamental, además del principio del interés superior del niño, niña y adolescente.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en su vertiente a la defensa vinculada a la “libertad probatoria” y a la fundamentación de su hijo AA; citando al efecto los arts. 14.I, 24, 60, 109.I, 110.I, 115.I, 256.I y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 14.I del Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos (PIDCP); 2, 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga que se deje sin efecto el Auto Interlocutorio de 26 de marzo de 2025, emitido por la autoridad demandada, y en consecuencia se disponga se emita una nueva Resolución en la que se tome en cuenta las consideraciones de la Resolución Constitucional a ser emitida.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia el 14 de abril de 2025, reanudada el 23 del mismo mes y año, según consta en acta de fs. 37 a 44 vta.; y, 147 a 150, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola en audiencia, manifestó que: a) En el desarrollo del primer juicio, no se tuvo acceso al CD de Cámara Gesell de la menor presunta víctima -porque no se abrió esa prueba-, pues ni el Ministerio Público y ningún sujeto procesal propuso el ingreso para su verificación, para que, a partir de ello se pueda contextualizar el lenguaje no verbalizado con el fin de realizar un análisis de la valoración probatoria en relación a la perspectiva de género e interseccionalidad; b) Una vez instalado el juicio de reenvío el 26 de marzo de 2025, se procedió a abrir el CD como último acto de prueba, y partiendo del hecho que esa declaración de la presunta víctima es la base fundamental, correspondía su reproducción; sin embargo, debido a que en el anterior juicio dicha prueba no se produjo, no se tuvo acceso a la misma, empero, ante la concesión de tutela de una primera acción de tutela, se ordenó se produzcan todos los medios de prueba, siendo este nuevo juicio la oportunidad de reproducir el contenido del aludido CD, resaltando que si bien la perito de parte ofrecida realizó un informe sobre lo atestado por la presunta víctima en Cámara Gessell, no fue elaborada con el acceso al material audiovisual, aspecto que solicitó en el primer juicio, no obstante, no se le permitió su reproducción ni acceso, por lo referido, siendo en este nuevo juicio, correspondía su utilización; c) Conforme el art. 217.I del CNNA, concerniente a los medios de prueba establece que son válidos todos los medios de prueba obtenidos lícitamente como ser las declaraciones de las partes y de testigos, dictámenes de expertos, informes especializados, documentos de inspección, etc., ello significa que desde una perspectiva de protección reforzada se tienen que tomar decisiones favorables al menor debido a que se trata de un juicio especializado; sin embargo, la autoridad jurisdiccional en la audiencia de 26 de marzo de 2025 rechazó su recurso de reposición, ignorando el contenido del citado artículo, en relación a un menor y sin la debida fundamentación y motivación, restringiendo además su derecho a la defensa, al no permitir el acceso a su perito y la consultora de la parte contraria, en su caso para la evaluación del lenguaje no verbalizado, desconociendo a su vez los arts. 58, 60 y 61 de la CPE, referidos al interés superior del menor; d) Se debe considerar que desde el reenvío se está generando un daño emocional al menor, porque se está sometiendo a juicio por segunda vez, escuchando todas las acusaciones, sin evitar cualquier trauma y que se lleve adelante un juicio justo, correcto e igualitario; y, e) Tratándose de un menor, se abstrae el principio de subsidiariedad, lo cual permite la activación directa de la jurisdicción constitucional.

I.2.2. Informe del demandado

Carlos Vallejos Flores, Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de Oruro, no presentó informe escrito, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 17.

I.2.3. Intervención del Tercero interesado

Franz Mirko Rivera Burgos, a través de su abogado, en audiencia, manifestó que: 1) No se cumplió con el principio de subsidiariedad; puesto que, la propia parte accionante reconoció haber renunciado a la reserva del recurso de apelación diferida, pese a que el art. 315.I del CNNA exige dicha reserva como requisito para habilitar la revisión de inobservancias procesales. Al renunciar a dicho recurso ordinario previsto por ley, el accionante consintió el acto procesal e impidió deliberadamente el uso del mecanismo idóneo de impugnación, lo cual impide recurrir a la vía extraordinaria de la acción de amparo constitucional, que no se constituye en una vía alterna ni sustitutiva de los recursos ordinarios; por lo que, al admitir la acción equivaldría a permitir que cualquier parte renuncie a los medios de defensa previstos por ley para sustituirlos con una acción tutelar; por esa razón, considera que se configura la causal de improcedencia establecida en el art. 53.2 y 3 del Código Procesal Constitucional (CPCo), por falta de agotamiento de la vía previa; 2) No se ha vulnerado el derecho a la defensa del adolescente AA, ya que el Ministerio Público, en la acusación formal ofreció como prueba material el CD que contiene la declaración de la víctima en Cámara Gesell; por lo que, la defensa conocía anticipadamente su existencia y eventual incorporación. Asimismo, la defensa del accionante ofreció su propia pericia psicológica, pero no solicitó oportunamente la participación de la perito en el acto de apertura del CD ni formuló puntos de pericia, omisión que ahora no puede pretender sea subsanada mediante una acción de amparo constitucional. La falta de actuación diligente de la defensa se constituye un acto propio, que impide alegar vulneración de derechos cuando no se utilizaron los mecanismos procesales disponibles y no existió restricción indebida por parte del juez, quien actuó conforme a los principios de reserva y especialidad del proceso penal donde se encuentran involucrados adolescentes, desestimando una petición que no contaba con fundamento técnico ni procedimental; 3) Con relación al petitorio de la acción de amparo constitucional, observó que existe un error formal, pues los Tribunales de garantías no emiten Autos Constitucionales sino Sentencias Constitucionales; y, respecto al fondo, la anulación del Auto de 26 de marzo de 2025 no implica retrotraer actuaciones ya producidas y debatidas, pues ello implicaría una decisión ultra petita y extra petita, afectando actos procesales que no fueron solicitados expresamente en la acción de amparo constitucional; y, 4) Solicitó que esta acción tutelar sea declarada improcedente, disponiéndose la continuación del proceso penal conforme a derecho.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del departamento de Oruro, mediante Resolución 067/2025 de 23 de abril, cursante de fs. 151 a 165, denegó la tutela solicitada. Dicha determinación, se dio sobre la base de los siguientes fundamentos: i) Respecto al principio de subsidiariedad invocado por el tercero interesado, aclaró que a través de la jurisprudencia constitucional, se establece que tratándose de un adolescente infractor representado por su padre -quien interpuso esta acción de libertad- y considerando que pertenece a un grupo en situación de vulnerabilidad que requiere de una protección reforzada, así como una atención inmediata para salvaguarda de sus derechos y garantías constitucionales, resulta aplicable en este caso la subsidiariedad excepcional; razón por la cual, corresponde ingresar a la problemática jurídica planteada; ii) En aplicación del método de ponderación y conforme a la Resolución Constitucional 09/2025 de 9 de enero, emitida por esa Sala, se dejó sin efecto el Auto de Vista 468/2024, ordenándose la emisión de una nueva resolución que incorpore un enfoque interseccional, la perspectiva de género, el interés superior del adolescente y la ponderación de derechos, aspectos omitidos por las autoridades de alzada, quienes se limitaron a relatar antecedentes de la Sentencia de primera instancia sin efectuar valoración probatoria, en especial respecto al lenguaje no verbalizado de la declaración de la víctima en Cámara Gesell. No obstante lo dispuesto, el Tribunal de alzada optó por el reenvío del proceso al Juez de la Niñez y Adolescencia para la realización de un nuevo juicio oral, cuando correspondía que dicha instancia efectuara directamente la valoración probatoria y la ponderación de derechos exigida por la Resolución Constitucional referida; iii) Con relación al reenvío del proceso y el desarrollo del juicio oral, refirió que en cumplimiento del Auto de Vista 24/2025, el Juez de la Niñez y Adolescencia, mediante providencia de 14 de febrero de 2025, señaló audiencia reservada de Juicio Oral para los días 25 y 26 de marzo de 2025, conforme el art. 309 del CNNA, disponiendo la notificación a las partes, testigos y peritos. Para entonces, la etapa de ofrecimiento de prueba ya había concluido, habiendo el Ministerio Público y la parte acusada ofrecido sus respectivos medios probatorios, incluidos peritajes psicológicos, entre ellos el realizado por la perito Rossemary Calisaya, consistente en una evaluación psicológica pericial y revisión metodológica del informe de Cámara Gesell, cursante de fs. 330 a 343 del expediente original; iv) Sobre la supuesta negativa de producción de prueba pericial, manifestó que si bien la parte accionante sostuvo que solicitó oportunamente que su perito realizara un análisis del CD de la declaración en Cámara Gesell y que dicha petición fue negada, de la revisión integral del expediente se evidenció que en el otrosí correspondiente únicamente se adhirió a la prueba del Ministerio Público y de la víctima, sin que conste la solicitud alegada ni su rechazo. Posteriormente, la presunta víctima solicitó la incorporación de una nueva pericia psicológica (memorial de 10 de marzo de 2025, fs. 1988 del expediente original), la cual fue rechazada por el Juez demandado en aplicación del principio de especialidad, al considerar que admitir nueva prueba implicaría retrotraer etapas procesales ya superadas y vulnerar la igualdad procesal del acusado; v) Respecto a la Resolución de la reposición y fundamentos del Juez demandado, señaló que durante el juicio oral, la parte accionante solicitó que la perito intervenga en la apertura del CD de Cámara Gesell para realizar una pericia sobre el lenguaje no verbalizado, petición que fue rechazada por el Juez demandado y confirmada mediante resolución de reposición. Asimismo, la autoridad judicial fundamentó su decisión señalando que permitir dicha intervención podría introducir elementos no contemplados en la pericia ya realizada, afectando la igualdad de partes, aclarando que la perito sería convocada oportunamente para defender el dictamen pericial previamente elaborado; vi) Con base al método de ponderación, en el concurren derechos de dos adolescentes -la presunta víctima y el presunto infractor- ambos merecedores de protección reforzada conforme los arts. 60 de la CPE, 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y los estándares internacionales de justicia juvenil (Reglas de Beijing y de Tokio) y en aplicación de los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, la decisión del Juez demandado, resulta: vi.a) Idónea, porque garantiza que sea la autoridad jurisdiccional quien valore integralmente la prueba, incluido el lenguaje no verbalizado, conforme a lo dispuesto por el Auto de Vista 24/2025; vi.b) Necesaria, en tanto evita la incorporación extemporánea de prueba y resguarda la igualdad procesal, considerando que también fue rechazada la prueba propuesta por la víctima; y, vi.c) Proporcional, al no implicar una restricción excesiva ni desmedida, sino una limitación razonable orientada a preservar el debido proceso y la seguridad jurídica; y, vii) En ese marco, se evidenció que la autoridad judicial demandada actuó conforme al principio de ponderación, garantizando la protección reforzada y el interés superior de ambos adolescentes, sin vulnerar el derecho a la defensa ni el debido proceso del accionante. Al existir fundamentación razonable y coherente con los estándares constitucionales y convencionales, por lo que denegó la tutela solicitada, no siendo evidente la lesión alegada conforme el art. 217.I del CNNA.

En vía de aclaración complementación y enmienda, el abogado del tercero interesado, solicitó complementar su resolución, pues al haberse aplicado una medida cautelar de suspensión de audiencia y de Juicio Oral que se estaba realizando, dispuso la cancelación de la misma, a efectos de que luego de la devolución de obrados originales al Juez a quo, se continúe con el Juicio conforme a derecho.

En sustanciación y resolución de lo impetrado, la precitada Sala Constitucional, respondió que, en virtud a la denegatoria de la presente acción tutelar, corresponde dejar sin efecto la medida cautelar de suspensión de Juicio Oral con la finalidad de que siga adelante el mismo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa Auto de Vista N° 24/2025 de 31 de enero del 2025, emitido por Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Segundo del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante el cual se anula la Resolución 26/2024 de 25 de julio, pronunciada por el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Primero de la Capital del mismo departamento, y ordena el reenvío con reposición del juicio oral por ante el Juez de Niñez y Adolescencia siguiente en número (fs. 73 a 77) II.2. Mediante SCP 0098/2025-S4 de 20 de marzo, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Franz Mirko Rivera Burgos contra Ricardo Edgar Flores Carvajal y Tereza Tapia Ajhuacho, Presidente y Vocal de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; revoca la Resolución 009/2025 de 9 de enero, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, deniega la tutela impetrada (sistema de gestión procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional).

II.3. Cursa acta de audiencia reservada de Juicio Oral de 26 de marzo de 2025, llevada a cabo en el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de Oruro, en la que consta que la defensa solicitó que se permita que la perito mencionada forme parte de la reproducción del CD con el fin de generar el interrogatorio que corresponda; pedido que fue desestimado por Carlos Vallejos Flores, Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de Oruro, hoy demandado; confirmando el rechazo a tiempo de resolver el recurso de reposición interpuesto por la parte acusada (fs. 81 a 146).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de los derechos al debido proceso, a la defensa vinculado a la “libertad probatoria” y a la fundamentación de su hijo AA; puesto que, la autoridad demandada negó de forma injustificada permitir la presencia y participación de la perito en psicología forense propuesta por la defensa, durante la reproducción del CD que contiene la declaración de la víctima en Cámara Gesell, así como la prohibición de que dicha perito acceda previamente al contenido del referido material audiovisual, pese a haber sido oportunamente ofrecida junto a su pericia. Ante esa decisión interpuso recurso de apelación, que fue rechazado mediante Auto Interlocutorio de 26 de marzo de 2025, bajo el argumento -insuficientemente razonado- que la presencia de la perito no era necesaria; por lo que, solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga se deje sin efecto el Auto Interlocutorio de 26 de marzo de 2025, emitido por la autoridad demandada, y se disponga se emita nueva Resolución en la que se tome en cuenta las consideraciones de la resolución constitucional a ser emitida por su Sala Constitucional. En consecuencia, corresponde en revisión verificar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la necesidad de relevancia constitucional para abrir el ámbito de protección de la acción de amparo constitucional

La SC 0995/2004-R de 29 de junio establece que los errores o defectos de procedimiento, serán calificados como lesivos del derecho al debido proceso y corregidos vía acción de amparo constitucional, solo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, en tal sentido el Fundamento Jurídico III.2, indica:

…tiempo de ingresar a considerar el fondo del recurso, corresponde recordar que los errores o defectos de procedimiento que materialmente no lesionan derechos y garantías fundamentales no tienen relevancia constitucional y por lo mismo, no son susceptibles de corrección por la vía del amparo, a menos que concurran necesariamente, los presupuestos jurídicos que se detallan a continuación: a) cuando el error o defecto procedimental en el que incurra el Juez o Tribunal, provoque una lesión evidente del debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; b) los errores o defectos procedimentales que ocasionan una indefensión material en una de las partes que interviene en el proceso judicial, impidiéndole toda posibilidad de que pueda hacer valer sus pretensiones, alegando, contrastando o probando; y c) esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados (las negrillas nos corresponden).

Por su parte, la SCP 2542/2012 de 21 de diciembre, en el Fundamento Jurídico III.4, señala que:

…es posible concluir que el error o defecto procesal será calificado como lesivo del derecho al debido proceso, sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión final adoptada, ya sea en un proceso judicial o un proceso administrativo interno, esto en razón de que no tendría sentido jurídico alguno conceder la tutela y disponer se subsanen los posibles defectos procedimentales, si es que finalmente se llegará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión objetada por los errores procesales.

Esta sistematización ha sido extraída de la SCP 0370/2018-S2 de 24 de julio.

III.2. Sobre la revocatoria total o parcial de una concesión de tutela

Ahora bien, en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se anota la indudable relevancia constitucional, como se demostrará más adelante, que tiene la parte resolutiva de la sentencia constitucional -Por Tanto-pronunciada por el Tribunal Constitucional Plurinacional y la necesidad que se dimensione en el tiempo, precisando el plazo de su cumplimiento, además de modular explícitamente los efectos jurídicos que producirá lo resuelto en la acción de defensa, por ejemplo, dentro del proceso judicial o administrativo, esto es, modularse cómo deben ser cumplidas, conforme lo dispuesto en el art. 28 del CPCo, que le otorga esta competencia; dimensionamiento que es fundamental cuando las sentencias revocan total o parcialmente una concesión de tutela -art. 44 del CPCo-, formas de resolución complejas que por sí mismas ya obligan a realizar esta tarea en observancia del principio de comprensión efectiva -art. 3.8 del CPCo- y a partir de una interpretación previsora y consecuencialista.

Nótese que, conforme lo previsto por el art. 129.IV y V de la CPE, una vez pronunciada la resolución final de la acción de amparo constitucional en audiencia pública, se elevará en revisión de oficio ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el plazo de veinticuatro horas, debiendo la decisión final que conceda la tutela, ser ejecutada inmediatamente y sin observación, quedando la autoridad o persona particular demandada, sujeta a las sanciones previstas por la ley en caso de desobediencia total, parcial u obediencia distorsionada, ésto es, cuando no cumpla la sentencia constitucional en la medida de lo determinado, de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional. En consecuencia, la concesión u otorgación de tutela dada su finalidad de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales tiene efecto inmediato, independientemente de la revisión de oficio que por mandato constitucional está encomendada al Tribunal Constitucional Plurinacional, que de ser confirmatoria a la concesión de tutela, no tiene mayor problema en los efectos jurídicos que produjo dicha concesión, por ejemplo en el proceso judicial o administrativo.

No obstante, cuando este Tribunal Constitucional Plurinacional en grado de revisión revoca la concesión de tutela otorgada -en todo o en parte-; y en consecuencia, deniega la tutela -en todo o en parte-, los actos u omisiones que en principio fueron evidenciados por el juez o tribunal de garantías de ilegales o indebidos de las o los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restringían, suprimían o amenazaban de restringir o suprimir los derechos fundamentales de la parte accionante, vuelven al estado en que se encontraban al momento de la interposición de la acción de defensa, quedando a prima facie sin efecto jurídico algunos o todos los actos y decisiones emergentes de la concesión de la tutela; sin embargo, en atención a la facultad previsora establecida en el art. 28.II del CPCo, con la finalidad de evitar daños y perjuicios mayores, el Tribunal Constitucional Plurinacional, puede y/o debe dimensionar o modular los efectos de la decisión de revocatoria de la concesión de tutela, cuidando qué actos y hechos jurídicos pronunciados como emergencia de la concesión de la tutela, y de acuerdo a las circunstancias del caso concreto, son independientes y no importan una lesión del derecho a la eficacia del cumplimiento o ejecución de las resoluciones constitucionales en la medida de lo determinado. Así, lo dejó establecido este Tribunal en la SC 0595/2010-R de 12 de julioy SCP 0569/2013-L de 28 de junio.

Entonces, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, los jueces y tribunales de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional deben y/o pueden modular los efectos de sus sentencias en materia de acciones de defensa, otorgando efectos inmediatos, suspensivos, diferidos, conciliatorios, reparadores, preventivos, a las mismas; con el fin de optar por la alternativa que mejor proteja los derechos y garantías constitucionales que fueron motivo de la acción tutelar; de tal suerte que la justicia constitucional venga a reparar o prevenir la lesión a derechos y no se convierta en un incordio dentro del proceso judicial o administrativo del cual emerge; para lo que debería tenerse en cuenta, que la protección de los derechos fundamentales de la parte accionante no atente o amenace con vulnerar los derechos fundamentales de la o las partes no accionantes o terceros interesados; por lo que, cuando corresponda, deberá dimensionar los efectos de su resolución en cuanto a los procesos judiciales o administrativos de los cuales deriva la acción de defensa. El entendimiento precedente ha sido extraído de la SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero.

III.3. Análisis del caso concreto

En el presente caso, surge a raíz de que la autoridad demandada negó de forma injustificada permitir la presencia y participación de la perito en psicología forense propuesta por el accionante, durante la reproducción del CD que contiene la declaración de la víctima en Cámara Gesell, así como la prohibición de que dicha profesional acceda previamente al contenido del referido material audiovisual, pese a que fue oportunamente ofrecida conjuntamente a su pericia al material escrito, lo que produciría la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa vinculado a la “libertad probatoria” y a la fundamentación de su hijo AA; y pese a que, ante esa decisión interpuso su recurso de reposición, este fue rechazado mediante el Auto Interlocutorio de 26 de marzo de 2025, sin ponderar ni explicar el alcance del art. 217.I del CNNA, decisión contra la cual, no hizo reserva del recurso de apelación, por acogerse a la abstracción del principio de subsidiariedad que rige para los sectores vulnerables -al tratarse de adolescentes en el caso de autos-.

De acuerdo a los antecedentes del expediente constitucional y de la revisión del sistema de gestión procesal de causas del Tribunal Constitucional Plurinacional, se advierte que dentro del proceso penal juvenil seguido por el Ministerio Público a instancia de Franz Mirko Rivera Burgos contra el menor de edad AA, por la presunta comisión del delito de violación, se emitió la Resolución 26/2024 de 25 de julio, pronunciada por el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Primero de la Capital del departamento de Oruro, de forma sucinta en base a diversos criterios jurídicos por existir duda razonable absuelve de culpa al adolescente AA por la presunta comisión del delito de violación; dicho fallo fue confirmado en apelación mediante el Auto de Vista 468/2024 de 24 de septiembre, pronunciado por los Vocales de la Sala Civil, Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Contra esta decisión de segunda instancia, Franz Mirko Rivera Burgos, padre de la víctima, interpuso acción de amparo constitucional, que fue resuelto por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 009/2025 de 9 de enero, que concedió la tutela solicitada (Conclusión II.3). En cumplimiento a dicha resolución, Ricardo Edgar Flores Carvajal y Tereza Tapia Ajhuacho, Presidente y Vocal de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitieron el Auto de Vista 24/2025 de 31 de enero, disponiendo anular la Resolución 26/2024 de 25 de julio, pronunciado por el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Primero de la Capital del departamento de Oruro, ordenando el reenvío con reposición del juicio oral ante el Juez de la Niñez y Adolescencia siguiente en número (Conclusión II.1.).

Cumpliendo lo determinado por el referido Auto de Vista 24/2025 de 31 de enero, el Juez demandado señaló audiencia reservada de juicio oral para el 26 de marzo de 2025, en cuyo desarrollo emitió las, providencias de rechazo al pedido de la defensa de autorizar que su perito presencie la reproducción del video de la entrevista a la víctima en Cámara Gesell; providencia de rechazo y resolución del recurso de revocatoria sobre la misma, que son hoy impugnadas (Conclusión II.4).

Por otra parte mediante SCP 0098/2025-S4 de 20 de marzo, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Franz Mirko Rivera Burgos contra Ricardo Edgar Flores Carvajal y Tereza Tapia Ajhuacho, Presidente y Vocal de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; REVOCA la Resolución 009/2025 de 9 de enero, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y en consecuencia, DENIEGA la tutela impetrada (Conclusión II.2).

Ahora bien, en el marco del entendimiento establecido por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el referido Auto de Vista 24/2025 de 31 de enero, que dispuso la nulidad de la sentencia y el reenvío con reposición del juicio oral, que fue emitido por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro en cumplimiento a la Resolución Constitucional 009/2025 de 9 de enero quedó sin efecto jurídico; y, por su parte, el Auto de Vista 468/2024 de 24 de septiembre que confirmó la sentencia absolutoria, recobró vigencia legal, puesto que como establece la SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero, “…cuando este Tribunal Constitucional Plurinacional en grado de revisión revoca la concesión de tutela otorgada -en todo o en parte-; y en consecuencia, deniega la tutela -en todo o en parte-, los actos u omisiones que en principio fueron evidenciados por el juez o tribunal de garantías de ilegales o indebidos de las o los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restringían, suprimían o amenazaban de restringir o suprimir los derechos fundamentales de la parte accionante, vuelven al estado en que se encontraban al momento de la interposición de la acción de defensa, quedando a prima facie sin efecto jurídico algunos o todos los actos y decisiones emergentes de la concesión de la tutela”. Entonces, toda, vez que el referido fallo constitucional no efectúa ninguna modulación de sus efectos, al haberse revocado la resolución que concedió la tutela, el mencionado Auto de Vista N° 24/2025 de 31 de enero, que dispuso la nulidad de la sentencia y el reenvío con reposición del juicio oral, el cual fue emitido en cumplimiento a la Resolución 009/2025 de 9 de enero, ya no tiene vigencia legal; es decir, el juicio de reenvío que motiva esta acción de tutela ya no tiene sustento legal, puesto que recuperó su vigencia el Auto de Vista 468/2024 de 24 de septiembre en la que los Vocales de la Sala Civil, Comercial, de Familia de la Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que habían sido demandados, declararon improcedente el recurso de apelación presentado y dispusieron confirmar la Resolución 26/2024 de 25 de julio.

En ese marco, las eventuales vulneraciones en las que pudo haber incurrido el juez demandado en el juicio de reenvío, en el marco del entendimiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, carecen de relevancia constitucional, puesto que de ser evidentes, no podrían ser subsanadas en razón a que la realización de dicho juicio de reenvío ya no puede continuar por falta de sustento legal, dado que las decisiones de primera y segunda instancia del juicio primigenio, que declararon la absolución del acusado, han recobrado vigencia legal; razón por la cual no tiene ninguna utilidad analizar el fondo de la denuncia; en cuyo mérito corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber denegado la tutela impetrada, aun cuando con otros fundamentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 067/2025 de 23 de abril, cursante de fs. 151 a 165, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los Fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.2.2, refiere: “En los casos en que los jueces o tribunales garantías hubiesen denegado la tutela en las acciones de libertad, de amparo constitucional, de protección de privacidad, de cumplimiento y acción popular, dicho fallo no suspende el desarrollo o continuidad del proceso judicial o administrativo, o las actuaciones, de donde emerge o motivaron la respectiva acción de defensa de derechos fundamentales; puesto que analizada la situación o problemática expuesta, el tribunal de garantías constitucionales ha determinado la inexistencia de acto o resolución ilegal como la no lesión de derechos fundamentales. El mismo efecto no suspensivo tiene la denegatoria en los casos que no se hubiese ingresado al análisis de fondo. No obstante, en los casos que en grado de revisión, el Tribunal Constitucional revoca dicho fallo, sea total o parcial y concede la tutela, los efectos son inmediatos y se retrotraen o alcanzan hasta el estado o momento en el que se interpuso la acción tutelar respectiva. Salvando las circunstancias en que de manera excepcional corresponde dimensionar los efectos de la Sentencia Constitucional”. 2La SCP 0569/2013-L, reiterando en entendimiento de la referida SC 0595/2010-R, en su FJ. III.3., manifiesta: “`…en los casos que en grado de revisión, el Tribunal Constitucional revoca dicho fallo, sea total o parcial y concede la tutela, los efectos son inmediatos y se retrotraen o alcanzan hasta el estado o momento en el que se interpuso la acción tutelar respectiva. Salvando las circunstancias en que de manera excepcional corresponde dimensionar los efectos de la Sentencia Constituciona´”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0557_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 23aefc10f2213712289b27ad0d2865b478b294974be64859e7d0ddfcb4124500

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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