Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 8 de abril de 2026
Deniega la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, a no sufrir violencia psicológica, a la garantía del debido proceso y del principio de impugnación; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estafa, la Jueza demandada emitió el decreto de 29 de noviembre de 2019, disponiendo su notificación tácita con la Resolución de Imputación Formal RES./W.V.M.P./038/2019, pese a que dicho acto debió notificarse personalmente conforme el art. 314.1 del CPP, modificado por la Ley 1173; asimismo, emitió el Auto Interlocutorio “444/2020” -que resolvió el incidente de actividad procesal defectuosa que planteó por memorial presentado el 29 de noviembre de 2019-, sin que dicho acto fuera puesto en su conocimiento de manera personal de acuerdo a lo establecido por el art. 163.2 del CPP. Ante ello, la Jueza demandada señaló que el proceso no se encuentra a su cargo; además, fue la impetrante de tutela quien se dio por notificada con la Resolución de Imputación Formal y no hizo seguimiento al incidente de actividad procesal defectuosa que presentó; finalmente, no cuenta con legitimación pasiva, ya que no se encuentra a cargo de las notificaciones.
En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2023 de 2 de marzo, cursante de fs. 121 a 124 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0555/2026-S2 Sucre, 8 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 54104-2023-109-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 09/2023 de 2 de marzo, cursante de fs. 121 a 124 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María Lourdes Ariñez Velasco contra Virginia Regina Santa Cruz Silva, Jueza de Instrucción Penal Novena de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 1 de marzo de 2023, cursantes a fs. 1 y 113 a 114, la accionante manifestó lo siguiente:
El 29 de noviembre de 2019 -se entiende dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión el delito de estafa-, presentó un incidente de actividad procesal defectuosa por falta de fundamentación en la Resolución de Imputación Formal RES./W.V.M.P./038/2019 de 16 de septiembre; en respuesta, Virginia Regina Santa Cruz Silva, Jueza de Instrucción Penal Novena de la Capital del departamento de La Paz -hoy demandada- emitió la providencia de “19” -siendo lo correcto 29- de igual mes y año, por la cual determinó su notificación tácita con “…EL INICIO DE INVESTIGACIONES de fecha 27 de junio de 2019 e imputación formal de 14 de octubre de 2019…” (sic), obviando que, de acuerdo al art. 314.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por el art. 12 de Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, el inicio de las investigaciones debe notificarse personalmente.
Después de varias suspensiones de audiencia para la consideración del referido incidente de actividad procesal defectuosa, se trató el mismo en audiencia de 9 de octubre de 2022, sin embargo, nunca fue notificada personalmente o virtualmente con el Auto Interlocutorio “444/2020” con el que fue resuelto, contrariando el art. 163.2 del CPP que establece que las resoluciones definitivas deben ser notificadas de manera personal, por lo que “EXISTE NULIDAD DE NOTIFICACIÓN”; además, la diligencia de notificación a su persona no indica el año, la fecha y la hora en los que habría sido sentada. Posteriormente, se remitió el proceso ante el Juzgado de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de La Paz, pese al incumplimiento de la notificación con el Auto Interlocutorio “444/2020”.
Denunció la lesión de sus derechos a la defensa, a no sufrir violencia psicológica, a la garantía del debido proceso y del principio de impugnación; citando al efecto los arts. 115.II y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) El cese de la persecución indebida; y, b) La nulidad de todo lo obrado hasta a fecha de remisión de obrados “…por ante el Juzgado Cautelar Noveno…” (sic), a efecto de que se subsane la notificación cuestionada y pueda presentar su apelación incidental.
Celebrada la audiencia virtual el 2 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 118 a 120, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial acción de libertad y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que: 1) La Secretaria del despacho judicial a cargo de la Jueza demandada informó que su persona, en su calidad de imputada, no se apersonó a efecto de obtener las copias para remitir la documentación a la central de notificaciones, es decir, no se aplicó el principio de gratuidad; 2) La autoridad judicial demandada señaló que prevea las fotocopias para notificar su incidente de actividad procesal defectuosa, otorgando un plazo de tres días hábiles a partir de la notificación; sin embargo, no tuvo conocimiento de “este decreto”; 3) Cursa un memorial en el cual un abogado, que no asesoró a ninguna de las partes del proceso, devolvió el cedulón de “19 de febrero”;
no obstante, dicha solicitud fue rechazada y se continuó notificando al domicilio de ese profesional, es así que en audiencia de 28 de febrero de 2020, fue declarada rebelde; 4) No solicitó la nulidad de obrados porque seguía siendo notificada en un domicilio que no le corresponde; además, “apunto de dictar sentencia”, esos actos se mantienen en el tiempo; y, 5) No cuentan con otro medio ordinario procesal, “…nos hemos puesto a derecho en juicio y es cierto que hemos asumido en defensa en juicio pero es una audiencia de medias cautelares que nos esta haciendo desnudar estos defectos…” (sic).
Virginia Regina Santa Cruz Silva, Jueza de Instrucción Penal Novena de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia de garantías, manifestó que: i) Tal como señaló el abogado de la impetrante de tutela, el proceso no se encuentra en el Juzgado a su cargo y no es de su conocimiento; ii) Se dispuso la notificación tácita de la peticionante de tutela debido a que ella lo solicitó a tiempo de plantear un incidente; iii) Existió dejadez de las partes en relación a las notificaciones y al seguimiento del incidente; y, iv) No cuenta con legitimación pasiva, pues no es la encargada de notificar.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 09/2023 de 2 de marzo, cursante de fs. 121 a 124 vta., denegó la tutela impetrada; con base en los siguientes fundamentos: a) La accionante presentó un memorial el 29 de noviembre de 2019, en el que se dio por notificada con la Resolución de Imputación Formal, lo que desmiente lo fundamentado por la prenombrada, pues ya conocía de un trámite judicial que se estaba realizando en su contra; b) Conforme a la SC 1124/2003-R de 13 de agosto, la impetrante de tutela tenía la obligación de hacer seguimiento a su incidente de actividad procesal defectuosa y de proveer las fotocopias de sus pruebas conforme al art. 112 del CPP; y, c) No existe un documento que demuestre que la peticionante de tutela fue indebidamente procesada; además, su abogado señaló que ya existe una sentencia contra la misma y que “…ya se ha planteado un incidente (de nulidad sobre la notificación que reclama) ante el Juez de Sentencia en lo Penal, y este incidente (…) ha sido rechazado he incluso se ha anunciado apelación en ese Juzgado…” (sic); por lo que, no se agotó la subsidiariedad para plantear esta acción de defensa.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso que los expedientes y causas sorteadas a los mismos, sean devueltas a Comisión de Admisión, para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entra las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 128 a 130); en cumplimiento a dicha determinación, el presente fallo constitucional es emitido dentro del plazo establecido por ley.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta Resolución de Imputación Formal RES./W.V.M.P./038/2019 de 16 de septiembre, emitida por Wilson Víctor Medrano Patti contra María Lourdes Ariñez Velasco -hoy accionante-, por la presunta comisión del delito de estafa (fs. 38 a 41). II.2. Por memorial presentado el 29 de noviembre de 2019, la impetrante de tutela planteó incidente de actividad procesal defectuosa por falta de fundamentación en la imputación, dándose por notificada con la misma; en respuesta, a través de decreto de la misma fecha, Regina Santa Cruz Silva, Jueza de Instrucción Penal Novena de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada-, determinó: “Téngase presente la notificación tácita de MARIA LOURDES ARIÑEZ VELASCO…” (sic), y dispuso el traslado del referido incidente (fs. 65 a 70 vta.).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, a no sufrir violencia psicológica, a la garantía del debido proceso y del principio de impugnación; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estafa, la Jueza demandada emitió el decreto de 29 de noviembre de 2019, disponiendo su notificación tácita con la Resolución de Imputación Formal RES./W.V.M.P./038/2019, pese a que dicho acto debió notificarse personalmente conforme el art. 314.1 del CPP, modificado por la Ley 1173; asimismo, emitió el Auto Interlocutorio “444/2020” -que resolvió el incidente de actividad procesal defectuosa que planteó por memorial presentado el 29 de noviembre de 2019-, sin que dicho acto fuera puesto en su conocimiento de manera personal de acuerdo a lo establecido por el art. 163.2 del CPP. Ante ello, la Jueza demandada señaló que el proceso no se encuentra a su cargo; además, fue la impetrante de tutela quien se dio por notificada con la Resolución de Imputación Formal y no hizo seguimiento al incidente de actividad procesal defectuosa que presentó; finalmente, no cuenta con legitimación pasiva, ya que no se encuentra a cargo de las notificaciones.
En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0037/2012 de 26 de marzo, desarrolló el entendimiento en relación al tópico, que refirió: “Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. (…) (…) el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida” (las negrillas nos corresponde). A partir de dicho entendimiento asumido en base a la norma constitucional, la viabilidad de apertura y consecuente concesión de tutela de esta acción de defensa, emergen de la verificación material de la existencia de un acto ilegal u omisión indebida, en el marco de uno o más de los presupuestos referidos.
Delimitado el objeto procesal de la presente acción tutelar, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra María Lourdes Ariñez Velasco -ahora accionante-, fue emitida la Resolución de Imputación Formal RES./W.V.M.P./038/2019 de 16 de septiembre, atribuyendo a la prenombrada la probabilidad de autoría del delito de estafa (Conclusión II.1). Posteriormente, la impetrante de tutela “…dándo[s]e por notificad[a] con la Resolución de imputación Formal…” (sic), interpuso un incidente de actividad procesal defectuosa, argumentando falta de fundamentación en dicho requerimiento fiscal; ante lo cual, mediante decreto de 29 de noviembre de 2019, la Jueza -hoy demandada-, aceptó la “notificación tácita” y dispuso el traslado del referido incidente (Conclusión II.2). Por otro lado, la peticionante de tutela, en su memorial de acción de libertad, señaló que “…después de varias suspensiones de audiencia a efectos de tratarse el incidente de actividad procesal defectuosa planteada en fecha 9 de octubre de 2020 se llevó adelante la audiencia a efectos de tratar el señalado incidente y habiéndose resuelto el mismo NUNCA SE NOTIFICO A ESTA PARTE la Resolución No. 444/2020…” (sic). En ese contexto, la accionante denuncia que la Resolución de Imputación Formal RES./W.V.M.P./038/2019 y el Auto Interlocutorio “444/2020” no fueron notificados de manera correcta, pues debieron ser notificados de manera personal; lo cual, conllevó a que el proceso continúe de manera irregular. Ahora bien, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, el art. 125 de la CPE -concordante con los arts. 46 y 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo)-, establece los siguientes presupuestos para la activación en la acción de libertad: 1) atentados contra el derecho a la vida; 2) afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; 3) acto u omisión que constituya procesamiento indebido; y, 4) acto u omisión que implique persecución indebida. Bajo dicha premisa, este Tribunal advierte que las notificaciones con la Resolución de Imputación Formal y con el Auto Interlocutorio “444/2020” -que habría resuelto un incidente de nulidad de imputación formal por falta de fundamentación-, no tienen relación directa con los derechos a la vida o a la libertad que tutela esta acción defensa, pues dichas diligencias de notificación en sí mismas no son idóneas por sí mismas para limitar la libertad de la prenombrada. Por otro lado, tampoco se puede inferir una ilegal o indebida persecución o procesamiento vinculado a la libertad de locomoción o a la vida, pues el abogado de la accionante, señaló de manera expresa lo siguiente: “…nos hemos puesto a derecho en juicio y es cierto que hemos asumido en defensa en juicio…” (sic), lo cual denota, que la peticionante de tutela cuenta con una defensa técnica que le permite reclamar las presuntas irregularidades denunciadas en esta acción de defensa ante la Jueza o Juez de la causa que conoce el proceso en el que habrían acontecido. Por consiguiente, no existe ningún elemento que permita inferir a este Tribunal sobre alguna amenaza de riesgo y/o restricción al derecho a la libertad o a la vida del peticionante de tutela y, en función de ello, el presunto acto lesivo, tampoco constituye indebida o ilegal detención, procesamiento y/o persecución que atente contra esos derechos; es decir que, la pretensión de la antes nombrada, no responde al diseño de esta acción tutelar. En ese entendido, si la accionante considera que existieron defectos procesales en las notificaciones cuestionadas mediante esta acción tutelar, corresponderá -si es que así lo considera pertinente- que acuda a la acción de amparo constitucional, previo agotamiento de los mecanismos ordinarios y de los requisitos establecidos al efecto, viéndose este Tribunal impelido a denegar la tutela impetrada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Por último, corresponde precisar que la accionante denunció la lesión a su derecho a no sufrir violencia psicológica; sin embargo, de la revisión del memorial de la acción tutelar y de la exposición desarrollada por la prenombrada, a través de su abogado, en audiencia de garantías, no se advierten argumentos que expliquen de qué manera fue vulnerado ese derecho y cómo se encuentra vinculado en el caso concreto a su derecho a la libertad o a la vida; por tanto, corresponde denegar la tutela solicitada al respecto. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2023 de 2 de marzo, cursante de fs. 121 a 124 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0555_2026-S2.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): e2bd62fde59598d5d5d76d6e7ff612e40e649005681086d67a2c54cb98890049
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