B.IA.LEGAL

SCP 0554/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 27 de abril de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
27 de abril de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
55613-2023-112-AAC
Departamento
Pando
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión del debido proceso en sus elementos de congruencia y fundamentación, vinculado con el derecho a la libertad; argumentando que, el Vocal demandado mediante Auto de Vista 79/2023 revocó la decisión judicial que le otorgó la cesación a su detención preventiva, incurriendo en las siguientes irregularidades: 1) No mencionó en qué norma o jurisprudencia basó su decisión, retrotrayendo en su perjuicio el procedimiento, contraviniendo el art. 16 de la LOJ relacionado con la preclusión de los actos procesales; 2) No estableció los actos procesales que el Juez inferior en grado debía realizar; y, 3) De forma ultra petita dispuso que el proceso penal se siga bajo el procedimiento inmediato para delitos flagrantes, cuando en el momento procesal oportuno, ello fue establecido bajo el procedimiento común.

Solicita se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 79/2023 “...de fecha 28 DE AGOSTO DEL 2020...” (sic), ordenando al Vocal accionado dicte uno nuevo, resolviendo el punto apelado y fundamentado en audiencia por la Fiscal de Materia asignada al caso. En audiencia solicitó que el nuevo Auto de Vista emitido sea debidamente fundamentado.

En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 034/2023 de 17 de mayo, cursante de fs. 78 a 80 vta., pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos desarrollados precedentemente.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación, motivación y congruencia como elementos del debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0554/2026-S3 Sucre, 27 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 55613-2023-112-AAC Departamento: Pando En revisión la Resolución 034/2023 de 17 de mayo, cursante de fs. 78 a 80 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Aradilla Guayao contra Diego Valdir Roca Saucedo, Vocal de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 9 y 12 de mayo, ambos de 2023, cursantes a fs. 1, 60 a 62 vta.; y, 66, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 14 de febrero de 2023, fue imputado por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, actuado fiscal que fue considerado el 15 de igual mes y año, disponiendo el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Pando que el trámite se regirá con base al procedimiento ordinario, no así por el de flagrancia, siendo una determinación que no fue apelada por el Ministerio Público; así también, dicha autoridad ordenó su detención preventiva por el lapso de treinta días en el Centro Penitenciario Villa Busch de Pando, fijándose audiencia de control de plazo para el 15 de marzo del mismo año, en tal audiencia la Fiscal de Materia solicitó la ampliación del plazo de la referida medida por el lapso de cinco días; empero, la autoridad judicial de la causa -Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del indicado departamento- dispuso la misma por el tiempo de quince días, fijando nueva fecha de control para el 30 del indicado mes y año, decisión que tampoco fue impugnada por ninguna de las partes procesales.

El “...30 de marzo de 2023...” (sic), se llevó a cabo la audiencia de control de plazo, en la que, la representación fiscal indicó que concluyó con la investigación y que presentó acusación formal solicitando que, se remita a la autoridad llamada por ley; sin embargo, el Juez de la causa dispuso el cese de su detención preventiva -a través de Auto Interlocutorio 90/2023-, en razón a que no se solicitó su ampliación, disponiendo medidas cautelares de carácter personal distintas a la medida extrema, entre ellas, la detención “preventiva” -se entiende domiciliaria-, determinación que fue apelada por la representación fiscal, bajo el reclamo de que, una vez presentada dicha acusación, el Juez perdió competencia y debió proceder a su remisión, sin considerar el señalamiento de audiencia de control de plazo.

El 19 de abril de 2023, se llevó a cabo la audiencia de apelación incidental en la cual, Diego Valdir Roca Saucedo, Vocal de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando -hoy accionado- dictó Auto de Vista -79/2023- de “...28 DE AGOSTO DEL 2020...” (sic), determinando de manera simple y llana la revocatoria del Auto Interlocutorio 90/2023 ahora apelado, sin disponer qué es lo que el Juez -inferior en grado- debía realizar, ni mencionar en qué norma o jurisprudencia basó su criterio; además, de contener y realizar en su fundamento el análisis desde la primera audiencia de medidas cautelares, siguiendo con las de control de plazo y concluyendo en que, “...en este tipo de proceso...” (sic) no debería haberse llevado a cabo en ese control; es decir, que el Juez a quo no tenía por qué señalar audiencia; y, efectuó una errónea fundamentación al sostener que, ante la presentación de la acusación formal, no debía instalar ni celebrar dicha audiencia fijada con anterioridad, correspondiendo remitir antecedentes al Juez llamado por ley.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho al debido proceso, en sus elementos de congruencia y fundamentación, relacionado con la libertad; citando al efecto los arts. 13, 14.I, 15.I, 23.I y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7.1, 2 y 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista “...de fecha 28 DE AGOSTO DEL 2020...” (sic) -79/2023-, ordenando al Vocal demandado dicte uno nuevo, resolviendo el punto apelado y fundamentado en audiencia por la Fiscal de Materia asignada al caso. En audiencia, solicitó que el nuevo Auto de Vista emitido sea debidamente fundamentado.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 17 de mayo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 73 a 77, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través su representante, ratificó íntegramente los argumentos de esta acción tutelar y ampliándola, señaló que: a) El representante fiscal solicitó que ya no se lleve a cabo la audiencia de control de plazo -de la detención preventiva-, indicando que había presentado acusación; ante ello, el Juez le señaló que dicho acto procesal ya estaba programado y que si quería que se mantenga esa medida extrema, debía pedirla ante el Juez llamado por ley; puesto que, no solicitó la ampliación de la misma; b) El Vocal accionado “...en la revocatoria no explica que se debe hacer, es decir, no hay una parte dispositiva, no se sabe si el juez va a remitir al superior en grado o ha hecho una mala interpretación, además que ni la fecha está correcta y no dispone nada y a causa de eso a la fecha tenemos una acusación y dan a entender que sea deja todo a fs. 0, es decir, no hay control de plazos, no sabemos en qué situación está siendo remitida al superior o inferior...” (sic); c) De manera ultra petita se dispuso que el proceso penal se siga bajo el procedimiento en flagrancia -procedimiento inmediato para delitos flagrantes-; d) El Auto de Vista 29/2023 dictado, afecta el debido proceso; toda vez que, se encuentra privado de libertad injustamente ya que cuenta con acusación; e) El art. 16 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010- establece la preclusión de los actos, pero en el presente caso, se están retrotrayendo procedimientos ya efectuados, al sostener que desde un inicio se llevó mal el proceso penal; lo cual, nadie apeló dando por bien hecho esa circunstancia, no pudiéndose retrotraer actos en su perjuicio como imputado; f) La autoridad judicial accionada incurrió en una errónea fundamentación; y, g) Solicitó que el nuevo Auto de Vista sea emitido debidamente fundamentado.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Diego Valdir Roca Saucedo, Vocal de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, por informe oral presentado en audiencia, solicitaron se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: 1) Existen muchas falencias en los argumentos planteados en esta acción de defensa; 2) No correspondía “decirle nada” al Juez inferior -en grado-, porque ya había ordenado la remisión -de la acusación- al Juzgado de Sentencia Penal, “...‘Y a la par de ello se señala audiencia de control de plazo para el día 13 de abril’ que esto es lo que reclama la fiscalía y lo que reclamo inclusive el doctor Ignacio Condori en la audiencia de fecha 13 de abril...” (sic); 3) Con relación al tipo de procedimiento aplicado, no hay duda que, en el presente caso se aplicó el procedimiento inmediato para delito flagrante, el cual no es un tema de preparación o realización de actos de investigación; sino, que se ingresa a una etapa de actos preparatorios de juicio, en los cuales no se hacen investigaciones, sino complementaciones a actos de investigación, así lo establece la normativa y eso es lo que se explicó en el Auto de Vista dictado -hoy cuestionado-; 4) El Tribunal de alzada tiene la obligación de dejar claro qué cuestionamientos deben tomarse en cuenta, porque se deben sentar lineamientos a los jueces; en ese sentido, se estableció que en este tipo de casos el control del plazo que se pretende realizar en treinta días, no es el mismo que se tiene para el procedimiento común, porque lo que se está haciendo son actos preparatorios de juicio. “...Y lo que corresponde si bien es cierto, no es la naturaleza del 233 o la obligación de controlar el plazo; ello no implica pretender realizar ampliaciones desmedidas de la detención preventiva como se ha suscitado en este caso y eso es lo que la sala observa y hace notar...” (sic); empero, que no fue la razón de la revocatoria, la cual se encuentra contenida en el Auto de Vista emitido, recomendando se pueda considerar el análisis de los riesgos procesales, estando el imputado obligado a desvirtuar los mismos; 5) “Lo que él pretende es que ya presentada la acusación, ya ha vencido el plazo que se le dio, se tenga que obligatoriamente dar la libertad...” (sic); sin embargo, si ello fuera así dónde queda la seguridad jurídica; 6) Al margen de resolver el agravio del Ministerio Público, cual era que el Juez a quo al momento de recibir la acusación formal debió remitirla al Juez de Sentencia Penal y no considerar la audiencia de control de plazo en el procedimiento inmediato, el Auto de Vista también establece parámetros o lineamientos que tienen que ser considerados por los Jueces; 7) No se entiende porque se alega que la decisión no indicó que se va a hacer, cuando se revocó una determinación que estableció el cese de la detención preventiva que evidentemente no correspondía, porque ante la presentación de acusación debía remitirse la misma; y, además porque las ampliaciones -de la detención preventiva- o control de plazo, no eran posibles de considerarse, siendo una mala praxis de parte de los Jueces cautelares, y precisamente se está definiendo -en el Auto de Vista- lineamientos sobre eso; 8) “...Ahora, si ustedes me dicen que eso ya no se puede hacer y que ya precluyó y que es una figura que debemos dejarla pasar como tal, señores yo le doy a ustedes la libertad de definir que aquí cada juez interprete la norma como quiera y la sala penal está solamente de adorno…” (sic); 9) El Auto de Vista dictado no vulnera el derecho a la defensa; puesto que, se señaló que, el imputado -hoy impetrante de tutela- debe acudir ante el Juez de Sentencia Penal y solicitar la libertad conforme el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, y a su vez por la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019 y Ley de Protección a las víctimas de feminicidio, infanticidio y violación de infante, niña, niño o adolescente -Ley 1443 de 4 de julio de 2022-, que establece que en fase de juicio oral, la cesación o la aplicación a medida cautelar de prisión -detención- preventiva- debe hacerse en el marco solamente riesgos procesales; y, 10) El Auto de Vista tiene error de fecha; sin embargo, no es problema esencial que motive “...la vuelta para atrás...” (sic).

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Blanca Elena Ardaya Vannucci, Fiscal de Materia, en audiencia impetró se deniegue la tutela solicitada, manifestando que: i) En audiencia de medidas cautelares de 15 de febrero -de 2023- se señaló audiencia de control de plazo para el 15 de marzo -de igual año- y se dispuso la aplicación de procedimiento inmediato para delitos flagrantes; el 14 del mismo mes y año, se dirigió un memorial solicitando la ampliación del plazo de la detención preventiva por quince días; toda vez que, faltaba la realización de actuados investigativos; y, el 31 del indicado mes y año, presentó acusación formal dentro del plazo, pero, el Juez inferior no convocó a audiencia de control de plazo dentro de lo que manda la ley, estando con la acusación en su despacho, así, el día 13 de abril se le notificó con una audiencia para considerar la “ampliación del plazo”, en la cual dicha autoridad judicial indicó que no se fundamentó la referida ampliación, modificando la medida extrema e imponiendo -al imputado- otras medidas menos gravosas, determinación que fue apelada; ii) En instancia de alzada se reclamó “...cómo va a ser posible que el juez tenga por 13 días la acusación sin elevarla al superior en grado...” (sic) y además modifica la detención preventiva; iii) El Vocal demandado efectuó un estudio minucioso de esos aspectos y sostuvo que no correspondía llevar a cabo la audiencia de control de plazo y modificar la medida extrema; y, que en todo caso, se debió presentar la solicitud de cesación de la detención preventiva, lo cual no ocurrió, así también, estableció los parámetros relacionados con que cuando se haya presentado la acusación el Juez de Instrucción Penal pierde competencia y debe remitirse “...al inmediato superior...”; iv) Citó a la Sentencia Constitucional Plurinacional 1081/2022-S4 de 19 de agosto; iv) Se necesita la presencia del imputado para asegurar la indagación de la verdad en el desarrollo del proceso penal, para la aplicación de la ley y que se resuelva en juicio oral su situación jurídica procesal; y, v) El Auto de Vista cuestionado revocó el Auto Interlocutorio recurrido, explicando y dando los parámetros de cómo debía operarse en un procedimiento inmediato para delitos flagrantes cuando ya está presentada la acusación formal.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, por Resolución 034/2023 de 17 de mayo, cursante de fs. 78 a 80 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: a) Los agravios que manifiesta el accionante, no son evidentes, por cuanto en ninguna parte del Auto de Vista 79/2023 se dejó sin efecto la audiencia de control de plazo, tampoco se estableció que no hay un control del plazo ni dejó en incertidumbre al proceso penal, sino que, para esa audiencia del 13 de abril de 2023 definió los criterios en la aplicación del procedimiento inmediato -para delitos flagrantes- lo que implica la revisión de la detención preventiva con relación a la investigación; asimismo, hizo notar que no correspondía considerarse si debía fundamentar la ampliación de la investigación; por cuanto, ante la presentación de acusación formal, simplemente resultaba cumplir con el trámite de precautelar y se conozca la misma posterior remisión al Juzgado Sentencia Penal competente, en caso de no presentar acusación se podía considerar los riesgos procesales, pero la decisión judicial del Vocal accionado afirma que, el Juez debía remitir la acusación al Juzgado competente; b) En cuanto a la revocatoria, siendo evidente que esa audiencia de control de plazo que realizó el Juez Cautelar de Instrucción Penal tenía observaciones en el procedimiento, al existir una acusación formal, no era pertinente considerar medidas cautelares menos gravosas a la prisión -detención- preventiva, salvo que no se hubiese presentado la misma, extremo último que no ocurrió; por lo que, no es evidente la lesión al debido proceso en su vertiente de defensa y seguridad jurídica relacionado con la libertad, habiendo la autoridad judicial accionada actuado en el marco de su competencia sobre el agravio reclamado -art. 398 del CPP-, pero a la vez estableciendo criterios en torno al procedimiento; por cuanto, era evidente la errónea aplicación de la ley procesal penal por el Juez a cargo del proceso, que no fue corregida ni observada por la representación fiscal ni la misma parte ahora impetrante de tutela; y, c) No se advierte que el Vocal demandado haya manifestado que el Juez a quo no debió haber llevado a cabo un control de plazo; consecuentemente, se advierte que el procedimiento que debió seguir es el descrito en el art. 393 ter. del CPP modificado, al tratarse de un caso en flagrancia.

I.2.5. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución u nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Juan Aradilla Guayao -hoy accionante- por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, en audiencia de consideración de control de plazo -de la detención preventiva- celebrada el 13 de abril de 2023, Elvio Bautista Blanco, Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Pando, por Auto Interlocutorio 90/2023 dispuso modificar la detención preventiva del prenombrado determinando el cese de la misma, imponiéndole otras medidas cautelares personales; decisión contra la cual, la representación fiscal interpuso recurso de apelación incidental alegando “...apelamos su resolución, por su autoridad da una mala interpretación al procedimiento inmediato por delito flagrante...” (sic [fs. 48 a 49 vta.]).

II.2. Cursa “ACTA DE AUDIENCIA DE APELACIÓN DE CONTROL DE

PLAZO” (sic) -de la detención preventiva- de 19 de abril de 2023, en la cual Diego Valdir Roca Saucedo, Vocal de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando -hoy accionado-, dictó el Auto de Vista 79/2023 de “28 de agosto de 2020”, que, en lo central, resolvió: “...REVOCAR la resolución apaleada [apelada]. Se exhorta al juez de la causa, así como a los demás jueces de instrucción penal, a considerar los argumentos establecidos en el presente caso” (sic [fs.55 a 59 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión del debido proceso en sus elementos de congruencia y fundamentación, vinculado con el derecho a la libertad; argumentando que, el Vocal demandado mediante Auto de Vista 79/2023 revocó la decisión judicial que le otorgó la cesación a su detención preventiva, incurriendo en las siguientes irregularidades: 1) No mencionó en qué norma o jurisprudencia basó su decisión, retrotrayendo en su perjuicio el procedimiento, contraviniendo el art. 16 de la LOJ relacionado con la preclusión de los actos procesales; 2) No estableció los actos procesales que el Juez inferior en grado debía realizar; y, 3) De forma ultra petita dispuso que el proceso penal se siga bajo el procedimiento inmediato para delitos flagrantes, cuando en el momento procesal oportuno, ello fue establecido bajo el procedimiento común.

Solicita se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 79/2023 “...de fecha 28 DE AGOSTO DEL 2020...” (sic), ordenando al Vocal accionado dicte uno nuevo, resolviendo el punto apelado y fundamentado en audiencia por la Fiscal de Materia asignada al caso. En audiencia solicitó que el nuevo Auto de Vista emitido sea debidamente fundamentado.

En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación, motivación y congruencia como elementos del debido proceso

Sobre el particular, la SCP 0559/2020-S3 de 16 de septiembre, sostuvo que: [Al respecto, la SCP 0753/2019-S1 de 26 de agosto, a tiempo de reiterar entendimientos jurisprudenciales emitidos al respecto, refirió que: (...) En relación a la motivación y fundamentación de las resoluciones como elementos del debido proceso, este Tribunal, en la SCP 0903/2012 de 22 de agosto, incidió en lo siguiente: ‘…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo’, requisito que tiene mayor importancia en los tribunales de última instancia”. En ese contexto, los entendimientos reiterados ampliamente por la jurisprudencia constitucional resultan aplicables a todos los fallos que resuelven cuestiones de fondo, indistintamente si son emitidos por autoridades judiciales, administrativas o por el Ministerio Público, siendo deber de las mismas cumplir indefectiblemente con las exigencias de la motivación y fundamentación como elementos del debido proceso, entre otros. Sobre este particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tristán Donoso Vs. Panamá sostuvo que: “…la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática"; en tal sentido, se tiene que la motivación debe ser entendida como la justificación razonada de los fallos mediante la cual el juzgador arriba a una conclusión y asume una decisión; imperativo por el que toda resolución debe contener el desarrollo de los razonamientos de hecho por los cuales se emite el pronunciamiento vinculados con cada uno de los asuntos sometidos a la decisión del juzgador, esto es, las razones fácticas y circunstancias de hecho y probatorias que sustenten la determinación asumida, constituyendo por ende la motivación de todo fallo un deber fundamental inexcusable al momento de resolver los asuntos que conozcan. Por otra parte, la fundamentación constituye la estructura jurídico-legal que sustenta los entendimientos fácticos expresados por el administrador de justicia, quien recurre sistemáticamente a las normas relevantes del ordenamiento jurídico a objeto de resolver las causas sujetas a su conocimiento, ello implica que las razones fácticas o criterios que son parte de la motivación se subsumen a la norma aplicable al caso, configurando ello los razonamientos legales de la decisión, así en el caso concreto de un proceso penal, la fundamentación se constituye en una garantía de observancia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los ciudadanos de ser juzgados por las normas vigentes que rigen los procesos a los cuales están sometidos» (las negrillas son añadidas). Por su parte, la SCP 0619/2018-S1 de 11 de octubre, en lo concerniente al principio de congruencia, señaló que: «(...) ‘…amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión’”» (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Juan Aradilla Guayao -hoy accionante- por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, en audiencia de consideración de control de plazo -de la detención preventiva- celebrada el 13 de abril de 2023, Elvio Bautista Blanco, Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Pando, por Auto Interlocutorio 90/2023 dispuso modificar la detención preventiva del prenombrado determinando el cese de la misma, imponiéndole otras medidas cautelares personales; decisión contra la cual la representación fiscal interpuso recurso de apelación incidental alegando “...apelamos su resolución, por su autoridad da una mala interpretación al procedimiento inmediato por delito flagrante...” (sic [Conclusión II.1]); en consecuencia, en “AUDIENCIA DE APELACIÓN DE CONTROL DE PLAZO” (sic) de la detención preventiva, de 19 de abril de 2023, Diego Valdir Roca Saucedo, Vocal de la Sala Penal y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando -hoy accionado-, dictó el Auto de Vista 79/2023 de “28 de agosto de 2020”, que, en lo central, resolvió: “...REVOCAR la resolución apaleada [apelada]. Se exhorta al juez de la causa, así como a los demás jueces de instrucción penal, a considerar los argumentos establecidos en el presente caso” (sic [Conclusión II.2]).

En este contexto, a continuación, se pasa a efectuar el examen constitucional que corresponda a cada una de las problemáticas precedentemente identificadas. Sobre el punto 1) del objeto procesal El impetrante de tutela reclama que el Vocal accionado en el Auto de Vista 79/2023, no mencionó en qué norma o jurisprudencia basó su criterio, además de realizar el análisis desde la primera audiencia de medidas cautelares personales, siguiendo con las de control de plazo y concluyendo que, ante la aplicación del procedimiento inmediato para delitos flagrantes y presentación de la acusación formal, no debía celebrarse dicha audiencia, correspondiendo la remisión de antecedentes al Juez llamado por ley; retrotrayendo con ello y en su perjuicio procedimientos ya efectuados, respecto a los cuales ninguna de las partes apeló, contraviniendo el art. 16 de la LOJ relacionado con la preclusión de los actos, lo que incidiría en la lesión del debido proceso en su elemento de fundamentación e infiriéndose del sustento argumentativo y bajo el principio de iura novit curia su extensión al componente de motivación. Bajo este marco de presunta lesividad y a los fines de su resolución, cabe conocer el contenido del Auto de Vista 79/2023, el cual es el siguiente: i. En el único CONSIDERANDO: FUNDAMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN, punto 1. Audiencia para resolver la situación jurídica de la persona detenida, sostuvo que, las modificaciones introducidas por la Ley 1173, en especial a la aplicación de medidas cautelares, trajeron consigo una serie de aspectos que aún se encuentran en construcción con relación a los institutos en ella implementados a fin de agilizar la tramitación de los procesos con detenidos preventivos y a su vez la protección de mujeres y “NNA” -niñas, niños y adolescentes- en situación de violencia; es así que, se hace necesario acudir a la interpretación sistemática de la norma procesal, en ese entendido es que se hace referencia al art. 233 del CPP modificado por la Ley 1226. ii. En el acápite 2. Presupuestos de procedencia de la detención preventiva en procedimiento inmediato para delitos flagrantes, -el Auto de Vista hoy cuestionado- refirió que, el Tribunal Constitucional Plurinacional con relación a la aplicación de medidas cautelares de carácter personal dentro del procedimiento inmediato para delitos flagrantes, estableció a través de la SCP 2590/2012 de 21 de diciembre, los supuestos que fundamentan la detención preventiva; y, que a partir de las modificaciones realizadas al CPP, los requisitos para la detención preventiva son la concurrencia simultanea del numeral 1 y 2 del art. 233; es decir, los presupuestos denominados fumus boni iuris y periculum in mora, exigencias legales de las que no “escapa” el referido procedimiento inmediato para delitos flagrantes establecido por el art. 2 de la Ley 007. iii. En el punto 3. Análisis del caso, sostuvo que, es importante partir de los aspectos que denuncia la Fiscal de Materia en audiencia, y que en cierta medida no son consonantes con lo que se observó por el Fiscal “Condori” en la audiencia ante el Juez a quo, en la que el prenombrado estuvo presente; así, se hizo referencia a la solicitud de ampliación de la detención preventiva y la complejidad del caso; en cambio, en instancia inferior a una incorrecta interpretación de la norma con relación al procedimiento inmediato para delitos flagrantes, cuando corresponde que ante la presentación de la acusación se la remita al Juez de Sentencia Penal de turno y no señalar audiencia de control de plazo, como se hubo realizado. El marco planteado, permite retomar los criterios en torno a la detención preventiva en el procedimiento inmediato y el control de la misma.

De esta manera, es necesario establecer que el procedimiento inmediato tiene como finalidad central preparar el juicio oral, tomando en cuenta que, los requisitos de admisibilidad del mismo permiten establecer la flagrancia del hecho y por ende la certeza con relación al hecho ilícito y la participación del o los imputados. De ese modo, es que se desarrollan en el art. 393 ter del CPP, los aspectos que se debaten en la audiencia donde se solicita la aplicación de dicho procedimiento, y a la par, la procedencia de alguna medida cautelar, la aplicación de alguna salida alternativa, la presentación incluso de la misma acusación y en su caso, la solicitud de realizar actos de investigación o recuperación de evidencia complementarios; para los cuales, se establece un plazo máximo que no podrá pasar de treinta días, siendo sobre este último punto, donde se establece la relación entre lo que es la detención preventiva y el plazo de duración que debiera darse al respecto en este tipo de procedimiento.

No debe confundirse el plazo que puede otorgar el Juez para la realización de actos de investigación, que necesariamente deben ser complementarios; es decir, no centrales para determinar el hecho o la participación en sí, dado que se entiende que ese aspecto estaría ya inmerso en la solicitud de aplicación del procedimiento inmediato ante la flagrancia del hecho ilícito; de modo que, dicho plazo obedece necesariamente a esa finalidad y una vez cumplido, corresponderá al Fiscal de Materia remitir el requerimiento conclusivo, sea acusación o aplicación de salida alternativa.

En tanto, la detención preventiva en ese caso tiene una finalidad de asegurar la presencia del imputado en el juicio, así lo expresa el numeral 5 del art. 393 ter. del CPP; siendo así, que la misma necesariamente cumple ese papel en cuanto se acredite lo establecido en el art. 233 del citado cuerpo legal, el cual se encuentra modificado, añadiéndose al margen de la probabilidad de autoría y concurrencia de riesgos procesales, la necesidad de fundamentar el plazo de la detención preventiva y los actos de investigación que se realizarán en ese tiempo; es en este sentido, que debe interpretarse que si bien dicha disposición merece la observación respectiva por parte de los jueces en lo que corresponde el control del plazo de duración de tal medida; sin embargo, debe considerarse que en el caso del procedimiento inmediato para delitos flagrantes, su finalidad está determinada en cuanto se establece la necesidad de asegurar la presencia del imputado en el juicio; lo que supone que, si ante la necesidad de su aplicación y a la vez la solicitud del Ministerio Público, de que se le permita un plazo para realizar actos que se entienden son complementarios, el Juez del proceso debe analizar la proporcionalidad y necesidad del acto a complementar, para de ese modo establecer un parámetro de diligencia y prontitud en la resolución del caso conforme al procedimiento solicitado.

Ahora bien, ello no impide que el ejercicio del control de la detención preventiva deba realizarse en este tipo de casos; toda vez que, es una norma de carácter público que no establece diferenciación en cuanto al procedimiento y por ende, debe necesariamente hacerse control del mismo, conforme a los aspectos que fundamentaron la solicitud de un plazo para complementar diligencias, así como en cuanto a la actividad del imputado de enervar los riesgos procesales que se le hubieran acreditado a momento de aplicársele la medida extrema, para que de ese modo sea que se disponga el cambio o no de la misma y se busque garantizar la presencia del imputado en el juicio a realizarse, tal cual se expresa en la norma. Ello involucra que el Ministerio Público actúe con la debida diligencia y responsabilidad en cuanto a los requerimientos y actuaciones complementarias que solicite, a fin de no incurrir en demoras indebidas, que impliquen a la vez, argumentos para mantener la detención preventiva más allá de lo racional para el procedimiento inmediato aplicado.

Conforme a todo lo indicado, nada de ello se llegó a cumplir desde el momento de la aplicación de la detención preventiva, ni por el Juez, mucho menos por el Fiscal de Materia, originando un reclamo respecto a la forma en la cual se hubo actuado por parte de la autoridad judicial en el presente caso; de esta manera, se considera que, no procedió ninguna solicitud de ampliación de plazo de tal medida como se tiene indicado, más allá de lo que ordena la lógica con relación a la realización de actos complementarios para delitos flagrantes, desnaturalizando la esencia del mismo y volviéndolo casi un procedimiento común, aspecto que no fue observado por el Juez ni por la defensa del imputado, convalidando en consecuencia la ampliación realizada cursante en obrados.

En tal sentido, “...es que llegado el momento es que se proseguir con la detención preventiva del imputado en esa fase señalándose audiencia de control para el 30 de marzo de 2023, la cual no se realiza, y en fecha 12 de abril se tiene cursante la acusación fiscal, la cual se ordena se remita al juez de sentencia y a la par de ello se señala audiencia de control para el día 13 de abril, en donde el juez considera, en sus fundamentos que le [el] fiscal no cumplió en solicitar la ampliación de la detención preventiva y en demostrar la complejidad del caso...” (sic), siendo razones que no son válidas si se consideran los aspectos antes indicados relacionados con el tipo de procedimiento inmediato aplicado, ocasionando se dilate en el tiempo por la inacción del Ministerio Público y la ausencia de control del plazo, tanto del Juez como de la defensa del imputado, cuando ante la presentación de la acusación debió remitirla inmediatamente ante el Juez de Sentencia Penal de turno, donde el imputado podría solicitar el cese de su detención preventiva, conforme a los presupuestos del art. 239 del CPP.

De esta manera, no siendo válidos los argumentos que esgrimió el Juez en el Auto Interlocutorio 90/2023 apelado, cuando de todas formas también debió considerar la concurrencia o no de los riesgos procesales que el imputado estaba obligado a desvirtuar, corresponde revocar el mismo y mantener la detención preventiva del nombrado hasta que no se acredite o mejore su situación conforme a los riesgos procesales concurrentes.

Así, de la revisión al Auto de Vista impugnado, se denota que, en su estructura argumentativa asumió una posición que con suficiencia y claridad abordó el enfoque de resolución de alzada, sustentándose ab initio del despliegue de examen jurisdiccional en la delimitación de las modificaciones efectuadas al CPP, con especial énfasis a la establecida sobre el art. 233 del citado Código en interconexión de interpretación sistemática con el art. 393 ter del mismo cuerpo legal; es decir que, en el actuado judicial objeto de observación se sentó de forma interrelacionada la base de la hipótesis normativa, apoyada además en la invocación de jurisprudencia constitucional.

Así también, y en el marco del establecimiento normativo procesal penal considerado aplicable, el Vocal accionado en el acápite 3. Análisis de caso, en lo esencial encaminó su andamiaje argumentativo bajo la óptica de aplicación de la detención preventiva en el procedimiento inmediato para delitos flagrantes y el control del plazo de duración de la misma; para lo cual, afianzando la finalidad de dicho procedimiento especial, enfatizó que el plazo máximo de treinta días que otorga como posibilidad la normativa, está destinado a la realización de actos de investigación o recuperación de evidencia complementarios, no pudiendo confundirse para determinar el hecho o la participación en sí; puesto que, esos aspectos estarían inmersos en la solicitud de aplicación de ese procedimiento inmediato, siendo sobre este punto, donde se establece la relación entre la detención preventiva y el plazo de duración que debiera darse al respecto en este tipo de procedimiento; conforme a lo cual, alertó que si bien, corresponde ejercerse el control del plazo de su duración, no debe obviarse que la finalidad de su imposición, establecida en el art. 393 ter.5 del CPP, es asegurar la presencia del imputado en el juicio, lo que implica que, si ante la necesidad de su aplicación y a la vez la solicitud del Ministerio Público, de que se le permita un plazo para realizar actos complementarios, el Juez del proceso debe analizar la proporcionalidad y necesidad del acto a complementar, para que de ese modo, establecer un parámetro de diligencia y prontitud en la resolución del caso conforme al procedimiento solicitado; y, que evidentemente no está impedido el ejercicio del control de plazo, el cual debe ejercerse en el marco de los aspectos que fundamentaron la solicitud del mismo para complementar diligencias, así como en cuanto a la actividad de imputado de enervar los riesgos procesales que se le hubieran acreditado a momento de aplicársele la medida extrema, para que de ese modo se disponga el cambio o no de la misma y se busque garantizar su presencia en el juicio; lo que involucra que, el Ministerio Público actúe con la debida diligencia y responsabilidad a fin de no incurrir en demoras indebidas; que impliquen a la vez, argumentos para mantener la detención preventiva más allá de lo racional para el procedimiento inmediato aplicado; con base a todo ello, evidenció que, en el caso que estaba siendo objeto de examen en alzada, ninguno de los aspectos señalados habrían sido cumplidos desde el momento de la aplicación de la detención preventiva; toda vez que, no procedió ninguna solicitud de ampliación de plazo de tal medida, más allá de lo que ordena la lógica con relación a la realización de actos complementarios para delitos flagrantes; y, contrariamente se desnaturalizó la esencia del mismo, transmutándolo a casi un procedimiento común, que tuvieron como epílogo la audiencia de control del plazo en la que el Juez inferior en grado observó que la representación fiscal no cumplió con solicitar la ampliación de la medida extrema y demostrar la complejidad del caso, concluyendo así que, las razones expuestas en instancia inferior en grado no son válidas, considerando el tipo de procedimiento aplicado, cuando incluso de todas formas debió considerarse la concurrencia o no de los riesgos procesales que el imputado estaba obligado a desvirtuar.

En este contexto de desarrollo argumentativo asumido en recurso de alzada por el Vocal demandado, se advierte que, mantuvo un adecuado hilo conductor al desarrollar ampliamente y con claridad la exposición de motivos y razones de la decisión adoptada.

Consecuentemente, no es evidente lo afirmado dentro de esta acción de defensa por el accionante, respecto a que, la autoridad demandada no efectuó invocación normativa o jurisprudencial ni tampoco la actuación indebida en el abordaje de análisis asumido; en razón a que, la perspectiva de examen jurisdiccional desarrollado no puede ser considerado como de desconocimiento del principio de preclusión, que se alega hubiese acontecido al retrotraerse actos, habida cuenta que, bajo el delimitado marco de agravio planteado por la representación fiscal, afrontó como necesario enfocar su examen en la delimitación aplicativa del procedimiento inmediato para delitos flagrantes y su correlación en igual esfera procesal de la imposición de la detención preventiva y sustancialmente la permisibilidad del control del plazo de su duración concomitante a la finalidad de su imposición y la imperatividad de su concatenación con la naturaleza de dicho procedimiento especial, aspectos de índole aplicativo que, denotó no fueron cumplidos por el Juez a quo, sumado a la limitada actuación jurisdiccional en instancia inferior en grado de verificar la concurrencia o no de los riesgos procesales que habían sostenido la imposición de la medida extrema y, que a los fines de la cesación de la misma debieron ser verificados en su desvirtuación; lo cual, per se no implica un efecto de reversión de actos procesales y determinaciones jurisdiccionales asumidas con anterioridad, sino una dinámica jurisdiccional considerada necesaria a fin absolver el agravio sometido a su conocimiento, misma que dentro de la verificación constitucional efectuada vislumbran en su contenido la suficiencia y razonabilidad de criterios fácticos y jurídicos determinativos.

Bajo tales razonamientos, conforme a los lineamientos jurisdiccionales glosados en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la fundamentación y motivación de una resolución dictada en la jurisdicción ordinaria, se tiene por satisfecha cuando dentro del armazón argumentativo se establece la hipótesis normativa y la subsunción al caso concreto, así como la exposición de los motivos o razones de hechos por los cuales se arriba a una determinada conclusión. En el caso de análisis, se puede afirmar que, el Auto de Vista cuestionado en su validez constitucional cumple con tales parámetros de vigencia del debido proceso, en consecuencia, no es posible conceder la tutela impetrada en este punto de examen. Respecto al punto 2) de la delimitación procesal

El accionante, alega que, el Vocal demandado no estableció qué es lo que el Juez inferior en grado debía realizar, careciendo por ende de parte dispositiva; lo que implicaría la afectación al debido proceso en su componente de congruencia -en su dimensión interna-.

Sobre el particular, como premisa inicial resulta necesario considerar los entendimientos jurisprudenciales contenidos en el precitado Fundamento Jurídico III.1, que en cuanto al elemento de la congruencia interna, remarcó que, toda resolución es comprendida como una unidad, a partir de lo cual debe cuidar que contenga orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se debe evitar que, no existan consideraciones contradictorias entre sí o con la misma decisión. En este contexto, cabe advertir que, si bien en la parte resolutiva del Auto de Vista impugnado, únicamente se dispuso: “...REVOCAR la resolución apaleada [apelada]. Se exhorta al Juez de la causa, así como a los demás jueces de instrucción penal, a considerar los argumentos establecidos en el presente caso” (sic [Conclusión II.2]); lo que a primera vista podría considerarse como carente de un mandato jurisdiccional expreso a ser cumplido en el caso concreto, ello no es asumido en ese alcance de posible lesividad; dado que, de la revisión íntegra al pronunciamiento de alzada, se constata que, en su parte considerativa, último párrafo del punto 3. Análisis del caso, expresamente sostuvo: “En tal sentido, y no siendo válidos los argumentos que esgrimió el juez en la resolución apelada, en donde debió de todas formas considerar también la concurrencia o no de los riesgos procesales que el imputado estaba obligado también a desvirtuar, corresponde revocar la resolución apelada y mantener la detención preventiva del mismo hasta que no se acredite o mejore su situación conforme a los riesgos procesales concurrentes” (sic [el énfasis es añadido); para inmediatamente después emitir el Por Tanto, con la expresa disposición de REVOCAR la resolución apelada. A partir de lo cual, se puede evidenciar que, existe un pronunciamiento dispositivo intrínsecamente vinculado a la situación jurídica y procesal del hoy accionante en conexión con la vigencia de la medida extrema asumida en su oportunidad en tanto no se cumpla con los parámetros relacionados a la inconcurrencia de los riesgos procesales vigentes, consecuentemente, aún de la divergencia de estructura formal; lo cual, no reviste mayor relevancia constitucional, no es evidente la denunciada ausencia de parte dispositiva, la cual si bien evidentemente no es conducente a determinar una actuación en concreto del Juez inferior en grado, ello deriva en su coherencia, de los razonamientos que sostienen tal determinación -que como se tiene verificado se sustentaron en una secuencia de análisis tendientes a establecer criterios vinculados con la adecuada aplicación del procedimiento inmediato para delitos flagrantes en conexión con la imposición de la detención preventiva y el alcance para ese tipo de procedimiento del subsecuente control de duración del plazo de cumplimiento de la misma-. Por lo que, al no evidenciarse una circunstancia jurisdiccional omisiva en el constructo interno del Auto de Vista impugnado, corresponde denegar la tutela impetrada, en este punto de contrastación constitucional. En cuanto al punto 3) del objeto procesal

El peticionante de tutela denuncia que, la autoridad judicial accionada de forma ultra petita dispuso que el proceso penal se siga bajo el procedimiento inmediato para delitos flagrantes, cuando en el momento procesal oportuno fue establecido bajo el procedimiento común.

Al respecto, de la revisión a los antecedentes arrimados al expediente constitucional se advierte que, en el Auto Interlocutorio 30/”2022” de 15 de febrero de 2023, luego de ordenar la detención preventiva del ahora impetrante de tutela, el Juez de la causa dispuso: “... considerando que el imputado fue sorprendido en flagrancia y se enmarca dentro los alcances del Art. 230 (flagrancia) del CPP, se encuentran reunidos los requisitos indicados en el Art. 393 Bis del Código de Procedimiento Penal, se considera como procedimiento inmediato por lo que se le otorga el plazo máximo de 30 DÍAS para que el Ministerio Público presente el requerimiento que corresponda” (sic [fs. 16 vta. -el subrayado es nuestro-]). Conforme a lo cual, no es evidente lo alegado en cuanto a una posible actuación de exceso jurisdiccional en instancia de alzada, en razón a que, la génesis procesal antes precisada valida y sustenta la argumentación fáctica y normativa asumida en el Auto de Vista cuestionado, que responde a la coherencia global de actuados procesales y jurisdiccionales desarrollados intra proceso penal.

En consecuencia, al no evidenciarse el defecto procesal denunciado en el tópico de una presunta actuación ultra petita, también corresponde denegar la tutela solicitada.

Por otra parte y a fin de una respuesta integral a los planteamientos de posible afectación expresados en la presente acción de defensa, ante la alusión efectuada en audiencia, respecto a que la fecha del Auto de Vista 79/2023 de “28 de agosto de 2020” es incorrecto, se debe señalar que, aún de que ello es evidente, puesto que, conforme el “...ACTA DE AUDIENCIA DE APELACIÓN DE CONTROL DE PLAZO...” -de la detención preventiva-, la misma fue celebrada el 19 de abril de 2023, dicho error carece de relevancia constitucional, considerando que se constituye en un defecto de índole material que -en el presente caso- por sí mismo no genera indefensión en el accionante, consecuentemente tampoco lesiona derechos y/o garantías constitucionales, por ende, no es susceptible de corrección a través de este mecanismo de protección tutelar.

Finalmente, respecto al derecho a la libertad denunciado como lesionado, se debe recordar que, en el marco de la naturaleza jurídica y presupuestos de activación establecidos en el art. 125 de la CPE, la vía idónea para reparar y/o restablecer su presunta afectación es la acción de libertad, no pudiéndose a través de esta acción de amparo constitucional, aún del invocado relacionamiento con el debido proceso -respecto a cuyos elementos reclamados ut supra se ingresó al fondo del análisis-, desarrollar examen constitucional alguno sobre la evidencia o no de una eventual afectación al referido derecho, al contarse a los fines de su protección con una configuración constitucional/procesal especial, como es la acción de libertad; por lo que, al respecto también corresponde denegar la tutela impetrada.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, aunque en parte con otros fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 034/2023 de 17 de mayo, cursante de fs. 78 a 80 vta., pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos desarrollados precedentemente.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0554_2026-S3.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 83f882f91211721ecff5f29b0a1a72e1b0acd33c46187d893865448b0df4382e

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