Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 8 de abril de 2026
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la seguridad jurídica; así como al principio de legalidad; puesto que, en el proceso penal seguido contra su persona y "otros", por la presunta comisión de los delitos de avasallamiento en área minera y otros, el Juez hoy accionado, a través del Auto Interlocutorio 288/2022-P de 18 de agosto de 2022, dispuso su detención preventiva como medida cautelar de carácter personal, sin considerar que la medida extrema en su caso, es improcedente por ser una persona adulta mayor.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Legitimación pasiva en la acción de libertad; y, ii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2023 de 14 de abril, cursante de fs. 61 a 62, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimosexto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0554/2026-S1 Sucre, 8 de abril de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 54993-2023-110-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 05/2023 de 14 de abril, cursante de fs. 61 a 62, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Freddy Gaspar Oxa Cruz en representación sin mandato de Efraín Argani Flores contra Miguel Ángel Careaga Pacajes, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz.
El accionante por memorial presentado el 14 de abril de 2023, cursante de fs. 51 a 55, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Efraín Argani Flores -accionante- por la presunta comisión de los delitos de sabotaje, instigación pública a delinquir y avasallamiento en área minera; previstos y sancionados por los arts. 118, 130 y 232 Bis del Código Penal (CP), por Auto Interlocutorio 288/2022-P de 18 de agosto de 2022, se dispuso su detención preventiva como medida cautelar de carácter personal, presentándose una imputación formal plagada de irregularidades al no haber efectuado una valoración objetiva de los hechos, conteniendo manifestaciones sesgadas y unilaterales que beneficiaban únicamente a la parte contraria y en la que no se consignó la individualización de cada uno de los imputados de manera precisa sobre su participación en los hechos denunciados; por consiguiente, se vulneraron sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; así como, ocasionó una total indefensión respecto al debido proceso, a la seguridad jurídica y al principio de legalidad, incurriendo la misma en actividad procesal defectuosa absoluta no susceptible de convalidación.
Al margen de lo señalado, en la audiencia de medidas cautelares su abogado expuso ante el Juez hoy accionado, que su persona es adulta mayor contando con setenta y cuatro años de edad, como se acreditó con su cédula de identidad; circunstancia por la cual, su detención preventiva fue improcedente respecto a la cual, tanto el Fiscal de Materia como la víctima, señalaron que conforme a lo previsto por el art. 232.III del Código de Procedimiento Penal (CPP), en su caso, no fue aplicable como causal de improcedencia de su detención preventiva, en el delito de avasallamiento en área minera; sin embargo, a pesar de ser clara la inviabilidad de su privación de libertad por pertenecer a un grupo vulnerable, el Juez ahora accionado, en el por tanto del Auto Interlocutorio 288/2022-P, ordenó que por Secretaría se emita el mandamiento de detención preventiva en su contra, vulnerando sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; por lo que, interpuso la presente acción de libertad para la restitución de su derecho a la libertad, poniendo en conocimiento del Tribunal de garantías, que “actualmente” su proceso penal se encuentra radicado en el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la seguridad jurídica y; así como al principio de legalidad; sin citar norma constitucional alguna.
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga conminar al Juez hoy accionado emita el respectivo mandamiento de libertad en su favor; toda vez que, únicamente faltaría diligenciar y notificar con el mismo al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. 1.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías Celebrada la audiencia virtual el 14 de abril de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 60 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato y abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo manifestó que, el Juez ahora accionado reconoció que su persona al momento de su detención preventiva tenía setenta y cuatro años de edad y que “actualmente” cuenta con setenta y seis años de edad; y, por la amplia jurisprudencia adjuntada a la presente acción de defensa, está comprendido en lo previsto por el art. 67 de la Constitución Política del Estado (CPE), referido a los derechos de las personas adultas mayores, como por el art. 5 de la Ley General de Personas Adultas Mayores -Ley 369 de 1 de mayo de 2013-; sin embargo, de no haber demostrado el Fiscal de Materia su participación en la presunta comisión de los delitos de avasallamiento en área minera, sabotaje e instigación pública a delinquir, vulnerando su derecho a la vejez instituido por el referido art. 67 de la Norma Suprema, privándolo de su libertad; por lo que, pide se conceda la tutela solicitada.
Miguel Ángel Careaga Pacajes, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz, en audiencia manifestó que: a) El abogado del accionante no explicó que el Auto Interlocutorio 288/2022-P de medidas cautelares fue recurrido en apelación y confirmado por el Tribunal de alzada; y, b) Su persona, ante la presentación de la acusación formal contra el nombrado remitió el proceso a la "Localidad de Caranavi"; por lo cual, en el momento ya no tenía competencia en ese proceso penal; ya que, dicho proceso se encontraba en el “...Juzgado de Sentencia de Partido y Trabajo de seguridad Social de la Localidad de Caranavi...” (sic) para juicio oral, público y contradictorio, habiendo remitido ese proceso el 9 de febrero de 2023, como acreditó por el respectivo Oficio de envío de igual fecha, con el consiguiente sello de recepción de dicho Juzgado, cuya copia hizo llegar al Juez de garantías; por lo cual, el Tribunal Constitucional Plurinacional está impedido de revisar actos procesales siendo que ya existen recursos dentro del proceso de referencia; asimismo, en la etapa preliminar, el accionante tenía el derecho de presentar los recursos que correspondan a efectos de la emisión de la resolución de medidas cautelares; empero, la misma fue apelada, confirmada y “a la fecha” -se entiende de interposición de esta acción de libertad- ya no se encuentra con competencia en ese proceso.
El Juez de Sentencia Penal Decimosexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 05/2023 de 14 de abril, cursante de fs. 61 a 62, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) En el presente caso, se remitió el cuaderno de control jurisdiccional con la acusación fiscal al "...Juzgado de Sentencia Penal y Partido de Trabajo, Seguridad Social de Caranavi..." (sic) del referido departamento, donde fue recepcionado el 9 de febrero de 2023; es decir, que la causa penal es de conocimiento de otra autoridad judicial, teniendo presente además que el accionante accedió a los mecanismos intraprocesales, al ser confirmado el Auto Interlocutorio 288/2022-P por el superior en grado; y, 2) Por lo expuesto, el accionante tiene la posibilidad de acudir ante otras autoridades; puesto que, nuestro sistema procesal le proporciona herramientas procesales para que interponga incidentes o excepciones; lo que, le permite que tenga posibilidad de agotar las vías judiciales para poder establecer su derecho fundamental y garantía constitucional de ser oído, no siendo por ello necesario ingresar a mayores consideraciones de orden legal.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución, de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados los cuales se encontraban pendientes de resolución, a Comisión de Admisión, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio 288/2022-P de 18 de agosto de 2022, emitido por Miguel Ángel Careaga Pacajes, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Guanay del departamento de La Paz, -ahora accionado-, en el proceso penal seguido contra Efraín Argani Flores -hoy accionante-, y "otros" por la presunta comisión de los delitos de avasallamiento en área minera, sabotaje e instigación pública a delinquir, se dispuso su detención preventiva por seis meses, como medida cautelar de carácter personal (fs. 19 a 25). II.2. Por informe presentado en audiencia de consideración de esta acción de libertad, el Juez ahora accionado manifestó que el accionante interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 288/2022-P; extremo que no fue desvirtuado ni debatido por el nombrado (fs. 60 y vta.).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la seguridad jurídica; así como al principio de legalidad; puesto que, en el proceso penal seguido contra su persona y "otros", por la presunta comisión de los delitos de avasallamiento en área minera y otros, el Juez hoy accionado, a través del Auto Interlocutorio 288/2022-P de 18 de agosto de 2022, dispuso su detención preventiva como medida cautelar de carácter personal, sin considerar que la medida extrema en su caso, es improcedente por ser una persona adulta mayor.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Legitimación pasiva en la acción de libertad; y, ii) Análisis del caso concreto.
La SCP 0241/2025-S1 de 1 de abril, citando la SCP 0078/2018-S2 de 23 de marzo, señala que: “Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 0691/2001-R de 9 de julio, definió la legitimación pasiva señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, la SC 0010/2010-R de 6 de abril estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 18 de agosto. Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, se refuerza el entendimiento antes señalado y se precisa que para la procedencia de esta acción tutelar es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción. Asimismo, la SC 1651/2004-R de 11 de octubre estableció que para la procedencia del hábeas corpus -ahora acción de libertad- es imprescindible que la misma esté dirigida contra la autoridad que cometió el acto ilegal o la omisión indebida lesiva del derecho a la libertad, ya que la inobservancia de este entendimiento, en aplicación del presupuesto procesal de la legitimación pasiva, impide al control de constitucionalidad ingresar al análisis de fondo de la problemática, entendimiento que fue ratificado en la SC 0330/2013-L de 16 de mayo, que señaló que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos invocados”.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la seguridad jurídica; así como al principio de legalidad; puesto que, en el proceso penal seguido contra su persona y "otros", por la presunta comisión de los delitos de avasallamiento en área minera y otros, el Juez hoy accionado, a través del Auto Interlocutorio 288/2022-P de 18 de agosto de 2022, dispuso su detención preventiva como medida cautelar de carácter personal, sin considerar que la medida extrema en su caso, es improcedente por ser una persona adulta mayor. Al respecto, de los antecedentes procesales se advierte que el accionante se encuentra sometido a un proceso penal, por la presunta comisión de los delitos de avasallamiento en área minera, sabotaje e instigación pública a delinquir; en el cual, el Juez ahora accionado emitió el Auto Interlocutorio 288/2022-P, disponiendo su detención preventiva como medida cautelar de carácter personal; decisión que, impugnó mediante esta acción tutelar; empero, conforme lo reconoció el nombrado, así como, lo informado por el mencionado Juez, al haberse presentado la acusación formal contra el accionante, el proceso fue remitido ante el “...Juzgado de Sentencia Penal y Partido de Trabajo, Seguridad Social de Caranavi...” (sic) del departamento de La Paz. Es así que, en la audiencia de consideración de la presente acción de defensa, el Juez hoy accionado informó al Juez de garantías, que contra el Auto Interlocutorio 288/2022-P, el accionante planteó recurso de apelación incidental; instancia en la cual, el Tribunal de alzada lo confirmó, afirmación que no fue desvirtuada ni debatida en el referido actuado procesal; no obstante, que el Juez de garantías requirió al abogado patrocinante que se pronuncie al respecto, recibiendo como respuesta de dicho profesional, que era su primera intervención -que no fue defensa en la etapa preparatoria del caso de autos-. En ese contexto, se evidencia que el accionante no dirigió la presente acción de libertad contra la respectiva Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que conoció su recurso de apelación incidental; contrariamente, lo hizo contra el Juez hoy accionado, cuyo Auto Interlocutorio 288/2022-P fue objeto de impugnación ante el superior en grado, que pronunció la resolución que -conforme lo informado por el referido Juez-, debió ser cuestionado mediante esta acción de defensa.
Ahora bien, de acuerdo a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, para la procedencia de la acción de libertad debe observarse la legitimación pasiva; es decir, que debe ser dirigida contra la autoridad que incurrió en el acto ilegal u omisión indebida que atenta contra el derecho a la libertad; en el caso concreto, los Vocales de la respectiva Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -que no fue especificada- ; circunstancia que determina que el Juez ahora accionado carece de legitimación pasiva para ser accionado; en mérito a que el Auto Interlocutorio 288/2022-P fue impugnado por el accionante; dando lugar a la emisión del respectivo Auto de Vista; que, no fue referido por el nombrado en la presente acción tutelar; siendo este el último acto a considerar por la jurisdicción constitucional. Por lo relacionado precedentemente, se colige que al no existir coincidencia entre la persona que presuntamente cometió la vulneración del derecho a la libertad del accionante y el Juez ahora accionado, quien como se refirió carece de legitimación pasiva en esta acción de defensa; así como, lo establece el entendimiento jurisprudencial citado precedentemente, el accionante debió interponer esta acción tutelar contra el Tribunal de alzada atribuyéndole los hechos que motivan la petición de tutela; aspecto que, no consideró al momento de la interposición de esta acción de libertad; lo que determina, se deniegue la tutela solicitada y que impide a este Tribunal Constitucional Plurinacional ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2023 de 14 de abril, cursante de fs. 61 a 62, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimosexto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0554_2026-S1.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): d6dfc52138fa773b428157a3d019921534ca4eaa2b4fa88f4c9e9281baf329ad
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