B.IA.LEGAL

SCP 0554/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 13 de junio de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
13 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
46492-2022-93-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, argumentando que Yiye David Ríos Sarabia, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 de la Capital departamento de Santa Cruz, no emitió su mandamiento de libertad ante el cumplimiento de las condiciones impuestas, remitiendo en cambio todo el legajo procesal ante la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del mismo departamento, quien se declaró incompetente en razón de materia remitiendo los antecedentes ante el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno y del mencionado departamento, todos demandados, quien también se declaró incompetente generando un conflicto de competencia, negándole mediante proveído la emisión del mandamiento de libertad solicitado y por ultimo remitiendo los antecedentes procesales ante la Sala Plena del Tribunal de Justicia del citado departamento a efecto de que se resuelva la declinatoria de competencia, provocando una dilación indebida en la emisión de su mandamiento de libertad. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 05/2022 de 18 de marzo, cursante de fs. 79 vta. a 81, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto al derecho del debido proceso en su vertiente de celeridad sobre el actuar de Yiye David Ríos Sarabia, Juez Público Mixto e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 de la Capital del departamento de Santa Cruz, disponiendo la remisión de los antecedentes para su conocimiento conforme a lo dispuesto por el Tribunal de garantías; 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a Cinthia Luz Araujo Guerra, Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda y Juan Coronado Camacho, Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno, ambos de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, 3° Llamar la atención a Yiye David Ríos Sarabia, Juez Público Mixto e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 de la Capital del departamento de Santa Cruz, solo respecto a la remisión de antecedentes.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Mandamiento de libertad, procede previo cumplimiento de las medidas sustitutivas
  2. III.2. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. La acción de libertad y los alcances de protección respecto al debido proceso
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0554/2023-S2 Sucre, 13 de junio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 46492-2022-93-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 05/2022 de 18 marzo, cursante de fs. 79 vta. a 81, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Miguel Ángel Melgar Areruma contra Yiye David Ríos Sarabia, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000; Cinthia Luz Araujo Guerra, Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda; y, Juan Coronado Camacho, Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno, todos de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 17 de marzo de 2022, cursante a fs. 1, 68 a 69 vta., el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, se dispuso su detención preventiva por el lapso de ciento ochenta días; en ese sentido, el 18 de febrero de 2022, solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva de conformidad al art. 239.II del Código de Procedimiento Penal (CPP), audiencia en la cual se le concedieron medidas sustitutivas a la detención preventiva, siendo una de ellas la presentación de dos garantes personales y el arraigo, aspectos que cumplió antes de los quince días establecidos para el efecto; empero, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000, incumplió con la resolución emitida remitiendo el expediente ante la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda, que rechazó su solicitud de emisión de mandamiento de libertad declarándose incompetente para dar curso a su solicitud, remitiendo obrados ante el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno, todos de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandados-, quien desestimó su solicitud argumentando que existía conflicto de competencia. De acuerdo a lo desarrollado se encuentra indebidamente privado de su libertad desde el 18 de febrero de 2022, cuando se determinó la cesación de su detención preventiva.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso, citando al efecto los arts. 22, 23, 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se le conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: a) Su inmediata libertad; y, b) Llamar la atención a las autoridades demandadas.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 18 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 79 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar.

I.2.2. Informe de los demandados

Cinthia Luz Araujo Guerra, Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, presentó informe escrito el 18 de marzo de 2022, cursante a fs. 77 y vta., -no consta sello de recepción-solicitando se deniegue la tutela en mérito a los siguientes argumentos: 1) La presente causa fue remitida a su despacho el 10 de marzo de 2022, resuelta el 14 del mismo mes y año, disponiendo la aplicación de los arts. 46 del CPP y “…72 de la Ley 025 y art. 72 Bis de la Ley 348…” (sic), disponiendo declinar competencia y ordenar su remisión al Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno del mencionado departamento, lo cual no significa rechazar la pretensión del impetrante de tutela sino que se declinó competencia en razón de especialidad; y, 2) La presente acción tutelar carece de legitimación pasiva, pues no incurrió en ningún acto vulneratorio.

Juan Coronado Camacho, Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno del citado departamento, presentó informe escrito el 18 de marzo de 2022, cursante a fs. 78 y vta., solicitando se deniegue la tutela solicitada con base en los siguientes argumentos: i) La petición fue resuelta conforme la providencia de 15 de similar mes y año, en la cual se observa que debe cumplir con todas las medidas sustitutivas impuestas, debiendo presentar a los garantes para su juramento de ley; y, ii) Debe establecerse la improcedencia de la presente acción tutelar con base en la sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal; toda vez que, la petición del impetrante de tutela ya fue resuelta y no existe conculcación al derecho a la libertad y el principio de celeridad. Yiye David Ríos Sarabia, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 de la Capital del departamento de Santa Cruz, no compareció a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, tampoco presentó informe escrito alguno, pese a su legal citación cursante a fs. 75.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 05/2022 de 18 de marzo, cursante de fs. 79 vta. a 81, concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia, remita todos los cuerpos del proceso penal en análisis al Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su notificación, debiendo el precitado Juez librar el correspondiente mandamiento de libertad a favor del impetrante de tutela, llamando severamente la atención a Yiye David Ríos Sarabia, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 de la Capital del departamento de Santa Cruz, Juan Coronado Camacho Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno del referido departamento hoy demandados; toda vez que, vulneraron los derechos fundamentales del impetrante de tutela, determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: a) Cumplidas las condiciones impuestas en audiencia de cesación de la detención preventiva, y solicitando el mandamiento de libertad, el Juez de la causa ahora demandado en vez de cumplir con el mandato legal y librar el citado mandamiento en cumplimiento del art. 145 del CPP, remitió obrados ante la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda, la cual radicó la causa, el peticionante de tutela también solicitó la emisión del mentado mandamiento, quien declarándose incompetente remitió los actuados ante otro “Juez de Sentencia” generando un conflicto de competencia por lo cual se determinó la remisión ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; b) De la providencia de 4 de marzo de 2022, emitida por el Yiye David Ríos Sarabia, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 de la Capital del departamento de Santa Cruz, este al tener presente la fianza personal y el arraigo debió efectivizar la libertad del imputado, conforme el art. 145 del CPP; c) A pesar de que la providencia emitida por el Juez de la causa es de 4 de similar mes y año, este remite el cuaderno procesal ante la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda el 10 del mismo mes y año; es decir, seis días después existiendo una dilación indebida; d) La Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda ahora demandada si bien mediante Auto de 11 de los precitados mes y año, se declaró incompetente, el 15 de igual mes y año, asumió competencia nuevamente exigiendo al impetrante de tutela, la presentación física de los garantes mencionados con solvencia y nombres, cuando lo correcto era ratificarse en su declinatoria, remitiendo finalmente el proceso a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz para que resuelva el conflicto de competencia promovido por el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno, todos de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, e) Respecto a Cinthia Luz Araujo Guerra, Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz demandada, al no contar con legitimación pasiva, no se analizó su situación.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Consta memorial de 4 de marzo de 2022, presentado por Miguel Ángel Melgar Areruma -ahora accionante- dirigido a Yiye David Ríos Sarabia, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado- solicitando mandamiento de libertad y subsanando lo observado (fs. 55 y vta.), recibiendo como respuesta el proveído de la misma fecha estableciendo que se tiene presente la fianza personal y el arraigo (fs. 56). II.2. Cursa nota dirigida al Juzgado de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital departamento de Santa Cruz -hoy demandado-, remitiendo el cuaderno procesal en cumplimiento de la providencia de 14 de febrero de 2022 dentro del proceso seguido contra el ahora impetrante de tutela-, firmada por Yiye David Ríos Sarabia Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal del Plan 3000 del mencionado departamento -ahora demandado-, recibido el 10 de marzo en el Juzgado de Sentencia Penal referido (fs. 57). II.3. Mediante Auto 30/22 de 11 de marzo de 2022, Cinthia Luz Araujo Guerra, Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, declinó competencia en razón de materia disponiendo la remisión ante el Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno del mismo asiento judicial -ambos demandados- (fs. 59 a 60). II.4. Por Auto 129/22 de 15 de marzo de 2022, Juan Coronado Camacho, Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, declaró conflicto de competencia y remitió obrados a la Sala Plena del Tribunal de Justicia del citado departamento (fs. 62 a 64). II.5. Cursa memorial de 15 de marzo de 2022, presentado por el impetrante de tutela reiterando su solicitud de mandamiento de libertad, ante el Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz teniendo como respuesta el proveído de la misma fecha solicitando la presencia física de sus garantes con solvencia económica (fs. 65 y vta.; y 66).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, argumentando que Yiye David Ríos Sarabia, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 de la Capital departamento de Santa Cruz, no emitió su mandamiento de libertad ante el cumplimiento de las condiciones impuestas, remitiendo en cambio todo el legajo procesal ante la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del mismo departamento, quien se declaró incompetente en razón de materia remitiendo los antecedentes ante el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno y del mencionado departamento, todos demandados, quien también se declaró incompetente generando un conflicto de competencia, negándole mediante proveído la emisión del mandamiento de libertad solicitado y por ultimo remitiendo los antecedentes procesales ante la Sala Plena del Tribunal de Justicia del citado departamento a efecto de que se resuelva la declinatoria de competencia, provocando una dilación indebida en la emisión de su mandamiento de libertad. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada.

III.1. Mandamiento de libertad, procede previo cumplimiento de las medidas sustitutivas

Sobre el intitulado la SC 0698/2010-R de 26 de julio, señaló que: “En consecuencia, el Juez a cargo de la investigación, una vez que se cumplieron las medidas sustitutivas impuestas, antes de disponer la emisión del mandamiento de libertad, tendrá que compulsar si efectivamente el imputado dio cumplimiento a las exigencias impuestas por dicha autoridad a efectos de obtener la cesación de la detención preventiva; y cuando evidencie el cumplimiento de las exigencias, la decisión lógica será de conceder la libertad, sin mayor trámite” (negrillas agregadas). En ese sentido, la SCP 0745/2013 de 7 de junio, precisó: “…cuando se trata de un fallo que determina la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva; el único requisito exigible para materializar la libertad del imputado, será el cumplimiento de las últimas medidas impuestas, claro está que se deben discriminar dos tiempos procesales en su consecución; de un lado, las exigencias establecidas para ser acatadas antes de otorgarse la libertad, entre ellas, las fianzas, los arraigos y garantías reales o personales; y de otro lado, están las posteriores, como ser, presentaciones periódicas ante ciertas autoridades o instancias, prohibición de concurrir a ciertos lugares y frecuentar a determinadas personas o sujetos procesales. Entonces, es lógico suponer que la exigencia de cumplimiento previo de las medidas sustitutivas debe estar referida a las que son materialmente posibles de realizarse antes de la obtención de la libertad” (negrillas añadidas).

III.2. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho

Al respecto, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, señaló: “…la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras). Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, sostuvo que: “…la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas fueron agregadas). Por su parte, la SCP 0196/2017-S2 de 13 de marzo, efectuando un análisis respecto a esta modalidad de la acción de libertad, realizó el siguiente entendimiento: “…no será necesario exigir ningún otro requisito adicional para su procedencia, menos el estado absoluto de indefensión, al margen que el principio de celeridad procesal forme parte del debido proceso, puesto que de ser así implicaría pedirle al accionante cumpla una situación jurídica materialmente imposible, tomando en cuenta que el accionante al estar efectuando trámites judiciales o administrativos relacionados a su privación de libertad, nunca podrá estar en estado absoluto de indefensión, situación por la cual corresponderá hacer abstracción de esta situación, en los casos que se denuncien dilaciones o demoras injustificadas en trámites relacionados directa o indirectamente a la privación de libertad. Se entenderá que un acto dilatorio tendrá vinculación directa con el derecho a la libertad, cuando la demora prolongue por sí misma la privación de libertad de una persona, como sucedería en el caso de la Policía Boliviana, cuando no remita al aprehendido dentro los plazos legales ante la autoridad competente; el Ministerio Público de igual manera no envíe dentro los plazos legales al detenido ante el juez cautelar o cuando la autoridad jurisdiccional teniendo que resolver la privación de libertad de una persona, no la hiciera o la dilatara ilegal o indebidamente; entre otros, casos similares” (las negrillas y subrayado nos pertenecen).

III.3. La acción de libertad y los alcances de protección respecto al debido proceso

Al respecto, la SCP 0393/2018-S2 de 1 de agosto, haciendo cita de la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, establece que procede la tutela del derecho al debido proceso a través de la acción de libertad, cuando el acto que vulnera el mismo, se constituye en la causa directa de la supresión o restricción del derecho a la libertad, en ese entendido: ”’...en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional’. En forma posterior, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, precisando los presupuestos de activación de la acción de libertad cuando se invoca procesamiento indebido, señaló que: ‘...para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad’. Más adelante, la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, realizó una modulación, relativo a la exigencia del segundo requisito referente al absoluto estado de indefensión, mismo que en caso de medidas cautelares de carácter personal no resulta exigible, señalando sobre el particular lo siguiente: ‘Al respecto y en coherencia con lo manifestado precedentemente, tratándose de medidas cautelares de carácter personal, no es posible exigir la concurrencia del absoluto estado de indefensión como requisito para activar la acción de libertad, habida cuenta que, conforme lo establecieron las propias Sentencias Constitucionales citadas, el actor debe agotar los mecanismos de impugnación intraprocesales previo a la activación de la acción de libertad. Un razonamiento contrario implicaría exigirle al accionante una situación jurídica materialmente imposible, porque desde ya, el agotamiento de los medios de reclamación idóneos, obliga a su participación activa en el proceso. Situación diferente es aquella en la que, al imputado se lo colocó en un estado absoluto de indefensión, lo que le impidió activar los mecanismos intraprocesales referidos, circunstancia última en la que la acción de libertad se activará de manera directa.’ De la jurisprudencia desglosada precedentemente se deduce que para que la acción de libertad se pueda activar por una denuncia de procesamiento indebido, debe necesariamente concurrir los dos presupuestos; vale decir, que el acto lesivo se[a] la causa directa a la restricción o supresión al derecho a la libertad o de locomoción y que el accionante haya estado en absoluto estado de indefensión; empero, el último requisito no es exigible cuando quien demande la acción tutelar se encuentre sometido a una medida cautelar de carácter personal” (las negrillas son nuestras).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, argumentando que Yiye David Ríos Sarabia, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 de la Capital del departamento de Santa Cruz, no emitió su mandamiento de libertad ante el cumplimiento de las condiciones impuestas, remitiendo en cambio todo el legajo procesal ante la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la misma Capital y departamento, quien se declaró incompetente en razón de materia remitiendo los antecedentes ante el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de la misma Capital y departamento, todos demandados, quien también se declaró incompetente generando un conflicto de competencia, negándole mediante proveído la emisión del mandamiento de libertad solicitado y por ultimo remitiendo los antecedentes procesales ante la Sala Plena del Tribunal de Justicia del citado departamento a efecto de que se resuelva la declinatoria de competencia, provocando una dilación indebida en la emisión de su mandamiento de libertad. De los antecedentes traídos en revisión tras la concesión de medidas sustitutivas a la detención preventiva, presentó el 4 de marzo de 2022, un memorial dirigido al Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, solicitando mandamiento de libertad y subsanando lo observado, recibiendo como respuesta el proveído de la misma fecha estableciendo que se tiene presente la fianza personal y el arraigo (Conclusión II.1), tras dicha respuesta dicho Juez, emitió una nota dirigida al Juzgado de Sentencia Penal Decimose2gundo de la Capital del citado departamento, remitiendo el cuaderno procesal seguido contra el ahora accionante (Conclusión II.2), por su parte, la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de esa Capital y departamento, ante dicha remisión emitió el Auto 30/22 de 11 de marzo de 2022, mediante el cual declinó competencia en razón de materia disponiendo la remisión ante el Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno del mismo asiento judicial (Conclusión II.3), la autoridad del mencionado juzgado a su vez emitió Auto 129/22 de 15 de marzo de 2022, declarando conflicto de competencia y remitiendo obrados a la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (Conclusión II.4), el peticionante de tutela ante dichas remisiones presentó memorial de 15 de mismo mes y año, reiterando su solicitud de mandamiento de libertad ante el precitado Juzgado, teniendo como respuesta el proveído de la misma fecha solicitando la presencia física de sus garantes con solvencia económica (Conclusión II.5).

De lo desarrollado, tenemos que tras el cumplimiento de los requisitos establecidos con el fin de acceder a las medidas sustitutivas impuestas por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 de la Capital del departamento de Santa Cruz demandado, el impetrante de tutela solicitó se emita el correspondiente mandamiento de libertad; empero, remitió obrados ante la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, al respecto, el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional menciona: ‘En consecuencia, el Juez a cargo de la investigación, una vez que se cumplieron las medidas sustitutivas impuestas, antes de disponer la emisión del mandamiento de libertad, tendrá que compulsar si efectivamente el imputado dio cumplimiento a las exigencias impuestas por dicha autoridad a efectos de obtener la cesación de la detención preventiva; y cuando evidencie el cumplimiento de las exigencias, la decisión lógica será de conceder la libertad, sin mayor trámite’, por tanto Yiye David Ríos Sarabia, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 de la Capital del mismo departamento, al remitir obrados ante otro juzgado no cumplió con lo establecido por la jurisprudencia constitucional, aplicando a la solicitud realizada por el accionante un procedimiento que no condice con el fin determinado para el beneficio otorgado, incurriendo en una dilación indebida, sobre este punto, el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional estableció que se entenderá que un acto dilatorio tendrá vinculación directa con el derecho a la libertad, cuando la demora prolongue por sí misma la privación de libertad de una persona, debiendo concederse la tutela solicitada. Cinthia Luz Araujo Guerra, Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda y Juan Coronado Camacho, Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno, ambos de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandados-, imprimieron el trámite legal la primera para alejarse del conocimiento de una causa en razón de materia y el segundo por considerarse incompetente para conocer la causa promoviendo un conflicto de competencia por lo que remitió la misma a la Sala Plena del Tribunal de Justicia del citado departamento por aspectos que son enteramente procedimentales, que no tienen vinculación directa con la libertad del impetrante de tutela, conforme el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, para que la acción de libertad se pueda activar por una denuncia de procesamiento indebido, el acto lesivo debe ser la causa directa a la restricción o supresión al derecho a la libertad o de locomoción, aspectos que no concurren en el caso de autos debiendo en consecuencia denegarse la tutela. En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 05/2022 de 18 de marzo, cursante de fs. 79 vta. a 81, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto al derecho del debido proceso en su vertiente de celeridad sobre el actuar de Yiye David Ríos Sarabia, Juez Público Mixto e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 de la Capital del departamento de Santa Cruz, disponiendo la remisión de los antecedentes para su conocimiento conforme a lo dispuesto por el Tribunal de garantías; 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a Cinthia Luz Araujo Guerra, Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda y Juan Coronado Camacho, Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno, ambos de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, 3° Llamar la atención a Yiye David Ríos Sarabia, Juez Público Mixto e Instrucción Penal Segundo del Plan 3000 de la Capital del departamento de Santa Cruz, solo respecto a la remisión de antecedentes.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0554_2023-S2.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): c9dc5b07ed6ea10eec32035e868ad6fa54ced927390f26d8f545b95af48dd1c9

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