B.IA.LEGAL

SCP 0553/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 10 de junio de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
10 de junio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
52691-2023-106-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, denunció la lesión de su derecho a la libertad, toda vez que dentro del proceso penal seguido en su contra, la Jueza de la Niñez y Adolescencia Primera de la capital del departamento de Santa Cruz, ante su inasistencia a audiencia de medidas cautelares, lo declaró rebelde y ordenó se libre mandamiento de aprehensión en su contra; por lo cual presentó solicitud de revocatoria de rebeldía justificando su inasistencia a la referida audiencia por haberse ausentado a la comunidad de Piraicito -departamento de Chuquisaca, provincia Hernando Siles-, debido a motivos de salud de su madre, y por el paro cívico que atravesaba el país su retorno se vio impedido; sin embargo la Jueza demandada, no consideró suficiente la documental presentada, manteniendo subsistente la declaratoria de rebeldía y ordenó la ejecución del mandamiento de aprehensión y demás medidas impuestas; posteriormente, no se aceptó purgue su rebeldía negándose la secretaria del juzgado a elaborar el acta de comparecencia solicitada, sin tomar en cuenta que esta medida es momentánea y cesa cuando el rebelde se apersona voluntariamente ante el juez de la causa. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 22/2022, de 6 de diciembre, cursante de fs. 24 vta. a 26, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada respecto a Leda Mirna Ojopi Rivero, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, por no haber dejado sin efecto la declaratoria de rebeldía del impetrante de tutela, conforme los fundamentos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

2° DENEGAR la tutela impetrada respecto a los actos vinculados a la actuación de la Secretaria del Juzgado, por haberse activado de manera simultánea la vía ordinaria y constitucional, conforme los fundamentos Jurídicos expuesto en este fallo constitucional

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Vulneración del derecho a la libertad por persecución indebida.
  2. III.2. La obligación de la autoridad jurisdiccional de resolver la declaratoria en rebeldía una vez que el infractor comparezca en casos comprendidos en el sistema penal para adolescentes
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0553/2025-S3 Sucre, 10 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 52691-2023-106-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 22/2022 de 6 de diciembre, cursante de fs. 24 vta. a 26, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Elmer Romero Abrigo contra Leda Mirna Ojopi Rivero, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 5 de diciembre de 2022, cursante de fs. 16 a 18, el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por el presunto delito de violación de niña, niño o adolecente, se señaló audiencia de medidas cautelares para el 31 de octubre de 2022, con la que se le notificó vía digital el 28 del mismo mes y año, a la cual no asistió debido a que se encontraba fuera de la ciudad de Santa Cruz, por razones de salud de su madre; además, en esas fechas dicho departamento se encontraba en paro cívico, por lo que le resultó imposible llegar a la referida audiencia por los altos grados de conflictividad que se vivía, situación que ocasionó que la Jueza demandada declare su rebeldía. El 10 de noviembre de igual año, conforme lo previsto en el art. 285.III del Código Niña, Niño y Adolescente (CNA), la Ley 548 de 17 de julio de 2014, solicitó se deje sin efecto la mencionada rebeldía, adjuntando pasajes de salida y retorno de la ciudad de Santa Cruz; sin embargo, por decreto de 18 de similar mes y año, dicha solicitud fue denegada por la Jueza demandada; es así que, el 2 de diciembre de 2022, nuevamente presentó memorial solicitando purgar la rebeldía que se le impuso, por cuanto a momento de hacerse presente en el juzgado para dicho fin, la secretaria del juzgado le informó que debía contactarse con un funcionario policial para que éste le remita a la fiscalía en calidad de aprehendido hasta nuevo señalamiento de día y hora de audiencia cautelar, motivo por el cual en la misma fecha presentó nuevo memorial donde anunció a la Juez de la causa la violación de sus derechos a asumir defensa y su libertad.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Denunció lesión de sus derechos al derecho al debido proceso y a la libertad, citando al efecto el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga que la Jueza demandada acepte la purga por su rebeldía y deje sin efecto la orden de aprehensión emitida en su contra.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual de 6 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 23 y 24, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogada, ratificó íntegramente los términos de sus acción y ampliándola señaló que, presentó muestrario fotográfico de 2 de diciembre de 2022, para demostrar que de forma voluntaria conjuntamente con su abogada se apersonó al Juzgado de la Niñez y Adolescencia Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, para que se realice el acta de presentación espontánea y, en consecuencia, se señale nueva audiencia de medidas cautelares; manifestando la vulneración al debido proceso y su derecho a la libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Leda Mirna Ojopi Rivero, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 20.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Norah Isela Flores Gonzáles, Fiscal de Materia de Justicia Penal Juvenil, en audiencia de garantías, señaló que: a) El Ministerio Público está a cargo de la investigación del caso, siendo competencia de la Jueza de la causa, asumir determinaciones sobre la rebeldía del accionante; b) El solicitante de tutela, ya fue declarado rebelde con anterioridad, después de haber existido pronunciamiento al respecto se dejó sin efecto la misma; no obstante en el último señalamiento de audiencia, nuevamente no se presentó, determinándose una vez más su rebeldía; y, c) No existe persecución indebida en contra del prenombrado, tampoco se encuentra en peligro su vida, dado que existen memoriales, como los de 2 de diciembre de 2022, pendientes de pronunciamiento de los que se desconoce la determinación de la Jueza de la causa.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 22/2022 de 6 de diciembre, cursante de fs. 24 vta. a 26, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad accionada en suplencia legal -por vacaciones de la Jueza titular-, señale nueva fecha y hora de audiencia a los efectos de resolver lo solicitado por el accionante. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) El solicitante de tutela, no demostró que su vida se encontraba en peligro, tampoco que se encontraba indebidamente procesado o ilegalmente perseguido, teniendo en cuenta que se encuentra dentro de un proceso penal por la presunta comisión del delito de violación a niña, niño o adolescente; 2) Si bien el accionante no estaba privado de libertad, empero, se encontraba con declaratoria de rebeldía y con mandamiento de aprehensión ordenado en su contra, el cual ya estaba bajo tuición del Ministerio Público para su ejecución; y, 3) El accionante solicitó mediante memoriales purgar y dejar sin efecto su declaratoria en rebeldía, sin que la autoridad jurisdiccional defiera su solicitud conforme lo previsto en el art. 285.III del CNNA, lo que constituyó vulneración a su derecho al debido proceso y al principio de celeridad, situación que derivó en la posibilidad de que se efectivizara su aprehensión en cualquier momento.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial, presentado por el accionante el 10 de noviembre de 2022, ante la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la capital del departamento de Santa Cruz, por el que solicita dejar sin efecto la declaratoria de rebeldía en su contra, dispuesta en audiencia de 31 de octubre del mismo año; justificando su inasistencia por haberse ausentado a la comunidad de Piraicito -ubicada en el departamento de Chuquisaca, provincia Hernando Siles- por motivos de salud de su madre y habiendo sido notificado vía telemática el 28 del mismos mes y año, por el paro cívico que atravesaba el país en las fechas referidas, no pudo arribar a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para hacerse presente en la audiencia señalada, ya que su viaje se dio un día antes del mencionado conflicto social; adjuntó pasajes de salida y retorno (fs. 3 a 3 vta.).

II.2. En fecha 18 de noviembre del año referido, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la capital del departamento de Santa Cruz, emitió Auto Interlocutorio, por el que consideró que el accionante no justificó con documentación idónea y veraz su incomparecencia, observando la presentación de boletos que no eran en su totalidad originales y porque en el nombre consignaban de forma simple “Familia Romero”; por esas razones mantuvo la declaratoria de rebeldía del prenombrado, y ordenó la ejecución del mandamiento de aprehensión y demás órdenes dispuestas (fs. 5 a 6). II.3. El 2 de diciembre de 2022, a horas 10:33, el accionante presentó memorial ante la Jueza de la causa, por el que señaló que, ante la negativa de dejar sin efecto su declaratoria de rebeldía, comparecía de forma personal a efecto de purgar su rebeldía, solicitando se elabore acta de comparecencia voluntaria (fs. 8). II.4. El mismo 2 de diciembre de igual año, a horas 11:54:21, presentó memorial ante la misma instancia, por el que denunció negación por parte de la secretaria del juzgado a elaborar el acta de comparecencia solicitada; adjuntó muestrario fotográfico en el que se observa al accionante y su abogada en ventanilla del juzgado (fs. 9 a 11).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denunció la lesión de su derecho a la libertad, toda vez que dentro del proceso penal seguido en su contra, la Jueza de la Niñez y Adolescencia Primera de la capital del departamento de Santa Cruz, ante su inasistencia a audiencia de medidas cautelares, lo declaró rebelde y ordenó se libre mandamiento de aprehensión en su contra; por lo cual presentó solicitud de revocatoria de rebeldía justificando su inasistencia a la referida audiencia por haberse ausentado a la comunidad de Piraicito -departamento de Chuquisaca, provincia Hernando Siles-, debido a motivos de salud de su madre, y por el paro cívico que atravesaba el país su retorno se vio impedido; sin embargo la Jueza demandada, no consideró suficiente la documental presentada, manteniendo subsistente la declaratoria de rebeldía y ordenó la ejecución del mandamiento de aprehensión y demás medidas impuestas; posteriormente, no se aceptó purgue su rebeldía negándose la secretaria del juzgado a elaborar el acta de comparecencia solicitada, sin tomar en cuenta que esta medida es momentánea y cesa cuando el rebelde se apersona voluntariamente ante el juez de la causa. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Vulneración del derecho a la libertad por persecución indebida.

Acción de libertad preventiva y restringida

La jurisprudencia constitucional ha definido a la persecución indebida y los presupuestos que deben cumplirse para que una conducta se acomode a ella; así, la SC 0419/2000-R de 2 de mayo, señaló que persecución ilegal o indebida es toda:

…acción de un funcionario público o autoridad judicial que busca, persigue u hostiga a una persona sin que exista motivo legal alguno y una orden expresa de captura emitida por autoridad competente en los casos establecidos por ley, o cuando se emite una orden de detención, captura o aprehensión al margen de los casos previstos por Ley e incumpliendo las formalidades y requisitos establecidos por ella… En el mismo sentido, la SC 0036/2007-R de 31 de enero, reiterando el entendimiento asumido en la SC 419/2000-R de 2 de mayo, determina que existe persecución ilegal o indebida, cuando se dan los siguientes presupuestos: “1) la búsqueda u hostigamiento a una persona con el fin de privarle de su libertad sin motivo legal o por orden de una autoridad no competente, y 2) la emisión de una orden de detención, captura o aprehensión al margen de lo previsto por ley”. Posteriormente, ya en vigencia de la Constitución Política del Estado de 2009, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, a tiempo de referirse a la clasificación doctrinal de la acción de libertad, señaló que la persecución ilegal comprendería dos supuestos: i) Órdenes de detención al margen de los casos previstos por la ley e incumpliendo los requisitos y formalidades de ley; y, ii) Hostigamiento sin que exista motivo legal, ni orden de captura emitida por autoridad competente; aclarando que en el primer caso estamos ante el habeas corpus preventivo, ahora acción de libertad; y en el segundo ante el habeas corpus restringido, ahora acción de libertad restringida, la cual -de acuerdo a la doctrina- procede cuando el derecho a la libertad física es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones, sin necesidad de que exista un mandamiento de aprehensión. Entendimiento reiterado en las SSCC 0641/2011-R de 3 de mayo, 1864/2011-R de 7 de noviembre; y, en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0103/2012 de 23 de abril y 0124/2012 de 2 de mayo, entre muchas otras.

La sistematización jurisprudencial que precede, fue desarrollada por la SCP 0793/2019-S2 de 11 de septiembre.

III.2. La obligación de la autoridad jurisdiccional de resolver la declaratoria en rebeldía una vez que el infractor comparezca en casos comprendidos en el sistema penal para adolescentes

La SCP 0653/2020-S1 de 23 de octubre emitió el siguiente criterio jurisprudencial. Tratándose de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley, la Constitución Política del Estado instituye garantías reforzadas para la protección del derecho a la libertad personal. Así, el art. 23.II de la CPE establece:

Se evitará la imposición a los adolescentes de medidas privativas de libertad. Todo adolescente que se encuentre privado de libertad recibirá atención preferente por parte de las autoridades judiciales, administrativas y policiales. Éstas deberán asegurar en todo momento el respeto a su dignidad y la reserva de su identidad. La detención deberá cumplirse en recintos distintos de los asignados para los adultos, teniendo en cuenta las necesidades propias de su edad (las negrillas son agregadas). Esta norma constitucional, justifica la existencia de un sistema especial y diferenciado de justicia para adolescentes, que contiene objetivos diferentes a los del sistema de justicia penal para adultos y que reconoce los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño en el procesamiento de adolescentes, entre ellos, el interés superior del niño. En este contexto, el Código Niña, Niño y Adolescente, cuyas disposiciones son aplicables a la persona menor de dieciocho años de edad al momento de la comisión del hecho, instituye un sistema diferenciado, al establecer una jurisdicción y procedimiento especializado, que regula los procesos penales, en los casos en los cuales se atribuya al adolescente, la presunta comisión de delitos; así, a partir de su art. 259, regula lo relativo al Sistema Penal para Adolescentes, señalando:

ARTÍCULO 259. (SISTEMA PENAL). El Sistema Penal para adolescentes es el conjunto de instituciones, instancias, entidades y servicios que se encargan del establecimiento de la responsabilidad de la persona adolescente por conductas punibles en las que incurra, así como de la aplicación y control de las medidas socio-educativas correspondientes. Este Sistema ejecutará el Plan Plurinacional de la Niña, Niño y Adolescente en lo pertinente. Entonces, de acuerdo a lo anotado, tratándose del Sistema Penal para Adolescentes, los casos en los que éstos pueden ser privados de libertad, así como las formalidades que deben observarse, están señaladas en el Código Niña, Niño y Adolescente; siendo la ley especial, que debe ser aplicada para los adolescentes comprendidos entre los 14 y 18 años edad. Ahora bien, respecto a la declaratoria de rebeldía y sus efectos, la SCP 0619/2020-S1 de 14 de octubre citando la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0772/2012 de 13 de agosto, precisó las dos formas de comparecencia del rebelde en el proceso penal de acuerdo al art. 91 del CPP -que son las mismas a las establecidas en el art. 285.III de la Ley 548- siendo estas:

i) La comparecencia voluntaria del rebelde al proceso penal antes de la ejecución del mandamiento de aprehensión; y, ii) La comparecencia del rebelde al proceso penal en ejecución del mandamiento de aprehensión; sobre la primera forma, dejó claro que una vez materializada la presentación voluntaria del procesado, la declaratoria de rebeldía no tendría ninguna razón de persistir, por lo que debe dejársela sin efecto, así como el mandamiento de aprehensión dispuesto, al haberse cumplido el objetivo del mismo cual era que el imputado comparezca ante la autoridad competente; caso contrario se estaría frente a una persecución ilegal.

Respecto a la segunda forma de comparecencia, es decir, cuando se ha ejecutado el mandamiento de aprehensión poniendo al imputado a disposición del juez o tribunal, la Sentencia estableció que el proceso debe continuar con su trámite, por lo que igualmente en este segundo supuesto corresponde dejar sin efecto las órdenes emitidas, por cuanto pese de no haber sido voluntaria la presencia del imputado, el mandamiento de aprehensión no puede seguir subsistiendo ya que al haberse ejecutado este cumplió su objetivo; en tal sentido la causa debe continuar con su tramitación, con la salvedad que el Juez o Tribunal del proceso que hubiese declarado la rebeldía, una vez que sea conducido ante su despacho el imputado, deberá celebrar la audiencia de medidas cautelares para definir su situación jurídica.

Con similar razonamiento, la SCP 0811/2012 de 20 de agosto, estableció que el art. 91 del CPP es claro al determinar que cuando el rebelde comparezca o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará su trámite, dejándose sin efecto las órdenes dispuestas para su comparecencia, manteniendo las medidas cautelares de carácter real; consiguientemente, es ante la autoridad jurisdiccional que dispuso la rebeldía de la o el imputado ante quien corresponde acudir, compareciendo en el proceso, a efecto que dicha autoridad, restablezca cualquier amenaza o lesión al derecho a la libertad del imputado.

La misma Sentencia aclaró que diferente es la situación de aquella o aquel imputado que pese a haber activado el procedimiento que le otorga la ley, apersonándose ante la autoridad judicial a objeto de justificar su incomparecencia, dicha autoridad se pronuncia de manera contraria a la norma, vulnerando los derechos y garantías del imputado, supuesto en el cual es posible acudir a la justicia constitucional, a través de la acción de libertad, buscando que se reestablezcan los derechos presuntamente vulnerados, al no existir medio procesal o norma para el efecto.

Conforme lo anotado, queda claro que antes de la ejecución del mandamiento de aprehensión dispuesto como efecto de la rebeldía, existe la posibilidad que el rebelde pueda presentarse voluntariamente ante la autoridad judicial que lo declaró rebelde, justificando en su caso su ausencia al actuado judicial convocado, siendo este el mecanismo procesal idóneo para dejar sin efecto la orden de aprehensión y las otras disposiciones medios de comunicación, para su búsqueda y aprehensión, esto con la finalidad de lograr que el declarado rebelde acuda a la citación o llamamiento judicial y la investigación o el proceso penal continúen.

En ese sentido, el art. 91 del CPP, es claro al determinar que cuando el rebelde comparezca o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará su trámite, dejándose sin efecto las órdenes dispuestas para su comparecencia, manteniendo las medidas cautelares de carácter real; añadiendo que, si el imputado justifica que no concurrió debido a un grave y legítimo impedimento, la rebeldía será revocada y no habrá lugar a la ejecución de la fianza. En este marco, se tiene claramente identificado que la pretensión del imputado ahora accionante, es anular por la vía constitucional, el auto que lo declara rebelde y por su efecto, el mandamiento de aprehensión dispuesto; en este sentido, si acogemos el petitorio de tutela mencionado, éste Tribunal Constitucional Plurinacional, estaría ingresando al análisis de una situación jurídica y valoración que le corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, específicamente a la autoridad ahora demandada quien bajo la facultad y aplicación del art. 91 del CPP, descrito, puede dejar sin efecto en el día o en un plazo razonable, las medidas que ahora considera lesivas a sus derechos, el hoy accionante.

Bajo este razonamiento, si bien el accionante denuncia que la audiencia señalada para el 13 de junio de 2012 a horas 15:30, se instaló media hora antes de lo previsto, no es menos evidente que el imputado, inmediatamente podía acudir ante la autoridad demandada quien emitió el auto de rebeldía y justificar su incomparecencia o impedimento en los mismos términos que lo hace ahora vía jurisdicción constitucional y de esta forma, otorgar la oportunidad de que el Juez competente se pronuncie a la luz del art. 91 del CPP, o sea, aplicando el camino procedimental trazado por la voluntad del legislador con la finalidad de que dicha autoridad, restablezca cualquier amenaza o lesión al derecho a la libertad del imputado; en merito a ello, compartimos la posición del Juez demandado quien en su informe de ley, independientemente de indicar que a la fecha no se han expedido el mandamiento de aprehensión al estar sujeto a la publicación de edictos, refiere en su defensa que, si el imputado pretendía anular la resolución de rebeldía, la vía de solución es acudir a su autoridad para así efectivizar los efectos que conlleva el artículo ya citado del Código de Procedimiento Penal.

Otra situación seria, si en el caso de que el imputado active el procedimiento que le otorga la ley de apersonarse ante el Juez o Tribunal con la finalidad de justificar su incomparecencia y la autoridad jurisdiccional se pronuncie saliéndose de la norma o contrariamente a los derechos y garantías de imputado, recién se podrá acudir ante esta jurisdicción buscando la tutela efectiva para restablecer los derechos presuntamente lesionados al no existir medio procesal o norma para el efecto; pues si activamos directamente la acción tutelar, no solo desconocemos un procedimiento específico establecido por la ley, sino, invadiendo la jurisdicción ordinaria podríamos dejar -por consecuencia- sin validez una resolución de declaratoria de rebeldía que conforme establece el art. 90 del CPP, tiene como uno de sus efectos, el interrumpir la prescripción; por eso mismo, el imputado tiene una puerta abierta jurídicamente, para intentar revocar o anular la resolución que ahora se denuncia mediante la presente acción de defensa y en consecuencia, dejar sin efecto las medidas provisionales adoptadas, claro está, previa valoración y resolución fundamentada resultado de la sana critica del Juez.

En este sentido -en el caso concreto- queda claro que la comparecencia ante la autoridad jurisdiccional para justificar la inasistencia a su llamado, es un medio sencillo, rápido, oportuno y eficaz para anular la resolución de declaratoria de rebeldía, por ello, la interpretación normativa debe realizarse en el sentido más favorable para la efectividad de los derechos fundamentales, en concordancia con los preceptos y principios constitucionales; además, debe efectuarse dicha interpretación, de acuerdo a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquella como sucede en el presente caso.

dictadas, aclarando que incluso pese a haberse presentado algún tipo de justificativo con carácter previo a la declaratoria de rebeldía, igualmente el imputado deberá posteriormente presentarse ante el juez o Tribunal para solicitar se deje sin efecto la misma y todas las ordenes dispuestas, independientemente que la autoridad judicial no haya considerado valederas las razones de su incomparecencia; pues solo agotada la presentación voluntaria, recién será viable recurrir a la acción de libertad, solicitando se deje sin efecto la rebeldía y el mandamiento de aprehensión, cuando estas medidas persistan pese de la presentación voluntaria del imputado o como efecto de la ejecución del mandamiento de aprehensión dispuesto.

Finalmente, es importante hacer referencia a la SCP 2029/2013 de 13 de noviembre que, a partir del principio de verdad material previsto en el art. 180 de la CPE, sostiene que cuando el declarado rebelde en juicio presentare un memorial justificando su inasistencia al proceso, aunque no se señale expresamente su apersonamiento, será reconducido al art. 91 del CPP (el resaltado es añadido). Este entendimiento fue desarrollado en la SCP 0143/2024 -S1 de 20 de mayo de 2024.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante, en la presente causa acusa la vulneración de su derecho a la libertad; habida cuenta que, después de haber sido declarado rebelde por no haber asistido a la audiencia de consideración de medidas cautelares fijada para 31 de octubre de 2022; el 10 de noviembre del mismo año presentó pasajes de ida y retorno que justificaron que se encontraba fuera de la ciudad de Santa Cruz en la fecha señalada, asimismo, por el paro cívico que atravesaba el país le fue imposible retornar a la misma; no obstante, la autoridad judicial accionada por Auto Interlocutorio de 18 del mismo mes y año, determinó que la justificación presentada no era idónea y veraz, por lo que mantuvo la declaratoria en rebeldía y el mandamiento de aprehensión dispuesto en su contra; posteriormente presentó memorial en el que solicitó purgar la rebeldía y la elaboración del acta de comparecencia, acto que fue negado por la secretaria del juzgado, quien le indicó que debía contactarse con efectivos policiales, para que se le remita al Ministerio Público en calidad de aprehendido, en espera del nuevo señalamiento de audiencia de medidas cautelares. Ahora bien, conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional ante la declaratoria de rebeldía emitida por una autoridad judicial y consiguiente orden de aprehensión como medida restrictiva al derecho a la libertad; en primera instancia el solicitante debe acudir a la misma autoridad judicial que lo declaró rebelde a objeto de justificar su incomparecencia; sin embargo, si dicha autoridad se pronuncia de manera contraria a la norma, es posible acudir de forma directa a la justicia constitucional; en el caso presente, se evidencia que el accionante cumplió con este supuesto procesal, por ello resulta viable ingresar al análisis de fondo del problema jurídico, abstrayendo la subsidiariedad excepcional, que rige a este mecanismo de defensa. En ese contexto, de la revisión de los antecedentes cursantes en obrados, se tiene que la autoridad judicial demandada libró mandamiento de aprehensión contra el accionante, en mérito a la declaratoria de rebeldía determinada por su inasistencia a la audiencia de consideración de medidas cautelares fijada para el 31 de octubre de 2022; el impetrante de tutela mediante memorial de 10 de noviembre, adjuntando pasajes de viaje de salida y retorno, justificó su inasistencia detallando que tuvo que trasladarse a la comunidad de Piraicito -departamento de Chuquisaca, provincia Hernando Siles-, por motivos de salud de su madre y que habiendo sido notificado por medio digital el 28 de octubre de igual año, no pudo retornar a la ciudad de Santa Cruz por el paro cívico y el alto grado de conflictividad que atravesaba el país en aquellas fechas; memorial que fue resuelto por Auto Interlocutorio de 18 de noviembre de 2022, a través del cual la Jueza demandada señaló que los boletos presentados no eran originales en su totalidad y que además no indicaban claramente el nombre del pasajero, consignando simplemente “Familia Romero”; por lo que mantuvo la declaratoria de rebeldía, disponiendo la ejecución del mandamiento de aprehensión y demás órdenes dispuestas. Bajo ese parámetro, se debe establecer que el accionante estaba siendo juzgado dentro del Sistema Penal para Adolescentes, conforme lo previsto en los arts. 259 y siguientes del CNNA, toda vez que al momento de la supuesta comisión del hecho era menor de 18 años. En este entendido, la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2, se ha pronunciado respecto a las dos formas de comparecencia del rebelde en el proceso penal previstas en el art. 91 del Código de Procedimiento Penal (CPP) -que son las mismas a las establecidas en el art. 258.III del CNNA- siendo estas: “i) La comparecencia voluntaria del rebelde al proceso penal antes de la ejecución del mandamiento de aprehensión; y, ii) La comparecencia del rebelde al proceso penal en ejecución del mandamiento de aprehensión”, respecto de la primera situación, que es en la que se encuentra el accionante, se ha dejado establecido que una vez materializada la presentación voluntaria del procesado, la declaratoria de rebeldía no tendría ninguna razón de persistir, debiendo dejarla sin efecto al igual que el mandamiento de aprehensión, al haberse cumplido el objetivo y finalidad del mismo, cual es la presencia del imputado o acusado ante la autoridad competente independientemente que el Juez considere valederas las razones de la incomparecencia; una actuación contraria implica una persecución ilegal indebida conforme al entendimiento previsto en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional. Ahora bien, del estudio detenido del caso presente, se advierte que si bien el accionante no asistió a la audiencia de medidas cautelares fijada para 31 de octubre de 2022 -acto en el cual se determinó declararlo rebelde-, mediante memorial de 10 de noviembre del mismo año, antes de la ejecución del mandamiento de aprehensión librado en su contra, acudió ante la Jueza demandada a efecto de justificar su inasistencia al acto procesal prenombrado, dando a conocer que su ausencia fue porque con antelación se encontraba fuera del distrito judicial de Santa Cruz, por razones de salud de su madre, asimismo que fue notificado vía telemática y por el paro cívico que atravesaba el país, no pudo retornar en la fecha señalada para la referida audiencia; subsumiendo su conducta al primer presupuesto previsto en la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.2, es decir la comparecencia voluntaria del rebelde al proceso penal antes de la ejecución del mandamiento de aprehensión, acto por el que inequívocamente manifestó su intención de someterse al proceso penal poniéndose a disposición de la autoridad competente. En concordancia con lo expuesto, la Jueza demandada, una vez que el accionante se presentó de forma voluntaria a las emergencias del proceso antes de su aprehensión, debió dejar sin efecto la declaratoria de rebeldía y las medidas de orden personal dispuestas contra el prenombrado, al haberse cumplido la finalidad de la declaratoria en rebeldía, cuál era la presencia y sometimiento del procesado para todos los actos procesales requeridos en el proceso penal, debiendo tomar en cuenta que la jurisprudencia constitucional y normativa señalada supra no exigen que la justificación de la ausencia al acto procesal, sea un elemento estrictamente concurrente para que se deje sin efecto la declaratoria de rebeldía, siendo suficiente la presentación voluntaria del procesado ante la autoridad competente a fin de someterse al proceso; en consecuencia, al haber determinado por Auto Interlocutorio de 18 de noviembre de 2022, la vigencia de la declaratoria en rebeldía y ejecución del mandamiento de aprehensión contra el solicitante de tutela, bajo el argumento que la documentación presentada no se constituía en prueba idónea y veraz, que justifique la inasistencia del accionante, generó un riesgo inminente que se ejecute el referido mandamiento de aprehensión, y se dé lugar a una privación de libertad indebida, toda vez que la misma ya no estaba enmarcada dentro de los márgenes previstos por ley, concluyéndose que la Jueza demanda, lesionó el derecho a la libertad y el debido proceso del accionante en relación a la tramitación de la rebeldía.

Con relación a la presentación de los memoriales de 2 de diciembre de 2022, en los que solicitó: en el primero, hacer efectiva la purga por su rebeldía y la elaboración de acta de comparecencia voluntaria; y en el segundo, denunció negación por parte de la Secretaria a elaborar el acta solicitada, debe establecerse que el acto lesivo acusado ya se encontraba consumado a momento de la presentación de los referidos memoriales, conforme se ha señalado, y, si bien, los dos memoriales estaban destinados a hacer efectiva la purga por la rebeldía impuesta,, se observa que éstos fueron presentados el viernes, 2 de diciembre de 2022 a la autoridad judicial demandada, y la acción de libertad fue presentada el lunes, 5 del mismo mes y año, vale decir, que sobre este aspecto, se activó en forma paralela la jurisdicción constitucional y la ordinaria.

Dicha circunstancia impide a esta instancia pronunciarse sobre los mismos, debido a que el accionante acudió con carácter previo ante la autoridad judicial demandada, denunciado la actuación de la Secretaria de su juzgado; consecuentemente, le corresponde a esta autoridad resolver si las actuaciones del personal judicial a su cargo, resultaron lesivas a los derechos del accionante. Razonamiento que encuentra sustento en la jurisprudencia constitucional, la cual ha establecido que cuando se activa en forma paralela la justicia constitucional estando pendiente de resolución el mecanismo activado en la vía ordinaria, se neutraliza el pronunciamiento de fondo en la jurisdicción constitucional, para evitar una disfunción procesal contraria al orden jurídico, así se tiene expresado en la SCP 0160/2014-S2 de 20 de noviembre, entre otras.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada respecto a todos los actos lesivos denunciados, aunque con otros fundamentos actuó de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 22/2022, de 6 de diciembre, cursante de fs. 24 vta. a 26, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada respecto a Leda Mirna Ojopi Rivero, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, por no haber dejado sin efecto la declaratoria de rebeldía del impetrante de tutela, conforme los fundamentos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

2° DENEGAR la tutela impetrada respecto a los actos vinculados a la actuación de la Secretaria del Juzgado, por haberse activado de manera simultánea la vía ordinaria y constitucional, conforme los fundamentos Jurídicos expuesto en este fallo constitucional Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.5, refiere: “Ahora bien, la persecución ilegal, ha sido entendida por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como “…la acción de una autoridad que busca, persigue, u hostiga a una persona sin que exista motivo legal alguno ni una orden expresa de captura emitida por autoridad competente en los casos establecidos por ley, o cuando se emite una orden de detención, captura o aprehensión al margen de los casos previstos por ley, e incumpliendo las formalidades y requisitos establecidos por ella” (Así, SSCC 419/2000-R, 261/2001-R y 535/2001-R, entre otras). Conforme a dicho entendimiento, la persecución ilegal comprendería dos supuestos: a) Órdenes de detención al margen de los casos previstos por la ley e incumpliendo los requisitos y formalidades de ley y; b) Hostigamiento sin que exista motivo legal, ni orden de captura emitida por autoridad competente. En el primero supuesto, nos encontramos, propiamente, ante al hábeas corpus preventivo, explicado precedentemente; en tanto que el segundo, hábeas corpus restringido, que de acuerdo a la doctrina procede cuando el derecho a la libertad física es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones que sin ningún fundamento legal, configuran una restricción para su cabal ejercicio. No existe, en concreto una amenaza inminente de privación de libertad; sin embargo, existe limitación en su ejercicio (Citaciones ilegales policiales, vigilancia domiciliaria, etc.). Este tipo de hábeas corpus, entonces, también estaría cobijado dentro de la persecución ilegal prevista en el art. 125 de la CPE y 89 de la LTC”.

2 Ley 548 de 17 de julio de 2014

3 ARTÍCULO 261. (RESPONSABILIDAD DE LA Y EL ADOLESCENTE). I La o el adolescente que incurra en la comisión de conductas punibles tipificados como delitos en el Código Penal y en leyes especiales, responderá por el hecho de forma diferenciada del adulto. La diferencia consiste en la Jurisdicción Especializada y en la medida socio-educativa que se le imponga. (…)

4 ARTÍCULO 267. (SUJETOS). I. Las disposiciones de este Libro se aplican a adolescentes a partir de catorce (14) años de edad y menores de dieciocho (18) años de edad, sindicados por la comisión de hechos tipificados como delitos. (…)

5 La indicada Sentencia, en el FJ. III.6., en el Análisis del caso concreto, señala: “En la problemática planteada, se tiene de los antecedentes, que dentro del proceso penal seguido contra el hoy accionante, el Juez Séptimo de Instrucción en lo Penal, señaló audiencia de consideración de incidentes, excepciones y medidas cautelares para horas 15:30 del 13 de junio de 2012, oportunidad en la cual, ante la inasistencia del imputado a la hora señalada y a solicitud de la parte querellante y Ministerio Público, declaró la rebeldía del encausado ordenando la emisión de mandamiento de aprehensión y arraigo. Ahora bien, como se dijo, tiene que quedar claro que la resolución de declaratoria de rebeldía tiene como consecuencia la emisión del mandamiento de aprehensión, el arraigo y la publicación de los datos y señales personales del imputado en los

6 En el FJ. III.2. sostiene: “Así, en atención al derecho a la libertad personal y a efectos de no interrumpir la tramitación de la causa corresponde cuando el declarado rebelde en juicio y presentare un memorial justificando su inasistencia al proceso aunque en el mismo no se señale expresamente su apersonamiento será reconducida al art. 91 del Código de Procedimiento Penal (CPP), si así se desprende de su contenido. Otro entendimiento no sólo implicaría revestir de rigorismos a la tramitación de solicitudes de las cuales dependa la libertad personal sino una importante afectación al principio de celeridad procesal, que: “Comprende la agilidad de los procesos judiciales tramitados, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia” (art. 30.3 de la LOJ)”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0553_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 162a5dbc5f3e914489fe63c72ed62ed435597d039db183beae51fdfdb48b1faa

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