Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de junio de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, alega la lesión de sus derechos a la libertad vinculado al principio de celeridad, debido proceso en su vertiente derecho a la defensa; toda vez que, existieron actos dilatorios por parte de la Jueza demandada en reiteradas oportunidades, debido a que remitió antecedentes del recurso de apelación incidental fuera del plazo legal de veinticuatro horas, fijó audiencia de cesación de detención preventiva siete días después de presentada la solicitud, remitió actuados ocho días después de ser concedida la apelación y por último, en audiencia de 13 de diciembre de 2022 la Jueza demandada se desconectó de la sala virtual, sin fijar nueva fecha de audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho horas. Ante ello, la autoridad demandada señaló que no existe lesión de los derechos alegados, porque se actuó conforme a procedimiento y dentro de los plazos que prevé la norma. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 05/2022 de 17 de diciembre, cursante de fs. 48 a 55, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, respecto a los derechos a la libertad vinculado al principio de celeridad, debido proceso en su vertiente derecho a la defensa, conforme a lo desarrollado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías. 2° DENEGAR en cuanto a la falta de remisión al superior en grado respecto a la apelación formulada por el accionante, debido al desistimiento presentado por el prenombrado, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0553/2025-S2 Sucre, 5 de junio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 52595-2023-106-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 05/2022 de 17 de diciembre, cursante de fs. 48 a 55, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Carlos Veizaga Herrera en representación sin mandato de Mauricio Elías Tupa Moya contra Carmen Ticona Aranda, Jueza de Instrucción Penal Sexta de la Capital del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 16 de diciembre de 2022, cursante a fs. 2; y, 21 a 28 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de homicidio y lesiones graves, y gravísimas en accidente de tránsito; en audiencia de medidas cautelares de 26 de septiembre de 2022, Carmen Ticona Aranda, Jueza de Instrucción Penal Sexta de la Capital del departamento de Cochabamba -demandada-, ordenó su detención preventiva por dos meses a ser cumplida en el Centro Penitenciario San Antonio del departamento de Cochabamba; sin embargo, esta determinación, se fundó en criterios subjetivos sobre la base de presunciones abstractas referido a un informe policial cuya parte in fine establecía que presentaba fuerte aliento alcohólico; y, en cuanto a los riesgos procesales de fuga, señaló que fueron subsistentes. En la misma audiencia, planteó recurso de apelación incidental, y pese al plazo de veinticuatro horas para remitir los antecedentes ante el superior en grado, recién el 16 de noviembre de 2022 fueron remitidos ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, aspecto que es contradictorio a lo dispuesto por los arts. 251 y 130 del Código de Procedimiento Penal (CPP), y que constituye un primer acto dilatorio. Ante nuevos elementos probatorios que desvirtuaban los motivos en que se fundó la detención dispuesta y, con el objeto de no activar dos vías en forma simultánea, desistió expresamente al recurso de apelación incidental mencionado; lo cual hizo conocer a la Jueza demandada mediante memorial de 16 de noviembre de 2022, efectuando a la vez, una petición de cesación de detención preventiva; en respuesta a dicha solicitud, la autoridad fijó audiencia para siete días después, aspecto que es contrario a lo establecido por el art. 132 inc. 1) y 239 del CPP, constituyendo este actuar en el segundo acto dilatorio. Asimismo, en audiencia de 25 de noviembre de 2022, señalada para considerar la cesación de la detención preventiva, la autoridad demandada decidió suspender la misma, porque primero debía resolverse su situación jurídica por cumplimiento de plazo que prevé el art. 239.2 del CPP, y, pese a las pruebas presentadas que desvirtuaban la agravante del delito, la demandada emitió resolución ampliando la detención por dos semanas más; resolución que fue apelada. Sin embargo, la autoridad judicial demandada, al margen de conceder la apelación dispuso que quedaba en suspenso el tratamiento a la solicitud de cesación de detención preventiva, porque primero debía resolverse la apelación a la ampliación. La citada autoridad remitió los actuados ante el superior en grado, recién el 6 de diciembre del año mencionado, es decir ocho días después, vulnerando lo establecido por los arts. 130 y 251 del mismo Código, incurriendo en un tercer acto dilatorio. En virtud a que la nueva audiencia para resolver su situación jurídica ya estaba señalada para el 9 de diciembre de 2022 y a fin de no activar dos vías en forma simultánea, nuevamente decidió renunciar al recurso de apelación; presentando al efecto un memorial el 8 de diciembre del mismo año, haciendo conocer su determinación y solicitando se considere su pedido de cesación a la detención preventiva. Sin embargo, una vez instalada la audiencia virtual para determinar su situación jurídica por vencimiento del plazo, la Jueza demandada decidió suspender la misma bajo dos argumentos: el primero referido a la ausencia del Ministerio Público; y, el segundo, debido a que la apelación y posterior desistimiento, habrían causado agravio a los derechos fundamentales de las víctimas, procediendo de manera inmediata a desconectar la audiencia virtual. Sobre el primer argumento, en ningún caso la Jueza mencionada debió suspender la audiencia por inasistencia del Ministerio Público, incurriendo en un cuarto acto dilatorio, contrario a lo estipulado por los arts. 113 y 239 del CPP.
El 13 de diciembre de 2022, se instala nuevamente la audiencia de cesación a la detención preventiva, en la que debido a la mala señal de internet no se conectó a la misma, sin embargo, su abogado sí participó pese a las interferencias en la comunicación; sin embargo, la Jueza demandada suspendió la audiencia y se desconectó de la sala virtual, sin cumplir con su ineludible obligación de señalar audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas, aspecto que también es contrario a lo establecido por el art. 113 y 239 del CPP; considerándose este último acontecimiento en el quinto acto dilatorio.
El peticionante de tutela, a través de su representante sin mandato, alega la vulneración de sus derechos a la libertad vinculado al principio de celeridad, debido proceso en su vertiente derecho a la defensa; citando al efecto los arts. 8, 23.I, 115.II, 116.I, 119.I, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se declaren “nulos” los actos ilegales y omisiones indebidas realizadas por la Jueza demandada; b) Que dentro del plazo de veinticuatro horas, se lleve a cabo la audiencia de consideración de situación jurídica por vencimiento del plazo y de ser necesario, de forma inmediata se desarrolle la audiencia de cesación a la detención preventiva interpuesta; y, c) Se ordene a la autoridad demandada, que en futuras actuaciones se abstenga de dilatar el presente proceso y cumpla los plazos procesales previstos por ley.
Celebrada la audiencia pública virtual el 17 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 47 y vta.; se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos expuestos en el memorial de acción tutelar.
Carmen Ticona Aranda, Jueza de Instrucción Penal Sexta de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito cursante a fs. 46 solicitó se deniegue la tutela impetrada, bajo los siguientes argumentos: 1) Se dispuso la detención preventiva del ahora impetrante de tutela por el plazo de dos meses, llevándose a cabo la audiencia el 25 de noviembre de 2022, en la que además se determinó la ampliación de su detención preventiva por dos semanas más, señalándose nueva audiencia para la consideración jurídica del referido encausado para el 9 de diciembre del citado año, acto que fue suspendido en razón al desistimiento de la apelación y por la inasistencia del representante del Ministerio Público; y, 2) Se señaló nueva audiencia para el 13 de diciembre del mismo año, que también fue suspendida, esta vez por inasistencia del ahora accionante.
Edson Orellana Marín, Fiscal de Materia, participó en audiencia de garantías, en virtud al Instructivo 469/2010 emitido por el Fiscal General del Estado; y, en aplicación de “… la SCP 0212/2010- R de 24 de mayo …” (sic). En su intervención en la referida audiencia manifestó que: La última audiencia de 13 de diciembre de 2022 se suspendió por inasistencia del ahora impetrante de tutela, no existiendo vulneración de derechos.
El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 05/2022 de 17 de diciembre, cursante de fs. 48 a 55, concedió la tutela solicitada disponiendo que, en el plazo de veinticuatro horas celebre audiencia de revisión de situación jurídica del imputado y en su caso en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas de celebrado dicho acto, la autoridad demandada deberá señalar audiencia de consideración de la cesación de la detención preventiva y que la mencionada autoridad en futuras actuaciones se abstenga a actuar como lo ha hecho en el presente caso; bajo los siguientes fundamentos: i) La autoridad jurisdiccional demandada incumplió los plazos establecidos por el art. 239 del CPP, que constituye un atentando al principio de celeridad, previsto en el art. 178 de la CPE; ii) La Jueza demandada hace referencia a que desconoce los motivos por los cuales el ahora accionante habría desistido de su apelación y además, debido a la inasistencia del Fiscal de Materia serían motivos para suspender el acto programado; no obstante, la autoridad demandada decide reprogramar la audiencia para el 13 de diciembre de 2022, siendo tal acto irregular, ya que, no debió suspender la audiencia para la revisión de la situación jurídica del impetrante de tutela; y, iii) Llama la atención que la autoridad demandada suspendió la audiencia sin efectuar nuevo señalamiento, cuando por determinación de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, es de carácter obligatorio y de oficio el señalamiento de audiencia de revisión de la situación jurídica del detenido preventivo, justamente esa es una de las obligaciones de la autoridad del control jurisdiccional.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares de 26 de septiembre de 2022, en la que Carmen Ticona Aranda, Jueza de Instrucción Penal Sexta de la Capital del Departamento de Cochabamba -ahora demandada-, ordena la detención preventiva de Mauricio Elías Tupa Moya -accionante- en el Centro Penitenciario San Antonio del departamento de Cochabamba; así mismo, señala audiencia para el 25 de noviembre del mismo año, para considerar su situación jurídica. En la primera audiencia, el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación contra la detención preventiva, que posteriormente fue desistido por memorial de 16 de igual mes y año, además de solicitar cesación a la detención preventiva, teniendo como respuesta el decreto de 17 del mes y año antes mencionado que acepta el desistimiento formulado (fs. 4 a 17). II.2. Por acta de audiencia de consideración de situación jurídica de 25 de noviembre del 2022, se resuelve ampliar la detención preventiva del impetrante de tutela, aspecto que es apelado por el citado y concedido por la autoridad demandada. En la misma audiencia, no se da curso a la consideración del pedido de cesación de detención preventiva, en razón a la ampliación del plazo de detención y estar en curso la apelación, la que es remitida el 6 de diciembre de 2022 a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 18 a 19 vta. y 38). Mediante memorial de 7 de diciembre de igual año, presentado por el peticionante de tutela, hace conocer a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, así como a la autoridad demandada, su renuncia y desistimiento al recurso de apelación incidental (fs. 41 a 42 vta.), mereciendo el decreto de 9 del mencionado mes y año, emitido por la referida Sala, por el cual, se acepta dicho desistimiento (fs. 43). II.3. Consta actas de audiencia de consideración de situación jurídica de 9 y 13, ambos de diciembre de 2022, las cuales fueron suspendidas; la primera en razón a la ausencia del representante del Ministerio Público y la segunda, por la ausencia del accionante (fs. 44 a 45).
El accionante, a través de su representante sin mandato, alega la lesión de sus derechos a la libertad vinculado al principio de celeridad, debido proceso en su vertiente derecho a la defensa; toda vez que, existieron actos dilatorios por parte de la Jueza demandada en reiteradas oportunidades, debido a que remitió antecedentes del recurso de apelación incidental fuera del plazo legal de veinticuatro horas, fijó audiencia de cesación de detención preventiva siete días después de presentada la solicitud, remitió actuados ocho días después de ser concedida la apelación y por último, en audiencia de 13 de diciembre de 2022 la Jueza demandada se desconectó de la sala virtual, sin fijar nueva fecha de audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho horas. Ante ello, la autoridad demandada señaló que no existe lesión de los derechos alegados, porque se actuó conforme a procedimiento y dentro de los plazos que prevé la norma. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Con referencia a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (las negrillas son nuestras).
A su vez, la SCP 0096/2025-S2 de 10 de marzo, señala lo siguiente: “El art. 115.II de la CPE establece que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’; en consecuencia, consagra el principio de celeridad como un componente esencial del debido proceso; lo cual, exige que toda causa sea esta judicial o administrativa, se tramite sin demoras innecesarias; es decir, de manera oportuna; por su parte, los arts. 178 y 180 de la Norma Suprema, instituyen de manera explícita la aplicación del citado principio en la potestad de impartir justicia” (las negrillas fueron añadidas).
De la revisión de antecedentes que cursan y conforme a las conclusiones arribadas en el presente fallo constitucional, se tiene que: a) La autoridad demandada dispuso la detención preventiva por dos meses, siendo esta resolución apelada de manera inmediata y concedida la misma (Conclusión II.1); no obstante, el accionante presenta desistimiento al recurso de apelación; b) Cursa memorial de 16 de noviembre de 2022 por el que se solicita cesación de la detención preventiva y en respuesta la autoridad demandada fijó audiencia para el 25 del mes y año antes señalado; c) Realizada la audiencia en la fecha indicada y ante la determinación judicial de ampliar por dos semanas más la detención preventiva, el accionante formuló recurso de apelación, que si bien fue concedido, la remisión de antecedentes se produjo recién el 6 de diciembre del mismo año (Conclusión II.2); d) Instalada la audiencia el 9 del mismo mes y año para considerar la situación jurídica del hoy impetrante de tutela, es suspendida por la ausencia del representante del Ministerio Público; y, e) Finalmente, la audiencia reprogramada para el 13 de diciembre de 2022, también fue suspendida en razón a la ausencia del accionante, dejando pendiente hasta nueva solicitud, sin que se fije nueva fecha de audiencia. En función de los actos cuestionados y revisados, corresponde analizar si dichos actos dilatorios son evidentes: 1) No consta en obrados nota de remisión al superior en grado respecto a la apelación formulada, por lo que, no se evidencia si efectivamente se cumplió o no, con el plazo establecido por el art. 251 del CPP, pero más allá de ello, este reclamo no tendría relevancia, ya que, el hoy accionante, al renunciar a su recurso de apelación, el incumplimiento o no de la Jueza demandada, dejó de tener efectos jurídicos en el contexto alegado como acto dilatorio, hechos que dan lugar para no conceder la tutela sobre este punto; 2) Ante la petición de cesación formulada, la Jueza demandada fijó audiencia fuera del plazo de cuarenta y ocho horas señalado por el art. 239 del CPP, por consiguiente con este acto dilatorio se incurrió en evidente retardación de justicia, que persistió en sus conflictos como acto dilatorio, pues la solicitud de cesación no llegó a resolverse; 3) En la audiencia señalada para tratar tanto la situación jurídica del imputado así como la petición de cesación de detención preventiva, fue desarrollada solo la primera, ya que se dispuso la ampliación de la detención preventiva por dos semanas más, decisión que fue apelada y luego desistida de manera expresa. De acuerdo a los antecedentes que cursan en obrados, resulta evidente que la remisión del recurso de apelación fue efectuada incumpliendo el plazo señalado por el art. 251 del citado Código, sin embargo, pese a la omisión de la disposición señalada, ésta deja de ser relevante, bajo el mismo argumento señalado anteriormente debido al nuevo desistimiento de la apelación formulada y que tampoco corresponde conceder la tutela respecto a este acto; 4) La suspensión de la audiencia de 9 de diciembre de 2022 debido a la inasistencia del representante del Ministerio Público, es contraria al orden legal constituido, ya que, la Jueza demandada incumplió la aplicación de los principios de continuidad, eficacia y eficiencia, no siendo justificativo para la suspensión de la audiencia, la ausencia del Ministerio Público, porque conforme señala el art. 113 del CPP, la autoridad judicial tiene la obligación de llevar adelante la audiencia, estando prohibida de suspender la misma, menos aún por la inasistencia de alguna de las partes, en todo caso, debió disponer de todas las medidas para la comparecencia de las partes; y, 5) La audiencia que debía llevarse a cabo el 13 del mismo mes y año, fue igualmente suspendida por la inasistencia del ahora accionante, en tal sentido, corresponde precisar que existían dos aspectos pendientes, el pedido de cesación preventiva y la situación jurídica del mencionado; sobre la primera existe una omisión sobre su consideración, pues siguiendo y aplicando el procedimiento establecido en la norma procesal penal, no podría dejarse irresuelta; y, sobre la segunda, correspondía señalar audiencia incluso de oficio, más aún, cuando el plazo de su detención incluida la ampliación, ya fue cumplida, existiendo actos dilatorios de la Jueza demandada que evidentemente incumple lo determinado por el art. 239 del CPP y art. 178 de la CPE referido al principio de celeridad.
Por lo señalado, se demuestra que la autoridad demandada incumplió el deber de proteger oportunamente al hoy accionante en el ejercicio de su derecho fundamental a la libertad, garantizar su derecho al debido proceso, a la defensa, a una justicia pronta y oportuna bajo los principios procesales de celeridad, eficiencia y eficacia como componentes esenciales del debido proceso, conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, resolviendo su situación jurídica procesal por transcurso del tiempo de una parte y por riesgos procesales de otra, conforme corresponda con derecho. En virtud a ello, corresponde se active la protección que brinda la acción de libertad bajo su modalidad traslativa o de pronto despacho, debiendo consecuentemente otorgarse la tutela solicitada sobre los puntos segundo, cuarto y quinto de reclamación en los mismos alcances determinados por el Tribunal de garantías. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada obró en parte de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 05/2022 de 17 de diciembre, cursante de fs. 48 a 55, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, respecto a los derechos a la libertad vinculado al principio de celeridad, debido proceso en su vertiente derecho a la defensa, conforme a lo desarrollado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías. 2° DENEGAR en cuanto a la falta de remisión al superior en grado respecto a la apelación formulada por el accionante, debido al desistimiento presentado por el prenombrado, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0553_2025-S2.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7770a8505c1e413c1bbae9ddb740470d45607ed29552f4d4819c6b672896be6a
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