B.IA.LEGAL

SCP 0553/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 17 de septiembre de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
17 de septiembre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
51906-2022-104-AAC
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos congruencia, fundamentación y motivación; a la tutela judicial efectiva, a la igualdad; y, el principio de seguridad jurídica; por cuanto, dentro del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de estupro, habiendo interpuesto recurso de apelación contra la improcedencia de su incidente de actividad procesal defectuosa en el que alegó que “no fue asistido” por un perito especializado en cuestiones indígena originaria campesina, conforme lo establece el art. 391 del CPP; los Vocales -ahora demandados- pronunciaron el Auto de Vista 77/2022 de 18 de agosto, determinando revocar en parte el Auto Interlocutorio de 13 de julio de 2022 y se proceda a la designación de un perito; no obstante, al asumir dicha determinación no se realizó una correcta interpretación del art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 077/2022 de 16 de noviembre, cursante de fs. 71 vta. a 77, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Potosí; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicita, conforme los Fundamentos Jurídicos contenidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1.El principio de legalidad y su vinculación con la garantía general del debido proceso
  2. III.2. Principio de seguridad jurídica
  3. III.3. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso
  4. III.4. El enfoque interseccional para el análisis de personas privadas de libertad pertenecientes a las Naciones y Pueblos Indígenas
  5. III.5. El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de género
  6. III.6.De la interpretación de la legalidad ordinaria
  7. III.7. Del alcance del art. 391 del CPP. Línea Jurisprudencial constitucional
  8. III.8. El precedente constitucional vinculante a partir del análisis de la línea jurisprudencial
  9. III.9 El derecho a la tutela judicial efectiva
  10. III.10.El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso
  11. III.11. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0553/2024-S1 Sucre, 17 de septiembre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 51906-2022-104-AAC Departamento: Potosí En revisión la Resolución 077/2022 de 16 de noviembre, cursante de fs. 71 vta. a 77, pronunciado dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ponciano Taraña Choque contra Juan Carlos Ramírez Flores y María Luz Flores Mollinedo, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de justicia de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1.Contenido de la demanda

A través de memoriales presentados el 8 de noviembre 2022, cursantes de fs. 46 a 53 y, 55 a 57, la parte accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Considerando que la etapa preparatoria del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de estupro, fue desarrollada inobservando sus derechos y garantías constitucionales que tiene en su condición de indígena (al ser miembro de la “comunidad indígena originaria Taraña” de la Marka Sacaca del departamento de Potosí) por cuanto, “no fue asistido” por un perito especializado en cuestiones indígena originaria campesina conforme lo establece el art. 391 del Código de Procedimiento Penal (CPP), interpuso incidente de actividad procesal defectuosa, que al ser declarado improcedente por la Jueza de Sentencia Penal Primera de Llallagua del citado departamento, dió lugar a que su persona plantee recurso de apelación incidental, que fue de conocimiento de los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; quienes mediante el Auto de Vista 77/2022 de 18 de agosto, declararon procedente en parte la impugnación, determinando revocar en parte el Auto Interlocutorio de 13 de julio de 2022 y se proceda a la designación de un perito; no obstante, al asumir dicha determinación no se realizó una correcta interpretación del art. 391 del CPP enmarcada en una visión plural y los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, que establezca que la designación del perito se efectúa desde la imputación formal; y por ello, correspondía anular la acusación y remitir el proceso penal ante el Juzgado de Instrucción Penal de Sacaca del departamento de Potosí para que en su labor de control jurisdiccional corrija el procedimiento.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La parte accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos congruencia, fundamentación y motivación; a la tutela judicial efectiva, a la igualdad; y, el principio de seguridad jurídica, citando al efecto, los arts. 115, 116, 117 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia se deje sin efecto el Auto de Vista 77/2022 “…debiendo anularse obrados hasta antes de la radicatoria de la acusación a fin de remitir el expediente al juez de control jurisdiccional de Sacaca para que observe el debido proceso, conforme el art. 391 del CPP” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 16 de noviembre de 2022 según consta en el acta cursante de fs. 68 a 71, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El impetrante de tutela no asistió a la audiencia pese a su legal notificación cursante a fs. 59.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Juan Carlos Ramirez Flores y María Luz Flores Mollinedo ambos, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante informe presentado el 15 de noviembre de 2022, cursante de fs. 62 a 64, solicitaron se deniegue la tutela, manifestando que: a) Al plantear el recurso de apelación el único agravio denunciado es la transgresión al principio de legalidad en la aplicación del art. 391 del CPP, al no designarse un “perito” con el objeto que el tribunal que juzgue al imputado conozca las costumbres y la forma de convivencia en la “comunidad Taraña”; y, dándose respuesta a dicho agravio en el Auto de Vista 77/2022, inicialmente se estableció la necesidad de juzgar con perspectiva de género; luego se señaló que no es necesario la nulidad de obrados, por cuanto no existe la nulidad por nulidad, debiendo haber un perjuicio a la parte impetrante de tutela; y, el proceso penal se encontraba en el inicio de la etapa de juicio donde era viable designar un perito conforme lo previsto en el art. 391 del CPP; además, en etapa preparatoria, el imputado tenía el plazo establecido en la norma para plantear incidentes y no lo hizo, por lo que, habiendo precluido dicha etapa, el Tribunal de alzada no podría disponer la nulidad, debiendo en todo caso velar por los derechos de la víctima que se constituye en un grupo vulnerable que también pertenece a la Comunidad de Taraña; en ese sentido, se determinó que el a quo aplicó convenios y tratados internacionales, velando por los derechos de la víctima; b) El accionante alegó que en la etapa preparatoria no fue asistido de un “perito”; empero, ese aspecto en ningún momento fue reclamado en su debida oportunidad, por el contrario el imputado acepto llevar adelante el proceso; c) El impetrante de tutela confunde la designación del perito para que pueda asistirle, cuando el art. 391 del CPP prevé otra finalidad; d) El peticionante de tutela denuncia la lesión de sus derechos y principios; sin embargo, no identifica como se vulneró cada uno de ellos; e) “Sobre la fundamentación que exige el accionante pero TAMPOCO identifica como se habría vulnerado aquello; es decir, como no habría respuesta a su petitorio cuando el Auto de Vista es claro, se debe tomar en cuenta el Art. 124 y 173 del CPP, que se entiende que una resolución debe contener un sustento en hecho y en derecho con la valoración integral de los elementos de convicción presentados, en el caso presente se cumplió a cabalidad ese aspecto y se ha establecido la designación de un perito para el asesoramiento de la Juez de Sentencia de Llallagua en temas indígenas originarias campesinas, pretender la nulidad más allá no corresponde, puesto que lo único que busca es dilatar el presente proceso, cuando en ningún momento ha solicitó la designación de perito en la etapa preparatoria…” (sic); y, f) Al emitirse el Auto de Vista 77/2022 se cumplió con los principios de legalidad y verdad material bajo la estricta observancia de los arts. 396 inc. 3) y 398 de la CPP.

I.2.3. Resolución.

La Sala Constitucional Primera del departamento de Potosí, por Resolución 077/2022 de 16 de noviembre, cursante de fs. 71 vta. a 77, denegó la tutela impetrada; bajo los siguientes fundamentos: 1) En el presente caso, si bien en “etapa investigativa” no se designó un perito en cuestiones indígenas conforme determina el art. 391 del CPP, el impetrante de tutela podría presentar algún incidente o “excepción” dentro de plazo; es decir, dentro de los diez días a partir del conocimiento del acto supuestamente viciado; sin embargo, no hizo uso de los mismos; 2) El impetrante de tutela pidió se anule obrados hasta la acusación; sin embargo, ello no es pertinente ni trascendente debido a que al haberse presentado el requerimiento conclusivo de acusación ante el juez de instrucción penal y el mismo remitió al tribunal o juzgado de sentencia, generando con ello, una adhesión por parte de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Sacaca del departamento de Potosí, y la presentación de pruebas de descargo del accionante, actos que se constituyen de mero cumplimiento procesal y no ingresa al análisis de fondo del proceso penal, el cual será tratado en juicio y para ello si es pertinente la designación de un perito, conforme fue ordenado por el Auto de Vista 77/2022; además, en etapa preparatoria el peticionante de tutela consintió todos los actos sin la presencia de un perito, procediéndose con su convalidación; y 3) Los Vocales -ahora demandados- cumplieron con fundamentar y motivar el Auto de Vista 77/2022; además, observaron el principio de seguridad jurídica, otorgándole tutela judicial efectiva y siempre en igualdad de las partes; por lo que, no existe la vulneración de derechos alegada por el accionante.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, contra Ponciano Taraña Choque –ahora accionante– por la presunta comisión del delito de estupro, se tiene que, el prenombrado planteó incidente de actividad procesal defectuosa, señalando que es miembro de la Comunidad indígena originaria Taraña de la Marca Sacaca del Departamento de Potosí y durante la etapa preparatoria no se designó traductor y tampoco un perito especializado en cuestiones indígenas; por lo que, solicitó se anule obrados hasta antes de la radicatoria de la acusación, devolviendo obrados ante el Juez de Instrucción penal quien a su vez disponga la nulidad de imputación formal; no obstante, en primera instancia, dicho incidente fue declarado improcedente; por ello, el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación incidental contra Auto Interlocutorio de 13 de julio de 2022, denunciando como agravio la transgresión del principio de legalidad debido a la falta de aplicación del art. 391 del CPP, tomando en cuenta que no designó un perito especializado en cuestiones indígenas que pueda valorar sus costumbres, su formación dentro de la Comunidad indígena originaria Taraña (conforme lo descrito en el Auto de Vista 77/2022 de 18 de agosto [fs. 11 a 14]). II.2. Mediante Auto de Vista 77/2022 de 18 de agosto, Juan Carlos Ramírez Flores y María Luz Flores Mollinedo, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí ahora demandados resuelven declarar procedente en parte el recurso de apelación interpuesto por Ponciano Taraña Choque –accionante–; y, en consecuencia, revocan en parte el Auto Interlocutorio de 13 de julio de 2022, disponiendo que “…una vez notificados a los sujetos procesales antes del auto de apertura se proceda a Designar al perito a efecto de que se encuentra presente en la etapa de juicio debiendo imprimirse la celeridad correspondiente por tratarse de un delito vinculado a la liberta sexual de la víctima…” (sic), bajo los siguientes fundamentos:

“CONSIDERANDO.- Que la resolución objeto de apelación que cursa foja 136 a 137 de fecha 13 de julio del 2022 emitido por la señora juez de Sentencia del Llallagua fue pronunciada en mérito al incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa formulado por el ahora imputado señalando de Qué es miembro de la comunidad indígena originaria campesina Taraña ubicado en la primera sección de la provincia de la provincia José Alonso de Ibáñez del departamento de Potosí de ocupación agricultor teniendo su concubina y solicita que la autoridad jurisdiccional a quo anule obrados hasta antes de la radicatoria de la acusación devolviendo obrados ante el juez de control jurisdiccional quién a su vez disponga la nulidad de la imputación formal solicitando se califique daños y perjuicios en la suma de 10. 000 bolivianos a su favor la resolución objeto de apelación en el considerando segundo ha establecido que el incidente en cuestión tiene dos elementos 1.La falta de designación de traductor e intérprete para el acusado Durante la etapa preparatoria y la falta de un perito especializado en cuestiones indígenas en la en la misma etapa para el mismo acusado y por la ausencia de ambos se ha vulnerado derechos Como la seguridad jurídica la igualdad la tutela judicial efectiva el debido proceso y la defensa posteriormente ingresa a analizar la documentación qué ha sido presentada por la parte imputada y plasma la sentencia constitucional 1235/ 2017 S1, establece no obstante corresponde tener presente que el caso se encuentra involucrado una menor de edad como víctima lo cual merece atención prioritaria y reforzada decir a lo señalado por el artículo 60 en ese orden corresponde tomar en cuenta lo que Señala la ley 348 ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia Igualmente el código niño niña adolescente este proclama como principio del interés Superior y prioridad absoluta y el vivir bien el trato Digno la inclusión, despatriarcalización y la atención diferenciada rechazando del incidente formulado en concreto el agravio expresado en el caso presente no se nos ha manifestado que está resolución no tenga una debida fundamentación no haya valorado los elementos de convicción y lo que se ha tratado de entender afectos de no violentar el derecho delante es que se hubiera vulnerado el artículo 391 del Código de procedimiento penal, se debe de tomar en cuenta en primera instancia el artículo 115 y 119 de nuestra Constitución Política del Estado que establece al debido proceso como un derecho, como un principio, una garantía Como también el principio de igualdad de todas las partes que se encuentran sometidos dentro del proceso penal. El presente proceso radica en un incidente formulado por la parte imputada toda vez que ha sido notificada con él con las acusaciones Fiscales y defensorías de la niñez y adolescencia en base a la designación de intérprete y un perito en asuntos indígenas originarias la autoridad judicial ha tomado en cuenta esos dos aspectos denunciados como nulos por el imputado en el caso presente no se ha escuchado ningún fundamento sobre la falta de intérprete y solamente se ha abocado a lo que establece el perito Por lo cual está sala no va a ingresar a fundamentar ni respaldar la resolución de la autoridad jurisdiccional entendemos que está de acuerdo la parte apelante por no haber formulado ningún agravio al respecto.

Con respecto a la aplicación del artículo 391 tanto en etapa preparatoria como en atapa de juicio se debe de tomar en cuenta en primera instancia el artículo 167 del Código de procedimiento penal modificado por la ley 1173, donde Establece de que todas las partes tienen derecho al plantear planteamiento de un incidente en su defensa primero acotando elementos de convicción y en el plazo de 10 días a fojas 9 y 10 de obrados se tiene la fecha de 23 de febrero del 2022 es decir 5 meses antes de la formulación de este incidente se tiene la imputación formal no se ha adjuntado documentación alguna que evidencien que se ha vulnerado algún derecho de lo que reclama que sí habla castellano o no habla castellano es decir no existe una documentación idónea que llegue a establecer ese aspecto Además de que la imputación formal es de hace 5 meses atrás es decir vulnerando el artículo 167 del Código de procedimiento penal la autoridad jurisdiccional A quo ha tomado en cuenta todos estos aspectos y se puede llegar a establecer de que no Existe vulneración alguna por haber precluido el derecho del ahora imputado la sentencia constitucional 731/2010-R de 26 de Julio ha estado a los presupuestos para que operen la nulidad procesal y son principalmente principios de especificidad legalidad principio de finalidad del acto, principio de trascendencia, principio de convalidación en el presente caso no existe ninguno de Estos principios qué se hubiera vulnerado por la autoridad en la etapa preparatoria como también por el Ministerio Público el artículo 391 del procedimiento penal establece diversidad cultural cuando un miembro de un pueblo indígena comunidad indígena O campesina sea imputada por la comisión de un delito o se la deba procesar en la jurisdicción ordinaria se observarán las normas ordinarias de este código y las siguientes reglas específicas 1. El fiscal Durante la etapa preparatoria y el juez o tribunal durante el juicio serán asistidos por un perito especializado en cuestiones indígenas el mismo qué podrá participar en el debate y 2. Antes de dictar sentencia el perito elaborará un dictamen permite haber con mayor profundidad los patrones de comportamiento referenciales del imputado está Norma procesal Establece que en etapa de juicio la autoridad judicial bajo el modelo de estado señalado en el artículo primero de la Constitución Política del Estado pluralidad y pluralismo cultural se tiene qué el imputado ha demostrado en forma objetiva a fojas 102 que pertenece a una comunidad de Taraña en ese sentido por el acuerdo de sala plena número 316/ 2017 de fecha 30 de noviembre del 2017 ha establecido la obligación de aplicar este principio de la misma forma la parte incidentista junto a la sentencia constitucional 1235/ 2017- S1, de 28 de diciembre del 2017 qué establece estudio antropológico del conflicto social de los accionantes derecho constitucional que tiene derecho el imputado lo fundamentado por la autoridad jurisdiccional es evidente qué se trata de delitos de carácter sexual donde se tiene presuntamente una víctima de 16 años y que estaría en estado de gestación eso tampoco puede dejarse de lado precisamente para velar que este proceso se lleve en adelante sin defecto alguno por la celeridad de vida se debe cumplir con este mandato constitucional de pluralismo jurídico que abarque el derecho del imputado a que se designa un perito en su cultura a efectos de establecer la conducta del imputado con atenuantes y agravantes el hecho de juzgar con perspectiva de género no significa que se pueda dejar de lado los derechos que tiene el imputado en esta etapa del proceso por lo que se tiene de lo razonado por la autoridad jurisdiccional en parte tiene valor legal pero también no debe de proteger los derechos del imputado más aún cuando el proceso se encuentral en inicio de juicio donde sí se puede llevar adelante un juicio sin ningún defecto y poder otorgar una sentencia justa y correcta con el dictamen que emitirá el perito a la señora Juez de Sentencia que si bien la defensa solicita la nulidad hasta la devolución de la acusación ese aspecto no procede puesto que el juicio recién está comenzando y una vez ofrecido pruebas por el imputado la autoridad judicial designara el perito que corresponde quién deberá estar presente en todo el juicio siendo obligación del juez designar el mismo no siendo obligación del imputado solicitante por lo que en parte de sus agravios señalados tiene sustento jurídico y en caso de que sea necesario un intérprete corresponderá al tribunal verificar ese extremo de lo que se tiene que la resolución emitida por la autoridad jurisdiccional a quo ha realizado en parte una debida fundamentación y motivación y valoración de la prueba, sobre los daños sufridos que ha pedido ahora la parte apelante no se trata de señalar simple y llanamente un monto sino de demostrar cuáles han sido sus perjuicios con esa resolución y justificar objetivamente el mismo no existiendo esos elementos en el presente caso.” (sic [fs. 12 vta. a 14).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos congruencia, fundamentación y motivación; a la tutela judicial efectiva, a la igualdad; y, el principio de seguridad jurídica; por cuanto, dentro del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de estupro, habiendo interpuesto recurso de apelación contra la improcedencia de su incidente de actividad procesal defectuosa en el que alegó que “no fue asistido” por un perito especializado en cuestiones indígena originaria campesina, conforme lo establece el art. 391 del CPP; los Vocales -ahora demandados- pronunciaron el Auto de Vista 77/2022 de 18 de agosto, determinando revocar en parte el Auto Interlocutorio de 13 de julio de 2022 y se proceda a la designación de un perito; no obstante, al asumir dicha determinación no se realizó una correcta interpretación del art. 391 del CPP enmarcada en una visión plural y en los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, que establezca que la designación del perito se efectúa desde la imputación formal; y por ello, correspondía anular la acusación y remitir el proceso penal ante el juez de instrucción penal para que en su labor de control jurisdiccional corrija el procedimiento. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, desarrollando para ello los siguientes temas: i) El principio de legalidad y su vinculación con la garantía general del debido proceso; ii) Principio de seguridad jurídica; iii) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; iv) El enfoque interseccional para el análisis de personas privadas de libertad pertenecientes a las Naciones y Pueblos Indígenas Originarias Campesinas; v) El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de género; vi) De la interpretación de la legalidad ordinaria; vii) Del alcance del art. 391 del CPP. Línea Jurisprudencial constitucional; viii) El precedente constitucional vinculante a partir del análisis de la línea jurisprudencial; ix) El derecho a la tutela judicial efectiva; x) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; y, xi) Análisis del caso concreto.

III.1.El principio de legalidad y su vinculación con la garantía general del debido proceso

El debido proceso se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado como un derecho fundamental (art. 115.II), garantía constitucional (117.I) y principio procesal constitucional que disciplina la función de impartir justicia (art. 180.I), en atención a estas cualidades, la jurisprudencia constitucional se encargó de resaltar su carácter tridimensional del debido proceso, en sus diferentes fallos como la SC 0086/2010-R de 4 de mayo, SC 902/2010-R, de 10 de agosto, SC 0533/2011-R de 25 de abril, entre otros; además, también fue la jurisprudencia constitucional del extinto Tribunal Constitucional la que se encargó de asignarle la calidad de garantía general en la citada SC 902/2010-R, SC 0981/2010-R de 17 de agosto, SC 1145/2010-R de 27 de agosto, asimismo en la SCP 0270/2012 de 4 de junio, SCP 2493/2012 de 3 de diciembre, SCP 0903/2019-S4 de 16 de octubre, SCP 0618/2018-S1 de 11 de octubre, entre otros, del actual Tribunal Constitucional Plurinacional.

En ese sentido la jurisprudencia constitucional configuró su contenido, alcance o los elementos constitutivos que le conciernen, en los siguientes términos.

En consonancia con los Tratados Internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (las negrillas son añadidas). Configuración, contenido o alcance que no se encuentra en un sistema limitado o cerrado, al contrario, debido al carácter progresivo de los derechos, previsto en el art. 13.1 de la CPE, esos elementos constitutivos, tienen un carácter enunciativo, puesto que, el debido proceso, al haberse constituido en una garantía general, del mismo, pueden derivar otros elementos conforme al desarrollo doctrinal y jurisprudencial, así como al desarrollo del proceso, cuya finalidad viene a constituir en un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia.

En el contexto referido de manera precedentemente, cabe señalar que el principio de legalidad justamente constituye un elemento del debido proceso, que si bien parece referirse más a problemas de fondo que procesales, tienen sin embargo, repercusiones importantes en el debido proceso, aun en su sentido estrictamente procesal. Así, Víctor Manuel Rodríguez Rescia en su artículo el Debido Proceso Legal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos publicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que el principio de legalidad en un Estado de Derecho postula una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico a partir de su definición básica, según la cual, toda autoridad o institución pública solamente puede actuar en la medida en que se encuentre facultada para hacerlo por el mismo ordenamiento.

Sobre principio de legalidad, la SC 0982/2010-R de 17 de agosto, sostuvo que si bien este principio implica el sometimiento de gobernantes y gobernados a la ley, dicha definición resulta insuficiente en el marco del estado constitucional de derecho y el sistema constitucional boliviano vigente; toda vez que, que el mismo supone, fundamentalmente, el sometimiento de los gobernantes y gobernados a la Constitución Política del Estado, la vigencia de derecho y el respeto a la norma.

Por todo lo expuesto, se colige que el principio de legalidad demanda la sujeción del Poder Público al derecho; por lo que, todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo estricto en una norma legal, la cual a su vez, debe considerar la Constitución Política del Estado.

III.2. Principio de seguridad jurídica

La Constitución Política del Estado en el art. 178.I consagra, los principios constitucionales que disciplinan la función de impartir justicia, tanto en el Órgano Judicial como en el Tribunal Constitucional Plurinacional; uno de esos principios es la seguridad jurídica que en términos de la jurisprudencia constitucional expresada en el AC 287/99 de 28 de octubre de 1999, entiende por una parte, como la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de los individuos y las naciones, representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; por otra parte, alude al deber que tiene el Estado de proveer seguridad jurídica a todos los ciudadanos, al goce de sus derechos fundamentales y derechos previstos en la Ley, en el marco del Estado de Derecho, con el fin de satisfacer los anhelos de una vida en paz, libre de abusos; específicamente en el ámbito judicial

“implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación objetiva de la Ley y la consiguiente motivación de la resolución”. Asimismo, la SC 0070/2010-R de 3 de mayo, refiriéndose al principio de seguridad jurídica señaló que el mismo implica para la sociedad la previsibilidad de la actuación estatal; es decir, este principio denota la protección constitucional de la actuación arbitraria estatal; por lo tanto, la relación Estado-ciudadano debe sujetarse a reglas claras, precisas y determinadas, en especial a las leyes, que deben desarrollar los mandatos de la Constitución Política del Estado, buscando en su contenido la materialización de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Ley Fundamental. Consecuentemente, el principio de seguridad jurídica debe ser entendido como uno de los principios fundamentales componente del marco constitucional como legal que sustancialmente permite el conocimiento antelado de las reglas de orden jurídico que rigen una determinada conducta o relación, y la confianza en la observancia y respeto de las consecuencias derivadas de la aplicación de una norma, por lo tanto, la relación Estado-ciudadano debe sujetarse a reglas claras, precisas y determinadas, en especial a las leyes, que deben desarrollar los mandatos de la Constitución Política del Estado, buscando en su contenido la materialización de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Ley Fundamental.

III.3. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto integran. Representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio". (…) Que, el inc. a) del art. 7 de la Constitución Política del Estado consagra a la Seguridad como uno de los derechos fundamentales de las personas (entendida como exención de peligro o daño; solidez; certeza plena; firme convicción), de lo que se extrae que es deber del Estado proveer seguridad jurídica a los ciudadanos asegurando a todos, el que disfrute del ejercicio de los derechos públicos y privados fundamentales que le reconocen la Constitución y las Leyes; principios que se hallan inspirados en un orden jurídico superior y estable (Estado de Derecho), que satisfaga los anhelos de una vida en paz, libre de abusos“. Jurisprudencia citada reiteradamente en las SC 194/2000-R de 2 de marzo, SC 0391/2003-R de 26 de marzo, SC 0753/2003-R de 4 de junio, SC 0373/2005-R de 14 de abril, SCP 0684/2013 de 3 de junio, SCP 0060/2016 de 24 de junio, entre otros.

4 La seguridad jurídica en el ámbito judicial según la SC 0753/2003- R de 4 de junio. 5La SCP 0316/2010-R de 15 de junio, en su FJ III.3.2 sostuvo que: “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa. En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011-R de 26 de septiembre, el cual expresó que:

…el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia (las negrillas y el subrayado nos corresponden). Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos (CorteIDH), en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:

77. La Corte ha señalado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las “debidas garantías” incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso (las negrillas son adicionadas). Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:

…(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…”. En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. Bajo esa comprensión, es posible concluir que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor jurisdiccional y sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la CADH; y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.

III.4. El enfoque interseccional para el análisis de personas privadas de libertad pertenecientes a las Naciones y Pueblos Indígenas

Originarias Campesinas

El enfoque interseccional se constituye en una herramienta útil para analizar la vulneración de los derechos, en especial de la igualdad, cuando se presentan múltiples factores de discriminación que se entrecruzan e influyen en el ejercicio y goce de los derechos de las personas. A partir de ello, es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad, que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos; las cuales, pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación.

Dicho enfoque, se está incorporando de manera gradual, permitiendo superar un análisis unidimensional, para introducir una interpretación múltiple de la discriminación y las interacciones entre los factores o categorías de discriminación, que se está materializando a través de informes de las instancias de seguimiento y aplicación de las recomendaciones de los instrumentos, tanto en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), como en los Sistemas Regionales. El Tribunal Constitucional Plurinacional, como máximo garante de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, desarrolló de manera enriquecedora el enfoque interseccional a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0010/2018-S2 de 28 de febrero y 0394/2018-S2 de 3 de agosto; sobre cuya base, analizó la situación de los adultos mayores y de las niñas y adolescentes mujeres, víctimas de violencia; sin embargo, este enfoque también se aplica a diferentes categorías de discriminación intersectorial, donde la interacción y concurrencia de estas categorías, producen una forma particular y específica de discriminación. En este marco, el enfoque interseccional con relación a los miembros de naciones y pueblos indígena originario campesinos (NPIOC) privados de libertad, analiza estos dos factores de discriminación y sus interacciones, entendiendo que los derechos deben conectarse permanentemente con la finalidad de identificar y contrarrestar las situaciones concurrentes de vunerabilidad y sistemas de opresión respecto a algunas colectividades y personas. Este análisis además, permite que a través de la justicia, se generen respuestas a situaciones de discriminación y segregación estructural, otorgando una respuesta transformadora y reparadora. En el ámbito del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, existen normas específicas vinculadas a las personas privadas de libertad, que provienen de NPIOC. Una de las más importantes es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, cuyo art. 8.1 establece:

“Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario”. Dicha norma, se vincula con el art. 10 del mismo Convenio, que expresamente señala:

1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. 2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. Conforme a lo anotado, estas normas establecen criterios que tienden a transformar y reparar la situación de los miembros de pueblos indígenas privados de libertad, que se encuentran sometidos a normas de un sistema jurídico ajeno y de sanciones o medidas cautelares que les son ajenas, y que al ser aplicadas, generan mayor vulnerabilidad y no respetan la diversidad ni el pluralismo jurídico. En el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, cabe mencionar a los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, cuyo Principio III, señala:

Principio III Libertad personal 1. Principio básico (…) Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de los pueblos indígenas, deberá darse preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento conforme a la justicia consuetudinaria y en consonancia con la legislación vigente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), destacó la necesidad que la administración de justicia adopte una perspectiva interseccional, tratándose de personas pertenecientes a NPIOC, señalando que los Estados tienen la obligación de:

“…a través de la administración de la justicia, incorporen las necesidades específicas de las mujeres indígenas en sus actuaciones, respetando su identidad cultural, etnia, su lengua, e idiosincrasia, incluso creando sistemas y métodos de peritaje cultural en casos de violencia”.

En general, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, tanto a nivel normativo como jurisprudencial, estableció que los miembros de los pueblos indígenas, tienen derecho irrestricto a que se respete su integridad personal, aun cuando se encuentren privados de libertad; a evitar que se instauren procesos que desconozcan su cultura e identidad y sobre todo impedir que se les discrimine; y de manera concreta, se establece que para garantizar el acceso a la justicia de los miembros de comunidades indígenas, los Estados deben adoptar medidas de protección que tomen en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, sus valores, usos y costumbres. En el ámbito interno, también existen normas, así como jurisprudencia constitucional específica, para el análisis interseccional de la situación de personas privadas de libertad pertenecientes a NPIOC, que serán analizados a detalle en el punto referido a la: La interpretación intercultural cuando uno o más miembros de una nación y pueblo indígena originario campesino se encuentran sometidos en un proceso penal. El entendimiento precedentemente señalado si bien fue establecido en el Voto Disidente a la SCP 1123/2019-S2 de 18 de diciembre; el mismo, fue sostenido por la SCP 0289/2023-S1 de 24 de abril.

III.5. El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de género

La descripción a las reflexiones constitucionales desarrollada en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, fue realizada en la SCP 0268/2020-S1 de 5 de agosto, misma que, con un enfoque interseccional contiene argumentos garantistas y progresivos respecto de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia a efectos de su aplicación mediante una perspectiva de género.

III.5.1.Respecto del enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes, mujeres.

La SCP 0394/2018-S2, en su Fundamento Jurídico III.1, con profundidad abordó este aspecto que se constituye en un elemento importante a tiempo de compulsar y tratar casos donde se advierta a mujeres víctimas de violencia. En ese sentido, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, inicialmente señaló que el enfoque interseccional, es una herramienta útil para el análisis de la vulneración de derechos, y en especial la igualdad al presentarse elementos de discriminación, agregando al respecto que:

“…es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación” (el resaltado es añadido). Asimismo, refirió que el enfoque interseccional, es incorporado gradualmente superando con ello el análisis unidimensional para alcanzar la interpretación múltiple de la discriminación en sus diferentes factores y categorías en cumplimiento a las recomendaciones de instrumentos internacionales como en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará); en ese marco internacional, precisó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) aplicaron el enfoque interseccional al advertir factores de discriminación.

Del razonamiento desplegado por la mencionada SCP 0394/2018-S2, es posible puntualizar que el enfoque interseccional es un instrumento necesario y valioso para analizar, especialmente la vulneración del derecho a la igualdad, permitiendo visualizar de forma plural la discriminación y violencia en general hacia las mujeres; tomando en cuenta para ello, sus desigualdades y necesidades, haciendo eco, a través de ese análisis, sobre las exigencias a nivel internacional como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, siendo uno de sus mandatos, el considerar el estado de vulnerabilidad de la mujer víctima de violencia, por razones diversas. Reanudando, la aludida Sentencia Constitucional Plurinacional, refirió que, en el caso concreto (motivo de su análisis), al tratarse de una mujer víctima de violencia sexual adolescente, debe ser aplicado el enfoque interseccional, que permitirá comprender de mejor forma su vulnerabilidad e identificar criterios reforzados de protección plasmados en la Constitución Política del Estado e instrumentos internacionales; así respecto a la normativa internacional que rige la protección de niñas, niños y adolescentes, en el marco del art. 60 de la CPE, señaló que estos grupos etarios gozan de especial protección y atención de sus derechos, debiendo en consecuencia ser atendidos con preferencia en los centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, y por la Policía Boliviana, entre otros; en tal sentido, añadió que los estándares de protección internacional, son obligatorios para nuestro Estado, ya que a partir de los arts. 13 y 256 de la CPE, discriminación y exclusión por su sexo, que las ha hecho más vulnerables a ser abusadas cuando se ejercen actos violentos contra grupos determinados por distintos motivos, como los privados de libertad...”.

La misma Sentencia en el párrafo 292, también se refirió a las mujeres embarazadas que se encontraban en prisión, indicando que: “…Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos…”. Asimismo, hizo referencia a las madres internas, indicando en el párrafo 330, que: La incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres por razones de maternidad, lo cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre madre e hijo. La imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional a las internas madres.

Por otra parte la Corte IDH, en el Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, en los párrafos 408 y 409, además de analizar la relación de la violencia de género con las relaciones sociales, culturales y económicas de discriminación, para caracterizar a las víctimas, también lo hizo respecto a las discriminaciones de género, pobreza y edad, al hacer referencia a los derechos de las víctimas menores de edad

(…)

En el mismo sentido, la Corte IDH en los Casos Rosendo Cantú y Otra VS. México -Sentencia de 31 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas- y Fernández Ortega y Otros VS. México -Sentencia de 30 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, efectuó el análisis sobre la discriminación y violencia de las mujeres indígenas, estableciendo que debía garantizarse el acceso a la justicia de los miembros de las comunidades indígenas, adoptando medidas de protección que tomen en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, así como sus valores, usos y costumbres.

También cabe mencionar, el Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, en cuya Sentencia de 24 de febrero de 2012 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, donde la Corte IDH hizo referencia a la discriminación sufrida por las mujeres con orientación sexual diversa; pues se impuso a la accionante, que en su condición de mujer atendiera y privilegiara sus deberes como madre (…)”

pueden ser aplicados de forma preferente y favorable; así, citó a dichos estándares internacionales como el art.19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que prevé medidas de protección para los menores; art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, que reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, una obligación para el Estado referido a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral; art. VII de la declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH), que regula sobre la protección y cuidado de los niños; Declaración de los Derechos del Niño que en sus principios 8 y 9 prevé el derecho a la protección ante el abandono cruel y explotación, y la preferencia en recibir socorro y protección; y, el art. 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que en esencia dispone para los Estado el deber de adoptar medidas en favor de la niñez víctima de cualquier forma de abuso o explotación en el marco los mismos principios descritos en la referida Convención. Identificada y descrita la normativa del contexto internacional, la precitada SCP 0394/2018-S2, se refirió a la normativa vinculada a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a la violencia contra niñas y adolescentes; en dicha labor, razonó que el constituyente al haber incorporado el art. 15 en la CPE, reconoció un derecho especifico que deriva en la obligación para el Estado 15Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 19: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica, 1969. Entra en vigor el 18 de julio de 1978. A la cual Bolivia se adhiere mediante Decreto Supremo (DS) 16575 el 13 de junio de 1979, elevado a rango de Ley 1430 de 11 de febrero de 1993. 16Protocolo de San Salvador, art. 16: “Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.” También, art. 15 con el título “Protección de la familia”; en el cual, es muy relevante la obligación de los Estados de brindar adecuada protección al grupo familiar, así dentro del numeral 2, literal c., indica: “adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral”. Suscrito en San Salvador de El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el décimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entró en vigor el 16 de noviembre de 1999. Ratificado por Bolivia mediante Ley 3293 de12 de diciembre de 2005. 17Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. VII: “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”. Adoptada en la novena Conferencia Interamericana, celebrada en Bogotá, Colombia, 1948, conjuntamente con la constitución de la OEA.

18Declaración de los Derechos del Niño, Principio 8: “El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro”. Principio 9: “El niño deber ser protegido contra toda forma de abandono crueldad y explotación (…)”

(en todos sus niveles) para investigar, socorrer y sancionar los actos de violencia contra la mujer; asimismo, agregó que:

“…el Estado al ratificar un convenio internacional de derechos humanos, adquiere la obligación de respetar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento. Así, la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación ... (…) …el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable” (las negrillas son agregadas). Prosiguiendo, la precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, al referirse sobre los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, se remitió a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que se constituye como una de las más relevantes al señalar que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide el goce de sus derechos y libertades en igualdad con el hombre, y que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal en cuanto a la implementación de mecanismos necesarios de protección y prevención para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas; de igual forma la indicada jurisprudencia, respecto al acceso a la justicia de las mujeres señaló que:

“...El mencionado Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria;

limitaciones que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres. En dicha Recomendación, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso. El mencionado Comité de la CEDAW, también recomienda a los Estados Partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Asimismo, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar” (el resaltado es ilustrativo). En ese marco, añadió que en el caso el Caso LC vs. Perú -octubre 2011, la Decisión asumida por el Comité de la CEDAW, es un importante precedente por cuanto el referido Comité, además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada, que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual. Sujetándose a la normativa internacional descrita, la mencionada SCP 0394/2018-S2, advirtió que conforme a la Ley 548 de 17 de julio de 2014, denominada Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), el Estado (multinivel) adquiere una corresponsabilidad a través de sus instituciones, y las niñas, niños y adolescentes adquieren derechos y son sujetos de protección contra toda violencia, priorizando su resguardo. Por su parte, en referencia a la Ley 2033 de 29 de octubre de 1999, Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual, y Ley 348 de 9 de marzo de 2013, titulada Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, refirió que estos actos legislativos contienen un conjunto de disposiciones en favor de las víctimas; entre ellas: La obligación de la autoridad que investiga delitos contra la violencia sexual, para ordenar las medidas necesarias de la protección a la víctima, sus familiares, dependientes y testigos entre otros; el establecimiento de mecanismos y medidas integrales de prevención, atención y reparación a mujeres en situación de violencia, implementando para ello, el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE); la prioridad nacional del Estado en la erradicación de la violencia hacia las mujeres; y, la obligación de articular servicios, acciones y políticas integrales destinadas a la atención, sanción y erradicar todo tipo de violencia por parte del Nivel Central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas (ETA). En ese marco, la antedicha SCP 0394/2018-S2, refirió que de acuerdo al contenido regulatorio del art. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), en los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público debe brindar una protección inmediata a los mismos; además, puntualizó que:

“…si bien internamente tenemos un adecuado desarrollo normativo; sin embargo, es evidente que las disposiciones legales, en muchos casos, requieren ser interpretadas, considerando el contexto de violencia -estructural y concreta- de la víctima, así como su situación especial de vulnerabilidad. Es, en ese marco de interpretación, que tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; cuales son, interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad. En el Capítulo VIII del citado Código, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual; disponiendo se diseñen e implementen políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz. Así, el art. 145.I, establece que: “La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual”. Por su parte, el art. 148.II inc. a) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), respecto a este sector poblacional, prevé el derecho de ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual; la cual es definida como: “…toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente”. Asimismo, el art. 157 del CNNA, en el marco del derecho de acceso a la justicia, establece: I. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado (…) IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia (las negrillas son incorporadas)”.

interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente.

En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar” (el resaltado es añadido). Prosiguiendo, la SCP 0394/2018-S2, en su Fundamento Jurídico III.2 bajo el título: “Sobre el riesgo procesal de fuga de peligro efectivo para la víctima o el denunciante en delitos relacionados contra la mujer” señaló que, al ser la detención preventiva meramente instrumental, la aplicación de su restricción resulta una excepcionalidad, debiendo concurrir simultáneamente las exigencias de los numerales 1 y 2 del art. 233 del CPP; así, en cuanto a los peligros de fuga y obstaculización, de acuerdo a los arts. 234 y 235, de la referida norma procesal penal, para decidir sobre su concurrencia, se debe realizar una avaluación integral de las circunstancias existentes, como el “peligro efectivo para la víctima o el denunciante”, previsto en el actual art. 234.7 del CPP. Asimismo, remitiéndose a la SCP 0056/2014 de 3 de enero, que declaró la constitucionalidad del entonces art. 234.10 -ahora-art. 234.7 del CPP, señaló que, el peligro efectivo para 23“Sobre esta circunstancia, la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0056/2014 de 3 de enero -que declaró la constitucionalidad del art. 234.10 del CPP-, señaló en el Fundamento Jurídico III.5.3, que:

En definitiva, el peligro relevante en materia penal al que hace referencia la norma demandada, es la posibilidad de que la persona imputada cometa delitos, pero no el riesgo infinitesimal al que se refiere Raña y descrito en el Fundamentos Jurídicos III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sino el riesgo emergente de los antecedentes personales del imputado por haberse probado con anterioridad que cometió un delito, lo que genera una probabilidad adicional de delinquir; más, esa situación es similar a la establecida en el art. 234.8 del CPP, referido a: “La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior”; empero, aunque parecida no es similar, encontrando diferencia puesto que la norma demandada adicionalmente precisa que la situación de peligrosidad sea efectiva, mientras que la del art. 234.8 del CPP, precisa antecedentes criminales reiterados; en ese orden, es también necesario comprender la efectividad de la peligrosidad exigida por la norma demandada.

El concepto “efectivo” que se debe adicionar a la peligrosidad para que opere como fundamento de la detención preventiva por peligro de fuga, hace alusión, según el diccionario jurídico que utiliza este Tribunal, a un apeligro existente, real o verdadero, como contraposición a lo pretendido, dudoso, incierto o nominal; es decir a un peligro materialmente verificable, más allá del criterio subjetivo del juez, que puede ser arbitrario, por ello supone la asistencia de elementos materiales comprobables en la situación particular concreta desde la perspectiva de las personas y los hechos, por ello se debe aplicar bajo el principio de la razonabilidad y la proporcionalidad, no encontrando en ello ninguna inconstitucionalidad por afectación del debido proceso o de la presunción de inocencia consagrados constitucionalmente.

En consecuencia, el peligro efectivo, encuentra justificación en la necesidad de imponer medidas de seguridad a las personas que hubieran sido encontradas culpables de un delito anteriormente, pero no le sindica como culpable del ilícito concreto que se juzga, ni provoca que en la tramitación del proceso sea culpable del presunto delito cometido.

la víctima o el denunciante debe ser materialmente verificable, suponiendo ello, la existencia de elementos comprobables sobre la situación de las víctimas; en tal sentido, agregó que, en supuestos de violencia contra las mujeres, corresponderá a los fiscales y autoridades judiciales desde una perspectiva de género, considerar “la situación de vulnerabilidad o desventaja en la que se encuentre la víctima o denunciante respecto al imputado; las características del delito cuya autoría se atribuye al imputado; y, la conducta exteriorizada por éste, contra la víctima o denunciante, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si la misma puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos, tanto de la víctima como del denunciante”. En ese contexto, la referida SCP 0394/2018-S2, sostuvo que las medidas destinadas a desvirtuar los peligros de fuga del antes art. 234.10 -ahora art. 234.7- del CPP -peligro efectivo para la víctima o denunciante-, no debe significar una revictimización; por ello, los fiscales y jueces deben considerar que, en muchas veces, las garantías personales o mutuas solicitadas por los imputados para desvirtuar dicho riesgo, se constituyen en medidas revictimizadoras debido a que la víctima tiene que enfrentarse con su agresor, desnaturalizando además la protección que el Estado debe otorgar a las mujeres víctimas de violencia, ya que incluso, según el art. 35 de la Ley 348, ellas tienen el derecho de solicitar las medidas de protección, cuya finalidad, según el art. 32.I de la referida norma es:

“…interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantías, en el caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente” En tal sentido, la mencionada SCP 0394/2018-S2, concluyo precisando tres aspectos a ser considerados, según los siguientes términos:

“Consiguientemente, a partir de todo lo explicado, en el marco de las medidas de protección exigidas al Estado boliviano, por las normas nacionales e internacionales, las autoridades fiscales y judiciales, deben considerar que:

a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante; b) De manera específica, tratándose del delito de trata de personas, deberá considerarse la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas que sufrieron engaño, fraude, violencia, amenaza, intimidación, coerción, abuso de autoridad, o en general, ejercicio de poder sobre ellas; y,

En casos de violencia contra las mujeres, la solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado, como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.10 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ella y no el imputado, la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos”. De todo lo descrito y desarrollado por la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, citado y precisado en la SCP 0268/2020-S1 de 5 de agosto, se tiene que, estas, contienen reflexiones constitucionales con un enfoque interseccional, que contribuyen en la tarea de reforzar y garantizar la protección de las niñas y adolescentes mujeres víctimas de violencia conforme al bloque de constitucionalidad y la normativa nacional; lo cual, sin duda alguna, las sitúan dentro el ámbito de la doctrina del estándar más alto respecto a la protección de este grupo altamente vulnerable; extremo, que conlleva a que dichos razonamientos, deben ser aplicados por las instancias investigativas (policiales y fiscales) y jurisdiccionales en todos los casos en los que se advierta como víctimas a niñas y adolescentes mujeres; cumpliendo de esta forma, con las exigencias internacionales a nuestro Estado, respecto de la obligación de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer (niñas y adolescentes), guiados a una finalidad mayor que es la erradicación total de la violencia y protección a las víctimas.

III.6.De la interpretación de la legalidad ordinaria

Al respecto, la SCP 0049/2020-S1 de 13 de julio, en el marco de la progresividad para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a la invocación de tutela respecto a la errónea interpretación de la legalidad ordinaria, fundamentó la aplicación de la línea jurisprudencial más favorable al justiciable, partiendo de la base prevista por el art. 196.I de la CPE24, en la parte en la que se establece que el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene como uno de sus fines precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales, indicando que existe un mandato constitucional para maximizar el acceso a la justicia constitucional y para ello se debe aplicar la interpretación que favorezca la procedencia de las acciones de tutela, cumpliendo así la disposición de los arts. 13 y 256 de la CPE, los cuales a la vez exigen que ante varias interpretaciones o normas jurídicas aplicables a un caso concreto, se debe elegir la más favorable al derecho o garantía constitucional. En ese orden, explicó que -entre otros- se cuenta con los métodos de interpretación histórico, gramatical y teleológico.

Sobre esa base, y retomando el art. 196.I de la CPE, explicó que el Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en el supremo guardián y máximo intérprete de la Constitución, al tener la potestad exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad, en cuya misión está la protección efectiva e idónea de los derechos fundamentales de las personas, es decir, resguarda la supremacía de la Constitución frente al ordenamiento jurídico ordinario, en esa lógica es congruente afirmar que es atribución del Tribunal Constitucional Plurinacional interpretar la Constitución, y de la jurisdicción ordinaria, interpretar el resto del ordenamiento jurídico o lo que es lo mismo, la legalidad infra constitucional u ordinaria, sin perder de vista que la interpretación ejercida por la jurisdicción ordinaria debe darse en el marco de la Constitución Política del Estado, ya que dicha interpretación es susceptible de una revisión constitucional, a través de las diferentes acciones de tutela, según los derechos denunciados de vulnerados. No obstante teniendo ello claro, la SCP 0049/2020-S1 aludida, recogió el devenir de la jurisprudencia constitucional en torno a ese tema y a las condiciones previstas para ingresar a su revisión; en ese marco, identificó el entendimiento contenido en la SC 1846/2004-R de 30 de noviembre, cuyo razonamiento fue ratificado por la SC 1917/2004-R de 13 de diciembre, concluyendo que la interpretación de la legislación infra constitucional corresponde a la jurisdicción común y a la jurisdicción constitucional le 25 Rivera Santivañez, J. A. “Jurisdicción Constitucional”, cit., pp. 58."Es el máximo guardián de la Constitución, porque el constituyente le ha encomendado la labor de resguardar la supremacía de la Constitución frente al ordenamiento jurídico ordinario, desarrollando el control especializado y concentrado de la constitucionalidad de las disposiciones legales, emitiendo sentencias con efecto general o erga omnes, anulando la disposición legal incompatible con la Constitución y expulsándola del ordenamiento jurídico del Estado. Dada la naturaleza jurídica de la función que desempeña, es el supremo intérprete de la Constitución, lo cual no significa que el resto de los órganos del poder público en general, los jueces y tribunales en particular, estén impedidos de realizar la interpretación de la Constitución para resolver el caso concreto sometido a su conocimiento; lo que sucede es que, si bien todas las autoridades y funcionarios públicos interpretan la Constitución, quien cierra el proceso realizando una interpretación que vincula a todos los órganos del poder público, autoridades y particulares es el Tribunal Constitucional, por ello se convierte en el último intérprete de la Constitución'. 26. En el F.J. III.1. “Si bien la interpretación de la legalidad ordinaria debe ser labor de la jurisdicción común, corresponde a la justicia constitucional verificar si en esa labor interpretativa no se han quebrantado los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; principios a los que se hallan vinculados todos los operadores jurídicos de la nación; dado que compete a la jurisdicción constitucional otorgar la protección requerida, a través de las acciones de tutela establecidas en los arts. 18 y 19 de la Constitución, ante violaciones a los derechos y garantías constitucionales, ocasionadas por una interpretación que tenga su origen en la jurisdicción ordinaria, que vulnere principios y valores constitucionales”. 27 queda claro que la interpretación de la legislación ordinaria corresponde a la jurisdicción común y a la jurisdicción constitucional le compete verificar si en la labor interpretativa se cumplieron los requisitos de la interpretación admitidos por el derecho y si a través de ese proceso interpretativo arbitrario se lesionó algún derecho fundamental.

compete revisar dicha interpretación, a efectos de verificar si se vulneró algún derecho fundamental, entendiendo de ello que se aplicó un entendimiento amplio para realizar dicha verificación de la interpretación de la legalidad ordinaria, es decir, sin la exigencia del cumplimiento de requisito alguno por parte de los justiciables al fin buscado por ellos; sin embargo, luego se identificó que a partir de la SC 0718/2005-R de 28 de junio, cambió la línea jurisprudencial a una restrictiva, ya que exigió una carga argumentativa imponiendo el deber de exponer de manera clara y precisa los principios o criterios interpretativos no cumplidos o desconocidos por los jueces o tribunales ordinarios en la interpretación realizada y consiguiente aplicación de la norma interpretada, concluyendo que no era suficiente la simple relación de hechos o la sola enumeración de las normas legales supuestamente infringidas para que la jurisdicción constitucional pueda realizar la labor de verificación requerida por el afectado; así, en esa misma línea y estableciendo mayores requisitos aun la SC 0085/2006-R de 25 de enero -identificando dos requisitos al efecto-remarcó que la posibilidad del análisis de la interpretación que los jueces y tribunales ordinarios realizaron solo se circunscribe a aquellos casos en los que se impugna dicha labor en el recurso constitucional, siempre y cuando expliquen la razón por la que se considera insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, así como también exigió que se explique sobre la identificación de las reglas omitidas al momento de arribar a dicha interpretación, precisando los derechos constitucionales afectados en ese marco de interpretación considerado deficiente por el afectado, ya que debía establecerse el nexo de causalidad entre la cuestionada interpretación y dichos derechos, concluyendo dicho razonamiento constitucional que solo así la denuncia planteada tendría relevancia constitucional. Asimismo, la mencionada SCP 0049/2020-S1 continuó analizando el citado entendimiento restrictivo y advirtió que el mismo se convirtió en línea jurisprudencial, ya que fue ratificada por la jurisprudencia constitucional posterior, de lo que se entiende que hubo una consolidación restrictiva del alcance y la posibilidad de la revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria. A partir de allí, las SSCC 1038/2011-R de 22 de junio, 1718/2011-R de 7 de noviembre, entre otras, mismas que fueron confirmadas por la SCP 0039/2012 de 26 de marzo, reiterada en la SCP 0878/2014 de 12 de mayo, 0340/2016-S2 de 8 de abril, asumieron que quien pretenda que este Tribunal realice la interpretación de la legalidad ordinaria debía cumplir los siguientes tres requisitos: a) Explicar por qué consideraba que la interpretación realizada era insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, para lo cual debía identificarse las reglas interpretativas omitidas por el órgano judicial o administrativo b) Precisar los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, explicando el nexo causal entre éstos y la interpretación cuestionada; y, c) Establezca el nexo de causalidad entre el primer requisito y el segundo, explicando la relevancia constitucional. En contraste a dicho razonamiento restrictivo, este Tribunal pasó a dictar la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que retomó la primera línea considerada en este análisis, consistente en la asumida en la SC 1846/2004-R de 30 de noviembre, con la inquietud de no dejar de lado el deber primordial de garantizar el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, entendiendo de ello que lo que motivó esa reconducción de línea fue que los requisitos promovidos por la jurisprudencia constitucional restrictiva interrumpía dicha garantía, enfocándose en lo formal por sobre lo sustancial. A ese efecto, la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, explicó que, si bien esa carga argumentativa exigida a través del cumplimiento de los requisitos identificados supra guiaban el análisis de la interpretación cuestionada, empero arribó al razonamiento de que los citados requisitos no podían ser considerados insoslayables, provocando así un quiebre en dicha línea restrictiva, ya que pudo advertir la esencia de la finalidad de la jurisdicción constitucional a la hora de recibir el mandato de garantizar los derechos fundamentales, entendiendo que ese mandato solo era posible si no se condicionaba la revisión de la labor interpretativa denunciada de vulneradora de derechos al cumplimiento de dichos requisitos, pues de ese modo se estarían convirtiendo en una forma de dejar pasar un acto inconstitucional solo por aspectos formales, cuando el relato de los hechos realizado por el impetrante de tutela puede ser suficiente para poder evaluar la labor interpretativa cuestionada por éste; al respecto, la indicada SCP 0049/2020-S1, advirtió que dicho razonamiento fue asumido uniformemente por posteriores Sentencias Constitucionales Plurinacionales. De la revisión de la evolución de la línea jurisprudencial, se advirtió claramente cómo se fue aplicando un razonamiento restrictivo y luego uno amplio en cuanto a la interpretación de la legalidad se refiere y en ese contexto, esta Magistratura relatora, en atención a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la aludida SCP 0049/2020-S1, en cuanto 31 En su FJ III.3 señaló: “razonamientos que fueron asumidos por este Tribunal de manera uniforme en las SSCC 1474/2013 de 22 de agosto; 0276/2015-S1 de 26 de febrero; 0104/2016-S2 de 15 de febrero; 0031/2017-S2 de 6 de febrero; 0350/2017-S1 de 21 de abril; 0231/2018-S2 de 28 de mayo; 0380/2018-S2 de 24 de julio; 0074/2019-S2 de 3 de abril, entre otras“. 32 “En cuanto a la aplicación del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional y sus efectos, la SCP 2233/2013 de 16 de diciembre, en su Fundamento Jurídico III.3, expresa lo siguiente: ”Nos referimos, con la expresión estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, para resaltar aquélla o aquéllas decisiones del Tribunal Constitucional que hubieran resuelto un problema jurídico recurrente y uniforme, pero de manera progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad. El método de identificación del estándar más alto en la jurisprudencia constitucional, es a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, de tal forma que el precedente constitucional en vigor se constituirá en aquél que resulte de dicha comparación.

Sobre el análisis dinámico de la jurisprudencia constitucional a través de las líneas jurisprudenciales, se tiene la SCP 0846/2012 de 20 de agosto, que estableció: ’No es suficiente la identificación del precedente constitucional, a través del análisis estático de la jurisprudencia, se debe analizar la jurisprudencia constitucional también a través de un análisis dinámico, es decir, se debe apreciar de manera sistemática el desarrollo de la jurisprudencia, para ubicar el precedente constitucional en vigor en la línea jurisprudencial.

Las líneas jurisprudenciales, son la técnica para hacer el análisis dinámico de la jurisprudencia constitucional. Son las respuestas o soluciones que la jurisprudencia ha dado a determinado problema jurídico, está conformada por un conjunto de sentencias que abordaron determinada temática.

La jurisprudencia constitucional al ser en esencia evolutiva, se van modulando, ya sea extendiendo, o en su caso, restringiendo sus alcances, de ahí que es preciso hacer un recorrido entre las sentencias básicas o creadoras de líneas, sentencias moduladoras de líneas, sentencias confirmadoras o reiteradoras de línea, sentencias mutadoras o cambiadoras de línea y sentencias reconductoras de línea, porque sólo con este análisis dinámico de las sentencias que conforman la línea jurisprudencia se identifica el precedente constitucional en vigor’.

En este sentido, el uso del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional al menos tiene dos consecuencias prácticas:

i) Provoca que un juez o tribunal en caso de contar con dos sentencias constitucionales contradictorias elija de acuerdo a las particularidades de cada caso el entendimiento que tutele de manera más adecuada los derechos fundamentales que llega a ser el estándar más alto.

ii) Asimismo, de existir diversos entendimientos jurisprudenciales no antagónicos sino progresivos los mismos deben armonizarse para la resolución más adecuada del caso en atención a los derechos fundamentales obteniéndose vía integración de jurisprudencia el estándar más alto.

Este entendimiento tiene su fundamento en lo establecido por los arts. 13.IV y 256 de la CPE, que configuran la obligación de interpretación más favorable en materia de Derechos Humanos, teniendo como parámetros las cláusulas de interpretación contenidas en los Tratados y Convenios Internacionales sobre la materia, entre ellas, el principio pro homine, que establece que el juzgador debe aplicar aquellas normas y criterios de interpretación que resulten más favorables al respeto y goce de los derechos constitucionales de las personas.” (las negrillas nos corresponden).

De lo desarrollado por la jurisprudencia descrita, se infiere que, esta instancia constitucional, con el propósito de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado y el respeto de la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, efectúa una labor hermenéutica que genera una amplia jurisprudencia, que luego de su análisis dinámico e integral se identifica aquellas que resolvieron un problema jurídico recurrente y uniforme con razones e interpretaciones consideradas progresivas y favorables en cuanto a la protección de los derechos fundamentales, mismas que, según sus particularidades se constituyen en el estándar más alto.

Ahora bien, en lo que respecta a la aplicación de los precedentes que pertenecen a la doctrina del estándar más alto, según lo descrito por la antedicha jurisprudencia constitucional, su uso conlleva dos consecuencias prácticas; una de ellas, referida a que el juzgador al momento de resolver un caso concreto y después de corroborar la existencia de dos razonamientos contrarios al interior de la jurisprudencia constitucional, puede optar por vincularse a la que responde al estándar más alto, que otorga tutela de manera más progresiva y favorable; lo cual, dentro la dinámica hermenéutica constitucional, así como el carácter progresivo a la aplicación del estándar más alto, ante la existencia de dos líneas jurisprudenciales contradictorias entre sí, consideró que al haberse incorporado un conjunto de derechos y garantías constitucionales en favor de las personas, que constituye al Estado Plurinacional de Bolivia en un Estado garantista, lo cual emerge también del ya citado art. 196 de la CPE, que prevé la misión de precautelar la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, es un mandato constitucional el ajustar los razonamientos aplicados en la resolución de los casos presentados, al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales (arts. 13.I y 256.I de la CPE). En ese mérito, ante la existencia de entendimientos contradictorios entre sí, se constituye en un deber el aplicar aquellos que sean más favorables y menos restrictivos para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a su invocación de tutela, vía acciones de defensa; por ello, dada la exigencia de carga argumentativa, por un lado, traducida en requisitos para activar la vía constitucional cuando se den vulneraciones en la actividad interpretativa de la legalidad ordinaria y por otro lado, advertido otro razonamiento que no se somete a dicha exigencia, esta Magistratura relatora acoge el criterio más favorable y garantista, es decir, el asumido por la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que se constituye en el estándar más alto de acuerdo a lo desplegado en el Fundamento Jurídico III.1 de la tantas veces y el principio de favorabilidad de los derechos fundamentales previsto en los arts. 13.I y 256.I de la CPE, resulta constitucionalmente permisible y se constituye en una obligación conforme a los tratados internacionales que prevén derechos más favorables a las contenidas en la misma Norma Suprema e impele a nuestro Estado a su aplicación como parte suscribiente de dichos tratados“.

33 “El art. 196.I de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”; conforme a ello, una de las funciones que tiene mayor incidencia sobre los ciudadanos, es la tutela vinculada a la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales a través de la resolución de las acciones de defensa; por ende, este Tribunal está obligado a maximizar el acceso a la justicia constitucional, efectuando una interpretación favorable de las causales de procedencia de las diferentes acciones tutelares, a partir de las normas constitucionales previstas en los arts. 13 y 256 de la CPE, que exigen que, entre varias interpretaciones o normas jurídicas aplicables a un caso concreto, se debe elegir aquella que resulte más favorable al derecho o garantía constitucional.

Este criterio de interpretación está contenido en el art. 2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que reitera los criterios de interpretación que deben ser utilizados por el Tribunal Constitucional Plurinacional en su labor jurisdiccional descritos en el art. 196.II de la CPE, referidos a la voluntad del constituyente, de acuerdo a sus actas y resoluciones - interpretación histórica- al tenor literal del texto de la Constitución Política del Estado -interpretación gramatical-; haciendo además referencia a otros criterios, como la aplicación de la interpretación sistemática de la Norma Suprema; y, de la interpretación según los fines establecidos en los principios constitucionales -interpretación teleológica-.

El art. 2.II.2 del CPCo reitera los criterios específicos de interpretación de los derechos humanos que están señalados expresamente en los arts. 13 y 256 de la CPE, conforme quedó indicado precedentemente; así, establece que el Tribunal Constitucional Plurinacional podrá aplicar:

Los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, de acuerdo con los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el país, cuando éstos prevean normas más favorables. En caso de que esos tratados declaren derechos no contemplados en la Constitución Política del Estado se considerarán como parte del ordenamiento constitucional.

Ahora bien, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el marco de los principios de favorabilidad y progresividad, pronunció las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, en las que se estableció que el precedente constitucional en vigor o vigente, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva, a través de una interpretación que tienda a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; estándar, que se escoge después del examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, ya no solamente a partir del criterio temporal de las sentencias constitucionales -si fue anterior o posterior- que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento jurisprudencial, sino sobre todo, aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho.

mencionada SCP 0049/2020-S1, que explicó la fuerza vinculante de aquel precedente constitucional que contenga el estándar jurisprudencial más alto. Consiguientemente, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, fundamentó el cambio de razonamiento basado en todas las consideraciones realizadas precedentemente, en los siguientes términos:

Bajo esa comprensión, lo precedentemente descrito, se constituye en un cambio de razonamiento para la suscrita Magistrada, que a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se adhiere a la reflexión constitucional desarrollada en la mencionada SCP 0410/2013, por considerar que, esta desarrolla entendimientos más progresivos para el acceso a la justicia constitucional cuando se denuncia vulneraciones de derechos y garantías fundamentales en la interpretación de la legalidad ordinaria realizada por los jueces o Tribunales ordinarios; es así que la referida jurisprudencia constitucional, en el afán de hacer más accesible la justicia constitucional en relación a estas denuncias, suprimió los requisitos de carga argumentativa exigidos por otras líneas antes vigentes para la interpretación de la legalidad ordinaria. . En ese marco, reiterando el contenido esencial del razonamiento precedentemente citado, se tiene a bien concluir que la ausencia de carga argumentativa a la hora de denunciarse una errónea interpretación de la legalidad ordinaria –la cual incluye la administrativa-, no importa un óbice para ingresar al fondo de dicha denuncia, es decir, que el Tribunal Constitucional Plurinacional ingresará a revisar la interpretación aludida en base a la denuncia constitucional, realizada a través de las acciones de tutela, y resultado de dicho análisis revisará la interpretación considerada vulneradora de derechos por el impetrante de tutela y como resultado de esa revisión se concederá o denegará la tutela solicitada.

III.7. Del alcance del art. 391 del CPP. Línea Jurisprudencial constitucional

El Código de Procedimiento Penal en su contenido reconoce la diversidad cultural en nuestro Estado; es por ello que, en su art. 391 expresamente establece que:

Artículo 391º.- (Diversidad cultural). Cuando un miembro de un pueblo indígena o comunidad indígena o campesina, sea imputado por la comisión de un delito y se lo deba procesar en la jurisdicción ordinaria, se observarán las normas ordinarias de este Código y las siguientes reglas especiales:

1) El fiscal durante la etapa preparatoria y el juez o tribunal durante el juicio serán asistidos por un perito especializado en cuestiones indígenas; el mismo que podrá participar en el debate, y, 2) Antes de dictarse sentencia, el perito elaborará un dictamen que permita conocer con mayor profundidad los patrones de comportamiento referenciales del imputado a los efectos de fundamentar, atenuar o extinguir su responsabilidad penal; este dictamen deberá ser sustentado oralmente en el debate.

Ahora bien, respecto a este precepto normativo penal, la jurisprudencia constitucional emanada de este Tribunal Constitucional Plurinacional; a partir de la interposición de una acción de amparo constitucional en la que el accionante denunció que dentro del proceso penal que se le sigue por la comisión de los delitos de avasallamiento, estafa y otros, los demandados –miembros de un tribunal de sentencia penal– no designaron un perito especializado en cuestiones indígenas y dieron continuidad al juicio oral, sin considerar que “…de acuerdo a lo establecido por el art. 391 del CPP…” (sic) y en virtud a los derechos de los pueblos indígenas originario campesinos debió anularse obrados hasta la imputación formal; mediante la SCP 1235/2017-S1 de 28 de diciembre, sostuvo que:

El hecho de incluirse un perito especializado en cuestiones indígenas, desde la etapa preparatoria dentro del proceso penal ordinario, implica el respeto al reconocimiento de la plurinacionalidad establecido en la Constitución Política del Estado, que tiene que ver con la garantía del ejercicio de los derechos de las NPIOC en lo que concierne a su sistema socio cultural; es decir, sus formas de relacionamiento en virtud a sus cosmovisiones dentro de su comunidad y con las demás personas, como parte integrante de dichas naciones y pueblos; que forma parte de un proceso descolonizante de la justicia. Aunque, la disposición mencionada no implica todavía una verdadera inclusión de los sistemas de justicia indígena, puesto que aún persiste un sometimiento a la justicia ordinaria, a pesar de que la misma Norma Suprema instituye una igualdad jerárquica entre ellas, puesto que el artículo en cuestión establece que el indígena se someterá al Código de Procedimiento Penal y el perito que viene a ser un intermediario entendido en cuestiones indígenas, que tiene la función de acompañamiento a la autoridad Fiscal durante la investigación que debe realizar sobre los delitos que se les imputa al miembro o miembros de los pueblos indígenas, a fin de proporcionarle datos o ejemplos de las formas de vida que aplican aquellos en las relaciones sociales, conforme a su identidad cultural, cuando lo requiera y en caso del juez o Tribunal, emitirá su informe sobre los patrones de comportamiento del mismo, el cual es tomado en cuenta para fundamentar, atenuar o extinguir su responsabilidad penal, en todo caso teniendo dicha autoridad la última palabra. (negrillas agregadasa). Bajo ese entendimiento, se concede la tutela impetrada, estableciendo que si bien las autoridades demandada designaron un perito en cuestiones indígenas en etapa de juicio oral; sin embargo, considerando que el art. 391 del CPP dispone la designación desde la imputación formal, correspondía que dichas autoridades observen la vulneración de los derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, de conformidad a una interpretación favorable enmarcada a los derechos de dichas naciones, debiendo corregir el procedimiento y anular obrados hasta antes de la radicatoria de la acusación y devolver el expediente al juez de instrucción penal. Posteriormente, en un caso análogo, en el que el impetrante de tutela denunció que, dentro del proceso penal seguido por la presunta comisión del delito de asesinato, en etapa de juicio, los ahora demandados rechazaron su incidente de nulidad sustentado en que en etapa preparatoria no se designó un perito especializado en cuestiones indígenas, aplicando e interpretando de forma errónea el art.391 del CPP, este Tribunal reiterando el entendimiento contenido en la SCP 1235/2017-S1, profirió la SCP 1123/2019-S2 de 18 de diciembre, concediendo en parte la tutela, disponiendo dejar sin efecto el fallo emitido por los demandados, además, de anular obrados hasta antes de la presentación de la imputación formal. Luego, en una acción de amparo constitucional en la que el accionante denunció que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presentación comisión del delito de abuso sexual, las autoridades demandadas rechazaron su incidente planteado por defectos absolutos en el que se alegó que la etapa preparatoria se desarrolló sin la designación de un perito, este Tribunal pronunció la SCP 0207/2021-S2 de 7 de junio, sosteniendo que:

Además de lo expresado ut supra, corresponde puntualizar que la víctima en el proceso penal es una menor de edad; de modo tal, que este Tribunal no puede soslayar ese aspecto relevante, habida cuenta que los derechos y garantías constitucionales de la menor tienen igual jerarquía e importancia que los del accionante; por cuanto ella también pertenece a un grupo vulnerable de la sociedad, debido a la minoridad de edad; empero, de conformidad al razonamiento glosado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, referido al alcance del art. 391 del CPP, desde una perspectiva plural, desarrollado por la SCP 1235/2017-S1: Obligación ineludible del fiscal durante la etapa preparatoria y del juez o tribunal durante el juicio de designar a un perito especializado en cuestiones indígenas cuando un miembro de una NPIOC, sea imputado por la comisión de un delito. No obrar en dicho sentido constituye defecto absoluto no convalidable; en tal sentido, es menester resaltar que de los antecedentes anexados al caso de autos, se conoce que el ahora demandante de tutela tenía actividad laboral de profesor de guaraní en una unidad educativa de la Capital del departamento de Santa Cruz; ello, denota que tenía y tiene conocimiento del idioma español, aspecto que debe considerarse en razón de que amén de pertenecer a la nación guaraní, la formación profesional del impetrante de tutela para impartir clases de guaraní, hace que no se abstraiga del medio en el que desarrolla sus actividades laborales; de la misma manera, corresponde enfatizar que en el desarrollo de la etapa preparatoria, el solicitante de tutela no reclamó la participación de un perito especializado en cuestiones indígenas, sino por el contrario, recién lo hizo en una etapa más avanzada del proceso; es decir, en juicio oral; consiguientemente, en virtud de lo estatuido en el art. 391.1 del CPP, a efectos de resguardar y precautelar los derechos y garantías constitucionales del accionante, corresponde que dentro del proceso penal se considere la participación de un perito especializado en cuestiones indígenas; por tanto, es pertinente retrotraer el proceso penal conforme lo dispuesto por la Sala Constitucional y no hasta la imputación formal como requirió el peticionante de tutela. (negrillas agregadas). Consecuentemente, del contenido expresado precedentemente, se advierte que, la aludida Sentencia Constitucional Plurinacional, al realizar el análisis correspondiente del caso, establece que es evidente que debe respetarse los derechos y garantías que le asisten al imputado en su condición de indígena; no obstante, en el caso debía tenerse en cuenta que la víctima es una menor de edad que también forma parte de un grupo vulnerable; por ello, si bien se concede la tutela solicitada, únicamente se dispone el reinicio del proceso penal en la fase de emisión del auto de apertura de juicio oral. Posteriormente, en conocimiento de una acción de amparo constitucional en la que el accionante denuncia que dentro del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de peculado y otros, en la etapa preparatoria no se dispuso la asistencia de un perito especializado en temas indígenas, el Tribunal Constitucional Plurinacional reiterando la SCP 1235/2017-S1 pronunció la SCP 1119/2022-S1 de 10 de octubre, resolvió conceder en parte la tutela solicitada, anulando obrados hasta antes de la presentación de la imputación formal. Finalmente, en otra acción de amparo constitucional en la que el impetrante de tutela denuncia que dentro del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de violación agravada, el juez de control jurisdiccional, en audiencia, sin la indicada designación, hizo reconocer su culpabilidad, emitiendo sentencia sin la elaboración ni sustentación oral de dictamen de especialista; este Tribunal emitió la SCP 0289/2023-S1 de 24 de abril, denegando la tutela solicitada, por cuanto:

“1. Respecto al Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Zudáñez del departamento de Potosi. (…) En ese entrever, habiéndose identificado que el Juez -ahora demandado-, no cumplió con la norma procesal penal que efectúa un reconocimiento de los derechos de las NPIOC y de sus miembros dentro de los procesos penales, desde la etapa preparatoria hasta la ejecución de las sanciones; evidentemente hubo una lesión del derecho al debido proceso de AA, con la aclaración de que todo lo anteriormente expuesto no exculpa al accionante de su responsabilidad, sino lo que se pretende es que el procedimiento seguido en la causa penal esté conforme a la normativa en resguardo de los derechos constitucionales de los miembros de las NPIOC. De lo desarrollado precedentemente, no se debe perder de vista que en el caso penal que se persigue contra AA, la víctima es una mujer menor de edad que de igual manera merece protección reforzada y primordial de sus derechos como víctima de abuso sexual perpetrado por AA y otros, ello, bajo el enfoque interseccional desarrollado en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional. (…) Así las cosas, de acuerdo a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado el principio de ponderación; el cual, se utiliza en la hermenéutica constitucional para establecer un orden de preferencia entre los principios o derechos en colisión, debiendo en tal caso determinar cuál es el peso específico de los mismos, vale decir la importancia de cada uno de ellos en el caso que se analiza; para lo cual, se debe buscar el equilibrio práctico entre las necesidades de los titulares de dichos derechos que se encuentran en conflicto, lo cual implica que cuanto mayor sea el grado de la falta de satisfacción o de la afectación de un derecho, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro… (…) Se debe señalar que, a partir de la aplicación del enfoque interseccional, en casos de delitos contra mujeres adolescentes víctimas de violencia tal cómo se explicó en el Fundamento Jurídico III. 4 de este fallo constitucional, la situación de desventaja de la víctima frente al imputado y las características del delito cuya autoría se atribuye al -ahora accionante- y la gravedad del mismo, se llega a la conclusión de que la satisfacción del derecho al debido proceso en sus vertientes de derecho a la defensa con relación al principio de legalidad, a la igualdad procesal y a la tutela judicial efectiva del -ahora peticionante d tutela-, no justifica la afectación del derecho de la víctima a su libertad sexual y a vivir libre de violencia; ya que, el hecho de que no se haya nombrado un perito en cuestiones indígenas a efecto de que se explique al prenombrado como imputado las implicancias del cometido desde la perspectiva indígena durante el proceso y bajo ese criterio se retrotraiga el proceso, en realidad afectaría en proporción desmedida a la víctima en cuanto a su revictimización, pudiendo producirse un daño irreparable o mayor al que ya padece al ser víctima de violación por varios sujetos, lo cual no puede ser permitido bajo ninguna circunstancia por las autoridades jurisdiccionales; ello además en el entendido de que, conforme a las circunstancias del caso concreto, y el ámbito en el cual se desarrollaron los hechos, es posible señalar que, en mérito al tipo de delito atribuido, considerando que el ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originaria campesina, esta no alcanza en materia penal, a los delitos contra de la integridad corporal de niños, niñas y adolescentes, y los delitos de violación, conforme señala la Ley de Deslinde Jurisdiccional; por lo que, básicamente de efectuarse un nuevo proceso, el delito juzgado sería igualmente reprochable por la jurisdicción ordinaria, llegándose al mismo resultado. Consiguientemente, conforme a las circunstancias del caso concreto, precautelando los derechos de la víctima, no corresponde disponer la anulación de la Sentencia ni de obrados como se solicita, puesto que, no resulta plenamente justificable en el caso concreto, revictimizar a una menor de edad víctima de violación por varios sujetos que reconocieron su culpabilidad, solo con la probabilidad de que se demuestre un procesamiento indebido que está siendo cuestionado, advirtiéndose que no se vulneró los derechos reclamados por el impetrante de tutela, correspondiendo denegar la tutela al respecto”.

Así, en la SCP 0289/2023-S1 se advierte que, el Tribunal Constitucional Plurinacional concluye que por las circunstancias del caso, y precautelando los derechos de la víctima no correspondía anular obrados, ya que generaría una revictimización de la menor. Ahora bien, a partir del reconocimiento de la diversidad cultural establecido en el art. 391 del CPP, es evidente que, cuando un miembro de un pueblo o comunidad indígena o campesina sea procesado en la jurisdicción ordinaria, el fiscal de materia, en etapa preparatoria, y las autoridades judiciales, en juicio oral, serán asistidos por un perito especializado en cuestiones indígenas que permita conocer con mayor profundidad los patrones de comportamiento referenciales del imputado; en ese sentido, la jurisprudencia constitucional estableció de manera uniforme que en los procesos penales en los que se investigue a un miembro de un pueblo o comunidad indígena o campesina, en los que, no se designó un perito especializado en cuestiones indígenas: a) De tratarse de delitos sexuales correspondía anular obrados únicamente hasta la emisión del auto de apertura de juicio oral, o en su caso no anular ningún actuado, por cuanto debe precautelarse los derechos de las víctimas, ya que retrotraer el proceso, en realidad afectaría en proporción desmedida a la víctima en cuanto a su revictimización; y, b) De tratarse de otros delitos es posible anular obrados, siempre analizando el contexto y el estado de cada proceso.

III.8. El precedente constitucional vinculante a partir del análisis de la línea jurisprudencial

El art. 196.I de la CPE señala que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales” A partir de dicha previsión constitucional el Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en el supremo guardián y máximo intérprete de la Constitución, al tener la potestad exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad, en cuya misión esta la protección efectiva e idónea de los derechos fundamentales de las personas; así, siguiendo esa concepción, de manera muy acertada el constitucionalista José Antonio Rivera Santivañez señaló:

Es el máximo guardián de la Constitución, porque el constituyente le ha encomendado la labor de resguardar la supremacía de la Constitución frente al ordenamiento jurídico ordinario, desarrollando el control especializado y concentrado de la constitucionalidad de las disposiciones legales, emitiendo sentencias con efecto general o erga omnes, anulando la disposición legal incompatible con la Constitución y expulsándola del ordenamiento jurídico del Estado. Dada la naturaleza jurídica de la función que desempeña, es el supremo intérprete de la Constitución, lo cual no significa que el resto de los órganos del poder público en general, los jueces y tribunales en particular, estén impedidos de realizar la interpretación de la Constitución para resolver el caso concreto sometido a su conocimiento; lo que sucede es que, si bien todas las autoridades y funcionarios públicos interpretan la Constitución, quien cierra el proceso realizando una interpretación que vincula a todos los órganos del poder público, autoridades y particulares es el Tribunal Constitucional, por ello se convierte en el último intérprete de la Constitución” (Jurisdicción Constitucional, cit., pp. 58).El resaltado es nuestro. Es así que, en esa condición y dada esa labor tan importante, la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional a través de sus fallos constitucionales adquiere fuerza vinculante y obligatoria, por ello es que la misma Constitución Política del Estado declara esa fuerza cuando expresamente en su art. 203 refiere: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno”; lo cual, fue debidamente entendido por el legislador, dándole más contundencia a este precepto en el Código Procesal Constitucional, cuando establece:

Artículo 15. (CARÁCTER OBLIGATORIO, VINCULANTE Y VALOR JURISPRUDENCIAL DE LAS SENTENCIAS). I Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general.

II. Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tiene carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores,

autoridades, tribunales y particulares (El resaltado es nuestro) Este marco legal, le ha otorgado valor a la jurisprudencia constitucional al constituirse fuente directa del derecho, por lo cual, la doctrina contenida en la misma, se instituye como el precedente obligatorio, precisamente por esa fuerza vinculante, que permite una adecuada interpretación y aplicación de las normas contenidas en la Constitución, además de generar una base previsible de precedentes, cuyo respeto y aplicación en un conjunto de casos específicos, determinen qué es lo que está constitucionalmente prescrito, dando coherencia y unidad al sistema jurídico, y al mismo tiempo garantizando la supremacía de la Constitución; en tal entendido, las Sentencias Constitucionales no solo están revestidas de la autoridad de cosa juzgada, sino de la fuerza vinculante, pues en esa labor interpretativa se crea sub reglas y doctrina constitucional que delimitan positivamente los derechos humanos y fundamentales y los mismos se constituyen en el precedente constitucional de carácter obligatorio no solo para la jurisdicción ordinaria y autoridades públicas en general, sino, lo es aún más para el propio Tribunal Constitucional. Consecuentemente, esa obligatoriedad ha hecho que surja la necesidad de dejar en claro, en que parte de una sentencia constitucional se encuentra la fuerza vinculante; al respecto Rivera Santivañez sostiene que, la labor interpretativa de normas tanto supra como infra constitucionales sometidas a control, y efectuadas desde y conforme a la Constitución, en algunos casos crean derechos, precisando el alcance de las reglas jurídicas existentes, llenando vacíos o resolviendo contradicciones existentes en el ordenamiento jurídico; por lo que, en esas interpretaciones o creación de derechos, se encuentra inmersa la razón de la decisión (ratio decidenci), y es donde se encuentra la fuerza vinculante del fallo constitucional; en el mismo sentido, la jurisprudencia constitucional señaló que los fundamentos determinantes del fallo o razones de la decisión son vinculantes y en consecuencia su aplicación es obligatoria; de igual forma se entiende de lo establecido en el art. 15.II del CPCo, cuando señala:

Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tiene carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares (el resaltado nos pertenece) A partir de allí, el Tribunal Constitucional emitió fallos constitucionales, con el fin de brindar herramientas para un correcto entendimiento sobre la fuerza vinculante, sus efectos y aplicación; entre ellos, corresponde invocar a la SCP 0846/2012 de 20 de agosto, que se constituye en un referente, al haber desarrollado un análisis técnico jurídico de la jurisprudencia constitucional para su aplicación e invocación, en la cual también precisó la distinción entre el precedente constitucional y la ratio decidendi, señalando que:

En efecto, si nos preguntamos ¿qué parte de las resoluciones constitucionales es vinculante?, no podríamos concluir simple y llanamente que es la ratio decidendi, debido a que todas las resoluciones tienen una o varias razones jurídicas de la decisión, empero, no todas crean Derecho, Derecho de origen jurisprudencial, a través de la interpretación, integración e interrelación de las normas. Por ello, que existe diferencia entre ratio decidendi y precedente constitucional. Entonces, se puede llamar precedente constitucional vinculante cuando éste es el fruto, el resultado de la interpretación y argumentación jurídica realizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Como ocurrió en las siguientes resoluciones: La interpretación de una norma jurídica Declaración Constitucional 003/2005-R de 8 de junio, (interpretación del art. 118.5 CPE); SC 0101/2004-R, interpretación del art. 133 y de la Disposición Transitoria Tercera del Código de Procedimiento Penal. La integración SC 1351/2003-R de 16 de septiembre, e interrelación, SC 0421/2007-R de 22 de mayo, de las normas jurídicas. Por lo que, el precedente constitucional es una parte de toda la Sentencia emitida por el Tribunal o Corte Constitucional, donde se concreta el alcance de una disposición constitucional, es decir, en donde se explicita qué es aquello que la Constitución Política del Estado prohíbe, permite, ordena o habilita para un tipo concreto de supuesto de hecho, a partir de una de sus indeterminadas y generales cláusulas. Entonces, es posible afirmar que es vinculante el precedente constitucional contenido en la ratio decidendi. Es decir, en la ratio decidendi se encuentra el precedente constitucional. El precedente constitucional es vinculante siempre que exista un supuesto fáctico análogo (AC 004/2005-ECA y SC 186/2005-R). Entonces ¿Qué es el precedente constitucional vinculante? Para responder a esta cuestionante, es preciso redundar en que: No es el texto íntegro de la sentencia, no es sólo la parte resolutiva de la sentencia (decisum), no es el obiter dictum, no es toda la ratio decidendi. Los precedentes constitucionales están sólo en las sentencias relevantes. Se identifican a las sentencias relevantes porque son sentencias fundadoras, moduladoras, que reconducen o cambian una línea jurisprudencial expresamente o tácitamente. En el precedente constitucional se consignan: “las subreglas de Derecho”, “normas adscritas” o “concreta norma de la sentencia”, resultantes de la interpretación, interrelación o integración de las normas de la Constitución Política del Estado o de las disposiciones legales. Estas tienen más jerarquía y fuerza jurídica que las propias leyes, porque el Tribunal Constitucional es el último aplicador del Derecho. El profesor Cifuentes, señaló que la sub-regla, “Es el corazón de la decisión, de la cosa decidida (El resaltado y sub rayado es agregado).

En tal sentido, se tiene claro que, el precedente constitucional, es la parte de la sentencia constitucional, en la que a través de una interpretación desde y conforme a la Constitución, ya sea de las normas constitucionales o del ordenamiento jurídico, se crea algún derecho o ciertas sub reglas, y estas se encuentran inmersas en la razón de la decisión, constituyéndose por tanto, en el sustento de la fuerza vinculante de las sentencias constitucionales; y, esta vinculatoriedad conlleva a la obligatoriedad horizontal y vertical; en el primer caso, para el propio Tribunal Constitucional y en el segundo, para los tribunales y jueces de jerarquía inferior, quienes deben aplicar de forma obligatoria -observado las condiciones formales y materiales-, las sub reglas creadas por el máximo intérprete de la Constitución.

III.9 El derecho a la tutela judicial efectiva

Al respecto, el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico define al derecho a la tutela judicial efectiva como el derecho fundamental de contenido complejo que confiere a toda persona el poder jurídico de promover, en defensa de sus derechos e intereses legítimos, la actividad de los órganos jurisdiccionales que desemboque en una resolución fundada en derecho tras un procedimiento justo, sea o no favorable a las pretensiones formuladas por las partes, y a que la resolución se cumpla. En cuanto al marco normativo de dicho derecho, cabe señalar que, la Constitución Política del Estado dentro de su estructura dogmática si bien no establece explícitamente el derecho a la tutela judicial efectiva, es preciso considerar que el art. 115.I determina que “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos” lo que implica la posibilidad de que toda persona, pueda acudir ante los tribunales a formular pretensiones o defenderse de ellas, a obtener un fallo y a que el mismo sea cumplido y ejecutado, contenido normativo que se adecua al núcleo duro del derecho a la tutela judicial efectiva.

La jurisprudencia constitucional en relación al derecho a la tutela judicial efectiva, a través de la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, fue estableciendo que dicho derecho se encuentra compuesto por:

1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho. (las negrillas son agregadas). Consecuentemente, nuestra jurisprudencia constitucional, de manera expresa sostuvo que el derecho a la tutela judicial consiste básicamente en el derecho de acceso libre a la jurisdicción, que desemboque en una decisión judicial sobre las pretensiones deducidas por las partes, la cual sea cumplida y ejecutada. Ahora bien, para ser precisos y comprender de mejor manera el contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva, es necesario remitirnos al trabajo de investigación realizado por Ignacio José Cubillo Lopez, Profesor de la Universidad de Córdoba de España en el cual si bien se procedió a estudiar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España, estableciendo que este derecho se halla compuesto por: a) El derecho de acceso a la jurisdicción para plantear peticiones de tutela o formular pretensiones; b) El derecho a obtener una respuesta fundada en derecho; c) El derecho a que la resolución sobre el fondo del asunto sea motivada y fundada en derecho; d) El derecho a que la resolución de fondo sea congruente con las pretensiones; e) El derecho a los recursos; f) El derecho a que durante el proceso se observen sin quiebra los principios jurídicos de audiencia e igualdad; g) El derecho a que los actos de comunicación procesal se practiquen de forma correcta; h) El derecho a la tutela cautelar durante los procesos declarativos; i) El derecho a la intangibilidad e invariabilidad de las resoluciones firmes; y, j) El derecho a la ejecución forzosa de las sentencias de condena, cuando no exista un cumplimiento voluntario de las mismas; a partir de la base dada en la SCP 1478/2012, se extractará únicamente lo expresado respecto a tres elementos considerados esenciales por nuestra jurisprudencia; así tenemos:

a) En relación al derecho al acceso a la jurisdicción que comprende el derecho de toda persona a ser parte de un proceso y poder promover en el marco de la actividad jurisdiccional se señaló que:

“…todos los ciudadanos tienen un derecho de acceso a la jurisdicción, es decir, han de tener la posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales y de formular ante ellos peticiones de tutela, y que estas solicitudes tengan una respuesta judicial que esté fundada en Derecho, aunque sea de inadmisión. Ni el Legislador debe establecer requisitos o condiciones para el acceso a la jurisdicción que sean irracionales o excesivos o desproporcionados respecto del fin que cumplan (que, por supuesto, ha de ser legítimo); ni los tribunales han de interpretar estos requisitos legales de forma restrictiva para el acceso a la jurisdicción, sino que, al contrario, habrán de ajustarse al llamado «principio pro actione», que exige analizar las causas legales de inadmisión de la demanda de una forma que sea razonable y favorable al ejercicio de la acción, permitiendo la subsanación de los defectos existentes, siempre que sea posible. Ahora bien, esta regla no debe llevarse al extremo, sino que ha de entenderse en su justa medida, como trata de precisar, entre otras muchas, la STC 218/2009, de 21 de diciembre” b) En lo concerniente al derecho a un pronunciamiento, se sostuvo que:

“Expresa esta doctrina jurisprudencial, por todas, la STC 134/2008, de 23 de octubre (FJ 2), donde se afirma que: «el derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce el art. 24.1 CE, en su dimensión de derecho a obtener una resolución judicial fundada en Derecho, favorable o adversa, es garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad de los poderes públicos. Ello implica, en primer lugar, que la resolución ha de estar motivada, es decir, contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión; y en segundo lugar, que la motivación debe contener una fundamentación en Derecho, lo que conlleva la garantía de que la decisión no sea consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulte manifiestamente irrazonada o irrazonable o incurra en un error patente ya que, en tal caso, la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia… (…) Y continúa poco después: «No basta, pues, con obtener una respuesta motivada, sino que, además, ésta ha de tener contenido jurídico y no resultar arbitraria. Y una resolución judicial puede tacharse de arbitraria cuando, aun constatada la existencia formal de una argumentación, la misma no es expresión de la administración de justicia sino simple apariencia de la misma por ser fruto de un mero voluntarismo judicial o expresar un proceso deductivo irracional o absurdo (SSTC 148/1994, de 12 de mayo, FJ 4; 244/1994, de 15 de septiembre, FJ 2; 54/1997, de 17 de marzo, FJ 3; 160/1997, de 2 de octubre, FJ 7, y 173/2002, de 9 de octubre FJ 6)». En esta sentencia, el TC estimó que hubo violación del artículo 24.1 de la CE porque la resolución objeto del recurso de amparo contenía formalmente una argumentación jurídica, pero era solo aparente, ya que expresaba un proceso deductivo irracional. Y otro tanto sucedió en otras resoluciones, paralelas a la anterior, como son las SSTC 262/2015, de 14 de diciembre; 240/2015, de 30 de noviembre; 239/2015, de 30 de noviembre; y 222/2015, de 2 de noviembre. …La respuesta judicial sobre el fondo y fundada a que tienen derecho los justiciables también ha de ser congruente con sus pretensiones, como parte del derecho a la tutela judicial efectiva. Por tanto, los tribunales deben ofrecer una completa respuesta sobre las pretensiones concretas deducidas en el proceso, y no sobre otras distintas, de manera que el fallo judicial se adecue al objeto procesal perfilado por las partes. c) Respecto al derecho a la ejecución de las resoluciones, constituida en una cuestión de vital importancia para la efectividad del Estado

El derecho a la ejecución como derecho fundamental reconocido en el artículo 24.1 de la CE se traduce principalmente, según la jurisprudencia constitucional, en el derecho a que la sentencia obtenida sobre el fondo del asunto, fundada y congruente, sea ejecutada «en sus propios términos». Esto tiene apoyo en la concreción legal que se realiza en el artículo 18.2 de la LOPJ, cuyo tenor literal recordamos ahora: «Las sentencias se ejecutarán en sus propios términos. Si la ejecución resultare imposible, el Juez o Tribunal adoptará las medidas necesarias que aseguren la mayor efectividad de la ejecutoria, y fijará en todo caso la indemnización que sea procedente en la parte en que aquélla no pueda ser objeto de cumplimiento pleno…». En consecuencia, el órgano jurisdiccional encargado de la ejecución tiene que utilizar todos los medios razonables que estén a su alcance para hacer efectivo el contenido de la sentencia de que se trate; para ello, tendrá que remover los obstáculos que la parte ejecutada presente a la hora de cumplir con la prestación a la que se le haya condenado. El tribunal de la ejecución tiene así la obligación de acordar las medidas que sean precisas para ese fin –en coherencia con el derecho fundamental de carácter prestacional del que estamos tratando– y será él quien decida qué actuaciones serán las más adecuadas, de conformidad con lo dispuesto en las leyes procesales que sean aplicables; en caso de que no se emplee la diligencia debida, se producirá una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva de la parte ejecutante. En este sentido, nos parece muy expresiva la STC 251/1993, de 19 de julio (FJ 3), en la que se afirma: «El derecho a la ejecución impide que el órgano judicial se aparte, sin causa justificada de lo previsto en el fallo que ha de ejecutar, o que se abstenga de adoptar las medidas necesarias para proveer a la ejecución de la misma, cuando ello sea legalmente exigible. El contenido principal del derecho consiste, pues, en que esa prestación jurisdiccional sea respetuosa con lo fallado y enérgica, si fuera preciso, frente a su eventual contradicción por terceros (SSTC 32/1982, fundamento jurídico 2º; 125/1987, fundamento jurídico 2º; 153/1992, fundamento jurídico 4º)». Y poco más adelante se añade (dentro del mismo FJ 3): «No es cometido de este Tribunal la determinación de cuáles sean las decisiones que, en cada caso, hayan de adoptarse para la ejecución de lo resuelto, pero sí deberá vigilar, cuando de la reparación de eventuales lesiones del derecho a la tutela judicial se trate, que ésta no sea debida a una decisión arbitraria ni irrazonable, ni tenga su origen en la pasividad o desfallecimiento de los órganos judiciales para adoptar las medidas necesarias que aseguren la satisfacción de ese derecho (SSTC 125/1987, fundamento jurídico 2º; 167/1987, fundamento jurídico 3º; 148/1989, fundamento jurídico 3º; 153/1992, fundamento jurídico 4º)». Ahora bien, por lo expresado, se tiene que en definitiva los elementos básicos del derecho a la tutela judicial efectiva dan cuenta de la su complejidad pues se observa que para la materialización de este derecho no basta como el acceso a la jurisdicción o el cumplimiento de previsiones normativas sino que se impone la obligación estatal de brindar una solución de controversias expresada en una tutela o protección eficaz.

III.10.El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso

El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema. Bajo ese marco normativo, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se configura en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando.

En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones: 1) La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: ‘En opinión de esta Corte, para que exista «debido proceso legal» es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional’

Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras)”. (las negrillas son nuestras). 41La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.

De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: ‘…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia «ultra petita» en la que se incurre si el Tribunal concede «extra petita» para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; «citra petita», conocido como por «omisión» en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.”’ (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438).

Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia ‘ultra petita’ en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).

El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”.

rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido ni incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes.

2) La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

42La SCP 0055/2014 de 3 de enero en su F.J. III.2.2, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló: ‘…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.

(…).

De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita”. En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: ‘…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley’, entendimiento reiterado en las SSCC 1009/2003-R, 1312/2003-R y 0358/2010-R. Posteriormente, respecto a la pertinencia de las resoluciones pronunciadas por autoridades judiciales de segunda instancia, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, puntualizó: ‘…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes’. En esa misma

III.11. Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos congruencia, fundamentación y motivación; a la tutela judicial efectiva, a la igualdad; y, el principio de seguridad jurídica; por cuanto, dentro del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de estupro, habiendo interpuesto recurso de apelación contra la improcedencia de su incidente de actividad procesal defectuosa en el que alegó que “no fue asistido” por un perito especializado en cuestiones indígenas conforme lo establece el art. 391 del CPP; los Vocales ahora demandados pronunciaron el Auto de Vista 77/2022 determinando revocar en parte el Auto Interlocutorio de 13 de julio de 2022 y se proceda a la designación de un perito; no obstante, al asumir dicha determinación no se realizó una correcta interpretación del art. 391 del CPP enmarcada en una visión plural y en los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, que establezca que la designación del perito se efectúa desde la imputación formal; y por ello, correspondía anular la acusación y remitir el proceso penal ante el juez de instrucción penal para que en su labor de control jurisdiccional corrija el procedimiento. Al respecto, tomando en cuenta que el Tribunal Constitucional Plurinacional debe asumir en su verdadera dimensión, el rol de precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, corresponde a continuación verificar si en efecto las autoridades judiciales ahora demandadas al momento de emitir el Auto de Vista 77/2022 lesionaron los derechos del impetrante. En ese orden de ideas, considerando que en el presente caso el accionante en esencia denuncia una incorrecta interpretación del art. 391 del CPP, por cuanto, no contendría una visión plural ni se consideraría los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, resulta necesario remitirse al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en el cual se sostuvo que, el principio de legalidad tiene repercusiones en el elemento del debido proceso por cuanto todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo estricto en una norma legal, la cual a su vez, debe considerar la Constitución Política del Estado; normativa que según el principio de seguridad jurídica (descrito en el Fundamento Jurídico III.2) debe permitir el conocimiento antelado de las reglas de orden jurídico que rigen una determinada conducta o relación, y la confianza en la observancia y respeto de las consecuencias derivadas de su aplicación. Ahora bien, es evidente que, cada uno de los actos de todas las autoridades incluidas las autoridades judiciales deben tener sustento jurídico; por ello, conforme se estableció en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los fallos deben dictarse necesariamente con arreglo a derechos; es decir, con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en la cita de disposiciones legales; y, con la correspondiente motivación que se encuentra relacionada con la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan el marco fáctico y los medios probatorios. Siguiendo esa línea de razonamiento, debe comprenderse que existen casos en los que la debida fundamentación no solo comprenderá la cita de preceptos legales, por cuanto, será necesario que la autoridad judicial realice una interpretación normativa, en la que se aplique pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, que constituyan una justificación razonable de la premisa normativa (aspecto determinado en el Fundamento Jurídico III.3), en el que inclusive que se identifique la existencia de características particulares como la edad, el género y cultura (descritos en los Fundamentos Jurídicos III.4 y III.5) que harán que los operadores de justicia tengan un postura activa pro derechos. Ahora bien, es necesario considerar que la labor interpretativa por un operador de justicia puede constituirse arbitraria, incongruente, absurda, ilógica, con error evidente, irrazonable o desproporcional, razón por la que, esta jurisdicción puede verificar si en esa labor interpretativa se quebrantaron principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico como lo es el de legalidad; para lo que no es necesario cumplir con una carga argumentativa (Fundamento Jurídico III.6). Consecuentemente, en el caso concreto es posible ingresar a analizar la actividad interpretativa efectuada por los Vocales ahora demandados respecto al art. 391 del CPP, ello con el objeto de determinar si la misma es incorrecta y si lesionó los derechos de la parte accionante. En ese sentido, previo a ingresar a la revisión de la actividad interpretativa efectuada por las autoridades judiciales ahora demandadas, es preciso conocer el contexto del cual emerge la problemática traída en revisión se advierte que dentro del proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de estupro, el prenombrado planteó incidente de actividad procesal defectuosa, señalando que es miembro de la Comunidad Taraña y que durante la etapa preparatoria no se designó traductor y tampoco un perito especializado en cuestiones indígenas; por lo que, solicitó se anule obrados hasta antes de la radicatoria de la acusación, devolviendo obrados ante el juez de instrucción penal quien a su vez disponga la nulidad de imputación formal; no obstante, el A quo en conocimiento de dicho incidente declaró improcedente el mismo; por ello, el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación incidental contra Auto Interlocutorio de 13 de julio de 2022, denunciando como agravio la transgresión del principio de legalidad debido a la falta de aplicación del art. 391 del CPP, tomando en cuenta que no designó un perito especializado en cuestiones indígenas que pueda valorar sus costumbres, su formación dentro de la Comunidad Taraña (Conclusión II.1); en ese sentido, los Vocales ahora demandados resolviendo la impugnación emitieron el Auto de Vista 77/2022 declarando procedente en parte el recurso de apelación; y, revocando en parte el Auto Interlocutorio de 13 de julio de 2022, disponiendo que “…una vez notificados a los sujetos procesales antes del auto de apertura se proceda a Designar al perito a efecto de que se encuentra presente en la etapa de juicio debiendo imprimirse la celeridad correspondiente por tratarse de un delito vinculado a la liberta sexual de la víctima…” (sic) refiriendo en su parte esencial que:

“CONSIDERANDO.- Que la resolución objeto de apelación que cursa foja 136 a 137 de fecha 13 de julio del 2022 emitido por la señora juez de Sentencia del Llallagua fue pronunciada en mérito al incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa formulado por el ahora imputado señalando de Qué es miembro de la comunidad indígena originaria campesina Taraña ubicado en la primera sección de la provincia de la provincia José Alonso de Ibáñez del departamento de Potosí de ocupación agricultor teniendo su concubina y solicita que la autoridad jurisdiccional a quo anule obrados hasta antes de la radicatoria de la acusación devolviendo obrados ante el juez de control jurisdiccional quién a su vez disponga la nulidad de la imputación formal solicitando se califique daños y perjuicios en la suma de 10. 000 bolivianos a su favor la resolución objeto de apelación en el considerando segundo ha establecido que el incidente en cuestión tiene dos elementos 1.La falta de designación de traductor e intérprete para el acusado Durante la etapa preparatoria y la falta de un perito especializado en cuestiones indígenas en la en la misma etapa para el mismo acusado y por la ausencia de ambos se ha vulnerado derechos Como la seguridad jurídica la igualdad la tutela judicial efectiva el debido proceso y la defensa posteriormente ingresa a analizar la documentación qué ha sido presentada por la parte imputada y plasma la sentencia constitucional 1235/ 2017 S1, establece no obstante corresponde tener presente que el caso se encuentra involucrado una menor de edad como víctima lo cual merece atención prioritaria y reforzada decir a lo señalado por el artículo 60 en ese orden corresponde tomar en cuenta lo que Señala la ley 348 ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia Igualmente el código niño niña adolescente este proclama como principio del interés Superior y prioridad absoluta y el vivir bien el trato Digno la inclusión, despatriarcalización y la atención diferenciada rechazando del incidente formulado en concreto el agravio expresado en el caso presente no se nos ha manifestado que está resolución no tenga una debida fundamentación no haya valorado los elementos de convicción y lo que se ha tratado de entender afectos de no violentar el derecho delante es que se hubiera vulnerado el artículo 391 del Código de procedimiento penal, se debe de tomar en cuenta en primera instancia el artículo 115 y 119 de nuestra Constitución Política del Estado que establece al debido proceso como un derecho, como un principio, una garantía Como también el principio de igualdad de todas las partes que se encuentran sometidos dentro del proceso penal.

El presente proceso radica en un incidente formulado por la parte imputada toda vez que ha sido notificada con él con las acusaciones Fiscales y defensorías de la niñez y adolescencia en base a la designación de intérprete y un perito en asuntos indígenas originarias la autoridad judicial ha tomado en cuenta esos dos aspectos denunciados como nulos por el imputado en el caso presente no se ha escuchado ningún fundamento sobre la falta de intérprete y solamente se ha abocado a lo que establece el perito Por lo cual está sala no va a ingresar a fundamentar ni respaldar la resolución de la autoridad jurisdiccional entendemos que está de acuerdo la parte apelante por no haber formulado ningún agravio al respecto. Con respecto a la aplicación del artículo 391 tanto en etapa preparatoria como en atapa de juicio se debe de tomar en cuenta en primera instancia el artículo 167 del Código de procedimiento penal modificado por la ley 1173, donde Establece de que todas las partes tienen derecho al plantear planteamiento de un incidente en su defensa primero acotando elementos de convicción y en el plazo de 10 días (…) Además de que la imputación formal es de hace 5 meses atrás es decir vulnerando el artículo 167 del Código de procedimiento penal la autoridad jurisdiccional A quo ha tomado en cuenta todos estos aspectos y se puede llegar a establecer de que no Existe vulneración alguna por haber precluido el derecho del ahora imputado la sentencia constitucional 731/2010-R de 26 de Julio ha estado a los presupuestos para que operen la nulidad procesal y son principalmente principios de especificidad legalidad principio de finalidad del acto, principio de trascendencia, principio de convalidación en el presente caso no existe ninguno de Estos principios qué se hubiera vulnerado por la autoridad en la etapa preparatoria como también por el Ministerio Público el artículo 391 del procedimiento penal establece diversidad cultural cuando un miembro de un pueblo indígena comunidad indígena O campesina sea imputada por la comisión de un delito o se la deba procesar en la jurisdicción ordinaria se observarán las normas ordinarias de este código y las siguientes reglas específicas 1. El fiscal Durante la etapa preparatoria y el juez o tribunal durante el juicio serán asistidos por un perito especializado en cuestiones indígenas el mismo qué podrá participar en el debate y 2. Antes de dictar sentencia el perito elaborará un dictamen permite haber con mayor profundidad los patrones de comportamiento referenciales del imputado está Norma procesal Establece que en etapa de juicio la autoridad judicial bajo el modelo de estado señalado en el artículo primero de la Constitución Política del Estado pluralidad y pluralismo cultural se tiene qué el imputado ha demostrado en forma objetiva a fojas 102 que pertenece a una comunidad de Taraña en ese sentido por el acuerdo de sala plena número 316/ 2017 de fecha 30 de noviembre del 2017 ha establecido la obligación de aplicar este principio de la misma forma la parte incidentista junto a la sentencia constitucional 1235/ 2017- S1, de 28 de diciembre del 2017 qué establece estudio antropológico del conflicto social de los accionantes derecho constitucional que tiene derecho el imputado lo fundamentado por la autoridad jurisdiccional es evidente qué se trata de delitos de carácter sexual donde se tiene presuntamente una víctima de 16 años y que estaría en estado de gestación eso tampoco puede dejarse de lado precisamente para velar que este proceso se lleve en adelante sin defecto alguno por la celeridad de vida se debe cumplir con este mandato constitucional de pluralismo jurídico que abarque el derecho del imputado a que se designa un perito en su cultura a efectos de establecer la conducta del imputado con atenuantes y agravantes el hecho de juzgar con perspectiva de género no significa que se pueda dejar de lado los derechos que tiene el imputado en esta etapa del proceso por lo que se tiene de lo razonado por la autoridad jurisdiccional en parte tiene valor legal pero también no debe de proteger los derechos del imputado más aún cuando el proceso se encuentral en inicio de juicio donde sí se puede llevar adelante un juicio sin ningún defecto y poder otorgar una sentencia justa y correcta con el dictamen que emitirá el perito a la señora Juez de Sentencia que si bien la defensa solicita la nulidad hasta la devolución de la acusación ese aspecto no procede puesto que el juicio recién está comenzando y una vez ofrecido pruebas por el imputado la autoridad judicial designara el perito que corresponde quién deberá estar presente en todo el juicio siendo obligación del juez designar el mismo no siendo obligación del imputado solicitante por lo que en parte de sus agravios señalados tiene sustento jurídico y en caso de que sea necesario un intérprete corresponderá al tribunal verificar ese extremo de lo que se tiene que la resolución emitida por la autoridad jurisdiccional a quo ha realizado en parte una debida fundamentación y motivación y valoración de la prueba, sobre los daños sufridos que ha pedido ahora la parte apelante no se trata de señalar simple y llanamente un monto sino de demostrar cuáles han sido sus perjuicios con esa resolución y justificar objetivamente el mismo no existiendo esos elementos en el presente caso” (sic).

De lo expresado, se tiene que los Vocales ahora demandados, efectúan un análisis por etapas; primero, se refirieron a la etapa preparatoria señalando que el incidente fue interpuesto cinco meses posteriores a la emisión de la imputación formal, por lo que, habría precluido su derecho a efectuar cualquier reclamo, además, no operaba la nulidad por cuanto no se adecuaba a los principios que rigen dicho instituto; y, segundo, en cuanto a la etapa de juicio oral, luego de hacer una cita textual del art. 391 del CPP, establecen que no procedía la nulidad hasta la devolución de la acusación ya en el proceso penal se investigan delitos de carácter sexual, en el que, la víctima tiene dieciséis años y estaría en estado de gestación; y, siendo que el imputado demostró objetivamente pertenecer a la Comunidad Taraña, era necesario aplicar el principio de pluralismo y pluralidad junto a la SCP 1235/2017-S1 de 28 de diciembre, abarcando el derecho del imputado a que se designe un perito especializado en cuestiones indígenas. Precisado todo lo anterior, con el objeto de establecer si los operadores de justicia ahora demandados incurrieron en una errónea interpretación del art. 391 del CPC, resulta inescindible enfatizar que la acción tutelar deviene de un proceso penal seguido contra un miembro de una comunidad indígena a quien se le atribuye la comisión del delito de estupro, escenario que hace indispensable la aplicación de un enfoque interseccional que contemple dos factores esenciales que interactúan simultáneamente como lo son la diversidad cultural y la situación jurídica del accionante (privación de libertad), debiendo el Estado asumir medidas necesarias de protección que permitirán evitar que se instauren procesos que desconozcan su cultura e identidad, (conforme se sostuvo en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional); siendo precisamente por ello que, en el Código de Procedimiento Penal (inclusive previo a la entrada en vigencia de la Constitución Política del Estado de 2009) se reconoce la diversidad cultural existente en nuestro Estado, estableciendo específicamente que:

Artículo 391º.- (Diversidad cultural). Cuando un miembro de un pueblo indígena o comunidad indígena o campesina, sea imputado por la comisión de un delito y se lo deba procesar en la jurisdicción ordinaria, se observarán las normas ordinarias de este Código y las siguientes reglas especiales: 3) El fiscal durante la etapa preparatoria y el juez o tribunal durante el juicio serán asistidos por un perito especializado en cuestiones indígenas; el mismo que podrá participar en el debate, y, 4) Antes de dictarse sentencia, el perito elaborará un dictamen que permita conocer con mayor profundidad los patrones de comportamiento referenciales del imputado a los efectos de fundamentar, atenuar o extinguir su responsabilidad penal; este dictamen deberá ser sustentado oralmente en el debate.

Consecuentemente, si bien dicho precepto normativo incluye implícitamente la necesidad de aplicar un enfoque interseccional bajo una mirada intercultural, debe considerarse que dicha normativa es genérica, por cuanto, únicamente establece que debe designarse a un perito especializado en cuestiones indígenas ya sea en etapa preparatoria o en juicio oral, siendo precisamente por ello que, la jurisprudencia constitucional (descrita y sistematizada en el Fundamento Jurídico III.7 de este fallo constitucional) trasuntada en la SCP 1235/2017-S1 de 28 de diciembre, bajo una interpretación favorable enmarcada en derechos de las naciones y pueblos indígenas originarias sostuvo que el incluirse un perito especializado desde la etapa preparatoria implicaba el respeto al reconocimiento de la plurinacionalidad, por ello si bien en juicio oral se procedería a designar al perito, era necesario corregir el procedimiento anular obrados hasta antes de la radicatoria de la acusación y devolver obrados al juez instructor a fin de que el mismo de igual manera corrija el procedimiento; razonamiento que si bien fue reiterado por la SCP 1123/2019-S2 d18 de diciembre; no obstante, de manera posterior, mediante la SCP 0207/2021-S2 de 7 de junio, el razonamiento anterior fue armonizado con un enfoque interseccional que considera como factores esenciales la edad y el género, estableciendo por ello que en los procesos penales en los que el imputado es miembro de un pueblo o comunidad indígena, no podía soslayarse que la víctima era una menor de edad, además debía considerarse que en etapa preparatoria no se reclamó la participación del perito sino recién en juicio oral, por ello, únicamente debía reiniciarse el proceso penal desde la emisión del auto de apertura de juicio oral (este razonamiento que inclusive fue ampliado en la SCP 0289/2013-S1 de 24 de abril, el cual no puede ser aplicado debido a que antes de su emisión, los Vocales ahora demandados pronunciaron el Auto de Vista 77/2022). Consecuentemente, bajo esa línea jurisprudencial y precedente constitucional, debe tenerse en cuentas que las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio; lo que implica que los órganos públicos (ejecutivo, legislativo, electoral y judicial) que sean aplicadores del derecho, se encuentran sujetos a la manera de cómo los preceptos y principios de la Constitución, fueron interpretados por el Tribunal Constitucional Plurinacional; vinculación que alcanza una trascendencia especial, respecto a los jueces y tribunales de la justicia ordinaria, quienes a tiempo de resolver las controversias sometidas a su conocimiento, deberán tener en cuenta precedentes que generan las razones jurídicas, siempre y cuando exista analogía o similitud de los supuestos fácticos en que se funda una problemática. (Fundamento Jurídico III.8). Bajo todo el marco precisado, resulta necesario enfatizar (sin pretender ser reiterativos) que, el 2017, en mérito a una acción tutelar vinculada a la aplicación del art. 391 del CPP, este Tribunal efectuó una interpretación favorable enmarcada en derechos de las naciones y pueblos indígenas originarias (SCP 1235/2017-S1); razonamiento que más tarde fue armonizado considerando un enfoque interseccional cuyos factores principales son la edad y el género (SCP 0207/2021-S2); en ese sentido, existiendo una interpretación efectuada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, dichas determinaciones adquirieron su carácter vinculante; por lo que, correspondía que se observe y aplique dicha jurisprudencia; no obstante, en el caso concreto, del contenido del Auto de Vista 77/2022 se advierte que, los Vocales ahora demandados si bien citan la SCP 1235/2017-S1 omiten considerar la armonización efectuada a través de la SCP 0207/2021-S2; sin embargo, pese a dicha omisión, se tiene que los operadores de justicia demandados efectuaron un análisis y una interpretación teleológica compatible con la SCP 0207/2021-S2, por cuanto, respecto a la etapa preparatoria se asumió el mismo criterio al establecer que si bien en dicha etapa no se designó un perito especializado en cuestiones indígenas debía considerarse que el incidente fue planteado cinco meses posteriores a la emisión de la imputación formal; es decir, fuera del plazo de diez días previsto por la norma; y, por otra parte, en cuanto a la etapa de juicio oral, los operadores de justicia ahora demandados al buscar el sentido del art. 391 del CPP establecieron que dicho artículo tiene por objeto proteger los derechos de un miembro de una comunidad o pueblo indígena que es procesado en la Jurisdicción Ordinaria, por cuanto, la designación de un perito permitiría establecer la conducta del imputado con atenuantes y agravantes; por ello, pese a que en el proceso penal se investigan delitos de carácter sexual en el que la víctima era una adolescente de dieciséis años, debía comprenderse que el juzgar con perspectiva de género no implicaba dejar de lado los derechos del imputado, por lo que, correspondía se considere la participación del perito y antes de emitir el auto de apertura de juicio oral se proceda a su designación, para pronunciar una sentencia justa y correcta; en ese sentido, lo referido por los operadores de justicia ahora demandados encuentra su punto de intersección con lo sostenido en la SCP 0207/2021-S2, que bajo similar razonamiento únicamente anuló obrados hasta la emisión del auto de apertura de juicio oral. Consecuentemente, por lo referido precedentemente es posible concluir que lo alegado por el accionante no resulta evidente, ya que los Vocales ahora demandados respetando y sujetándose al art. 391 del CPP efectuaron una labor interpretativa acorde al razonamiento efectuado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, estableciendo el objeto central del indicado artículo y considerando las características del proceso penal (existencia de dos grupos vulnerables); de ahí que, al emitirse el Auto de Vista 77/2022 no se vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y legalidad; así como el principio de seguridad jurídica, correspondiendo denegar la tutela solicitada respecto a los mismos. Asimismo, aunado a lo anterior, considerando que el impetrante de tutela denuncia que los Vocales ahora demandados vulneraron el derecho a la tutela judicial efectiva, es preponderante referir que, conforme se estableció en el Fundamento Jurídico III.9 de este fallo constitucional, este derecho comprende básicamente el derecho de toda persona a ser parte de un proceso y poder promover en el marco de la actividad jurisdiccional, cualquier recurso ordinario o extraordinario, que el ordenamiento prevea en cada caso con los requisitos legalmente establecidos, que desemboque en una decisión judicial sobre la pretensiones deducidas por las partes, por lo tanto, se puede concluir que es el derecho de todo actor o demandante a obtener una resolución o sentencia jurídicamente fundamentada sobre el fondo de lo peticionado, consecuentemente, de la verificación realizada de los actuados del proceso penal remitidos a este Tribunal se advierte que la parte peticionante de tutela accedió a la jurisdicción ordinaria interponiendo su incidente de actividad procesal defectuosa, además, es indiscutible que en el aludido proceso se emitió el Auto de Vista 77/2022; desembocando en una resolución de la pretensión del imputado, que no solo denota que no se lesionó el derecho a la tutela judicial efectiva sino también que no existe vulneración del derecho al debido proceso en su elemento congruencia, por cuanto existe la estricta correspondencia con los términos del debate, en tal sentido, los operadores de justicia ahora demandados cumplieron con su deber de emitir un fallo congruente conforme lo sostenido en el Fundamento Jurídico III.10 de este fallo constitucional; por lo que, corresponde denegar la tutela respecto a los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en su elemento congruencia.

Por los fundamentos expuestos, la Sala Constitucional al denegar la tutela, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 077/2022 de 16 de noviembre, cursante de fs. 71 vta. a 77, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Potosí; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicita, conforme los Fundamentos Jurídicos contenidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elisabeth Cornejo Gallardo es de voto aclaratorio

MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El Código de Procedimiento Penal establece: “Artículo 391.- (Diversidad cultural). Cuando un miembro de un pueblo indígena o comunidad indígena o campesina, sea imputado por la comisión de un delito y se lo deba procesar en la jurisdicción ordinaria, se observarán las normas ordinarias de este código y las siguientes reglas especiales: 1) El fiscal durante la etapa preparatoria y el juez o tribunal durante el juicio serán asistidos por un perito especializado en cuestiones indígenas; el mismo que podrá participar en el debate; y,

2 ) Antes de dictarse sentencia, el perito elaborará un dictamen que permita conocer con mayor profundidad los patrones de comportamiento referenciales del imputado a los efectos de fundamentar, atenuar o extinguir su responsabilidad penal; este dictamen deberá ser sustentado oralmente en el debate.”

2 La jurisprudencia constitucional pronunciada en la SCP 1840/2013 de 25 de octubre, formuló razonamientos respecto al contenido, alcance o los elementos constitutivos del debido proceso.

3 Respecto a la seguridad jurídica el AC 287/99 de 28 de octubre de 1999, textualmente señala: “La seguridad jurídica" uniformemente entendida como "condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la

Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: ‘El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales’” (las negrillas son añadidas). 6La CorteIDH en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).

7 ZOTA-BERNAL, Andrea Catalina, Incorporación del análisis interseccional en las sentencias de la Corte IDH sobre grupos vulnerables, su articulación con la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad Nº 9, octubre 2015 – marzo 2016, Universidad Nacional de Colombia y Universidad Autónoma de Madrid; en cuya nota de pie de la página 73, señala: “Este artículo se centra en la incorporación de la interseccionalidad en el Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos, no obstante en el ámbito europeo esta emergencia se ha dado en varias etapas: i) a partir del año 2000 mediante la caracterización de las mujeres como sujetos habitualmente discriminados de manera múltiple: recogido en las directivas 43 y 78 del Consejo de la Unión Europea; ii) a partir del año 2013 se analiza la situación de otros sujetos históricamente discriminados de manera múltiple: Resoluciones del Parlamento Europeo del 12 de marzo de 2013 sobre mujeres con discapacidad, del 4 de febrero de 2014 sobre homofobia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y Resolución del 25 de febrero de 2014 sobre violencia de género; y iii) un enfoque más amplio de la discriminación en la Resolución del Parlamento Europeo del 26 de febrero de 2014 al abordar la prostitución y la explotación sexual, como fenómenos vinculados a criterios como el género, la exclusión social, la edad, la pobreza, la vulnerabilidad, la migración , entre otros”. Disponible en: https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/2803/1534

8 Adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante el 131º período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008. Disponible: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL.asp 9En el documento 63 de 9 diciembre de 2011 sobre Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en Mesoamérica, en el párrafo 302. Disponible: https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/MESOAMERICA%202011%20ESP%20FINAL.pdf

10 Corte IDH, en los Casos: Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela, en la Sentencia de 5 de julio de 2006 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas; Caso Pacheco Teruel y Otros vs. Honduras, en la Sentencia de 27 de abril de 2012 sobre Fondo, Reparaciones y Costas; y, Vélez Loor vs. Panamá, en la Sentencia de 23 de noviembre de 2010 sobre excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 11Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas; Principio II sobre Igualdad y no-discriminación, que señala: “Bajo ninguna circunstancia se discriminara a las personas privadas de la libertad por motivos de su raza, origen étnico, nacionalidad, color, sexo, edad, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índoles, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad física, mental o sensorial, genero, orientación sexual o cualquier otra condición social. (…) No será, consideradas discriminatorias las medidas que se destinen a proteger exclusivamente los derechos de (…) los pueblos indígenas, afrodescendientes y de minorías (…)”. Disponible: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL.as 12Corte IDH, en los Casos: Valentina Rosendo Cantú y otra vs. México, en la Sentencia de 31 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas); y, Fernández Ortega y Otros vs. México, en la Sentencia de 30 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.

13 Este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige, además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), en cuyo art. 9 establece como criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los Estados, que éstos tendrán especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, así, como embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. 14“…Así, la referida Corte IDH, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, a través de la Sentencia de 25 de noviembre de 2006, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 259 inc. i), hizo referencia a la violencia sexual contra las mujeres que se encuentran bajo la custodia del Estado, señalando que: “…Las mujeres han sido víctimas de una historia de

19 Convención Belén Do Pará, art. 9: “Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad”.

20 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por el Estado boliviano por la Ley 1100 de 15 septiembre de 1989. 21Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Caso L. C. vs. Perú, Comunicación 22/2009 de 18 de junio. Documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) CEDAW/C/50/D/22/2009 (25 de noviembre de 2011).

22 “…cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SPINNA), para garantizar la vigencia plena de sus derechos,

24 El art. 196.I de la CPE prevé: “El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”.

28 En el F.J.III.1. “…para que este Tribunal pueda cumplir con su tarea es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la interpretación porque lesionan sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa los fundamentos jurídicos que sustenten su posición, fundamentos en los que deberá exponer con claridad y precisión los principios o criterios interpretativos que no fueron cumplidos o fueron desconocidos por el juez o tribunal que realizó la interpretación y consiguiente aplicación de la norma interpretada; asimismo, exponer qué principios fundamentales o valores supremos no fueron tomados en cuenta o fueron desconocidos por el intérprete al momento de desarrollar la labor interpretativa y asumir la decisión impugnada; pues resulta insuficiente la mera relación de hechos o la sola enumeración de las normas legales supuestamente infringidas; porque sólo en la medida en que el recurrente expresa adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación entre la interpretación legal realizada por la jurisdicción ordinaria y los fundamentos que sustentan la interpretación y las conclusiones a las que arribó, con los fundamentos y pretensiones expuestos por el recurrente del amparo constitucional”

29 En su FJ III.2 estableció: “…la jurisdicción constitucional sólo puede analizar la interpretación efectuada por los jueces y tribunales ordinarios cuando se impugna tal labor como irrazonable, es necesario que el recurrente, en su recurso, a tiempo de cuestionar la interpretación de la legalidad ordinaria: 1. Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, y 2. Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional”.

30 En el F.J. III.3.I. señalo: “Del modo explicado en el párrafo anterior, se entiende que las reglas y subreglas contenidas en la doctrina de las auto restricciones de la jurisdicción constitucional, respecto al canon de interpretación de la legalidad ordinaria, así como la valoración integral de la prueba, son instrumentos al servicio de la persona que crea sus derechos vulnerados, que bien utilizados redundará en una mejor comprensión del tema por parte de la jurisdicción constitucional y con ello mayores posibilidades de concesión de la tutela requerida, por ello su buen uso deviene en una ventaja procesal; mientras que para el Tribunal Constitucional Plurinacional, son herramientas de verificación de la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones judiciales; pero en ningún caso se pueden aplicar para rechazar o denegar la activación de la jurisdicción constitucional por el sólo hecho de no haber sido nombradas en el memorial de amparo”.

Consiguientemente, a partir de las Sentencias anotadas, el Tribunal Constitucional Plurinacional está obligado a elegir los precedentes que contengan el estándar jurisprudencial más alto en los diferentes temas que analice, vinculados a derechos fundamentales o garantías constitucionales. Así, tratándose de acciones de libertad en las que se denuncie un supuesto procesamiento indebido, corresponde la aplicación del entendimiento más favorable para el acceso a la justicia constitucional desarrollado por este Tribunal. El presente Fundamento Jurídico fue desarrollado en el Voto Aclaratorio de la SCP 0373/2019-S2 de 14 de junio”.

34 Rivera Santivañez José Antonio, Jurisdicción Constitucional Procesos Constitucionales en Bolivia, Segunda Edición actualizada, pag.112, “El fundamento tiene su base en la constatación de que la jurisdicción constitucional, a través del desarrollo del Derecho Judicial o Derecho Jurisprudencial crea sub-reglas concretas derivadas de los derechos abstractos, emergentes de la interpretación constitucional, lo que supone que a través de las sub-reglas concretiza y otorga un contenido normativo concreto a las clausulas abstractas de la Constitución con relación a los valores supremos, principios fundamentales, derechos y garantías constitucionales, que constituyen la base esencial del Estado Democrático de Derecho. De manera que como afirma Rubio Llorente, la jurisdicción constitucional se constituye en la creadora del Derecho, por lo mismo la jurisprudencia constitucional es considerar por la doctrina como fuente directa del derecho.”

35 “En efecto, la fuerza vinculante de las sentencias constitucionales, significa que las sub-reglas y la doctrina constitucional creada por la jurisdicción constitucional, al constituirse en el precedente, deben ser aplicadas obligatoriamente, por el propio Tribunal Constitucional, así como por los demás jueces, tribunales o autoridades públicas, en aquellos casos que tengan supuestos facticos análogos…” “…los Tribunales o Cortes Constitucionales, al decidir casos interpretan las normas y preceptos de la Constitución, así como de las leyes sometidas al control, desde y conforme a la Constitución, al desarrollar esa labor crean Derecho en ocasiones, puestos que precisan el alcance de las reglas jurídicas existentes, o llenan vacíos y resuelven contradicciones del ordenamiento a través de la adopción de sub-reglas. Los resultados de la interpretación constitucional desarrollada y, en consecuencia, el derecho creado, se consignan en la ratio decidendi o razón de la decisión de la sentencia constitucional. Es en esa parte de la sentencia constitucional que tiene la fuerza vinculante, por lo mismo es de aplicación obligatoria para los demás jueces y tribunales, en la resolución de casos análogos. “

36 En su F.J. III.3.1., señalo: “a) La jurisprudencia constitucional tiene valor de fuente directa del Derecho, de ahí que se reconoce su carácter vinculante para los órganos del poder público y particulares (SC 1781/2004-R y SC 1369/2010-R). b) El respeto y aplicación del precedente constitucional está vinculado al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (arts. 8.II y 14.III de la CPE) y la garantía de seguridad jurídica (art. 178.I de la CPE) (SC 0493/2004-R y SC 1781/2004-R). c) La importancia del precedente vinculante es que da coherencia y unidad al sistema jurídico (SC 0457/2004-R y SC 1369/2010-R). d) El respeto a los precedentes constitucionales, no implica que el Tribunal Constitucional Plurinacional petrifique su jurisprudencia, impidiendo el replanteamiento de problemas jurídicos aparentemente ya resueltos; por el contrario, puede cambiarla, mutarla, siempre que sea con motivación suficiente (SC 1781/2004-R). Sobre este punto, se tiene que uno de los criterios para cambiar la jurisprudencia constitucional: En la medida que los precedentes sean más acordes con los principios, valores, derechos fundamentales, garantías constitucionales de la Constitución Política del Estado y del bloque de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional Plurinacional preferirá su fijeza. A contrario sensu, éste Tribunal aperturará su capacidad de cambio cuando no esté acorde a ellos.”

37 Diccionario Panhispánico del Español Jurídico disponible en el enlace https://dpej.rae.es/lema/derecho-a-la-tutela-judicial- efectiva

38 Disponible en el siguiente enlace https://revista-estudios.revistas.deusto.es/article/view/1531/1880

39 El Tribunal Constitucional de España a través de la STC 218/2009, de 21 de diciembre, sostuvo: “…Dada la trascendencia que para la tutela judicial tienen estas decisiones de denegación de acceso a la jurisdicción, su control constitucional ha de realizarse de forma especialmente intensa: más allá de la verificación de que no se trata de resoluciones arbitrarias, manifiestamente irrazonables o fruto de un error patente, tal control procede a través de los criterios que proporciona el principio pro actione, entendido no"como la forzosa selección de la interpretación más favorable a la admisión de entre todas las posibles de las normas que la regulan", sino como "la interdicción de aquellas decisiones de inadmisión que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines que aquellas causas preservan y los intereses que sacrifican…”

40 La jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, refiere respecto a los elementos que componen a la garantía general del debido proceso en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido

línea, la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre, señaló: ‘…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”. Estos razonamientos fueron reiterados posteriormente en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo y, desarrollados ampliamente en la SCP 1111/2012 de 6 de septiembre’.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0553_2024-S1.pdf · páginas 1 a 55.

Huella digital del PDF (SHA-256): da5a4391a166fbf77a8483f4881f8ce7d2b6a6024b28e237cd2b6486ac26a73d

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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