B.IA.LEGAL

SCP 0552/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de junio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
5 de junio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
52578-2023-106-AL
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante alega la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a ser oído por un juez imparcial; debido a que, la autoridad demandada incurrió en incongruencia aditiva al momento de emitir el Auto de Vista 518/2022, ya que: a) Declaró la procedencia del recurso de apelación incidental del Ministerio Público, cuando su representante, en audiencia, únicamente cuestionó de forma errónea la inconcurrencia de la probabilidad de autoría y el peligro de fuga inserto en el art. 234.7 del CPP, cuando estos fueron efectivamente acreditados en la Resolución impugnada; b) Admitió el recurso de apelación incidental interpuesto por UMADIS sin considerar las reglas generales establecidas en los arts. 394 y 396 del CPP respecto a la legitimación recursiva, ya que dicha institución no es víctima dentro del proceso penal; y, c) La necesidad y utilidad de la medida cautelar más gravosa no fueron argumentadas por los entonces recurrentes; empero, la autoridad demandada ingresó a este análisis, vulnerando lo establecido en el art. 398 del CPP. La autoridad demandada, pese a su citación con la presente acción de defensa, no remitió informe y no se hizo presente en audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 25/2022 de 21 de diciembre, cursante de fs. 100 a 107, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Llamar la atención a Jesús Marcelo Barrios Arancibia, Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Chuquisaca, de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la congruencia como componente del debido proceso
  2. III.2. Respecto al principio de informalismo en la acción de libertad
  3. III.3. Análisis del caso en concreto
  4. III.4. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0552/2025-S2 Sucre, 5 de junio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 52578-2023-106-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 25/2022 de 21 de diciembre, cursante de fs. 100 a 107, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por William Acebey Arismendi contra Jaime Rene Conde Andrade, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 20 de diciembre de 2022, cursante a fs. 1 y 89 a 94 vta., el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal instaurado en su contra por la presunta comisión de los delitos de abuso sexual y violación agravada, por Auto Interlocutorio de 12 de noviembre de 2022, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca estableció la aplicación de medidas cautelares de carácter personal distintas a la detención preventiva en su contra, ya que no era necesaria la imposición de la extrema medida. Dicha determinación fue apelada por los denunciantes y la representación fiscal, mereciendo la emisión del Auto de Vista 518/2022 de 24 de noviembre pronunciado por Jaime Rene Conde Andrade, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -ahora demandado-, el cual declaró inadmisible el recurso presentado por la representación del Instituto Psicopedagógico Ciudad Joven San Juan de Dios y procedentes los planteados por los representantes del Ministerio Público y la Unidad Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (UMADIS) del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Sucre; revocando el Auto Interlocutorio apelado y, en consecuencia, ordenó su detención preventiva por el plazo de tres meses en el Centro Penitenciario San Roque del departamento de Chuquisaca. El Auto de Vista 518/2022 resulta incongruente, ya que: a) El Ministerio Público, en la audiencia de apelación incidental, cuestionó de forma errónea la inconcurrencia de la probabilidad de autoría y el peligro de fuga inserto en el art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), cuando estos fueron efectivamente acreditados en la resolución impugnada; sin embargo, el Vocal demandado declaró la procedencia del recurso; b) Admitió la apelación incidental interpuesta por UMADIS sin considerar las reglas generales establecidas en los arts. 394 y 396 del CPP respecto a la legitimación recursiva, ya que dicha institución no es víctima dentro del proceso penal; y, c) La necesidad y utilidad de la medida cautelar más gravosa no fueron argumentadas por los entonces recurrentes; empero, la autoridad demandada ingresó a este análisis, vulnerando lo establecido en el art. 398 del CPP.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante alega la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a ser oído por un juez imparcial; citando al efecto los arts. 21.7, 23.I, 115.II, 117.I, 119.II y 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: 1) Se deje sin efecto el Auto de Vista “436/2022” -siendo lo correcto 518/2022-; 2) Se libre de forma inmediata un mandamiento de libertad, disponiendo su detención domiciliaria con escolta policial; y, 3) Se ordene al pago de costas y costos.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 21 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 98 a 99; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos expuestos en su memorial de acción de libertad y, ampliándolos en audiencia de garantías, señaló lo siguiente: i) El Auto Interlocutorio apelado establece que ya se tomaron las declaraciones anticipadas y que existen informes psicológicos; ii) La necesidad y utilidad de una medida cautelar en la etapa preparatoria está vinculada a los actos investigativos, es por eso que se otorga un plazo determinado; sin embargo, el Auto de Vista cuestionado no señala qué actos se van a realizar, por lo que, en caso de pretender recuperar su libertad, no sabría qué actos deben cumplirse; iii) Se informó a la autoridad demandada respecto a dos menores que dependen de su persona; empero, este aspecto no fue considerado en su resolución; y, iv) Antes de concluirse el acto e incluso de emitirse la Resolución ahora cuestionada, efectivos policiales irrumpieron en la oficina de su abogado, anticipando el resultado de la audiencia, y se lo llevaron “enmanillado” en calidad de aprehendido para trasladarlo al Centro Penitenciario San Roque del departamento de Chuquisaca, circunstancia que considera ilegal.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Jaime Rene Conde Andrade, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca no se hizo presente a la audiencia de garantías y tampoco presentó informe escrito alguno, pese a su citación cursante a fs. 97.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, por Resolución 25/2022 de 21 de diciembre, cursante de fs. 100 a 107, concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 518/2022 y ordenando se emita nueva resolución, “…tomando en cuenta los motivos recursivos únicamente de UMADIS, así como los criterios que sustentan la presente sentencia Constitucional” (sic), con base en los siguientes fundamentos: a) Siendo que los aspectos que cuestionaba erróneamente el Ministerio Público, respecto a la presunta inconcurrencia de la probabilidad de autoría y el peligro de fuga inserto en el art. 234.7 del CPP, se encontraban acreditados en el Auto Interlocutorio impugnado, debió determinarse la improcedencia de su recurso de apelación incidental; b) UMADIS es una institución dependiente del Estado que tiene por objeto y finalidad la defensa y protección de los derechos de las personas con discapacidad, por lo que gozaba con legitimidad recursiva al momento de interponer su recurso de apelación incidental, conforme prevé el art. 76.5 del CPP en calidad de víctima; c) La autoridad demandada, al momento de emitir el Auto de Vista ahora cuestionado, ingresó de forma incongruente al análisis de la finalidad, utilidad y proporcionalidad de la medida cautelar a imponerse, siendo que los motivos de apelación incidental de UMADIS se circunscribieron a la falta de tutela judicial efectiva y de consideración del interés superior de las víctimas menores con discapacidad, y la vulneración al debido proceso por falta de fundamentación, motivación y mala valoración de la prueba; d) El Juez a quo consideró el interés superior de las víctimas menores de edad con discapacidad al imponer medidas restrictivas de la libertad del acusado;

e) No obstante que la imputación formal es por el delito de violación agravada, se consideraron dos informes médicos con relación a las presuntas víctimas, que hablan de la existencia de hímenes íntegros, lo cual podría variar la situación jurídica del accionante; aspectos que fueron considerados por el Juez a quo; y, f) La apreciación de la autoridad demandada respecto a la aplicación condicionada de los principios pro homine, favorabilidad y proporcionalidad, siempre y cuando “…las víctimas sean iguales y no cuando las personas no sean iguales…” (sic) es incorrecta. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el abogado del accionante solicitó se emita un pronunciamiento sobre su solicitud de mandamiento de libertad. Ante ello, el Juez de garantías determinó no ha lugar lo solicitado en función a los alcances de lo determinado en la Resolución. Sin embargo, por Auto de 22 de diciembre de 2022, cursante a fs. 107, el Juez de garantías ordenó la emisión de un mandamiento de libertad a favor del impetrante de tutela, disponiendo que el prenombrado continúe cumpliendo las medidas cautelares personales dispuestas por Auto Interlocutorio de 12 de noviembre del mencionado año.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta Auto Interlocutorio de 12 de noviembre de 2022 pronunciado por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, mediante el cual dispone aplicar medidas cautelares personales contra William Acebey Arismendi -hoy accionante-, como ser su detención domiciliaria, prohibición de contactarse con las víctimas y testigos, presentación periódica ante la fiscalía cada siete días, fianza juratoria, la prohibición de salir del país sin autorización judicial y el ofrecimiento de dos garantes solventes (fs. 65 a 69). II.2. Cursa Auto de Vista 518/2022 de 24 de noviembre pronunciado por Jaime Rene Conde Andrade, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -hoy demandado-, mediante el cual declaró procedentes los recursos interpuestos por los representantes del Ministerio Público y UMADIS, revocando el Auto Interlocutorio de 12 de noviembre de 2022 y ordenando la detención preventiva del impetrante de tutela por el plazo de tres meses en el Centro Penitenciario San Roque del referido departamento (fs. 80 a 87 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante alega la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a ser oído por un juez imparcial; debido a que, la autoridad demandada incurrió en incongruencia aditiva al momento de emitir el Auto de Vista 518/2022, ya que: a) Declaró la procedencia del recurso de apelación incidental del Ministerio Público, cuando su representante, en audiencia, únicamente cuestionó de forma errónea la inconcurrencia de la probabilidad de autoría y el peligro de fuga inserto en el art. 234.7 del CPP, cuando estos fueron efectivamente acreditados en la Resolución impugnada; b) Admitió el recurso de apelación incidental interpuesto por UMADIS sin considerar las reglas generales establecidas en los arts. 394 y 396 del CPP respecto a la legitimación recursiva, ya que dicha institución no es víctima dentro del proceso penal; y, c) La necesidad y utilidad de la medida cautelar más gravosa no fueron argumentadas por los entonces recurrentes; empero, la autoridad demandada ingresó a este análisis, vulnerando lo establecido en el art. 398 del CPP. La autoridad demandada, pese a su citación con la presente acción de defensa, no remitió informe y no se hizo presente en audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la congruencia como componente del debido proceso

La SCP 1083/2014 de 10 de junio, estableció que, sumado a la exigencia de la motivación y fundamentación, el debido proceso comprende la congruencia, entendiendo así: “…la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (las negrillas y el subrayado son nuestros).

III.2. Respecto al principio de informalismo en la acción de libertad

Sobre este principio medular del mecanismo de protección constitucional de la acción de libertad, la SCP 1654/2013 de 4 de octubre, sostuvo que: “…si bien la acción de libertad está regida por el informalismo en su presentación, ello no implica que el accionante se encuentre eximido de realizar la relación de los hechos o actos considerados lesivos o circunstancias fácticas que conllevaron a la vulneración de derechos y garantías constitucionales por parte de la persona o autoridad demandada, exposición que deberá realizarla a tiempo de interponer la acción de libertad, en su caso, en el desarrollo de la audiencia de consideración de la misma o podrá fundamentarla con mayor precisión, sin que en esta circunstancia, sea posible argumentar nuevos hechos, esto a efecto de no causar indefensión al demandado, situación a la que se llegaría si se permitiera que en la audiencia se acceda a la exposición de otros hechos que no fueron expuestos en la demanda, salvo que exista vinculación con los hechos demandados” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).

III.3. Análisis del caso en concreto

Delimitado como está el ámbito de análisis, resulta necesario abordar la problemática planteada a partir de los aspectos que, en esencia, cuestiona el accionante en la presente acción tutelar: 1) La admisión de la apelación incidental interpuesta por UMADIS sin considerar las reglas generales establecidas en los arts. 394 y 396 del CPP respecto a la legitimación recursiva, ya que dicha institución no es víctima dentro del proceso penal; y, 2) Que, la autoridad demandada, en el Auto de Vista 518/2022 de 24 de noviembre declaró procedente la apelación incidental planteada de forma errónea por el Ministerio Público, e ingresó al análisis de la necesidad y utilidad de la medida cautelar más gravosa, cuando estos aspectos no fueron solicitados por los entonces recurrentes. Respecto a la admisión de la apelación incidental formulada por la representación de UMADIS, de la revisión del Auto de Vista 518/2022, propiamente el punto III.4, donde se consigna la respuesta de la defensa del accionante a los alegatos impugnatorios expresados por los entonces recurrentes en la audiencia de 24 de noviembre de igual año, se evidencia que el mismo no cuestionó ante la autoridad demandada la legitimación activa de la referida institución. Por consiguiente, en lo que refiere a este punto, se tiene que el impetrante de tutela no reclamó este aspecto ante dicha autoridad que contaba con la posibilidad de determinar la admisibilidad del recurso presentado, ni utilizó oportunamente el mecanismo procesal idóneo a efectos de hacer notar su pretensión; y, denunció este aspecto directamente ante sede constitucional, incumpliendo con el principio de subsidiariedad excepcional que rigen las acciones de libertad; en consecuencia, no corresponde ingresar al análisis de fondo de esta problemática planteada, precisamente por incumplimiento del principio de subsidiariedad.

Ahora bien, en lo que respecta a que la autoridad demandada declaró procedente la apelación del Ministerio Público planteada de forma erróneo e ingresó al análisis de aspectos no argumentados por los recurrentes, corresponde precisar que, dentro del proceso penal que se sigue al impetrante de tutela por la presunta comisión de los delitos de abuso sexual y violación agravada, por Auto Interlocutorio de 12 de noviembre de 2022 en el que se dispuso aplicar medidas cautelares personales contra el prenombrado (Conclusión II.1). Dicha determinación fue objeto de apelación incidental -entre otro-por los representantes de UMADIS y el Ministerio Público, con base a los siguientes fundamentos: i) La representación fiscal denunció la falta de fundamentación y mala valoración de la prueba referente a la probabilidad de autoría y el peligro de fuga inserto en el art. 234.7 del CPP; ii) Por su parte, el representante de UMADIS sostuvo la falta de consideración del interés superior de las víctimas menores de edad con discapacidad, la inexistencia de tutela judicial efectiva para las niñas con discapacidad y la vulneración del debido proceso por falta de fundamentación, motivación y mala valoración de la prueba, este último al determinar la inconcurrencia del peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP. Tales reclamos motivaron la emisión del Auto de Vista 518/2022 ahora cuestionado, mediante el cual el Vocal demandado revocó el Auto Interlocutorio apelado y ordenó la detención preventiva del impetrante de tutela por el plazo de tres meses en el Centro Penitenciario San Roque del departamento de Chuquisaca, afirmando en lo sustancial lo siguiente: a) No se está ante un delito de hurto, estafa, robo, difamación o calumnia, en los cuales podrían aplicarse los principios pro homine, favorabilidad y proporcionalidad; por lo que, el Juez a quo los aplicó de forma equivocada, ya que “…las víctimas no son iguales como la parte imputada. El Sr. William Asebey Arismendi una persona mayor de 30 años, varón, soltero, funcionario público hasta hace poco, frente a menores de edad, mujeres y con discapacidad no son personas iguales” (sic); por consiguiente, se podrán aplicar estos principios cuando “…sea la parte imputada y la victima de igual a igual y no estén relacionados con delitos de carácter sexual…” (sic); y, b) El principio de favorabilidad debe aplicarse en favor de las víctimas, por lo que considera que el Juez a quo aplicó equivocadamente estos principios en favor del peticionante de tutela; siendo que en el caso debió más bien considerar la protección reforzada del Estado a las presuntas víctimas menores de edad y mujeres, al efecto, debió observarse la jurisprudencia constitucional, normas legales y convencionales respecto a la protección hacia las mujeres en situación de violencia. En conclusión, las razones por las cuales el Vocal demandado determinó revocar la Resolución apelada y disponer, en consecuencia, la detención preventiva del accionante, radicó en la errónea aplicación de los principios pro homine, favorabilidad y proporcionalidad en favor de éste último al momento de analizarse la necesidad y proporcionalidad de las medidas cautelares. Descritos como fueron estos antecedentes, corresponde acudir al desarrollo efectuado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, en el que se dejó claramente establecido que, al margen de la exigencia de motivación y fundamentación en las resoluciones judiciales, el debido proceso comprende también el deber de cumplir con el principio de congruencia en su dimensión externa, entendida como la necesaria correlación entre todos los puntos que fueron objeto del planteamiento de los sujetos procesales y la decisión asumida por la autoridad judicial.

Hechas estas precisiones, es necesario resaltar además que, el representante de UMADIS cuestionó -entre otros aspectos- la falta de consideración del interés superior de las presuntas víctimas menores de edad y con discapacidad que, por esas condiciones, merecen una protección reforzada y atención prioritaria por parte de los operadores de justicia. Dicho alegato impugnatorio fue respondido por el Vocal demandado al determinar que el Juez a quo aplicó de forma errada -entre otros- el principio de favorabilidad en beneficio del hoy accionante, cuando debió aplicarlo en favor de las presuntas víctimas precisamente en virtud a la atención prioritaria y protección reforzada que merecen. Por consiguiente, al margen de lo manifestado por el impetrante de tutela, no se evidencia que las razones que motivaron a la autoridad demandada a revocar el Auto Interlocutorio de 12 de noviembre de 2022, no guarden relación con lo argumentado y solicitado por los entonces recurrentes, en este caso la representación de UMADIS; de donde no es posible advertir la existencia de incongruencia externa en el Auto de Vista 518/2022 en la medida en la que amerite una concesión de tutela. Por otro lado, respecto a la impugnación presentada por la representación fiscal, si bien -tal como manifiesta el accionante- sus alegatos impugnatorios estaban dirigidos a cuestionar la presunta inconcurrencia de la probabilidad de autoría y el peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP en la situación jurídica del accionante; empero, dicho aspecto resulta carente de relevancia constitucional, puesto que, tal como se señaló, fueron los alegatos impugnatorios de la representación de UMADIS los que motivaron al Vocal demandado a revocar el Auto Interlocutorio de 12 de noviembre de 2022; por consiguiente, lo manifestado por el peticionante de tutela, en este punto, carece de mérito.

Con base a todo lo anterior, resulta evidente que la decisión asumida por el Vocal demandado en el Auto de Vista 518/2022 se basó en los aspectos que cuestionó la representación de UMADIS del Auto Interlocutorio apelado, por lo que, no se advierte la incongruencia externa denunciada por el impetrante de tutela. Siendo esto así, no corresponde otorgar la tutela solicitada. Por otra parte, respecto a la lesión de los derechos a la tutela judicial efectiva y a ser oído por un juez imparcial, el accionante no manifestó de qué forma se vulneraron dichos derechos, ya que únicamente circunscribió su reclamo a la admisibilidad del recurso presentado por UMADIS y la incongruencia externa del Auto de Vista 518/2022; por lo que, no es posible ingresar a su análisis.

III.4. Otras consideraciones

Resuelta como está la problemática planteada, si bien el accionante amplió los términos de su acción en la audiencia de garantías, manifestando que, antes de concluirse el acto e incluso de emitirse la Resolución ahora cuestionada, efectivos policiales irrumpieron en la oficina de su abogado, anticipando las resultas de la audiencia, y se lo llevaron “enmanillado” en calidad de aprehendido para trasladarlo al Centro Penitenciario San Roque del departamento de Chuquisaca; se evidencia que esta circunstancia responde a una alegación de nuevos hechos que no fueron motivo de la interposición de la presente acción de defensa, lo cual no pudo ser de conocimiento de la autoridad demandada y, menos aún, de los efectivos oficiales que presuntamente oficiaron su aprehensión, quienes tampoco fueron identificados como parte demandada; por lo que, no corresponde sean considerados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ya que, de hacerlo, se estaría vulnerando el derecho a la defensa de los demandados, tal como se extrae del entendimiento jurisprudencial desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, debiendo, en su caso, acudir con su reclamo a la autoridad competente, conforme establece la SC 0080/2010-R de 3 de mayo. Finalmente, corresponde pronunciarse sobre el actuar del Juez de garantías quien, actuando como juez ordinario, mediante un Auto complementario, dispuso de oficio la emisión de un mandamiento de libertad en favor del accionante, modificando sustancialmente los alcances dispositivos de su Resolución y desnaturalizando los alcances del instituto establecido en el art. 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo). Por consiguiente, se llama severamente la atención a Jesús Marcelo Barrios Arancibia, Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Chuquisaca. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 25/2022 de 21 de diciembre, cursante de fs. 100 a 107, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Llamar la atención a Jesús Marcelo Barrios Arancibia, Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Chuquisaca, de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0552_2025-S2.pdf · páginas 1 a 10.

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