B.IA.LEGAL

SCP 0550/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 13 de junio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
13 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
46393-2022-93-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Las accionantes por medio de sus representantes denuncian la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud y a la dignidad; alegando que, encontrándose Jeanine Añez Chávez con detención preventiva emergente de los procesos penales seguidos en su contra: 1) No se cumplió la orden de ser trasladada al Hospital de Clínicas de Nuestra Señora de La Paz, dispuesta por el Juez de garantías que resolvió una anterior acción de libertad que formularon el 18 de febrero de 2022; sufriendo una descompensación en su salud esperando la transferencia señalada, pretendiendo aplicarle tratamientos aun contra su voluntad. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2022 de 20 de febrero, cursante de fs. 79 a 86, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, en el marco de lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Exhortar a las autoridades pertinentes del Centro de Orientación Femenina de Miraflores de La Paz, que en el ejercicio de sus atribuciones, ajusten su accionar al marco normativo que las rigen, respecto de funcionarios de dicho Penal o de terceros, así como en relación a los privados de libertad de ese recinto penitenciario.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Del cumplimiento de las resoluciones de la justicia constitucional y la imposibilidad de interponer una nueva acción tutelar con el objeto de asegurar o cuestionar lo resuelto en una anterior
  2. III.2. Flexibilización de la legitimación pasiva en la acción de libertad
  3. III.3. Sobre la tortura, maltratos, estado de incomunicación, y agravación de las condiciones de detención protegidas por la acción de libertad correctiva

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0550/2023-S2 Sucre, 13 de junio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 46393-2022-93-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 03/2022 de 20 de febrero, cursante de fs. 79 a 86, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Adolfo Guillén Sánchez, Norka Cuéllar Tórrez y Carolina Ribera Añez por sí misma y en representación sin mandato de Jeanine Añez Chávez contra Juan Carlos Limpias Esprella, Director General a.i. del Régimen Penitenciario; y, Estefanía Mabel Cervantes López, Directora del Centro de Orientación Femenina de Miraflores.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 19 de febrero de 2022, cursante de fs. 4 a 9, las accionantes a través de sus representantes, expresaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Jeanine Añez Chávez, se encuentra detenida preventivamente en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores de La Paz, dentro del proceso penal instaurado por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y otros, con número “C.U. 201102012005679”; que aluden “…fue ilegal e indebidamente fraccionado en un segundo proceso…” (sic), por los supuestos delitos de resoluciones contrarias a la Norma Suprema e incumplimiento de deberes, signado con “CU 201102012105245”. Añaden que, el 18 de febrero de 2022, al promediar horas 11:00, se desarrolló la audiencia de consideración de una anterior acción de libertad, en la que, Carolina Ribera Añez requirió que su progenitora Jeanine Añez Chávez, fuera trasladada a un Hospital; tutela que le fue otorgada; empero, fue inobservada de forma ilegal en pleno “desprecio” de la ley por parte de la Directora del Centro de Orientación Femenina de Miraflores, bajo órdenes “presuponen” superiores; no siendo; empero, ese el motivo de la presente acción de defensa. Resaltan que, encontrándose acompañada de su hija Carolina Ribera Añez, sufrió una descompensación en su salud esperando que se cumpla el traslado al Hospital de Clínicas de la ciudad Nuestra Señora de La Paz; empero, el tiempo transcurría y no se daba observancia a su transferencia; teniendo que tres a cuatro horas posteriores a que se le concediera dicho derecho para ser llevada a un Hospital; la Directora del Centro de Orientación Femenina de Miraflores, “…por intermedio de un oficio…” (sic), pidió hablar con Carolina Ribera Añez, a solas; en la noche la Directora precitada acompañada de la Médico, Mariana García, del Régimen Penitenciario, ingresaron “…acompañados de un señor del cual descono (cen) su identidad, (le) agredieron e intimidaron, diciendo (le) que tenían una orden para aplicar (le) tratamientos aun en contra de (su) voluntad y otras cosas más que no recuerd (an), toda vez que ya para ese momento (le) habían puesto un suero y medicamentos que descono (ce), aludiendo que no se tenía la necesidad de informar (le)…” (sic); sin dejar desde ese momento a Jeanine Añez Chávez ver a su hijos y abogados, manteniéndola incomunicada. Destacan que, respecto a haber sido convocada Carolina Ribera Añez, por la Directora del Centro referido, aquello sucedió al promediar horas 15:10, cuando se encontraba acompañando a su madre ante una desestabilización en su salud; una vez afuera de la habitación le indicaron que “…era la abogada la que quería hablar (…) y que estaba afuera, cruza (ron) el comedor baj (ó) dos escalones y ahí aparecieron oficiales con pasamontañas, que estaban de civil, (le) empezaron a empujar, (le) querían tapar la boca, (le) intentaban alzar, rascaron, (le) dieron un puñete en el ojo y (le) sacaron del centro penitenciario de Miraflores, en (su) contra y a la fuerza, extremos que (podrían) ser evidenciados de las grabaciones de esa hora, por las cámaras del centro penitenciario, toda vez que se cuenta con cámaras al ingreso del penal. No (le) devolvieron (sus) cosas personales, (su) celular, billetera y documentación, hasta el día (…) sábado 19 de febrero del año 2021, a Hrs. 11:30 a.m.” (sic). Añaden que, ante la inobservancia en el traslado de Jeanine Añez Chávez por parte de la Directora del Centro, “…se dirigieron funcionarios públicos, en sus movilidades, al centro penitenciario de Miraflores a efectos de aparentar que el mismo se encontraba bloqueado para que no salgan, obviamente esto bajo una coordinación con el personal del Centro Penitenciario de Miraflores, quienes dan el tiempo suficiente para que lleguen estas personas. Así, se tiene que, sacan a Carolina Ribera Añez, fuera del Penal de Miraflores, para entregarla a estos funcionarios públicos, exponiendo su vida, de la misma forma al presente no (le) dejan tener contacto con (sus) familiares, con visitas, ni con (sus) abogados” (sic). De otra parte, resultaría “hilarante” que en forma ulterior, “…régimen penitenciario, (…) sacara un comunicado sin firma, ni respaldo, refiriendo que Carolina Ribera Añez, habría salido del penal de Miraflores de forma voluntaria, y que ella (Jeanine Añez Chávez) se encontraba bien, que ellos no serían responsables de haberla arrojado a la horda de funcionarios públicos, que refieran que ella se encontraba obstruyendo la labor de los médicos, sin informar cual era esa labor y en qué consistía, aún más sin referir de qué forma obstruía el tratamiento médico” (sic). Finalmente, refieren que el uso de la detención en condiciones de incomunicación constituye una transgresión de la prohibición de la tortura y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, mereciendo las personas privadas de libertad ser tratadas con respeto debido a la dignidad inherente a los seres humanos. Cuestión que no se habrían cumplido, al mantener incomunicada a Jeanine Añez Chávez, provocando sufrimiento en sus familiares.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señalaron como lesionados sus derechos a la vida, a la salud y a la dignidad, citando al efecto los arts. 18.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 5.2, 7.6 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela; y, en consecuencia, ordenar se conmine a la Directora del Centro de Orientación Femenina de Miraflores de La Paz conducir a Jeanine Añez Chávez, “…ANTE SU PRESENCIA, PARA PERCATAR (SE) DE su estado de salud…” (sic); y, en ese sentido: a) Se apliquen los principios que tutelan el derecho a la vida, disponiendo que no sea incomunicada de sus familiares, conocidos y abogados, sea en el acto; b) Conminar a los demandados a no realizar tratos indignos y crueles en su contra y la de sus familiares; informando los tratamientos médicos que le aplicarán y estos sean bajo su consentimiento; c) Otorgar a sus familiares un informe en un plazo no mayor a veinticuatro horas respecto al tratamiento de salud que se pretende utilizar y sobre las acciones efectuadas por los médicos, identificándolos con nombres y apellidos; y, d) Prohibir a la Médico del Régimen Penitenciario, Mariana García, tener contacto con su persona, familiares y médicos que le tratarán; puesto que sus agresiones son permanentes.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 20 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 75 a 78 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Las accionantes a través de sus abogados, ratificaron in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; destacando que, la acción de libertad fue presentada por la incomunicación dispuesta contra Jeanine Añez Chávez sin la existencia de un fallo administrativo que la sancione con aquello, tornándose así en un trato indigno y cruel. Resaltan que, la tutela otorgada en la acción de libertad que formularon el 18 de febrero de 2022, fue incumplida por la Directora del Centro de Orientación Femenina de Miraflores de La Paz, considerando que pese a que debió trasladarse a la precitada al Hospital de Clínicas, se encontraba con su hija Carolina Ribera Añez en pleno cuadro de descompensación de su salud; habiendo procedido el personal del mencionado Centro dependiente de la Directora nombrada “…a horas 15:10 pm a sacar a la fuerza a (…) Carolina Ribera Añez tal cual podr (ía) evidenciar (se) del certificado médico forense…” (sic) adjunto a la presente acción de defensa, procediendo a “…golpearla, jalonearla y sacarla afuera mientras que afuera del penal encontrando un montón de funcionarios públicos, exponiendo la integridad de la hija alejándola de su madre en pleno desenlace de una crisis…” (sic). Añadieron que, los demandados transgredieron los arts. 62 y 73 de la CPE, por cuanto la incomunicación se halla prohibida y toda limitación a la misma solo procede en el marco de investigaciones por la comisión de delitos debiendo durar máximo veinticuatro horas; buscando con su acción tutelar la reparación de los defectos legales precitados. Por su parte, Carolina Ribera Añez, indicó en audiencia que la incomunicación que recibiría su progenitora es una tortura, siendo una mujer enferma que está en prisión, sufriendo una serie de maltratos, agresiones, amedrentamiento y hostigamiento, cumpliendo en esa data “…su onceavo día de huelga de hambre…” (sic), siendo tres días que no vería a su madre. Precisó que, el 18 de febrero de 2022, fue expulsada del Centro Orientación Femenina de Miraflores con violencia impidiendo tener contacto, habiendo sufrido su madre tres crisis hipertensivas, situación que le causaría miedo por lo que podría pasar con su vida y salud, padeciendo incluso crisis nerviosas delante de ella, contando en el Recinto Penitenciario solo con tratamientos paliativos inyectándole “algo” para el momento. Resaltó que, en una anterior acción de libertad formulada se dispuso el traslado de su progenitora al Hospital de Clínicas; empero, la Directora demandada inobservó lo dispuesto asumiendo incluso represalias en su contra haciéndole sacar del Penal de manera violenta y agresiva; por lo que, solicitó es que no le imposibiliten ni restrinjan las visitas que pueda cumplir ella o su defensa, resultando innegable que “…ellos (le) hacen daño a (ella) para dañar a (su) madre…” (sic). Por último, refirió que cuando el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, se apersonó al Penal, su progenitora sufrió dos crisis nerviosas más “…porque entró el Director Departamental del Régimen Penitenciario FRANZ LAURA con la Mayor SERVANTES y con tres o dos médicos más para imponerle el tratamiento médico…” (sic), lo que se halla prohibido por los estándares internacionales; resultando innegable la inobservancia del fallo constitucional de la fecha antes indicada (18 de febrero de 2022), por más de cuatro horas anteriores a la emisión del Auto de igual fecha, incurriendo en un delito. A su vez, Jeanine Añez Chávez, manifestó sentirse débil al estar en el día doce de huelga de hambre teniendo la falta de alimentación efectos en su persona, resaltando que si bien se constituye en una acción voluntaria ella estaría en dicha huelga “…por grito de auxilio por justicia porque no solamente est (á) privada de libertad de manera abusiva porque (sería) una presa política y este (sería) un juicio político y no conformes con tener (la) privada de libertad est (aría) siendo sometida a violencia y (…) hasta tortura psicológica dentro de (ese) penal…” (sic). Añadió que, su hija fue retirada del cuarto que ocupa con “mentiras”, indicándole que su abogada estaba abajo y “…que ella tenía que salir para que ella pueda ingresar y no la volvi (ó) a ver no sup (o) más de ella porque no regresó…” (sic). De otra parte, indicó que le sería difícil bajar hasta el teléfono público del Centro Penitenciario para saber de ella por eso no lo hizo; y, en circunstancias en las que se encontraba esperando su traslado al Hospital de Clínicas por la tutela que mereció en una anterior acción de libertad, aproximadamente a horas 19:30, “…llegaron como manifestó (su) hija cinco personas la Directora del Penal, el señor Director Departamental y tres personas más de la clínica con una actitud prepotente…” (sic), estando en un estado de crisis persistente habiendo intentado efectuarle otra valoración conforme a una nueva decisión emitida por el entonces Juez de garantías, sin haberla trasladado toda la tarde “…esperando la presión política ante el juzgado que emitió la resolución para que pueda ser revertida…” (sic), habiéndose descontrolado por completo reaccionando muy mal conllevando a que los mencionados se retiren “…no hicieron la impostura con la que (la) amenazaron de hacer (le) la valoración a la fuerza” (sic). Ulteriormente, evidenciando la crisis nerviosa que le fue provocada tomó un calmante, pero le vino una nueva al ver en las Noticias como su hija de forma cobarde y violenta fue retirada del Penal, seguramente por instrucciones de la Directora del Penal, obviando su condición de mujer, siendo la demandada precitada “…bien torpe…”, mereciendo en su condición de privada de libertad respeto. Refirió, asimismo, que como una especie de tortura psicológica se instruyó dejar todas las puertas del Centro Penitenciario abiertas con el propósito que ella huela todo lo proveniente de la cocina, con total falta de humanidad porque incluso pidió a los “…doctores que no coman en (su) delante…” (sic). Por último, expuso que al no saber nada de sus hijos, el 19 de febrero de 2022, tuvo que hacer un esfuerzo grande para hablar por teléfono con su hijo a fin de conocer lo sucedido, quien le habría relatado que “…no les permitían entrar ni a ellos ni a los abogados por instrucciones del penal y del régimen penitenciario…” (sic); actos inhumanos que pidió terminen. Finalmente, los abogados de las impetrantes de tutela, aclararon que: “…la acción no estaba referida a que se considere una acción de libertad con otra acción de libertad, simplemente que ha habido una percepción mala por parte de los accionados” (sic).

I.2.2. Informe de los demandados

Juan Carlos Limpias Esprella, Director General del Régimen Penitenciario, presentó informe escrito de 20 de febrero de 2022, cursante de fs. 59 a 73 y reiterado en audiencia, mediante el que solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos: 1) La parte demandante de tutela no cumplió los requisitos para la interposición de su acción de defensa, por cuanto si bien la misma carece de formalidad aquello no implica que deba obviarse la subsidiariedad excepcional, contando Jeanine Añez Chávez con dos tribunales ordinarios y un anterior Juez de garantías de otra acción de libertad que planteó dos días anteriores a la presente con argumentos parecidos, que fue resuelta por Resolución 12/2022 de 18 de febrero, cuyo Auto complementario dispuso que en caso rechazare su traslado o atención médica y/o se presente otro impedimento material para su transferencia, dicha situación debía ser puesta en conocimiento del Director del Hospital de Clínicas para que dicha autoridad en el acto envíe al Centro de Orientación Femenina de Miraflores, personal médico especializado, insumos y equipamiento necesario a objeto del restablecimiento de su salud hasta que se encuentre fuera de peligro, disponiendo de igual manera que pese a la huelga de hambre realizada y garantizando su derecho a la vida se inicie inmediatamente el tratamiento de rehidratación y otros requeridos; por lo que, ante un eventual incumplimiento de lo establecido, corresponde que la parte accionante acuda al mismo Juez de garantías; 2) La privada de libertad se encuentra cumpliendo detención preventiva en virtud a órdenes judiciales del Juez de Instrucción Penal Décimo y del Juez de Instrucción Penal Anticorrupción Segundo ambos de la Capital del departamento de La Paz, dentro de los casos “…CUD: 201102012005679 y (…) 201102012105245…” (sic), encontrándose sujeta a los mismos debiendo éstos atender cualquier pedido efectuado por la nombrada vinculado a sus derechos a la salud, vida y libertad; 3) En el marco de lo dispuesto en la Norma Suprema y en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, se garantizó en todo momento un cuidado médico idóneo y pertinente a la privada de libertad, siendo actualmente atendida de forma diaria y permanente por un equipo de médicos comisionados en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores, que en coordinación con su médico particular monitorean su estado de salud; no obstante, ante la realización de una huelga de hambre por once días y ante el pedido médico que suspenda la misma para evitar complicaciones, el 18 de febrero de 2022, al finalizar la tarde, aceptó que le coloquen un suero intravenoso y también las indicaciones médicas que le fueron brindadas. En dicha data, de igual forma y en observancia de la antes nombrada Resolución 12/2022, médicos del Hospital de Clínicas se constituyeron en el Penal, no habiendo podido realizar la evaluación de Jeanine Añez Chávez por cuanto la indicada “…agredió a la Dra. Lucy Cruz médico internista de urgencias pero de todas formas (el) equipo médico del Recinto Penitenciario estuvo permanentemente monitoreando y atendiendo a la mencionada (…), en razón a ello que ya en horas de la noche, los malestares producto del Ayuno fueron desapareciendo, debido al suero que el equipo de médicos del recinto penitenciario logró colocarle con plena aceptación de la PPL Jeanine Añez” (sic); 4) El 19 de febrero de 2022, Médicos Psiquiatras conjuntamente al equipo médico del Penal, valoraron a la privada de libertad, concluyendo que no requería traslado hospitalario al encontrarse estable; apersonándose en dicha data el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo, a cuyos personeros se informó que la mencionada se encontraba con atención las veinticuatro horas del día y los siete días de la semana por parte de médicos “…del Hospital de Clínicas, médicos internistas, emergencista, psiquiatría y enfermería…” (sic); aspectos que se encontrarían reflejados en los informes médicos pertinentes; 5) La parte impetrante de tutela denuncia de manera falsa una supuesta incomunicación, transgresión a la vida y presuntas agresiones. Sobre el particular, no sería evidente la incomunicación alegada, más al contrario, la Administración Penitenciaria habría garantizado el ingreso de visitas y entrevistas que aceptó la privada de libertad, constando ello en el Libro de Registros del Recinto Penitenciario, en un total de mil setenta y ocho al 30 de septiembre de 2021. Aclara que, en virtud a la pandemia del COVID-19, el Penal restringió las visitas a toda la población penitenciaria a excepción de a los abogados, situación flexibilizada en el caso de la impetrante de tutela en muchas oportunidades sin descuidar los protocolos de bioseguridad; denotando lo afirmado la observancia de los arts. 103, 107 y 156 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS); y, 16 del Decreto Supremo (DS) 26715 de 26 de julio de 2022, Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad; compeliendo a toda visita familiar, personal, de amistad u otro índole cumplir los días y horarios regulados al efecto; por lo que, siendo un Penal de alta seguridad no concurre motivo para que personas ajenas a la institución se encuentren al interior del recinto causando malestar alterando la pacífica convivencia existente. De otra parte, aludió que las visitas extraordinarias se encuentran también previstas en la normativa, siendo falso que la peticionante de tutela se encontraría incomunicada, pudiendo la Directora del Centro Penitenciario prohibir cualquier ingreso no adecuado a la norma, o requerir se retire del recinto “…al no ser día señalado para la visita o que su tiempo haya finalizado…” (sic); 6) El 19 de febrero de 2022, a horas 12:42, ingresó como visita extraordinaria al mencionado Centro, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas; de igual forma, el 20 del mismo mes y año, José Armando Ribera Añez, hijo de la privada de libertad entró al Penal, denotando ambas situaciones que no se produjo incomunicación alguna no constando pruebas a dicho efecto quedando acreditado más bien que tiene visitas de familiares y abogados, además de instancias protectoras de los Derechos Humanos; 7) El Régimen Penitenciario de Bolivia adopta las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos, respecto a la atención médica de las y los privados de libertad; Protocolos Nacionales de Atención Primaria en Salud (Ministerio del ramo); Reglas de Bangkok y Normas de Vancouver; además de la normativa contenida en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión; misma que fue observada en todo momento, sin que conste que en ningún momento se prohibió o redujo el derecho a la asistencia médica particular de la privada de libertad, quien desde abril de 2021, contaría incluso con un equipo médico en el Penal. En dicho mérito, el 18 de febrero de 2022 se efectuó una Junta Médica; y, el 19 de ese mes y año, una Junta Psiquiátrica, con la participación de Médicos del Hospital de Clínicas, de la Defensoría del Pueblo y del Servicio de Prevención de Tortura (SEPRET), determinando que la impetrante de tutela no necesitaba internación pero sí monitoreo constante, aspecto que se realiza de forma continua y permanente por los Médicos del Penal, quienes permanecen las veinticuatro horas y vigilan el estado de salud de Jeanine Añez Chávez, efectuándole todos los días exámenes de laboratorio para el seguimiento y control vital; siendo falsa la afirmación en sentido que el Régimen Penitenciario estaría atentando contra su vida e integridad física, habiendo consentido que se le coloque un suero y medio el 18 del mes y año indicados como ya se anotó anteriormente; 8) La privada de libertad desde su ingreso al Penal asumió una conducta reticente a recibir una atención integral en salud por parte del personal médico, rechazando de manera categórica la asistencia psicológica; lo que se logró por medio de las conversaciones constantes con familiares y la propia privada de libertad en pro de su derecho a la salud, que fue reforzado por la asistencia brindada por sus médicos particulares contando la precitada con su Historial Clínico; 9) El 18 de febrero de 2022, la impetrante de tutela rechazó cualquier tipo de examen médico de las autoridades permanentes para conocer si efectivamente habría sufrido algún tipo de agresión física; situación informada por los Médicos Forenses a través de Nota IDIF-MF/CLIN 068/2022 -no indica fecha-, dirigida a los Fiscales de Materia; en cuyo orden, las afirmaciones referidas a malos tratos degradantes o torturas no fueron corroboradas por la instancia llamada por ley; 10) La negativa a recibir atención médica parte de la propia privada de libertad y de sus familiares quienes “…no permiten y rechazan la atención médica e impiden el tratamiento que fue dispuesto por indicaciones de su médico particular, asimismo, imposibilitaron que los médicos especialistas del Hospital de Clínicas procedan a la valoración médica que dispuso la Autoridad Jurisdiccional (Juez Octavo de Sentencia Penal de la ciudad de La Paz)…” (sic), lo que demostraría la poca voluntad de la señalada y la obstaculización de su familia respecto a su derecho a la salud; 11) La persistente negativa a recibir atención médica, llamaría la atención “…porque parecería que la privada, familiares y abogados lo hacen de manera consciente y voluntaria, para lograr una atención médica en un Centro Médico, omitiendo las recomendaciones de su propio médico particular que señala de manera textual que no requiere internación, sino que debe cumplir con el tratamiento que es rechazado, para poder beneficiarse de una salida que no constituye un motivo de internación sino de cooperación de la paciente…” (sic); 12) La constante negativa precitada, conlleva un afán de revictimización de la privada de libertad poniendo en riesgo su vida, lo que debe ser evitado, por cuanto de no haberse dado una oportuna atención no se hubiera logrado que la demandante de tutela se encuentre clínicamente estable y no requiera internación; y, 13) La atención y resguardo de la vida e integridad física de Jeanine Añez Chávez se encuentra a la cabeza de la Médico, Mariana García, quien procura el bienestar de la población penitenciaria, no existiendo argumentos sólidos y suficientes para su alejamiento ni pruebas de lo contrario. En la audiencia tutelar, añadió que: “…la privada de libertad JEANINE AÑEZ CHÁVEZ ha recibido visitas médicas, visitas del alto comisionado de las Naciones Unidas y ha hecho una llamada telefónica a sus familiares…” (sic); aspectos evidenciables de la documentación adjunta a su informe; contando además el 20 de febrero de 2022, con la visita de su hijo según acta que acredita la entrada y salida de dicha persona; no existiendo solicitud escrita alguna a la Dirección de Régimen Penitenciario, ni a la del penal de Miraflores,

“…en relación a lo que decían sus abogados sobre el estado de salud de las últimas horas no (tiene) conocimiento si habrán presentado alguna solicitud…” (sic). Estefanía Mabel Cervantes López, Directora del Centro de Orientación Femenina de Miraflores, presentó informe escrito el 20 de febrero de 2022, cursante de fs. 45 a 50 vta., y ratificado en audiencia, a través del que pidió se deniegue la tutela, en virtud a los siguientes argumentos: i) El art. 40.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que la jueza, juez o tribunal en acciones de defensa, para el cumplimiento de sus resoluciones, sin perjuicio de la responsabilidad penal adoptará las medidas que sean necesarias, pudiendo requerir la intervención de la fuerza pública y la imposición de multas progresivas a la autoridad o particular renuente; debiendo considerarse, por otra parte que, conforme a la SC 0526/2007-R de 28 de junio, entre otras, las acciones constitucionales no son la vía o mecanismo idóneo para requerir el cumplimiento de fallos emitidos en las acciones de libertad y de amparo constitucional, por cuanto a dicho efecto, ante una eventual inobservancia aquello debe ser cuestionado al mismo juez o tribunal que conoció la acción tutelar por ser la autoridad llamada a hacer cumplir la decisión expedida en la jurisdicción constitucional. Jurisprudencia reiterada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0243/2012 de 29 de mayo y 0125/2014-S3 de 5 de noviembre, entre otras; reconociéndose incluso la oportunidad que además de las partes accionante y demandada, excepcionalmente el tercero ajeno al proceso constitucional pueda exigir el cumplimiento de un fallo constitucional, “…únicamente (…) cuando el objeto de reclamación sea semejante al que motivó la tutela solicitada con anterioridad, en pro de la objetivización del proceso constitucional” (sic); ii) En virtud a lo expuesto en el punto anterior, y a que consta el planteamiento de una anterior acción de libertad el 18 de febrero de 2022, resuelta por el Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en ese entonces Juez de garantías -determinó que Jeanine Añez Chávez sea conducida al Hospital de Clínicas de esa ciudad-, exhortando a la mencionada que permita la intervención médica para el restablecimiento de su salud; teniéndose Auto complementario que dispuso que su autoridad ponga en conocimiento del Hospital precitado a objeto que envíe al Centro de Orientación Femenina de Miraflores de La Paz, personal médico especializado, insumos y equipamiento necesarios a efectos de la restitución de la salud de la señalada-; se tiene que la parte impetrante de tutela debió recurrir haciendo conocer los extremos planteados en la presente acción de libertad, ante dicha autoridad judicial, “…ya que en la mayor parte del memorial (…) hace conocer el tema de salud…” (sic); iii) En observancia a la Resolución 12/2022, dictada por el Juez de garantías anteriormente nombrado, emitió Informe de esa fecha, exponiendo la imposibilidad material de cumplir lo determinado, considerando que en exteriores del Penal que dirige se encontraban grupos movilizados afines y contrarios a la privada de libertad Jeanine Añez Chávez. En ese marco, el Juez de garantías pronunció el Auto de igual data, expresando que, en caso que la propia demandante de tutela rechazara su traslado o la atención médico y/o se presentare otro impedimento material para su traslado, su autoridad debía poner en conocimiento del Director del Hospital de Clínicas a fin que en el acto se envíe al Centro Penitenciario, “…personal médico especializado, insumos y equipamiento necesario para que restablezcan la salud de la señora Jeanine Añez Chávez hasta que, su vida se encuentre fuera de peligro, debiendo actuar incluso a ser atendida; esta previsión de especialistas e insumos por parte del Director del Hospital de Clínicas, deberá considerar que, la interna se encuentra en el décimo día ayuno voluntario” (sic); órdenes que acató; iv) En relación a que se estaría privando de visitas a la peticionante de tutela Jeanine Añez Chávez, al estar incomunicada por cuanto no le dejarían ver a sus hijos ni a sus abogados; de la misma demanda tutelar, se tendría que la mencionada estuvo en compañía de su hija Carolina Ribera Añez y de sus abogados, existiendo constancia de ello según el Registro de Ingresos de Visitas al penal de Miraflores, hasta el 20 de febrero de 2022; lo que denotaría el cumplimiento de las funciones y obligaciones que le fueron asignadas en el marco de lo previsto en el art. 59 de la LEPS y su Reglamento; siendo comprobable que recibió “…visitas de familiares, amigos, instituciones, abogados, etc., en un estimado de más de 1078 visitas e incluso por sus médicos particulares que estuvieron atendiéndole los días que ha requerido” (sic); v) La salud de la demandante de tutela Jeanine Añez Chávez estuvo monitoreada las veinticuatro horas del día y los siete días de la semana por el equipo médico del Centro Penitenciario, en coordinación con su Médico particular, a quien de forma pertinente se le informa sobre su estado de salud; acreditándose que la prenombrada se encontraría estable inclusive los días de ayuno al que decidió acogerse voluntariamente; vi) Niega rotundamente las falsas sindicaciones sobre supuestas agresiones sobre la accionante referida, “…por el personal médico y policial, por el contrario (el) equipo médico y policial son quienes de forma diaria se encuentran velando por preservar la salud e integridad de la misma, y razón a ello que la misma a la fecha se encuentra estable” (sic); vii) Relativo a que Carolina Ribera Añez, habría recibido supuestas agresiones del personal de seguridad penitenciaria, “…ante una conducta agresiva entre gritos, amenazas y agresiones contra el equipo médico del Centro Penitenciario de Miraflores, se le pidió que se retire del Centro Penitenciario, en cumplimiento a la Ley 2298, ya que este comportamiento de acuerdo a (su) normativa no debe ser tolerado a ningún ciudadano y corresponde el retiro del recinto…” (sic). En ese marco, la mencionada aceptó retirarse de forma voluntaria a objeto de conversar con su abogada; empero, cuando se encontró cerca de las puertas del recinto, comenzó a forcejear con los guardias y “gritar” lo que se denotaría en las imágenes de los medios de prensa; y, viii) Durante las revisiones efectuadas por médicos del Hospital de Clínicas y también del equipo médico del Penal, la privada de libertad Jeanine Añez Chávez realizaría “…agresiones físicas y verbales…” (sic); situación que se encontraría reflejada en los Informes de los Médicos que hacen conocer a las autoridades judiciales dichos sucesos; debiendo conminarse a que Carolina Ribera Añez, cumpla con las reglas del recinto penitenciario estipuladas en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión y su Reglamento, así como en el Reglamento Interno del mismo, no siendo viable actuar bajo privilegio alguno.

I.2.3. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 03/2022 de 20 de febrero, cursante de fs. 79 a 86, denegó la tutela solicitada, por encontrar los argumentos insuficientes; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) Jeanine Añez Chávez se encuentra sometida a un proceso penal por delitos de orden público, cumpliendo detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores; habiendo activado una anterior acción de libertad denunciando la supuesta lesión de sus derechos a la vida y a la salud, en la que el entonces Juez de garantías le otorgó tutela ordenando que sea trasladada a un centro médico para el tratamiento respectivo a los problemas de salud que demostró en dicha instancia; en ese orden, no es viable generar una duplicidad de actuados debiendo considerar lo previsto en el art. 16 del CPCo, que prevé que la ejecución de un fallo constitucional con calidad de cosa juzgada corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoce la acción, compeliendo al Tribunal Constitucional Plurinacional conocer y resolver las quejas por demora o inobservancia de la ejecución antes señalada; por lo que, considerando los arts. 16 y 40 del Código mencionado, la parte accionante tiene la libertad de ejercer su derecho a la defensa en relación a la materialización de la tutela que le fue otorgada; b) La impetrante de tutela se sometió por propia voluntad a una huelga de hambre, situación similar a la analizada en la SCP 0582/2018-S4 -no precisa fecha-; teniendo que en dichos casos no se puede determinar transgresión del derecho a la vida cuando es el propio titular del derecho quien voluntariamente se coloca en situación de vulnerabilidad, no pudiéndose atribuirse aquello a las autoridades demandadas quienes no tendrían decisión, facultad o poder alguno sobre el particular; en ese marco, el deber de velar por la salud e integridad física de los reclusos termina frente a la renuncia del enfermo a su derecho a recibir protección y cuidados médicos; c) Conforme a lo expuesto por uno de los demandados, la privada de libertad recibió en esa data la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en el penal de Miraflores, verificando las condiciones de su huelga de hambre constatando que hasta ese momento se respetó su decisión como ejercicio legítimo de su derecho a la protesta pacífica; comprobando además que no se incurrió en ninguna acción por parte de las autoridades de alimentación o tratamiento forzados, estableciendo los estándares internacionales que aquello podría equivaler a una tortura o malos tratos. De otro lado, el citado Alto Comisionado resaltó que en caso de un traslado urgente de una persona privada de libertad a un centro médico por instrucción de un juez, el Estado es responsable de preservar el orden público a efectos de garantizar la seguridad de esa persona y hacer cumplir la determinación judicial; d) Conforme a lo antes expuesto, la demandante de tutela Jeanine Añez Chávez no se encuentra sometida a torturas en cuanto a una alimentación o tratamientos médicos forzados; primando la verdad material consagrada en el art. 180 de la CPE, no existiendo ningún otro elemento de prueba presentado que demuestre aquello, habiéndose limitado a presentar un certificado médico que ya fue valorado por un anterior Juez de garantías quien le confirió tutela; “…presenta una cédula de identidad de su hija Carolina Ribera Añez, una fotografía de la razón donde se puede ver una mano se puede ver una persona de espaldas con un suéter color Plomo, no se puede ver más nada…” (sic); no teniendo conocimiento -según refirió el Juez de garantías- sobre lo sucedido a la impetrante de tutela al no haber “…podido ver las noticias…” (sic) esos días, sin que se hubiera adjuntado algún material o elemento verificable “…inclusive la defensa podía haber producido ese video que han hecho referencia, para tal vez formar convicción del suscrito juez, eso respecto al derecho a la vida y salud que la ahora accionante ha referido en su acción de libertad” (sic); e) En cuanto a la incomunicación invocada en la demanda tutelar, conforme al principio de verdad material se verifica contrariamente que hasta esa data o por lo menos hasta “…el día viernes…” (sic), la impetrante de tutela Jeanine Añez Chávez hubiera contado con la visita de sus familiares, constando ello en el Libro de Registro; además la propia mencionada aludió en la audiencia que un día después del incidente cuestionado se comunicó con su hijo mediante llamada telefónica, quien le habría indicado que por orden de la Directora del Centro Orientación Femenina de Miraflores, se estaría imposibilitando el ingreso a su hija y a su defensa; empero, la acción de comunicarse con “…otro de sus familiares denota que no ha sido incomunicada ella estaba en la plena libertad de poder llamar a su abogado defensor, a su otra hija, etc…” (sic); f) La incomunicación tampoco puede ser demostrada con la fotografía presentada, debiendo considerarse que el hecho que no se le permita el ingreso al Penal no puede ser asumido en dicho sentido, “…hay diferentes medios de comunicación, puede ser de forma oral, escrita, a través de los medios tecnológicos, se entiende que ella está privada de libertad no puede utilizar celulares, ni nada sin embargo en ningún momento se le ha privado de poder realizar una llamada y por principio de verdad material se puede evidenciar que las visitas están limitadas en diferentes horarios y también en diferentes días…” (sic). Adicionalmente, la parte demandada refirió que no ordenó en momento alguno la restricción del acceso a los familiares o al abogado de la demandante de tutela, quien no demostró tampoco esa situación, “…de manera lírica es algo no objetivo la defensa debería haber tal vez recabado más documentación que haga ver de que evidentemente se habría restringido este derecho…” (sic); compeliendo tomar en cuenta que el Penal se encuentra controlado por funcionarios policiales quienes en función de la subordinación y constancia tienen un conducto regular previsto y una jerarquía a obedecer; g) Conforme a los arts. 58 y 59.9 de la LEPS, la Directora del mencionado Centro se encuentra en la facultad de generar políticas dentro del mismo para el correcto ingreso de personas que son ajenas siendo responsable del manejo y funcionamiento del mismo por encontrarse a su cargo, además de mantener actualizado el registro penitenciario; disposición concordante con el art. 2.8 del DS 26715; denotándose conforme a los registros de Libros que no vulneró el derecho a la comunicación “…y no se puede concluir que haya sido incomunicada por el hecho de que no se le haya permitido ingresar a su hija el día viernes en horario de la tarde, no ha sido incomunicada en ningún momento ni tampoco está demostrando esa situación” (sic); h) No obstante que la acción de libertad no requiere formalismos para su interposición pudiendo plantearse de forma oral o escrita por el agraviado o por cualquier a su nombre, respondiendo dicho principio a efectivizar la acción de defensa en forma oportuna y eficaz en atención a los derechos a la vida y a la libertad; aquello no implica que pueda prescindirse de la presentación de prueba mínima que acredite los hechos denunciados requiriendo la jurisdicción constitucional de certidumbre en relación a la transgresión de los derechos invocados de lesionados, caso contrario se ve impedida de otorgar tutela. En ese sentido, al alegar la parte demandante de tutela ser víctima de actos de tortura, incomunicación y otros, tenía el deber de demostrar los mismos a través de medios idóneos; no siendo viable realizar dichas afirmaciones “…por el hecho de que no se le ha permitido ingresar a una de sus familiares en horas de la tarde, tomando en cuenta que la misma accionante ha referido que se habría comunicado con su hijo a través de un medio telefónico” (sic); e, i) Respecto al pedido en sentido de prohibir a la Médico del Régimen Penitenciario, Mariana García, que se comunique con su persona y familiares; la mencionada no fue demandada en la acción tutelar, no resultando factible considerar dicha solicitud considerando que el Juez de garantías no puede suplir omisiones de las partes.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta certificado médico legal forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de La Paz, estableciendo que el 18 de febrero de 2022, a horas 19:29, realizó reconocimiento de Carolina Ribera Añez, de treinta y un años de edad, respecto a sucesos que habrían acontecido en esa data a horas 15:30, por cuestiones de “…agresiones físicas por siete personas encapuchadas dentro del centro de Orientación Femenina de Miraflores…” (sic), refiriendo que le habrían tapado la boca y el rostro, forzándola de los brazos, doblándole la muñeca derecha, recibiendo empujones sujetándole del cuello sacándola del Penal. Estableciéndose como consideraciones médico legales: “Lesiones compatibles con data y antecedente de origen traumático mecanismo contusa, con la correspondiente transferencia de energía. Se halla relación de causa y efecto. Según los parámetros de incapacidad se otorga: 6 días. Salvo complicaciones. CONCLUSIONES. AL MOMENTO DE VALORACIÓN CONSCIENTE, REACTIVA, LENGUAJE ESTRUCTURADO, INGRESÓ CAMINANDO. POLICONTUSA” (sic). Añadiendo que se estaba a la espera de exámenes solicitados bajo requerimiento fiscal (fs. 1 y vta.). II.2. Mediante acta de 19 de febrero de 2022, a horas 12:42, se advierte que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ingresó al Centro de Orientación Femenina de Miraflores, a través de visita excepcional en virtud “…a las medidas que toma la privada de libertad Jeanine Añez Chávez…” (sic), misma que se habría realizado con el apoyo médico, la Directora del Penal, y la Defensoría del Pueblo. Indicándose que: “…un factor desencadenante de las crisis que presenta de estrés la privada de libertad es la hija Carolina Ribera Añez, y la abogada Cuéllar, que además la privada de libertad Jeanine Añez de forma voluntaria y consciente no (…) ningún problema a personal médico e incluso no niega el tratamiento incluso en presencia de la Defensoría del Pueblo en fecha 18 de febrero del presente año. El Alto Comisionado (…) solicita (…): - Apoyo Psicológico (…) y posteriores a la medida de huelga de hambre. -La (…) de hablar con la familia para ayudar a la privada de libertad. -Se prepare una valoración psiquiátrica para el ingreso de la hija Carolina Añez. (No es recomendable)” (sic [fs. 25 a 26]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Las accionantes por medio de sus representantes denuncian la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud y a la dignidad; alegando que, encontrándose Jeanine Añez Chávez con detención preventiva emergente de los procesos penales seguidos en su contra: 1) No se cumplió la orden de ser trasladada al Hospital de Clínicas de Nuestra Señora de La Paz, dispuesta por el Juez de garantías que resolvió una anterior acción de libertad que formularon el 18 de febrero de 2022; sufriendo una descompensación en su salud esperando la transferencia señalada, pretendiendo aplicarle tratamientos aun contra su voluntad. Habiendo aparentado un bloqueo en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores de La Paz para no dar observancia a lo decidido; 2) La Directora del citado Centro, solicitó en dicha data hablar con Carolina Ribera Añez, con engaños, indicándole que la abogada era la que quería hablar con ella; empero, aparecieron oficiales con pasamontañas que estaban de civiles, empujándola, tapándole la boca, intentando levantarla, le rascaron, dieron puñete en su ojo y sacaron del Centro Penitenciario en su contra y a la fuerza; devolviéndole sus cosas personales recién el 19 de ese mes y año, a horas 11:30; y, 3) Se impidió la comunicación de Jeanine Añez Chávez desde el precitado 18 de febrero de 2022, con sus familiares, visitas y abogados; utilizando la incomunicación como un medio de tortura, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, mereciendo como privada de libertad el respeto debido a la dignidad inherente a los seres humanos. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Del cumplimiento de las resoluciones de la justicia constitucional y la imposibilidad de interponer una nueva acción tutelar con el objeto de asegurar o cuestionar lo resuelto en una anterior

Respecto al intitulado, la jurisprudencia de este Tribunal, estableció de manera reiterada que, las acciones de defensa no son la vía o mecanismo idóneo para exigir el cumplimiento de las resoluciones dictadas dentro de acciones tutelares, así como tampoco a efectos de corregir supuestas irregularidades procesales que se hubieran presentado en las mismas, o a fin de asegurar o cuestionar lo decidido en una resuelta con anterioridad; supuestos en los que, corresponde denegar la tutela impetrada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En ese marco, la SC 0045/2011-R de 7 de febrero, estableció que: “Así como no es posible interponer una acción tutelar para exigir el cumplimiento de un fallo pronunciado en otra acción tutelar (SC 1237/2010-R de 13 de septiembre), tampoco es posible cuestionar el procedimiento aplicado en el desarrollo de una acción tutelar a través de otra, (…). No obstante, cabe recordar que el debido proceso, es también aplicable al ámbito de la justicia constitucional, la cual no está exenta de cumplir el procedimiento constitucional y legal establecido, en armonía con la jurisprudencia constitucional que sobre el particular se hubiere pronunciado; sin embargo, cualquier cuestionamiento debe ser impugnado u observado en el mismo mecanismo de defensa constitucional y no a través de otro, por lo explicado precedentemente” (las negrillas y el subrayado son nuestros). Asimismo, la SC 1259/2011-R de 16 de septiembre, estableció que: “…las acciones tutelares no constituyen vías eficaces para solicitar el cumplimiento de resoluciones dictadas dentro de otras acciones de la misma vía constitucional, como tampoco para corregir su procedimiento o trámite. En todo caso, ante el incumplimiento de las disposiciones contenidas en ellas no es necesario accionar nuevamente la jurisdicción constitucional mediante otro amparo constitucional o acción de libertad y la APP; lo que corresponde al accionante es acudir al juez o tribunal que conoció la acción que dio origen a la Sentencia Constitucional, instancia a la cual, pedirá el cumplimiento del fallo resistido, de lo contrario, se podrá solicitar la remisión de antecedentes al Ministerio público para el procesamiento por la comisión del delito de ‘…desobediencia a resoluciones en procesos de hábeas corpus y amparo constitucional…’, ahora acciones de libertad y amparo constitucional; sin perjuicio que se pueda pedir al Tribunal Constitucional que haga cumplir su determinación, (…). Interponer otra acción tutelar para solicitar en el fallo el cumplimiento de otro, en los hechos importaría pretender negarle eficacia a los efectos de los fallos de la jurisdicción constitucional y generar un círculo vicioso que provocaría el colapso de esta jurisdicción; por ende daría lugar a la utilización insulsa tanto de recursos económicos como humanos, así como también el gasto inoficioso de recursos al agraviado que ya obtuvo tutela”

(las negrillas y el subrayado nos corresponden). En ese marco, la SCP 1600/2014 de 19 de agosto, determinó que dichas comprensiones jurisprudenciales, determinan que: “…las acciones de defensa no pueden ser utilizadas como un mecanismo para obtener el cumplimiento de una resolución dictada por la jurisdicción constitucional, así como tampoco para impugnar lo decidido en aquella, al ser clara la disposición contenida en el art. 203 de la Ley Fundamental, en sentido que contra las decisiones asumidas en la misma, no cabe recurso ordinario ulterior alguno. No siendo factible por ende, la consideración de una acción tutelar presentada con la finalidad de asegurar o cuestionar lo resuelto en una anterior, desnaturalizando su objeto” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).

III.2. Flexibilización de la legitimación pasiva en la acción de libertad

Al respecto, la SCP 0326/2018-S2 de 9 de julio, haciendo referencia a fallos constitucionales anteriores; refirió que: “…La SCP 1602/2011-R de 17 de octubre, indicó lo siguiente: ‘Teniendo en cuenta que las características de la acción de libertad son: el informalismo, inmediatez, inmediación y sumariedad, así como la relevancia de los derechos tutelados mediante ésta acción son la libertad personal o física y la vida; haciendo que la legitimación pasiva tenga un tratamiento especial; pues de acuerdo a la doctrina, la legislación y jurisprudencia comparada, no existe necesidad de identificar plenamente al sujeto pasivo o al autor de la restricción o amenaza del derecho; pues lo importante no es determinar la autoría del acto ilegal -lo cual es accesorio- sino la existencia de la ilegal privación de libertad o de su amenaza para la restitución inmediata del derecho. En ese sentido, la legitimación pasiva a decir de Nogüeira Alcalá, si se conoce ‘es conveniente determinar al autor del acto ilegal o arbitrario que amenaza, perturba o priva de la libertad personal o seguridad individual, pero no existe la obligación de determinarlo y éste puede ser desconocido, es a la autoridad jurisdiccional a la que corresponde comprobar quien ha infringido el orden jurídico y vulnerado el derecho de la persona afectada’ (NOGÜEIRA ALCALÁ, Humberto, ‘El hábeas corpus o recurso de amparo en Chile’, Revista de Estudios Políticos, No. 102, octubre-diciembre 1998, p. 207-208). (…) Sobre el particular, la SCP 0342/2010-R de 15 de junio, señaló asimismo que: ‘…es posible que en la demanda no se señale el nombre y domicilio del demandado, y en virtud a dicha permisión, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido los supuestos en los que no es exigible la identificación plena de la autoridad recurrida hoy demandada. Así, los supuestos en que el recurso -ahora acción- se dirige contra una autoridad distinta a la que ocasionó la ilegal restricción del derecho a la libertad física, pero de la misma institución, rango o jerarquía e idénticas atribuciones (1651/2004-R de 11 de octubre); cuando el recurrente se encuentra en una situación desventajosa, por ejemplo los casos de privación de libertad de extranjeros (SC 0499/2007-R de 19 de junio), o cuando siendo cierta y evidente la lesión no sea posible identificar a la autoridad que cometió el acto ilegal (SC 1017/2006-R de 16 de septiembre), aclarándose que en estos casos si bien se concede la tutela; empero, no se aplican las responsabilidades civiles y penales a la autoridad que (no) fue demandada’” (las negrillas y el subrayado fueron agregados).

III.3. Sobre la tortura, maltratos, estado de incomunicación, y agravación de las condiciones de detención protegidas por la acción de libertad correctiva

El art. 15 de la CPE, en su parágrafo I, consagra el derecho a la vida, estableciendo que: “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte” (negrillas y subrayado añadidos); teniendo el Estado por ende, el deber de protegerlo, emanando ello no sólo por previsión constitucional, sino también de lo instituido por diversos tratados y convenios internacionales ratificados por Bolivia; siendo éste derecho la base para el ejercicio de los demás derechos.

En relación a la incomunicación, el art. 73.I de la CPE, prevé que: “Toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad humana”. Por su parte, el parágrafo II de la norma indicada establece que: “Todas las personas privadas de libertad tienen derecho a comunicarse libremente con su defensor, intérprete, familiares y personas allegadas. Se prohíbe la incomunicación. Toda limitación a la comunicación sólo podrá tener lugar en el marco de investigaciones por comisión de delitos, y durará el tiempo máximo de veinticuatro horas” (negrillas adicionadas). De otra parte, el art. 74.I constitucional, instituye: “Es responsabilidad del Estado la reinserción social de las personas privadas de libertad, velar por el respeto de sus derechos, y su retención y custodia en un ambiente adecuado, de acuerdo a la clasificación, naturaleza y gravedad del delito, así como la edad y el sexo de las personas retenidas” (negrillas añadidas).

En ese marco, el art. 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), determina: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”. El art. 7.2 de la CADH, dispone: “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”. Al respecto, la SCP 1207/2012 de 6 de septiembre, refiere: “En efecto dicha posición de garante deviene impuesta del propio texto constitucional, así el art. 73.I de la CPE, (…), debiendo entenderse que esta norma se dirige precisamente a las autoridades con competencia y capacidad real de efectivizar dichas condiciones y por tanto responsables de las mismas, aspecto que concuerda con el art. 74.I del propio texto constitucional (…), provocando que la responsabilidad sobre el resguardo de esas condiciones recaiga inicialmente sobre el Estado que luego deviene en responsabilidad individual de sus funcionarios por ello puede aseverar que es el Estado y sus servidores los que se encuentran en posición de garante respecto a los derechos de sus ciudadanos y en el caso de cárceles de las personas privadas de su libertad. En este mismo sentido se encuentra la uniforme jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que integra el denominado bloque de constitucionalidad internacional, así en la Sentencia de 16 de agosto de 2000, dentro del Caso Durand y Ugarte vs. Perú, sostuvo: ‘…toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos’, sin que puedan alegar la falta de recursos humanos, económicos, técnicos o de otra naturaleza, pues conforme al art. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados deben: ‘…adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades’ y conforme la sentencia de fondo, reparaciones y costas de 3 de abril de 2009 dentro del caso Kawas Fernández vs. Honduras ‘En este sentido, los Estados no pueden invocar privaciones económicas para justificar condiciones de detención que no cumplan con los estándares mínimos internacionales en esta área y no respeten la dignidad del ser humano’. Ahora bien, si inicialmente la tutela del derecho a la vida debe ejercerse por las autoridades penitenciarias, dicha obligación alcanza a todo el aparato estatal, así en la sentencia de 2 de septiembre de 2004, dentro del caso ‘Instituto de Reeducación del Menor’ la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo: ‘Frente a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones, y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna’. Finalmente y a efectos de resolver la presente causa, la posición de garante provoca la responsabilidad del Estado y sus órganos incluso frente a actos de terceros, así en la sentencia de 28 de enero de 2009, dentro del Caso Perozo y otros vs. Venezuela la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmó que: ‘La Corte ha señalado que la responsabilidad internacional del Estado puede generarse por actos violatorios cometidos por terceros, que en principio no le serían atribuibles. Esto ocurre si el Estado incumple, por acción u omisión de sus agentes que se encuentren en posición de garantes de derechos humanos, las obligaciones erga omnes contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención’, y para determinar esta responsabilidad ‘Debe atenderse a las circunstancias particulares del caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía, considerando la previsibilidad de un riesgo real e inmediato’, aspectos que sin duda deben considerarse por los jueces, fiscales, policías y personas en posición de garante respecto a las personas privadas de su libertad” (las negrillas y el subrayado son nuestros). Por su parte, sobre la tortura, maltratos, estado de incomunicación, y agravación de las condiciones de detención y la acción de libertad correctiva, la SCP 0912/2022-S3 de 21 de julio, indicó haciendo alusión a fallos constitucionales anteriores, que: “‘…la acción de libertad correctiva: «…protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. (…)». Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenado.

POR TANTO

, hallan cobijo dentro del ámbito protectivo de esta modalidad de hábeas corpus, la ilegal imposición de sanciones disciplinarias o el traslado también ilegal de una penitenciaría a otra; pues, al agravar arbitrariamente las condiciones de la detención, restringen con mayor intensidad la libertad personal de los detenidos’. ‘De lo señalado se puede determinar claramente que el hábeas corpus correctivo procede contra los actos lesivos a la integridad personal, integridad que debe entenderse en los planos físico, psicológico y moral, en estrecha conexión con la dignidad humana. Bajo esa perspectiva, no es obtener la libertad de la persona, sino que cesen los maltratos, estado de incomunicación, las condiciones de detención, inclusive de hospitalización que puedan considerarse inhumanas, humillantes y degradantes’ (SC 1199/2005-R de 26 de septiembre, reiterado por la SC 0739/2011-R de 20 de mayo y la SCP 0184/2013 de 27 de febrero)” (las negrillas nos corresponden). De igual forma, la SCP 1005/2012 de 5 de septiembre, citando a su vez fallos constitucionales anteriores, señaló: “…el hábeas corpus correctivo, es aquel cuya finalidad es impedir que las condiciones de detención, se agraven o emplacen su condición, sea por tortura, vejámenes; tratos degradantes; de esta forma, la SC 0170/2010-R de 17 de mayo, señaló: 'El hábeas corpus correctivo, no tiene como principal objetivo la búsqueda de la libertad del procesado, sino, como su nombre indica, corrige las agravantes ilegales de las condiciones de reclusión de los que se encuentren restringidos de su libertad…'. De igual forma, al respecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre que: 'El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos…'” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).

III.4. Del principio de informalismo en la acción de libertad:

Necesidad de demostrar o acreditar con la prueba pertinente la vulneración que se acusa El art. 125 de la CPE, establece en cuanto a la acción de libertad, que la misma puede ser planteada sin ninguna formalidad procesal; estableciendo asimismo, el art. 3.5 del CPCo, como un principio procesal de la justicia constitucional, el de no formalismo, por el que: “…sólo podrán exigirse aquellas formalidades estrictamente necesarias para la consecución de los fines del proceso”. Así, la informalidad en el diseño de la acción de libertad, responde a la importancia de los derechos que tutela; es decir, a la libertad y a la vida, permitiendo que la jurisdicción constitucional resuelva dicha garantía constitucional, prescindiendo de cualquier formalidad, tomando en cuenta precisamente que, tanto la Norma suprema, como el Código Procesal Constitucional, prevén que la acción tutelar sea presentada y tramitada sin ninguna formalidad procesal, pues podrá ser planteada oralmente o por escrito; por lo tanto, el juez o tribunal competente no debe exigir el cumplimiento estricto de requisitos y formalidades para su presentación.

No obstante a lo señalado, si bien es evidente que la acción de libertad se halla caracterizada por el principio de informalismo, por el que el juez o tribunal de garantías está obligado a obviar cualquier formalismo que impida su consideración, debiendo en todo caso, incluso salvar los defectos u omisiones de derecho; aquello no exime la necesidad de demostrar o acreditar con la prueba pertinente la vulneración que se acusa. Al respecto, la SCP 0112/2018-S2 de 11 de abril, concluyó que: “…en cuanto a la necesidad de demostrar o acreditar con la prueba pertinente la vulneración que se acusa; este Tribunal en la SC 1931/2010-R de 25 de octubre, aludiendo a lo señalado en fallos constitucionales anteriores, indicó que: ‘…si bien el recurso de Hábeas Corpus se rige bajo el principio de informalismo, no es posible soslayar la obligación de los recurrentes, ahora accionantes, de demostrar las afirmaciones que realiza al demandar de hábeas corpus, hoy acción de libertad, aún sea en la audiencia prevista al efecto, requisito que tiene por objeto que este Tribunal tenga certeza sobre la veracidad de las denuncias formuladas y la responsabilidad de las autoridades que hubiesen incurrido en el acto ilegal u omisión indebida lesiva del derecho protegido, lo que a su vez implica que el principio de informalismo no alcanza a la presentación de prueba suficiente y necesaria que demuestre el acto ilegal u omisión indebida reclamados’ (…). Jurisprudencia que, conforme a lo anotado, determina de manera expresa que el principio de informalismo, no conlleva que la parte accionante se halle eximida en la presentación de prueba suficiente y necesaria que acredite el acto ilegal u omisión indebida que cuestiona vulneraron los derechos fundamentales protegidos por la acción de libertad; debiendo al contrario, demostrar que las afirmaciones que sostiene en su demanda tutelar, son ciertas, otorgando así convicción al Tribunal Constitucional Plurinacional, sobre la veracidad de las denuncias realizadas y la responsabilidad de la parte demandada que hubiera incurrido en la lesión de sus derechos fundamentales” (negrillas y subrayado agregados). Jurisprudencia reiterada por este Tribunal en diversos fallos, que, conforme a lo anotado, determina de manera expresa que el principio de informalismo, no conlleva que la parte accionante se halle eximida en la presentación de prueba suficiente y necesaria que acredite el acto ilegal u omisión indebida que cuestiona vulneraron los derechos fundamentales protegidos por la acción de libertad; debiendo al contrario, demostrar que las afirmaciones que sostiene en su demanda tutelar, son ciertas, otorgando así convicción al Tribunal Constitucional Plurinacional, sobre la veracidad de las denuncias realizadas y la responsabilidad de la parte demandada que hubiera incurrido en la lesión de sus derechos fundamentales.

III.5. Análisis en el caso concreto

Lo expuesto en el Fundamento Jurídico precedente, es aplicable a la problemática de exégesis, en la que las accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud y a la dignidad; conforme a los hechos fácticos debidamente precisados en el apartado correspondiente, ceñidos en lo esencial a que, en las causas penales instauradas contra Jeanine Añez Chávez: i) Los demandados no dieron observancia a la decisión del Juez de garantías que otorgó tutela en una anterior acción de libertad interpuesta el 18 de febrero de 2022, de trasladar a la mencionada al Hospital de Clínicas de Nuestra Señora de La Paz, lo que le provocó una descompensación en su salud, intentando incluso realizarle tratamientos contra su voluntad. Habiendo aparentado un bloqueo en el Penal para no acatar lo decidido; ii) La Directora del Centro de Orientación Femenina de Miraflores de La Paz, indicó con engaños en igual fecha a Carolina Ribera Añez, que era la abogada la que quería hablar con ella; sin embargo, aparecieron oficiales con pasamontañas que estaban de civiles, empujándola, tapándole la boca, pretendiendo levantarla, le rascaron, dieron puñete en su ojo y retiraron del Centro Penitenciario en su contra y a la fuerza; retornándole sus cosas personales recién el 19 del mes y año expuestos, a horas 11:30; y, iii) Se imposibilitó la comunicación de Jeanine Añez Chávez desde el señalado 18 de febrero de 2022, con sus familiares, visitas y abogados; empleando la incomunicación como medio de tortura, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, compeliéndole como privada de libertad el ser tratada con el respeto debido a la dignidad esencial a los seres humanos. En ese orden de ideas, al haberse identificado tres problemáticas a ser resueltas en el presente caso, resulta necesario analizarlas de forma independiente.

a) En cuanto a que no se habría cumplido la orden de traslado al Hospital de Clínicas dispuesta por el Juez de garantías que resolvió una anterior acción de libertad planteada el 18 de febrero de 2022 Sobre el particular, las impetrantes de tutela refieren que la falta de observancia de la Resolución 12/2022 de 18 de febrero, dictada por el Juez de garantías que resolvió la acción de libertad que plantearon con anterioridad, no hubiera sido cumplida transgrediendo los derechos a la vida y a la salud de Jeanine Añez Chávez.

En ese orden, corresponde aplicar al respecto lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, conllevando la inviabilidad de considerar en el fondo dicha temática a través de la presente acción de libertad, por cuanto conforme se expuso en el Fundamento Jurídico precitado, no puede presentarse una acción tutelar para asegurar o cuestionar lo resuelto en una anterior acción constitucional, como sucede en el caso de examen, en el que, si bien en la audiencia tutelar los abogados de las demandantes de tutela aclararon que su acción “…no estaba referida a que se considere una acción de libertad con otra acción de libertad, simplemente que ha habido una percepción mala por parte de los accionados” (sic); resulta innegable que tanto en la demanda tutelar como en la audiencia efectuada para su consideración y resolución se invocó la falta de cumplimiento de la mencionada Resolución 12/2022, como causa de la transgresión de los derechos de Jeanine Añez Chávez.

En ese marco, no se observó que en caso de considerar que no se hubiera acatado la decisión asumida en la acción de libertad formulada previamente, concernía que la parte accionante acuda al mismo Juez de garantías que conoció la acción primigenia otorgándole tutela, pidiendo su observancia; no siendo viable plantear otra acción de libertad dirigida a asegurar la determinación asumida o a objetar aspectos vinculados a la misma. Al obrar en dicho sentido, las peticionantes de tutela ocasionaron la imposibilidad de efectuar consideración de fondo alguna sobre lo demandado en su acción constitucional en relación a la supuesta transgresión de los derechos a la vida y a la salud, por cuanto, cualquier cuestionamiento referente a una primera acción de defensa interpuesta, y al incumplimiento aludido en el traslado oportuno al Hospital de Clínicas como hubiera sido ordenado por el entonces Juez de garantías, debió ser observado en el mismo mecanismo de defensa; y, no así en otro, generando confusión e incluso un círculo vicioso en esta jurisdicción.

b) Referente a que la accionante Carolina Ribera Añez hubiera sufrido violencia física al ser retirada del Centro de Orientación Femenina de Miraflores

Carolina Ribera Añez, refiere que habría sido convocada por la Directora del Penal de Miraflores con engaños, siendo retirada del mismo, el 18 de febrero de 2022, en horas de la tarde, con violencia física, apareciendo oficiales con pasamontañas que estaban de civiles, empujándola y tapándole la boca, entre otros. Sobre lo referido, cursa en antecedentes el certificado médico legal forense del IDIF de La Paz, de 18 de febrero de 2022, a horas 19:29, descrito en la Conclusión II.1, en el que, la Médica Forense, Angélica Carolina Vargas Sánchez, efectuó reconocimiento de la impetrante de tutela Carolina Ribera Añez, estableciendo como conclusiones que se encontraba policontusa; por lo que, se le otorgaron seis días de impedimento, en virtud a los sucesos que habrían acontecido en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores, habiendo referido la indicada haber sufrido agresión física por siete personas encapuchadas dentro del penal de Miraflores, oportunidad en la que “…le taparon la boca y el rostro, la forzaron de los brazos, le doblaron la muñeca derecha, recibió empujones le sujetaron del cuello y la sacaron del penal” (sic). No obstante y pese a que, en consideración a la flexibilización de la legitimación pasiva en la acción de libertad (Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional), no existe necesidad de identificar plenamente al sujeto pasivo o al autor de la vulneración de los derechos invocados, en esta temática referente a la vida y a la salud; no siendo lo importante determinar la autoría del acto ilegal sino la constancia de la lesión y la restitución inmediata del derecho; la accionante mencionada adjuntó a fin de probar lo referido únicamente el Certificado Médico Forense señalado, lo que precisamente conllevó la denegatoria de la tutela sobre el particular por el Juez de garantías quien adujo no haberse adjuntado algún material o elemento verificable al respecto para formar convicción en dicha autoridad judicial, habiendo tenido la posibilidad incluso de reproducirse videos sobre los hechos en la audiencia tutelar. En ese orden, resalta que, sobre las alusiones de violencia física contra Carolina Ribera Añez, la Directora del Centro de Orientación Femenina de Miraflores, en el informe escrito que presentó que fue reiterado en audiencia (punto I.2.2 del presente fallo constitucional), refirió que “…ante una conducta agresiva entre gritos, amenazas y agresiones contra el equipo médico del Centro Penitenciario de Miraflores, se le pidió que se retire del Centro Penitenciario, en cumplimiento a la Ley 2298, ya que este comportamiento de acuerdo a (su) normativa no debe ser tolerado a ningún ciudadano y corresponde el retiro del recinto…” (sic); habiendo aceptado la mencionada retirarse voluntariamente a objeto de conversar con su abogada; sin embargo, al estar cerca de las puertas del Penal hubiera sido la demandante de tutela prenombrada quien habría iniciado a forcejear con guardias y “gritar”, lo que se denotaría en imágenes de medios de prensa; mismos que, sin embargo, se reitera, no fueron adjuntados a la demanda tutelar, impidiendo a este Tribunal crear convicción sobre la realidad de los hechos sucedidos el 18 de febrero de 2022, en horas de la tarde. En ese marco, compele denegar la tutela también en cuanto al punto examinado, siendo que, el principio de informalismo en la acción de libertad no exime a la parte peticionante de tutela de la exigencia de acreditar con la prueba respectiva la vulneración que acusa (Fundamento Jurídico III.4); más aún en situaciones controvertidas como la presente en la que, por una parte, la accionante refiere que fue retirada a la fuerza del Centro Penitenciario; y, por otra, la autoridad demandada del Centro Penitenciario de Miraflores, afirmó que aquello respondió a las facultades que tiene en relación a supervisar las visitas de los privados de libertad conforme a la normativa contenida en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión y la normativa inherente al respecto, produciéndose además de forma voluntaria y que la violencia física se habría generado por el forcejeo de la propia impetrante de tutela con el personal del recinto penitenciario; lo que genera duda razonable, se repite, en relación a los hechos denunciados. Pese a lo señalado, y en virtud a las connotaciones que conlleva una denuncia por violencia física cometida contra una visita regular o extraordinaria a privados de libertad dentro de recintos penitenciarios; corresponderá que en la parte dispositiva de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se inste a que las autoridades pertinentes del Centro de Orientación Femenina de Miraflores, en el ejercicio de sus atribuciones, eviten la comisión de cualquier acto de violencia física de parte de funcionarios de dicho Penal o de terceros, contra cualquier visita efectuada a los privados de libertad del mismo.

c) En cuanto a que se habría impedido la comunicación a Jeanine Añez Chávez desde el 18 de febrero de 2022, en horas de la tarde, con sus familiares, visitas y abogados; empleando la incomunicación como medio de tortura, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, en desmedro de su dignidad

En lo inherente al intitulado, se tiene que, no obstante que la peticionante de tutela Jeanine Añez Chávez, aduce que fue incomunicada desde el 18 de febrero de 2022, en horas de la tarde, en oportunidad en la que su hija Carolina Ribera Añez, fue retirada del Penal; cuestiones que merecerían tutela en el ámbito de la acción de libertad correctiva (que protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima su detención), conforme a lo descrito en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, encontrándose instituido en los arts. 15 y 73.I de la CPE, la prohibición de ejercer torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes, así como de incomunicar a las personas privadas de libertad, respectivamente (pudiendo realizarse aquello solo dentro de los límites constitucionales y legales regulados al efecto); constituyendo deber del Estado el respeto por los derechos, retención y custodia en un ambiente adecuado de quienes cumplan medidas restrictivas a su libertad (art. 74.I constitucional); aspectos también determinados en el bloque de constitucionalidad; en el marco de lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional, el principio de informalismo de esta acción de defensa instituido en los arts. 125 de la CPE y 3.5 del CPCo, no exime, se reitera, la obligación de la parte accionante de demostrar o acreditar con prueba pertinente la restricción de los derechos que acusa.

En ese orden, pese a las alegaciones de incomunicación invocadas por la demandante de tutela Jeanine Añez Chávez, en sentido que hubieran conllevado en su contra tortura, y tratos crueles inhumanos o degradantes contrarios a su dignidad; no se advierte en el caso la certitud de dichas afirmaciones; más aún si conforme a acta de 19 de febrero de 2022, a horas 12:42, se advierte que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas ingresó al penal de Miraflores, como visita excepcional de la actora, conjuntamente a médicos, la Directora del Penal y la Defensoría del Pueblo, efectuando la solicitud correspondiente en forma posterior a la verificación del estado de la mencionada (Conclusión II.2); por otra parte, la propia impetrante de tutela refirió serle difícil bajar hasta el teléfono público del Centro Penitenciario para conocer sobre el estado de su hija “…por eso no lo hizo…” (sic); y, el 19 de febrero de 2022, efectuando esfuerzos para conocer lo sucedido, se comunicó con su hijo vía telefónica, quien le relató lo acontecido; circunstancias que, contrariamente a lo afirmado en la demanda tutelar, evidencian que no se generó la incomunicación denunciada. De otro lado, sobre la alusión que habría realizado el hijo de la accionante, indicándole que no les permitían el ingreso a ellos ni a sus abogados “…por instrucciones del penal y del régimen penitenciario” (sic); no existe constancia alguna al respecto, no pudiendo pronunciarse este Tribunal sobre presunciones, debiendo existir elementos objetivos para acreditar aquello; en ese sentido, se reitera que el principio de informalismo en esta acción de defensa, no elude la obligación de la parte demandante de tutela de identificar el acto lesivo y demostrar o acreditar con prueba pertinente la vulneración que acusa; aspectos que tienen como objeto que este Tribunal tenga certeza sobre lo denunciado en la acción de defensa a fin de establecer la responsabilidad de las autoridades que hubieran incurrido en el acto ilegal (Fundamento Jurídico III.5). En ese marco, este Tribunal, pese a la especial consideración que presta en cuestiones inherentes a denuncias de tortura, maltratos, estado de incomunicación, y agravación de las condiciones de detención protegidas por la acción de libertad correctiva, al ser cuestiones vinculadas al derecho a la vida; no puede pronunciarse sobre el particular, por no haberse advertido conforme se expuso en el párrafo precedente prueba que acredite lo aseverado en la acción tutelar. Finalmente, cabe resaltar que, la denegatoria de la tutela en la presente acción de defensa respecto a la impetrante de tutela Jeanine Añez Chávez, no significa el desconocimiento de los derechos de la misma, quien conforme a la protección constitucional y del bloque de constitucionalidad que la ampara en el ejercicio de sus derechos como privada de libertad, puede activar la jurisdicción constitucional con la prueba idónea que acredite la restricción de sus derechos; y, en su caso, acudir a las vías ordinarias establecidas al efecto. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2022 de 20 de febrero, cursante de fs. 79 a 86, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, en el marco de lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Exhortar a las autoridades pertinentes del Centro de Orientación Femenina de Miraflores de La Paz, que en el ejercicio de sus atribuciones, ajusten su accionar al marco normativo que las rigen, respecto de funcionarios de dicho Penal o de terceros, así como en relación a los privados de libertad de ese recinto penitenciario. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0550_2023-S2.pdf · páginas 1 a 28.

Huella digital del PDF (SHA-256): d8fa1ed87523d6a1bb2258de0a44c4baa81afd3ef34ca30cba361c968f298dfb

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