Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 8 de abril de 2026
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso vinculado a la libertad, al principio de celeridad y a la administración de justicia; puesto que, habiendo interpuesto incidente de libertad condicional, el mismo no fue resuelto hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y la acción de libertad de pronto despacho; 2) Del beneficio de la libertad condicional y su resolución; y, 3) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 04/2023 de 27 de enero, cursante a fs. 11 y vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que, el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, señale audiencia dentro de las veinticuatro horas, a partir de la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; siempre y cuando la misma, aún no se hubiera realizado, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2° Se exhorta a Juan Carlos Pérez Ramírez, Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, a no volver a incurrir en dilaciones en el futuro, a tiempo de conocer y resolver solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0549/2026-S1 Sucre, 8 de abril de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 54632-2023-110-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 04/2023 de 27 de enero, cursante a fs. 11 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ponciano Aguilar Colque contra Juan Carlos Pérez Ramírez, Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz.
El accionante, por memorial presentado el 27 de enero de 2023, cursante de fs. 2 a 4 vta., manifestó lo siguiente:
Se encuentra cumpliendo su condena en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, el 14 de diciembre de 2022, interpuso incidente de libertad condicional, que mereció el decreto de 15 de igual mes y año, a través del cual, se ordenó al Director de dicho Centro Penitenciario, remitir informes referentes a la solicitud del beneficio de libertad condicional, en un plazo de diez días; plazo que vencía el 28 del citado mes y año, fecha en la que el Juez hoy accionado debía convocar a audiencia; sin embargo, no lo hizo. El 22 de diciembre de 2022 como el 16 de enero de 2023, su defensa solicitó señalamiento de día y hora para la celebración de audiencia de resolución de incidente de libertad condicional; petición que mereció el decreto de 18 de igual mes y año, en el que se indicó que únicamente cursaba la verificación domiciliaria y que no se había cumplido con la notificación al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, ni con el cómputo de la pena, extremos que fueron responsabilidad de la Secretaria y del Oficial de Diligencias del Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz. Pese a que el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, remitió la clasificación al cuarto periodo, mediante Nota con CITE R.P.S.P.A.L. 001/23, Resolución 01/2023 de 5 de enero, el Juez ahora accionado, emitió el decreto de "128" -18-de enero de 2023, disponiendo se oficie al citado Centro Penitenciario, para que remita informe de clasificación al cuarto periodo, otorgando el plazo de diez días para tal efecto. Asimismo, por decreto de 24 de enero de "2022" -2023-, dispuso que por Secretaría del referido Juzgado se elabore un nuevo cómputo de penas. El 20 de enero de 2023, volvió a solicitar día y hora de audiencia; mereciendo el decreto de 24 de igual mes y año, disponiendo que se corra en traslado al Ministerio Público, sin señalar fecha de audiencia; por lo que, el 25 del citado mes y año, presentó reposición, con la finalidad de que se fije audiencia; el 26 del referido mes y año, cuando su defensa técnica se apersonó al Juzgado de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, le informaron que la respuesta no salió de despacho, incumpliendo así el plazo de veinticuatro horas previsto por Ley, demora que vulneró sus derechos fundamentales y garantías constitucionales.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso vinculado a la libertad, al principio de celeridad y a la administración de justicia, citando al efecto los arts. 23, 115.1, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga: a) Se ordene que en un plazo no mayor de veinticuatro horas, se convoque a audiencia de resolución de incidente de libertad condicional; y, b) Se remitan antecedentes ante el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público por incumplimiento de deberes.
Celebrada la audiencia virtual el 27 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 8 a 10, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo, manifestó que: 1) Cumpliendo condena en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, presentó incidente de libertad condicional el 14 de "febrero" -diciembre- de 2022; por lo que, el Juez de la causa ofició al mencionado Centro Penitenciario para obtener informes y verificar el cumplimiento de los requisitos, pese a que ya se encontraba en el cuaderno procesal, el cómputo de la pena, la clasificación y demás documentos exigidos por ley; 2) Su defensa presentó en varias ocasiones, solicitudes para que se fije día y hora de audiencia de resolución del incidente; sin embargo, el Juez ahora accionado no señaló la misma, generando dilaciones injustificadas; es así que, el 16 de enero de 2023, se presentó un nuevo memorial solicitando audiencia, mereciendo el decreto de 18 de igual mes y año, señalando que no se hubiera cumplido con la notificación al referido Centro Penitenciario ni con el cómputo de la pena, extremos que eran responsabilidad del personal de apoyo jurisdiccional a su cargo, pues el citado Centro Penitenciario ya remitió el informe el 17 del citado mes y año; 3) Alegó que el Juez hoy accionado incumplió sus obligaciones legales; puesto que, aun existiendo los requisitos para otorgar su libertad condicional cumplimiento de dos tercios de la pena, buena conducta y certificado de trabajo, estos no fueron valorados; asimismo, denunció que el Juez ahora accionado ignoró solicitudes de reposición, resolviendo de manera errónea y sin convocar oportunamente a audiencia; y, 4) Finalmente, tras la interposición de la presente acción de libertad, el Juez hoy accionado señaló audiencia para el 2 de febrero del citado año; sin embargo, el retraso provocó vulneración de derechos fundamentales; por lo que, solicitó que se le conceda la tutela y se ordene convocar en veinticuatro horas a audiencia de resolución de libertad condicional y se remitan antecedentes ante el Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público por incumplimiento de deberes.
Juan Carlos Pérez Ramírez, Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz mediante informe presentado en audiencia manifestó que: i) Si bien, el incidente de libertad condicional fue presentado el 14 de diciembre de "2021" -2022-, debido a la vacación judicial entre el 6 de igual mes y año al 3 de enero de 2023, el mismo ingresó al Juzgado de turno en ese entonces, el Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, y que el titular de dicho Juzgado dispuso que el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz remitiera informes en un plazo de diez días; ya que, dentro del sistema penitenciario, la libertad condicional es la última etapa y requiere cumplir ciertos requisitos establecidos, entre ellos la verificación domiciliaria y el cómputo de la pena; ii) Según el cuaderno procesal, el accionante no pudo coordinar la verificación domiciliaria y las solicitudes de audiencia no pudieron concretarse por disposiciones previas del Juez de turno y la falta de elementos esenciales; y, tampoco se presentó ningún recurso contra esas providencias y recién el 27 de diciembre del citado año, la trabajadora social remitió el informe correspondiente; iii) El 17 de enero de 2023, el accionante presentó otro memorial, y el 18 de igual mes y año, se dispuso nuevamente que se emitieran los informes requeridos; el 20 del citado mes y año, el accionante volvió a solicitar audiencia; iv) El accionante en ningún memorial solicitó la admisión del incidente, únicamente pidió se señale audiencia, ante lo cual, el 24 del citado mes y año, recién se admitió el incidente y en aplicación a la modificación que hace la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, al art. 429 bis del Código de Procedimiento Penal (CPP), se estableció la notificación al Ministerio Público para que se pronuncie en cinco días; notificación que se la efectuó el 26 de igual mes y año; v) Si bien, el accionante presentó memorial de reposición el 25 de enero de 2023, éste ingresó a despacho el 26 de igual mes y año y mereció el decreto de 27 del citado mes y año, disponiendo no ha lugar la solicitud de reposición; y, vi) Aclaró que se señaló audiencia dentro del plazo legal, garantizando la participación del Ministerio Público y la víctima, en cumplimiento de estándares internacionales; asimismo, negó que existiera persecución indebida, recordando que el accionante cumplía condena y que esta era la segunda acción de libertad interpuesta por el accionante; la primera, fue denegada por falta de elementos.
La Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 04/2023 de 27 de enero, cursante a fs. 11 y vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional señala que toda solicitud en la que se encuentre el derecho a la libertad debe tramitarse con la mayor celeridad posible; en el presente caso, se evidenció que el accionante recibió atención conforme a los plazos procesales; ya que, su memorial fue recibido el 25 de enero de 2023 a las 16:07 horas y el Juez hoy accionado se pronunció el 27 de igual mes y año, resolviendo su situación jurídica y señalando día y hora de audiencia de libertad condicional; b) La situación jurídica del accionante se encuentra resuelta con el señalamiento de día y hora de audiencia; y, c) Durante la audiencia de consideración de la acción de libertad, el accionante no demostró de manera objetiva y fehaciente que el Juez ahora accionado hubiese limitado o restringido su derecho a la libertad, mediante un procesamiento indebido.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas; por consiguiente, el presente fallo constitucional es emitido dentro del plazo.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Al no existir documentación adjunta a la presente acción de libertad, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional emitirá su pronunciamiento conforme a lo expresado por las partes y lo certificado por la Jueza de garantías.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso vinculado a la libertad, al principio de celeridad y a la administración de justicia; puesto que, habiendo interpuesto incidente de libertad condicional, el mismo no fue resuelto hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y la acción de libertad de pronto despacho; 2) Del beneficio de la libertad condicional y su resolución; y, 3) Análisis del caso concreto.
Con relación a la acción de libertad de pronto despacho, la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, señaló que: "La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesarias o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad, reconocido en los arts. 178 y 180.1 de la CPE, al indicar: '…La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…' (art. 180.1); por ende, todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que solo generan perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas'". Con relación a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-53 de 10 de julio, estableció lo siguiente: "El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de habeas corpus, ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca a una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación Identificando al habeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: '...busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del calor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos'. Además, enfatizó que '...todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)'" (las negrillas nos pertenecen). Por su parte, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, concluyó que: "los tipos de habeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada en líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al habeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad". Con base al entendimiento glosado en la jurisprudencia citada precedentemente, es posible concluir que esta acción tutelar se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que vulneran los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad; en ese contexto, la acción de libertad de pronto despacho persigue la efectividad de los principios constitucionales previstos en los arts. 178.1 y 180.I de la CPE, en consonancia con el 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que establecen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas.
La libertad condicional es un beneficio que la Ley otorga por única vez al condenado a pena privativa de libertad durante el último periodo del sistema progresivo, para que cumpla esta parte de su condena en libertad; en ese sentido, el art. 174 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley de 20 de diciembre de 2001-, establece que: "la libertad condicional es el último periodo del sistema progresivo, consiste en el cumplimiento de la condena en libertad". En virtud a ello, de conformidad con lo previsto por el art. 55 del CPP, los Jueces de Ejecución Penal, además de las atribuciones contenidas en la Ley del Órgano Judicial y en la Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario, cuentan con la facultad de controlar la ejecución de las sentencias y de las condiciones impuestas en la suspensión condicional del proceso, del control de la suspensión condicional de la pena y del control del respeto de los derechos de los condenados; la sustanciación y resolución de la libertad condicional y de todos los incidentes que se produjeran durante la etapa de ejecución; y, la revisión de todas las sanciones impuestas durante la ejecución de la condena que inequívocamente resultaran contrarias a las finalidades de enmienda y readaptación de los condenados. Para lograr sus propósitos, en cuanto al seguimiento se encuentran facultados a solicitar informes al personal subalterno para que a través de los mismos, hagan seguimiento del cumplimiento de la condena, los requisitos impuestos en caso de otorgarse libertad condicional y la fecha del cumplimiento de la pena. En ese sentido, la SC 1246/2011-R de 16 de septiembre, respecto al control Jurisdiccional en ejecución de sentencia, sostuvo lo siguiente: "..el control jurisdiccional estará a cargo del Juez de Ejecución Penal, o en su caso del Juez de la causa, quien en razón a los arts. 18 y 19 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), es el que garantizará a través de un permanente control jurisdiccional, la observancia estricta de los derechos y garantías que consagran el orden constitucional y las leyes, a favor de toda persona privada de libertad"; dejando claramente establecido que, la labor de control y observancia de los derechos y garantías consagrado en la Norma Suprema, respecto del privado de libertad, corresponden al Juez de Ejecución Penal. El razonamiento expuesto, también fue establecido en la Sentencia Constitucional Plurinacional SC 1041/2005-R, señaló que: El control de ejecución de las sentencias ejecutoriadas y al cumplimiento de la condena, señaló que, los Jueces de Ejecución Penal tienen la atribución de controlar la ejecución de las sentencias, sustanciar y resolver la libertad condicional y todos los incidentes que se produjeran durante la etapa de ejecución; conclusión a la que arribó, de la lectura de los arts. 55 y 428 del CPP y 19 de LEPS, todas referidas a la competencia de las indicadas autoridades. En ese orden, corresponde al Juez de Ejecución Penal, el control de la ejecución de las penas privativas de libertad en el sistema progresivo que comprende los siguientes periodos: 1) De observación y clasificación iniciales; 2) De readaptación social en un ambiente de confianza; 3) De prueba; y, 4) De libertad condicional. Correspondiéndole también, como es lógico, la revocatoria de las salidas prolongadas, el extramuro y la libertad condicional, por el incumplimiento de las condiciones impuestas, conforme prevé el art. 176 de la LEPS. La libertad condicional, como último periodo del sistema progresivo, permite el cumplimiento del resto de la condena en libertad, puede ser concedida de oficio o a solicitud de parte, conforme previene el art. 174 de la LPES vigente, a quienes: i) Hubiesen cumplido las dos terceras partes de la pena impuesta; ii) Haber cumplido la mitad más un día de la pena impuesta, cuando se trate de mujeres que tengan a su cargo niñas, niños o adolescentes; sean personas mayores de sesenta y cinco años, personas con discapacidad grave o muy grave o personas que padezcan enfermedades en grado terminal; iii) Demuestren buena conducta en el establecimiento penitenciario; iv) No haber sido sancionados por faltas graves o muy graves en el último año; y, v) Demuestren vocación para el trabajo. En cuanto al procedimiento para su concesión, el art. 175 de LPES, establece que una vez presentada la solicitud, o de oficio, la Jueza o Juez de Ejecución Penal, conminará al Director del establecimiento penitenciario para que en el plazo de diez días, remita los informes correspondientes. Con la indicada información, emitirá resolución motivada, concediendo o denegando lo impetrado. Igualmente, podrá rechazar la solicitud sin más trámite, cuando sea manifiestamente improcedente. Entonces, del resumen precedente y de la normativa mencionada, se concluye que, conforme previene el art. 19 de la LEPS, el Juez de Ejecución Penal, en ejercicio de la competencia para conocer y controlar la ejecución de las sentencias condenatorias ejecutoriadas que impongan penas o medidas de seguridad, así como los incidentes que se produzcan durante su ejecución, tiene igualmente atribución expresa para la concesión y revocación de la libertad condicional; así también, verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas, correspondiendo señalar que, para la concesión de la libertad condicional, conforme prevé la normativa consultada, no se requiere de una audiencia previa; puesto que, en el fondo no existe contradicción, dado que, en ejercicio del control de la ejecución de la sentencia, conoce cuál es el tiempo de privación de libertad del interno -solicitante-; por ello, también le es permitido iniciar el trámite de oficio, requiriendo únicamente valorar la información que le proporcionan las autoridades del Régimen Penitenciario en cuanto al cumplimiento de las otras condiciones. Lo mismo ocurre en el caso de mujeres con niños y adolescentes a su cargo, adultos mayores, enfermos terminales y personas con discapacidad, quienes deberán acreditar, únicamente, la existencia de tales condiciones. Ahora bien, resulta evidente que las normas señaladas precedentemente, no establecen un plazo para que la Jueza o el Juez de Ejecución Penal, emita las providencias necesarias, sea para conducir el trámite y pronunciar resolución de fondo que conceda o deniegue la libertad condicional o, en su caso, la deniegue sin más trámite, por su manifiesta improcedencia; no obstante, el art. 178.I de la CPE establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta, entre otros, en el principio de celeridad, reconocido también por los arts. 22, 23.1 y 180.1 de la Norma Suprema; y, 7.5 de la CADH, relativas a la libertad y celeridad". En ese contexto, la SCP 0900/2010-R de 10 de agosto, al referirse a la celeridad procesal en la decisiones vinculadas al derecho a la libertad, sostiene lo que sigue: a) Toda solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, debe ser tramitada con la mayor celeridad posible o cuando menos dentro de los plazos razonables, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la petición en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; b) Se produce lesión en el derecho a la libertad física, cuando existe demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza en su tramitación y consideración o, en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido; y, c) El plazo razonable debe ser definido como un término brevísimo, de cinco días hábiles como máximo, porque el imputado se encuentra privado de su libertad. En ese entendido, aplicando el principio constitucional de celeridad procesal, así como la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, corresponde establecer que los incidentes de concesión de libertad condicional, deben ser resueltos por las juezas o jueces de ejecución penal, en un plazo máximo de cinco días, incluidas las notificaciones a las partes, computables a partir de la recepción de los informes que deben emitir los directores de los recintos penitenciarios, no siendo excusa válida la existencia de "sobrecarga procesal". Al asumir el entendimiento precedente, se tiene en cuenta que el art. 113.1 del CPP, prevé que no es posible alterar el procedimiento establecido en la materia; vale decir que, conforme establece la Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario, un procedimiento brevísimo y escrito, no resulta necesario que se convoque a audiencia para resolver la solicitud de libertad condicional; consecuentemente, la Jueza o Juez de Ejecución Penal, una vez cuente con toda la documentación presentada por el impetrante de tutela; y, con los informes emitidos por el Director del establecimiento penitenciario, deberá evaluar los mismos, pudiendo rechazar las peticiones improcedentes sin más trámite, o en su defecto, conceder su libertad condicional a través de una resolución que debe ser pronunciada en el plazo máximo de cinco días, incluidas las notificaciones.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso vinculado a la libertad, al principio de celeridad y la administración de justicia; puesto que, habiendo interpuesto incidente de libertad condicional, el mismo no fue resuelto hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad. Identificado el acto lesivo, cabe referirse a los antecedentes procesales, de donde se tiene que el accionante, el 14 de diciembre de 2022, interpuso incidente de libertad condicional, el cual mereció el decreto de 15 de igual mes y año, ordenando al Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, remitir informes referentes a la solicitud del beneficio de libertad condicional, en un plazo de diez días. Vencido el plazo, el Juez hoy accionado no señaló el verificativo oral; por lo que, el 22 de diciembre de 2022, así como el 16 de enero de 2023, el accionante solicitó señalamiento de día y hora para la audiencia de resolución de incidente de libertad condicional, lo que mereció el decreto de 18 de igual mes y año, en el que se indicó que únicamente cursaba la verificación domiciliaria y que no se había cumplido con la notificación al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, ni con el cómputo de la pena; por lo que, se dispuso que se oficie al referido Centro Penitenciario, para que remita informe de clasificación al cuarto periodo, otorgando el plazo de diez días para tal efecto; pese a que dicho informe había sido emitido por el indicado Centro Penitenciario el 17 del citado mes y año. El accionante, a través de su defensa, el 20 de enero de 2023, volvió a solicitar día y hora de audiencia; mereciendo el decreto de 24 de igual mes y año, que dispuso se corra traslado al Ministerio Público; por lo cual, el 25 del citado mes y año, presentó recurso de reposición, con la finalidad de que se fije día y hora de audiencia; y, ante la falta de respuesta, interpuso la presente acción de defensa. En ese orden, conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad de pronto despacho, tiene como finalidad asegurar que toda solicitud relacionada con el derecho a la libertad personal, sea atendida sin dilaciones indebidas, evitando así un menoscabo a los derechos de la persona privada de libertad; esta acción de defensa tiene como objetivo la efectivización del principio de celeridad procesal, principio que impone a las autoridades encargadas de la tramitación de los procesos, la obligación no sólo de observar estrictamente los plazos procesales previstos en la normativa vigente; sino también, de ejercer con responsabilidad y diligencia la potestad de impartir justicia; en consecuencia, la tramitación de las causas debe realizarse con la mayor rapidez posible, dentro de los plazos legalmente establecidos; más aún, cuando se encuentra en juego un derecho fundamental como es la libertad física; y, la inobservancia de este deber, puede derivar en una restricción indebida e inconstitucional de dicho derecho. Ahora bien, dentro del marco de lo desarrollado precedentemente, esta instancia constitucional comprende que el incidente de libertad condicional fue presentado por el accionante, el 14 de diciembre de 2022, fecha en la que el Juez ahora accionado gozaba de vacación debido al receso de fin de año; por lo que, se analizarán las actuaciones realizadas a partir del retorno de la autoridad judicial a sus funciones; ya que, las actuaciones anteriores no corresponden a la misma. Dentro de ese marco fáctico, de antecedentes se tiene que, el accionante por memorial de 16 de enero de 2023, solicitó señalamiento de día y hora de audiencia de incidente de libertad condicional; lo que mereció el decreto de 18 de igual mes y año; a través del cual, el Juez hoy accionado, alegando que únicamente cursaba la verificación domiciliaria y no se contaba con la notificación al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, ni el cómputo de la pena, decretó que el referido Centro Penitenciario, remita informe de clasificación al cuarto periodo dentro del plazo de diez días. Por memorial del -viernes- 20 del citado mes y año, el accionante nuevamente solicitó fecha de audiencia para la audiencia del incidente de libertad condicional. Debido a que dicho incidente no fue previamente admitido, por decreto de -martes- 24 de enero de 2023, el Juez hoy accionado admitió el mismo, y dispuso que se notifique al Ministerio Público para que presente informe dentro de los cinco días; y, que por Secretaría del Juzgado Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz se elabore un nuevo cómputo de penas. El 25 de igual mes y año, el accionante presentó reposición; memorial que mereció decreto de 27 del citado mes y año, declarando no ha lugar a lo solicitado. En ese orden, de los antecedentes desarrollados, no se evidencia dilación en el actuar del Juez ahora accionado, pues todos los memoriales presentados por el accionante, merecieron respuesta dentro de un plazo prudente. No obstante, de lo señalado por la Jueza de garantías se tiene que, por decreto de 27 de enero de 2023, el Juez hoy accionado, señaló audiencia del incidente de libertad condicional, para el 2 de febrero de igual año; es decir, fuera del plazo establecido para tal efecto; pues de acuerdo a lo citado en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional, se tiene que "...los incidentes de concesión de libertad condicional, deben ser resueltos (...), en un plazo máximo de cinco días, incluidas las notificaciones a las partes, computables a partir de la recepción de los informes que deben emitir los Directores de los recintos penitenciarios..." (sic), lo que en el caso presente no aconteció, pues de acuerdo a lo manifestado por el accionante, en audiencia, y que no fue refutado por el Juez ahora accionado, se tiene que el 17 de enero de 2023, el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz remitió el informe respectivo; por lo que, a partir de dicha fecha corrían los cinco días para que el incidente de libertad condicional sea resuelto lo que no aconteció; ya que, la audiencia fue señalada recién para el 2 de febrero de igual año; aspecto que impidió la prosecución del trámite de dicho incidente, acorde a los plazos establecidos, y que el accionante eventualmente pueda recuperar su libertad; de lo que se colige que, definitivamente, se provocó lesión a sus derechos fundamentales. y garantías constitucionales; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada; ya que, no basta decretar la solicitud del verificativo oral dentro del plazo establecido, sino que dicho actuado procesal, además, debe ser desarrollado dentro de los plazos establecidos por ley, lo que en el caso de autos no acontece; correspondiendo en consecuencia, conceder la tutela solicitada.
En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 04/2023 de 27 de enero, cursante a fs. 11 y vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que, el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, señale audiencia dentro de las veinticuatro horas, a partir de la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; siempre y cuando la misma, aún no se hubiera realizado, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2° Se exhorta a Juan Carlos Pérez Ramírez, Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, a no volver a incurrir en dilaciones en el futuro, a tiempo de conocer y resolver solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0549_2026-S1.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): c7ea4265f937d63266d501edb5125d6b76029ddea8bc5327ab2f0c516ca7be8a
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