Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 21 de mayo de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, señala como vulnerado el debido proceso, así como sus derechos a la tutela judicial efectiva y a la defensa; toda vez que, desde el 29 de noviembre de 2022, hasta la interposición de la presente acción de defensa, la autoridad demandada no procedió a la devolución del legajo de apelación, lo que impide que pueda volver a presentar nueva solicitud de cesación a su detención preventiva.
En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 06/2022 de 9 de diciembre, cursante de fs. 26 a 28, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima Cuarta del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia:
1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente con relación a Éver Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, exhortándole a que en futuras peticiones que se encuentren a su cargo e involucren el derecho a la libertad; en resguardo del principio de celeridad, guíe sus actuaciones con la diligencia que el caso amerita; y, 2° DENEGAR la tutela con relación al Juez hoy codemandado, todo conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0549/2025-S4 Sucre, 21 de mayo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 52461-2023-105-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 06/2022 de 9 de diciembre, cursante de fs. 26 a 28, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José César Cardona Lizondo en representación sin mandato de Jonny Paz Ordoñez contra Éver Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Romer Saucedo Gómez, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo, ambos del señalado departamento.
Por memorial presentado el 8 de diciembre de 2022, cursante de fs. 13 a 15 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de Romina Arteaga Fernández por la presunta comisión del delito de abuso sexual, se encuentra detenido preventivamente desde el 13 de julio de 2022; motivo por el cual, solicitó cesación a la detención preventiva. Una vez emitida la Resolución de cesación a su detención preventiva, por memorial de 4 de noviembre de igual año, interpuso Recurso de apelación incidental, lo que provocó que Rómer Saucedo Gómez, Juez de Instrucción y Contra la Violencia Hacia la Mujer del departamento de Santa Cruz –ahora demandado– mediante providencia de 7 del mismo mes y año, ordenó la remisión de dicha apelación ante el Tribunal de alzada; por lo que, se remitió el expediente procesal en original al Tribunal de alzada.
El 29 de noviembre de 2022, se llevó adelante la audiencia de apelación incidental; sin embargo, Éver Álvarez Orellanos, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz –hoy demandado– hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa, no devolvió el expediente original al Juzgado donde radica la causa.
De acuerdo con la Circular TDJ-SCZ-SP 39/2022 de 16 de noviembre, del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, los Juzgados que ingresan en vacaciones deberían remitir a los Juzgados de turno los expedientes procesales de personas que se encuentren detenidas preventivamente, lo cual hasta esa fecha no aconteció; siendo que el proceso de acuerdo a dicha Circular corresponde ser conocido por el Juzgado de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero del citado departamento, lo cual no es posible, debido a que el expediente no estaba en su poder, encontrándose el caso sin control jurisdiccional, lo que provocó que su defensa no pueda solicitar fecha y hora de audiencia de cesación a su detención preventiva.
El accionante señaló como lesionados el debido proceso, el derecho a la tutela judicial efectiva y a la defensa, citando al efecto los arts. 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se le conceda la tutela impetrada y en consecuencia se ordene la remisión del expediente procesal al Juzgado de Instrucción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de Santa Cruz.
Celebrada la audiencia pública el 9 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 23 a 26, ausente el solicitante de tutela como las autoridades demandadas; se produjeron los siguientes actuados:
El solicitante de tutela, así como su abogado, no asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa, habiendo previamente presentado memorial de desistimiento de acción de libertad el 9 de diciembre de 2022, posterior al auto de admisión de la presente acción tutelar (fs. 22).
Éver Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Romer Saucedo Gómez, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo del citado departamento, no asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa ni presentaron informe alguno, pese a sus legales notificaciones, cursantes a fs. 18; y, 17, respectivamente.
La Jueza de Sentencia Penal Décima Cuarta del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 06/2022 de 9 de diciembre, cursante de fs. 26 a 28, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) La SCP 0519/2018-S3 de 1 de octubre, establece que: “…la única oportunidad procesal para desistir o retirar la acción de libertad, es hasta antes de señalado el día y hora de la audiencia pública…”; 2) En el caso concreto, la parte accionante presentó memorial de retiro de acción de libertad, debido a que el expediente fue remitido al Juez de turno en vacación; sin embargo, dicha pretensión es improcedente, habida cuenta que, la audiencia ya estaba fijada; por lo que, correspondía resolverla, aún si hubiesen cesado las causas que originaron la presente acción de defensa; toda vez que, el momento oportuno de desistir o retirar la misma, es hasta antes del señalamiento de día y hora de audiencia; y, 3) Independientemente de la determinación adoptada por el solicitante de tutela, se advierte la sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, por la desaparición de los supuestos fácticos que motivaron su activación, ante lo cual, el hecho denunciado dejó de vulnerar derechos fundamentales y garantías constitucionales, debido al cumplimiento del acto reclamado con su consecuente restitución.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Consta la Circular TDJ-SCZ-SP 39/2022 de 16 de noviembre, emitida por el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de santa Cruz, que estableció las vacaciones judiciales colectivas de la gestión 2022 y, al mismo tiempo, hizo conocer el rol de las Salas, Tribunales, Juzgados y Servidores Públicos que permanecerían de turno (fs. 3 a 12).
El accionante, a través de su representante sin mandato, señala como vulnerado el debido proceso, así como sus derechos a la tutela judicial efectiva y a la defensa; toda vez que, desde el 29 de noviembre de 2022, hasta la interposición de la presente acción de defensa, la autoridad demandada no procedió a la devolución del legajo de apelación, lo que impide que pueda volver a presentar nueva solicitud de cesación a su detención preventiva.
En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Respecto al desistimiento o retiro de la acción de libertad, el art. 126.II de la CPE, establece que en ningún caso podrá suspenderse la audiencia de la acción de libertad, ya sea por ausencia del demandado, o inasistencia o abandono; en virtud a lo cual, la autoridad jurisdiccional, de forma obligatoria y bajo responsabilidad dictará sentencia, misma que podrá ordenar la tutela de la vida, la restitución del derecho a la libertad o la remisión del caso ante el Juez competente. Asimismo, el art. 49.6 del (CPCo), dispone que la audiencia de acción de libertad debe realizarse el día y hora señalados, a efecto de establecer las responsabilidades que correspondan, citando al efecto: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad…”. Por lo expuesto, se advierte que el desistimiento de la acción de libertad, no está reconocido como posibilidad en ninguna etapa de la tramitación del mecanismo de defensa, incluso por mandato constitucional, la audiencia de acción libertad no puede ser suspendida bajo ninguna circunstancia (art. 126.II de la Norma Suprema), debido a que esta acción tutelar, está orientada a brindar una pronta y efectiva protección de los derechos a la vida y a la libertad, en sus esferas física y de locomoción, los mismos que se constituyen en un derecho fundamental, por cuanto su restricción acompaña, la mayoría de las veces, la limitación en el ejercicio de otros derechos fundamentales; por lo cual, no es admisible la aceptación de desistimiento o retiro de la acción tutelar en ninguna etapa de su tramitación. En ese contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0103/2012, 2133/2013 y 0340/2014, refiriéndose al momento procesal en el que resulta factible el retiro de la acción de libertad, y cambiando el razonamiento asumido anteriormente en las SSCC 1229/2010-R y 1425/2011-R, entre otras –que permitían el desistimiento y/o retiro de la demanda ante la restitución del derecho lesionado–, expresó lo siguiente: “Conforme las normas constitucionales que disciplinan la acción de libertad (art. 125 y ss. de la CPE), la única oportunidad procesal para desistir o retirar la acción de libertad, es hasta antes de señalado el día y hora de la audiencia pública; es decir, cualesquiera de estas actuaciones (retiro o desistimiento) serán inadmisibles después de esta actuación procesal (señalamiento de día y hora de audiencia pública)”. En ese entendido, este Tribunal a través de la SCP 0470/2018-S4 de 27 de agosto, modulando los razonamientos de las Sentencias Constitucionales antes citadas, señaló lo siguiente: “…constituye una modulación a la línea jurisprudencial desarrollada anteriormente por este Órgano de justicia constitucional y que debe ser aplicado, al tratarse de una protección más amplia y progresiva de resguardo de los derechos, pues dada la configuración de este tipo de acciones, a diferencia del resto, por los bienes constitucionales protegidos y tutelados, no existe una etapa de admisibilidad que se ocupe de la revisión de cuestiones formales, precisamente en razón al principio de informalidad que rige a este tipo de recursos extraordinarios; por lo tanto, no resulta razonable desde el punto de vista constitucional, admitir el retiro o desistimiento de la acción una vez que fue presentada, debiendo en consecuencia, una vez interpuesta, concluir hasta la emisión de un fallo que conceda o deniegue la tutela impetrada, según corresponda”.
Siguiendo el mismo criterio jurisprudencial la SCP 0502/2022-S4, de La SCP 0120/2018-S2 de 11 de abril, refirió: “…El art. 115.II de la CPE, establece que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilacionesʼ, así mismo el art. 178.I, del texto constitucional refiriéndose al principio de celeridad, considerando el carácter sumario y la finalidad que tiene esta acción, ha establecido que deben evitarse actos dilatorios en la tramitación de las acciones o recursos. En ese sentido, cuando una autoridad conoce de una petición que involucra el derecho a la libertad, dicha solicitud debe ser atendida con la mayor celeridad posible; pues de no hacerlo podría provocar una restricción injusta.
Asimismo, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, agregó que: ‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho…ʼ De igual forma se razono en sentido de que, debe imprimirse celeridad en la apelación de medidas cautelares:`…por la jurisprudencia constitucional, que a toda solicitud relativa o vinculada a la libertad de las personas, debe imprimírsele celeridad en su resolución sea positiva o negativamente para quien la pide, este mismo entendimiento es aplicable para los recursos de apelación sobre medidas cautelares, así como también para las de cesación de detención preventiva…’, así lo estableció la SSCC 0304/2010-R de 7 de junio.
Además, la SC 0384/2011-R de 7 de abril, agregó que la celeridad que debe imprimirse no se limita al señalamiento de audiencia y resolución, sino también al trámite posterior de impugnación: `No obstante, dada la problemática planteada y la necesidad procesal de dar respuesta a la misma, cabe señalar que el principio de celeridad no comprende el conocimiento del trámite de cesación de detención preventiva hasta llevar a cabo la audiencia; sino también en forma posterior, como ser el dar curso con la debida celeridad procesal al trámite de apelación de la resolución respectiva, en los casos que corresponda. «Por lo que cuando se provoca una dilación injustificada en la remisión de la documentación requerida y en esta estaría comprometida la libertad de la persona, se entendería una violación al debido proceso» (las negrillas son del texto original).
En esa línea la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, en relación al recurso de apelación incidental en medidas cautelares, ha efectuado una modulación, relativa al plazo que el Tribunal de alzada tiene, para devolver actuados al juzgado de origen y lo ha hecho de la siguiente manera.
«Se debe señalar que el Código de Procedimiento Penal, respecto al examen de las medidas cautelares de carácter personal, prevé en su art. 251, modificado e incorporado en virtud de la Disposición final segunda de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC), lo siguiente: ʼLa resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas, interpuesto el recurso, el cuaderno procesal en sus partes pertinentes, serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas. El Tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior».
Debiendo establecerse al respecto que el recurso de apelación establecido por el art. 251 del CPP modificado e incorporado en virtud de la Disposición final segunda de la LSNSC, es un medio por el cual se aspire hacer que se revoque supuestas lesiones, en el que el tribunal de alzada podrá corregir los errores en que hubiese podido incurrir el inferior, el trámite establecido por la normativa es sumario.
Sin embargo, dicho artículo, prevé expresamente los plazos en los cuales el juez a quo, debe remitir este recurso ante el Tribunal ad quem, el mismo que es de veinticuatro horas de recibida la apelación, estableciendo asimismo que el Tribunal ad quem, debe resolver la misma en el plazo de tres días. Sin embargo, dicho artículo, no señala el plazo para que el Tribunal de alzada, devuelva el expediente ante el juez de origen; punto que fue analizado en la antes citada SSCC 0224/2004-R que establece la celeridad que debe existir en los proceso que involucren el derecho a la libertad de la personas, aspecto que debe ser modulado por la presente sentencia, ya que ante un vació legal, no se puede dejar en incertidumbre al imputado.
(…)
En ese entendido, y retornando al tema principal de la presente acción, respecto a la falta de remisión del expediente principal por el Tribunal de apelación hacia el juzgado de origen, habiéndose llevado a cabo la audiencia de apelación, existiendo una Resolución y un acta, no se justifica que a más de un mes el Tribunal ad quem, no haya devuelto dicho expediente, y tal como referimos que el art. 251, modificado e incorporado por la Disposición final segunda de la LSNSC, señala que una vez remitido el expediente ante el Tribunal de apelación, éste resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulteriorʼ, debiendo incluirse dicho entendimiento bajo los argumentos expuestos del principio de celeridad, debido proceso y prohibición de dilación en el proceso, indicando que una vez el Tribunal de apelación dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; deberá remitir el expediente, el acta y la Resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de 24 horas” (las negrillas son nuestras).
La SCP 1089/2019-S4 de 26 de diciembre, sustentada en la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, señaló: “La doctrina constitucional ha desarrollado diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad, así, entre ellos se tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido.
En ese contexto argumentativo, la acción de libertad –innovativa permite al agraviado o víctima de la vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, ´la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada‛.
Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional…” (las negrillas son nuestras).
El accionante, señala como vulnerado su derecho al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la defensa; toda vez que, desde el 29 de noviembre de 2022, fecha en la que se resolvió la apelación interpuesta por su persona, hasta la interposición de la presente acción de defensa, el Vocal demandado no procedió a la devolución del legajo de apelación, lo cual genera que no pueda volver a presentar nueva solicitud de cesación a la detención preventiva.
Ahora bien, de la revisión y compulsa de los antecedentes procesales y conclusiones del presente fallo constitucional; se tiene que dentro del proceso penal seguido por el solicitante de tutela a denuncia de Romina Arteaga Fernández contra el accionante por la presunta comisión del delito de abuso sexual, se encuentra detenido preventivamente desde el 13 de julio de 2022; motivo por el cual, solicitó cesación a la detención preventiva. Llevada a cabo la audiencia de cesación a su detención preventiva y emitido el fallo, por memorial de 4 de noviembre de 2022, el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación incidental, lo que mereció decreto de 7 de igual mes y año, a través del cual el juez ahora demandado ordenó la remisión de dicha apelación ante el Tribunal de alzada; por lo que, se remitió el expediente procesal en original ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, el 29 del citado mes y año. Conforme al contenido del Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que toda autoridad que conozca de una petición en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; en caso de la tramitación de una apelación de medida cautelar, la celeridad que debe imprimirse no se limita al señalamiento de audiencia y resolución únicamente, sino también al trámite posterior; es decir, el principio de celeridad no comprende solamente el conocimiento de la resolución de cesación a la detención preventiva hasta llevar a cabo la audiencia; sino, también en forma posterior, dando curso a la debida celeridad procesal, con la devolución de los antecedentes del recurso de apelación. Por lo que, si bien el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019–, no establece un plazo concreto para la devolución del Auto de Vista o antecedentes de la apelación incidental de medidas cautelares al Juez o Tribunal de origen; los razonamientos contenidos en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, son perfectamente asimilables a las modificaciones vigentes; entendiéndose que, se debe efectuar la devolución de antecedentes en el plazo de veinticuatro horas de haberse pronunciado la Resolución de alzada; ya que, no se puede dejar en incertidumbre al imputado. Consiguientemente, de lo anteriormente manifestado se advierte que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz – ahora demandada– incurrió en la lesión del derecho al debido proceso en su elemento celeridad, íntimamente vinculado al derecho a la libertad del accionante; toda vez que, desde el 29 de noviembre de 2022, fecha en la que se llevó a cabo la audiencia de apelación de medidas cautelares, el cuaderno procesal no fue devuelto al Juzgado de turno debido a las vacaciones colectivas de fin de año, hasta la interposición de la presente acción de defensa —8 de diciembre de igual año—; es decir, más de una semana después de haber sido emitido el correspondiente Auto de Vista, lo cual constituye una dilación indebida e injustificada. Si bien, las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni emitieron informe alguno, del memorial de desistimiento y retiro de la acción de libertad, se colige que la remisión de obrados se hizo efectiva por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz –ahora demandada–; sin embargo, la misma se realizó con posterioridad a la interposición de la presente acción de defensa; es decir, el 8 de diciembre de 2022 y después de una semana de haberse resuelto la apelación incidental; lo cual hace concluir que definitivamente se provocó lesión a los derechos fundamentales y garantías constitucionales del hoy accionante; por lo tanto, pese a haberse cumplido con la remisión de obrados, de todas maneras, procede la concesión de la tutela impetrada, dada su faceta innovativa, que tiene por finalidad evitar que en futuras solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad, se incurra nuevamente en dilaciones injustificadas. Lo antes mencionado, permite concluir que existió una demora injustificada en la devolución del Auto de Vista que resolvió la apelación planteada por el accionante; por lo que, corresponde exhortar al Vocal ahora demandado a que en futuras solicitudes que se encuentren a su cargo, que involucren el derecho a la libertad; en resguardo del principio de celeridad, debe guiar sus actuaciones con la diligencia que el caso amerita. Por otra parte, y debido a que el accionante no señaló de qué forma el Juez demandado hubiese lesionado sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, no corresponde a este Tribunal manifestarse respecto a las actuaciones de dicha autoridad.
Respecto al memorial de retiro y desistimiento de demanda de acción de libertad, de la revisión de la Norma Fundamental y del Código Procesal Constitucional, se advierte que el retiro de esta acción tutelar no está reconocido como posibilidad, en ninguna etapa de la tramitación de la acción, incluso por mandato constitucional, la audiencia de acción de libertad, no puede ser suspendida bajo ninguna circunstancia (art. 126.II de la CPE), debido precisamente a que ésta acción de defensa, está orientada a brindar una pronta y efectiva protección del derecho a la libertad, en su esfera física y de locomoción, el mismo que se constituye en un derecho fundamental; por cuanto su restricción acompaña la mayoría de las veces la limitación en el ejercicio de otros derechos fundamentales; por lo cual, no es admisible la aceptación de desistimiento o retiro de la acción tutelar en ninguna etapa de su procedimiento. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, no obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 06/2022 de 9 de diciembre, cursante de fs. 26 a 28, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima Cuarta del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia:
1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente con relación a Éver Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, exhortándole a que en futuras peticiones que se encuentren a su cargo e involucren el derecho a la libertad; en resguardo del principio de celeridad, guíe sus actuaciones con la diligencia que el caso amerita; y, 2° DENEGAR la tutela con relación al Juez hoy codemandado, todo conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía MSc. Isidora Jiménez Castro MAGISTRADO MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0549_2025-S4.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2a7a7787e3f70972f6025cf3615405e4becdbe2c0a85c45d867f9d88e8c4bcc2
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