Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta · 4 de julio de 2023
Concede la tutela
La accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la vida, a la tutela judicial efectiva, a la petición y a la garantía del derecho humano de la mujer a tener una vida libre de violencia; en virtud a que, la autoridad demandada: a) Habiendo presentado la Fiscal de Materia asignada al caso, la imputación formal el 8 de octubre de 2021; por el cual, solicitó la aplicación de medidas cautelares en contra del imputado, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar –11 de abril de 2022– aún no llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares; ya que, las audiencias que lograron programarse fueron suspendidas en tres oportunidades por motivos ajenos a su voluntad, existiendo de esta manera dilación en la celebración del señalado acto procesal; y, b) No respondió a su último memorial presentado el 1 de abril de 2022; por el que, solicitó el señalamiento de fecha y hora para la celebración de la mencionada audiencia. En consecuencia, corresponde en revisión dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 20/23 de 10 de marzo de 2023, cursante de fs. 73 a 75, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo que la Jueza hoy demandada, en el plazo de veinticuatro horas de notificada con el presente fallo constitucional, celebre la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares en contra del imputado, siempre y cuando la misma por el transcurso del tiempo no hubiera sido desarrollada; y, 2° Exhortar a la autoridad judicial demandada, a cumplir con la obligación de actuar con la debida diligencia y en observancia al principio de celeridad en los procesos y solicitudes donde se encuentren vinculadas al derecho de las mujeres a gozar de una vida libre de violencia; así como, adoptar las medidas de protección necesarias de forma inmediata y oportuna en aplicación de los principios y garantías procesales −entre otros− los de celeridad, accesibilidad, protección, imposición de medidas cautelares, establecidos en el Código de Procedimiento Penal y en la Ley 348.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0549/2023-S4 Sucre, 4 de julio de 2023 SALA CUARTA Magistrado Relator: Rene Yván Espada Navia Acción de amparo constitucional Expediente: 47247-2022-95-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 20/23 de 10 de marzo de 2023, cursante de fs. 73 a 75, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por AA contra Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Cautelar Penal Decima Cuarta del departamento de Santa Cruz.
Mediante memorial presentado el 11 de abril de 2022, cursante de fs. 21 a 32, la accionante, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal que sigue por la presunta comisión del delito de Violación Agravada en contra de Maikol Rocha Sorioco ante el Juzgado de Instrucción Penal Décimo Cuarto del departamento de Santa Cruz, en fecha 8 de octubre de 2021, Laura Rojas Salazar - Fiscal de Materia asignada al caso presentó imputación formal en contra del referido ciudadano; sin embargo, e inclusive hasta la fecha de interposición de la presente acción constitucional, aún no se ha llevado la audiencia de medidas cautelares, habiendo ya pasado más de cinco meses –desde la imputación formal−; al margen de que, en reiteradas oportunidades solicitó el señalamiento de fecha y hora de audiencia cautelar a través de diferentes memorial, las audiencias que lograron programarse fueron suspendidas en tres oportunidades; la primera, por incomparecencia del Fiscal de Materia; la segunda, por falta de notificación al denunciado y; la tercera, debido a que el Oficial de Diligencias no pudo hacer la notificación a través de edictos judiciales, supuestamente por que se tenían problemas de sistema para efectivizar la misma durante todo el mes.
Señala que este hecho se convirtió en una suerte de romería en la búsqueda por justicia sin considerar –la autoridad demandada− que ello repercute en una re victimización en su contra; en ese contexto y considerando que tampoco tuvo respuesta a su último memorial presentado el 1 de abril de 2022, −a decir de ella− contraviniendo el “art. 133 del Código de Procedimiento Penal (CPP)” sic., que establece que la audiencia de medidas cautelares debe llevarse a cabo “dentro de las cuarenta y ocho horas impostergablemente” y al no desarrollarse la misma o emitirse providencia en torno a lo solicitado, considera que existe vulneración de sus derechos; ya que, pese a que es de conocimiento de la Jueza de la causa que el denunciado se encuentra en libertad; y además que, este resulta ser su agresor, aparentemente este extremo no se tomó en cuenta y la dilación en el señalamiento de la audiencia cautelar se sobrepasó en el plazo establecido por Ley superabundantemente; considerando la misma que esta situación es un peligro para su vida y la de su familia.
La accionante, denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la vida, a la tutela judicial efectiva, a la petición y a la garantía del derecho humano de la mujer a tener una vida libre de violencia; citando al efecto, los arts. 13, 14, 115.II, 117.I, 119, 178 y 180.I, 256.I y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 1, 8, 24 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y, XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH).
Solicito se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga que: a) La Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta del departamento de Santa Cruz, resuelva las solicitudes de señalamiento de audiencia de medidas cautelares en el plazo de cuarenta ocho horas, emitiendo además las respectivas notificaciones en los domicilios de las partes o mediante “…edicto digital judicial…” (Sic); y, b) Se remita antecedentes al Ministerio Público por los delitos de incumplimiento de deberes del personal subalterno como son el Secretario del Juzgado y el Oficial de Diligencias, por las dilaciones indebidas en la tramitación del proceso.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 49/2022 de 12 de abril, cursante de fs. 33 a 35, declaró la improcedencia de esta acción de amparo constitucional; posteriormente, se notificó con dicho fallo a la solicitante de tutela el 21 de abril de 2022 (fs. 36); por lo que, a través de memorial presentado el 25 del mismo mes y año (fs. 37 a 38), impugnó dicha determinación.
Por Auto Constitucional (AC) 0116/2022-RCA de 15 de junio, cursante de fs. 42 a 47, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, con la facultad conferida por el art. 30.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), resolvió revocar la Resolución 19/2022, evidenciando el cumplimiento tanto del principio de inmediatez como del de subsidiariedad que rigen la acción de amparo constitucional, disponiendo por ello que la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, admita la presente acción de defensa y se someta la causa al trámite previsto por ley, debiendo pronunciar resolución en audiencia pública, concediendo o denegando la tutela impetrada, según corresponda en derecho.
Celebrada la audiencia pública el 10 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 72 a 73; ausentes la parte accionante y la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados.
Al no encontrarse la parte Impetrante de Tutela, en la audiencia; así como, tampoco su abogado patrocinante; se tomó en cuenta únicamente los argumentos esgrimidos en su memorial de acción de amparo constitucional que cursa en obrados.
Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Cautelar Penal Decima Cuarta del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito alguno y tampoco asistió a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, pese a citación conforme consta a fs. 69.
El Ministerio Público al ser convocado en calidad de tercero interesado, no presentó informe escrito y tampoco asistió a la audiencia de acción de amparo constitucional, pese a su legal citación conforme consta a fs. 71.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 20/23 de 10 de marzo de 2023, cursante de fs. 73 a 75, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada dé respuesta a los memoriales presentados por la parte accionante de forma inmediata, bajo los siguientes fundamentos: a) Por disposición del art. 128 de la Constitución Política del Estado (CPE), se establece que: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”.; b) El art. 51 del CPCo, que establece que esta acción tutelar “…Tiene por objeto garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”; c) En ese sentido el art. 129 de la Norma Suprema, dispone: “I. La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Ley Fundamental, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados. II. (…) podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”; d) Habiéndose remitido el requerimiento de imputación formal el 8 de octubre de 2021, hasta la fecha no se ha llevado a cabo la audiencia de medidas cautelares, pese a haberse solicitado el verificativo de forma expresa en reiteradas oportunidades ante la autoridad demandada, se suspendieron las audiencias debido a cuestiones no atribuibles a la parte hoy accionante; e) Cumplió con todos los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional; en consecuencia, y respecto a la exigencia de petición oral o escrita, este presupuesto se tiene por cumplido; ya que, en el cuaderno de control jurisdiccional cursan tres memoriales donde solicita fecha y hora de realización de la audiencia cautelar, en relación a la falta de respuesta material y en tiempo razonable; se tiene que, en el expediente cursa memorial presentado por la parte accionante el 1 de abril de 2022, a ello no cursa respuesta de la parte hoy demandada y tampoco se evidencia notificación personal o cedularia a la parte accionante con pronunciamiento alguno, con ello se tiene por cumplido el segundo presupuesto, respecto a la inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición, es evidente que no existe una instancia ulterior a la cual la parte solicitante de tutela pudiere acudir; por lo que, la omisión de respuesta de parte de la autoridad demandada constriñe a la misma a evacuar respuesta para no vulnerar los derechos ahora reclamados.
Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes, que cursa en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa requerimiento de Imputación Formal presentado el 8 de octubre de 2021; por el cual, el Ministerio Público imputó formalmente a Maikol Rocha Sorioco, por la presunta comisión del delito de violación agravada, solicitando su detención preventiva (fs. 3 a 9). II.2. Cursa Memorial presentado por Laura Rojas Salazar – Fiscal de Materia, por el cual se solicita fecha y hora de audiencia cautelar considerando la imputación formal presentada en fecha 08 de octubre de 2021. (fs. 13). II.3. Por memorial de 17 de noviembre de 2021 la hoy impetrante de tutela, solicita se señale fecha y hora de audiencia cautelar (fs. 10). II.4 Por memorial presentado el 25 de enero de 2022, Elena Cuellar Rivera impetra nuevamente fecha y hora de audiencia cautelar (fs. 11). II.5. Cursa nueva solicitud presentada el 1 de abril de 2022, efectuada por hoy la accionante que reitera se fije fecha y hora de audiencia cautelar, expresando su situación de vulnerabilidad y su condición de mujer y además señalando peligro y temor por su vida; dada, la peligrosidad del denunciado y la gravedad del delito (fs. 12 y vta.).
La accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la vida, a la tutela judicial efectiva, a la petición y a la garantía del derecho humano de la mujer a tener una vida libre de violencia; en virtud a que, la autoridad demandada: a) Habiendo presentado la Fiscal de Materia asignada al caso, la imputación formal el 8 de octubre de 2021; por el cual, solicitó la aplicación de medidas cautelares en contra del imputado, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar –11 de abril de 2022– aún no llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares; ya que, las audiencias que lograron programarse fueron suspendidas en tres oportunidades por motivos ajenos a su voluntad, existiendo de esta manera dilación en la celebración del señalado acto procesal; y, b) No respondió a su último memorial presentado el 1 de abril de 2022; por el que, solicitó el señalamiento de fecha y hora para la celebración de la mencionada audiencia. En consecuencia, corresponde en revisión dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0734/2020-S3 de 12 de noviembre, estableció que: “El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) que supervisa el cumplimiento de las normas contenidas en la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que se constituye en un instrumento jurídico internacional del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, emitió la Recomendación General 19 de 29 de enero de 1992 -sobre la violencia contra la mujer- por la que afirma que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación, que impide gravemente que esta goce de derechos y libertades en la misma condición que el hombre; y que dicha violencia, conlleva responsabilidad estatal, no solamente por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres, y cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. Sobre el acceso de las mujeres a la Justicia, el CEDAW a través de la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, encomendó a los Estados a ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar. Por su parte, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de 9 de junio de 1994 (Convención Belém Do Pará), ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, en su artículo 4, establece que: ‘Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: a. el derecho a que se respete su vida; b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales; d. el derecho a no ser sometida a torturas; e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos;
(…)’. Derechos que encuentran su materialización dentro de las políticas a asumir por parte de los Estados; por consiguiente, el Estado Boliviano al ratificar la Convención de Belém do Para, mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994, asume la norma de la debida diligencia. De igual modo, la Convención de Belém do Pará, en el art. 7 literales d. y f. establece que los Estados tienen el deber de: ‘d. Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad’. ‘f. Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos’. En Bolivia, esa problemática inicialmente fue abordada desde la perspectiva privada, a partir de la promulgación de la Ley contra la Violencia en la Familia o Doméstica -Ley 1674 de 15 de diciembre de 1995-, posteriormente, a través de la Ley 348, asume con prioridad, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, en el marco del art. 3.I de esta última Ley, señalando que: ‘El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género’. Asimismo, el art. 32 de la Ley 348 establece que: ‘I. Las medidas de protección tienen por objeto interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente. II. Las medidas de protección son de aplicación inmediata, que impone la autoridad competente para salvaguardar la vida, la integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia y los de sus dependientes’. Las medidas de protección son dictadas por la autoridad competente y se encuentran desarrolladas en el art. 35 de la Ley 348 y son las siguientes: 1. Ordenar la salida, desocupación, restricción al agresor del domicilio conyugal o donde habite la mujer en situación de violencia, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, y ordenar que el agresor se someta a una terapia psicológica en un servicio de rehabilitación. 2. Prohibir al agresor enajenar, hipotecar, prendar, disponer o cambiar la titularidad del derecho propietario de bienes muebles o inmuebles comunes. 3. Disponer la asistencia familiar a favor de hijas, hijos y la mujer. 4. Prohibir al agresor acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, domicilio de las y los ascendientes o descendientes, o a cualquier otro espacio que frecuente la mujer que se encuentra en situación de violencia. 5. Restituir a la mujer al domicilio del cual hubiera sido alejada con violencia, cuando ella lo solicite, con las garantías suficientes para proteger su vida e integridad. 6. Prohibir al agresor comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas, a la mujer que se encuentra en situación de violencia, así como a cualquier integrante de su familia. 7. Prohibir acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos de los hechos de violencia. 8. Suspender temporalmente al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus hijas e hijos. 9. Realizar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común o de posesión legítima. 10. Disponer la entrega inmediata de objetos y documentos personales de la mujer y de sus hijas e hijos o dependientes. 11. Retener los documentos de propiedad de bienes muebles o inmuebles, mientras se decide la reparación del daño. 12. Disponer la tolerancia o reducción del horario de trabajo de la mujer que se encuentra en situación de violencia, sin que se vean afectados sus derechos laborales y salariales. 13. Ordenar la anotación preventiva de los bienes sujetos a registro del agresor, así como el congelamiento de cuentas bancarias para garantizar las obligaciones de asistencia familiar. 14. Velar por el derecho sucesorio de las mujeres. 15. Disponer la remoción del agresor de acoso sexual en el medio laboral.
16. Disponer medidas para evitar la discriminación en la selección, calificación, permanencia y ascenso en su fuente laboral. 17. Restringir, en caso de acoso sexual, todo contacto del agresor con la mujer, sin que se vean afectados los derechos laborales de la mujer. 18. Disponer cualquier medida cautelar de protección a las mujeres que se encuentran en situación de violencia señalada en el Código de Procedimiento Penal y el Código de Procedimiento Civil. 19.Todas las que garanticen la integridad de las mujeres que se encuentran en situación de violencia”. El art. 61 de la Ley 348 establece que dentro de las atribuciones comunes que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones -entre otras- las medidas de: ‘1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito (…) 4. Dirigir la investigación de las instancias policiales responsables de la investigación de delitos vinculados a la violencia hacia las mujeres, definiendo protocolos y criterios comunes de actuación, a fin de uniformar los procedimientos, preservar las pruebas y lograr un registro y seguimiento de causas hasta su conclusión, generando estadísticas a nivel municipal, departamental y nacional’. Por otra parte, en el Título V sobre Legislación Penal, en el Capítulo III denominado Simplificación del Procedimiento Penal para Delitos de Violencia contra las Mujeres, específicamente en el art. 86 de la Ley 348, se establecen los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que: ‘ARTÍCULO 86. (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales: 1. Gratuidad. Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortes, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas.
2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento. 3. Oralidad. Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres deberán ser orales. 4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad. 5. Publicidad. Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres serán de conocimiento público, resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima. 6. Inmediatez y continuidad. Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si no es posible, continuará durante el menor número de días consecutivos. 7. Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia. 8. Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial y no solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimización. 9. Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables. 10. Excusa. Podrá solicitarse la excusa del juez, vocal o magistrado que tenga antecedentes de violencia, debiendo remitirse el caso inmediatamente al juzgado o tribunal competente. 11. Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. 12. Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público.
13. Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas. 14. Confidencialidad. Los órganos receptores de la denuncia, los funcionarios de las unidades de atención y tratamiento, los tribunales competentes y otros deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideración, salvo que la propia mujer solicite la total o parcial publicidad. Deberá informarse previa y oportunamente a la mujer sobre la posibilidad de hacer uso de este derecho. 15. Reparación. Es la indemnización por el daño material e inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que haya sufrido violencia’. En el mismo sentido, el art. 87 de la Ley 348, establece directrices en los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos relacionados con la violencia de género, entre las que se encuentran: La Disposición de medidas de protección para salvaguardar a mujeres en situación de violencia; y, la obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres. En cuanto a las atribuciones y competencias de los juzgados de instrucción de materia contra la violencia hacia las mujeres, el art. 68 de la Ley 348 modifica los arts. 57, 58, 68 y 72 de la Ley del Órgano Judicial, (LOJ) y concretamente en lo que concierne al Juez cautelar, efectúa la modificación con el siguiente texto: ‘Artículo 72. (COMPETENCIA DE JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN DE MATERIA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES). Las juezas y los jueces de Instrucción contra la violencia hacia las mujeres tienen competencia para: 1. El control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en la Ley; 2. Emitir las resoluciones jurisdiccionales y de protección que correspondan durante la etapa preparatoria y de la aplicación de criterios de oportunidad; (…)’. Por lo mencionado, se concluye que las normas expuestas, desarrollan de manera uniforme el criterio de aplicación sobre la protección a las mujeres víctimas de violencia, pues el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia con el fin de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer e incluso, establece que las autoridades judiciales o servidores públicos de las diferentes instituciones y órganos del Estado que intervengan en casos de violencia contra las mujeres, como ser las jurisdiccionales, el Ministerio Público y los miembros de la Policía Boliviana, tienen la obligación de adoptar las medidas de protección necesarias de forma inmediata y oportuna, desde el inicio de la etapa preparatoria, tanto en el control jurisdiccional como en la fase de investigación, en aplicación de los principios y garantías procesales -entre otros- los de celeridad, accesibilidad, protección, imposición de medidas cautelares, establecidos en el Código Penal y en la Ley 348. Entendimiento que fue aplicado por la jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, en el que no solo establece la aplicación de una debida diligencia en ese tipo de procesos, sino también la adopción de medidas cautelares, estableciendo que: ‘…en el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la misma, la prohibición de revictimización y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima. Además, cabe señalar, que en la adopción de medidas cautelares, se debe privilegiar la protección y seguridad de la mujer durante la investigación; entendimiento que ya fue plasmado en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, que al momento de establecer los criterios de peligro para la víctima, contenidos en el art. 234.10 del CPP, señaló en su Fundamento Jurídico III.2, que: a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante’” (las negrillas nos corresponden).
Jurisprudencia reiterada
Al respecto éste despacho a través de la SCP 0455/2019-S2 de 24 de junio, hace hincapié: “…Más aun considerando la importancia del derecho a la vida, como objeto de protección de la acción de libertad; el entendimiento asumido por este Tribunal señala que, ante la denuncia de su vulneración, no es aplicable la excepción de subsidiariedad; por lo que, es posible activar de manera directa la jurisdicción constitucional, pese a existir mecanismos ordinarios de protección…”
(…) En ese contexto, este Tribunal, al resolver una acción de amparo constitucional, pronunció la señalada SCP 0033/2013, otorgando la tutela de manera directa, en razón que los mecanismos de la vía ordinaria no resultaron efectivos en el establecimiento de medidas de protección a una mujer víctima de violencia; por lo que, correspondía reforzar su protección jurídica, entendimiento que por el carácter tutelar de esta acción, más aún, si se toma en cuenta los bienes jurídicos que se hallan inmersos en su ámbito de su protección.
Por estas razones, al tratarse de aquellos casos en los que se hallen involucradas mujeres en situación de violencia, que ponga en riesgo su derecho a la vida, es posible acudir directamente a la jurisdicción constitucional en busca de tutela inmediata” (El marcado es nuestro).
La SCP 0694/2016-S1 de 23 de junio, respecto a la celeridad en la actuación procesal, señaló que: “El art. 115.II de la CPE, señala que: ‘El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’. Por su parte el art. 178.I de la misma Ley Fundamental, señala que: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos’. Asimismo el art. 180.I de la referida CPE, señala que: ‘la jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez’.
De las normas Constitucionales citadas precedentemente, se llega a establecer, que el constituyente ha previsto principios procesales específicos para la administración de justicia a través de la jurisdicción ordinaria, entre las cuales se encuentra la celeridad. A partir de ello, todo juez debe someter sus actuaciones procesales al principio señalado sin incurrir en dilaciones innecesarias (las negrillas son nuestras).
Asimismo, la SCP 0321/2022-S4 de 19 de mayo, la cual hace referencia a la SCP 0124/2018-S4 de 16 de abril, manifestó que: “El art. XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, consagra el derecho a la petición bajo los siguientes términos: 'Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución'. Por su turno, la Constitución Política del Estado, a la luz de dicho postulado, ha establecido que: ‘Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario′ (art. 24 de la CPE).
De la comprensión de ambos entendimientos se tiene que, el derecho a la petición, cual derecho fundamental, importa cuando menos dos unidades de análisis, la primera referida a la facultad o potestad de dirigirse a las autoridades públicas; y la segunda, al derecho a una respuesta formal y oportuna. Superando los antecedentes escolásticos y posteriormente monárquicos de este 'derecho', su consagración en el ámbito constitucional se remonta a la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de 1787 y a la Constitución Francesa de 1793, cuya naturaleza jurídica en una primera instancia, se configuraba como una garantía perteneciente al ámbito de la libertad, bajo esa óptima, este derecho no sería otra cosa que una derivación o concreción del más genérico derecho a la libertad de pensamiento y expresión, empero, tras el desarrollo del constitucionalismo y la positivización de los derechos humanos, su concepción inicial de libertad se convirtió en un derecho subjetivo de facultad, estableciéndose que su efectivización no se agota con la sola posibilidad de plantear una petición sino con la obligación de los poderes públicos de atender y responder la misma dentro un plazo razonable.
Ahora bien, a partir de esta nueva configuración y rescatando a su vez los antecedentes vinculados al petitio Romano (demanda judicial) varios trataditas, particularmente españoles, vincularon la petición con la 'acción procesal', afirmando que ésta no es otra cosa que una expresión o manifestación del más genérico derecho de petición, bajo este razonamiento, una vez ejercida la facultad de petición ésta puede transformarse en diversas especies de derechos tal el caso de las peticiones que se realizan ante los órganos del poder jurisdiccional; empero, si bien el genérico derecho de petición podría resultar la episteme de otros derechos o institutos jurídicos tales como el derecho a la información, al acceso a la justicia, a la impugnación, a la participación en asuntos públicos; el derecho a pedir asilo y refugio entre otros, no puede soslayarse que en la actualidad el régimen constitucional y legal de cada una de estas bifurcaciones es sustancialmente distinto en cuanto su naturaleza y modo de ejercicio del genérico ‘derecho de petición′, justamente en atención a ello, es que la mayoría de las legislaciones (Constituciones) que consagran este derecho lo hacen de forma autónoma del resto de derechos. La Norma Suprema del Estado, por ejemplo, consagra autónomamente el derecho a la petición en el citado art. 24, sin vinculación alguna a otro derecho o libertad.
Salvando la configuración y alcances del derecho a la petición individual, ante los Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos, que por naturaleza buscan la justiciabilidad de las obligaciones incumplidas por parte de los Estados, y por tanto la determinación de una reparación adecuada, en el ámbito interno, si bien el genérico derecho de petición puede ejercerse ante autoridades jurisdiccionales, y en consecuencia, éstos se hallan obligados a responder las ‘peticiones′ que se les presenten dentro un plazo razonable. Resulta menester distinguir con inequívoca claridad, los actos estrictamente judiciales de los actos de gestión o administración judicial. Los primeros, es decir los actos jurisdiccionales se enmarcan en los márgenes de la potestad reglada, ello es, que las autoridades que conducen un proceso judicial están sometidos −así como las partes− a las reglas del mismo fijadas por la ley, por lo que mal podría invocarse el derecho a la petición para solicitar a una determinada autoridad la ejecución de un acto procesal que por imperio de la ley esta compelida a realizarla, por ejemplo: 1) Dictar sentencia dentro un plazo determinado; 2) Resolver un incidente, 3) Realizar aclaraciones y/o enmiendas a una determinada decisión judicial; y, 4) Celebrar audiencia de apelación de medidas cautelares; entre otros, sin que sea necesario impulsarlos mediante la formulación de peticiones en cada uno de los momentos procesales, toda vez que, aunque latu sensu, se amparen en el derecho a solicitar o peticionar, la realización del acto procesal impetrado resultaría inefectiva a la luz de la propia configuración de este derecho, que busca −en esencia− una ‘respuesta′ no así la ejecución de determinados actos procesales que se encuentran previamente ‘reglados′, y por tanto, lo único exigible es su efectivizacion bajo la figura de ‘pretensión′ que será tratada de acuerdo a procedimiento y en observancia de las reglas y principios del debido proceso, cuyo incumplimiento de ninguna manera puede entenderse como una vulneración del derecho a la petición sino como la lesión del derecho al debido proceso en cualquiera de sus elementos.
El segundo ámbito, es decir de gestión o administración judicial, son aquellos que no se encuentran ‘reglados para las autoridades judiciales′, empero pueden y deben ser atendidos en cumplimiento del derecho a la petición, por ejemplo: i) El otorgamiento de copias legalizadas; ii) La expedición de certificaciones; y, iii) Solicitud de certificaciones necesarias para el procesado, entre otras, que no hacen a un acto procesal en sí mismo y que corresponden sean tramitados de conformidad a los requisitos y alcances establecidos por la jurisprudencia constitucional contenida en las SSCC 0310/2004-R de 10 de marzo, 1995/2010-R de 26 de octubre, moduladas por la SC 0119/2011-R de 21 de febrero.
Ahora bien, respecto a los alcances del derecho a la petición y su diferenciación de una pretensión procesal este Tribunal mediante SCP 0416/2016-S3 de 6 de abril, señaló lo siguiente: ‘Un elemento de transcendental importancia en el ámbito jurídico es sin duda el petitorio pues en el ámbito procesal delimita el accionar de las autoridades judiciales o administrativas que están obligadas a resolver los recursos o impugnaciones conforme a lo solicitado, caso contrario se produce una decisión ultra o infra petita. Sin embargo, debido a que puede confundirse con el derecho de petición pura y llana corresponde diferenciarla.
En ese sentido, en toda impugnación existe una petición, que -dentro de un proceso- forma parte de la pretensión pero no toda petición involucra una impugnación. Así, en materia administrativa, el recurso de impugnación surge contra la decisión de la administración pública, en el que el administrado se sujeta a un procedimiento pre-establecido, en cambio en el derecho de petición no requiere la existencia de un proceso administrativo, debido a que tiene una autonomía propia, siendo únicamente exigible la identificación del peticionante para su procedencia, así lo determina el art. 24 de la CPE ‘Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionarioʼ.
Los contrastes antes referidos advierten claramente una diferenciación entre el derecho de petición y la pretensión que puede contener una demanda o un recurso de impugnación dentro un proceso administrativo; mientras la primera es un derecho autónomo que se protege de manera directa vía acción de amparo constitucional ante su vulneración, con excepción claro está, en casos en que la administración de la entidad, haya establecido procedimiento para el tratamiento del derecho de petición, en este último corresponde previamente observar la misma; en el segundo caso, es decir, cuando se trata de una pretensión dentro un proceso administrativo corresponde que tanto los plazos como la pretensión misma sea tratada de acuerdo a procedimiento, en observancia de los elementos del debido proceso; en consecuencia, no puede ser tratada con los alcances del derecho de petición, sino, corresponde que el procedimiento administrativo sea observado con todo lo que incumbe: plazos y etapas procesales establecidas en la misma, regulados bajo la garantía del debido proceso′.
Respecto a los ámbitos procesales de aplicación del citado precedente, la SCP 0249/2017-S3 de 27 de marzo, estableció que: ‘… por sus implicancias resulta plenamente aplicable en todo proceso contencioso, es decir, dentro una causa donde se constituyan partes procesales en controversia, donde una es la parte actora que tiene una pretensión y otra que se oponga a ella, debiendo las mismas ser sustanciadas en el marco de una norma adjetiva y resueltas en observancia del debido proceso, en ese entender será la norma procesal la encargada de regular los plazos, etapas e instancias procesales, al que las partes, coadyuvantes y otros sujetos procesales se encuentran sometidas, en razón a que las normas procesales son de orden público y de cumplimiento obligatorio; por lo que, toda pretensión activada dentro de un proceso no puede ser tratada en el marco de las implicancias del derecho de petición de manera pura y llana, sino se encuentran sometidas a la observación de un procedimiento, a términos y plazos procesales′
En conclusión, a la luz de la doctrina, entendimientos y jurisprudencia constitucional glosada, el derecho de petición no puede ser invocado dentro de un procedimiento judicial o administrativo para solicitar a una determinada autoridad la ejecución de un acto procesal que por imperio de la ley esta compelida a realizarla, debiendo en todo caso, únicamente observar las reglas del debido proceso, los plazos establecidos a tal efecto y la ‘pretensión′ de las partes en relación al citado acto'” (las negrillas son nuestras).
La accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la vida, a la tutela judicial efectiva, a la petición y a la garantía del derecho humano de la mujer a tener una vida libre de violencia; en virtud a que, la autoridad demandada: a) Habiendo presentado la Fiscal de Materia asignada al caso, la imputación formal el 8 de octubre de 2021; por el cual, solicitó la aplicación de medidas cautelares en contra del imputado, hasta la fecha de interposición de presente acción tutelar –11 de abril de 2022– aún no llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares; ya que, las audiencias que lograron programarse fueron suspendidas en tres oportunidades por motivos ajenos a su voluntad, existiendo dilación en la celebración del señalado acto procesal, hecho que permite que su agresor se encuentra en libertad; por lo que, su vida y la de su familia se encuentra en peligro; y, b) No respondió a su último memorial presentado el 1 de abril de 2022; por el cual, solicitó el señalamiento de fecha y hora para la celebración de la mencionada audiencia.
Ahora bien, con base a la problemática planteada, y los antecedentes venidos en revisión; se tiene que, por requerimiento de Imputación Formal presentado el 8 de octubre de 2021, el Ministerio Público solicitó la detención preventiva de Maikol Rocha Sorioco; en consecuencia, la Fiscal de Materia, por memorial solicita señalamiento de audiencia cautelar, solicitud que fue también realizada por memorial de 17 de noviembre del mismo año, formulado por la hoy accionante, y reiterado su petitorio el 25 de enero de 2022, Elena Cuellar Rivera impetra nuevamente fecha y hora de audiencia cautelar y una última reiteración de 1 de abril de 2022; en la que, además hace conocer su situación de vulnerabilidad por su condición de mujer y además señalando peligro y temor por su vida, dada la peligrosidad del denunciado y la gravedad del delito (conclusiones II.1 al II.5). Ahora bien, respecto a la primera problemática; se tiene que, efectivamente habiéndose remitido el requerimiento la imputación formal el 8 de octubre de 2021 ante la autoridad judicial ahora demandada; por el cual, se solicitó la aplicación de medidas cautelares en contra del imputado, la autoridad judicial hoy demandada hasta la fecha de interposición de esta acción de defensa –11 de abril de 2022–, aún no llevó a cabo dicha audiencia pese a haberse solicitado la celebración de la misma de forma expresa en reiteradas oportunidades ante la autoridad demandada; empero, las mismas fueron suspendidas por cuestiones no atribuibles a la parte hoy accionante; ya que a decir de la impetrante de tutela, el primer verificativo fue suspendido debido a la incomparecencia del Fiscal de Materia; el segundo, por falta de notificación al imputado y el tercero debido a que el Oficial de Diligencias no pudo efectuar la notificación a través de edictos judiciales al tener supuestamente problemas de sistema para efectivizar la notificación durante todo un mes. Aseveración que al no haber sido controvertida por la parte demandada, al no haber presentado informe escrito alguno; así como, tampoco se hizo presente en audiencia de la presente acción tutelar, se presume la veracidad de los hechos y actos denunciados por la solicitante de tutela frente a la inexistencia de un informe o alegato contrario por parte de la autoridad judicial demandada. En ese entendido, se tiene que la autoridad demandada, no imprimió en el trámite de la audiencia de aplicación de medidas cautelares en contra del imputado, la debida diligencia con la que toda autoridad administrativa o judicial debe actuar en casos de violencia de género; así como, aplicar las medidas necesarias para impedir que los derechos de las mujeres que son víctimas de violencia sean vulnerados (Fundamento Jurídico III.1); empero, en el presente caso, siendo que en el marco del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, que tiene una reforzada protección jurídica, la autoridad judicial incurrió en una dilación procesal injustificada, transgrediendo el principio de celeridad (Fundamentos Jurídicos III.2 y III.3) que debe regir en los procesos judiciales y ordinarios, al haber suspendido la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, por la falta de notificación al imputado y debido a que el Oficial de Diligencias no habría podido efectuar la notificación a través de edictos judiciales por un supuesto problema de sistema que duró todo un mes; es decir, por incumplimiento de las labores de su personal que provocó una dilación injustificada, haciéndose evidente al mismo tiempo una clara omisión en el control del personal bajo su dependencia, negligencia por la cual hasta la fecha de interposición de la presente acción de amparo constitucional, no se pudo llevar a cabo la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares del imputado, quien al encontrarse en libertad según la ahora accionante podría constituirse en un peligro para su integridad –su vida−. En ese entendido, corresponde conceder la tutela solicitada contra la autoridad ahora demandada; para que, en apego a la normativa procesal penal y la Ley 348, actué con la debida celeridad en la tramitación de la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares en contra del imputado (Fundamento Jurídico III.1); asimismo, asuma de oficio con la debida diligencia medidas de protección en favor de la víctima ahora impetrante de tutela, por ser la vida de la mujer sometida a violencia de género, un derecho de protección prioritaria, inmediata y sin mayores formalidades; ello en apego a sus deberes específicos contemplados en los arts. 86 y 87 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia −Ley 348 de 9 de marzo de 2013−, a fin de resguardar los derechos de la víctima −accionante− a la vida y a vivir libre de violencia en el marco de la debida diligencia. Ahora bien, en cuanto a la segunda problemática, referida que la autoridad ahora demandada no respondió a su último memorial presentado el 1 de abril de 2022; por el cual, solicitó el señalamiento de fecha y hora para la celebración de la audiencia de aplicación de medidas cautelares en contra del imputado; omisión por la que, la impetrante de tutela, considera lesionado su derecho a la petición; al respecto se tiene que, tomando en cuenta que en el presente caso, se cuestiona la falta de respuesta al memorial presentado el 1 de abril de 2022, dentro del proceso penal seguido por la hoy accionante en contra Maikol Rocha Sorioco, por la presunta comisión de violación agravada, queda evidente que el mismo no se trata de una petición; sino, de una pretensión procesal; ya que, conforme a los entendimientos jurisprudenciales glosada en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, se concluyó que el derecho de petición no puede ser invocado dentro de un procedimiento judicial o administrativo, para solicitar a una determinada autoridad la ejecución de un acto procesal que por imperio de la ley esta compelida a realizarla, debiendo en todo caso, únicamente observar las reglas del debido proceso, los plazos establecidos a tal efecto y la “pretensión” de las partes en relación al citado acto; no obstante, tomando en cuenta que la denuncia tiene como objeto se tutele la celeridad procesal con la que debió actuar la autoridad hoy demandada en la tramitación de la mencionada audiencia, en aplicación a la debida diligencia y el principio de celeridad con la que toda autoridad judicial debe actuar en casos en los que se tenga víctimas de violencia de género, este Tribunal no puede soslayar el hecho de que la falta de providencia a la solicitud de señalamiento de audiencia de medidas cautelares por la ahora accionante, no solo se constituye en una lesión de derechos, sino que el efecto de dicha vulneración representó un riesgo para la impetrante de tutela al no haber actuado la autoridad demandada de manera diligente ante el conocimiento de dicha petición, pues el no haber emitido pronunciamiento en tiempo oportuno, representa el incumpliendo de lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo Constitucional, que establece que en consideración a las solicitudes que se encuentran vinculadas al derecho de las mujeres a gozar de una vida libre de violencia deben merecer una pronta y oportuna atención; así, como también la posibilidad de generar con ello exponerla a un riesgo a su vida, conforme lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada. En consecuencia se exhorta a la autoridad demandada a futuro actuar con la debida diligencia y en observancia al principio de celeridad, máxime en consideración a casos en los que las víctimas pertenecen a grupos vulnerables que requieren de una protección reforzada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 20/23 de 10 de marzo de 2023, cursante de fs. 73 a 75, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo que la Jueza hoy demandada, en el plazo de veinticuatro horas de notificada con el presente fallo constitucional, celebre la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares en contra del imputado, siempre y cuando la misma por el transcurso del tiempo no hubiera sido desarrollada; y, 2° Exhortar a la autoridad judicial demandada, a cumplir con la obligación de actuar con la debida diligencia y en observancia al principio de celeridad en los procesos y solicitudes donde se encuentren vinculadas al derecho de las mujeres a gozar de una vida libre de violencia; así como, adoptar las medidas de protección necesarias de forma inmediata y oportuna en aplicación de los principios y garantías procesales −entre otros− los de celeridad, accesibilidad, protección, imposición de medidas cautelares, establecidos en el Código de Procedimiento Penal y en la Ley 348. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0549_2023-S4.pdf · páginas 1 a 21.
Huella digital del PDF (SHA-256): 0347adf7d35803f71f5be665e45f75680c887c56f52decfab494be3f9f8fad28
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