Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 23 de mayo de 2025
Concede en parte la tutela
La parte accionante denuncia la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia e interpretación de la ley; puesto que, los Vocales ahora accionados en el Auto de Vista 16/2025 de 24 de febrero, a pesar que concedieron en parte el recurso de apelación restringida que planteó, fijando una pena de diez años, que atenuada a las 4/5 partes sería una pena de dos años, no quitaron la medida socio-educativa de privación de libertad con internación en el Centro de Reintegración Social Oasis de Tarija, cuando conforme el art. 324.II del CNNA correspondía que se aplique una medida con restricción de libertad, con base al quantum de la pena atenuada, que no supera los dos años. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La protección directa a través de la acción de libertad en el caso de adolescentes responsables penalmente; ii) Sobre la obligación del juzgador de fundamentar y motivar las resoluciones judiciales; iii) La aplicación de la sanción a adolescentes en el Código Niña, Niño y Adolescente, tomando en cuenta el quantum de la pena y el enfoque de protección integral de los adolescentes en conflicto con la ley; iv) La protección de víctimas niñas y adolescentes mujeres en los procesos penales; y, v) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 01/2025 de 17 de abril, cursante de fs. 52 a 57, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a los Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, con relación a los derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación e interpretación de la ley.
a) Disponer que se deje sin efecto el Auto de Vista 16/2025 de 24 de febrero a efectos únicamente de determinarse las medidas socio-educativas a imponerse al menor de edad AA, de conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. 2º DENEGAR la tutela solicitada, con relación al derecho al debido proceso en su elemento a la congruencia de conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0548/2025-S1 Sucre, 23 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 72856-2025-146-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 01/2025 de 17 de abril, cursante de fs. 52 a 57, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por MM en representación del menor de edad AA contra Blanca Carolina Chamón Calvimontes y Jorge Ahmed Julio Alé, Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.
La parte accionante por memorial presentado el 16 de abril de 2025, cursante de fs. 37 a 40, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el menor de edad AA, por la presunta comisión del delito de abuso sexual previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP) planteó recurso de apelación restringida contra la Sentencia 33/2024 de 13 de agosto que lo declaró culpable por el citado delito, condenándolo a una pena de quince años, que atenuada 4/5 partes de acuerdo al art. 268.I del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014- sería una pena aplicable de tres años. Ante esa determinación formuló el citado recurso, señalando como uno de sus agravios que el Juez de primera instancia a momento de dictar la referida Sentencia no tomó en cuenta que, de los dos hechos que refiere la víctima menor de edad, en el primero solo tenía trece años; por lo que, de acuerdo al art. 269 del citado Código todo “niño” adolescente menor de catorce años de edad está exento de responsabilidad penal; es decir, que era inimputable en ese momento, por lo tanto, no sería aplicable la agravante establecida en el art. 310 inc. m) del CP, agravio que al percatarse los Vocales ahora accionados que era evidente decidieron conceder en parte el indicado recurso, a través del Auto de Vista 16/2025 de 24 de febrero, quitando el agravante del referido artículo, fijando una pena de diez años, que atenuada a las 4/5 partes sería una pena de dos años. Sin embargo, los Vocales hoy accionados no quitaron las medidas impuestas por el Juez de primera instancia, entre las que están la medida socio-educativa con privación de libertad bajo internación en el Centro de Reintegración Social Oasis de Tarija, cuando el art. 324.II del CNNA, señala claramente que: ‘“…Las medidas socio-educativas que se cumplen con restricción de libertad serán aplicadas cuando la pena atenuada impuesta a la persona adolescente este comprendida entre un (1) año y dos (2) años”’ (sic), siendo conforme al “Manual Especializado de Procedimientos Jurisdiccionales e Investigativos del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes” (sic) las medidas socio-educativas, el régimen domiciliario, régimen en tiempo libre y régimen semi-abierto, por lo tanto, debería aplicarse la medida con restricción de la libertad con base al quantum de la pena atenuada, que no supera los dos años. Asimismo, es necesario referir que viene cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario hace un año y seis meses, desde el 6 de octubre de 2023, tiempo en el que viene perjudicándose en su desarrollo social, como en sus estudios.
La parte accionante denuncia la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia e interpretación de la ley; citando al efecto los arts. 9, 60 y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga que: a) Se modifique en cuanto a la pena atenuada y el lugar del cumplimiento de la pena; y, b) Se ordene la aplicación de una medida socio-educativa con restricción de libertad en régimen domiciliario, tomando en cuenta que viene cumpliendo ese régimen hace un año y seis meses.
Celebrada la audiencia virtual el 17 de abril de 2025, según consta en el acta cursante de fs. 49 a 51 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de la acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) El Auto de Vista 16/2025 no menciona cuales serían sus argumentos; 2) Si se bajó el quantum de la pena de quince años a diez años, por lógica se aplica el principio de cuarta quintas partes que señala el Código Niña, Niño y Adolescente; 3) Los Vocales ahora accionados no tomaron en cuenta que se encuentra cumpliendo un arresto domiciliario desde el 6 de octubre de 2023 hasta la fecha, tomando en cuenta incluso que la duración del proceso habría sido excesiva vulnerándose con ello el art. 364 del CNNA; 4) Al no existir fundamentación, ni motivación adecuada se estaría vulnerando el principio de congruencia; 5) Los referidos Vocales tendrían que advertir que existe el principio pro homine en cuanto a la duda, a la colisión de interpretación de la norma, se tiene que aplicar lo más favorable; más, cuando se trata de una persona menor de edad; 6) Se le vulneró el derecho a la libertad, al desarrollo en el seno familiar, en el seno social, como educativo, siendo que en el Acta de Audiencia de Medidas Cautelares de 6 de octubre de 2023, el Juez de primera instancia fue riguroso y le indicó que en ningún momento podía abandonar el domicilio, encontrándose un año y seis meses detenido; es decir, más de la mitad de la pena, extremo que debió ser tomado en cuenta para darle una pena menos gravosa y así poder asistir a la actividad cotidiana de estudio, familiares y sociales; y, 7) Se debe respetar el principio de interés superior de los menores y que no se omita el principio pro homine, para que pueda introducirse de nuevo a la sociedad.
Blanca Carolina Chamón Calvimontes y Jorge Ahmed Julio Ale, Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante informe presentado el 16 de abril de 2025, cursante de fs. 44 a 45, manifestaron que: i) La parte accionante considera que existió omisión respecto a la medida socio-educativa de privación de libertad impuesta por el Juez de primera instancia; sin embargo, en el Auto de Vista 16/2025 objeto de la presente acción tutelar se dejó claramente establecido que se modificó la sanción dispuesta en la parte resolutiva de la Sentencia 33/2024, excluyéndose únicamente la aplicación de la agravante del art. 310 inc. m) del CP; en tal sentido se mantuvo firme el quantum de la pena -diez años- de ejecución de medidas socio-educativas con privación de libertad y bajo internación Centro de Reintegración Social Oasis de Tarija, atenuados en sus 4/5 partes, conforme el art. 268.I del CNNA, imponiéndose la pena de dos años de cumplimiento de dicha medida socio-educativa, confirmándose la forma y lugar de cumplimiento de la pena impuesta conforme lo dispuso la citada Sentencia; por lo que, mal puede entenderse que el quantum de la pena atenuada no supera los dos años, cuando el art. 324.II del citado Código, es claro al respecto; ii) Con relación a que la parte accionante se encuentra cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario durante un año y seis meses, debe hacerlo conocer al Juez que lleva el control jurisdiccional de la causa; y, iii) No es evidente la vulneración al derecho a la libertad, debido a que el Auto de Vista 16/2025 expresa los motivos y razones concretas por las cuales se resolvió como se hizo.
Eiver Giovanni Fernández Choque, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó que: a) Solicita se realice el control del Auto de Vista 16/2025 para ver si es evidente o no lo reclamado por la parte accionante; b) Existe una antinomia entre el art. “68” del CNNA que dispone que las penas que sean menores a quince años se cumplan con restricción de libertad; empero, contrariamente el art. “324” a partir de su parágrafo primero desarrolla justamente cuales son las medidas que se cumplen con privación de libertad o en libertad, señalando que en el parágrafo segundo las penas restrictivas de libertad y no privativas de libertad que se imponen en esta clase de delitos, que atenuada no supera o se encuentre comprendida entre los dos años; y, c) Al momento de resolver, tal como señala la parte accionante en cuanto a la privación de la libertad debió ser en su domicilio y no en un centro de internación, por legalidad no se desconocerá; empero, es la autoridad judicial quien se pronuncia para definir si se mantendrá o no la medida dispuesta.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -con la intervención de la Vocal de su similar Primera-, mediante Resolución 01/2025 de 17 de abril, cursante de fs. 52 a 57, concedió la tutela solicitada, disponiendo que se deje sin efecto el Auto de Vista 16/2025 a efectos que se pueda emitir uno nuevo, tomando en cuenta los fundamentos de la resolución a emitirse, sea en el plazo establecido por la normativa aplicable a las niñas, niños, y adolescentes; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: 1) Los parámetros de aplicación de las medidas socio-educativas, se establecen en el sentido que, cuando una pena sea menor a un año deberá cumplirse las medidas en libertad, cuando sea inferior a dos años se cumplirán medidas con restricción de libertad y cuando sea mayor a dos años o más corresponderá una medida de internación, siendo aquí donde existe una divergencia, ante la cual la “párag. 85” del manual de medidas socio-educativas “Manuales de Actuación Especializada en Justicia Penal para Adolescentes” refiere que los arts. 268 como el 324 del -CNNA-, dan soluciones diferentes a un artículo, las cuales son incompatibles pues se aplica la norma inferior a los tres años o se aplica una pena inferior de dos años a un año, es así que el manual refiere que la autoridad judicial no tiene la atribución para poder hacer una reforma legislativa; empero, puede hacer una correcta interpretación de la ley dentro los marcos del principio denominado pro homine; 2) Los arts. 268 así como el 325 del citado Código refieren que la medida socio-educativa debe considerar la gravedad o naturaleza de los hechos o el grado de responsabilidad del adolescente, la proporcionalidad de la medida, la edad del adolescente o su capacidad para cumplir la medida para reparar el daño; asimismo, indica que las medidas socio-educativas en libertad son la libertad asistida, y la prestación de servicios a la comunidad; y, 3) Verificado el Auto de Vista 16/2025, si bien los Vocales ahora accionados hacen una fundamentación y motivación para excluirse de la aplicación agravante del art. 310 inc. m) del CP; sin embargo, no existe fundamentación y motivación referida al quantum de la pena y sobre la internación en el Centro de Reintegración Social Oasis de Tarija, al ser evidente, que al haberse revocado parcialmente la Sentencia 33/2024 estableciendo la pena de diez años de ejecución de medidas socio-educativas con privación de libertad; siendo que el citado Auto de Vista únicamente refiere que la sanción penal de menores se basa en un enfoque rehabilitador con el objeto principal de proteger y promover el bienestar de los menores así como su integración positiva a la sociedad.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de Niñas, Niños y Adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Sentencia 33/2024 de 13 de agosto, emitida por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia de Partido de Trabajo y Seguridad Social Segundo de Yacuiba del departamento de Tarija, declaró al menor de edad AA -ahora accionante- con responsabilidad penal, culpable y autor del delito de abuso sexual agravado, previsto y sancionado por los arts. 312 -segunda parte- con relación al 310 inc. m) del CP, modificado por el art. 83 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, por existir prueba suficiente que generó en el citado Juez convicción, más allá de la duda razonable sobre la existencia del hecho la responsabilidad penal del infractor en él, imponiéndole la sanción -mínima- del delito básico (según el párrafo segundo del art. 312 del citado Código de diez años de ejecución de medidas socio-educativas con privación de libertad y bajo internamiento en el centro especializado, agravado además en cinco años conforme el art. 310 inc. m) del referido Código, haciendo un quantum total de quince años, que atenuados en sus 4/5 partes, conforme el art. 268.I del CNNA hacen imponible la sanción penal -atenuada- de tres años de cumplimiento de dichas medidas socio-educativas. La pena deberá cumplirse desde la ejecutoria de esa Sentencia y ejecución del mandamiento de condena a emitirse, siempre computándose los días en que el infractor pudo estar detenido incluso en sede policial y debe cumplirse en un centro especializado de privación de libertad para adolescentes, en este caso en el Centro de Reintegración Social Oasis de Tarija (fs. 15 a 21 vta.). II.2. A través del Auto de Vista 16/2025 de 24 de febrero, emitido por Blanca Carolina Chamón Calvimontes y Jorge Ahmed Julio Alé, Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -ahora accionados-declararon con lugar el recurso de apelación restringida planteado por la parte accionante; en consecuencia, se revocó parcialmente la Sentencia 33/2024, disponiendo la modificación de la sanción dispuesta en la parte resolutiva de la referida Sentencia, excluyéndose únicamente la aplicación de la agravante del art. 310 inc. m) del CP, en tal circunstancia se mantiene firme el quantum de la pena de diez años de ejecución de medida socio-educativa con privación de libertad y bajo internamiento en el centro especializado, atenuado en sus 4/5 partes conforme el art. 268.I del CNNA, hacen imponible la sanción penal -atenuada- de dos años de cumplimiento de dicha medida socio-educativa, confirmándose la forma y lugar de cumplimiento de la pena impuesta conforme determina la Sentencia 33/2024 (fs. 23 a 27).
La parte accionante denuncia la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia e interpretación de la ley; puesto que, los Vocales ahora accionados en el Auto de Vista 16/2025 de 24 de febrero, a pesar que concedieron en parte el recurso de apelación restringida que planteó, fijando una pena de diez años, que atenuada a las 4/5 partes sería una pena de dos años, no quitaron la medida socio-educativa de privación de libertad con internación en el Centro de Reintegración Social Oasis de Tarija, cuando conforme el art. 324.II del CNNA correspondía que se aplique una medida con restricción de libertad, con base al quantum de la pena atenuada, que no supera los dos años. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La protección directa a través de la acción de libertad en el caso de adolescentes responsables penalmente; ii) Sobre la obligación del juzgador de fundamentar y motivar las resoluciones judiciales; iii) La aplicación de la sanción a adolescentes en el Código Niña, Niño y Adolescente, tomando en cuenta el quantum de la pena y el enfoque de protección integral de los adolescentes en conflicto con la ley; iv) La protección de víctimas niñas y adolescentes mujeres en los procesos penales; y, v) Análisis del caso concreto.
La SCP 0156/2019-S2 de 24 de abril, establece que: “El texto constitucional boliviano, integra al catálogo de derechos fundamentales, los referidos a la niñez y adolescencia; así, el art. 58 de la CPE, dedica una sección especial a los mismos, denominada, derechos de la niñez, adolescencia y juventud; apartado en el que sostiene que:
Se considera niña, niño y adolescente, toda persona menor de edad, titular de derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ella, y de los derechos específicos inherentes a un proceso de desarrollo, a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones. El art. 59 de la referida Norma Suprema, determina que toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. Asimismo, el art. 60 de la CPE, prescribe que: ‘Es deber del Estado, la sociedad y la familia, garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos…’.
En tal sentido, la Constitución Política del Estado, protege de manera integral y progresiva a los niños y adolescentes, bajo el entendido que, de acuerdo a su crecimiento y desarrollo de su personalidad, asumen progresivamente derechos y obligaciones.
Al respecto, este Tribunal, en la SC 0735/2010-R de 26 de julio, preció que: ‘La protección a los niños, niñas y adolescentes se traduce en una constante que hace a la actividad del Estado como ente jurídico necesario, pues es trascendental para la preservación y continuidad de la sociedad para cuyo servicio existe…’.
Sobre la protección directa de los derechos de este grupo etario niño, niña y adolescente, a través de este mecanismo de defensa, la SC 2378/2010-R de 19 de noviembre, modulando el entendimiento contenido en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, referido a los supuestos de subsidiariedad del habeas corpus -ahora acción de libertad-, estableció lo siguiente:
Resulta necesario determinar que la subsidiariedad con carácter excepcional del recurso de hábeas corpus, instituida en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, cuando existen medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, a los cuales el afectado deberá acudir en forma previa y solamente agotados tales medios de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus, no es aplicable a los supuestos en los que menores de 16 años, considerados menores infractores, se vean involucrados en la presunta comisión de delitos, por cuanto en correspondencia con el régimen especial de protección y atención que el Estado y la sociedad deben garantizar a todo niño, niña y adolescente, éstos se hallan bajo la protección y regulación de las disposiciones del Código Niño, Niña y Adolescencia, cuyas normas son de orden público y de aplicación preferente…. Razonamiento jurisprudencial, enmarcado en las disposiciones del Código del Niño, Niña y Adolescente -Ley 2026 de 26 de octubre de 1999- que establecía una edad mínima de aplicación de la ‘responsabilidad social’ comprendida entre los doce hasta los dieciseis años. Actualmente, el Sistema Penal para adolescentes, contemplado en el Código Niño, Niña y Adolescente contempla la franja etaria de catorce a dieciocho años de edad; consecuentemente, el Estado otorga a los mismos una protección especial, a quienes no resulta aplicable el carácter excepcional que tiene la subsidiariedad referida en la indicada SC 0160/2005-R, al ser la acción de libertad de tramitación especial y sumarísima, reforzada por características como la inmediata protección de sus derechos.
Consiguientemente, al Juez de garantías, le corresponde constatar si hubo lesión a derechos y garantías constitucionales; debiendo para ello, hacer una compulsa de fondo, dado que la protección de esos derechos fundamentales y garantías constitucionales, no puede subordinarse al cumplimiento o incumplimiento de requisitos formales., pero aun cuando la protección alcanza a un grupo vulnerable o de atención preferente que requiere la atención inmediata de sus derechos, teniendo en cuenta además que el interés superior del niño, de acuerdo al art. 60 de la CPE, comprende a su vez el acceso a una administración de justicia pronta y oportuna” (las negrillas nos corresponden).
La SCP 0386/2015-S2 de 8 de abril, establece que: “…toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 1369/2001-R, entre otras).
En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, puesto que el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere” (las negrillas nos corresponden).
El art. 268.I del CNNA establece que: “I. La responsabilidad penal de la o el adolescente será atenuada en cuatro quintas partes respecto del máximo penal correspondiente al delito establecido en la norma penal.
III. Para delitos cuyo máximo penal sea menor a quince (15) años en la Ley Penal, se aplicarán medidas socio-educativas con restricción de libertad y en libertad”.
A su vez, el art. 324.II del CNNA determinó que:
“I. Las medidas socio-educativas en libertad, serán aplicadas cuando la pena atenuada impuesta a la persona adolescente sea menor a un (1) año, sin perjudicar la actividad normal de estudio o trabajo.
comprendida entre un (1) año y dos (2) años. El Juez determinará las medidas socio-educativas en privación de libertad. III. Las medidas socio-educativas privativas de libertad serán aplicadas cuando la pena atenuada impuesta a la persona adolescente sea superior a dos (2) años”.
La SCP 0832/2023-S1 de 25 de julio, señala que: «“…es a partir de la vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño el 2 de septiembre de 1990, que se trasunta a otro paradigma en la forma de concebir a las niñas, niños y adolescentes; es decir, que es una transición de la doctrina de la ‘situación irregular’ en la que se encontraba esta población hacia la doctrina de protección integral, mediante la cual se constituyen en sujetos de derechos y no simplemente en objetos de tutela, tal cual se los consideraba antes de la Convención; en consecuencia, se entiende que la protección integral es igual a la ‘protección de derechos’ de las niñas, niños y adolescentes, que a su vez tiene como eje central el principio rector del interés superior del niño, que si bien ya fue instituido en la Declaración Universal de Derechos del Niño; empero, ahora en el marco de la visión de que los niños son sujetos de derechos, y ciudadanos que también tienen responsabilidades, en este entendido dicho principio viene a ser una directriz obligatoria para el cumplimiento efectivo y satisfacción de manera preeminente de sus derechos por parte del Estado a través de todos sus órganos de gobierno; asimismo, la sociedad incluyendo la familia, de ahí que, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el análisis de las decisiones adoptadas en materia de la niñez empieza a consolidar el reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y se pronuncia sobre varias situaciones de violaciones de sus derechos, y una de las primeras referencias al principio del interés superior del niño que se realiza en el Sistema Internacional de Derechos Humanos puede encontrarse en su Informe Anual de 1997, donde señala que en todos los casos que involucren decisiones que afecten la vida, la libertad, la integridad física o moral, el desarrollo, la educación, la salud u otros derechos de los menores de edad, dichas decisiones sean tomadas a la luz del interés más ventajoso para el niño, estableciendo así un estándar de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; por lo que, debe entenderse que esas decisiones no pueden ser en ningún momento discrecionales sino precautelando siempre la satisfacción de sus derechos en su calidad de sujetos y no objetos; es decir, teniendo en cuenta su opinión en su calidad de personas; asimismo, en la Opinión Consultiva 17/2002 de 28 de agosto se expresa que el interés superior del niño se entiende como una ‘norma de resolución de conflictos entre derechos, y/o como una guía para la evaluación de leyes, prácticas y políticas referidas a la infancia’.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño, con el objeto de realizar un seguimiento a las obligaciones contraídas por los Estados que son parte ha incorporado la creación de un Comité de los Derechos del Niño, para lo cual los mencionados Estados deben presentar de manera obligatoria informes sobre las medidas que hayan adoptado para dar efecto a los derechos que se encuentran reconocidos por la Convención y el progreso obtenido en lo referente al goce de los mismos, de conformidad al plazo establecido; por lo que, el referido Comité en la Observación General N°10 pronunciada sobre Los Derechos del Niño en la Justicia de Menores, se ha referido al interés superior del niño en la justicia penal, señalando que:
‘…Los niños se diferencian de los adultos tanto en su desarrollo físico y psicológico como por sus necesidades emocionales y educativas. Esas diferencias constituyen la base de la menor culpabilidad de los niños que tienen conflictos con la justicia. Estas y otras diferencias justifican la existencia de un sistema separado de justicia de menores y hacen necesario dar un trato diferente a los niños. La protección del interés superior del niño significa, por ejemplo, que los tradicionales objetivos de la justicia penal, a saber, represión/castigo, deben ser sustituidos por los de rehabilitación y justicia restitutiva cuando se trate de menores delincuentes. Esto puede realizarse al mismo tiempo que se presta atención a una efectiva seguridad pública’.
De la misma forma varias observaciones establecidas en la Observación N° 10 señalada ut supra, se emitieron a la luz del interés superior del niño, de conformidad a la protección integral de los adolescentes en conflicto con la ley en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual a su vez también ha establecido otros principios como el de No Discriminación, Autonomía, Participación, Protección, excepcionalidad, legalidad, y especialización, que garantizan el cumplimiento de los derechos establecidos en esta norma internacional.
Asimismo, el interés superior del niño, no puede concebirse solamente como principio, sino también como garantía, puesto que la misma se entiende como ‘vínculos normativos idóneos para asegurar efectividad a los derechos subjetivos’, en este entendido también se constituye en un derecho, pues tal como se explicó precedentemente es de cumplimiento obligatorio y se encuentra vinculado a principios que coadyuvan en su cumplimiento; es así que, el Tribunal Constitucional Plurinacional en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño se ha referido en varias Sentencias Constitucionales Plurinacionales al interés superior del niño; sin embargo, en la SCP 0125/2017–S1 de 9 de marzo, reiterada por la SCP 0626/2019-S1 de 25 de septiembre, ha establecido una comprensión amplia del referido principio, y su vinculación con otros principios que refuerzan su cumplimiento al señalar que: ‘…este principio se traduce en un mandato de protección y efectivización de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, que todas las autoridades tanto administrativas y judiciales, asimismo la familia y la sociedad deben tener en cuenta de manera prioritaria al momento de realizar acciones que tengan que ver con sus intereses, a fin de garantizarles un desarrollo integral, en condiciones dignas e iguales, que hagan posible una sociedad en armonía, por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instituyó principios relacionados con el señalado, entre ellos el de protección reforzada, que es adicional al que tiene cualquier persona, en virtud a la especial gravedad de las violaciones a los derechos humanos del niño, que merecen todas las medidas necesarias y especiales para asegurar que se cumpla el mismo, que fue desarrollado en el caso Bulacio vs Argentina’.
A mayor abundamiento, el interés superior del niño tiene asimismo una labor hermenéutica que permite interpretar sistemáticamente sus disposiciones a fin de efectivizar el ejercicio pleno de sus derechos, así también posibilita la resolución de conflictos entre derechos que se encuentran establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño; es decir, que se utiliza este principio en la ponderación de derechos, entonces bajo esta comprensión los derechos del niño no pueden estar supeditadas al interés colectivo ni pueden asimilarse al mismo; por lo que, cuando surgen conflictos de derechos del niño con el interés social, los otros deben ser ponderados de manera prioritaria.
Así también, el interés superior del niño según el autor Parker puede servir como un principio orientador al momento de evaluar la legislación o práctica que no se encuentren regidas por la ley, facilitando llenar algunos vacíos o lagunas legales, tanto para la promulgación de leyes como para cuando se tenga que tomar decisiones en casos en que no existe norma expresa de la misma forma, en la Opinión Consultiva sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño expresó que el interés superior del niño se entiende como una ‘norma de resolución de conflictos entre derechos, y/o como una guía para la evaluación de leyes, prácticas y políticas referidas a la infancia’, conceptualizando también la referida Opinión Consultiva 17/02 a dicho principio como un ‘principio regulador de la normativa de los derechos del niño que se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades así como en la naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Ahora bien, siguiendo la concepción del nuevo paradigma de protección integral, esta fue también reconocida en la Sentencia de 19 de noviembre de 1999, en el caso ‘Niños de la Calle’, Villagrán Morales y otros vs. Guatemala, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó una interpretación evolutiva del art. 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, apartándose de la concepción tutelar con la cual fue concebida, otorgándole un contenido a partir de la incorporación de los artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como de los instrumentos internacionales comprendidos en las Reglas Mínimas para la Administración de Justicia de Menores de 1985, las Directrices para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Riad) de 1990 y las Reglas para la Protección de los Menores de Edad Privados de Libertad de 1990, las cuales bajo esa comprensión se constituyen en parte del corpus iuris internacional de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de niñas, niños, y adolescentes, de la misma forma, en la Opinión Consultiva sobre la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño se refiere a la protección integral, ratificando la concepción de que el niño se constituye en sujeto de derechos a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño; es así que, en base al referido corpus iuris la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido también estándares importantes con relación a las garantías y derechos de los adolescentes en conflicto con la ley y que tienen que ver con el derecho al juez natural competente, independiente e imparcial, a la doble instancia, presunción de inocencia, contradicción, audiencia y defensa, así como de los principios que rigen a la administración de justicia referente a esta población, entre los cuales se puede destacar el caso Instituto de Reducación del Menor Vs. Paraguay, en el cual se hace un desarrollo del carácter excepcional de la prisión preventiva y de la sanción privativa de libertad, así como se enumera los principios de la justicia penal juvenil, como los principios de especialización y de excepcionalidad; asimismo, sobre estos principios las Observaciones finales Antigua y Barbuda, manifiestan su preocupación por la responsabilidad penal que se fija a partir de los 8 años y la posibilidad de que un menor de 18 años pueda ser condenado a cadena perpetua por asesinato, pudiendo ser también procesado como adultos por homicidio y no se encuentran separados de los adultos durante su detención; por lo que, el Comité de los Derechos del Niño establece observaciones para que ese país revise sus leyes y políticas para garantizar la plena aplicación de normas de justicia de menores.
Por su parte, en el caso Mendoza y otros Vs. Argentina, se refiere a que no se puede aplicar el Derecho Penal para Adultos a los menores de edad, mencionando también el carácter excepcional de la privación de libertad y en su caso la corta duración que debe tener, y la exigencia de su revisión periódica y la prohibición de la pena privativa de libertad perpetua; mientras que en el caso Pacheco Terurel y otros vs. Honduras se hace mención a las detenciones indiscriminadas y la legislación antimaras; en el caso Petruzzi y otros Vs Perú, como en el caso de los hermanos Gomez Paquiyauri Vs. Perú, se hace referencia al principio de legalidad; de igual forma la Opinión Consultiva 17/02 se ha expresado con relación al juez natural, a la presunción de inocencia, derecho a la defensa, a la doble instancia, al derecho a ser oído y participar del proceso.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su 100 período ordinario de sesiones, que se celebró en Washintong D.C. el 24 de septiembre al 13 de octubre de 1998, decidió crear la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez, con la finalidad de fortalecer el respeto de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en las Américas. Consecuentemente, bajo la comprensión de la protección integral en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, es que los Estados han tenido que realizar las adecuaciones a sus legislativas internas; en consecuencia, la experta en la materia Mary Beloff establece características que permiten identificar a las leyes que se enmarcan en la mencionada protección integral, como ser:
• ‘Se definen los derechos de los niños y se establece que en caso de que alguno de esos derechos se encuentre amenazado o violado, es deber de la familia, de la comunidad y/o del Estado restablecer el ejercicio concreto del derecho afectado a través de mecanismos y procedimientos efectivos y eficaces tanto administrativos cuanto judiciales, si así correspondiere. • Por eso desaparecen las vagas y antijurídicas categorías de ‘riesgo’ ‘peligro moral o material’, ‘circunstancias especialmente difíciles’ ‘situación irregular’ etcétera. • Se establece, en todo caso, que quien se encuentra en ‘situación irregular’ cuando el derecho de un niño o adolescente se encuentra amenazado o violado, es alguien o alguna institución del mundo adulto (familia, comunidad o Estado). • Se distinguen claramente las competencias de las políticas sociales de la cuestión penal, planteando la defensa y el reconocimiento de los derechos de los niños y los jóvenes como una cuestión que depende de un adecuado desarrollo de las políticas sociales. • Las políticas se caracterizan por estar diseñadas e implementadas por la sociedad civil y el Estado, por estar descentralizadas y focalizadas en los municipios. • Se abandona la noción de menores como sujetos definidos de manera negativa, por lo que no tienen, no saben o no son capaces, y pasan a ser definidos de manera afirmativa, como sujetos plenos de derecho. • Se desjudicializan cuestiones relativas a la falta o carencia de recursos materiales, supuesto que en el sistema anterior habilitaba la intervención de la jurisdicción especializada. • La protección es de los derechos del niño y/o el adolescente. No se trata como en el modelo anterior de proteger a la persona del niño o adolescente, del ‘menor’, sino de garantizar los derechos de todos los niños y adolescentes. • Por lo tanto, esa protección reconoce y promueve derechos, no los viola ni restringe. • También por ese motivo la protección no puede significar intervención estatal coactiva. • De la idea de universalidad de los derechos, se desprende que estas leyes son para toda la infancia y adolescencia, no para una parte. Por eso se dice que con estas leyes se recupera la universalidad de la categoría infancia, perdida con las primeras leyes para ‘menores’. • Ya no se trata de incapaces, medias-personas o personas incompletas, sino de personas completas cuya única particularidad es que están creciendo. Por eso se les reconocen todos los derechos que tienen todas las personas, más un plus de derechos específicos precisamente por reconocerse el hecho de que están creciendo. • De ahí que de todos los derechos, uno que estructura la lógica de la protección integral sea el derecho del niño a ser oído y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta. • Se jerarquiza la función del juez en tanto éste debe ocuparse de cuestiones de naturaleza jurisdiccional, sean de derecho público (penal) o privado (familia). • El juez, como cualquier juez, está limitado en su intervención por las garantías. • En cuanto a la política criminal, se reconocen a los niños todas las garantías que le corresponden a los adultos en los juicios criminales según las constituciones nacionales y los instrumentos internacionales pertinentes, más garantías específicas. La principal, en relación con los adolescentes, es la de ser juzgado por tribunales específicos con procedimientos específicos, y la de que la responsabilidad del adolescente por el acto cometido se exprese en consecuencias jurídicas absolutamente diferentes de las que se aplican en el sistema de adultos. Este reconocimiento de garantías es independiente del hecho de sostener que los niños y jóvenes son inimputables, como es el caso, por ejemplo, del Estatuto del Niño y del Adolescente de Brasil. • Se establece como consecuencia jurídica de la comisión de un delito por parte de un joven un catálogo de medidas, en el que lo alternativo, excepcional, ultima ratio y por tiempo breve es la privación de libertad. Estas medidas se extienden desde la advertencia y la amonestación hasta los regímenes de semilibertad o privación de la libertad en institución especializada. Deben dictarse por tiempo determinado. • Se determina que la privación de libertad será una medida de último recurso, que deberá aplicarse por el tiempo más breve que proceda y, en todos los casos, por tiempo determinado como consecuencia de la comisión de un delito grave”.
Sin embargo, estas características que hacen a las legislaciones que adoptan la protección integral conforme la Convención sobre los Derechos del Niño, tuvo un lento avance en el caso de Bolivia, pues pese a que ratificó la mencionada Convención mediante Ley 1152 de 14 de mayo de 1990, promulgó un Código del Menor el 18 de diciembre de 1992, donde si bien se establece el principio del interés superior del niño, como pauta de actuación; sin embargo, se mantiene la noción del ‘menor’ como objeto de tutela, pues en esa norma se crea ONANFA como cabeza de sector a nivel nacional, departamental y provincial, el cual si bien se encuentra a cargo de regular, normar, fiscalizar y supervisar las políticas dirigidas al ‘menor’ las mujer y la familia; empero, se crean los Servicios Tutelares del Menor, que dependen de las Direcciones Departamentales Ejecutivas de dicha instancia, que ejercen las facultades de investigación y jurisdiccionales en casos de menores infractores, mientras que, los Jueces Tutelares del Menor tienen otras funciones inherentes a la resolución de procedimientos referentes a la minoridad, vinculadas con situaciones de abandono, de peligro, maltrato en la que se encuentren menores, así como procesos de guarda, tenencia y adopciones; en consecuencia, este Código no supera los resabios de la situación irregular.
Posteriormente, el 27 de octubre de 1999, se promulga el Código de Niña, Niño y Adolescente mediante Ley 2026, en la cual existe un cambio trascendental de la concepción que se tenía de los ‘menores’ en el anterior Código, al establecerse un régimen especializado de justicia para adolescentes infractores, que viene a ser el cambio fundamental al nuevo paradigma de la protección integral, donde se establecen principios y garantías procesales importantes que efectivizan los derechos de los adolescentes en conflicto con la Ley, además de otorgarle al Juez de la Niñez y Adolescencia la competencia jurisdiccional; asimismo, se desconcentra a nivel municipal y departamental las instancias de protección de las niñas, niños y adolescentes, de ahí que, los Servicios Departamentales de Gestión Social (SEDEGES) se constituyen en instancias que establecen políticas no solo de atención y protección sino de prevención en materia de niñez y adolescencia a nivel departamental, aunque mantienen resabios de la institucionalización de la doctrina de la situación irregular anterior, que se ve superada en mayor medida al realizar la inserción familiar de niñas, niños y adolescentes de los Hogares bajo su dependencia, de igual manera es trascendental la creación de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, quienes a parte de realizar funciones de prevención de la violencia en contra de este sector de la población, son los promotores y defensores de los derechos de los niños y adolescentes en el Municipio del que son parte, por ello se constituyen en un brazo operativo importante de los Gobiernos Autónomos Municipales para garantizar el ejercicio de esos derechos.
Asimismo, la Constitución Política del Estado de 2009, ha establecido una Sección específica dirigida a los Derechos de la Niñez y Adolescencia, siendo importante destacar el art. 60 donde se establece que: ‘Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado’, elevando así el interés superior del niño a rango constitucional, garantizando la satisfacción de los derechos de los niños y adolescentes en todos los niveles del Estado, los órganos de poder y de la sociedad boliviana, es así que, se realza también la protección de las y los adolescentes en conflicto con la ley, al establecer el acceso a una justicia pronta y oportuna; sin embargo, de acuerdo al Cuarto Informe Periódico del Estado Plurinacional de Bolivia elevado ante el Comité de los Derechos del Niño, esta instancia en su 52 período de sesiones de 16 de octubre de 2009, ha establecido Observaciones para Bolivia, que en lo referente a la Administración de Justicia Juvenil, son las siguientes.
‘82. El Comité insta al Estado parte a que vele por la plena aplicación de las normas de justicia juvenil, en particular los artículos 37 b), 39 y 40 de la Convención, así como las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing), las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad) y las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Reglas de La Habana). En particular, el Comité insta al Estado parte a tener en cuenta la Observación general Nº 10 (2007) del Comité sobre la administración de la justicia de menores. También recomienda que:
a) El Estado parte vele por que el sistema jurídico positivo y el sistema indígena tradicional respeten la Convención, e introduzca una clara separación de competencias entre ambos sistemas; b) El Estado parte tome medidas preventivas, como respaldar el papel de la familia y la comunidad, para eliminar las condiciones sociales que llevan a los niños entrar en contacto con el sistema de justicia penal o con el sistema indígena tradicional, y tome todas las disposiciones posibles para evitar la estigmatización; c) Los niños en conflicto con la ley sean juzgados por el sistema de justicia juvenil, y no como adultos en los tribunales ordinarios; d) Se introduzca en todas las regiones la figura del juez especializado en la infancia, y que estos jueces especiales reciban una educación y capacitación apropiadas; e) La privación de libertad constituya una medida de último recurso con la menor duración posible, y cuya aplicación se examine periódicamente con miras a retirarla; f) Se desarrollen penas alternativas a la privación de libertad tanto en el sistema jurídico positivo como en el sistema indígena tradicional, como la libertad condicional, la mediación, los servicios a la comunidad, o la condena condicional, siempre que sea posible; g) Los niños privados de libertad tengan acceso a la educación, incluso cuando se encuentren en prisión preventiva; h) El Estado parte solicite asistencia al Grupo Interinstitucional sobre Justicia Juvenil, del que forman parte la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el UNICEF, el ACNUDH y diversas ONG’.
En este contexto, es que por Ley 548 de 17 de julio de 2014, se promulga en Bolivia el Código de Niño, Niña y Adolescente, norma que se encuentra en la actualidad en vigencia, en el cual se reconocen como sujetos de derecho a los niños que comprenden desde la concepción hasta los doce años y la adolescencia desde los doce a los dieciocho años; asimismo, establece que se le debe garantizar el ejercicio de las garantías constitucionales y de aquellas que se encuentran en la citada norma; de igual forma, se incluyen varios principios generales, entre ellos el del interés superior del niño, que se vincula con la protección integral y pregona la satisfacción de los derechos de manera preeminente; también, una de las implementaciones importantes del referido Código es la inclusión de un Sistema Penal Para Adolescentes, en el cual se establece una visión integral de atención y protección de los adolescentes en conflicto con la Ley, desde las instituciones involucradas y los procedimientos tanto procesales como administrativos para el ejercicio de los derechos de esta población, que condice con lo dispuesto en el art. 8.II de la norma en cuestión, ya que esa disposición establece la obligatoriedad del Estado a través de todos sus niveles a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las niña, niños y adolescentes; instituyendo en consecuencia entre sus derechos y garantías la especialidad, presunción de inocencia, a ser oída u oído, a guardar silencio, es decir a no declarar en su contra, a ser informada o informado, a un traductor o intérprete, al debido proceso, a la defensa especializada, asistencia integral, a permanecer en centros especializados para adolescentes, a la comunicación, a la privacidad, confidencialidad, intervención de sus representantes legales, a la proporcionalidad, única persecución, y excepcionalidad de la privación de libertad; por otra parte, uno de los cambios trascendentales es el ámbito de aplicación de dicho sistema penal, pues ahora está dirigida a los adolescentes a partir de los 14 años hasta los 18 años, que modificó la Ley 2026 en la cual se establecía la aplicación del régimen especial desde los 12 a 16 años, finalmente también se incluyen medidas específicas de justicia restaurativa, que tampoco se encontraba en la citada norma.
Así las cosas, Bolivia cuenta con una Constitución Política del Estado y un Código de Niña, Niño y Adolescente que se sujetan a la Convención sobre los Derechos del Niño y por ende al enfoque de la protección integral de derechos, donde se establecen también principios que son directrices para la actuación de las autoridades judiciales y administrativas que conforman el Sistema Penal para Adolescentes en conflicto con la Ley, a fin de garantizar la plena satisfacción de los derechos de la niñez y adolescencia en nuestro país; sin embargo, en ese entendido es importante remarcar que ante los vacíos normativos e inclusive de tipo administrativo, el corpus iuris internacional de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes se constituye en un referente principal de instrumentos internacionales del Sistema Internacional de Derechos Humanos, que deben ser aplicados por dichas autoridades, en virtud a la obligatoriedad que tiene el Estado Plurinacional de cumplir con las Convenciones y Acuerdos suscritos en esa materia, en concordancia con el principio de pacta sunt servanda y además teniendo en cuenta que a la luz de la propia Constitución Política del Estado, estas normas son aplicables de manera preferente cuando establecen derechos más favorables que la referida Norma Suprema, a su vez de conformidad a la interpretación efectuada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al contenido y alcance del art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no solamente se trata de la aplicación de ese contenido a partir de las Convenciones y Tratados sobre la materia sino también de las Reglas o Directrices de Justicia Juvenil, las Opiniones Consultivas como las Observaciones Generales.
Bajo tal comprensión, es importante que el enfoque de la protección integral que pregona la Convención sobre los Derechos del Niño en favor de los adolescentes en conflicto con la ley se consolide materialmente en nuestro país a través de todas las instancias del Estado y de los órganos de poder; es decir, bajo este enfoque de satisfacción de los derechos de esta población de manera preeminente, todo ello en consonancia con el interés superior del niño” (las negrillas son nuestras).
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Instituto de Reeducación del Menor Vs. Paraguay. Sentencia de 2 de septiembre de 2004, señaló que: “…el contenido del derecho a la libertad personal de los niños no puede deslindarse del interés superior del niño, razón por la cual requiere de la adopción de medidas especiales para su protección, en atención a su condición de vulnerabilidad”; por lo que, para considerar la aplicación de una medida de privación de libertad, conforme a la regla 17.1 inc. b) de las Reglas de Beijing indica que: “las restricciones a la libertad personal del menor se impondrán sólo tras cuidadoso estudio y se reducirán al mínimo posible”, estudio donde debe considerarse los principios de excepcionalidad y proporcionalidad en la pena, así se tiene de documento Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Relatoría sobre los Derechos de la Niñez de la Organización de Estados Americanos, que en su parágrafo IV de medidas privativas y no privativas de la libertad para niñas, niños y adolescentes que son declarados responsables de infringir leyes penales, donde se determinó límites a la privación de la libertad, a modo de conceptualización, el principio de excepcionalidad de acuerdo al art. 37 inc. b) de la Convención sobre los Derechos del Niño, se entiende como: “…La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda” y el principio de proporcionalidad como: “…la sanción de un niño infractor debe estar justificada en la proporcionalidad entre la conducta y la lesividad de la infracción respecto de los bienes jurídicos protegidos. Más aún, entre las distintas sanciones privativas de libertad, debe elegirse aquella que respete el principio de mínima intervención”.
La SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, establece que: “III.1.1. El enfoque interseccional El enfoque interseccional se constituye en una herramienta útil para analizar la vulneración de los derechos, en especial de la igualdad, cuando se presentan múltiples factores de discriminación que se entrecruzan y que influyen en el ejercicio y goce de los derechos de las personas. A partir de ello, es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación. El enfoque interseccional, se está incorporando de manera gradual, permitiendo superar un análisis unidimensional, para introducir una interpretación múltiple de la discriminación y las interacciones entre los factores o categorías de discriminación, que se está materializando a través de informes de las instancias de seguimiento y aplicación de las recomendaciones de los instrumentos tanto en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), como en los Sistemas Regionales.
Este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige, además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), en cuyo art. 9 establece como criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los Estados, que éstos tendrán especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada, así, como embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad.
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), utilizaron el enfoque interseccional, cuando se presentaron varios factores de discriminación. Así, la referida Corte IDH, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, a través de la Sentencia de 25 de noviembre de 2006, sobre Fondo, Reparaciones y Costas, en el párrafo 259 inc. i), hizo referencia a la violencia sexual contra las mujeres que se encuentran bajo la custodia del Estado, señalando que: ‘Las mujeres han sido víctimas de una historia de discriminación y exclusión por su sexo, que las ha hecho más vulnerables a ser abusadas cuando se ejercen actos violentos contra grupos determinados por distintos motivos, como los privados de libertad...’.
La misma Sentencia, en el párrafo 292, también se refirió a las mujeres embarazadas que se encontraban en prisión, indicando que: ‘…Las mujeres embarazadas que vivieron el ataque experimentaron un sufrimiento psicológico adicional, ya que además de haber visto lesionada su propia integridad física, padecieron sentimientos de angustia, desesperación y miedo por el peligro que corría la vida de sus hijos…’. Asimismo, hizo referencia a las madres internas, indicando en el párrafo 330, que:
La incomunicación severa tuvo efectos particulares en las internas madres. Diversos órganos internacionales han enfatizado la obligación de los Estados de tomar en consideración la atención especial que deben recibir las mujeres por razones de maternidad, lo cual implica, entre otras medidas, asegurar que se lleven a cabo visitas apropiadas entre madre e hijo. La imposibilidad de comunicarse con sus hijos ocasionó un sufrimiento psicológico adicional a las internas madres. Por otra parte la Corte IDH, en el Caso González y Otras (‘Campo Algodonero’) Vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, en los párrafos 408 y 409, además de analizar la relación de la violencia de género con las relaciones sociales, culturales y económicas de discriminación, para caracterizar a las víctimas, también lo hizo respecto a las discriminaciones de género, pobreza y edad, al hacer referencia a los derechos de las víctimas menores de edad, indicando: 408. (…) el Estado debe prestar especial atención a las necesidades y los derechos de las presuntas víctimas en consideración a su condición de niñas, como mujeres que pertenecen a un grupo en una situación vulnerable. 409. En el presente caso, la Corte considera que el Estado tenía la obligación de adoptar todas las medidas positivas que fueran necesarias para garantizar los derechos de las niñas desaparecidas. En concreto, el Estado tenía el deber de asegurar que fueran encontradas a la mayor brevedad, una vez los familiares reportaron su ausencia, especialmente debido a que el Estado tenía conocimiento de la existencia de un contexto específico en el que niñas estaban siendo desaparecidas.
En el mismo sentido, la Corte IDH en los Casos Rosendo Cantú y Otra Vs. México -Sentencia de 31 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, y Fernández Ortega y Otros Vs. México -Sentencia de 30 de agosto de 2010 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, efectuó el análisis sobre la discriminación y violencia de las mujeres indígenas, estableciendo que debía garantizarse el acceso a la justicia de los miembros de las comunidades indígenas, adoptando medidas de protección que tomen en cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, así como sus valores, usos y costumbres.
También cabe mencionar, el Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, en cuya Sentencia de 24 de febrero de 2012 sobre Fondo, Reparaciones y Costas, donde la Corte IDH hizo referencia a la discriminación sufrida por las mujeres con orientación sexual diversa; pues se impuso a la accionante, que en su condición de mujer atendiera y privilegiara sus deberes como madre:
139. Al respecto, el Tribunal considera que dentro de la prohibición de discriminación por orientación sexual se deben incluir, como derechos protegidos, las conductas en el ejercicio de la homosexualidad. Además, si la orientación sexual es un componente esencial de identidad de la persona, no era razonable exigir a la señora Atala que pospusiera su proyecto de vida y de familia. No se puede considerar como ‘reprochable o reprobable jurídicamente’, bajo ninguna circunstancia, que la señora Atala haya tomado la decisión de rehacer su vida. Además, no se encontró probado un daño que haya perjudicado a las tres niñas. 140. En consecuencia, la Corte considera que exigirle a la madre que condicionara sus opciones de vida implica utilizar una concepción ‘tradicional’ sobre el rol social de las mujeres como madres, según la cual se espera socialmente que las mujeres lleven la responsabilidad principal en la crianza de sus hijos e hijas y que en pos de esto hubiera debido privilegiar la crianza de los niños y niñas renunciando a un aspecto esencial de su identidad. Por tanto, la Corte considera que bajo esta motivación del supuesto privilegio de los intereses personales de la señora Atala tampoco se cumplía con el objetivo de proteger el interés superior de las tres niñas.
El enfoque interseccional antes descrito, debe ser utilizado en el presente caso, considerando por una parte, que la víctima es una mujer víctima de violencia sexual; y por otra, es una adolescente. Este enfoque, permitirá comprender de mejor manera la situación de vulnerabilidad de la misma, así como identificar los criterios reforzados de protección contenidos tanto en nuestra Constitución Política del Estado como en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos respecto a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, conforme se desarrollará en el siguiente punto.
El art. 60 de la CPE, sostiene que:
Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado.
Conforme a dicha norma, el constituyente boliviano estableció que las niñas, niños; y, las y los adolescentes gozan de especial protección y atención de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles con la familia y la sociedad, debiendo ser atendidos con preferencia en centros de salud, en la escuela, entidades judiciales, por la Policía Boliviana, entre otros.
Por su parte, los estándares de protección existentes en el ámbito internacional, que constituyen fuente de obligación para el Estado, y que a partir de los principios contenidos en los arts. 13 y 256 de la CPE, pueden ser aplicados de manera preferente, si son más favorables a las normas contenidas en nuestra Norma Suprema. En ese sentido, existen una serie de instrumentos que tienen especial relevancia para la solución del caso y que servirán como parámetro normativo y jurisprudencial para ese propósito.
Pues bien, en el ámbito interamericano, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes encuentra su sustento jurídico, en las disposiciones contenidas en el art. 19 de la CADH, que establece que los mismos, tienen derecho a las medidas de protección, que su condición de menores, requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. En similar sentido, el art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, reconoce por un lado, el derecho a medidas de protección; y por otro, incorpora explícitamente una obligación para el Estado respecto a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral. Asimismo, el art. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH), por su parte hace referencia a la protección y cuidado especial del que gozan los niños; de igual modo, la Declaración de los Derechos del Niño incorpora entre sus principios, el derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación; y, el deber de ser siempre los primeros en recibir protección y socorro.
Ahora bien, un elemento importante en este acervo jurídico internacional de protección de los niños, niñas y adolescentes, representa la adopción y ratificación por parte de todos los Estados miembros de la Convención sobre los Derechos del Niño; a través de lo cual, se consolida la vigencia de sus preceptos dentro del derecho doméstico o interno de dichos Estados, cuyo ámbito personal de protección, se circunscribe a las personas menores de 18 años de edad. La Convención sobre los Derechos del Niño, de la misma forma que los otros instrumentos de derechos humanos, orienta y limita los actos del Estado, sus instituciones y particulares, así como le impone deberes que suponen la creación de las condiciones jurídicas, institucionales, culturales y económicas, para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención, entre ellas, la dispuesta en su art. 39, que señala: ‘Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso (…). Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño’.
En esta misma línea, la referida Convención incorpora entre los principios básicos de la protección integral, a los de protección especial y de efectividad. El principio de protección especial consignado a lo largo de todo el articulado de la Convención, acuerda medidas especiales de protección o adicionales, reafirmando en primer lugar, la aplicación de aquellos derechos ya reconocidos a los seres humanos en general; y en segundo lugar, establece normas que atañen exclusivamente a la niñez, que representa una protección adicional, basadas en una atención positiva y preferencial de los niños que se encuentran en situaciones de desprotección, para restituir esta condición a parámetros normales de protección.
A su vez, a través del principio de efectividad que se halla inserto en la disposición del art. 4 del citado instrumento jurídico, se prescribe de manera imperativa la tarea de adoptar mecanismos de cualquier índole, tendientes a lograr la efectividad de los derechos de los niños y desarrollo de garantías, incluidas institucionales y administrativas.
Descritas las normas internas e internacionales sobre la protección de niñas, niños y adolescentes, cabe hacer referencia a las similares normas vinculadas a mujeres víctimas de violencia sexual y las específicas regulaciones conectadas a violencia contra niñas y adolescentes.
Así, el art. 15 de la CPE, señala:
psicológica y sexual. (…) II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.
De este modo, se puede ver que el constituyente boliviano, sobre el problema de la violencia contra la mujer, fue preciso en reconocerle un derecho específico del que deriva la obligación para el Estado, en todos sus niveles, no solo de investigar y sancionar actos de violencia contra la mujer, sino, de actuar en las distintas etapas y manifestaciones de este fenómeno, así como de ofrecer reparación y socorro a las víctimas a fin de preservar su integridad; por tanto, cualquier inacción resultaría desde el punto de vista jurídico, reprochable.
Asimismo, el Estado al ratificar un convenio internacional de derechos humanos, adquiere la obligación de respetar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento. Así, la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación; es decir, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer, de cualquier forma, que atente contra su integridad o propiedad; establecer procedimientos legales, justos y eficaces para aquella que fue sometida a violencia, que incluyan medidas de protección, juicio oportuno y acceso efectivo a esos procedimientos.
En tal sentido, las obligaciones consignadas en los instrumentos jurídicos de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que fueron anotados precedentemente, se complementan y refuerzan para aquellos Estados Partes de los mismos, con las obligaciones de la Convención Belém Do Pará, dotando de contenido a la responsabilidad estatal de aplicar políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer con perspectiva de género. Así, el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable.
Ahora bien, entre los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, cabe mencionar a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que es una de las más relevantes en temas de violencia; afirmándose en ella, que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que ésta goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. La Recomendación también señala que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal, no solamente, por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para protegerlas de este tipo de violencia; y, cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas.
En la misma Recomendación, el Comité de la CEDAW señala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos para que apliquen la Convención antes referida. El mencionado Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; limitaciones que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres.
En dicha Recomendación, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso.
El mencionado Comité de la CEDAW, también recomienda a los Estados Partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-. Asimismo, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar.
Asimismo, la Decisión del Comité de la CEDAW, en el Caso, LC vs. Perú -octubre 2011- basado en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, resulta un importante precedente en el ámbito de protección de los derechos de las mujeres y niñas, por cuanto el Comité, además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada, que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres como mayores víctimas de violencia sexual.
El mismo Comité, en la Recomendación General 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examina las obligaciones de los Estados Partes para asegurar que las mujeres tengan acceso a la justicia, siendo una de ellas, el asegurar que las niñas cuenten con mecanismos independientes, seguros, eficaces, accesibles, tomando en cuenta su situación e interés superior. Por su parte, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a través de la Corte IDH, al tiempo de pronunciarse sobre los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, en el Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala -Sentencia de 19 de mayo de 2014 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas-, sostiene en el párrafo 133, que:
…en relación con niñas, los derechos y obligaciones antedichos deben observarse en el marco del acatamiento del artículo 19 de la Convención Americana y siendo pertinente, atendiendo a lo dispuesto en la Convención Belém do Pará. El artículo 19 de la Convención establece, como se ha dicho en otras oportunidades, el derecho de ‘los y las niñas a (…) medidas especiales de protección que deben ser definidas según las circunstancias particulares de cada caso concreto’. El Tribunal ha indicado, asimismo, que ‘…la adopción de tales medidas […] corresponde tanto al Estado como a la familia, la comunidad y la sociedad a la que el niño o niña pertenece’. Además, la Corte ha reiterado que revisten especial gravedad los casos en los cuales las víctimas de violaciones a derechos humanos son niñas y niños quienes en razón de su nivel de desarrollo y vulnerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus derechos dentro de la familia, de la sociedad y con respecto al Estado’. En ese sentido, ‘han de ceñirse al criterio del interés superior del niño las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos’. Por otra parte, el artículo 7 de la Convención de Belem do Para, sobre el que el Tribunal es competente (…) instituye deberes estatales para ‘prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer que especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado respecto al cumplimiento de los derechos consagrados en la Convención Americana, tales como los establecidos en los artículos 4, 5 y 7.
En consecuencia, es de notar que estos instrumentos jurídicos visibilizan la vulnerabilidad a la que está expuesta la niñez, la cual se acentúa por la condición de mujer, ello exige por su importancia, mayor diligencia de parte de los actores políticos como el Estado y otros de carácter social como la familia y la sociedad, cuando se trata de proteger y asegurar el ejercicio de los derechos de las niñas y adolescentes, frente al hecho o posibilidad de vulneración de los mismos, en los que subyacen actos de violencia, con el fin de erradicarlos. En el marco de dichas normas internacionales, el Estado boliviano promulgó el Código Niña, Niño y Adolescente, mediante Ley 548 de 17 de julio de 2014, cuyo objeto es garantizar el ejercicio pleno e integral de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando el Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SPINNA), para garantizar la vigencia plena de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado, a través de todas sus instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Este nuevo instrumento legal se basa en once principios; entre los cuales están: interés superior, prioridad absoluta, igualdad y no discriminación, equidad de género, desarrollo integral, corresponsabilidad, ejercicio progresivo de derechos y especialidad.
En el Capítulo VIII del citado Código, se desarrolla el derecho a la integridad personal y la protección contra la violencia a las niñas, niños y adolescentes, priorizando el resguardo contra cualquier forma de vulneración a su integridad sexual; disponiendo se diseñen e implementen políticas de prevención y protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz. Así, el art. 145.I, establece que: ‘La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual’.
Por su parte, el art. 148.II inc. a) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), respecto a este sector poblacional, prevé el derecho de ser protegidas y protegidos contra la violencia sexual; la cual es definida como: ‘…toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente’. Asimismo, el art. 157 del CNNA, en el marco del derecho de acceso a la justicia, establece: I. Las niñas, niños y adolescentes, tienen el derecho a solicitar la protección y restitución de sus derechos, con todos los medios que disponga la ley, ante cualquier persona, entidad u organismo público o privado (…) IV. La preeminencia de los derechos de la niña, niño y adolescente, implica también, la garantía del Estado de procurar la restitución y restauración del derecho a su integridad física, psicológica y sexual. Se prohíbe toda forma de conciliación o transacción en casos de niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia. El art. 15 de la Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual -Ley 2033 de 29 de octubre de 1999-, indica:
La víctima de delitos contra la libertad sexual tendrá, además de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado, en el Código de Procedimiento Penal y demás leyes, los siguientes derechos: (…)
10. A la seguridad, por lo que la autoridad investigadora y la jurisdiccional están obligadas a ordenar las medidas necesarias para la protección de la víctima, sus familiares, dependientes y testigos de cargo, de su domicilio y posesiones cuando se pongan en peligro por el probable responsable o sus cómplices mediante actos de intimidación o represalias; 11. A la renuncia del careo con el imputado. En caso de aceptación de la víctima este debe realizarse en presencia de su defensor (…). En esta misma línea, se promulgó la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-con el objeto de establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia; en ella se indica, que su aplicación es preferente respecto a cualquier otra norma, debiendo ser utilizada de forma inmediata para salvaguardar la vida, las integridades física, psicológica y sexual de las mujeres en situación de violencia.
De la misma manera, la referida Ley implementó el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE), con el fin de garantizar a las mujeres, una vida digna en el ejercicio de sus derechos; de igual forma, modificó los artículos referentes a delitos que atentan la libertad sexual, contenidos en el Código Penal. El art. 6.1 de la citada Ley, conceptualiza la violencia como: ‘…cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujer’.
Por lo que, si dicha conducta omisiva o de abstención, causare sufrimiento psicológico para la mujer u otra persona, constituiría un acto de violencia, lo cual, puede darse en los distintos ámbitos en los que se desarrolla, incluidos el educativo y judicial. Dada la gravedad e intensidad de la violencia contra las mujeres, se visibiliza a la mujer como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad, la erradicación de la violencia contra las mujeres:
ARTÍCULO 3. (PRIORIDAD NACIONAL). I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género. La declaratoria de prioridad nacional, implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando recursos económicos y humanos suficientes, con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones nacionales e internacionales, define como tareas específicas, coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, tanto en el nivel central del Estado como en las Entidades Territoriales Autónomas (ETA). Rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones, que revelan sesgos de género que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad.
En este entendido, el art. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, establece que en los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público debe brindar una protección inmediata a los mismos.
Conforme a lo anotado, si bien internamente tenemos un adecuado desarrollo normativo; sin embargo, es evidente que las disposiciones legales, en muchos casos, requieren ser interpretadas, considerando el contexto de violencia -estructural y concreta- de la víctima, así como su situación especial de vulnerabilidad. Es en ese marco de interpretación, que tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente.
En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar” (las negrillas nos corresponden).
La parte accionante denuncia la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia e interpretación de la Ley; puesto que, los Vocales ahora accionados en el Auto de Vista 16/2025 de 24 de febrero, a pesar que concedieron en parte el recurso de apelación restringida que planteó, fijando una pena de diez años, que atenuada a las 4/5 partes sería una pena de dos años, no quitaron la medida socio-educativa de privación de libertad con internación en el Centro de Reintegración Social Oasis de Tarija, cuando conforme el art. 324.II del CNNA correspondía que se aplique una medida con restricción de libertad, con base al quantum de la pena atenuada, que no supera los dos años. De la revisión de antecedentes, se tiene que mediante Sentencia 33/2024, emitida por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia de Partido de Trabajo y Seguridad Social Segundo de Yacuiba del departamento de Tarija entre otras cosas se declaró al menor de edad AA -accionante- con responsabilidad penal, culpable y autor del delito de abuso sexual agravado, previsto y sancionado por los arts. 312 -segunda parte- con relación al 310 inc. m) del CP, modificado por el art. 83 de la Ley 348, por existir prueba suficiente que generó en el citado Juez convicción, más allá de la duda razonable sobre la existencia del hecho la responsabilidad penal del infractor en él, imponiéndole la sanción -mínima- del delito básico (según el párrafo segundo del art. 312 del CP) de diez años de ejecución de medidas socio-educativas con privación de libertad y bajo internamiento en el centro especializado, agravado además en cinco años conforme el art. 310 inc. m) del referido Código, haciendo un quantum total de quince años, que atenuados en sus 4/5 partes, conforme el art. 268.I del CNNA hacen imponible la sanción penal -atenuada- de tres años de cumplimiento de dichas medidas socio-educativas. La pena deberá cumplirse desde la ejecutoria de la presente sentencia y ejecución del mandamiento de condena a emitirse, siempre computándose los días en que el infractor pudo estar detenido incluso en sede policial y debe cumplirse en un centro especializado de privación de libertad para adolescentes, en este caso en el Centro de Reintegración Social Oasis de Tarija (Conclusión II.1.), determinación que al ser apelada, fue resuelta a través del Auto de Vista 16/2025, por los Vocales ahora accionados, quienes declararon con lugar el recurso de apelación restringida planteado por la parte accionante; en consecuencia, revocaron parcialmente la referida Sentencia, disponiendo la modificación de la sanción impuesta en la parte resolutiva de la señalada Sentencia, excluyéndose únicamente la aplicación de la agravante del art. 310 inc. m) del CP, en tal circunstanciase mantiene firme el quantum de la pena de diez años de ejecución de medida socio-educativa con privación de libertad y bajo internamiento en el centro especializado, atenuado en sus 4/5 partes conforme el art. 268.I del CNNA, que hace imponible la sanción penal -atenuada- de dos años de cumplimiento de dicha medida socio-educativa, confirmándose la forma y el lugar de cumplimiento de la pena impuesta conforme determina la indicada Sentencia (Conclusión II.2.).
Conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, se tiene que toda autoridad judicial que dicte una resolución debe expresar los motivos de hecho como de derecho en que basan sus decisiones, lo que no implica una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, que tampoco puede ser reemplazada por una simple relación de documentos.
En ese entendido, corresponde verificar si lo denunciado por la parte accionante es o no evidente, por lo cual, se analizará lo resuelto por los Vocales ahora accionados en el Auto de Vista 16/2025, es así que, entre lo más sobresaliente para resolver el presente caso, manifestaron que: Encontrándose exenta la posibilidad de considerar dicho hecho 2 de febrero de 2023 y resulta que solamente queda como hecho probado el descrito y suscitado el 17 de septiembre de ese año. En cuanto a la dosificación de la pena a imponerse de manera congruente con lo resuelto ut supra decanta en considerar que no puede aplicarse la agravante descrita por el art. 310 inc. m) del CP, al no existir reiteración en los hechos, correspondiendo tomar en consideración dichos aspectos vinculados a la aplicación de la ley penal en cuanto a la dosificación de la pena a imponerse considerando que las sanciones penales de menores deben ser proporcionales al nivel de culpabilidad y la gravedad del delito cometido y en el caso presente se aplicó el mínimo legal previsto para el delito de abuso sexual -diez años-; además, se debe asegurar el respeto de los derechos del menor durante todo el proceso, incluyendo el derecho a la defensa, la privacidad y al protección contra el trato cruel o inhumano. En el sistema que se propone desde la Convención sobre los Derechos del Niño, si se trata de responsabilidad penal de un menor de edad, aunque sea atenuada, se debe respetar todos los filtros previstos por el derecho penal de adultos. (…) La sanción penal de menores se refiere al sistema de justicia penal aplicado a personas menores de edad que han cometido algún delito. Este sistema busca establecer medidas correctivas, educativas y de reinserción social para los menores, en lugar de imponer penas de prisión o castigo similares como se hace con los adultos. Los sistemas penales que consideran la edad penal como una barrera política criminal se dividen en dos grupos. Los llamados “modelos de protección” que declaran irresponsable al menor y le asigna una medida de seguridad y de protección; y los que aplican a la persona menor de edad un derecho penal especial de adolescentes o modelo de la responsabilidad, que contempla sanciones especiales y reconoce a los adolescentes una especial capacidad de culpabilidad. (Giménez, 1992, p.12) La sanción penal de menores se basa en un enfoque rehabilitador, con el objetivo principal de proteger y promover el bienestar de los menores, así como su reintegración positiva en la sociedad.
De la lectura de lo precedentemente citado, se tiene que los Vocales ahora accionados determinaron que la agravante establecida por el art. 310 inc. m) del CP no concurría en el presente caso, al no existir reiteración en los hechos; por lo que, esa situación debía ser considerada para administrar la sanción al menor de edad AA -accionante-, siendo que la misma debe ser proporcional al nivel de culpabilidad y gravedad del delito; para luego señalar que se le impuso al nombrado la pena mínima establecida por la comisión del delito de abuso sexual -cuando la víctima es niña, niño o adolescente-; es decir, diez años, y finalmente indicar cuál sería el enfoque y objeto de la sanción penal para menores de acuerdo a su sistema justicia y citar doctrina al respecto. Además se tiene que, en la parte resolutiva del Auto de Vista 16/2025 al revocar parcialmente la Sentencia 33/2024, señalaron expresamente la modificación de la sanción impuesta, es así que, mantuvieron firme el quantum de la pena de diez años, sanción penal que atenuada era dos años de cumplimiento de medidas socio-educativas con privación de libertad y bajo internamiento en el centro especializado; es decir, en el Centro de Reintegración Social Oasis de Tarija, excluyéndose únicamente la aplicación de la agravante del art. 310 inc. m) del CP que significó cinco años.
En ese entendido, corresponde aclarar que, en el Auto de Vista 16/2025 cuestionado, si bien se modificó el quantum de la pena de un total de quince años -determinada en la sentencia con la agravante- a diez años -sin la agravante que fue excluida-, aquello no influyó en la pena impuesta propiamente por la comisión del delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del CP en su párrafo segundo, que establece la pena de diez a quince años, si la víctima del referido delito es niña, niño o adolescente, lo que sucede en el presente caso, al ser la víctima menor de edad, así se evidencia de la parte resolutiva de la Sentencia 33/2024 que estableció que se imponía la sanción mínima del delito básico; es decir, diez años, misma que debía ser cumplida a través de medidas socio-educativas con privación de libertad y bajo internamiento en el Centro de Reintegración Social Oasis de Tarija, para luego recién considerar la agravante.
Por lo que, la pena total impuesta en la Sentencia 33/2024, de quince años -que atenuada resultaba tres años- no fue el parámetro para establecer la medida socio-educativa con privación de libertad, sino que para determinar las citada medida únicamente se consideró la pena establecida para el delito cometido -de diez a quince años- al así establecerlo el art. 268.II del CNNA, que dispone: “Para delitos cuyo máximo penal esté entre quince (15) y treinta (30) años en la Ley Penal, la sanción deberá cumplirse en un centro especializado en privación de libertad”, al cual se ajusta a la pena establecida por el delito de abuso sexual contra niña, niño o adolescente, siendo que el citado artículo reserva las medidas socio-educativas con restricción de libertad y en libertad para delitos con penas máximas menores a quince años.
Extremo que si bien no fue expuesto por los Vocales ahora accionados para justificar la subsistencia de la forma y el lugar de cumplimiento de la pena impuesta al menor de edad AA, la normativa que se colige fue aplicada; por lo que, corresponde, conceder la tutela solicitada con relación a la falta de base normativa y una exposición de motivos y razonamientos que explique la ratificación de la medida socio-educativa dispuesta en la Sentencia 33/2024, que era necesario para que las partes procesales asuman la plena convicción de porque se tomó la decisión asumida, concesión otorgada a pesar que este reclamo no fue parte de los agravios propiamente del recurso de apelación restringida planteado por la parte accionante y que no fue considerado por los Vocales hoy accionados, siendo que la defensa del menor de edad AA no advirtió que ya en la referida Sentencia, la medida socio-educativa fue dispuesta en aplicación al art. 268.II del CNNA y no por la imposición de la sanción de quince años, que atenuado correspondía a tres años, por lo tanto aplicable -a su entender- lo dispuesto en el art. 324 del citado Código, esto en aplicación a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que señala que el Estado otorga a los menores infractores una protección y atención inmediata, por lo tanto, resulta inaplicable la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad.
Ahora bien, observando la jurisprudencia citada precedentemente, respecto al reclamo que, al ser la pena impuesta al menor de edad AA de diez años, que atenuada sería dos años, debió aplicarse el art. 324.II del CNNA; es decir, medidas socio-educativas no privativa de libertad sino restrictiva, se tiene que existe contradicción entre la normativa citada con el art. 268.II del señalado Código, al referir la primera que: “I. Las medidas socio-educativas en libertad, serán aplicadas cuando la pena atenuada impuesta a la persona adolescente sea menor a un (1) año, sin perjudicar la actividad normal de estudio o trabajo. II. Las medidas socio-educativas que se cumplen con restricción de libertad serán aplicadas cuando la pena atenuada impuesta a la persona adolescente esté comprendida entre un (1) año y dos (2) años. El Juez determinará las medidas socio-educativas en privación de libertad. III. Las medidas socio-educativas privativas de libertad serán aplicadas cuando la pena atenuada impuesta a la persona adolescente sea superior a dos (2) años”, y la segunda que: “II. Para delitos cuyo máximo penal esté entre quince (15) y treinta (30) años en la Ley Penal, la sanción deberá cumplirse en un centro especializado en privación de libertad. III. Para delitos cuyo máximo penal sea menor a quince (15) años en la Ley Penal, se aplicarán medidas socio-educativas con restricción de libertad y en libertad”.
En ese sentido, la contradicción confluye en la sanción que debe ser impuesta al menor de edad AA, quien fue condenado por el Auto de Vista 16/2025 a una pena de diez años, que atenuado significaría dos años, pues aplicando el art. 268.II CNNA debe ser cumplida en un centro especializado en privación de libertad considerando la pena máxima para el delito atribuido al menor de edad AA que es de quince años, por lo tanto, no aplicable las medidas socio-educativas con restricción de libertad y en libertad por estar previstas estas para delitos cuyo máxima pena sea menor de quince años; empero, aplicando el art. 324.II del citado Código -que considera la pena atenuada- la sanción debe ser cumplida a través de medidas socio-educativas con restricción de libertad, al ser la pena atenuada, dos años; es decir, que no corresponde la aplicación de medidas socio-educativas privativas de libertad al no haberse impuesto una pena superior a dos años. Por lo que, en aplicación al Fundamento Jurídico III.3. del presente fallo constitucional, se debe considerar en casos donde existe contradicción entre disposiciones legales de la misma ley, que el adolescente en conflicto con la ley es un sujeto de derecho por lo tanto merece una protección integral que tiene como eje central el principio de interés superior del niño, el cual debe orientar cualquier decisión que afecte a la vida, a la libertad, a la integridad física o moral, al desarrollo, a la educación u otros derechos de los menores de edad, para que la misma sea asumida de la forma más ventajosa para el menor de edad por el trato diferenciado que los mismos merecen; por lo que, la sanción impuesta a los mismos están establecidos para su rehabilitación y no como un castigo, a través del desarrollo de penas alternativas a la privación de libertad; por lo que, corresponde aplicar en el caso concreto la disposición normativa más favorable al desarrollo físico, psicológico y social del menor de edad AA, la cual se encuentra prevista en la normativa, que no implica privación de libertad -que debe ser aplicada de forma excepcional- sino más bien una medida alternativa con una afectación a la libertad menos invasiva que ser internado en un centro especializado, medida socio-educativa restrictiva de libertad que debe ser elegida considerando el principio de proporcionalidad, y sin olvidar que la víctima en el proceso penal del cual deriva esta acción de libertad es una menor de edad mujer; por lo que, cuenta con doble protección reforzada, condición que amerita mayor cuidado y diligencia por parte de todas las instancias del Estado.
Finalmente, sobre la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de congruencia, no se realizó ninguna fundamentación con relación al mismo; en consecuencia, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 01/2025 de 17 de abril, cursante de fs. 52 a 57, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a los Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, con relación a los derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación e interpretación de la ley.
a) Disponer que se deje sin efecto el Auto de Vista 16/2025 de 24 de febrero a efectos únicamente de determinarse las medidas socio-educativas a imponerse al menor de edad AA, de conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. 2º DENEGAR la tutela solicitada, con relación al derecho al debido proceso en su elemento a la congruencia de conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
1 https://www.oas.org/es/cidh/infancia/docs/pdf/justiciajuvenil.pdf
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0548_2025-S1.pdf · páginas 1 a 38.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9b4ccefc7c16abbd0d2389dc62b561626cb233596b67c477278df1a4310ec543
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