B.IA.LEGAL

SCP 0548/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 7 de junio de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
7 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
46086-2022-93-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, al trabajo, al debido proceso, a la defensa y a ser oído por autoridad competente; así como, a los principios de celeridad y seguridad jurídica; toda vez que, el Juez y la Secretaria accionados, omitieron cumplir con su deber, al no enviar dentro del plazo establecido los recursos de apelación que interpuso contra los Autos que rechazaron los incidentes de nulidad por defectos absolutos (de corrección de procedimiento, de extinción de la acción penal por prescripción y de nulidad de imputación formal por falta de fundamentación); además, del planteado contra la Resolución de imposición de medidas cautelares de carácter personal, y menos aún remitieron en grado de consulta la recusación que presentó contra la señalada autoridad judicial.

En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado, y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 14/2022 de 3 de marzo, cursante de fs. 24 a 26, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia:

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, en relación a Primo Felipe Flores Rodríguez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, por infracción al debido proceso en su elemento de celeridad, referente a la falta de remisión dentro del plazo legalmente establecido del recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto 47/2022 de 16 de febrero, de imposición de medidas cautelares de carácter personal, de conformidad a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional; y,

2° DENEGAR la tutela impetrada en relación a Yobany Espinoza Callaú, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz; sobre el reclamo de falta de remisión de la recusación formulada contra la autoridad judicial en grado de consulta, y de las apelaciones interpuestas contra el rechazo a los incidentes de nulidad por defectos absolutos, de corrección de procedimiento, de nulidad de imputación formal y de extinción de la acción penal por prescripción; así como, en cuanto a los derechos al trabajo, a la defensa y a ser oído por autoridad competente, y al principio de seguridad jurídica.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad y los alcances de protección respecto al procesamiento ilegal o indebido
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el principio de celeridad en solicitudes que involucren la definición de situaciones jurídicas vinculadas a la libertad
  3. III.3. De la apelación incidental de medidas cautelares: y plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada.
  4. III.4. Legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0548/2023-S3 Sucre, 7 de junio de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 46086-2022-93-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 14/2022 de 3 de marzo, cursante de fs. 24 a 26, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Carlos Martín Camacho Chávez en representación sin mandato de Rómulo Calvo Bravo contra Primo Felipe Flores Rodríguez, Juez; y, Yobany Espinoza Callaú, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 2 de marzo de 2022, cursante de fs. 1 a 9, el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal instaurado en su contra por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes y ejercicio indebido de la profesión, el 28 de enero de 2022, habiéndose declarado infundado el incidente de nulidad por defectos absolutos que interpuso de conformidad a los arts. 403 y 404 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, en la misma audiencia, y de manera oral, formuló contra tal determinación el respectivo recurso de apelación; sin embargo, el mismo no fue remitido ante el superior en grado.

Posteriormente, el 15 de febrero de 2022, de forma escrita procedió a recusar a la autoridad judicial accionada, quien rechazando aquello, sostuvo la falta de prueba; de igual forma, no remitió el indicado recurso a efectos de su consulta ante el Tribunal superior.

El 16 de febrero de 2022 -al día siguiente-, instalada la audiencia de fundamentación de imputación formal y solicitud de medidas cautelares, formuló tres incidentes: de corrección de procedimiento, de extinción de la acción penal por prescripción y de imputación por falta de fundamentación; los cuales, fueron declarados infundados, situación que dio lugar a la interposición del recurso de apelación, mismo que tampoco fue remitido a la Sala Penal correspondiente para su consideración.

En el mismo acto procesal, continuando con la audiencia de medidas cautelares, se emitió la Resolución de 16 de febrero de 2022, que determinó la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, entre ellas, el arresto domiciliario con permiso para trabajar de horas 7:00 a 21:00.

Ante tal circunstancia, a la finalización de la lectura de la mencionada Resolución, de conformidad al art. 251 del CPP, de manera verbal interpuso apelación incidental; empero, la misma no fue enviada en el plazo establecido de veinticuatro horas, habiendo transcurrido hasta la interposición de la presente acción tutelar, trece días sin que el Juez ni la Secretaria accionados cumplan con sus funciones al no haber procedido a efectuar la correspondiente remisión de obrados, incurriendo de esa manera en una dilación indebida que generó un grave perjuicio; por cuanto, a partir de la determinación asumida, su libertad de locomoción se encuentra restringida al igual que su derecho al trabajo, cuando la normativa penal vigente y la jurisprudencia sentada al respecto, fue clara al establecer los lineamientos sobre la tramitación de la apelación incidental tratándose de medidas cautelares.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, considera lesionados sus derechos a la libertad de locomoción, al trabajo y al debido proceso respecto a la observancia de los principios de celeridad y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 14.II, 73.I y “74” de la Constitución Política del Estado (CPE); asimismo, en audiencia de consideración de esta acción tutelar, señaló como vulnerados sus derechos a la defensa y a ser oído por autoridad competente.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia se ordene al Juez y Secretaria accionados a que en el día procedan a la remisión de antecedentes a la Sala Penal correspondiente a efectos de la sustanciación de la apelación planteada de conformidad a la normativa penal vigente y el principio de celeridad. Asimismo, en audiencia de garantías, siendo aún más específico en cuanto al petitorio, señaló que los antecedentes de las tres apelaciones y de la recusación, sean inmediatamente remitidos ante la Sala pertinente previa la realización de tres sorteos diferentes sin importar el despacho en el cual recaiga cada uno de los indicados recursos.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 3 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 22 a 23 vta.; con la presencia de la parte accionante, y ausentes los accionados, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte impetrante de tutela mediante su abogado, reiteró los argumentos expuestos en su memorial de acción de libertad, y ampliando los mismos, en audiencia refirió lo siguiente: a) Sus derechos al debido proceso, a la libertad de locomoción y al trabajo fueron restringidos; toda vez que, no fue oído por una autoridad competente al no haberse remitido las apelaciones correspondientes en el plazo establecido por ley; b) Las medidas cautelares impuestas lesionan su derecho a la libertad de locomoción y al trabajo; por cuanto, el arresto domiciliario fue fijado dentro de un horario específico sin valorar que su persona es médico cirujano y que atiende en emergencia; caso en el cual, su deber cubre más de las horas de trabajo que le fueron impuestas; c) Todas las apelaciones presentadas, además de la consulta de la recusación, debieron ser remitidas previo sorteo computarizado a las distintas Salas Penales en el plazo de veinticuatro horas, conforme lo indica la normativa procesal vigente; empero, al no obrar de esa manera se vulneró su derecho a la legítima defensa y a ser escuchado por autoridad competente; d) Teniendo en cuenta que las apelaciones interpuestas no conciernen a un solo recurso, las mismas no podrían remitirse como un único cuaderno, ya que al haber sido formuladas respecto a distintos incidentes y en diferentes momentos procesales, cada una debe desarrollarse conforme a su procedimiento, no correspondiendo realizar solo un sorteo para todas las apelaciones en conjunto, entendiéndose que cada resolución pertenece a una audiencia distinta; por lo que, no se podría -des-naturalizar el llamado de cada uno de esos actuados; e) Debe considerarse que la responsabilidad emergente del cumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola autoridad, pues cada servidor tiene el deber de desempeñar sus funciones en estricto apego a las disposiciones normativas que regula su labor; en ese sentido, la Secretaria coaccionada no se encuentra exenta de responsabilidad, si es que en el caso la demora incurrida en la remisión de actuados se deba a la retardación en la elaboración del acta; y, f) Las tres apelaciones interpuestas, además de la consulta de la recusación, deben ser enviadas de inmediato a la autoridad superior en grado previo sorteo computarizado sin importar en qué Sala recaía cada apelación, entendiéndose que son actos totalmente distintos, ya que cada uno de los incidentes persiguen una finalidad diferente para la defensa; marco en el cual, solicitó que los antecedentes de las apelaciones sean remitidas previa realización de tres sorteos diferentes.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Primo Felipe Flores Rodríguez, Juez; y, Yobany Espinoza Callaú, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, por informe cursante a fs. 14 y vta., manifestaron que, habiéndose interpuesto dentro del proceso penal de referencia distintas apelaciones en relación a los planteamientos formulados por la parte accionante, consistentes en la recusación contra la autoridad judicial, corrección de procedimiento, incidentes por defectos absolutos de nulidad de imputación formal por falta de fundamentación y de extinción de la acción penal por prescripción, y la Resolución de medidas cautelares, actuados que fueron remitidos en grado de apelación a la Sala correspondiente; en ese sentido, considerando que se dio cumplimiento a lo solicitado, impetraron que se declare la improcedencia de la acción de libertad por sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 14/2022 de 3 de marzo, cursante de fs. 24 a 26, denegó la tutela solicitada, sosteniendo que el acto lesivo denunciado cesó en sus efectos con anterioridad a la interposición de la presente acción tutelar al verificarse que la autoridad accionada cumplió con la remisión de las apelaciones interpuestas por la parte accionante ante el Tribunal de alzada; situación fáctica a partir de la cual, concluyó en establecer la sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal por la desaparición de los hechos denunciados deviniendo el petitorio en insubsistente.

Vía aclaración, la parte impetrante de tutela solicitó se precise a qué Salas fueron remitidas sus apelaciones; respecto a lo cual, se indicó que la consulta de la recusación fue remitida ante la Sala Penal Tercera y las apelaciones incidentales a la Segunda -se entiende del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz-.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Al no haber obtenido consenso en Sala, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente a fin de dirimir con su voto el caso en análisis; por lo que, el pronunciamiento de la presente Resolución, se encuentra dentro de plazo.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa Oficio 291/2022 de marzo, por el cual Primo Felipe Flores Rodríguez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora accionado-remite ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento: el cuaderno procesal original en apelación respecto a los siguientes actuados: Auto 44/2022 de 16 de febrero, que rechazó el incidente de nulidad de imputación; Auto 45/2022 de igual fecha, que rechazó la excepción de extinción de la acción penal por prescripción; y, Auto 47/2022 de idéntica data, referente a la imposición de medidas cautelares, pronunciamientos emitidos dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Rómulo Calvo Bravo -ahora parte impetrante de tutela-, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes y ejercicio indebido de la profesión, oficio con cargo de recepción de la mencionada Sala Penal de 3 de marzo de 2022 a horas 13:00 (fs. 17 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, al trabajo, al debido proceso, a la defensa y a ser oído por autoridad competente; así como, a los principios de celeridad y seguridad jurídica; toda vez que, el Juez y la Secretaria accionados, omitieron cumplir con su deber, al no enviar dentro del plazo establecido los recursos de apelación que interpuso contra los Autos que rechazaron los incidentes de nulidad por defectos absolutos (de corrección de procedimiento, de extinción de la acción penal por prescripción y de nulidad de imputación formal por falta de fundamentación); además, del planteado contra la Resolución de imposición de medidas cautelares de carácter personal, y menos aún remitieron en grado de consulta la recusación que presentó contra la señalada autoridad judicial.

En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad y los alcances de protección respecto al procesamiento ilegal o indebido

Al respecto, la SCP 0205/2022-S3 de 31 de marzo, siguiendo el lineamiento jurisprudencial de la SCP 0139/2015-S3 de 19 de febrero, sobre la procedencia del debido proceso vía acción de libertad, estableció que: «Del contenido del art. 125 de la CPE, se puede sintetizar que la acción de libertad se constituye en una acción de defensa oportuna y eficaz que tiene por finalidad el resguardo y protección de derechos como son la vida y la libertad tanto física como de locomoción, a favor de toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, procesada o privada de su libertad personal. Así, a través de la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se precisaron las condiciones en las que se viabiliza su tutela, indicando lo siguiente: “…a) Cuando considere que su vida está en peligro; b) Que es ilegalmente perseguida; c) Que es indebidamente procesada; y, d) O 'privada de libertad personal’”

Con relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional fue uniforme, al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales -se reitera- el procesamiento indebido constituye la causa directa que originó la restricción o supresión del derecho a la libertad y además hubiese existido absoluto estado de indefensión.

Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección otorgada por la ahora llamada acción de libertad, cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado; sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional, previo agotamiento de los medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa.

En ese orden, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, que contiene los entendimientos asumidos en la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: “‘…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad.

Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional'.

(…) para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”» (las negrillas nos corresponden).

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el principio de celeridad en solicitudes que involucren la definición de situaciones jurídicas vinculadas a la libertad

Sobre el particular, la SCP 0547/2020-S3 de 15 de septiembre, incidiendo en la importancia que repercute la observancia del principio de celeridad a tiempo de impartir justicia, y asumiendo entendimientos jurisprudenciales establecidos en torno a la tipología de la acción de libertad traslativa, refirió el siguiente razonamiento: «La Norma Suprema ha instituido al debido proceso en su triple dimensión, como derecho, garantía y principio, a partir de lo cual los jueces y tribunales tienen la obligación de proteger oportuna y efectivamente a toda persona en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos y la de garantizar a las partes procesales el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones (art. 115 de la CPE); a cuyo efecto, la propia Norma Fundamental, reconoce que la potestad de impartir justicia y el cimiento de la jurisdicción ordinaria, se basa, entre otros, en los principios procesales de celeridad, eficiencia, eficacia, como componentes esenciales a su vez del debido proceso (arts. 178.I y 180.I de la CPE).

Es en ese sentido, que la jurisprudencia constitucional ha ido construyendo una sólida jurisprudencia en cuanto a la celeridad dentro de los procesos judiciales, que conlleva el cumplimiento de los plazos procesales cuando estos estén fijados por la norma, y en su defecto de no existir los mismos, el cumplimiento de actuaciones procesales en el plazo razonable y más breve posible, máxime si se trata del ámbito penal y de por medio se encuentran solicitudes vinculadas a la libertad del procesado.

En ese marco constitucional y de garantías procesales, se tiene la acción de libertad en su dimensión de pronto despacho, misma que fue precisada por la SCP 0127/2018-S1 de 16 de abril, que efectuando una sistematización de la jurisprudencia y denotando la connotación de la celeridad como valor y principio inherente al debido proceso como base de la potestad de impartir justicia, señaló: “La SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, estableció que: ‘…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).

Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’.

Del mismo modo, el referido fallo constitucional, siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado en su Fundamento Jurídico III.4, determinó que: ‘Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales.

En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’.

Entonces, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, esto precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos, así lo entendió el extinto Tribunal Constitucional y el actual Tribunal Constitucional Plurinacional.

En ese entendido, la SCP 0766/2014 de 21 de abril, citando a la SCP 0011/2014 de 3 de enero, hizo énfasis en que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’” »(las negrillas corresponden al texto original).

III.3. De la apelación incidental de medidas cautelares: y plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada.

Jurisprudencia reiterada

A partir de la finalidad y alcance de este medio recursivo y su trámite sumario en directa vinculación con el derecho a la libertad, la SCP 1021/2022-S3 de 9 de agosto, citando la SCP 0503/2019-S1 de 9 de julio, que reitera los fundamentos de la SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril, sostuvo que:«“…Para el recurso de apelación incidental de medidas cautelares, de forma específica el art. 251 del CPP, establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas, y una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, debiendo resolver el Tribunal de alzada en el plazo de setenta y dos horas. En relación al plazo otorgado para la remisión de los antecedentes ante el Tribunal de alzada, una vez interpuesto el recurso de apelación incidental contra la resolución que imponga medidas cautelares”.

La SC 0160/2005-R de 23 de febrero, estableció que: “El Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación contra las resoluciones que, que se muestra como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme lo establece el art. 251 del CPP, una vez interpuesto este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de apelación resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones.

No cabe duda que recurso de apelación aludido, dada su configuración procesal, es un recurso idóneo e inmediato de defensa contra supuestas lesiones y restricciones al derecho a la libertad de los imputados, en el que el tribunal superior tiene la oportunidad de corregir, en su caso, los errores del inferior invocados en el recurso. Es idóneo, porque es el recurso adecuado, apropiado, establecido expresamente en la ley para impugnar las medidas cautelares que vulneren el derecho a la libertad del imputado, en ocasión de la aplicación de las medidas cautelares. Es inmediato, porque el recurso es resuelto sin demora, dado que la ley establece un lapso brevísimo para su Resolución (tres días). De lo expresado, se concluye que el Código de procedimiento penal, ha previsto un recurso expedito en resguardo del derecho a la libertad del imputado. En consecuencia, ese es el recurso que debe utilizarse para impugnar los actos del juez que se consideren lesivos al derecho aludido, y no acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional a través del recurso de hábeas corpus, garantía que podrá ser utilizada sólo cuando el tribunal superior en grado no haya reparado las lesiones denunciadas”.

En ese sentido, los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional citada precedentemente, convergen en establecer que precisamente por la particularidad y características de este medio recursivo, es que los plazos para su tramitación son breves, debido a que en el mismo se discute y resuelve la situación jurídica de una persona sometida a medidas cautelares personales, muchas de las veces privada de libertad; por ello, el legislador otorgando la importancia necesaria a dicho recurso, implementó medidas para agilizar y dinamizar los trámites relativos a la apelación de las medidas cautelares, así la Ley 1173, modificó la disposición contenida en el art. 251 del CPP, en los siguientes términos: “Artículo 251. (APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas.

Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad”» (negrillas agregadas).

III.4. Legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano

Judicial y presupuestos de procedencia de activación de acciones de defensa

Sobre el particular, la SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, estableció que: “...respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas son añadidas).

III.5. Análisis del caso concreto

Del planteamiento efectuado por la parte accionante a través de su representante sin mandato, se advierte que la problemática traída en revisión centra su análisis en la falta de remisión ante el Tribunal superior en grado y dentro de los plazos establecidos por ley, de los recursos de apelación que presentó contra los Autos que rechazaron el incidente de nulidad por defectos absolutos (de corrección de procedimiento, de extinción de la acción penal por prescripción y de nulidad de imputación formal por falta de fundamentación); además, del interpuesto contra la Resolución de imposición de medidas cautelares de carácter personal, reclamando también la falta de remisión en grado de consulta la recusación que interpuso contra la autoridad judicial accionada.

De la identificación del objeto procesal, se tiene claro que la reclamación efectuada se encuentra relacionada a la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de celeridad, al cuestionarse la falta de remisión de los actuados desarrollados ante el Tribunal superior en grado dentro de término, a fin de su resolución en segunda instancia; consideración a partir de la cual, cabe tener en cuenta que, conforme lo refiere el entendimiento jurisprudencial glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la protección que otorga la acción de libertad en relación a la vulneración del debido proceso, no abarca a todas las formas en que este puede ser lesionado, quedando reservada para aquellos casos en los que la afectación a dicho derecho se encuentre directamente vinculado con el derecho a la libertad física y de locomoción; pues de lo contrario, tal denuncia debe ser absuelta a través de la acción de amparo constitucional, previo agotamiento de los medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa.

Así, esa misma línea jurisprudencial, estableció dos parámetros a tomar en cuenta, los cuales deben presentarse de forma concurrente a objeto de tutelar lesiones al debido proceso mediante la acción de libertad; por una parte, que el acto lesivo esté vinculado con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y por otra, la existencia del absoluto estado de indefensión.

Con ello en mente, si bien el reclamo común realizado converge en la falta de remisión de los recursos de apelación interpuestos contra las determinaciones asumidas por la autoridad judicial accionada así como de la recusación formulada a efectos de su consulta, se hace necesario distinguir qué actuados se encuentran directamente vinculados con la restricción del derecho a la libertad de la parte accionante a fin de que a través de esta acción de defensa pueda tutelarse la lesión al debido proceso, en este caso, respecto a la observancia del principio de celeridad.

De lo manifestado por la parte impetrante de tutela se tiene que la primera apelación interpuesta se suscitó en la audiencia de 28 de enero de 2022, oportunidad en la que se rechazó el incidente de nulidad por defectos absolutos; posteriormente, el 15 de febrero de ese año -por Auto Interlocutorio 39/2022 de esa fecha, de acuerdo a lo descrito en el oficio cursante a fs. 15-, se resolvió la recusación formulada contra el Juez accionado, determinación que tampoco fue remitida ante el superior en grado a efectos de consulta; también refiere como otros actuados apelados, a los Autos de 16 del mes ya año indicados: sobre el rechazo a su incidente de corrección del procedimiento -42/2022 (fs. 16)-; respecto al rechazo al incidente de nulidad de imputación -44/2022 (fs. 17)-; en cuanto al rechazo a la excepción de extinción de la acción penal por prescripción -45/2022 (fs. 17)-; y, finalmente, el concerniente a la imposición de medidas cautelares de carácter personal -47/2022 (fs. 17)-.

De los actuados descritos, se advierte que la única determinación que operó como causa directa de la restricción del derecho a la libertad o de locomoción de la parte peticionante de tutela es el Auto 47/2022; por el cual, se impuso a la parte accionante medidas cautelares de carácter personal, entre ellas, el arresto domiciliario; no apreciándose tal vinculación en relación a los demás pronunciamientos, pues aquellos únicamente resolvieron cuestionamientos referentes al proceso desarrollado, habiéndose solicitado en líneas generales la nulidad por defectos absolutos, la corrección de procedimiento, la nulidad de imputación formal por falta de fundamentación y la extinción de la acción penal; además, claro está, de haberse cuestionado la imparcialidad del Juez accionado a partir de la recusación formulada en su contra, resoluciones en las que no se advierte esa necesaria vinculación directa a efectos de considerar en relación a esos actuados, la procedencia de la presente acción tutelar, pues en ninguna de esas determinaciones se aprecia que alguna haya afectado o restringido el derecho a la libertad o de locomoción de la parte impetrante de tutela operando como causa directa; aspecto al que, no se hace factible ingresar para una consideración de fondo de este mecanismo de defensa, al no haber observado el presupuesto esencial a fin de su procedencia; lo cual deviene a que, en relación a esas resoluciones, se determine la denegatoria de la tutela impetrada.

En función a la diferenciación realizada en cuanto a los actuados cuestionados, teniendo en cuenta que, en efecto, la impugnación del Auto 47/2022, mediante el que se dispuso la imposición de medidas cautelares de carácter personal -arresto domiciliario-, se encuentra en directa vinculación con la afectación al derecho a la libertad de la parte accionante; por lo que, se hace necesario a efecto de la consideración de fondo sobre la falta de remisión de la apelación interpuesta, tener presente conforme se advierte del entendimiento jurisprudencial glosado en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional que, siendo el recurso de apelación incidental previsto en el art. 251 del CPP, el mecanismo idóneo e inmediato de defensa contra supuestas lesiones y restricciones al derecho a la libertad de los imputados; a partir del cual, el Tribunal superior tiene la oportunidad de corregir los errores en los que hubiese incurrido el inferior en grado, estableciendo el legislador plazos breves para su tramitación; toda vez que, a partir del mismo se discute y resuelve la situación jurídica de una persona sometida a medidas cautelares personales que, en más de las veces, se encuentra privada de libertad; aspecto por el cual, se implementó mecanismos para agilizar y dinamizar los trámites relativos a la apelación de las medidas cautelares, como en efecto, es la modificación establecida al citado artículo a partir de la Ley 1173, en el cual expresamente se determinó que, interpuesto el recurso, los actuados pertinentes deben ser remitidos ante el Tribunal Departamental de Justicia correspondiente en el término de veinticuatro horas bajo responsabilidad.

En ese marco de consideración normativa y jurisprudencial, en el caso particular, de lo manifestado y los actuados que fueron adjuntos a partir del informe brindado por la parte accionada en esta acción tutelar, en principio se tiene que, asumida la determinación de imponer a la parte peticionante de tutela medidas cautelares de carácter personal en la audiencia desarrollada a ese efecto el 16 de febrero de 2022; y, toda vez que, en la oportunidad interpuso recurso de apelación incidental de conformidad a lo establecido en el art. 251 del CPP, se advierte que el Juez accionado tenía hasta el 17 de ese mes y año para proceder a la remisión de actuados ante el Tribunal superior en grado; no obstante, y conforme se aprecia del Oficio 291/2022 de marzo (Conclusión II.1), la correspondiente remisión ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, se efectivizó recién el 3 de marzo de 2022 a horas 13:00, tal cual consta del sello de recepción cursante a fs. 17 vta.; es decir, luego de más de una semana, sin observar el plazo previsto para dicho medio recursivo ni tener en cuenta que el mismo fue establecido precisamente a fin de agilizar y dinamizar el trámite referente a la apelación de medidas cautelares; el que, como se advierte en el presente caso, fue dilatado indebidamente con la consecuente afectación en los derechos fundamentales de la parte peticionante de tutela.

Ahora bien, siendo evidente que la remisión de los actuados cuestionados tuvo lugar a partir del Oficio 291/2022, es necesario aclarar que, no obstante que en el presente caso no podría aplicarse la línea jurisprudencial establecida concerniente a la sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal, tal cual refiere la parte accionada, pues como se mencionó, dicha remisión se efectivizó el 3 de marzo de 2022 a horas 13:00, después de que fueran notificados con la interposición de este mecanismo de defensa, diligencia que se practicó esa misma fecha a horas 8:10 (fs. 11 y 12); lo que, da cuenta que dicha remisión se produjo precisamente a raíz de la interposición de esta acción tutelar, aspecto que impide subsumir la causa a tal entendimiento al inobservar el presupuesto esencial exigido al efecto; consecuentemente, deviene en determinar la concesión de tutela respecto al Juez accionado en su condición de director del proceso, al evidenciarse el incumplimiento del plazo establecido en el art.

251 del CPP modificado por la Ley 1173, habiendo incurrido, por ende, en una dilación indebida que impidió que la situación jurídica de la parte peticionante de tutela, sobre quien se determinó una medida de restricción respecto a su libertad de locomoción, sea conocida y resuelta en tiempo oportuno por un Tribunal superior en grado; lo que, en suma, evidencia el desconocimiento del principio de celeridad del debido proceso, haciendo en ese marco aplicable la tipología de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, instando a la nombrada autoridad que, para futuros casos, observe de manera diligente el término legal establecido y cumpla con la remisión de actuados de forma oportuna.

En ese marco, en relación a la Secretaria coaccionada, también identificada dentro de la legitimación pasiva, cabe precisar que, conforme se detalla en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, en línea general, los funcionarios de apoyo judicial no ostentan tal calidad a fin de ser accionados en las acciones tutelares; sin embargo, existen excepciones a esa regla, que deben ser consideradas a efectos de establecer la responsabilidad de los mismos; las cuales se circunscriben a: los excesos incurridos por tales servidores que evidencien una contradicción o alteración de las determinaciones de la autoridad judicial; que el incumplimiento de sus funciones u obligaciones deriven en la lesión de derechos fundamentales; y, la inobservancia o desobediencia de las instrucciones impartidas por el superior en grado. En el presente caso, no se puede advertir la concurrencia de alguno de los supuestos mencionados que generen corresponsabilidad de la funcionaria judicial coaccionada por la demora en la remisión de la apelación incidental de medida cautelar ante el Tribunal de alzada; por lo que, respecto a la misma, se debe denegar la tutela impetrada.

Finalmente, en relación a los derechos al trabajo, a la defensa, a ser oído por autoridad competente, y al principio de seguridad jurídica, además de que la parte accionante no fue precisa en remarcar el modo en que dichos derechos fueron afectados a partir de la denuncia sentada referente a la falta de remisión de actuados, debe considerarse al efecto la naturaleza jurídica de este mecanismo de defensa, cuya procedencia está delimitada únicamente ante la restricción a la libertad tanto física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando ésta se encuentra afectada o amenazada por la restricción o supresión de la libertad, y cuya procedencia en relación al debido proceso está definida únicamente para aquellos casos en los que el acto lesivo se constituye en causa directa de la restricción o supresión del derecho a la libertad o de locomoción, con la concurrente existencia del absoluto estado de indefensión, conforme fue analizado en la parte inicial del presente acápite; aspectos que, impiden ingresar al análisis de fondo en relación a los derechos y principio mencionados; correspondiendo en cuanto a los mismos, denegar la tutela solicitada.

En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obro de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado, y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 14/2022 de 3 de marzo, cursante de fs. 24 a 26, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia:

1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, en relación a Primo Felipe Flores Rodríguez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, por infracción al debido proceso en su elemento de celeridad, referente a la falta de remisión dentro del plazo legalmente establecido del recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto 47/2022 de 16 de febrero, de imposición de medidas cautelares de carácter personal, de conformidad a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional; y,

2° DENEGAR la tutela impetrada en relación a Yobany Espinoza Callaú, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz; sobre el reclamo de falta de remisión de la recusación formulada contra la autoridad judicial en grado de consulta, y de las apelaciones interpuestas contra el rechazo a los incidentes de nulidad por defectos absolutos, de corrección de procedimiento, de nulidad de imputación formal y de extinción de la acción penal por prescripción; así como, en cuanto a los derechos al trabajo, a la defensa y a ser oído por autoridad competente, y al principio de seguridad jurídica.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Al no hallar consenso en Sala, dirime el caso el Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora, Presidente, siendo de Voto Disidente el Magistrado, Dr. Petronilo Flores Condori.

Fdo. Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora

PRESIDENTE

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0548_2023-S3.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): fde118c4f70227fb8571ff7930c874ee22c5b501e110c20f87987b1a6dee3525

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