Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 8 de abril de 2026
Concede la tutela
La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de los derechos al debido proceso y a la libertad, vinculados a los principios de celeridad y legalidad; puesto que, la Jueza hoy accionada no remitió su recurso de apelación incidental desde el 13 de marzo de 2023 hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, incumpliendo lo dispuesto por el art. 251 del CPP, vulneró así sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, al impedirle obtener su libertad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) Trámite procesal de la apelación incidental de una medida cautelar; y iii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/23 de 23 de marzo de 2023, cursante de fs. 24 a 26 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Exhortar a Ana María Paz Irusta, Jueza Pública de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz a que en la tramitación de las cusas sometidas a su conocimiento, resguarden el cumplimiento de los plazos procesales, conforme a las normas en vigencia; y, con mayor razón, cuando de por medio se encuentre en tela de juicio, el derecho a la libertad, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, debiendo asumir las acciones correctivas necesarias con su personal de apoyo jurisdiccional que permita evitar en el futuro, vulnerar derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0547/2026-S1 Sucre, 8 de abril de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 54562-2023-110-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 06/23 de 23 de marzo de 2023, cursante de fs. 24 a 26 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Romel Leonardo Ipamo Saravia en representación sin mandato de Fortunata Cristina Choque Ortiz contra Ana María Paz Irusta, Jueza Pública de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz.
La accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 22 de marzo de 2023, cursante de fs. 3 a 5, manifestó que:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Fortunata Cristina Choque Ortiz -accionante-, por la presunta comisión de los delitos de robo agravado, amenazas y allanamiento, previstos y sancionados por los arts. 293, 298 y 332 del Código Penal (CP) se encuentra con detención preventiva por el lapso de diez meses, el 13 de marzo de 2023 se llevó a cabo la audiencia de cesación de la citada detención preventiva, la cual fue rechazada. En virtud de ello, interpuso recurso de apelación incidental contra la referida Resolución; empero, hasta el 22 del mismo mes y año, dicho recurso de apelación no fue remitido al Tribunal de alzada, encontrándose indebidamente privado de su libertad y evidenciándose el incumplimiento de los plazos procesales establecidos en el Código de Procedimiento Penal.
La accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de los derechos al debido proceso y a la libertad, vinculados a los principios de celeridad y legalidad, sin citar norma constitucional alguna.
Solicita se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga la remisión del recurso de apelación incidental a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, conforme establece el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
Celebrada la audiencia virtual el 23 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 21 a 24, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) Se interpuso el recurso de apelación incidental con el objeto de que el Tribunal de alzada valore la errónea, arbitraria e irracional valoración de la prueba, así como la falta de fundamentación y motivación, lo que vulnera el derecho al debido proceso; y, b) Transcurrieron diez días hasta hoy -se entiende la audiencia de consideración de la acción de libertad- sin que se hubiera efectuado el sorteo del recurso de apelación incidental, pese a que la jurisprudencia establece que, cuando se encuentra vulnerado el derecho a la libertad física, el trámite debe realizarse con la debida celeridad posible o, al menos, dentro de los plazos razonables; caso contrario, se incurre en una dilación indebida que vulnera el debido proceso.
Ana María Paz Irusta, Jueza Pública de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, mediante informe presentado en audiencia manifestó que: 1) No transcurrieron diez días que no se remitió el recurso de apelación incidental, puesto que deben considerarse los días sábado y domingo; y 2) De acuerdo al informe del Secretario del referido Juzgado, el retraso se debió al trámite de obtención del Número Único de Registro Judicial (NUREJ), requisito indispensable para la remisión de antecedentes; además de la elevada carga laboral del juzgado, al tratarse de un juzgado mixto que atiende diversas materias. Ante las aclaraciones solicitadas por la Jueza de garantías, la Jueza ahora accionada refirió que la accionante presentó memorial solicitando el trámite del NUREJ el 13 de marzo de 2023, el cual fue remitido recién el 22 del mismo mes y año.
La Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 06/23 de 23 de marzo de 2023, cursante de fs. 24 a 26 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas se remita el recurso de apelación incidental ante el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, bajo el siguiente fundamento: “…en el presente caso, se tiene que la audiencia conforme la documentación presentada tanto por lo autoridad accionada, como la accionante, existe el acta de audiencia de cesación a la detención preventiva en la misma que se realizó en fecha 13 de marzo del 2023 a horas 08:00 de la mañana, así también existe la documentación el memorial presentado donde la accionante solicita la asignación del número de NUREJ y sorteo a sala, la misma que fue presentada como refirió accionante en el mismo día de la audiencia, es decir el 13 de marzo pero a horas 12:30 del mediodía, también bajo principio de verdad material, la autoridad accionada indicó que ordenó a través de una providencia ordenó a través del secretario se proceda a la asignación del NUREJ, situación que fue cumplida por el secretario en fecha 22 de marzo del 2023 a través del oficio que ha sido indicado por parte de la autoridad accionada, por lo que habiendo transcurrido desde la fecha de la audiencia, la solicitud de la asignación a 22 de marzo de 2023, ya ha superado el plazo establecido conforme lo jurisprudencia anteriormente indicada de los 3 días para la remisión al Tribunal de alzada, por todo lo expuesto al no haber actuado de una manera diligente para el cumplimiento de los plazos y haber transcurrido a la fecha más de 5 días respecto de la remisión del cuaderno procesal en grado de apelación conforme lo establece el artículo 251 del código de procedimiento penal y las sentencias constitucionales referidas anteriormente es viable y corresponde conceder la tutela solicitada...” (sic).
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución; a efecto de que, se realice un nuevo sorteo para que los actuales Magistrados asuman conocimiento y resuelvan dichas causas.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Mediante memorial de “marzo” de 2023 dirigido Ana María Paz Irusta, Jueza Pública de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz -ahora accionada-, Fortunata Cristina Choque Ortíz -hoy accionante- solicitó número de NUREJ y el sorteo de “Sala” para la remisión del recurso de apelación incidental interpuesto; petición que mereció el decreto de 23 de marzo de 2023, señala que en atención al informe presentado por el Secretario del referido Juzgado de ser posible el traslado a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para agilizar el trámite y el respectivo sorteo de la causa a la Sala de turno y sea en el día (fs. 19 a 20).
II.2. Consta en Acta de audiencia de consideración de la acción de libertad en la que se hace constar que la accionante presentó la solicitud de asignación de NUREJ el 13 de marzo de 2023, la cual fue diligenciada por la Jueza hoy accionada recién el 22 del mismo mes y año (fs. 21 a 24).
La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de los derechos al debido proceso y a la libertad, vinculados a los principios de celeridad y legalidad; puesto que, la Jueza hoy accionada no remitió su recurso de apelación incidental desde el 13 de marzo de 2023 hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, incumpliendo lo dispuesto por el art. 251 del CPP, vulneró así sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, al impedirle obtener su libertad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) Trámite procesal de la apelación incidental de una medida cautelar; y iii) Análisis del caso concreto.
La SCP 0116/2025-S1 de 20 de marzo, reiterando los fundamentos establecidos en la SCP 0105/2018-S2 de 11 de abril, establece que: “El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- ‘…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último ‘…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: ‘d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley’. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2017 de 4 de junio señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación. Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del Código de Procedimiento Penal (CPP); decreto a partir del cual, se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en el Fundamento Jurídico III.3: i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal. ii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP;
aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte” (las negrillas son nuestras).
La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de los derechos al debido proceso y a la libertad, vinculados a los principios de celeridad y legalidad; puesto que, la Jueza hoy accionada no remitió su recurso de apelación incidental desde el 13 de marzo de 2023 hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, incumpliendo lo dispuesto por el art. 251 del CPP, vulneró así sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, al impedirle obtener su libertad. Identificada la problemática jurídica, corresponde analizar los antecedentes venidos en revisión; es así que de ellos se tiene que la accionante se encontraba sometida a un proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de robo agravado, amenazas y allanamiento, se encuentra con detención preventiva por el lapso de diez meses. En ese contexto, el 13 de marzo de 2023 se celebró audiencia de cesación de la citada detención preventiva, la cual fue rechazada por la Jueza hoy accionada; motivo por el cual, en la misma fecha, la accionante interpuso recurso de apelación incidental contra dicha determinación. No obstante, dicho recurso de apelación no fue remitido oportunamente ante el Tribunal de alzada, generando una prolongación indebida de la restricción a su libertad y evidenciando el incumplimiento de los plazos procesales previstos por ley.
Por su parte, la Jueza hoy accionada, en audiencia, señaló que el memorial presentado por la accionante fue decretado recién el 22 de marzo de 2023, y que la tramitación para la asignación del NUREJ y el correspondiente sorteo a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz se efectuó en la referida fecha (Conclusiones II.1. y II.2.), extremos que evidencian una dilación en la tramitación del recurso.
Ahora bien, tratándose de un recurso de apelación incidental, corresponde remitirnos al entendimiento citado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que -en línea con la SC 2149/2013 de 21 de noviembre- establece que la remisión de este tipo de recursos debe realizarse con la mayor celeridad posible, admitiéndose únicamente, de manera excepcional y debidamente justificada, una espera prudencial que no exceda de tres días.
En ese marco, de los antecedentes se advierte que el recurso de apelación incidental fue interpuesto el 13 de marzo de 2023; sin embargo, hasta el 23 del mismo mes y año, no fue remitido al Tribunal de alzada, transcurriendo aproximadamente diez días sin que se hubiese materializado dicha actuación procesal. Este hecho evidencia el incumplimiento del plazo previsto por el art. 251 del CPP, sin que concurra justificación legal válida que permita excusar dicha inobservancia, configurándose así una dilación indebida en la tramitación del recurso.
Si bien el Secretario del Juzgado Público de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz no fue accionado -considerando que dentro de sus funciones se encuentra la remisión de antecedentes en grado de apelación-, no es menos evidente que la responsabilidad funcional recae también en la Jueza ahora accionada, quien recién decretó el memorial correspondiente el mismo día de la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, esto es, el 23 de marzo de 2023, evidenciando una actuación carente de la diligencia exigida en casos donde se encuentra comprometido el derecho a la libertad.
En ese entendido, y conforme al Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde conceder la tutela solicitada bajo la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, instituto desarrollado por la jurisprudencia constitucional como un mecanismo orientado a garantizar la celeridad en la tramitación de procesos judiciales o administrativos, cuando se advierten dilaciones indebidas que inciden directamente en la situación jurídica de personas privadas de libertad. Ello en razón a que toda actuación vinculada al derecho a la libertad personal debe ser tramitada, resuelta y ejecutada con la máxima diligencia, en resguardo del valor libertad, el principio de celeridad y los derechos fundamentales.
En ese marco, al evidenciarse que Ana María Paz Irusta, Jueza Pública de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz incumplió el plazo previsto en el art. 251 del CPP, generando una dilación indebida en la remisión del recurso de apelación incidental interpuesto por la accionante; por lo que corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/23 de 23 de marzo de 2023, cursante de fs. 24 a 26 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Exhortar a Ana María Paz Irusta, Jueza Pública de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz a que en la tramitación de las cusas sometidas a su conocimiento, resguarden el cumplimiento de los plazos procesales, conforme a las normas en vigencia; y, con mayor razón, cuando de por medio se encuentre en tela de juicio, el derecho a la libertad, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, debiendo asumir las acciones correctivas necesarias con su personal de apoyo jurisdiccional que permita evitar en el futuro, vulnerar derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0547_2026-S1.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4111c027919e62dd7c94082a2276bd858fcf694999f14b455b4bcc883642c28b
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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