Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 21 de mayo de 2025
Concede en parte la tutela
La parte accionante denunció la lesión al debido proceso en sus componentes de justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, celeridad y derecho a la libertad; debido a que, dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de robo, se le impusieron medidas cautelares personales excesivas y de difícil cumplimiento, dadas sus condiciones; motivo por el cual, en audiencia, interpuso recurso de apelación que no fue remitido oportunamente por el Juzgado. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 40/2022 de 19 de noviembre, cursante de fs. 18 a 21 pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Novena en suplencia legal de su similar Octavo, ambos de El Alto del departamento de La Paz; en consecuencia, 1° CONCEDER la tutela impetrada, en relación a Ángel René Mendoza Montesinos y Nora Mamani Mamani Juez y, Secretaria, del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, respectivamente, en base a lo desarrollado en el presente fallo constitucional; disponiendo, en caso de no haberlo hecho, la remisión inmediata del recurso interpuesto por el accionante; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto a Lizbeth Flores Butrón, Auxiliar del señalado Juzgado. Todo conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0547/2025-S4 Sucre, 21 de mayo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 52391-2023-105-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 40/2022 de 19 de noviembre, cursante de fs. 18 a 21, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Edwin Adelio Copa Anara, en representación sin mandato de Reynaldo Marca Tito contra Ángel René Mendoza Montesinos, Juez; Nora Mamani Mamani, Secretaria, y Lizbeth Flores Butrón, Auxiliar, todos del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 18 de noviembre de 2022, cursante de fs.1; y, 4 a 7 vta.; la parte accionante, manifestó lo siguiente:
Como consecuencia del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de robo, fue recluido en celdas judiciales; no obstante, en audiencia de medidas cautelares, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz –hoy demandado– dispuso la aplicación de una serie de medidas cautelares personales en su contra, consistentes en detención domiciliaria, fianza de Bs5 000.- (cinco mil bolivianos), arraigo, firma ante el Fiscal cada lunes y prohibición de acercamiento a la víctima. Agregó que, las medidas impuestas, fueron excesivas y de cumplimiento imposible; motivo por el cual, conforme previene el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), interpuso recurso de apelación incidental; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción, la misma no fue remitida a la Sala Penal de turno.
Asimismo, refirió que su abogado se apersonó al Juzgado el día “lunes” a efectos de gestionar el certificado de arraigo; mismo que, fue entregado recién el “miércoles”; desde ese momento, se evidenció una dilación atribuible al Juzgado a cargo de la causa, que no remitió oportunamente el recurso de apelación. Posteriormente, el Ministerio Público solicitó audiencia de revocatoria de medidas cautelares, alegando supuesto incumplimiento por parte del imputado; en dicha audiencia llevada a cabo “el día de hoy”, el Juez demandado dispuso la revocatoria de las medidas cautelares y ordenó su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, sin considerar que el mismo día, su abogado presentó el certificado de arraigo y el croquis domiciliario, documentos que fueron puestos en conocimiento de la precitada autoridad. Finalmente, refirió que la resolución de medidas cautelares fue apelada; sin embargo, el Juez determinó su detención preventiva sin considerar que dicha apelación se encontraba en trámite; sobre cuya remisión, la asistente legal de su abogado defensor se apersonó al Juzgado de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, para averiguar, recibiendo como respuesta que “tenían otros casos” y que, posiblemente, se remitiría la causa el lunes siguiente, lo que demuestra incumplimiento de plazos y procedimientos establecidos.
La parte accionante denunció como lesionado el debido proceso en sus componentes de justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, celeridad y derecho a la libertad, citando al efecto, los arts. 13.IV, 115, 180, 256.I de la Constitución Política del Estado (CPE), 29 inc. b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se conmine a la autoridad demandada a cumplir con la remisión en un plazo breve, de su recurso de apelación incidental.
Celebrada la audiencia virtual el 19 de noviembre de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 15 a 17 vta., presente el accionante; así como los codemandados; y, ausente Lizbeth Flores Butrón, Auxiliar del Juzgado de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, como codemandada, se produjeron los siguientes actuados:
El solicitante de tutela, a través de su representante sin mandato, ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de libertad y ampliándola refirió lo siguiente: a) Conforme previene el art 251 del CPP, la apelación incidental interpuesta por su parte, debía ser remitida en un plazo máximo de veinticuatro horas, y que tratándose de una revocatoria de medidas cautelares, el art. 52 del mismo cuerpo legal establece un plazo de setenta y dos horas; sin embargo, el Juzgado no cumplió con los mismos, vulnerando el debido proceso y dejando al imputado en estado de indefensión; ya que, no se remitió oportunamente el cuaderno ante el Tribunal de Alzada; b) Existió omisión del personal del Juzgado de Instrucción en lo Penal Cuarto, en particular de la Secretaria y la Auxiliar, quienes eran responsables de controlar y realizar la remisión de los actuados procesales, negligencia que impidió que pudiera fundamentar su apelación ante las Salas correspondientes, a pesar de haber interpuesto el recurso dentro del plazo legal; c) Que la situación se agravó con la imposición de una medida de detención, sin que existiera una resolución previa debidamente fundamentada; pues, la falta de remisión del expediente y la inacción del Juzgado causaron que no pudiera ejercer su derecho a la defensa de manera efectiva; ya que, estaba privado de libertad y no pudo reunir la documentación necesaria; d) Asimismo, denunció la exigencia indebida de un depósito de Bs5 000.- (cinco mil bolivianos), para cumplir con la medida de arraigo; lo cual, no fue dispuesto legalmente y constituye una carga injustificada; en ese marco, el Juez y su personal, incumplieron los procedimientos establecidos, afectando directamente sus derechos fundamentales; y, e) Finalmente, solicitó que la autoridad judicial competente ordene la inmediata remisión del cuaderno procesal, se repare la vulneración de derechos y se emita el mandamiento de libertad correspondiente.
Ángel René Mendoza Montesinos, Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, presente en audiencia, refirió de lo siguiente: 1) Llama la atención que el abogado defensor, informe sobre los supuestos inconvenientes que se hubieran presentado con el personal de apoyo jurisdiccional del despacho a su cargo, respecto a la entrega de los mandamientos de arraigo; pues, en el cuaderno de control jurisdiccional, no consta ninguna denuncia o queja formal de su parte sobre alguna negativa o atropello que le hubiera impedido cumplir con las medidas cautelares impuestas al ahora accionante; 2) Se interpuso la presente acción de libertad, después de que se resolviera la revocatoria de medidas cautelares; y, el defensor recién asumió interés en el proceso cuando ya se había determinado su revocatoria, durante el tiempo transcurrido desde esa determinación hasta la presentación de esta acción tutelar, el abogado adoptó una actitud negligente, al no hacer seguimiento ni comunicar a la autoridad jurisdiccional sobre el incumplimiento en que incurrió el personal respecto a la remisión de la apelación u otros aspectos procesales; 3) Tomó conocimiento del recurso de apelación, concedió el mismo y conminó al personal de apoyo judicial a remitirlo; no obstante, reiteró que el impetrante de tutela, esperó hasta el momento de la revocatoria de las medidas, para que el abogado recién asumiera acciones, como la presentación de esta acción; 4) La solicitud de revocatoria fue debidamente fundamentada por el Ministerio Público, que actuó en atención a la situación de la víctima, una mujer en condición de vulnerabilidad tanto por su género como por su situación económica, e incluso el imputado –hoy accionante– había proferido amenazas contra ella y su hijo menor, lo que justificó la solicitud de detención preventiva, misma que fue concedida por el Juzgado a su cargo; 5) Respecto a la remisión de los antecedentes a la Sala Penal, se reconoció que si bien existían plazos legales, también existían dificultades estructurales dentro del Órgano Judicial que dificultaban el cumplimiento oportuno; dado que, las Salas Penales impusieron restricciones, como horarios específicos, límites de presentación diaria y observaciones formales para la admisión de recursos; lo cual, complicó el trabajo de los Jueces de primera instancia, quienes estaban sujetos a plazos legales; 6) La falta de recursos materiales, como la dotación oportuna de fotocopias por parte del Consejo de la Magistratura, dificultó aún más la gestión procesal; ni él ni su personal podían solventar estos gastos con su propio salario, ya que el principio de gratuidad debía ser garantizado por el Estado y no por los funcionarios judiciales; y, 7) El recurso de apelación incidental ya fue sorteado a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia, y será esa instancia la encargada de determinar si su actuación se ajustó al Código de Procedimiento Penal y a la Constitución Política del Estado. Nora Mamani Mamani, Secretaria codemandada del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, presente en audiencia, refirió lo siguiente: i) Después de la audiencia de medidas cautelares en la que se dispuso la presentación del arraigo y la verificación domiciliaria; el abogado del accionante se comunicó con ella mediante WhatsApp para coordinar la gestión del mandamiento de arraigo, y se solicitó la fotocopia del carnet de identidad del imputado para que la institución encargada del registro, pudiera procesar el trámite correctamente; sin embargo, el abogado informó que no contaba con ese documento ni con familiares del imputado —hoy accionante— para obtenerlo; pero finalmente remitió un certificado del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) el “lunes 14” a las 15:00; ii) En relación con la apelación, se informó que el proceso ya fue sorteado a la Sala Penal Segunda; asimismo, el “viernes” se intentó nuevamente remitir apelaciones, pero la Sala Penal solo recibió un proceso, debido a su horario restringido de atención, y pese a que el personal del Juzgado se presentó desde temprano, no se logró que recibieran la apelación del presente caso; iii) El Juzgado enfrenta limitaciones operativas importantes: cuenta únicamente con dos funcionarios (un Auxiliar y una Secretaria) y se agotó el cupo mensual de mil fotocopias, indispensables para notificaciones y remisiones de apelaciones en múltiples procesos y la solicitud para reponer las fotocopias, demoró aproximadamente dos semanas, por lo que la funcionaria tuvo que cubrir personalmente los gastos para tramitar esta apelación; iv) La carga procesal del Juzgado es elevada, con audiencias diarias, elaboración de resoluciones y atención a partes, además de informes para el Consejo de la Magistratura que abarcan causas desde el 2015, y que a pesar de trabajar más de doce horas diarias, no logra cubrir completamente todas las demandas debido a esta sobrecarga; y, v) No hubo intención de perjudicar a las partes, y se reconoció que la normativa exige la remisión del recurso de apelación en un plazo de veinticuatro horas; sin embargo, por las circunstancias mencionadas, se confirmó que la apelación será remitida “el día lunes”., por lo que solicitó a la autoridad judicial que considere estas limitaciones estructurales y las observaciones que recibe el Juzgado, sin revisión directa del Vocal correspondiente. Lizbeth Flores Butrón, Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, no se presentó en audiencia, ni hizo conocer informe alguno, pese a su legal notificación cursante a fs. 9.
A pesar de su legal notificación al Ministerio Público, cursante a fs. 10, no se hizo presente en audiencia, ni presentó informe alguno.
La Jueza de Sentencia Penal Novena en suplencia legal de su similar Octavo, ambos de El Alto del departamento de La Paz, a través de la Resolución 40/2022 de 19 de noviembre, cursante de fs. 18 a 21, denegó la tutela impetrada, respecto al Juez demandado; y, concedió la misma en relación a la Secretaria y Auxiliar codemandadas, disponiendo que en el término de veinticuatro horas, cumplan con la remisión dispuesta por decreto de 10 de noviembre de 2022; y, que en lo futuro, utilicen los medios necesarios, a fin de cumplir con los plazos procesales; en base a los siguientes fundamentos: a) Contra la Resolución 517/2022 de 10 de noviembre, emitida por el Juzgado Cuarto de Instrucción Penal de El Alto, que impuso varias medidas cautelares; el accionante interpuso apelación incidental, conforme al art. 251 del CPP; sin embargo, el recurso no fue remitido dentro del plazo legal de veinticuattro horas, como establece la normativa, debido a negligencia del personal de apoyo jurisdiccional (Secretaria y Auxiliar), quienes indicaron que "tenían otros casos" y que lo enviarían "posiblemente el lunes". Este retraso generó una dilación indebida y dejó al impetrante de tutela en situación de indefensión; b) Aunque la autoridad judicial alegó limitaciones estructurales, como ser, falta de fotocopias, escaso personal y sobrecarga procesal, ninguna de ellas justifican el incumplimiento de plazos procesales, que deben ser gestionados mediante mecanismos administrativos, como solicitudes a Defensa Pública, a la Dirección Administrativa y Financiera del Órgano Judicial (DAF) o al Consejo de la Magistratura; y, c) De acuerdo con la jurisprudencia constitucional (SCP 0396/2020-S3), los funcionarios de apoyo jurisdiccional pueden ser responsables en acciones tutelares cuando incumplen sus funciones, como en este caso, en el que su omisión generó una afectación directa del derecho fundamental a la libertad del solicitante de tutela.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Resolución 517/2022 de 10 de noviembre, el Juez de Instrucción Penal Cuarto El Alto del departamento de La Paz, –ahora demandado–, dispuso la aplicación de medidas cautelares personales en contra del accionante; sin embargo, en el desarrollo de la misma audiencia, la defensa del imputado interpuso recurso de apelación incidental; por lo que, el Juez, en cumplimiento del procedimiento establecido en el art. 251 del CPP, ordenó la remisión de los antecedentes al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Sala Penal de Turno, para su correspondiente conocimiento y resolución (fs. 11 a 13 vta.). II.2. Cursa Talón de Control de Arraigo correspondiente a Reynaldo Marca Tito –hoy accionante–, en el que consta como fecha y hora de recepción el 17 de noviembre de 2022 a las 13:41, y como fecha de entrega el 21 del mismo mes y año (fs. 2). II.3. Consta decreto de 18 de noviembre de 2022, suscrito por la Norah Mamani Mamani, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz –hoy demandada–, dispuso que en atención al memorial presentado el 17 de noviembre de 2022 por Alexander Gutiérrez Mamani Fiscal de Materia, dentro del proceso seguido contra el ahora accionante, por la presunta comisión del delito de robo, se convocó a audiencia virtual de revocatoria de medidas cautelares para el viernes 18 de igual mes y año (fs. 3).
La parte accionante denunció la lesión al debido proceso en sus componentes de justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, celeridad y derecho a la libertad; debido a que, dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de robo, se le impusieron medidas cautelares personales excesivas y de difícil cumplimiento, dadas sus condiciones; motivo por el cual, en audiencia, interpuso recurso de apelación que no fue remitido oportunamente por el Juzgado. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La jurisprudencia Constitucional, ha sido uniforme al sostener: “…que el derecho a la libertad física, supone un derecho fundamental de carácter primario para el desarrollo de la persona, entendimiento que se sustenta en la norma prevista por el art. 6.II de la CPE, pues en ella el Constituyente boliviano ha dejado expresamente establecido que la libertad es inviolable y, respetarla y protegerla es un deber primordial del Estado. Atendiendo esta misma concepción de protección es que creó un recurso exclusivo, extraordinario y sumarísimo a fin de que el citado derecho goce de especial protección en casos en que se pretenda lesionarlo o esté siendo lesionado” (SC 0224/2004-R de 16 de febrero). La misma Sentencia, considerando que el derecho a la libertad es inviolable, a su vez precisó que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud” (las negrillas son nuestras). En este orden, el anterior Tribunal Constitucional en la SC 0465/2010 de 5 de julio, desarrolló el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho concluyendo que esta tipología de hábeas corpus –ahora acción de libertad– : “…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retarden o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (el resaltado es agregado). En ese entendido, el Tribunal Constitucional Plurinacional en virtud al nuevo orden constitucional, que consagra al principio de celeridad como un sustento de la potestad de impartir justicia según el art. 178.I de la CPE, mediante la SCP 0017/2012-R de 16 de marzo señaló: “Que en todo trámite judicial, específicamente en el procedimiento penal, toda solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física o personal, debe tramitarse con la mayor celeridad posible o dentro de un plazo razonable”. De acuerdo a la jurisprudencia descrita, todas las solicitudes relacionadas a la libertad del imputado deben ser tramitadas y resueltas, sin ninguna demora o dilación, atendiendo al principio de celeridad que obligan a toda autoridad jurisdiccional a sujetar su accionar a los plazos establecidos en la norma adjetiva penal.
De acuerdo a la SCP 0651/2020-S4 de 28 de octubre, se señaló: “Entorno a la temática, la SCP 0679/2018-S4 de 25 de octubre, se remitió a lo manifestado por la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, que sostuvo: ‘La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: «La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…» (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas’. Al respecto del plazo en el cual tiene que ser remitido el recurso de apelación planteado contra una resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, así como en relación al trámite que debe imprimir el Tribunal de alzada en dichos recursos la SCP 1866/2012 de 12 de octubre, señala: ‘En específico y en relación a la remisión al Tribunal de alzada de la apelación incidental interpuesta contra una Resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, la SC 0076/2010-R de 3 de mayo, refirió que: «…el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, que se muestra como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme lo establece el art. 251 del CPP, una vez interpuesto este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior del Distrito (ahora Tribunal Departamental) en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de apelación resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones'. A su vez en la SC 0387/2010-R de 22 de junio y ratificado por la SC 1181/2011-R de 6 de septiembre, se expresó: '…que a toda solicitud relativa o vinculada a la libertad de las personas, debe imprimírsele celeridad en su resolución sea positiva o negativamente para quien la pide, este mismo entendimiento es aplicable para los recursos de apelación sobre medidas cautelares, así como también para las de cesación de detención preventiva, las que pueden traducirse en la remisión de los antecedentes ante el superior en grado, para su resolución, más aún si existe un procedimiento establecido para ello en el que se fijan plazos para la emisión de la resolución correspondiente, como se estableció en la SC 0160/2005 de 23 de febrero»’ . La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, ha establecido que: ‘Sin embargo, la jurisprudencia constitucional contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entendió que, excepcionalmente es posible prolongar el plazo de remisión del recurso de apelación y sus antecedentes hasta un plazo adicional de tres días, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados. Así, la SCP 1907/2012, señaló:
Sintetizando, el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado'. Consecuentemente, conforme a la jurisprudencia glosada, la regla es que la remisión del recurso de apelación y de los antecedentes sea efectuada en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP y sólo excepcionalmente y en situaciones debidamente acreditadas por el juzgador, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho” (las negrillas nos corresponden). Al respecto, el art. 251 del CPP, modificado por la Ley 1173, que entró en vigencia el 4 de noviembre de 2019; mantuvo incólume el plazo de remisión de apelación de las medidas cautelares; es decir, el término de 24 horas, bajo responsabilidad.
La SCP 0297/2023-S4 de 15 de mayo, señala: “...Respecto a la responsabilidad de los servidores de apoyo jurisdiccional y la consiguiente legitimidad pasiva, la SCP/0961/2019-S4 de 21 de abril, entendió: ʽAcerca de la responsabilidad del personal jurisdiccional subalterno, la SC 1093/2010-R de 27 de agosto, reiteró lo siguiente: «…la jurisprudencia de este Tribunal en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, señaló: ‘Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció «…que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 116.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización Judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial (…)». En el contexto, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva; por lo que, es plenamente viable dirigir la demanda en su contra, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; toda vez que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional; sino que, las omisiones de carácter administrativo como la falta o inoportuna recepción de dineros para cubrir las fianzas económicas, elaboración del cuadernillo de apelación, de actas o de notificación a las partes, o el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, tratándose en especial de temas en los que está comprometida la libertad personal, en general, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo jurisdiccional; hechos que, repercuten negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del Juzgado; por cuanto, le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente; puesto que, de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad de su Juzgado.
Consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional»ʼ” (las negrillas nos corresponden).
El solicitante de tutela denunció la lesión del debido proceso en sus componentes de justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, celeridad y derecho a la libertad; debido a que, dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de robo, se le impusieron medidas cautelares personales excesivas y de difícil cumplimiento, dadas sus condiciones; motivo por el cual, en audiencia interpuso recurso de apelación incidental que no fue remitido oportunamente por el Juzgado ante el Tribunal de alzada. Una vez identificada la problemática planteada, corresponde a continuación analizar los antecedentes y datos de la presente acción tutelar; en ese orden, se tiene que dentro del proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de robo, el 10 de noviembre de 2022, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz dictó la Resolución 517/2022; mediante la cual, impuso al ahora impetrante de tutela, medidas cautelares personales, como ser detención domiciliaria, fianza de Bs5 000.- (cinco mil bolivianos), arraigo, firma semanal ante el fiscal y prohibición de acercamiento a la víctima. Durante el desarrollo de la misma audiencia, la defensa técnica del imputado interpuso recurso de apelación incidental, de conformidad con lo previsto por el art. 251 del CPP; y, el Juez hoy demandado, dispuso la remisión de antecedentes ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Asimismo, en audiencia de consideración de la acción de libertad planteada, relató que, luego de interpuesta la apelación, su abogado acudió al Juzgado a gestionar el certificado de arraigo el día “lunes”; el cual, fue entregado recién el “miércoles” siguiente, evidenciando una dilación atribuible a dicha instancia; de modo que, ante el incumplimiento de las medidas dispuesta por el Juez de la causa, el Ministerio Público solicitó audiencia de revocatoria de medidas cautelares, que se llevó a cabo el 18 de noviembre de 2022, en la que se dispuso la revocatoria de las medidas cautelares impuestas y ordenó la detención preventiva del imputado en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, sin considerar que el certificado de arraigo y el croquis domiciliario fueron presentados ese mismo día ni que la Resolución apelada aún se encontraba pendiente de consideración. Por su parte, la autoridad jurisdiccional demandada señaló que el recurso de apelación incidental interpuesto por el procesado, fue concedido, atribuyendo las demoras a limitaciones estructurales del Órgano Judicial, tales como escasez de personal, restricciones impuestas por las Salas Penales, falta de insumos (como fotocopias) y carga procesal elevada; y, por otra parte, sostuvo que el Ministerio Público fundamentó adecuadamente la solicitud de detención preventiva, en resguardo de una víctima vulnerable y por supuestas amenazas del imputado. Finalmente, la Secretaria codemandada, informó que la demora en la gestión del arraigo, se debió a la falta de documentación del imputado, y que la apelación interpuesta por su parte, fue sorteada pero no pudo remitirse ante el Tribunal de alzada, por restricciones en la atención de la Sala Penal; reconoció que no se cumplió con el plazo legal, pero justificó su accionar en las limitaciones operativas del Juzgado; sin embargo, a la fecha, dicho recurso ya fue sorteado a la Sala Penal Segunda del Tribunal departamental de Justicia de La Paz. Ahora bien, con esos antecedentes, corresponde a continuación ingresar al análisis del caso concreto; dado que, el mismo se encuentra directamente vinculado con el derecho a la libertad del accionante al tratarse de medidas cautelares; ante lo cual, corresponde revisar la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, referido a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; la cual, establece que toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible o, cuando menos, dentro de los plazos legales establecidos; pues, de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho. Con el propósito de realizar un análisis integral de la problemática planteada y determinar la eventual responsabilidad atribuible a los demandados, y con el objetivo de esclarecer la participación de cada uno de ellos en los hechos objeto de examen, resulta necesario establecer si se dio cumplimiento al plazo establecido para la remisión de los antecedentes relacionados con el recurso de apelación incidental sobre medidas cautelares, ante el Tribunal de alzada, tarea que será desarrollada a continuación:
Respecto a la omisión en la remisión oportuna del recurso de apelación incidental interpuesto contra la resolución de medidas cautelares, corresponde hacer énfasis en que fue la propia Secretaria codemandada, quien en audiencia pública reconoció expresamente que el recurso no fue remitido dentro del plazo legal de veinticuatro horas, conforme lo establece el art. 251 del CPP; alegando que, no obstante haberse presentado con el cuaderno procesal ante la Sala Penal, dicha instancia le negó la recepción del mismo, bajo el argumento que no recibe más de un caso por día; y, que por ello, la apelación “posiblemente sería remitida el lunes”.
Este reconocimiento expreso de incumplimiento de plazos legales por parte de la Secretaria, sin haber gestionado mecanismos administrativos para subsanar las limitaciones operativas que alegó (como la falta de fotocopias, recarga laboral o restricciones impuestas por las salas penales), constituye una omisión funcional que impactó directamente en el derecho a la libertad del impetrante de tutela, al impedirle el ejercicio efectivo y oportuno del recurso, contra una resolución que limitaba ese derecho fundamental. En ese contexto, según lo establecido por la Jurisprudencia Constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional, los servidores de apoyo jurisdiccional adquieren legitimación pasiva en la acción de libertad cuando, como en este caso, su incumplimiento de funciones genera una afectación real a derechos fundamentales, particularmente el derecho a la libertad y al debido proceso.
En consecuencia, al haberse demostrado que la omisión en que incurrió la Secretaria codemandada en la remisión oportuna del recurso de apelación que no fue tramitado dentro del plazo legal, generó una dilación indebida e impidió que el solicitante de tutela ejerza de forma efectiva su derecho a la revisión judicial de medidas restrictivas de libertad; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada en relación a dicha servidora pública.
Respecto a la responsabilidad del Juez codemandado, debe señalarse que, conforme a la Jurisprudencia Constitucional expuesta en el Fundamento Jurídico III.3.; dicha autoridad se encuentra revestida de jurisdicción y competencia y tiene el deber ineludible de supervisar y garantizar el correcto cumplimiento de las funciones del personal de apoyo jurisdiccional, especialmente en asuntos relacionados con el derecho a la libertad, que exige la máxima celeridad en los trámites procesales.
En el caso concreto, el Juzgador incurrió en una omisión manifiesta al no supervisar ni garantizar que la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, se realizara en el plazo legal establecido, pese a que fue el propio personal de apoyo – Secretaria– quien reconoció en audiencia no haber remitido dicha apelación en tiempo oportuno; la alegación de limitaciones materiales, tales como escasez de fotocopias o restricciones de horario en las Salas Penales, no constituye justificación razonable ni fundada, conforme al estándar fijado por la Jurisprudencia Constitucional, en particular las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0651/2020-S4 y 0679/2018-S4, referidas en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de este fallo. En tal sentido, la inacción del Juzgador representa incumplimiento de sus deberes jurisdiccionales, generando un retraso indebido que vulnera el derecho fundamental a la libertad personal del accionante, por lo que corresponde conceder la tutela, también con relación al mismo.
La acción de libertad y la demanda se refieren a una supuesta dilación atribuible al Juzgado en general, pero no individualizan responsabilidades concretas en las que hubiera incurrido la Auxiliar del Juzgado; en relación a lo cual, cabe resaltar que la ausencia de informe o justificación por parte de esta, no implica por sí sola una responsabilidad, especialmente ante la falta de denuncias expresas en su contra, que acrediten algún incumplimiento de la misma; en ese marco, no se ha demostrado de modo alguno ni aportado ninguna prueba que demuestre que Lizbeth Flores Butrón hubiera incurrido en alguna conducta negligente o dolosa que hubiese provocado la demora en la remisión del recurso de apelación Además, la responsabilidad funcional de la Auxiliar es limitada y depende de la supervisión directa de la Secretaria y del Juez, dado que su función es principalmente de apoyo y ejecución, y no cuenta con autonomía ni discrecionalidad plena para decidir sobre la recepción o remisión de documentos; de modo que, cualquier retraso en el trámite, debe analizarse dentro de un contexto institucional y estructural, sin que sea procedente atribuir la culpa exclusivamente a un funcionario subordinado; correspondiendo por ello, con relación a la misma, denegar la tutela solicitada. Finalmente, por todo lo expuesto, se concluye que en audiencia de acción de libertad, si bien se realizó el sorteo de la apelación, no se remitieron antecedentes y la codemandada expresó que recién lo realizarían el 21 de noviembre de 2022; es decir, seis días después de la interposición del recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante, superando incluso el margen excepcional de tres días; en este tiempo, el solicitante de tutela permaneció privado de libertad, sin que su recurso fuera conocido oportunamente, lo que afectó de forma directa su derecho a la libertad y a la tutela judicial efectiva. Por tanto, se evidencia que se provocó vulneración directa al derecho a la libertad física y personal del impetrante de tutela; así como, a las garantías del debido proceso, concretamente en sus componentes de celeridad, justicia pronta y oportuna, y tutela judicial efectiva; esta omisión, transformó el recurso de apelación de un instrumento sumario y eficaz en uno dilatorio e ineficaz. En consecuencia, corresponde conceder la tutela solicitada, en el marco de una acción de libertad traslativa o de pronto despacho, aclarando que dicha tutela se limita a la falta de remisión oportuna del legajo procesal y no afecta la valoración de fondo sobre la situación procesal (libertad o detención preventiva) del accionante; la cual, es competencia de la jurisdicción ordinaria. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, evaluó de forma parcialmente correcta, los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 40/2022 de 19 de noviembre, cursante de fs. 18 a 21 pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Novena en suplencia legal de su similar Octavo, ambos de El Alto del departamento de La Paz; en consecuencia, 1° CONCEDER la tutela impetrada, en relación a Ángel René Mendoza Montesinos y Nora Mamani Mamani Juez y, Secretaria, del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, respectivamente, en base a lo desarrollado en el presente fallo constitucional; disponiendo, en caso de no haberlo hecho, la remisión inmediata del recurso interpuesto por el accionante; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto a Lizbeth Flores Butrón, Auxiliar del señalado Juzgado. Todo conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía MSc. Isidora Jiménez Castro MAGISTRADO MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0547_2025-S4.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1e6327922cd412253e91262366978527550f3aea9ee1b6f182cfb8c39f40022d
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