Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 10 de junio de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación de infante, niño, niña o adolescente, a fin de solicitar la cesación a la detención preventiva -no obstante estar la causa con sentencia condenatoria y en trámite de apelación restringida-; solicitó a las autoridades demandadas -a su turno- promover pericia psicológica -debiendo resaltar que la misma fue requerida para que se practique a su persona, no asi para la víctima-; sin embargo, dichas peticiones fueron denegadas pese a estar vinculadas con el derecho a la libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 07/2022 de 29 diciembre, cursante de fs. 16 vta. a 19 vta., emitida por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia; 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, dejando sin efecto la providencia fiscal de 25 de noviembre de 2022; 2° Disponer que el Ministerio Público, a través del Fiscal de Materia a cargo del proceso, en el plazo de cuarenta y ocho horas de su legal notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, emita un nuevo pronunciamiento considerando los lineamientos de este fallo constitucional y el Protocolo Interinstitucional para la atención y protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres Víctimas de Violencia, por tratarse de una víctima menor de edad, cuya revictimización -al producir prueba válida únicamente para resolver la solicitud de cesación a la detención preventiva- debe evitarse; 3° DENEGAR la tutela en relación a Pablo Reinaldo Zelaya Villanueva, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Tarija; y, 4° Dimensionar el presente fallo constitucional considerando el transcurso del tiempo, debiendo cumplirse lo dispuesto únicamente en caso de no haber cambiado la situación jurídica del accionante, en mérito a determinaciones posteriores.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0547/2025-S3 Sucre, 10 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 52762-2022-106-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 07/2022 de 29 de diciembre, cursante de fs. 16 vta., a 19 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Oscar Ayala Rocabado en representación sin mandato de Javier Lucio Alanez contra Pablo Reinaldo Zelaya Villanueva, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Tarija; Moisés Álvaro Cardona Sánchez y Miguel Ángel Tapia Paz, Fiscales de Materia.
El accionante a través de su representante, por memorial presentado el 27 de diciembre de 2022, cursante de fs. 1 y 7 a 9 vta., manifestó que:
Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de Infante, Niño, Niña o Adolescente, concurre una sentencia condenatoria en su contra, que se encuentra en trámite de apelación restringida; en ese entendido, el 24 de noviembre de 2022, a efectos de promover la cesación de la detención preventiva, propuso pericia psicológica. Mediante providencia de 25 de igual mes y año, Miguel Ángel Tapia Paz, Fiscal de Materia -hoy codemandado-, dispuso, que su persona debió tener en cuenta el estado del proceso en el cual se remitió acto conclusivo; toda vez que, el Ministerio Público se encontraba impedido de continuar con los actos investigativos dentro la causa. Por otro parte, el solicitante pudo proponer cualquier circunstancia que considere pertinente como elemento de descargo ante la autoridad judicial, para el desarrollo en su momento procesal. Se debe dejar establecido que, a momento de presentar acusación, el Fiscal de Materia asumió haber perdido competencia; sin embargo, sería quien debió autorizar la promoción de diligencias vinculadas a derechos primigenios y promover su protección conforme establece la SCP 0505/2019-S3 de 26 de agosto. Es decir, fue la autoridad llamada por ley, a fin de autorizar la pericia, cuya finalidad era obtener elementos para tramitar la cesación a la detención preventiva; a pesar de ello, se negó su petitorio, sin establecer quien sería la autoridad competente; encontrándose, restringido el debido proceso en relación con el derecho a la libertad. Mediante memorial de 29 de noviembre de igual año, presentó dicha solicitud ante la autoridad jurisdiccional codemandada, quien mediante decreto de 30 de citado mes y año, señaló que: “…tomando en cuenta que el contexto de la petición defensiva está referida a la actividad probatoria a generarse por el Tribunal que por imperativo del Art. 279 del Código de Procedimiento Penal, no puede realizar actos de investigación que comprometan su imparcialidad corresponde denegar la petición impetrada…” (sic). Situación que, violenta el derecho a la libertad y al debido proceso.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, citando al efecto los arts. 14.III, 23.I, 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8, 9 y 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela disponiendo dejar sin efecto el “requerimiento fiscal” (sic) de 25 de noviembre de 2022 y la providencia de 30 de igual mes y año del juzgador, determinando -según la jurisprudencia constitucional- cuál de las autoridades demandadas deben tener las postulaciones vinculadas sus derechos al debido proceso y a la libertad.
Celebrada la audiencia virtual, el 28 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 14 a 16 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratificó los argumentos expresados en su memorial de acción de libertad, y ampliándolo señaló que: a) Efectivamente fue declarado responsable de un ilícito con condena en primera instancia, circunstancia que no limita la posibilidad de postulación de la cesación a la detención preventiva; pues, la presunción de inocencia se mantiene hasta la ejecución de la Sentencia. Fallo que se encuentra con apelación restringida; b) No se puede coartar la posibilidad de acceso a elementos vinculados al derecho a la libertad de una persona, bajo el argumento de haberse perdido competencia y que debió ser la autoridad jurisdiccional ante quien se debió proponer cualquier circunstancia; y, dicha magistratura diga que se estaría inmiscuyendo en actos de investigación; c) No pidió prueba para determinar la autoría; pues, ya existiría una sentencia. Pero sí existen elementos que determinaron la detención preventiva, los que deben ser analizados desde una óptica racional; d) No se puede dejar indefenso a quien solicita elementos para demandar la cesación a la detención preventiva; y, e) Es el Ministerio Público quien debe atender los petitorios expresos relacionados al derecho a la libertad, hasta que la sentencia se encuentre debidamente ejecutoriada.
Pablo Reinaldo Zelaya Villanueva, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Tarija, mediante informe escrito presentado el 28 de diciembre de 2022, cursante de fs. 13 y vta., señaló que: 1) Se ratifica en el proveído de 30 de noviembre de 2022; toda vez, que la naturaleza de la petición denegada, involucró la necesidad de producir prueba y que por imperativo del art. 180 de la CPE, no se puede comprometer su imparcialidad; y, 2) La naturaleza de la cesación a la detención preventiva prevista por el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), se rige bajo el aforismo latino actore incumbit, mediante el cual, le corresponde al interesado efectuar la dinámica probatoria que considere pertinente. Pues, no se puede ser juez y parte a la vez, disponiendo simultáneamente actos de producción probatoria que a la postre sea el fundamento de desiderátum a adoptarse. Moisés Álvaro Cardona Sánchez y Miguel Ángel Tapia Paz, Fiscales de Materia, asistieron a la audiencia de garantías; empero, no intervinieron en la misma, tampoco presentaron informe escrito alguno.
Gabriela Soruco Llampa, representante del Ministerio Público, en la audiencia de garantías, refirió que, la solicitud impetrada, fue atendida de manera oportuna, siendo categórico el fiscal titular al hacer referencia que no era posible dar lugar a la solicitud de pericia, por cuanto el proceso ya se encontraría con pliego acusatorio, lo que imposibilitaba realizar actos de investigación, tomando en cuenta que la solicitud se realizó conforme al art. 306 del CPP; pues, el impetrante de tutela propuso una diligencia de investigación, la que fue negada de manera fundamentada. Encontrándose el caso, incluso con sentencia condenatoria, no siendo previsible realizar dicho acto.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 07/2022 de 29 de diciembre, cursante de fs. 16 vta. a 19 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El 23 de noviembre de 2022, el impetrante de tutela propuso una pericia psicológica fundada en el art. 306 del CPP, señalando que las partes podrán proponer actos o diligencias de investigación en cualquier momento de la etapa preparatoria. El prenombrado, refirió que el caso se encontraría con sentencia condenatoria en etapa de apelación restringida; es decir, su petición no se adecuaba a la fundamentación jurídica señalada en su memorial presentado ante el Ministerio Público; ii) Cuando el Fiscal de Materia rechace la proposición de diligencias que se estimen esenciales, las partes podrán objetar el rechazo ante el superior jerárquico, quien resolverá lo que corresponda en el plazo de setenta y dos horas; iii) En relación a la petición realizada el 29 del mes y año señalados, ante el Tribunal de Sentencia Primero de la Capital del departamento de Tarija, con los mismos fundamentos; de igual manera, se resolvió de manera fundamentada señalando, que el Tribunal no puede realizar actos de investigación; toda vez que, dicha petición se refirió a una actividad probatoria a generarse por dicho Tribunal conforme le art. 279 del CPP. Es decir, se fundamentó la razón de la negativa y con base a ello, la parte impetrante de tutela pudo hacer uso del recurso de reposición contra dicha providencia, tomando en cuenta el art. 180 de la CPE; y, iv) La SC 0105/2010-R de 10 de mayo, señaló que previo a acudir a la acción de libertad, deben agotarse todos los mecanismos que establece la ley procesal penal en la jurisdicción ordinaria. Es decir, debió agotarse la subsidiariedad. En vía de aclaración, enmienda y complementación, a través de su representante, solicitó explicar porque se resta la aplicación del art. 306 del CPP, ya que el petitorio se encuentra vinculado con el derecho a la libertad; y, si al concurrir una sentencia condenatoria en primera instancia; porque no se tendría la posibilidad de atender su petitorio, afín a dicho derecho. En sustanciación de dicha solicitud, el Tribunal de garantías señaló que la Resolución pronunciada fue bastante clara, siendo las autoridades demandas quienes resolverán las solicitudes de acuerdo a su competencia y la aplicación de las normas en vigencia.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial de 23 de noviembre de 2022, presentado dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de Infante, Niño, Niña o Adolescente, Javier Lucio Alanez -accionante-, propuso a Moisés Álvaro Cardona Sánchez, Fiscal de Materia, pericia psicológica, fundando la misma en los arts. 204, 205, 209, 211 y 306 del CPP. En su mérito, mediante providencia de 25 de igual mes y año, Miguel Ángel Tapia Paz, Fiscal de Materia, determinó: “…1.- Que la parte solicita la realización de Pericia Psicológica en su persona, sin embargo se debe tener en cuenta el estado del proceso en el cual se ha emitido acto conclusivo, teniéndose que el Ministerio Público se encuentra impedido de continuar con actos investigativos dentro del mismo.
2.- Por otra parte, el solicitante podrá proponer cualquier circunstancia que considere pertinente como elemento de descargo ante la autoridad judicial para su desarrollo en su momento procesal…” (sic [fs. 2 y 3]).
II.2. Mediante escrito presentado el 29 de noviembre de 2022, ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del citado departamento, con los mismos argumentos de la solicitud que antecede, propuso igual prueba pericial sobre su persona; en virtud a lo cual, por decreto de 30 del citado mes y año, Pablo Reinaldo Zelaya Villanueva, Juez del mencionado Tribunal, hoy demandado, señaló que, tomando en cuenta que el contexto de la petición defensiva está referida a la actividad probatoria a generarse por el Tribunal quien por imperativo del art. 279 del CPP no puede realizar actos de investigación que comprometan su imparcialidad corresponde denegar la petición impetrada (fs. 4 a 5 y 6).
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación de infante, niño, niña o adolescente, a fin de solicitar la cesación a la detención preventiva -no obstante estar la causa con sentencia condenatoria y en trámite de apelación restringida-; solicitó a las autoridades demandadas -a su turno- promover pericia psicológica -debiendo resaltar que la misma fue requerida para que se practique a su persona, no asi para la víctima-; sin embargo, dichas peticiones fueron denegadas pese a estar vinculadas con el derecho a la libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0134/2018-S4 de 16 de abril, realizando la modulación a la SCP 0415/2015-S3 de 23 de abril, estableció que: “En varios fallos emitidos por este Tribunal Constitucional Plurinacional, se estableció que la autoridad encargada de emitir los requerimientos necesarios para obtener documentación destinada a la presentación de una solicitud de cesación a la detención preventiva, durante la etapa preparatoria es el Fiscal de Materia, aclarando que la figura cambiaba si se había presentado la acusación formal, recayendo la obligación en la autoridad que ejercía el control jurisdiccional; así la SCP 0415/2015-S3 señaló: ‘Finalmente, en este contexto y siendo que se trata de una nueva solicitud diferente a la tratada en la SCP 0110/2014-S1, corresponde cambiar el criterio de la Sentencia citada, en sentido que habiéndose presentado la acusación fiscal toda solicitud relacionada a medidas cautelares debe conocerse por el Juez de Instrucción, ello mientras no se radique la causa ante el Tribunal de Sentencia pues dicha autoridad se encuentra aun ejerciendo el control jurisdiccional; en razón a que: 1) En el proceso penal el Fiscal de Materia al presentar la acusación formal ante el Juez de Instrucción en lo Penal -después de haberse hecho cargo de la dirección funcional de la etapa preparatoria y de la investigación, estima que existen los suficientes fundamentos y elementos de prueba para el enjuiciamiento público del procesado, conforme establece el art. 323 inc. 1) del CPP- se constituye en parte contraria del mismo; en ese entendido, no es coherente ni razonable que dicha autoridad viabilice requerimientos para sustentar la solicitud de cesación a la detención preventiva que tendrá como lógica consecuencia la obtención de la libertad provisional del procesado; (…)’. De lo expuesto ut supra, se advierte que el razonamiento realizado por este Tribunal Constitucional Plurinacional, debe mutar, considerando que en toda modulación corresponde efectivizar el acceso efectivo a la justicia y la eficacia de los derechos fundamentales. (…) A la luz de este marco constitucional y legal, se tiene que el Ministerio Público se constituye en una institución de especial importancia en la eficacia de la persecución penal pública y representa a la sociedad velando el respeto de los derechos y garantías constitucionales; en este contexto, sus actuaciones deben enmarcarse dentro de los principios y valores constitucionales, y al bloque de convencionalidad; es así que, si el Ministerio Público mediante sus representantes, presentan la acusación formal conforme el art. 323 inc. 1) del CPP, y se constituye en parte contraria de la o del imputado, eso no impide de ninguna manera, que aún pueda emitir requerimientos fundamentados, dando curso a solicitudes que sirvan para recolectar elementos para una petición de cesación a la detención preventiva, tomando en cuenta que la referida cesación es un instituto accesorio al proceso principal –donde no se discute si el imputado es culpable o no– en el cual, éste debe suscitar un incidente que aborde las causales establecidas en el art. 239 del CPP, y que en caso de ser declarado procedente, no tiene ninguna repercusión para el fondo del proceso, pues las medidas cautelares –como se dijo– es un instituto procesal tendiente a evitar los peligros de obstaculización del proceso y buscan asegurar la presencia del imputado en el juicio, siendo una de sus características que estas medidas no causan estado; de ahí su revestimiento de su carácter excepcional, instrumental y de necesidad.
Consiguientemente, a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, el Ministerio Público tiene el deber de emitir requerimientos para la obtención de documentos que sirvan a la o el imputado a presentar un incidente de cesación a la detención preventiva, aún exista acusación formal; sin perjuicio de que éste, también pueda hacerlo directa y particularmente efectivizando su derecho constitucional a la petición, pues el art. 24 de la CPE, señala que: ‘Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario’; similar precisión, está inserta en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en su art. XXIV, precisa: ‘Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución’. Por su parte, la doctrina estableció que de este derecho constitucionalmente reconocido, acontecen dos consecuencias: la de ‘…no ser castigado por solicitar algo al Estado…’ y ‘…la de obtener una respuesta de la autoridad a la que se dirige (…). Tal derecho a respuesta –independientemente del contenido de ella–, en un término razonable, resulta obligado en un régimen republicano donde las autoridades son responsables ante la comunidad, y ésta es fuente del poder de aquellos. Además, el derecho a respuesta da sentido y solidez al derecho de peticionar’ (Sagüés, Néstor Pedro. Elementos de Derecho Constitucional. Tomo 2, editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina 1999). Consiguientemente, cuando ya exista acusación formal, independientemente de que se acuda o no al Ministerio Público, la o el imputado puede solicitar la documentación que requiera para su cesación a la detención preventiva de manera directa, descongestionando así la labor del Ministerio Público; considerándose también que en el instituto de medidas cautelares rige la libertad probatoria y a partir de esta facultad, será el juez o tribunal quien le otorgue el valor que corresponda a la prueba, en coherencia con ello, se aclara que en este instituto no rige la exclusión probatoria siendo un medio diseñado exclusivamente para el juicio oral” (las negrillas nos pertenecen).
Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de Infante, Niño, Niña o Adolescente, a través de memorial de 23 de noviembre de 2022, el accionante, propuso a Moisés Álvaro Cardona Sánchez, Fiscal de Materia -codemandado-, pericia psicológica, fundando la misma en los arts. 204, 205, 209, 211 y 306 del CPP. En su mérito, mediante providencia de 25 de igual mes y año, Miguel Ángel Tapia Paz, Fiscal de Materia -codemandado, dispuso: “…1.- Que la parte solicita la realización de Pericia Psicológica en su persona, sin embargo se debe tener en cuenta el estado del proceso en el cual se ha emitido acto conclusivo, teniéndose que el Ministerio Público se encuentra impedido de continuar con actos investigativos dentro del mismo. 2.- Por otra parte, el solicitante podrá proponer cualquier circunstancia que considere pertinente como elemento de descargo ante la autoridad judicial para su desarrollo en su momento procesal…” (sic [Conclusión II.1]).
Por otra parte, mediante escrito presentado el 29 de noviembre de 2022, ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del citado departamento, con los mismos argumentos de la solicitud que antecede, el prenombrado, propuso similar prueba pericial; en virtud a lo cual, por decreto de 30 del citado mes y año, Pablo Reinaldo Zelaya Villanueva, Juez del referido Tribunal,-codemandado-, señaló que, tomando en cuenta que el contexto de la petición defensiva está referida a la actividad probatoria a generarse por el Tribunal quien por imperativo del art. 279 del CPP, no puede realizar actos de investigación que comprometan su imparcialidad corresponde denegar la petición impetrada (Conclusión II.2).
En ese contexto, el accionante a través de su representante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación de Infante, Niño, Niña o Adolescente, a fin de solicitar la cesación a la detención preventiva -no obstante estar la causa con sentencia condenatoria y en trámite de apelación restringida-; solicitó a las autoridades demandadas -a su turno-, promover pericia psicológica sobre su persona; sin embargo, dichas peticiones fueron negadas pese a estar vinculadas con el derecho a la libertad.
Al respecto, corresponde precisar, que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; si bien el Ministerio Público a través de sus representantes, formula acusación formal, constituyéndose en parte contraria de la o del imputado. Ello no imposibilita que aún pueda emitir requerimientos fundamentados, gestionado o dando curso solicitudes de elementos que permitan viabilizar una petición de cesación a la detención preventiva; máxime, si la cesación se erige como un instituto accesorio al proceso principal en el cual no se discute el fondo del asunto. Consecuentemente, habiendo asumido de los antecedentes esgrimidos, que la causa penal de la cual irrumpió la presente acción tutelar, se encuentra con sentencia condenatoria en trámite de apelación restringida, tal situación procesal no impide que el Fiscal de Materia codemandado pueda emitir los requerimientos relativos a la proposición de pericia psicológica impetrada por el accionante, -debiendo resaltar que la misma fue requerida para que se practique a su persona, no asi para la víctima-; ello con la finalidad de obtener un instrumento que sirva al prenombrado a presentar incidente de cesación a la detención preventiva; pues, -tal cual se señaló supra-, la cesación a la detención preventiva no constituye un instituto accesorio a la causa principal. Pudiendo el encausado de igual manera, -sin perjuicio del incidente formulado- postular su solicitud de manera directa, en sumisión al derecho de petición consagrado por el art. 24 de la Norma Fundamental. Por lo tanto, en virtud a las consideraciones expuestos precedentemente, las alegaciones efectuadas a su turno por las autoridades demandadas, y los argumentos expresados en la propia resolución emitida por el Tribunal de garantías, no condicen con lo establecido a través de la jurisprudencia constitucional citada en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Finalmente, considerando los fundamentos expresados en el presente fallo constitucional, corresponde denegar la tutela en relación a Pablo Reinaldo Zelaya Villanueva, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Tarija. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 07/2022 de 29 diciembre, cursante de fs. 16 vta. a 19 vta., emitida por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia; 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, dejando sin efecto la providencia fiscal de 25 de noviembre de 2022; 2° Disponer que el Ministerio Público, a través del Fiscal de Materia a cargo del proceso, en el plazo de cuarenta y ocho horas de su legal notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, emita un nuevo pronunciamiento considerando los lineamientos de este fallo constitucional y el Protocolo Interinstitucional para la atención y protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres Víctimas de Violencia, por tratarse de una víctima menor de edad, cuya revictimización -al producir prueba válida únicamente para resolver la solicitud de cesación a la detención preventiva- debe evitarse; 3° DENEGAR la tutela en relación a Pablo Reinaldo Zelaya Villanueva, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Tarija; y, 4° Dimensionar el presente fallo constitucional considerando el transcurso del tiempo, debiendo cumplirse lo dispuesto únicamente en caso de no haber cambiado la situación jurídica del accionante, en mérito a determinaciones posteriores.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0547_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): f3eb9af672782ae891db943a82d392d28ac74d173ac58759da7022b0ad9d7013
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →