B.IA.LEGAL

SCP 0547/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 22 de junio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
22 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
46631-2022-94-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denunció la lesión de su derecho al debido proceso en su elemento celeridad, vinculado con su libertad, en mérito a que la autoridad demandada, de manera reiterada reprograma la audiencia de control jurisdiccional, que solicitó en virtud a que el representante del Ministerio Público estaría actuando de manera irregular en el proceso penal por el cual es investigado por el presunto delito de lesiones gravísimas y en el que se dispuso su detención preventiva mediante Resolución de 4 de marzo de 2022, decisión que fue objeto de apelación. En consecuencia, corresponde verificar en revisión, si lo alegado es evidente y en su caso, si amerita conceder o no la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 19 de marzo de 2022, cursante de fs. 113 a 116, pronunciada por el Juzgado de Sentencia Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Tutela del derecho al debido proceso mediante la acción de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0547/2023-S4 Sucre, 22 de junio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 46631-2022-94-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 19 de marzo de 2022, cursante de fs. 113 a 116, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gladys Terán Rodríguez en representación sin mandato de José Tito Terán Rodríguez contra Carla Azucena Antequera Rocha, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primera de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 17 de marzo de 2022, cursante de fs. 94 a 97, el accionante a través de su representante sin mandato, señaló lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

De la confusa redacción del memorial de acción de libertad, se puede establecer que, encontrándose el impetrante de tutela procesado por el presunto delito de lesiones gravísimas, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primera de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba, mediante Resolución de 4 de marzo de 2022, dispuso su detención preventiva, pese a haber denunciado varias irregularidades en el proceso atribuidas al representante del Ministerio Público; por lo cual, no conforme con la determinación interpuso recurso de apelación. No cumpliendo con el plazo para que la citada Jueza –hoy demanda–, remita su apelación al Tribunal de alzada, interpuso contra ésta acción de libertad, producto de la cual, la referida autoridad, remitió el legajo procesal para la sustanciación de su recurso; en consecuencia, el Juez de garantías –de dicha acción de libertad– le concedió la tutela en la modalidad innovativa, al haberse superado el hecho denunciado. Empero, ordenó a la autoridad de control jurisdiccional resuelva con celeridad las denuncias por situaciones irregulares cometidas por el Fiscal a cargo del caso; en cumplimento de esta decisión, la autoridad judicial demanda, señaló audiencia para el 15 de marzo de 2022, con el objeto de efectuar el control jurisdiccional, la misma que fue suspendida para el 18 del mismo mes y año, “…a esto plante reposición y enmienda y complementación” (sic) pretensiones que le fueron denegadas; por lo cual, denunció una dilación innecesaria para que se efectué el control jurisdiccional, pues señaló que no se instaló la mencionada audiencia; por lo que, interpuso la presente acción de tutela.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante denunció la lesión de su derecho al debido proceso en su elemento celeridad, vinculada con su derecho a la libertad citando al efecto, los arts. 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se le conceda la tutela impetrada y, en consecuencia, se ordene a la autoridad jurisdiccional demandada “…la instalación inmediata de la audiencia y no cause más dilación” (sic), además que, se disponga la remisión de antecedentes al Tribunal disciplinario y al Ministerio Público, y el pago de costas en su favor.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 19 de marzo de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 111 a 112 vta., presentes la parte impetrante de tutela y la autoridad jurisdiccional demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte solicitante de tutela a través de su abogada en audiencia, ratificó el tenor integro de su acción de libertad, señalando además que, el control jurisdiccional no se cumple, pues las irregularidades que el Ministerio Púbico cometió aún persisten hasta el momento de haber planteado esta acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad jurisdiccional demandada

Carla Azucena Antequera Rocha, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primera de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba, en audiencia de consideración de la acción señaló que: a) Minutos antes de ser notificada con la presente acción de libertad, el accionante presentó memorial de queja, la misma que siendo providenciada y notificada, mereció la orden de que el Fiscal de Materia del caso, informe sobre las solicitudes planteadas por el imputado, en particular aquellas referidas a que dicha autoridad fiscal no hubiera subido al sistema cierta documentación del proceso investigativo; b) En la audiencia virtual para ejercer el control jurisdiccional el hoy accionante tuvo problemas de conexión; c) Es evidente que una vez dispuso su detención preventiva esta decisión fue apelada y remitida al cuarto día al Tribunal de alzada; empero, porque en la ciudad existían bloqueos que impidieron hacerlo antes; d) Ante esa demora, el impetrante de tutela interpuso una acción de libertad, la misma que fue concedida en parte, exhortando a su autoridad a que no se repitan las dilaciones innecesarias y denegando respecto a la audiencia de control, jurisdiccional; e) La audiencia para ejercer el control jurisdiccional, se programó para el 15 de marzo de 2022; por ello, al encontrase con baja médica, se suspendió la misma para el 17 de igual mes y año, la cual ante la incomparecencia de la parte denunciante y en aplicación del principio de inmediación, el Juez en suplencia legal reprogramó la tal acto procesal para un día después; y, f) La audiencia se llevó acabo el 18 de marzo de 2022, en la cual se ordenó al Fiscal de Materia a cargo del caso suba al sistema digital, los actuados correspondientes para que la parte solicitante de tutela no sufra los inconvenientes que denunció.

I.2.3. Resolución del Tribunal de garantías

El Juzgado de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución de 19 de marzo de 2022, cursante de fs. 113 a 116, denegó la tutela solicitada, conforme los siguientes argumentos: 1) El accionante se encuentra procesado por la presunta comisión del delito de lesiones gravísimas, y graves y leves, motivo por el cual la Jueza hoy demandada, el 4 de marzo de 2022, dispuso su detención preventiva a cumplirse en el Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo del indicado departamento, decisión que fue apelada, y ante la dilación en la remisión de obrados al Tribual de alzada, el hoy impetrante de tutela interpuso una primera acción de libertad, la misma que fue concedida en la modalidad innovativa ante la demora de la remisión del legajo de apelación y siendo denegada en relación a otros aspectos, como una presunta actuación indebida del Fiscal de Materia; 2) Evidenciándose que, una vez que la pretensión de la parte accionada fue denegada, nuevamente se interpone otra acción de libertad con el mismo objetivo, es decir la corrección de actuaciones presuntamente indebidas del Fiscal del caso; y, 3) Siendo que la SCP 0137/2015 de 19 de febrero, ha establecido que no es posible activar dos acciones de libertad sobre la misma causa, sin ingresar a mayores consideraciones, ni un análisis de fondo corresponde denegar la tutela.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Se tiene memorial presentado el 4 de marzo de 2022, Edwin Waldo Iriarte Terrazas, Fiscal de Materia; por el que, remitió en calidad de aprehendido a José Tito Terán Rodríguez, investigado por el presunto delito de lesiones graves y leves al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba, al mismo tiempo que presentó imputación formal en contra de este, solicitando al efecto la aplicación de medidas cautelares (fs. 73 a 75). II.2. Consta Resolución Constitucional 002/2022 de 10 de marzo emitida por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante la cual, se concedió la tutela al hoy accionante en la modalidad innovativa, ante la demora en la remisión de su apelación planteada contra la Resolución que dispuso su detención preventiva de 4 de marzo de 2022; y denegó respecto a otros aspectos, también en cuanto a Edwin Waldo Iriarte Terrazas, Fiscal de Materia (fs. 7 a 12).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció la lesión de su derecho al debido proceso en su elemento celeridad, vinculado con su libertad, en mérito a que la autoridad demandada, de manera reiterada reprograma la audiencia de control jurisdiccional, que solicitó en virtud a que el representante del Ministerio Público estaría actuando de manera irregular en el proceso penal por el cual es investigado por el presunto delito de lesiones gravísimas y en el que se dispuso su detención preventiva mediante Resolución de 4 de marzo de 2022, decisión que fue objeto de apelación. En consecuencia, corresponde verificar en revisión, si lo alegado es evidente y en su caso, si amerita conceder o no la tutela solicitada.

III.1. Tutela del derecho al debido proceso mediante la acción de libertad

Al respecto la SCP 0652/2022-S4 de 30 de junio, estableció que: “La Jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional Plurinacional en cuanto al debido proceso y su relación con la acción de libertad ha sido desarrollada ampliamente y de manera general señaló claramente que la acción de libertad se activa cuando el procesamiento indebido ha afectado de manera directa con los derechos y garantías vulnerados como son la libertad física y de locomoción; así, la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, establece lo siguiente: ‘De la delimitación de la naturaleza jurídica de la acción de libertad, se desprenden los siguientes presupuestos de activación de este mecanismo de defensa: 1) Cuando considere que su vida está en peligro; 2) Que es ilegalmente perseguida; 3) Que es indebidamente procesada; y, 4) O privada de libertad personal o de locomoción. Respecto a las denuncias referidas a procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es el amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. Con relación a este tema, la doctrina desarrollada por este Tribunal Constitucional, estableció que la protección otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede utilizarse para salvar la negligencia de la parte demandante. En similar sentido se pronunció este Tribunal en las SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras. «ʽ(…) Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional (…) para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad…»ʼ” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

Antes de ingresar en el análisis de lo demandado, cabe aclarar que José Tito Terán Rodríguez, se encuentra sometido a un proceso investigativo por la presunta comisión del delito de lesiones gravísimas y que, enterado del mismo, según señala, horas antes de la audiencia de medidas cautelares, cuestionó que el representante del Ministerio Público no hubiera efectuado los actuados pertinentes que corresponden al proceso investigativo y en particular, no le hizo conocer cierta documentación, que no fue subida al sistema, aspecto que fue reclamado en la audiencia de medidas cautelares de 4 de marzo de 2022 (Conclusión II.1), luego de la cual la Jueza hoy demandada dispuso su detención preventiva, decisión que según sostiene el propio accionante, fue apelada de acuerdo a procedimiento. En ese marco y según sostiene que el impetrante de tutela, una vez apelada la Resolución que dispuso su detención preventiva, la Jueza hoy demandada, no remitió obrados al Tribunal de alzada, para que fuera resuelto su recurso de apelación de medidas cautelares, ante lo cual interpuso una acción de libertad, cuestionando: i) La falta de remisión de su apelación; y, ii) Que el proceso no cuenta con control jurisdiccional, ya que el Fiscal de Materia a cargo del caso, le hubiere ocultado cierta documentación de importancia. Al respecto, mediante Resolución Constitucional 002/2022 de 10 de marzo la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en relación a la primera denuncia, concedió la tutela en la modalidad innovativa, pues el mismo día de la audiencia, la extrañada remisión había sido cumplida, y denegó respecto a la segunda denuncia señalando que la misma debe ser resuelta por la propia autoridad jurisdiccional demandada (Conclusión II.2). Ahora bien, la autoridad demandada, respecto a la segunda denuncia –que es el objeto principal de la presente acción de libertad–, según señaló en su informe, remitió la misma al representante del Ministerio Público, y al efecto fijó día y hora para una audiencia que resolvería dicha situación, inicialmente para el 15 de marzo de 2022, pero ante su estado de salud, y contando con baja médica, se reprogramó para el 17 del mismo mes y año; oportunidad que ante la falta de comparecencia de la parte denunciante, el Juez en suplencia legal, reprogramó la audiencia para el 18 de marzo de 2022; verificada la audiencia el citado día –según indicó la autoridad demandada– se dispuso que el represente del Ministerio Publico, suba al sistema digital los documentos correspondientes para que el hoy solicitante de tutela pueda tener conocimiento de los mismos. En ese contexto, corresponde advertir que, la pretendida tutela de su derecho al debido proceso en su elemento celeridad mediante esta acción de libertad, tiene como denuncia principal que la autoridad hoy demandada no hubiera atendido su solicitud de que, mediante el control jurisdiccional, ordene a que el Fiscal de Materia a cargo del caso, efectúe su labor conforme a la norma y sin ocultar ninguna documentación. Por lo cual cabe advertir que, del Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se tiene que, si bien la acción de libertad puede constituirse en un mecanismo que pueda proteger el derecho al debido proceso en sus diferentes elementos, no es menos cierto, que el accionante debe demostrar que la causa de ese indebido procesamiento, se encuentra amenazando o lesionado su derecho a la libertad; concretamente, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, para que el debido proceso pueda ser tutelado por esta acción de defensa, el accionante debe ineludiblemente demostrar que: a) El acto lesivo, entendido como acto u omisión ilegal o indebida denunciado, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, b) Un absoluto estado de indefensión, es decir de que no exista ningún otro mecanismo intra procesal que pueda usar para reparar el presunto daño. En el presente caso, si se considera que, la detención preventiva fue dispuesta mediante Resolución de 4 de marzo de 2022, decisión que no obstante ser apelada, es la que determina la restricción del derecho a la libertad del impetrante de tutela y no así la presunta falta de control jurisdiccional, sobre las actuaciones indebidas del representante del Ministerio Público, al no operar aquella como causa directa de la restricción o amenaza del derecho a la libertad del accionante, que como se refirió anteriormente, se encuentra restringida por una decisión jurisdiccional, la misma que bien podría ser confirmada o revocada, según análisis del Tribunal de alzada en la sustanciación de la apelación planteada. Por otro lado, advertido que la autoridad demandada el 18 de marzo de 2022, resolvió conminar al representante al Ministerio Público a que haga conocer la documentación pertinente al impetrante de tutela, no se advierte que éste no haya obtenido respuesta a su petición, por lo cual no se encuentra en un absoluto estado de indefensión, por el contrario, su solicitud fue resuelta en los marcos normativos aplicables al caso, existiendo un control jurisdiccional efectivo de su situación jurídica. En consecuencia, no siendo posible ingresar a analizar la demanda planteada por la lesión del derecho al debido proceso, pues el acto generador de la alegada lesión no es la causa directa de la restricción del derecho a la libertad del solicitante de tutela, así como no se evidencia por la existencia de un absoluto estado de indefensión, corresponde denegar la tutela impetrada, en aplicación del Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar, aunque con otros argumentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 19 de marzo de 2022, cursante de fs. 113 a 116, pronunciada por el Juzgado de Sentencia Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0547_2023-S4_id63135.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): edf29c47e2b41cab44d17f684186737870471649b9cf3c7a0a5c043d6f3434e7

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