Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 27 de abril de 2026
Deniega la tutela
El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos y los de su hija AA de un año y ocho meses de edad, a la seguridad social, a la vida, a la salud y a la alimentación; puesto que, la entidad accionada, hasta la interposición de la presente acción tutelar, no procedió a la cancelación total de las asignaciones familiares sino únicamente de natalidad y dos de lactancia, adeudando -cinco prenatales- y -diez de lactancia-, mismos que al no ser otorgadas de manera oportuna, corresponde que sean canceladas en dinero y de manera retroactiva. Al respecto, la entidad accionada, no remitió informe alguno ni se presentó a la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 038/2023 de 22 de junio, cursante de fs. 47 a 52, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, base de los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y,
2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y de manera excepcional mantener invariables los actos que eventualmente hubiesen sido realizados como consecuencia de la concesión de la tutela dispuesta por la mencionada Sala Constitucional, de acuerdo a lo expuesto precedentemente.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0546/2026-S3 Sucre, 27 de abril de 2026 SALA Tercera Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 56651-2023-114-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 038/2023 de 22 de junio, cursante de fs. 47 a 52, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Diego Almendras Escobar contra Marco Antonio Quintanilla Rozas, Administrador de la Caja Nacional de Salud (CNS) Regional Beni.
Por memorial presentado el 13 de junio de 2023, cursante de fs. 1 y 17 a 23, el accionante manifiesta lo siguiente:
Ingresó a trabajar en la entidad ahora demandada tras la suscripción de varios contratos laborales desde marzo de 2020 hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar; durante el transcurso de dicha relación laboral, procreó a su hija AA, quien actualmente cuenta con un año y cinco meses de edad. No obstante, en lo que respecta a las asignaciones familiares, únicamente le fueron otorgados los subsidios de natalidad y dos de lactancia; por tal motivo, interpone la presente acción con el fin de que los subsidios devengados le sean cancelados de manera oportuna, considerando un total de quince subsidios: cinco prenatales y diez de lactancia, equivalentes a Bs2.000.- (dos mil bolivianos) por cada mes, lo que asciende a un total de Bs30.000.- (treinta mil bolivianos). Alega que, dicha espera puso en grave riesgo la nutrición y formación física y psicológica no solo de su esposa en condición de madre lactante sino especialmente de su hija recién nacida, debido a la falta de acceso a las prestaciones familiares correspondientes; razón por la cual, con el propósito de precautelar la vida y la salud de ambas, solicita el pago de los subsidios adeudados en dinero, toda vez que su entrega en especie ya no corresponde, habiendo cubierto previamente los gastos de alimentación de su hija con recursos propios.
Denunció la lesión de sus derechos y los de su hija menor de edad, a la seguridad social, a la vida, a la salud y a la alimentación; citando al efecto los arts. 15.I, 18.I, 45.I, II, III y V, y 48.I, II, III y IV de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia, se disponga: a) La cancelación de las asignaciones familiares de manera retroactiva correspondiente a quince subsidios devengados -cinco prenatales- y -diez de lactancia-, en razón de Bs2 000.- por cada mes, haciendo la suma total de Bs30 000.- que le corresponden a su hija; y, b) Sea con la imposición del pago de costas procesales, daños y perjuicios en favor de su hija AA, por la no entrega oportuna de dichos subsidios.
Celebrada la audiencia virtual el 22 de junio de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 46 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela a través de su abogado, ratificó in extenso el tenor de la acción de amparo constitucional presentada.
Marco Antonio Quintanilla Rozas, Administrador de la CNS Regional de Beni, no presentó informe escrito, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación de forma oral en la audiencia suspendida el 16 de mayo de 2023, cursante a fs. 34 vta.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, por la Resolución 038/2023 de 22 de junio, cursante de fs. 47 a 52, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la entidad accionada en el plazo de tres días hábiles, proceda a cancelar en dinero cinco subsidios prenatales y diez de lactancia al accionante; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) Los extremos reclamados por el accionante no fueron negados por la parte accionada; al contrario, estos fueron reconocidos, pues si bien no presentó informe ni se hizo presente en la audiencia, de la documentación presentada por sus apoderados legales en Secretaría permite evidenciar que únicamente se hizo entrega al accionante del subsidio de natalidad y de dos de lactancia, correspondientes a enero y febrero de 2022; 2) Asimismo, no existiendo pronunciamiento de la parte accionada respecto a la denuncia sobre el incumplimiento en la entrega de los subsidios de cinco prenatales y diez de lactancia, para lo cual, si bien, no se adjuntó el Formulario de Calificación de Beneficios Familiares, los subsidios reclamados fueron reconocidos previamente en el proceso administrativo seguido ante la Jefatura Departamental del Trabajo de Beni; tal reconocimiento fue ratificado mediante Resolución Ministerial (RM) 294/23 de 3 de marzo; y, 3) En ese sentido, y considerando que la entrega oportuna de las asignaciones familiares en especie tiene por finalidad garantizar el desarrollo durante el periodo de gestación y el post-parto hasta que el menor cumpla un año de edad, se concluye que la entidad demandada efectivamente vulneró los derechos fundamentales denunciados; motivo por el cual, corresponde ordenar que la referida entidad proceda al pago de los subsidios devengados en favor del accionante y de su hija AA, en dinero; en aplicación y observancia de la SCP 894/2018-S3 de 31 de octubre, que permite la compensación retroactiva en dinero por subsidios familiares no entregados oportunamente.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. A través de Resolución Ministerial (RM) 294/23 de 3 de marzo de 2023, Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, resolvió:
“PRIMERO.- Al amparo de lo dispuesto por el parágrafo VI del Artículo 13 de la Ley N° 1468 de 30 de septiembre de 2022 -Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales, en mérito a los argumentos expuestos en la presente Resolución Ministerial, CONFIRMAR TOTALMENTE la Resolución de Reincorporación Laboral (…) SEGUNDO.- (…) se realiza la cuantificación de los salarios devengados y otros derechos que correspondan (…) hasta el año de nacimiento de la hija del denunciante, es decir hasta el 6 de enero de la presente gestión (2023), mismo que se traduce en la suma liquida exigible de Bs.- 69.521,61.- (…), así también deberá procederse al pago de las asignaciones familiares previstas en el Decreto Supremo N° 21637 de 25 de junio de 1987 modificado por el Decreto Supremo N° 346 de 01 de mayo de 2018. (…) TERCERO.- La presente resolución deberá ser cumplida en el plazo máximo de tres (3) días hábiles, computables a partir de su notificación. En caso de incumplimiento a lo dispuesto por la presente Resolución Ministerial, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social remitirá antecedentes a conocimiento de la judicatura laboral a los fines de su ejecución conforme establecen los Artículos 14 y 15 de la Ley N° 1468 de 30 de septiembre de 2022…” (sic [las negrillas y el subrayado nos corresponden] fs. 7 a 11 vta.). II.2. Consta Informe con CITE: 381/2023 de 16 de junio, emitido por Marco Antonio Suarez Jiménez, Encargado a.i. RR.HH. de la CNS, por el que, en respuesta a CITE: 061/MAASR/2023 de igual data, en referencia a los periodos de contratación del ahora accionante, hizo constar el siguiente detalle: “1.-Contrato del 24/05/2020 al 20/06/2020 2.-Contrato del 12/06/2020 al 18/09/2020 (…) 1.-Contrato del 04/01/2021 al 02/04/2021 2.-Contrato del 12/04/2021 al 09/07/2021 3.-Contrato del 12/07/2021 al 30/09/2021 4.-Contrato del 09/11/2021 al 30/12/2021 (…) 1.-Contrato del 17/01/2022 al 30/03/2022 2.-Contrato del 28/07/2022 al 30/09/2022” (sic [fs. 45]); asimismo, cursan contratos de trabajo a plazo fijo de 14 de abril, 9 de noviembre, ambos de 2021 y de 24 de enero de 2022, suscritos por el prenombrado y el entonces Administrador Regional de la entidad ahora accionada (fs. 12 a 15 vta.).
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de la Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Conforme el Acuerdo Jurisdiccional de la Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución, emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa (fs. 54 a 58).
El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos y los de su hija AA de un año y ocho meses de edad, a la seguridad social, a la vida, a la salud y a la alimentación; puesto que, la entidad accionada, hasta la interposición de la presente acción tutelar, no procedió a la cancelación total de las asignaciones familiares sino únicamente de natalidad y dos de lactancia, adeudando -cinco prenatales- y -diez de lactancia-, mismos que al no ser otorgadas de manera oportuna, corresponde que sean canceladas en dinero y de manera retroactiva. Al respecto, la entidad accionada, no remitió informe alguno ni se presentó a la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0347/2022-S3 de 26 de abril, citando la SCP 0956/2021-S3 de 24 de noviembre, sostuvo que: «El art. 128 de la CPE, establece que: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley”; a su vez, el art. 129.I de la referida Norma Suprema, señala que: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (las negrillas son nuestras). En coherencia con la última disposición, el art. 54 del CPCo, respecto al principio de subsidiariedad que rige a la acción de amparo constitucional, dispone que: “I. La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo. II. Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando: 1. La protección pueda resultar tardía. 2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela”. En ese sentido, SCP 0055/2018-S1 de 16 de marzo, señaló lo siguiente: “El art. 54 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé que: ‘I. La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo. II. Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando: 1. La protección pueda resultar tardía. 2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela’. Así la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, señala: ‘Que, el carácter subsidiario del recurso de amparo, ha sido desarrollado por abundante jurisprudencia de este Tribunal, así tenemos las SS.CC. 1089/2003-R, 552/2003-R, 106/2003-R, 374/2002-R, entre otras, que señalan que no podrá ser interpuesta esta acción extraordinaria, mientras no se haya hecho uso de los recursos ordinarios o administrativos y, en caso de haber utilizado los mismos deberán ser agotados dentro de ese proceso o vía legal, sea judicial o administrativa, salvo que la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales ocasione perjuicio irremediable e irreparable. Que, de ese entendimiento jurisprudencial, se extraen las siguientes reglas y sub reglas de improcedencia de amparo por subsidiariedad cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución’”» (las negrillas nos corresponden).
Delimitada la problemática traída en revisión, previo a ingresar al análisis de fondo de la misma, resulta necesario remitirse a los antecedentes allegados al expediente, ello considerando que los mismos constituyen la base sobre los cuales se desarrollará el análisis de la presente acción tutelar; así, se tiene que, conforme se advierte del Informe CITE: 381/2023 emitido por el Encargado a.i. RR.HH. de la CNS, el accionante mantuvo una relación de trabajo bajo modalidad de contratos a plazo fijo suscritos con la entidad ahora accionada (Conclusión II.2); asimismo, conforme se advierte de la Conclusión II.1 de este fallo constitucional, el impetrante de tutela acudió a la instancia administrativa con el objeto de solicitar la restitución de sus derechos laborales, instancia en la cual, en fase de revisión la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social a través de la RM 294/23, resolvió confirmar totalmente la resolución de reincorporación laboral, estableciendo no solo la cuantificación de los salarios devengados y otros derechos que correspondan al accionante sino también determinando que deberá procederse al pago de las asignaciones familiares, puntualizando que la Resolución Ministerial debe ser cumplida en el plazo de tres días hábiles, bajo advertencia de remitirse antecedentes a la judicatura laboral para su ejecución forzosa, conforme lo establecido en los arts. 14 y 15 de la Ley del Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales -Ley 1468 de 30 de septiembre de 2022-. Precisado lo anterior, es evidente que en el conocimiento de la solicitud de restitución de derechos laborales, la autoridad administrativa competente a través de una resolución de restitución de derechos laborales -RM 294/23- no solo se pronunció de manera expresa sobre el pago de asignaciones familiares en favor del accionante sino que, como consecuencia de ello, también estableció mecanismos específicos de ejecución forzosa que se encuentran previstos en nuestro ordenamiento jurídico -art. 14 de la Ley 1468-. Ahora bien, remitiéndonos al contenido de la Ley 1468, se advierte que, en su art. 14 ciertamente se establece que en caso de incumplimiento a la resolución de restitución de derechos laborales, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social remitirá antecedentes a conocimiento de la judicatura laboral a los fines de su ejecución; y, sin perjuicio de ello, la o el trabajador podrá solicitar ante el juez de trabajo, la ejecución de la resolución ministerial de restitución de derechos laborales, en un plazo de diez días hábiles computables a partir de su legal notificación. En ese sentido, se tiene que, de acuerdo a normativa especial, la determinación administrativa de reincorporación laboral incluye, cuando corresponda, el reconocimiento de los demás derechos laborales; en consecuencia, ante el incumplimiento de la resolución de restitución de derechos laborales en los que a su vez se reconoce el pago de asignaciones familiares, debe acudirse a la judicatura laboral a los fines de su ejecución, conforme al procedimiento establecido en a partir del parágrafo III del art. 14 de la Ley 1468. En ese contexto normativo, se tiene que si bien la parte accionante alega la lesión de los derechos de su hija AA vinculados a los de su progenitora quienes no hubieran recibido oportunamente cinco subsidios prenatales y diez de lactancia, por lo que podría asimilarse que en el caso corresponde aplicar la excepción de la subsidiariedad inherente a la acción de amparo constitucional al estar en discusión la tutela de derechos y garantías de un grupo vulnerables, una niña de dos años de edad; sin embargo, no se puede desconocer que, el reconocimiento de pago de asignaciones familiares previstas en el Decreto Supremo 21637, fue dispuesta por la RM 294/23, en el segundo punto de la parte dispositiva; ello, como efecto de la confirmatoria total de la Resolución de Reincorporación Laboral 05/2022 PAD-JDTEPS BENI MTEPS-DNC-REDLABA-210-2022 -en el primer punto de la parte resolutiva- que resolvió ordenar al Administrador Regional de la CNS de Beni, a la reincorporación inmediata del ahora accionante, ordenando el pago de salarios devengados. En consecuencia, en observancia del principio de seguridad jurídica, esta jurisdicción no puede omitir considerar que, el núcleo central de reconocimiento de derechos laborales contenido en la RM 294/23 es la inamovilidad laboral del trabajador; y, como efecto de ello, la declaración de pago de asignaciones familiares en su favor; en consecuencia, en el caso concreto, no es posible hacer abstracción del principio de subsidiariedad, debiendo acudir el impetrante de tutela al procedimiento previsto en el art. 14 de la Ley 1468, referido a la ejecución de la resolución de restitución de derechos laborales en la vía judicial, por lo que amerita denegar la tutela solicitada. No obstante, teniendo en cuenta que la concesión inicial dispuesta por la Sala Constitucional inevitablemente hubiera sido ejecutada inmediatamente, es previsible que la parte accionante ya hubiese recibido las asignaciones familiares; en consecuencia, con la finalidad de no retrotraer los efectos de dicha concesión en perjuicio de la niña AA, amerita mantener los efectos de dicha concesión. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 038/2023 de 22 de junio, cursante de fs. 47 a 52, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, base de los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y,
2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y de manera excepcional mantener invariables los actos que eventualmente hubiesen sido realizados como consecuencia de la concesión de la tutela dispuesta por la mencionada Sala Constitucional, de acuerdo a lo expuesto precedentemente. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0546_2026-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7cf398e64bae955f1fe6d2fb7994efb0b8de62fcc7f0444b328455f123af2f92
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