Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 10 de junio de 2025
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 20 de diciembre de 2022, cursante de fs. 145 vta. a 150 vta., dictada por la Jueza de Sentencia Penal, Partido de Trabajo y Seguridad CORRESPONDE A LA SCP 0546/2025-S3 (viene de la pág. 9). Social, Jueza Técnica Primera de Tupiza del departamento de Potosí y en ese orden: 1º DENEGAR la tutela solicitada; y, 2º Exhortar a los abogados de los accionantes que patrocinaron la presentación de esta demanda tutelar, a evitar efectuar planteamientos imposibles de resolver por este medio, sea de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0546/2025-S3 Sucre, 10 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 52757-2023-106-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución de 20 de diciembre de 2022, cursante de fs. 145 vta. a 150 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Fernando Bernal Lázaro y Ninoska Mónica Colque Burgos contra Luz María Vicuña Encinas, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Tupiza del departamento de Potosí; Karen Rocío Condori Vilacahua, Fiscal de Materia; Juan Carlos Delgadillo Caballero y José Carlos Sanabria Zenteno, Funcionarios Policiales; y, Benito Erik Rodas Cerezo.
Por memorial presentado el 19 de diciembre de 2022, cursante de fs. 109 a 116 vta., los accionantes expresaron que:
Se encuentran privados de su libertad de locomoción, por una persecución ilegal, ya que el abogado de la supuesta víctima realizó actos investigativos e intervino en actividades que son de absoluta competencia del Fiscal y del Investigador del caso. Dicho Fiscal se remitió a toda la información proporcionada por el señalado abogado, apartándose del principio de objetividad y legalidad. El referido Investigador no realizó actos que cumplan con sus funciones, no exigió el requerimiento de las investigaciones y ejecutó una Resolución de Aprehensión y un Mandamiento de Allanamiento que había caducado cuarenta y dos días antes, pues fue emitida el 9 de agosto de 2022 y fue ejecutado el 21 de septiembre del mismo año. Por su parte, la Jueza demandada, cuando recibió la imputación formal, no revisó los antecedentes como lo exige el art. 279 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Por otro lado, se vulneró su derecho a la defensa, pues se les notificó para que declaren por la presunta comisión del delito de pornografía; empero, la imputación se amplió al delito de violencia familiar y lesiones graves y gravísimas; asimismo, existe incongruencia entre el domicilio de su aprehensión y el señalado en el mandamiento de allanamiento, que a la vez, había caducado después de noventa y seis horas. Dichos actos ilegales fueron puestos a conocimiento de la Jueza a quo, para su corrección, empero no se recibió respuesta alguna. De esa forma se vulneraron sus derechos a la libre locomoción y al debido proceso, a la inviolabilidad de domicilio, al no haber las autoridades y personas demandadas cumplido con el procedimiento y haber activado y ejecutado requerimientos sin las formalidades legales que no fueron observadas a la hora de determinar su detención preventiva; esos actos fueron efectuados sin que exista control jurisdiccional, cuando debieron realizarse con el conocimiento del Juez cautelar, lo que les causó una privación de libertad de locomoción. La etapa preliminar se inició el 29 de marzo de 2022, se tiene un formulario único de denuncia recibido en despacho fiscal de la indicada data. Luego, se observó la querella, empero no fue subsanada de acuerdo a las observaciones que se hicieron. Hubo un requerimiento de Fiscales al SLIM, Psicología y Trabajo Social el 30 de marzo de 2022, realizados antes de tenerse control jurisdiccional; se solicitó un mandamiento de allanamiento el 4 de abril de 2022 a un domicilio proporcionado por la víctima acompañando fotografías de los domicilios de los imputados. Se advierte un acta de cadena de custodia de los equipos electrónicos colectados el 21 de septiembre de 2022, sin el acta de requisa que se ordenaba en el mandamiento de allanamiento. Se tiene un mandamiento de allanamiento de 9 de agosto de igual año, que tiene una validez de noventa y seis horas y que fue ejecutado sin que el mismo haya sido ordenado en otra jurisdicción por exhorto a un Juez de igual jerarquía. Todas sus declaraciones y de la víctima se efectuaron el 21 de septiembre de 2022 a la misma hora. Finalmente, la imputación formal no tiene la debida fundamentación, motivación y congruencia con los actos investigativos.
Denunciaron la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, inviolabilidad de domicilio, al debido proceso, a la propiedad, a la privacidad, a la defensa y a la tutela judicial efectiva; y, del principio de seguridad jurídica; al efecto citaron los arts. 23, 115, 116, 179 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitaron se conceda la tutela y se disponga el cese de la ilegal persecución, indebido procesamiento y amenaza de sus derechos constitucionales, así como la nulidad de la resolución de medidas cautelares, con la imposición de reparación de costas y daños y perjuicios.
Celebrada la audiencia pública el 20 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 139 a 145 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes, a través de sus abogados, reiteraron el contenido íntegro de la acción de libertad y ampliándola manifestaron que: a) Se encuentra un informe de allanamiento elaborado por el codemandado Juan Carlos Delgadillo Caballero, Investigador de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), señalando que cumplió con las órdenes de allanamiento; asimismo, informó que hubo una persona que se opuso, pero ingresaron ilegalmente, en vulneración de derechos humanos, con presión psicológica, pues hubieron amenazas del Investigador de encarcelar a dicha persona; el citado Funcionario pateó la puerta, cuando se les negó el ingreso y subió al quinto piso; de esa forma, entraron al domicilio y enmanillaron al imputado, lo bajaron y se dieron cuenta de que no era el domicilio correcto el de la orden de allanamiento, entonces exigieron la firma de dicho acto para que sea autorizado; y, b) Si se llega a considerar que se han cometido faltas disciplinarias, se deben remitir antecedentes al Ministerio Público para la investigación de los demandados. Ninoska Mónica Colque Burgos, en audiencia de garantías señaló: La Fiscal codemandada le informó que se encontraba aprehendida, pero no le mostró ningún documento referente a ello; luego, le hizo firmar un papel sin leer y así fue conducida a la estación de Policía. Fernando Bernal Lázaro, en la misma audiencia señaló: Cuando entraron a su cuarto lo enmanillaron y le pidieron celulares, así como todo objeto electrónico y su flash.
Luz María Vicuña Encinas, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Tupiza del departamento de Potosí, a través de informe escrito presentado el 20 de diciembre de 2022, cursante de fs. 138 y vta., esgrimió los siguientes argumentos: 1) Los imputados han tomado conocimiento de los hechos por los cuales son investigados; 2) Con respecto a la ejecución del mandamiento de allanamiento y su caducidad, se emitió lo requerido por el Ministerio Público, empero su ejecución no es de su responsabilidad y con relación al término en el que se ejecutó, no fue un aspecto sometido a control jurisdiccional; 3) Sobre el control jurisdiccional que manifiestan los accionantes que se habría solicitado y que no se hubiera resuelto aún, este recién fue solicitado el 16 de diciembre de 2022 y está a la espera de su registro para ingreso a despacho, como demuestra con la prueba adjunta a su informe; 4) La imputación formal tiene una descripción de hechos precisa y la calificación provisional sobre la base de indicios, colectados en la fase preliminar que requiere contar con aquellos que generen convicción sobre la existencia del hecho; y, 5) La probabilidad de la participación de los imputados, su posible responsabilidad y la calificación del delito es facultad del titular de la investigación. Karen Rocío Condori Vilacahua, Fiscal de Materia, presentó informe escrito el 20 de diciembre de 2022, cursante de fs. 136 a 137, con base en los siguientes argumentos: i) No se incurrió en ningún acto que haya vulnerado los derechos de los accionantes, ya que la resolución de medidas cautelares está debidamente fundada y motivada en relación a los elementos de convicción legalmente recolectados, en resguardo del debido proceso y en cumplimiento de la protección reforzada en delitos sexuales contra la mujer; ii) En cuanto al mandamiento de allanamiento, el mismo fue recogido el 16 de diciembre de 2022 por el Ministerio Público y ejecutado el 21 de dicho mes y año, es decir, dentro de las setenta y dos horas desde su recepción legal, estando vigente al momento de su ejecución en el domicilio de la dirección que indica dicho mandamiento de 9 de agosto de 2022, tomando en cuenta que los plazos se computan en días hábiles; iii) Respecto al uso de la fuerza y el ingreso ilegal al domicilio de los accionantes que se encuentran en Sucre, es falso, ya que existe un acta de permiso de ingreso voluntario firmado por la accionante “…los cuales a fin de colaborar con la investigación como estos señalaron firmaron dicha acta para dejar ingresar a los funcionarios del DACI y Ministerio Público…” (sic); y, iv) El proceso penal seguido contra los impetrantes de tutela solo es por la presunta comisión del delito de pornografía. José Carlos Sanabria Zenteno, Funcionario Policial, mediante sus abogados, en audiencia de garantías informó: a) Todos los actos procesales presuntamente defectuosos no fueron oportunamente denunciados, porque desde el momento de la notificación con la imputación formal, se tiene un plazo de diez días para oponer incidentes y excepciones; pero no se ha procedido de esa forma, por lo que no existe ningún reclamo por los ahora accionantes a pesar de todos lo argumentado en la presente acción de tutela; b) Solicita que se rechace esta acción de libertad con costas; y, c) Los impetrantes de tutela no indicaron de manera clara si su vida está en peligro o estaban ilegalmente perseguidos, tampoco identificaron qué es lo que estaban solicitando. Asimismo, la SCP 0401/2013-L de 27 de mayo, estableció que la tutela que concede la acción de libertad no procede cuando existe o se encuentran pendientes medios o recursos ordinarios que no fueron agotados, en este caso, concurre el incumplimiento del principio de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Juan Carlos Delgadillo Caballero, Funcionario Policial, si bien fue notificado el 20 de diciembre de 2022, según consta a fs. 123, no presentó su informe escrito ni asistió a la audiencia de garantías. Benito Erick Rodas Cerezo, abogado en el ejercicio libre de su profesión, en audiencia, por sí mismo, informó que: Se abocó a hacer conocer al Ministerio Público actos de diligencias para poder llegar a la verdad de los hechos. Además, del cuaderno de investigación se puede entrever la conducta delictuosa que tienen los accionantes, por lo que solicitó que se deniegue la tutela, con costas.
La Jueza de Sentencia Penal, Partido de Trabajo y Seguridad Social, Jueza Técnica Primera de Tupiza del departamento de Potosí, mediante Resolución de 20 de diciembre, cursante de fs. 145 vta. a 150 vta., concedió en parte la tutela solicitada, únicamente respecto a la Fiscal de Materia, con base en los siguientes fundamentos: 1) El mandamiento de allanamiento de 9 de agosto de 2022 tiene una validez de noventa y seis horas; además, no fue ordenado en otra jurisdicción a través de un exhorto a un juez de igual jerarquía para ser ejecutado, que tuvo lugar el 21 de septiembre de 2022, es decir, cuarenta y dos días después de emitido, aspecto atribuible a la Fiscal demandada; en ese orden, la referida Fiscal debería recabar otra resolución y mandamiento de allanamiento, para que su actuado se enmarque dentro de procedimiento. Sin embargo, el acto jurisdiccional que dispuso la detención preventiva de los accionantes no deviene de la ejecución de allanamiento; 2) La aprehensión se la ejecutó dentro de los parámetros legales; después de ella el Ministerio Público emitió y presentó la imputación formal solicitando la detención preventiva, por lo que la Jueza a quo, en el plazo de ley, convocando a la audiencia correspondiente, después de analizada la probabilidad de autoría y riesgos procesales, determinó la referida medida cautelar; 3) Las vulneraciones al debido proceso ameritan protección por medio de la acción de libertad, cuando el acto considerado ilegal haya lesionado la libertad física o de locomoción del accionante, mientras que las demás vulneraciones relacionadas a esta garantía que no tenga vinculación directa con el derecho a la libertad deben ser reclamadas a través de los medios ordinarios de defensa, ante los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios; y, 4) El mandamiento de allanamiento ejecutado por el Ministerio Público no se constituye en el acto vulnerador sobre el cual se haya fundado la detención preventiva, tampoco tiene implicancia directa para denunciar la lesión del derecho a la libertad física o de locomoción de los accionantes.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Consta memorial de imputación formal de 22 de septiembre de 2022, presentado por el Ministerio Público ante la Jueza de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Tupiza del departamento de Potosí, dentro de proceso penal seguido contra el accionante, a instancia de la víctima Jimena Vedia Muñoz, por la presunta comisión de los delitos de pornografía y violencia familiar o doméstica y contra la accionante, por la presunta comisión de los delitos de pornografía y lesiones graves y leves, en el que solicitó la detención preventiva de ambos, por el plazo de cuatro meses (fs. 96 a 99 vta.). II.2. Cursa memorial del accionante, Fernando Bernal Lázaro, presentado el 16 de diciembre de 2022, ante la citada Jueza, por el que pidió que se ejerza el control jurisdiccional sobre el cumplimiento del debido proceso en relación a su aprehensión y la imputación formal; en dicho escrito se evidencia que el referido se encuentra en la Carceleta Provincial de Tupiza (fs. 106 a 108 vta.).
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso, a la propiedad, a la privacidad, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y a la inviolabilidad de domicilio, así como del principio de seguridad jurídica, por cuanto el abogado de la víctima, dentro del proceso penal seguido en su contra, interviene en actos que son de competencia del Ministerio Público; a su vez, este no actúa con objetividad y legalidad, no se circunscribe a los actos que le competen, así como ejecutó una Resolución de aprehensión noventa y seis horas después de su vigencia y de allanamiento, que se hallaba caducada por cuarenta y dos días; y, su imputación formal no está debidamente fundamentada y motivada; por su parte, la Jueza demandada no revisó los antecedentes de la imputación formal y los aspectos denunciados ahora no fueron atendidos por la indicada Jueza. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto, la SCP 0646/2024-S4 de 24 de septiembre determinó: «“Siguiendo dicho razonamiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, estableció que en la etapa preparatoria del proceso penal es el juez cautelar quien debe conocer las supuestas lesiones a derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal, no resultando compatible con el orden constitucional activar directamente, o de manera simultánea la justicia constitucional a través del -antes- recurso de hábeas corpus. Posteriormente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, sistematizó los casos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, siendo el primer supuesto cuando la Policía Nacional o el Ministerio Público, antes de existir imputación formal, cometen arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, las cuales deben ser denunciadas ante el juez cautelar de turno, si aún no existe aviso del inicio de la investigación, o ante el juez cautelar a cargo de la investigación cuando ya se dio cumplimiento a dicha formalidad (el aviso del inicio de la investigación). Dicho fallo fue modulado por la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, que sostuvo que la acción de libertad puede ser presentada directamente en los supuestos en los que se restrinja el derecho a la libertad física al margen de los casos y formas establecidas por ley y que dicha restricción no esté vinculada a un delito o no se hubiere dado aviso de la investigación al juez cautelar. En ese marco, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.1., sostuvo que ‘i) Cuando no exista un hecho relacionado a un delito ni aviso de inicio de la investigación al Juez cautelar, corresponde activar de forma directa la acción de libertad; y, ii) El Juez de Instrucción de turno, no tiene competencia al no conocer ni el inicio de la investigación y al no tratarse de la comisión de un presunto delito’. La misma Sentencia (SCP 0482/2013) efectuando una integración jurisprudencial sobre las subreglas para la aplicación de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, estableció en el Fundamento Jurídico III.2.2: ‘1.Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley; aclarando que el Juez de Instrucción de turno, no tiene competencia para el efecto conforme se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional’”» (las negrillas corresponden al texto original y el subrayado fue añadido).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso, a la propiedad, a la privacidad, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y a la inviolabilidad de domicilio, así como del principio de seguridad jurídica, por cuanto el abogado de la víctima, dentro del proceso penal seguido en su contra, interviene en actos que son de competencia del Ministerio Público; a su vez, este no actúa con objetividad y legalidad, no se circunscribe a los actos que le competen, así como ejecutó una Resolución de aprehensión noventa y seis horas después de su vigencia, y de allanamiento, que se hallaba caducada por cuarenta y dos días; y, su imputación formal no está debidamente fundamentada y motivada; por su parte, la Jueza demandada no revisó los antecedentes de la imputación formal y los aspectos denunciados ahora no fueron atendidos por la indicada Jueza.
Al respecto, cabe referir que existe un proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Jimena Vedia Muñoz contra los accionantes, por la presunta comisión del delito de pornografía, violencia familiar o doméstica y, lesiones graves y leves, ante el Juzgado de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Tupiza del departamento de Potosí (Conclusión II.1). Asimismo, se advierte que el imputado se encuentra en la Carceleta Provincial de Tupiza y que el 16 de diciembre de 2022 solicitó a la Jueza ahora demandada el control jurisdiccional de su aprehensión y de la correspondiente imputación formal expedida en su contra y la de la co-impetrante de tutela (Conclusión II.2). Asimismo, de la revisión de obrados no se evidencia la decisión judicial que resolvió el memorial de imputación formal referido supra; sin embargo, los accionantes señalaron en esta demanda que se encuentran privados de libertad, extremo que no negó la parte demandada, por lo que se entiende que ambos se encuentran en esa calidad. Ahora bien, el accionante -Fernando Bernal Lázaro- ya solicitó el control jurisdiccional sobre dos aspectos que ahora también puso en tela de juicio, como son la situación relativa a su aprehensión y lo atinente a la imputación formal, temas que también los ha esgrimido en esta acción de tutela; por consiguiente, mientras no sea una situación resuelta y firme en la jurisdicción ordinaria, esta jurisdicción no puede emitir criterio para evitar duplicidad de determinaciones sobre un mismo aspecto, a fin de no quebrantar la seguridad jurídica. Por otro lado, restando esos aspectos que ya fueron puestos en consideración del control jurisdiccional y también en esta jurisdicción, existen otras denuncias contra el Investigador, sin indicar a cuál de los dos demandados se refiere y contra el abogado de la víctima y la Fiscal de Materia; sin embargo, con relación a estas restantes denuncias, debió haber agotado la vía ordinaria antes de activar esta instancia constitucional, con cuyo agotamiento se obtendría una decisión de última instancia y de no restituir los menoscabos por él sostenidos, recién impulsar su caso en esta jurisdicción, como lo explicó la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo, que precisamente establece que antes de acudir a esta vía constitucional, debe acudirse al control jurisdiccional, si este ya está en conocimiento del correspondiente proceso penal de origen -como sucede en el proceso penal de origen-; consiguientemente, no se ha cumplido con la subsidiariedad excepcional prevista para la acción de libertad. En el caso de la accionante, Ninoska Mónica Colque Burgos, se evidencia que ella no presentó ningún memorial en el que haya solicitado el control jurisdiccional sobre los extremos ahora denunciados, por lo que tampoco se evidencia que haya agotado los medios legales para dilucidar las denuncias ahora expuestas, por lo que su situación no es revisable de forma directa en esta jurisdicción. Por todo ello, corresponde denegar la tutela impetrada. Finalmente, se evidencia que el petitorio de los accionantes es impreciso y vago al solicitar que cese la persecución ilegal en su contra, así como el indebido procesamiento y la amenaza de sus derechos constitucionales, para concluir solicitando la nulidad de medidas cautelares, cuando en ningún momento se identificaron qué resolución de medidas cautelares están cuestionando y con qué argumentos; en ese marco, se evidencia que los solicitantes de tutela efectuaron una solicitud confusa, imprecisa e incoherente; además, el propio desarrollo del memorial de acción de libertad también incurrió en dichos defectos, ello sumado a que incidió en una causal de improcedencia, lo que amerita que se exhorte a los abogados de los accionantes a evitar planteamientos imposibles de resolver en este medio, pues generaron un gasto de recursos del Estado en la atención de esta acción de tutela, perjudicando la administración de justicia, que se encuentra colapsada porque muchos profesionales abogados efectúan planteamientos que no tienen mayor mérito que ocupar un tiempo y espacio tanto de los tribunales de garantía como de este Tribunal, en detrimento de otras causas que merecen una pronta y oportuna resolución. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido en parte la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 20 de diciembre de 2022, cursante de fs. 145 vta. a 150 vta., dictada por la Jueza de Sentencia Penal, Partido de Trabajo y Seguridad CORRESPONDE A LA SCP 0546/2025-S3 (viene de la pág. 9). Social, Jueza Técnica Primera de Tupiza del departamento de Potosí y en ese orden: 1º DENEGAR la tutela solicitada; y, 2º Exhortar a los abogados de los accionantes que patrocinaron la presentación de esta demanda tutelar, a evitar efectuar planteamientos imposibles de resolver por este medio, sea de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0546_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): b9cadfbb224449d4c82d275c43c59c0a6738cdbf6c45bb5b6a380d3c29a0c723
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