B.IA.LEGAL

SCP 0544/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 23 de mayo de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
23 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
52458-2023-105-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y ser juzgado dentro de un plazo razonable, así como a los principios de idoneidad, celeridad, imparcialidad y seguridad jurídica; puesto que, la Jueza hoy accionada: 1) Desde la emisión de la Sentencia de Procedimiento Abreviado 25/2022 de 3 de noviembre, que solicitó la aplicación de sanciones alternativas, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad no resolvió la misma, suspendiéndose sus audiencias generando una dilación en su tramitación; y, 2) Tampoco resolvió el recurso de reposición presentado el 25 de igual mes de 2022, contra el decreto de 21 de ese mes y año, en respuesta al memorial de 18 del citado mes y año, decreto que fijó audiencia de salidas alternativas de procedimiento abreviado, y no de aplicación de sanciones alternativas lo que desnaturalizó el estado del proceso. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional no resuelva en revisión una acción de tutela, no es posible interponer otra acción análoga por hechos similares; ii) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y las dilaciones indebidas y, iii) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 025/2022 de 2 de diciembre, cursante de fs. 41 a 45 vta, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a la vulneración de los derechos a la libertad, a ser juzgado dentro de un plazo razonable y al debido proceso en su elemento celeridad.

a) Disponer que la Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, resuelva el recurso de reposición presentado el 25 de noviembre de 2022 por Jhonatan German Felipez Baldivieso contra el decreto de 21 de ese mes y año, de manera inmediata, si es que por el transcurso del tiempo no se hubiese resuelto; y sin disponer su libertad. 2° DENEGAR en cuanto a la vulneración de los principios de idoneidad, imparcialidad y seguridad jurídica; asimismo, respecto a la suspensión de la audiencia de 17 de noviembre de 2022, y con relación al pago de costas, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional no resuelva en revisión una acción de tutela, no es posible interponer otra acción análoga por hechos similares
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y las dilaciones indebidas
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0544/2025-S1 Sucre, 23 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 52458-2023-105-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 025/2022 de 2 de diciembre, cursante de fs. 41 a 45 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Weimar David Molina Lopez en representación sin mandato de Jhonatan German Felipez Baldivieso contra Gladys Bacarreza Morales, Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 1 de diciembre de 2022, cursante a fs. 23 a 26 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 Bis del Código Penal (CP); se sometió a procedimiento abreviado que mereció la Resolución 25/2022 de 3 de noviembre, en el que se declaró autor y culpable del citado delito imponiéndole la pena privativa de libertad de tres años a cumplirse en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, disponiendo la emisión del mandamiento de condena; una vez dictada la referida Resolución, solicitó sanciones alternativas en aplicación del art. 76 de la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, que no fue atendida por la Jueza hoy accionada manifestando que se notifiquen a las partes y no ha lugar a su solicitud.

En ese sentido, mediante memorial presentado el 3 de noviembre de 2022, pidió se fije audiencia para la aplicación de sanciones alternativas; la cual fue fijada para el 10 del citado mes y año, disponiendo su suspensión para el 17 de ese mes y año, por la re funcionalización y traslado del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, a pesar que todas las partes procesales se encontraban presentes y el cuaderno de control jurisdiccional estaba a la vista, vulnerando sus derechos y garantías constitucionales. Constituidos en la audiencia de aplicación de sanciones alternativas de 17 de noviembre de 2022, la misma también fue suspendida, sin fijarse una nueva fecha con el argumento de que se debe notificar a las partes procesales, sin tomar en cuenta que cuando una persona se encuentra recluida en un centro penitenciario, por ningún motivo se deben suspender las audiencias, menos cuando todos los sujetos procesales están presentes, llamando la atención que la reprogramación de la referida audiencia fue para una semana después generando dilación indebida. Seguidamente por memorial presentado el 18 de noviembre de 2022, solicitó la aplicación de sanciones alternativas conforme al art. 76 de la Ley 348; sin embargo, la Jueza hoy accionada señaló audiencia de salidas alternativas, lo que desnaturalizó el estado del proceso; puesto que, ya existe una sentencia condenatoria -Sentencia de Procedimiento Abreviado 25/2022 de 3 de noviembre- que surgió a consecuencia de una salida alternativa de procedimiento abreviado, señalándose la indicada audiencia nuevamente para el 2 de diciembre de ese año; por lo que, formuló recurso de reposición el 24 -presentado el 25- de noviembre de igual año, contra el decreto de 21 del mismo mes y año, sin que hasta la fecha de interposición de la acción de libertad sea resuelta. El accionar de la Jueza ahora accionada constituye una dilación indebida; ya que, desde el 3 de noviembre de 2022, hasta el 10 de ese mes y año -fecha en la que suspendió la audiencia de aplicación de sanciones alternativas-, transcurrieron “27” -siendo lo correcto 7- días, incumpliendo su rol y atribuciones conforme a la Ley del Órgano Judicial.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y ser juzgado dentro de un plazo razonable, así como a los principios de idoneidad, celeridad, imparcialidad y seguridad jurídica; sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) Que la Jueza hoy accionada o su similar en suplencia legal, en el plazo de veinticuatro horas emita determinación ordenando la aplicación de sanciones alternativas previstas por el art. 76 con relación a los arts. 77 al 82 de la Ley 348; b) Una vez pronunciada la aplicación de las sanciones alternativas, se ordene su libertad inmediata emitiendo el mandamiento de libertad correspondiente; y, c) Se imponga costas a la Jueza ahora accionada al dejar transcurrir “veintisiete días” de indebida dilación.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 2 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 34 a 40, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de la acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) La audiencia de aplicación de sanciones alternativas programada para el 10 de noviembre de 2022, fue suspendida para el 17 de ese mes y año, “…y en esta última audiencia…” (sic) suspendida con el argumento de que existía traslado del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, de la Jueza hoy accionada y la re funcionalización de los juzgados; 2) La Jueza hoy accionada hasta el “día de hoy” no atendió su recurso de reposición a pesar que fue presentado vía sistema el 23 de noviembre -de 2022- y de manera física el 24 de igual mes y año; 3) Existió una dilación indebida; ya que, desde el 3 de ese mes y año que se emitió la sentencia condenatoria -Sentencia de Procedimiento Abreviado 25/2022- era viable que en esa fecha sin necesidad de solicitudes de su persona suscite y resuelva lo que ordena el art. 76 de la Ley 348; empero, la referida Jueza ahora accionada lo que hace es dilatar haciendo que se presenten memoriales insulsos de señalamiento de audiencias las cuales son suspendidas con argumentos irrazonables; 4) La referida Jueza tiene la potestad de “…sacar de escritorio esa aplicación de sanciones alternativas…” (sic), si bien se fijó audiencia para su consideración para el “día de hoy” -se entiende 2 de diciembre de 2022-; empero, ni siquiera existe notificación a su persona; y, 5) El 6 de igual mes y año, comenzará la vacación judicial y con ese argumento la Jueza hoy accionada va pretenderá suspender la citada audiencia.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Gladys Bacarreza Morales, Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe presentando, en audiencia; manifestó que: i) La audiencia de aplicación de sanciones alternativas de 17 de noviembre de 2022, evidentemente se tenía agendada; empero, no pudo ser efectuada al encontrarse ese día todo el personal subalterno realizando el traslado de su Juzgado -de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del referido departamento-del edificio “NUMMANAL” al edificio “Genaro Sanjines”; además, que existía un reclamo de la víctima de que no fue notificada con la “sentencia”, aspecto que estaba pendiente; ii) El accionante ya interpuso una anterior acción de libertad, cuando la jurisprudencia constitucional establece que no es necesario interponer nuevamente por el mismo hecho, sino debió acudir ante el anterior Juez de garantías que resolvió dicha acción de defensa; por lo que, se está moviendo todo un aparato estatal por un interés personal del acusado; y, iii) La Secretaria de su citado Juzgado, tiene varias denuncias y recién está pretendiendo ingresar a despacho el memorial de 25 de noviembre de 2022, que desconocía su autoridad.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución 025/2022 de 2 de diciembre, cursante de fs. 41 a 45 vta., denegó la tutela solicita, con la recomendación que la Juez hoy accionada ante la convocatoria efectuada tiene la obligación de ejercer la dirección correspondiente a efectos de que pueda ser efectivizada; es decir, existe una audiencia señalada y la citada Jueza está en la obligación a través de su personal de verificar dicho acto cumpliendo con las formalidades correspondientes, teniendo las facultades establecidas por normativa en casos de que los funcionarios de apoyo jurisdiccional no cumplan con sus obligaciones para efectos disciplinarios. Por otro lado, se extraña que en actuados no cursa el memorial de recurso de reposición formulado por el accionante ni las actas correspondientes, aspectos que deben ser de conocimiento del Consejo de la Magistratura a efectos de sanciones disciplinarias; por lo que, dispuso que esa determinación se ponga en conocimiento del Consejo de la Magistratura. Asimismo, se recomendó a la Jueza ahora accionada que al encontrarse con una persona privada de libertad estas gozan de atención prioritaria con relación a las solicitudes que efectúen, no pueden generarse espacios de tiempo demasiado amplios para otorgar respuesta a las solicitudes; recomendando dar prioridad necesaria en esos casos; bajo los siguientes fundamentos: a) Se tiene el memorial de solicitud de suspensión de audiencia de aplicación de sanciones alternativos de 27 de noviembre de 2022, presentado por “Karen MilenKa Lara Cruz”; empero, no cursa en actuados ningún acta que establezca los motivos de suspensión de dichos actuados; b) De lo vertido en la resolución emitida por el Juez de garantías, correspondiente a una anterior acción de libertad interpuesta por el accionante, se tiene que se realizó un análisis respecto a lo actuado el 10 de ese mes y año, y de todos los sujetos procesales se encontraban presentes, alegando que “dicha disposición” sería arbitraria y vulneratoria de derechos y garantías del accionante; sin embargo, al emitirse la determinación de suspensión de audiencia -de aplicación de sanciones alternativas- el accionante no planteó recurso de reposición y menos recurso de apelación, dando lugar a la omisión al principio de subsidiariedad; en ese sentido, su autoridad no puede generar un doble análisis considerando que existe identidad de sujeto, objeto y causa respecto a la audiencia de 10 de noviembre de 2022 que fue suspendida; c) Se habría convocado a la audiencia de 17 de igual mes y año, existiendo un pronunciamiento de la víctima para su suspensión; y en ese contexto, se tiene que sin fundamento se suspendió la audiencia, aspectos que no fueron acreditados ni expresados en el cuaderno procesal, tampoco cursa el memorial de 25 de igual mes y año; d) En el cuaderno de control jurisdiccional no constan los actuados procesales que determinaron que la Jueza hoy accionada tomó conocimiento aclarando que el “recurso” se centró en una falta de pronunciamiento ante la interposición del recurso de reposición de 25 del indicado mes y año, por parte de la Jueza ahora accionada que debería manifestarse o pronunciarse respecto al decreto emitido el 21 de igual mes y año; y, e) De acuerdo a la Ley 348 se establece la posibilidad de que la autoridad judicial pueda aplicar las “salidas alternativas” no siendo obligación dar o no curso; en ese sentido, no se observa acto vulneratorio a través del accionar de la Jueza hoy accionada no correspondiendo conceder la tutela solicitada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Sentencia de Procedimiento Abreviado 25/2022 de 3 de noviembre, emitido por Gladys Bacarreza Morales, Jueza de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz -hoy accionada-; por la cual se declaró a Jhonatan German Felipez Baldivieso -ahora accionante-autor del delito de violencia familiar o doméstica, imponiéndole la pena privativa de libertad de tres años a cumplir en el Centro Penitenciario San Pedro del referido departamento. Posterior a ese actuado procesal el accionante a través de su abogado solicitó a la Jueza ahora accionada la ejecutoria de la Sentencia de Procedimiento Abreviado 25/2022, siendo previsible de que se aplique lo establecido por el art. 76.I.1 de la Ley 348 en cuanto a las sanciones alternativas y que una vez dispuesta se pueda ordenar la extensión del mandamiento de libertad. En respuesta la Jueza hoy accionada, señaló que previamente se debía notificar a todas las partes procesales y poner en conocimiento de la víctima; por lo que, no ha lugar a su solicitud (fs. 12 a 13 vta.). II.2. Por memorial presentado el 3 de noviembre de 2022, ante la Jueza ahora accionada; el accionante solicitó la aplicación de sanciones alternativas, para lo cual se señale día y hora de audiencia (fs. 6 a 8 vta.). II.3. Consta Resolución 365/2022 de 13 de noviembre, dentro de la acción de libertad interpuesta por el accionante contra el Jueza hoy accionada; por la que, se denegó la tutela solicitada; ya que, el accionante debió formular los recursos que por ley le corresponde al momento de la suspensión de la audiencia -de aplicación de sanciones alternativas- y no convalidar la misma; ya que, se dispuso esté a los datos del proceso; es decir, al señalamiento de audiencia establecido por la referida Jueza (fs. 31 a 33).

II.4. Mediante memorial presentado el 25 de noviembre de 2022, ante la Jueza hoy accionada; el accionante formuló recurso de reposición contra el decreto de 21 de ese mes y año, solicitando se revoque el mencionado decreto que fijó audiencia para salidas alternativas, debiendo reponer disponiendo la aplicación de sanciones alternativas (fs. 2 a 5).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y ser juzgado dentro de un plazo razonable, así como a los principios de idoneidad, celeridad, imparcialidad y seguridad jurídica; puesto que, la Jueza hoy accionada: 1) Desde la emisión de la Sentencia de Procedimiento Abreviado 25/2022 de 3 de noviembre, que solicitó la aplicación de sanciones alternativas, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad no resolvió la misma, suspendiéndose sus audiencias generando una dilación en su tramitación; y, 2) Tampoco resolvió el recurso de reposición presentado el 25 de igual mes de 2022, contra el decreto de 21 de ese mes y año, en respuesta al memorial de 18 del citado mes y año, decreto que fijó audiencia de salidas alternativas de procedimiento abreviado, y no de aplicación de sanciones alternativas lo que desnaturalizó el estado del proceso. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional no resuelva en revisión una acción de tutela, no es posible interponer otra acción análoga por hechos similares; ii) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y las dilaciones indebidas y, iii) Análisis del caso concreto.

III.1. Mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional no resuelva en revisión una acción de tutela, no es posible interponer otra acción análoga por hechos similares

La SCP 0294/2018-S2 de 25 de junio, señala que: “Con relación a la imposibilidad de plantear otra acción tutelar por hechos análogos mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional no resuelva en revisión una acción de tutela, tiene su antecedente en la SC 1347/2003-R de 16 de septiembre, la cual establece que la interposición de un nuevo recurso -ahora acción- sobre los mismos hechos, estando el primero en trámite y sin contar con un pronunciamiento definitivo, no es conforme a derecho y constituiría un acto temerario, que pretende lograr una duplicidad de fallos; puesto que, solo después de emitida la sentencia constitucional en revisión, y siempre que se hubiere declarado la improcedencia por cuestiones formales, que no impliquen examinar el fondo del asunto, la parte accionante podría interponer nuevo recurso -ahora acción-, cumpliendo con los requisitos extrañados. Dicho entendimiento, fue reiterado en las SSCC 0016/2004-R de 6 de enero y 0252/2004-R de 20 de febrero; posteriormente, confirmado en la SC 1598/2011-R de 11 de octubre; razonamiento que fue asumido también por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0516/2012 de 9 de julio. Asimismo, la SCP 1224/2014 de 16 de junio, en el Fundamento Jurídico III.5, señala: ‘…no se puede pretender que sea tutelado el reclamo de vulneración de su derecho a la libertad, porque le denegaron una anterior acción de libertad, a través de otra acción de libertad, cuando la misma se encuentra en revisión antes este Tribunal, el que en definitiva se pronunciará al respecto…’. Finalmente, la SCP 0088/2015-S2 de 5 de febrero, reiteró el entendimiento establecido en la SC 1347/2003-R. En síntesis, de la jurisprudencia glosada, se advierte que el Tribunal Constitucional Plurinacional establece que el accionante no puede activar otra acción de libertad sobre los mismos hechos, estando en trámite y sin contar con un pronunciamiento definitivo una primera acción de tutela, en cuyo caso la segunda demanda tutelar deviene en improcedente” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y las dilaciones indebidas

La SCP 0816/2029-S2 de 11 de septiembre, establece que: “El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-‘…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último ‘…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’.

Sin embargo, es pertinente señalar que antes de la citada SC 0044/2010-R, la jurisprudencia constitucional hizo referencia al principio de celeridad en la tramitación de las solicitudes vinculadas a la libertad física o personal; así, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero estableció que toda autoridad que conozca de una solicitud relacionada con ese derecho, debe tramitarla con la mayor celeridad posible, caso contrario, provocaría una restricción indebida del citado derecho; asimismo, la SC 0570/2006-R de 19 de junio indicó que el juez encargado del control jurisdiccional debe fijar la audiencia con la mayor prontitud. En la misma línea jurisprudencial de la SC 0044/2010-R, la SC 0465/2010-R de 5 de julio señaló que el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho -ahora acción de libertad- se constituye en el mecanismo procesal idóneo frente a dilaciones indebidas en la resolución de la situación jurídica de las personas privadas de libertad. Asimismo, la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, en el marco de una interpretación plural, estableció que las autoridades judiciales, en virtud al principio ético-moral del ama qhilla -no seas flojo- tienen el deber procesal de dirigir y resolver, sin dilaciones indebidas las solicitudes de cesación de las detenciones preventivas. Conforme a lo anotado, la jurisprudencia constitucional fue uniforme al referir que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca reparar las dilaciones indebidas vinculadas con la libertad, que evitan resolver de manera inmediata la situación jurídica de las personas que se encuentran privadas de libertad, tal como lo expresa la SCP 2115/2012 de 8 de noviembre, entre otras” (las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso y ser juzgado dentro de un plazo razonable, así como a los principios de idoneidad, celeridad, imparcialidad y seguridad jurídica; puesto que, la Jueza hoy accionada: a) Desde la emisión de la Sentencia de Procedimiento Abreviado 25/2022 de 3 de noviembre, que solicitó la aplicación de sanciones alternativas, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad no resolvió la misma, suspendiéndose sus audiencias generando una dilación en su tramitación; y, b) Tampoco resolvió el recurso de reposición presentado el 25 de igual mes de 2022, contra el decreto de 21 de ese mes y año, en respuesta al memorial de 18 del citado mes y año, decreto que fijó audiencia de salidas alternativas de procedimiento abreviado, y no de aplicación de sanciones alternativas lo que desnaturalizó el estado del proceso.

Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene la Sentencia de Procedimiento Abreviado 25/2022, emitido por la Jueza hoy accionada; por la cual se declaró al accionante autor del delito de violencia familiar o doméstica, imponiéndole la pena privativa de libertad de tres años a cumplir en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. Posterior a ese actuado procesal el accionante a través de su abogado solicitó a la Jueza ahora accionada la ejecutoria de la referida Sentencia, siendo previsible de que se aplique lo establecido por el art. 76.I.1 de la Ley 348, en cuanto a las sanciones alternativas y que una vez dispuesta se pueda ordenar la extensión del mandamiento de libertad. En respuesta la Jueza hoy accionada, señaló que previamente se debía notificar a todas las partes procesales y poner en conocimiento de la víctima; por lo que, no ha lugar a su solicitud (Conclusión II.1). Luego por memorial presentado el 3 de noviembre de 2022, ante la Jueza ahora accionada, solicitó la aplicación de sanciones alternativas, para lo cual se señale día y hora de audiencia (Conclusión II.2.), como también el memorial presentado el 25 de noviembre de 2022, dirigido a la referida Jueza; el accionante formuló recurso de reposición contra el decreto de 21 de ese mes y año, solicitando se revoque el mencionado decreto que fija audiencia para salidas alternativas debiendo reponer disponiendo la aplicación de sanciones alternativas (Conclusión II.4.). Por otra parte, se tiene la Resolución 365/2022, dentro de la acción de libertad interpuesta por el accionante contra la Jueza ahora accionada; por la que se denegó la tutela solicitada; ya que, el accionante debió formular los recursos que por ley le corresponde al momento de la suspensión de la audiencia -de aplicación de sanciones alternativas- y no convalidar la misma; por lo que, se dispuso esté a los datos del proceso; es decir, al señalamiento de audiencia establecido por la referida Jueza ahora accionada (Conclusión II.3.). En cuanto a la primera problemática Conforme se tiene establecido en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, no puede activarse otra acción de libertad sobre los mismos hechos, encontrándose en trámite y sin contar aún con un pronunciamiento definitivo una primera acción de defensa; en cuyo caso, la segunda acción deviene en improcedente. Dicho entendimiento, resulta aplicable en el presente caso; puesto que, de acuerdo a los antecedentes que cursan en obrados, se advierte que Jhonatan German Felipez Baldivieso -ahora accionante-, el 12 de noviembre de 2022, interpuso una primera acción de libertad contra Gladys Bacarreza Morales, Jueza de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz -hoy accionada-, dentro del mismo proceso penal en el que se impuso una Sentencia de Procedimiento Abreviado 25/2022, con una pena privativa de libertad de tres años, identificando como acto lesivo la dilación en la tramitación de su solicitud de aplicación de sanciones alternativas que fue solicitada el 3 de noviembre de 2022, fijada la respectiva audiencia para el 10 de igual mes y año, la cual fue suspendida para el 17 de ese mes y año, luego de una semana después, generando así una dilación indebida; solicitando el accionante que la Jueza ahora accionada emita determinación en el plazo de veinticuatro horas, y disponga la aplicación de sanciones alternativas o en su defecto se reprograme la audiencia de 17 de igual mes y año, sea dentro de las veinticuatro horas, lo que presuntamente vulneró los derechos de la accionante, razón por la que interpuso la acción de libertad en su modalidad de pronto despacho, causa que mereció la Resolución Constitucional 365/2022, que denegó la tutela. Dichas alegaciones fueron reclamadas en la presente acción de libertad, incluyendo la que respecta a la audiencia programada para el 17 de noviembre de 2022, que se alegó que fue señalada luego de una semana después, evidenciándose una similitud en ambos hechos denunciados en las dos acciones de defensa interpuestas; en ese sentido, sobre ese punto se tiene que esta acción de libertad fue interpuesta respecto a los mismos hechos, mismo objeto y misma accionada. Consecuentemente, el accionante al interponer la presente acción de libertad el 1 de diciembre de 2022, en parte con los mismos fundamentos, encontrándose en trámite de revisión en el Tribunal Constitucional Plurinacional la Resolución 365/2022, emitida por el Juez de Instrucción Penal Décimo del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías dentro de una acción tutelar anterior, activó dos acciones tutelares sobre los mismos hechos de forma temeraria, pretendiendo un doble pronunciamiento; por cuanto, de la revisión de la página de este Tribunal Constitucional Plurinacional se observa la primera acción de libertad signada con el número de expediente 52073-2022-105-AL; actuación que no es conforme a derecho; puesto que, genera riesgo de provocar resoluciones contradictorias que afecten la seguridad jurídica lo que deviene en que esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional se vea impedida de ingresar a analizar el fondo de la problemática planteada sobre ese punto; razón por la cual, corresponde denegar la tutela solicitada. En cuanto a la segunda problemática Respecto a que no se resolvió el recurso de reposición del accionante presentado el 25 de noviembre de 2022, contra el decreto de 21 de ese mes y año, en respuesta su memorial de 18 de ese mes y año, decreto que fijó audiencia de salidas alternativas y no de aplicación sanciones alternativas lo que desnaturalizó el estado del proceso; se tiene que en dicho recurso se efectuó la observación de que la audiencia señalada en el mencionado decreto fue por salidas alternativas y no por sanciones alternativas, y la cual debía efectuarse el 2 de igual mes y año; es decir, en horas de la tarde del mismo día en el que se celebró la audiencia de consideración de la acción de libertad; sin embargo, hasta esa fecha no habría merecido respuesta por parte de la Jueza ahora accionada, quien según su informe presentado a esta acción tutelar incluso desconocía de la presentación de dicho recurso, endilgando responsabilidad a la Secretaria del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, quien recién pretendía su ingreso a despacho; en ese sentido, a la mencionada Jueza hoy accionada le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, lo que implica que no puede dejar en desamparo la dirección de su Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, puesto que, finalmente es quien tiene a su responsabilidad la dirección del mismo; por cuanto, la Jueza hoy accionada no consideró la garantía jurisdiccional consagrada por el art. 115.II de la CPE, que impone a quien administra justicia, el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos en su conocimiento sin dilaciones indebidas, al establecer que el Estado garantiza los derechos al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; por lo que, las peticiones deben ser atendidas y resueltas en los plazos establecidos o de forma inmediata, en caso de no existir una norma que establezca un plazo; lo que no aconteció en el presente caso al advertirse que el recurso de reposición del accionante no fue respondido en el plazo de veinticuatro horas establecido por el art. 402 del CPP, hasta antes de la realización de la audiencia de 2 de diciembre de 2022, que era motivo de su reclamo; por lo cual resulta evidente la vulneración de los derechos a ser juzgado dentro de un plazo razonable y al debido proceso vinculado al principio de celeridad; motivo por el cual, corresponde conceder la tutela solicitada en el marco de la acción de libertad de pronto despacho al estar comprometida la situación jurídica del accionante. Por otra parte, con relación a la denuncia de la vulneración de los principios de idoneidad, imparcialidad y seguridad jurídica el accionante se limitó a citarlos sin identificar de qué manera lo mismos se hubiesen vulnerado, o en su caso, correspondiendo; en consecuencia, denegar la tutela solicitada al respecto. Finalmente, respecto al pago de costas a la Jueza hoy accionada, estas no pueden ser consideradas en razón a la tutela concedida y a la regulación potestativa establecida por el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 025/2022 de 2 de diciembre, cursante de fs. 41 a 45 vta, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a la vulneración de los derechos a la libertad, a ser juzgado dentro de un plazo razonable y al debido proceso en su elemento celeridad.

a) Disponer que la Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, resuelva el recurso de reposición presentado el 25 de noviembre de 2022 por Jhonatan German Felipez Baldivieso contra el decreto de 21 de ese mes y año, de manera inmediata, si es que por el transcurso del tiempo no se hubiese resuelto; y sin disponer su libertad. 2° DENEGAR en cuanto a la vulneración de los principios de idoneidad, imparcialidad y seguridad jurídica; asimismo, respecto a la suspensión de la audiencia de 17 de noviembre de 2022, y con relación al pago de costas, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0544_2025-S1.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6b8528ba5dce693bea9aace671e316fd28193f5dad28d17cc697b9efa88bd236

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