Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 22 de junio de 2023
Concede la tutela
La accionante, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de sus derechos a la vida, a la libertad, a la salud, al debido proceso y al acceso a la justicia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 357/2021 de 2 de diciembre, que dispuso su detención preventiva por el lapso de dos meses en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz; sin embargo, transcurrieron más de quince días sin que hasta la fecha se hubiera remitido el legajo de apelación ante la Sala Penal de turno, ocasionando que no pueda ser resuelta su situación jurídica.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 510/2021 de 18 de diciembre, cursante de fs. 30 a 32, emitida por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en la modalidad innovativa de acción de libertad; exhortando a la autoridad y funcionaria jurisdiccional demandadas, que en la tramitación de las causas sometidas a su conocimiento, resguarden el cumplimiento de los plazos procesales conforme a las normas en vigencia; con mayor razón cuando de por medio se encuentre el derecho a la libertad.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0544/2023-S4 Sucre, 22 de junio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 46559-2022-94-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 510/2021 de 18 de diciembre, cursante de fs. 30 a 32, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Michael Adolfo Riveros Revollo en representación sin mandato de Amanda Fabiola Conde Quispe contra René Eduardo Foronda Escobar, Juez; y, Jharmila Yara Zotez Lara, Secretaria ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 18 de diciembre de 2021, cursante de fs. 15 a 16 vta.; la accionante, mediante su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Mediante Resolución de Aprehensión de 30 de noviembre de 2021, fue privada de su libertad y conducida a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV); posteriormente, el 1 de diciembre del mismo año, el Ministerio Público emitió en su contra la Resolución de Imputación Formal 19/2021, ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, instancia judicial que señaló audiencia de medidas cautelares para el 2 del citado mes y año. El 17 de diciembre de 2021, su defensa técnica, se apersonó a las instalaciones del Juzgado de referencia, con el fin de interiorizarse sobre los motivos de la detención preventiva dispuesta mediante el Auto Interlocutorio 357/2021 de 2 de diciembre, quien evidenció que dicha determinación había sido objeto de apelación, a través de su ex abogada defensora; sin embargo, hasta el 17 de diciembre de 2021, no se remitió el recurso de apelación ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
La accionante, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de sus derechos a la vida, a la libertad, a la salud, al debido proceso y al acceso a la justicia; citando al efecto, los arts. 22, 23.I, 24, y 115, 116.I, 117.I y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y por consiguiente, se ordene a los ahora demandados: a) La remisión del recurso de apelación en el día; y, b) Al ser reiterado el incumplimiento de las funciones por parte de los funcionarios demandados, se remitan antecedentes ante el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura para su procesamiento.
Celebrada la audiencia pública el 18 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 28 a 29 vta., presentes la accionante a través de su abogado defensor, y el Juez demandado; y, ausente la servidora pública codemandada, se produjeron los siguientes actuados:
La impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, en audiencia, se ratificó en el contenido íntegro de su demanda de acción tutelar y ampliándola, señaló lo que sigue: 1) La abogada que venía patrocinando a la parte imputada, interpuso recurso de apelación al amparo del art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), contra la Resolución que dispuso du detención preventiva, cuyo procedimiento es claro, cuando establece que el juez tiene veinticuatro horas para remitir los antecedentes antes el Tribunal de alzada; 2) La Ley 1173 –Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres de 3 de mayo de 2019– tiene como objeto principal, resolver de forma pronta y oportuna los conflictos penales adoptando medidas indispensables, fortalecer la lucha contra la violencia y evitar el retardo procesal; y, 3) El Juez demandado, no manejó adecuadamente a su personal de apoyo, ya que dicha autoridad y su Secretaria, han incurrido en diversas faltas establecidas en la Ley del Órgano Judicial –Ley 025 de 24 de junio de 2010–, generando responsabilidad, al no haber remitido la resolución apelada dentro del plazo de veinticuatro horas.
René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito de 18 de diciembre de 2021, cursante a fs. 23 y vta., refirió lo siguiente: i) El 2 de igual mes y año, se llevó a cabo una audiencia cautelar contra la hoy accionante, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, habiéndose emitido el Auto Interlocutorio 357/2021, que dispuso su detención preventiva, al concurrir el art. 233.1 de la Ley 1173 y al ser la víctima menor de diez años; y, ii) En relación a la falta de remisión del recurso de la apelación incidental, al ser fin de año, se encontraba de turno y a cargo del Juzgado donde existía bastante recarga laboral; empero, si bien se demoró en la remisión de la apelación, fue por culpa del personal subalterno, siendo responsabilidad de la Secretaria y la Auxiliar del Juzgado, aclarándose que dicha remisión fue realizada el 17 de diciembre de 2021, a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz Jharmila Yara Zotez Lara, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, no se hizo presente a la audiencia de consideración de esta acción de libertad, ni tampoco remitió informe escrito alguno, pese a su legal citación cursante a fs. 22.
El Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 510/2021 de 18 de diciembre, cursante de fs. 30 a 32, denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: a) La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, informó que el legajo de apelación de medidas cautelares dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la accionante, fue remitido y recibido en dicha instancia el 17 de diciembre de 2021; y, b) Bajo ese antecedente, se tiene que tanto el Juez como la Secretaria ahora demandados, cumplieron con la remisión de la apelación antes de la presentación de esta acción de libertad .
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Amanda Fabiola Conde Quispe –ahora accionante–, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares, a cargo del Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz –hoy demandado–, autoridad que emitió el Auto Interlocutorio 357/2021 de 2 de diciembre, por el cual dispuso la detención preventiva de la impetrante de tutela, por el lapso de dos meses en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz; esta Resolución fue objeto de apelación incidental en la misma audiencia, siendo concedida por el Juez señalado, que ordenó se proceda a su remisión mediante Secretaría (fs. 7 a 10). II.2. Cursa Informe de 18 de diciembre de 2021, emitido por la Secretaria de Cámara de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por el cual informó que el legajo de apelación de medida cautelar del proceso penal seguido contra la solicitante de tutela, fue remitido a dicha Sala el 17 de diciembre de 2021 (fs. 25).
La accionante, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de sus derechos a la vida, a la libertad, a la salud, al debido proceso y al acceso a la justicia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 357/2021 de 2 de diciembre, que dispuso su detención preventiva por el lapso de dos meses en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz; sin embargo, transcurrieron más de quince días sin que hasta la fecha se hubiera remitido el legajo de apelación ante la Sala Penal de turno, ocasionando que no pueda ser resuelta su situación jurídica.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Con relación a la acción de libertad de pronto despacho, la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, señaló que: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesarias o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad, reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar:‘…La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…′ (art. 180.I); por ende, todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que solo generan perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas′”.
Con relación a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, estableció lo siguiente: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca a una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad.
Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del calor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos'.
Además enfatizó que. '…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)”' (las negrillas nos pertenecen).
Por su parte, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, concluyó que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada en líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).
Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
Con base al entendimiento glosado en la jurisprudencia citada precedentemente, es posible concluir que esta acción tutelar se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que vulneran los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad; en ese contexto, la acción de libertad de pronto despacho persigue la efectividad de los principios constitucionales previstos en los arts. 178.I y 180.I de la CPE, en consonancia con el 8.1. del CADH; y, 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que establecen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas.
A través de la SCP 1907/2012 de 12 de octubre, este Tribunal, revisó el trámite procesal de la apelación incidental de una medida cautelar, señalando lo siguiente: “…el art. 251 del CPP vigente por el art. 15 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC) dispone que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares será apelable en el efecto no suspensivo en el término de setenta y dos horas, y que una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la Corte Superior de Justicia -ahora Tribunal Departamental de justicia, en el término de veinticuatro horas. El tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior. En la SC 0213/2010-R de 24 de mayo, este Tribunal determinó que: ˋSe debe considerar que el Código de Procedimiento Penal, adopta el sistema oral acusatorio, que emplaza y orienta a lograr una oportuna y pronta administración de justicia, un proceso con las mismas igualdades tanto para el imputado como para la víctima y sin dilaciones que se desenvuelva y tramite en condiciones de normalidad dentro del tiempo requerido; y en el que las partes del proceso y los intereses litigiosos puedan recibir pronta satisfacción mediante un resultado que se encuentre dirimido y dictaminado en un tiempo razonable en el marco de la razonabilidad jurídica y el resguardo de los valores supremos y principios que constituyen la base esencial del Estado Social y democrático de derecho, en este caso, acordes a los principios de celeridad e inmediatez establecidos en la Constitución Política del Estado; consecuentemente, la apelación antes referida, tiene que seguir su trámite especifico sin que implique su interposición de forma escrita; y la notificación para dicho planteamiento debe estar acorde al Código de Procedimiento Penal…ˊ. La SC 0384/2011-R de 7 de abril, complementó las sub reglas establecidas en la SC 0078/2010-R de 3 de marzo, en sentido que se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, también cuando: (…) d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la leyˊ. En ese mismo orden, de manera acertada, interpretando las normas contenidas en el art. 251 del CPP referidas a la apelación incidental de las medidas cautelares, en la SC 0542/2010-R de 12 de julio, estableció que: ˋ…una vez interpuesto dentro del plazo legal el recurso de apelación incidental ante la autoridad jurisdiccional que conoce la causa, y si el cuaderno de apelación no es remitido en el plazo fijado por ley, dándoles una espera prudencial, para los casos de recargadas labores o suplencias etc., debidamente justificadas; sin embargo, este plazo no puede exceder de tres días; empero, si excede el plazo legal y la espera prudencial, el procedimiento se convierte en dilatorio, y por ende el recurso de apelación deja de ser un medio idóneo y eficaz…ˊ. En este trámite destaca la brevedad del plazo previsto, respecto al cual la SC 0612/2004-R de 22 de abril, señaló: ˋ… si bien es corto se justifica por la necesidad de que la situación procesal del imputado sea definida a la brevedad posible en caso de estar privado de libertad y para garantizar la celeridad en la aplicación de una medida cuando haya sido rechazada por el Juez de Instrucción, sin soslayar lo dispuesto por el primer párrafo del art. 130 del CPP en sentido de que los plazos son improrrogables y perentorios y que su incumplimiento incluso da lugar a la responsabilidad disciplinaria y penal del funcionario negligente (art. 135 del CPP)ˊ”. (las negrillas son nuestras).
La SCP 1089/2019-S4 de 26 de diciembre, sustentada en la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, señaló que: “La doctrina constitucional ha desarrollado diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad, así, entre ellos se tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido. En ese contexto argumentativo, la acción de libertad –innovativa permite al agraviado o víctima de la vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, ´la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada‛. Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional…” (las negrillas nos pertenecen).
La accionante a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de sus derechos a la vida, a la libertad, a la salud, al debido proceso y al acceso a la justicia; debido a que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 357/2021 de 2 de diciembre, que dispuso su detención preventiva por el lapso de dos meses en el en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz; sin embargo, transcurrieron más de quince días sin que hasta la fecha se hubiera remitido el legajo de apelación ante la Sala Penal de turno, ocasionando que no pueda ser resuelta su situación jurídica. De los antecedentes que cursan en el expediente, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Publico contra Amanda Fabiola Conde Quispe –ahora accionante–, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares, a cargo del Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz –hoy demandado–, autoridad que emitió el Auto Interlocutorio 357/2021 de 2 de diciembre, por el cual dispuso la detención preventiva de la misma por el lapso de dos meses en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz; esta Resolución fue objeto de apelación incidental en la misma audiencia, siendo concedida por el Juez señalado, que ordenó se proceda a su remisión mediante Secretaría, según se evidencia de la Conclusión II.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. En función a lo denunciado por la parte accionante, el acto lesivo se configura en la no remisión del recurso de apelación ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, misma que no hubiera sido cumplida hasta la presentación de esta acción de libertad, incumpliendo de dicha forma el plazo de veinticuatro horas establecido por la norma procesal penal; en tal sentido, en función a dicha omisión por parte de los ahora demandados, la impetrante de tutela solicitó en su petitorio se conceda la tutela ordenándose la remisión del recurso de apelación en el día; sin embargo, debe mencionarse que en obrados cursa el informe emitido por la Secretaria de Cámara de la Sala Penal Cuarta del referido Tribunal, cursante en la Conclusión II.3 de este fallo constitucional, que da cuenta que el legajo del recurso de apelación fue remitido y radicado en dicha instancia el 17 de diciembre de 2021; entonces a partir de dicho dato, se tiene que la remisión extrañada por la parte solicitante de tutela ya fue cumplida.
Ahora bien, conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la acción de libertad de pronto despacho tiene como objeto asegurar que cualquier solicitud vinculada con el derecho a la libertad, sea atendida sin dilaciones indebidas que vayan en menoscabo de la persona privada de libertad; puesto que, se busca la efectivización del principio de celeridad, en virtud a lo cual, es labor de las autoridades a cargo de la tramitación de los procesos no sólo observar los plazos procesales, sino cumplir de manera responsable con la potestad de impartir justicia con la debida diligencia, tramitando las causas con la mayor rapidez posible y dentro de los plazos legales, considerando que se encuentra en juego el derecho a la libertad física de las personas; dado que, de no hacerlo, se provoca una restricción indebida del citado derecho. En armonía con lo antedicho, conforme se desglosó en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la apelación incidental contemplada en el art. 251 del CPP, tiene un procedimiento especial y rápido; por medio del cual, una vez incoada y conocida la apelación incidental, la autoridad judicial tenía la obligación de remitir dentro de las veinticuatro horas, los actuados pertinentes ante el Tribunal de alzada –sin mayor trámite–; en tal virtud, al haberse obrado de manera diferente, se evidencia un actuación dilatoria en la remisión del recurso de apelación, dejando transcurrir sin justificativo quince días sin que se hubiera remitido la impugnación de referencia; es decir, desde el 2 hasta el 17 de diciembre de 2021, en que se recibió en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el correspondiente legajo; situación que indudablemente lesiona el debido proceso del imputado, quien tenía el derecho de que su apelación se tramite dentro de los plazos y conforme al procedimiento especial contemplado en la normativa penal vigente, teniéndose claro que se dejó en total incertidumbre la situación jurídica del ahora impetrante de tutela, quien no puede realizar una defensa efectiva para desvirtuar su detención preventiva, por no haberse remitido la citada apelación, correspondiendo otorgar la tutela solicitada, en aplicación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas. En este punto es preciso recordar que si bien el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP para la remisión del cuaderno de apelación ante el Tribunal superior, fue flexibilizado por este Tribunal en los casos en los cuales existan recargadas labores jurisdiccionales o suplencias (que en el presente caso fueron debidamente acreditadas); sin embargo, no menos evidente es que los entendimientos asumidos por esta jurisdicción, son claros a establecer que en estos casos, el plazo legal y espera prudencial no puede exceder los tres días, dado que lo contrario transforma al procedimiento en dilatorio y el recurso de apelación pierde su esencia como medio idóneo y eficaz. Así, en el caso que se analiza se advierte que el plazo prudencial de ampliación del termino previsto en el art. 251 del adjetivo legal para la remisión del cuaderno de apelación, fue excedido en más de los tres días establecidos como tiempo prudencial por este Tribunal, habiendo transcurrido en realidad, desde la fecha de interposición del recurso impugnativo (2 de diciembre de 2021) a la fecha de concesión de lo impetrado (18 de igual mes y año), quince días hasta la fecha de recepción del cuadernillo correspondiente en el Tribunal superior (18 de diciembre de 2021); en este contexto, no queda duda alguna que tanto los plazos procesales como los términos establecidos jurisprudencialmente y vía flexibilización, fueron groseramente inobservados, habiéndose mantenido al impetrante de total incertidumbre respecto a su situación jurídica, vulnerándose en consecuencia el debido proceso en sus elementos de celeridad y acceso a la justicia, al impedírsele que de manera oportuna y pronta, el Tribunal de apelación emitiera la correspondiente resolución en análisis de los agravios planteados de su parte contra el Auto Interlocutorio 357/2021, que dispuso su detención preventiva por el lapso de dos meses en el en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz. Por todo lo relacionado, no puede quedar duda alguna de que evidentemente existió un apartamiento ostensiblemente de lo previsto en la referida disposición legal y la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, respecto la celeridad de todos los trámites relacionados con la libertad de las personas y específicamente a la diligencia que se debe guardar con relación al recurso de apelación de acuerdo al art. 251 de la norma procesal penal, que prevé que, una vez presentado el mismo, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el Tribunal de alzada, en el término de veinticuatro horas (Fundamento Jurídico III.2); empero, en el caso concreto, conforme ya se señaló, la impugnación no fue remitida sino hasta día antes de la celebración de la audiencia de acción de libertad que se revisa. En este sentido y no obstante que ya se cumplió con la remisión del recurso ante el Tribunal de apelación, por lo que el objeto y finalidad de esta acción tutelar ya habría sido alcanzado; corresponde otorgar la tutela solicitada en aplicación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; así como, la innovativa, tipologías de la acción de libertad, que buscan por una parte, acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas y se encuentra de por medio el derecho a la libertad y locomoción de las personas; y por otra, evitar que tales omisiones se vuelvan a reiterar. Corresponde aclarar sin embargo, que si bien conforme aduce la autoridad demandada, la dilación en la remisión de la apelación, fue culpa del personal subalterno, siendo responsabilidad de la Secretaria y la Auxiliar del Juzgado, ello no libera al Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz de ninguna responsabilidad, pues aun cuando la dilación hubiera sido cometida por los indicados funcionarios de apoyo jurisdiccional, la autoridad hoy demandada, en su condición de titular del despacho judicial, tiene la carga de dirección y control del personal que le asiste, lo que implica que se halla constreñida a cuidar que los inferiores, en el cumplimiento de sus labores, no lesionen derechos y garantías constitucionales, más aun en el caso de personas privadas de libertad, recordándole además, que las falencias del sistema de administración de justicia, no pueden ser endilgados y menos tolerados por los justiciables. Finalmente, con referencia a la supuesta lesión de los derechos a la vida y a la salud, la impetrante de tutela no formuló argumentación alguna que permita a esta jurisdicción evidenciar la existencia o no de su lesión, por lo que no corresponde emitir criterio alguno al respecto. En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela solicitada, obró incorrectamente.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 510/2021 de 18 de diciembre, cursante de fs. 30 a 32, emitida por el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en la modalidad innovativa de acción de libertad; exhortando a la autoridad y funcionaria jurisdiccional demandadas, que en la tramitación de las causas sometidas a su conocimiento, resguarden el cumplimiento de los plazos procesales conforme a las normas en vigencia; con mayor razón cuando de por medio se encuentre el derecho a la libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0544_2023-S4.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): fa5261df6a61bff4c67b79adf8929ef02ba32352d5582c367dbe2b403a75a007
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