Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 5 de junio de 2023
Concede la tutela
El accionante por intermedio de su representante sin mandato considera que la autoridad judicial demandada vulneró su derecho al debido proceso y la libertad física y de locomoción, debido a que dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra cuando tenía 17 años de edad por el delito de violación de infante, niño, niña y adolescente, el Juez demandado dispuso su detención preventiva el 18 de noviembre de 2021, encontrándose detenido por más de 45 días al margen de lo dispuesto por el art. 291. c) del CNNA que dispone que la detención preventiva cesará cuando su duración exceda de cuarenta y cinco (45) días sin acusación Fiscal; por lo que a través de esta acción tutelar solicita que se disponga la ejecución inmediata del mandamiento de libertad. Para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: 1) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; 2) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, 3) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 1/2022 de 15 de enero, cursante de fs.12 a 13 vta., pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Pando; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que el Juez demandado resuelva la situación jurídica del accionante conforme a ley y tomando en cuenta el momento procesal actual, siempre y cuando no se lo hubiera hecho con anterioridad.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0544/2023-S1 Sucre, 5 de junio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 45297-2022-91-AL Departamento: Pando En revisión la Resolución 1/2022 de 15 de enero, cursante de fs. 12 a 13 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Edwin Ramiro Condori Mamani en representación sin mandato de René Yarari contra Julio Cesar García Caller, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de El Porvenir del departamento de Pando.
El accionante, a través de su representante sin mandato, mediante memorial presentado el 14 de enero de 2022 cursante de fs. 2 a 3 vta., expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro del proceso penal, seguido por el Ministerio Público en su contra cuando tenía 17 años de edad, por la presunta comisión del delito de violación de infante, Niña, Niño o Adolescente dentro del caso CUD 901202022000010, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de El Porvenir del departamento de Pando, mediante Resolución de 18 de noviembre de 2021, dispuso su detención preventiva en el Centro de Reintegración para Adolescentes Infractores de Villa Rojas por el plazo de sesenta días. El plazo señalado se encuentra vencido y desde el 17 de noviembre de 2021 hasta la presentación de la demanda tutelar se encuentra indebidamente procesado y privado de su libertad; es decir transcurrió cincuenta y nueve días, sin que se resuelva su situación jurídica conforme al debido proceso y bajo el principio de celeridad. El Juez demandado no tomó en cuenta que la Código de las Familias y del Proceso Familiar, y por el Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014- en su art. 291.c) refiere que la detención preventiva cesará cuando su duración exceda de 45 días sin Acusación fiscal, por lo que corresponde se conceda la tutela.
Considera vulnerado su derecho al debido proceso, a la vida y a la libertad física y de locomoción, citando los arts. 9, 13, 22, 23, 13, 115, 120, 178 y 210.II de la Constitución Política del Estado (CPE) y el art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia se disponga: Se ejecute inmediatamente el mandamiento de libertad.
La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 15 de enero de 2022 según consta en el acta cursante a fs. 11 y vta., produciéndose los siguientes actuados:
El accionante, por intermedio de su representante sin mandato y abogado ratificó la demanda y ampliando sus fundamentos refirió que: a) En la gestión 2020 el Ministerio Público presentó imputación formal contra el adolescente en ese tiempo tenía 17 años de edad, actualmente cuenta con 19 años; b) “El 17 de noviembre de 2021 “ (sic) en audiencia de medidas cautelares el juez demandado dispuso su detención preventiva por el plazo de 60 días; y, c) Se encuentra detenido por 59 días sin que se resuelva su situación jurídica.
Julio Cesar García Caller, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de El Porvenir del departamento de Pando, presente en audiencia de acción de libertad informó que: 1).El proceso es de data antigua, en el mismo Rene Yarari fue declarado rebelde, no pudo ser habido a denuncia del investigador, se dispuso la detención preventiva “el 17 de noviembre de 2021” (sic) en el Centro de Infractores de Villa Rojas por el lapso de 60 días, en ese ínterin el Ministerio Público presentó acusación pero al estar declarado rebelde no se llevó a cabo la audiencia cautelar; 2) René Yarari tiene otro proceso por tentativa de violación con otra situación legal; y 3) Se encuentra sin secretario desde el mes de marzo del año pasado y en suplencia legal de los juzgados de Puerto Rico y Sena también sin secretarios. 1.2.3. Intervención del tercero interviniente El abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, se presentó en audiencia por el infractor René Yarari, refiere que: i) Se le dio detención preventiva por el lapso de 60 días es decir más de lo que señala la norma; y, ii) La detención preventiva no puede ser más de 45 días, se ha vulnerado los plazos procesales cuando se dispone más de 45 días de detención preventiva llegando a más de 60 días.
La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, mediante Resolución 1/2022 de 15 de enero, cursante de fs., 12 a 13 vta.; denegó la tutela solicitada. Con los siguientes fundamentos: a) La acción de libertad en lo principal versa sobre la presunta vulneración del derecho al debido proceso en su vertiente del derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, por cuanto la detención preventiva en su contra ya pasó más de 45 días que regula el art. 291 de la Ley 548, Código Niño Niña y Adolescente; b) Conforme el art. 47.3 del Código Procesal Constitucional concordante con el art. 125 de la CPE, la acción de libertad procede cuando se está indebidamente procesado; sin embargo en el presente caso no se advierte un procesamiento indebido por cuanto no se ha evidenciado la existencia de un estado de indefensión y no existe ninguna prueba que el accionante hubiera reclamado la lesión al debido proceso dentro de la tramitación de la causa, no existe prueba que se hubiera presentado alguna apelación ante el Juez de la causa para que sea reparada la infracción denunciada, por lo que no se evidencia responsabilidad en contra de la autoridad accionada conforme a la jurisprudencia expuesta; y, c) Por lo expuesto precedentemente, no se evidencia vulneración de derechos y garantías constitucionales denunciadas en la presente acción de libertad.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. El Juez demandado presente en audiencia de la acción de libertad informó que el proceso es de data antigua en el mismo; Rene Yarari fue declarado rebelde, no pudo ser habido a denuncia del investigador, se dispuso la detención preventiva el 17 de noviembre de 2021 en el Centro de Infractores de Villa Rojas por el lapso de 60 días, en ese ínterin el Ministerio Público presentó acusación, pero al estar declarado rebelde no se llevó a cabo la audiencia cautelar (fs. 11 vta.).
El accionante por intermedio de su representante sin mandato considera que la autoridad judicial demandada vulneró su derecho al debido proceso y la libertad física y de locomoción, debido a que dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra cuando tenía 17 años de edad por el delito de violación de infante, niño, niña y adolescente, el Juez demandado dispuso su detención preventiva el 18 de noviembre de 2021, encontrándose detenido por más de 45 días al margen de lo dispuesto por el art. 291. c) del CNNA que dispone que la detención preventiva cesará cuando su duración exceda de cuarenta y cinco (45) días sin acusación Fiscal; por lo que a través de esta acción tutelar solicita que se disponga la ejecución inmediata del mandamiento de libertad. Para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: 1) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; 2) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, 3) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, asumió el siguiente entendimiento: La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demuestre las afirmaciones del accionante. Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: i) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela; supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, ii) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras.
En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante; estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad, señala: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo. En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante.
Respecto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente entendimiento:
1El FJ III.3, sostiene: “Según señala la doctrina del Derecho Administrativo, el servidor público ʽ…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales.´ (SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad.
Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: ʽLa Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados´ (negrillas agregadas) y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes.
Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos.
En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ʽLos hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso´ y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: `…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso´; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R.
Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: ʽ…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley´”.
La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida.
Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-.
2El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.
El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 3El FJ. III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a los supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.
Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…)
Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.
En el presente caso, el accionante por intermedio de representante sin mandato, denuncia que se vulneró sus derechos al debido proceso, a la libertad física y de locomoción; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra -cuando contaba con 17 años de edad- el Juez demandado dispuso su detención preventiva el 17 de noviembre de 2021 por el lapso de 60 días, encontrándose detenido por más de 45 días, al margen de lo previsto por el art. 291.c) del CNNA, sin que se hubiera definido su situación jurídica; por lo que solicita, se conceda la tutela y se disponga la ejecución del mandamiento de libertad. De lo referido por el Juez demandado, se advierte que: dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra René Sayari, cuando éste contaba con 17 años de edad, por la presunta comisión del delito de violación a infante, niño, niña y adolescente, el Juez Público Mixto del departamento de Pando, Julio Cesar García Caller ahora demandado, emitió la Resolución de 17 de noviembre de 2021, disponiendo la detención preventiva del referido imputado en el Centro de Reintegración de Menores Infractores de Villa Rojas, por el lapso de sesenta días. Igualmente el Juez demandado en la audiencia de acción de libertad, si bien refirió que emitió la Resolución disponiendo la detención preventiva del imputado por el lapso de 60 días y que éste se encontraba declarado rebelde, además que el mismo contaba con otro proceso penal de la misma naturaleza y que el Fiscal presentó acusación, no es menos evidente que no negó los hechos atribuidos por el accionante, tampoco presentó prueba alguna para desvirtuar los mismos; lo cual genera duda razonable, tomando en cuenta que la carga de la prueba corresponde al demandado al tener en su poder el expediente. Consecuentemente, se hace aplicable la presunción de veracidad de lo denunciado, tomando en cuenta Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; toda vez que, el Juez demandado a pesar de haber concurrido a la audiencia no negó los hechos denunciados por el impetrante de tutela.
Bajo ese entendido, se tiene que el Juez demandado no tomó en cuenta que el art. 291.c) del CNNA establece que: la detención preventiva cesará c) Cuando su duración exceda de cuarenta y cinco (45) días sin acusación Fiscal. (…) II. Vencidos los plazos previstos en los incisos b) y c) del presente Artículo, la Jueza o el Juez aplicará otras medidas previstas en este Código; es decir, el Juez demandado omitió el mandato de la norma referida y no resolvió la situación jurídica del accionante, hasta presentada la acción de libertad.
Por otro lado, en el presente caso, es también aplicable la jurisprudencia constitucional sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho glosada en el Fundamento jurídico III. 2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional que refiere: cuando se encuentra involucrado el derecho a la libertad física, la autoridad judicial tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho; en tal sentido, en el caso concreto, el que la autoridad demandada se haya encontrado en suplencia legal de otros juzgados, no es motivo para no haber resuelto la situación jurídica del accionante, quien se encontraba con detención preventiva. Por consiguiente, corresponde conceder la tutela solicitada en la modalidad de pronto despacho, con la finalidad que el Juez demandado defina la situación jurídica del accionante conforme a ley. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, actuó de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 1/2022 de 15 de enero, cursante de fs.12 a 13 vta., pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Pando; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer que el Juez demandado resuelva la situación jurídica del accionante conforme a ley y tomando en cuenta el momento procesal actual, siempre y cuando no se lo hubiera hecho con anterioridad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0544_2023-S1.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 57928da13c474110fb3a8127f8315432cea52555fb6ceb7d1ca0ef59226a1e73
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