B.IA.LEGAL

SCP 0543/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 10 de junio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
10 de junio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
52710-2023-106-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela, denunció la vulneración de su derecho a la vida; toda vez, que inició proceso penal contra Valeria Alejandra Elio Trewhella y otra, en el que la autoridad jurisdiccional emitió Mandamiento de Detención Preventiva de 11 de diciembre de 2022, ordenando remitan a la sindicada al Centro Penitenciario C.P.F.M. Miraflores de La Paz, pero los funcionarios policiales, no cumplieron dicha orden judicial hasta la fecha, favoreciéndola y poniendo en riesgo su vida; ya que, recibió amenazas para no proseguir con las acciones penales, por lo que teme por su vida. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 20/2022 de 16 de diciembre, cursante de fs. 21 a 23 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR a tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, sin ingresar al análisis del fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La naturaleza de la acción de libertad y los presupuestos para su activación
  2. III.2. Respecto a los requisitos de procedencia de la tutela del derecho a la vida por medio de la acción de libertad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0543/2025-S3 Sucre, 10 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 52710-2023-106-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 20/2022 de 16 de diciembre, cursante de fs. 21 a 23 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jorge Luis Coca Machicado contra Juan José Donaire Donaire, Director Departamental a.i., Dennis Pairumani, Encargado de Celdas y Boris Conde Rodríguez, Investigador todos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 15 de diciembre de 2022, cursante de fs. 4 a 5 vta., el accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Durante dos años fue víctima de Valeria Alejandra Elio Trewhella; ya que, con mentiras y engaños se apropió de su departamento ubicado en la Zona Koani; por lo que, inició proceso penal contra la mencionada con Código Único de Denuncia (CUD) 201102032202289; que radicó en el Juzgado de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, ordenándose su detención preventiva. Ante esa situación, recibió amenazas de parte de los familiares de la sindicada para que no prosiga con las acciones penales argumentando que tenían parientes con influencias para que no la trasladen al Centro Penitenciario C.P.F.M. Miraflores de La Paz; motivo por el que, su vida se encontrarían en peligro, toda vez que, la medida extrema dispuesta no es efectiva, porque la denunciada sigue en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) del referido departamento, sin que hasta la fecha los funcionarios policiales la remitan al señalado Centro, a pesar de existir un mandamiento judicial que ordenó lo señalado.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la vida, sin citar normativa constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, a efectos de cumplir con lo dispuesto por ley y se ordene el traslado de Valeria Alejandra Elio Trewhella al Centro Penitenciario C.P.F.M. Miraflores de La Paz.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 16 de diciembre de 2022, según consta en acta cursante a fs. 20 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogada, ratificó en su integridad los extremos señalados en su memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de los demandados

Juan José Donaire Donaire, Director Departamental a.i. de la FELCC de La Paz, mediante informe presentado el 16 de diciembre de 2022, cursante a fs. 17 y vta., refirió que: a) El 9 de igual mes y año, a horas 14:45, conoció del ingreso en calidad de depósito a celdas de la FELCC del indicado departamento de Valeria Alejandra Elio Trewhella y Ángela Tatiana Peñaloza Palomeque por los supuestos delitos de estafa y estelionato; b) El 15 del señalado mes y año diciembre de 2022 se recepcionó el Mandamiento de Detención Preventiva de 11 del mes y año referido contra Valeria Alejandra Elio Trewhella para trasladarla al Centro Penitenciario C.P.F.M. Miraflores de La Paz, ordenado por el Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del mismo departamento; c) El 15 del citado mes y año, a horas 14:35, se cumplió con la remisión de las sindicadas a los centros penitenciarios correspondientes por el Investigador a cargo, Boris Conde Rodríguez -codemandado-, acatando la orden de los mandamientos de detención preventiva; d) Los arts. 251 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 6 y 7 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) respaldan el cumplimiento de sus obligaciones; y, e) La acción de tutela no señaló qué derechos y garantías hubiere vulnerado; por lo que, carece de legitimación pasiva, además que no se cumplió con el principio de subsidiariedad, debiendo denegarse la tutela.

Dennis Pairumani, Encargado de Celdas de la FELCC de La Paz, mediante informe presentado el 16 de diciembre de 2022, cursante a fs. 18 y vta., manifestó que: 1) El 9 del mes y año citados, la sindicada Valeria Alejandra Elio Trewhella ingresó a celdas de la FELCC en cumplimiento al Requerimiento Fiscal de igual data, asignándole al Investigador, Boris Conde Rodríguez -codemandado-; 2) El 15 de diciembre de 2022, a horas 10:30 la funcionaria de la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz entregó el Mandamiento de Detención Preventiva de 11 del citado mes y año, expedido contra la sindicada; por lo que, el Investigador a cargo trasladó a la imputada el mismo día a horas 14:35 al Centro Penitenciario C.P.F.M. Miraflores de La Paz; 3) Los arts. 251 de la CPE y, 6 y 7 de la LOMP respaldan el cumplimiento de sus obligaciones; y, 4) El accionante no señaló qué derechos y garantías se vulneró de manera directa, careciendo de legitimación pasiva e incumpliendo con el principio de subsidiariedad, debiendo denegarse la tutela. Boris Conde Rodríguez, Investigador Propiedades de la FELCC de La Paz, mediante informe presentado el 16 de diciembre de 2022, cursante a fs. 19 y en audiencia de garantías, enunció que el 15 del mismo mes y año a horas 11:30 fue notificado con una orden de traslado de las detenidas a los Centros Penitenciarios C.P.F.M. Miraflores y C.O.F. Obrajes, cumpliendo la misma en horas de la tarde, sin vulnerar ningún derecho; expresó que el accionante faltó a la verdad debiendo denegarse la acción de libertad.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución 20/2022 de 16 de diciembre, cursante de fs. 21 a 23 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: i) El art. 125 de la CPE, establece que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”; y, ii) El accionante no demostró ninguno de los presupuestos para que proceda la acción de libertad, solamente señaló que recibió amenazas y que peligraba su vida, sin acreditar las causales que expuso.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Mandamiento de Detención Preventiva de 11 de diciembre de 2022, contra Valeria Alejandra Elio Trewhella, expedido por Sergio Sebastián Pacheco Diamantino, Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, con sello de recepción de 15 del mismo mes y año de la Policía Boliviana (fs. 15).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela, denunció la vulneración de su derecho a la vida; toda vez, que inició proceso penal contra Valeria Alejandra Elio Trewhella y otra, en el que la autoridad jurisdiccional emitió Mandamiento de Detención Preventiva de 11 de diciembre de 2022, ordenando remitan a la sindicada al Centro Penitenciario C.P.F.M. Miraflores de La Paz, pero los funcionarios policiales, no cumplieron dicha orden judicial hasta la fecha, favoreciéndola y poniendo en riesgo su vida; ya que, recibió amenazas para no proseguir con las acciones penales, por lo que teme por su vida. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La naturaleza de la acción de libertad y los presupuestos para su activación

Para establecer la naturaleza jurídica de la acción de libertad y los presupuestos para su activación, es preciso considerar el art. 23.I de la CPE, que determina: “Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales”, y el parágrafo III: “Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley. La ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito”. Por lo que, a efectos de proteger los derechos fundamentales como el derecho a la libertad personal y a la vida, se ha instituido por el Estado un mecanismo procesal tendiente a su resguardo, así el art. 125 de la CPE, señala: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad” (énfasis añadido). Del citado precepto constitucional, actualmente no solo el derecho a la libertad personal, constituye el objeto de protección de la acción de libertad sino también el derecho a la vida, la integridad física y la libertad de circulación, así también lo determina el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo) cuando señala: “La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro” (las negrillas son nuestras). En el mismo sentido, el art. 47 del mismo Código adjetivo, en cuanto a la procedencia de esta acción de defensa menciona: “La Acción de Libertad procede cuando cualquier persona crea que: 1. Su vida está en peligro; 2. Está ilegalmente perseguida; 3. Está indebidamente procesada; y, 4. Está indebidamente privada de libertad personal”. La jurisprudencia constitucional estableció a través de la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, respecto a la naturaleza y los presupuestos de activación de la acción de libertad lo siguiente: “…Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro. (…) En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida. Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Respecto a los requisitos de procedencia de la tutela del derecho a la vida por medio de la acción de libertad

La SCP 1278/2013 de 2 de agosto, sobre la trascendencia de la acción de libertad con relación a la protección que brinda al derecho a la vida, estableció que: “…en virtud a la tutela que brinda respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal (art. 64 del Código Procesal Constitucional [CPCo]), la acción de libertad es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, aunque no se dé la estrecha vinculación del mismo con la libertad física o personal, en el ámbito clásico del hábeas corpus o acción de libertad instructiva. Debe señalarse que esta conclusión, que emerge de la naturaleza del derecho a la vida y de la acción de libertad como un medio inmediato para su defensa, encuentra sustento en la Constitución Política del Estado y en el propio Código Procesal Constitucional. Efectivamente, de acuerdo al art. 125 de la CPE antes glosado, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona ‘que considere que su vida está en peligro’, sin condicionar la procedencia de esta acción a la vinculación con el derecho a la libertad física o personal. En igual sentido, el art. 47 del CPCo, señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea que ‘su vida está en peligro’. Consecuentemente, las propias normas constitucionales y legales configuran procesalmente a la acción de libertad como un medio para la defensa del derecho a la vida, cuando éste estuviere en peligro y, por lo mismo, no cabe una interpretación restrictiva de esta norma limitando su alcance únicamente a los supuestos en que exista vinculación con el derecho a la libertad física o personal. Sin embargo, debe señalarse que, en todo caso, será la parte accionante la que, tratándose del derecho a la vida, asuma la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional; empero, también debe dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción”

(el énfasis fue añadido). Entendimiento jurisprudencial que fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0912/2023-S2 de 25 de septiembre.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denunció la vulneración de su derecho a la vida; toda vez que, inició proceso penal contra Valeria Alejandra Elio Trewhella, en el que la autoridad jurisdiccional emitió Mandamiento de Detención Preventiva de 11 de diciembre de 2022, ordenando remitan a la sindicada al Centro Penitenciario C.P.F.M. Miraflores de La Paz, pero los funcionarios policiales, no cumplieron dicha orden judicial hasta la fecha favoreciéndola y poniendo en riesgo su vida, pues recibió amenazas para no proseguir con las acciones penales, por lo que teme por su vida. La acción de libertad se constituye en un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador que tiene como objeto la protección o tutela de los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro, siendo su tramitación especial y sumarísima, reforzada por características como la inmediatez en la protección, el informalismo, generalidad e inmediación, particularidades reiteradas en el Código Procesal Constitucional; por ende, los presupuestos para su activación constituyen los atentados contra el derecho a la vida, la afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción, los actos y omisiones que constituyan procesamiento indebido y persecución ilegal o indebida. En tal sentido, a efectos de resolver la problemática planteada, es pertinente traer a colación la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que hace mención a los dos pilares fundamentales de la acción de libertad; los cuales son, su naturaleza procesal y sus presupuestos de activación, que de conformidad al art. 47 del CPCo, se dan cuando: “1. Su vida está en peligro; 2. Está ilegalmente perseguida; 3. Está indebidamente procesada; y 4. Está indebidamente privada de libertad personal” (énfasis añadido); y, si bien, el derecho denunciado como vulnerado en esta acción de defensa se enmarca en el numeral uno antes citado; puesto que, el accionante manifestó que su vida e integridad física estarían en peligro al haber recibido amenazas y amedrentamientos, por iniciar un proceso penal contra Valeria Alejandra Elio Trewhella, quien tuviera familiares con influencia que impedirán el cumplimiento del Mandamiento de Detención Preventiva de 11 de diciembre de 2022, emitido contra la mencionada (Conclusión II.1); empero, analizando la acción tutelar que se denuncia, dado que, expresa que se le está violando un derecho primario del cual emergen los demás derechos, debió demostrarse la existencia de un peligro real, objetivo y latente. Por lo que, este Tribunal, de la lectura del memorial de interposición de esta acción tutelar y de los actuados procesales del expediente, advirtió que no se arrimó prueba objetiva alguna que evidencie lo que cuestiona el peticionante de tutela, de la cual se adquiera certeza plena y pueda identificarse con exactitud a las personas, los actos concretos y los momentos precisos en los que se puso en riesgo real y objetivo su derecho a la vida; habiéndose limitado a realizar una simple enunciación, misma que no es suficiente para crear una convicción constitucional debidamente sustentada y la correspondiente protección requerida, criterio estipulado por la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; por consiguiente, corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 20/2022 de 16 de diciembre, cursante de fs. 21 a 23 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR a tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, sin ingresar al análisis del fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0543_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): dfd3d39a7331715e3befd8d4487c46ae5e078db3c2d5f3e050a650c0c3e5116b

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →